El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que, tras haber sido sometido a una operación de emergencia, el preso político Yerwin Torrealba será nuevamente trasladado a su centro de reclusión en San Felipe, estado Yaracuy.
A Torrealba lo intervinieron quirúrgicamente por una apendicitis la noche del 29 de abril, tres días después de haber sido trasladado de emergencia desde la cárcel en la que se encuentra por presentar fuerte dolor abdominal y en sus piernas, “debido a las condiciones de reclusión a las que está sometido”, denunció la tolda política.
Vente Venezuela lamentó que a Torrealba lo devolverán a la cárcel sin que se hayan cumplido las 24 horas de observación reglamentarias tras la cirugía: “Debido a las deplorables condiciones de reclusión su vida podría estar en riesgo”.
“Alertamos a la comunidad internacional de las múltiples complicaciones de salud que están presentando muchos de los presos políticos hoy en el país. Negarles atención médica puede poner en riesgo sus vidas”, insistieron.
Torrealba fue detenido arbitrariamente desde el pasado 19 de diciembre del 2024. De acuerdo con las denuncias de VV, tenía varios días presentando malestar y le había sido negada la atención médica.
“Exigimos sea garantizada su recuperación y que le sean otorgadas medidas oportunas para resguardar su integridad. Asimismo, exigimos su libertad inmediata”, exhortó Vente Venezuela.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que establecen estándares mínimos para el trato de personas privadas de libertad incluyendo aquellos que están enfermos, contemplan que todos los establecimientos penitenciarios deben facilitar a los reclusos “acceso rápido a atención médica en casos urgentes”, así como que los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía “serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles”.
“Solo podrán tomar decisiones médicas los profesionales de la salud competentes, y el personal penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas decisiones”, indica el numeral 2 de la regla 17.
Indolencia que mata
En el marco de la represión poselectoral, al menos seis presos políticos han fallecido bajo custodia del Estado. El último de ellos fue Reinaldo Araujo, dirigente político de Trujillo, quien murió después de ser ingresado al Hospital Pedro Emilio Carrillo de la entidad el 24 de febrero.
El pasado 8 de noviembre, también murió el comerciante y opositor, Asdrubal Santana, en San Fernando de Apure, estado Apure. Fue detenido el 18 de septiembre y falleció por un presunto infarto cuando fue traslado al ”seguro social del municipio Biruaca, donde posteriormente se notificó su deceso”, informó la plataforma Punto de Corte.
Días más tarde, el 14 de noviembre, murió el miembro VV y testigo de mesa, Jesús Manuel Martínez – detenido el 29 de julio-, víctima de complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padecía y para la cual no recibió atención médica oportuna, denunció la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Casi un mes después, en la madrugada del 13 de diciembre, falleció Jesús Rafael Álvarez, de 44 años. Estaba preso en el Internado Judicial de Tocuyito del estado Carabobo. Había sido detenido junto a su esposa. Su hijo manifestó que su padre era una persona sana. “Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban”, lamentó.
El día 16 de ese mismo, Osgual Alexander González, de 43 años y detenido el 1 de agosto, falleció en el mismo penal por una hepatitis, para la cual recibió atención médica tardía, denunciaron familiares. A
Al conteo de estas muertes se agrega el deceso del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos, quien fue detenido por funcionarios del Estado – según testigos- el 23 de octubre y encontrado muerto el día 25. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, sostuvo que su fallecimiento se produjo por un accidente de tránsito.
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