Organizaciones de la sociedad civil, defensores y activistas de derechos humanos, junto a familiares de los presos de consciencia en Venezuela exigieron al fiscal general impuesto Tarek William Saab cesar el uso del sistema de justicia como “instrumento para la retaliación” por motivos políticos.
Desde la plaza de Parque Carabobo, frente a la Fiscalía, en Caracas, los participantes en la concentración consignaron una carta ante el órgano de justicia para pedirle al Ministerio Público atender el llamado, a propósito del Día Internacional de Nelson Mandela.
En el documento se expone un conjunto de consideraciones respecto a lo que “consideran privaciones ilegítimas de la libertad e inadecuadas condiciones de reclusión de más de 300 personas detenidas en distintos recintos a nivel nacional, por haber ejercido derechos establecidos y garantizados en la Constitución y las leyes de la República”.
Andreína Baduel, hija del fallecido Raúl Isaías Baduel y hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel, señaló: “Nos permitimos recordarle, señor fiscal general, que el uso excesivo del sistema de justicia y de la legislación anti-terrorista para criminalizar a personas que defienden derechos en Venezuela, constituye una severa amenaza para los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas. Usted debe promover condiciones de encarcelamiento dignas, los reclusos son parte integrante de la sociedad”.
“En el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que: ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”, recordó la también activista de DDHH.
Abusivo empleo de las leyes anti-terrorista y odio
Los representantes de las ONG, activistas y defensores de derechos humanos con los familiares de los presos políticos, instaron al Ministerio Público a frenar el “abusivo empleo” de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Lodofat) y la Ley Contra el Odio, junto a otras leyes, para judicializar a defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, luchadores sociales y activistas políticos, que han expresado su inconformidad con las políticas y medidas adoptadas por las autoridades venezolanas.
Destacaron que, en el más reciente informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, enfatizó que en el país es necesario garantizar “un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones”, haciendo referencia a los constantes alegatos sobre detenciones arbitrarias practicadas por agentes de seguridad del país contra personas que expresan opiniones o se identifican como disidentes políticos.
También, se señaló que “(…) la legislación antiterrorista y su aplicación deben cumplir con las normas internacionales de derechos humanos y los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación”.
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