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Por cuarta vez la Corte IDH pide al Estado venezolano cumplir sentencia por Lista Tascón

Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang, quienes fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras en 2004, en aplicación de la Lista Tascón

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) recordó, por cuarta vez al Estado venezolano que el 31 de mayo de 2019 venció el plazo de un año para informe sobre el cumplimiento de la Sentencia en el caso de la Lista Tascón.

Mediante una misiva, dirigida al agente del Estado Dr. Larry Davoe, recuerda que se le solicitó al Estado la remisión del referido informe a más tardar el 6 de mayo de 2024.

Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano y víctima en el caso, exhortó al gobernante Nicolás Maduro a dar instrucciones para el cumplimiento de la sentencia.

“Escuchamos al presidente de la República, con ocasión de la Sesión Solemne de Apertura del año Judicial 2024, hablar de justicia y verdad. Este caso, como el de todas las sentencias dictadas por la Corte Interamericana que no se han cumplido por parte del Estado, es una buena oportunidad para que el gobierno honre los principios de justicia y verdad, así como el de reparación a las víctimas. Cumplir las sentencias por parte del Estado sería una buena señal en materia de DDHH por parte de Venezuela”, dijo San Miguel.

Además, agregó: “Presidente Maduro, gire instrucciones para el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Llevamos casi 20 años esperando justicia, verdad y reparación”, indicó San Miguel.

El Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela fue sentenciado en 2018 por la CorteIDH e involucra a tres víctimas: Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang, quienes fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras en 2004, en aplicación de la Lista Tascón.

Estas tres mujeres agotaron 14 años ante el sistema de justicia de Venezuela y el Interamericano hasta obtener sentencia. «Este año se cumplirán 20 años de la violación de sus derechos humanos, según sentencia de la CorteIDH que el gobierno se ha negado a cumplir».

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