El Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó el pasado 3 de mayo de 2024, su tercer informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual arrojó que el 83% de los casos de tortura en Venezuela no han sido investigados.
“Luz verde para crímenes de lesa humanidad, análisis sobre la ausencia de esfuerzos internos para la rendición de cuentas en Venezuela” expone que el Estado venezolano no ha investigado ni ha enjuiciado a ningún responsable de nivel medio o alto, por crímenes de lesa humanidad como violación y otras formas de violencia sexual, persecución, detención arbitraria, torturas y asesinatos, cometidos en Venezuela desde 2014.
El estudio de la OEA señala que en la revisión de una muestra representativa de los casos más notorios de crímenes de lesa humanidad el Estado venezolano solo concluyó 12 juicios de 183 casos, es decir, 6 % de los incidentes que ocurrieron en 2017. Además, arroja que en 52,5% de todos los casos revisados, no se ha iniciado un proceso judicial.
A continuación, un resumen de cada capítulo del informe de la OEA sobre la impunidad en Venezuela en casos de crímenes de lesa humanidad:
Casos de torturas
En los casos conocidos de torturas, el panel de la OEA observó que se han reportado al menos 1.521 entre 2014 y 2022, siendo el estado Carabobo el que ha registrado mayor número de incidentes, con un total de 201 casos.
Según el informe, durante el período comprendido entre 2014 y 2022, un total de 68 personas sucumbieron por las heridas producidas por tortura.
Sobre los casos de torturas en fase de juicio el panel determinó que los procedimientos penales internos contra los presuntos perpetradores concluyeron en sólo dos de los casos, resultando en una condena y una absolución. Mientras que sólo ocho casos están bajo investigación y uno se encuentra en fase de juicio.
El análisis arroja que de una muestra representativa de 67 casos casos de torturas que están en investigación 83,6% (56 casos) no se registró ningún esfuerzo por parte del Estado para iniciar investigaciones. En el resto de los casos analizados, sólo 8 se encuentran actualmente bajo investigación (11,9%), 1 ha avanzado a fase de juicio (1,5%), 1 ha recibido sentencia condenatoria (1,5%) y 1 ha concluido con una sentencia absolutoria (1,5%).
Encarcelamientos
En su informe de 2018, el Panel reportó más de 12.000 casos de detenciones arbitrarias. Según informes de organizaciones no gubernamentales, desde el año 2014, en Venezuela el número de encarcelamientos por motivos políticos supera los 15.700 casos. Además, actualmente se estima que cerca de 300 personas permanecen encarceladas debido a sus afiliaciones o actividades políticas.
Los expertos en materia jurídica venezolana confirmaron que el Estado de Venezuela desde el 2014 continúa implementando una política de impunidad generalizada respecto del crimen de lesa humanidad de encarcelamiento.
Persecución
La continua política de represión en Venezuela desde al menos 2014, que ha recibido una amplia condena internacional por parte de diversos organismos, se deriva de una práctica “sistemática, generalizada y continua de estigmatización de la disidencia”.
En su informe de 2018, el Panel estimó que las víctimas de persecución podrían llegar a miles o cientos de miles. Esta política, denuncia el panel de expertos de la OEA, se manifiesta a través de una serie de medidas destinadas a privar a toda aquella persona percibida como disidente de sus derechos humanos fundamentales, empleando para ello métodos que van desde el encarcelamiento, hasta la tortura, la violencia sexual y otros actos inhumanos.
El Panel observa que, desde al menos junio de 2023, el Estado venezolano ha emprendido una renovada política de persecución en contra de miembros de la oposición y personas percibidas como disidentes, en el período previo a las próximas elecciones de 2024.
Violencia sexual
Sobre los casos de violencia sexual, el informe expone que la posición del Estado venezolano frente a estos delitos es “una posición inconcebible, pues el tipo penal de violación es autónomo y considerarlo sólo como un aspecto accesorio de otro delito, no satisface el alcance y la naturaleza propia de los delitos de índole sexual e implica un desprecio por el trauma, la afectación y los derechos fundamentales que se vulneran con las agresiones sexuales”.
“El Estado venezolano no está dispuesto a investigar y procesar los delitos de índole sexual cometidos como delitos autónomos, por lo que no hay expectativas de obtener verdadera justicia a nivel interno para las víctimas de violencia sexual”, ratifica el informe.
El Panel además considera que el Estado venezolano no reconoce la gravedad y el impacto de los delitos sexuales, demostrando un desprecio por el trauma y los derechos de las víctimas, lo que, en consecuencia, deviene en una falta de compromiso para investigar y enjuiciar adecuadamente estos delitos dentro del país.
Tratos a las víctimas y sus familiares
Las denuncias ignoradas es un tema que al panel de expertos de la OEA le genera gran preocupación. Denuncias de victimas, familiares y representantes legales han expresado que tanto en el Ministerio Público como en la Defensoría del Pueblo, han sido ignoradas y desatendidas, particularmente en aquellos casos relacionados con denuncias de crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014.
En varios casos, el Panel encontró que había una falta sistemática de transparencia por parte del Poder Judicial que no sólo no publica los registros o decisiones judiciales para disposición del público en general, sino que también niega deliberadamente a las víctimas el acceso a los expedientes judiciales.
A pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela incluye mecanismos de restitución, reparación e indemnización, y prevé la acción civil derivada del delito; el Panel pudo confirmar, a través de diferentes actores tanto de la sociedad civil, como representantes legales de las víctimas, que, en la práctica, estos mecanismos no se aplican.
Otros hallazgos
- Existe una impunidad generalizada de facto para todos los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento, persecución y violencia sexual ocurridos en Venezuela
desde 2014. - No se han tomado medidas investigativas en 53 casos de tortura analizados por el Panel.
- El Panel ha recibido denuncias de intentos deliberados por parte del Ministerio Público de Venezuela de encubrir crímenes al negarse a registrar las denuncias de las víctimas.
- En un número significativo de casos, las investigaciones se retrasaron debido a fallas de las autoridades, tanto de los órganos auxiliares de investigación como del Ministerio Público.
