“El libro rojo de Maduro”: ONG exponen violaciones a DDHH antes y después del #10Ene

Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, una iniciativa de organizaciones de derechos humanos venezolanas que denuncian y documentan la situación en el país, presentó este 17 de febrero el informe “El libro rojo de Nicolás Maduro: crisis de DDDH en Venezuela alrededor de la instalación de un gobierno de facto el 10 de enero“,  un reporte en el que evalúan la situación de DDHH en el país entre el 10 de diciembre de 2024 –un mes antes del acto de juramentación de Nicolás Maduro- y el 10 de febrero de 2025 –un mes después.

Las ONG denuncian que el 10 de enero de 2025 “ocurrió el hecho más grave para el estado de derecho y la institucionalidad democrática en Venezuela desde el año 1958: la instalación de un gobierno de facto“. En el documento indican que existen al menos cinco razones que soportan que la decisión de los ciudadanos fue haber escogido al candidato Edmundo González como presidente para el período 2025-2031.

Entre esas razones, enumeran la no divulgación ni publicación de los resultados detallados por estados y mesas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las conclusiones de los reportes de dos misiones de observación internacional invitadas formalmente por las autoridades venezolanas: el Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas y el Centro Carter.

Citan también las actas que publicó la oposición en el sitio web https://resultadosconvzla.com/ y los 895 videos de lecturas de resultados en mesas electorales, posteadas en https://macedoniadelnorte.com/videos;  las encuestas hechas previamente por cinco importantes encuestadoras del país (Delphos, Poder y Estrategia, Clear Path, ORC Consultores y More Consulting –que daban una clara ventaja a González Urrutia sobre Nicolás Maduro- y lo comentado recientemente por el presidente chileno de tendencia izquierdistas, Gabriel Boric, quien expresó en una declaración:  “No tengo dudas: en Venezuela se robaron la elección”.

Las ONG agrupadas bajo este movimiento presentaron en septiembre de 2024 un primer reporte denominado “El libro negro de la dictadura de 2024” que recogía las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto poselectoral. El nombre aludía al editado de forma clandestina por José Agustín Catalá “Venezuela bajo el signo del terror”, que sería conocido como “el Libro Negro de la dictadura” y que exponía los atropellos de la tiranía de Pérez Jiménez, la censura, la tortura y los nombres de las víctimas, la descripción de los campos de concentración y la valerosa conducta de la resistencia

A continuación, las claves sobre el reciente informe que engloba la crisis de derechos humanos en el país en torno a lo que las ONG llaman “la instalación de un gobierno de facto” el 10 de enero y que también califican como una “tercera etapa de represión” con el empleo de mecanismos “duros y blandos” para “silenciar, desalentar y anular la oposición” al Gobierno.

Más de 130 detenciones arbitrarias

Durante los 63 días de cobertura del informe las ONG documentaron, al menos, 138 detenciones arbitrarias por razones políticas, 116 hombres y 22 mujeres.

El Distrito Capital fue el estado con mayor cantidad de detenciones (23), seguido por Zulia (19) y Trujillo (18), pero se reportaron  detenciones en 19 estados del país.

“Esta cifra sugiere que cada día, desde el 10 de diciembre de 2024, se detienen a dos personas en el país por razones políticas, una cada 12 horas“, exponen.

Denuncian que  alrededor del 10 de enero “se afianzó el patrón de detenciones selectivas, que intentan mandar un mensaje ejemplarizante al resto de la población” y destacan que el único “patrón novedoso y consolidado” alrededor del acto de juramentación “sería la detención de extranjeros para intentar forzar una negociación bilateral con sus gobiernos”.

En el reporte se resalta la situación en Yaracuy, donde ocurrieron 8 detenciones arbitrarias por razones políticas los días 8 y 9 de enero 2025. La ausencia de movilizaciones por la democracia en esa entidad se explica por la movilización oficialista durante esos días, a partir de las llamadas “Unidades Populares por la Paz” (UPPAZ): “Frente a esta situación la población ha realizado concentraciones de naturaleza religiosa”, indica Derechos Humanos en Movimiento.

Caso emblemático de detención arbitraria: Enrique Márquez

El informe destaca el caso de Enrique Márquez, quien fue detenido en Caracas la noche del 7 de enero de 2025. Para el momento del cierre del informe se encontraba en situación de “desaparición forzada”. Precisan que voceros del gobierno lo vinculan con un supuesto complot contra el gobierno, junto a un ciudadano estadounidense del FBI y el yerno del líder opositor  Edmundo González Urrutia. Diosdado Cabello mostró un documento que supuestamente era “una propuesta impulsada por Márquez para que González fuera juramentado presidente de Venezuela ante una asamblea de ciudadanos venezolanos, en una sede diplomática del país”.

Márquez fue candidato presidencial en julio de 2024, apoyado por el partido Centrados en la Gente, el Partido Comunista de Venezuela y el partido REDES, y tras esa postulación, denunció las inconsistencias en los números divulgados y fue una de las personalidades que introdujeron un amparo constitucional para exigir que se presentaran los resultados de las votaciones desglosados mesa por mesa. 

Al menos 27 desapariciones forzadas y denuncias de torturas

Las ONG indican que durante el lapso se registraron 27 denuncias sobre desaparición forzada de corta duración contra personas privadas de libertad por razones políticas situación que, alertan, las familias temen denunciar

“También se registró una ejecución extrajudicial presuntamente por motivaciones políticas, el del teniente del ejército Jean Carlos Amarante Zárraga, asesinado el 29.01.25″, recalcan, en un hecho en la alcabala de Borojó en el estado Falcón.

Según datos de la periodista Sebastiana Barraez, quien contactó a los familiares, todo ocurrió luego que privaran de libertad a la esposa de Amaranto: “A la esposa la detuvieron el día antes, martes; le quitaron el teléfono y la computadora. Ella llamó para decirle que estaba detenida, por lo que Jean Carlos le respondió que ya iba de regreso a Coro, pero nunca llegó”.

El medio “Noti Coro” agregó que habitantes de la zona contaron que  el exmilitar iba en un Chevrolet Spark azul acompañado otro ciudadano, del cual no se ha podido conocer identidad, pero que estaría detenido. Iban en sentido al estado Zulia. 

El informe de Derechos Humanos en Movimiento incluye también las denuncias hechas por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) respecto a  “torturas y tratos inhumanos y crueles” contra los detenidos.

“Destaca el caso de Jesús Armas, detenido por efectivos encapuchados del Sebin. Durante su reclusión habría sido torturado bajo asfixia mecánica en una casa clandestina de Santa Mónica, Distrito Capital, resumen. 

Patrones represivos se mantienen y acentúan

Alrededor de la juramentación del 10 de enero, en los días previos y posteriores, los expertos en derechos humanos encuentran que los patrones represivos se mantienen. Uno de los consultados indicó:  “A las personas se les desaparece, así sea dentro de este esquema de desaparición forzada breve en los primeros momentos de arresto. Generalmente, se las detiene sin que estén cometiendo delitos y sin  orden de captura. A todas se les imputan básicamente los mismos delitos que se le imputaron a todos los que fueron detenidos en las elecciones, el año pasado: Terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir. A todos se les niega el derecho a estar asistidos por abogados de su confianza. Ese es el patrón que se ha mantenido”. 

El experto dijo que se han registrado detenciones selectivas, dependiendo de cada caso, “todas ellas orientadas al cumplimiento de una finalidad política precisa. Por ejemplo, el caso de los extranjeros ya lo sabemos: utilizarlos como fichas de intercambio. En el caso de los defensores
de derechos humanos neutralizarlos e intimidar a todo lo que es la comunidad de defensores”. 

Otra fuente consultado opinó que se ha venido afianzando la política de detener a familiares, tanto en casos conocidos como en otros que no se han hecho públicos.

“Ya tenemos que hablar del patrón madurista de detener a familiares y hacer menos referencia que esto lo aplicaban los nazis o no. Ya es un patrón instalado en la dictadura madurista. Por otro lado, la detención de extranjeros, con toda la premeditación, porque están conscientes que no tienen ninguna responsabilidad, que no estaban entrando al país para cometer algún delito”, señala. 

Defensa de los DDHH pende de un hilo

En el lapso estudiado, tres personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos fueron detenidas en el país. El caso más relevante fue el de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.

Aunado a ello la defensa de los derechos humanos, alertan las ONG,  sufre de “importantes restricciones debido a la sinergia entre la potencial aplicación de normativas restrictivas (Ley Simón Bolívar, Reforma de Ley de Comunas y Ley de Justicia de Paz Comunal y la Ley de Fiscalización de ONG) “y la progresiva disminución de la cooperación internacional, en donde se incluye el hito de la abrupta interrupción del apoyo de USAID, que alertan,  “afectará notablemente a portales de información y organizaciones humanitarias y de derechos humanos”.

Libertad de expresión cada vez más restringida

Las ONG documentan que seis personas fueron detenidas entre el 10 de enero de 2025 y el 10 de febrero  por mensajes que circularon a través de las redes sociales, incluyendo el caso del sindicalista Juan Valor, “detenido por divulgar un video invitando a la manifestación del 09.01.24 y acusado de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad”.

Adicional a ello, se registró el caso de dos emisoras (Más Network Coro 97.9 fm y Criolla 100.7 FM de Bolívar) y un programa de radio (“Profundidad de Campo, conducido por Augusto Hernández) que fueron clausurados por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Durante las manifestaciones del 09.01.25.

Además, según datos de Ipys Venezuela, se registraron cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. 

De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas, se mantienen privados de libertad 11 periodistas y trabajadores de la prensa.

Mientras que a los bloqueos conocidos al contenido de redes sociales se sumó el bloqueo a la red social TikTok. Hasta el 17 de enero de 2022, VE Sin Filtro reportaba que el bloqueo llevaba 11 noches consecutivas.

Andrés Azpúrua, director de Conexión Segura y Libre, declaró entonces a Runrun.es que en Venezuela “prácticamente todo el ecosistema de medios independientes está bloqueado”.

Actuaciones de colectivos

Sobre la actuación de los grupos de civiles armados (Colectivos), las ONG documentaron 21 incidentes distribuidos en 11 estados del país el día 9 de enero, cuando se convocaron protestas opositoras.

“Según opinión de analistas las autoridades estarían creando sus propios grupos civiles de choque, a través de las llamadas “Unidades Populares para la Paz” (UPPAZ)”, abunda el documento.

Lo que piden a la comunidad internacional

Las organizaciones que hacen vida dentro de la coalición Derechos Humanos en Movimiento instan a la comunidad internacional a “mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas para allanar el camino a una transición a la democracia” y a que se empleen “nuevos mecanismos multilaterales y de protección a derechos humanos, que logren contener el abuso de poder y proteger a la población”. 

Exigen también que los mecanismos conocidos de la comunidad internacional aumenten la “responsabilización individual de funcionarios que, por acción u omisión, estén comprometidos en las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país”.

Exhortan también a que los Estados parte procuren la  “incidencia necesaria en la Corte Penal Internacional” para que la recurrencia de delitos contra la humanidad en Venezuela, luego de los comicios del 28J, sea tomada en cuenta por la Fiscalía y allane, en un tiempo perentorio, una decisión sobre el inicio judicial de casos concretos sobre el expediente denominado “Venezuela I”.

Piden también que se mantengan las fuentes de financiamiento para organizaciones que promueven la defensa de derechos humanos,  sobre todo en los casos  de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ante el  “abrupto retroceso de la cooperación internacional a nivel
mundial, así como el retiro de importantes agencias de cooperación de Venezuela” que denuncian, “está acelerando el cerco contra la sociedad civil”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.