En La Conversa de La Alianza Rebelde Investiga, el ex subsecretario adjunto de la oficina de Democracia, derechos humanos y temas laborales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Enrique Roig, posee dudas en cuanto a la real intención de la administración del presidente Donald Trump de generar una transición a la democracia en Venezuela.
El también vicepresidente de la organización Human Rights First estuvo este martes 24 de febrero en el programa de entrevistas de la alianza conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual. Explicó que para el gobierno republicano ha sido la mejor opción tener una relación transaccional con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez.
Roig les dijo a Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y César Batiz, director de El Pitazo, que por el momento Trump ha demostrado tener un sólido interés por estrechar las relaciones económicas con Venezuela y un vago anhelo de recuperar el hilo democrático.
“Trump tiene que mostrar un plan fuera del petróleo, que María Corina Machado pueda volver con libertad a Venezuela, que se establezca un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial y que los partidos políticos de oposición puedan hacer campaña libremente, sería bueno que presionaran más en ese sentido”.
Amaya aportó que figuras que supuestamente garantizan estabilidad en Venezuela como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello y el de Defensa, Vladimir Padrino López, están solicitados por la justicia estadounidense y pesa sobre ellos una recompensa.
“Por el momento no veo un cambio, para el gobierno de Trump, dejar a esa gente en el poder ha sido la mejor opción y eso va a depender de si ellos garantizan algo de estabilidad en el país”, indicó Roig.
Para Roig la visita a Venezuela del jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico emprendida por Estados Unidos, pero también con cierta garantía de seguridad para los inversionistas extranjeros.
“Estados Unidos podría jugar un papel más proactivo en torno a una futura transición, demostrar que la democracia realmente les importa y no dejarla relegada para una tercera fase”.
El ex funcionario gubernamental indicó que una victoria del partido demócrata en las elecciones de medio término en noviembre de este año, podría significar una mayor presión en procura de iniciar un verdadero proceso de transición en Venezuela.
“Se podría generar una agenda bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, si se percibe que no hay avance alguno en Venezuela”.
Batiz sentenció que algunos congresistas republicanos en Estados Unidos están abogando porque haya unas elecciones transparentes y limpias en Venezuela.
Roig calificó a la Ley de Amnistía aprobada recientemente en el país como selectiva
“Genera desconfianza, la implementación ha sido lenta y parcial, la veo como algo para comprar un poco más de tiempo y ver qué va a pasar en Estados Unidos. Actualmente Trump tiene un apoyo de 39% y en mi opinión va a seguir con Delcy Rodríguez al menos por el resto del año, esto va para largo”.
Un chantaje de ley
Para el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, la Ley de Amnistía es un chantaje que le vendió el gobierno chavista a los presos políticos y sus familiares.
“No hacía falta una ley para que los presos políticos salieran en libertad, es un documento legal excluyente que no responde a los estándares internacionales en cuanto a derechos humanos, se hizo a la carrera y sin ningún tipo de técnica legislativa”.
Batiz aseveró que la ley se aprobó sin que muchos de los diputados conocieran su contenido y además otorgando un perdón condicionado.
Según Apitz, la ley revictimiza a los señalados de cometer supuestos delitos y pone a los detenidos por pensar distinto a pedir clemencia a sus victimarios.
“Las colas que vemos en los tribunales para aplicar por el beneficio de la amnistía es parte de la improvisación. Debieron hacer una ley de oficio, nuestros presos políticos no han cometido delito alguno, pensar distinto no es delito, aquí se volteo la ecuación, los mismos jueces que impusieron las penas a los presos políticos son los que están tomando las decisiones de si la amnistía procede o no”.
Apitz reveló que el proyecto de ley fue sometido a una pesquisa digital y se comprobó que el documento se hizo al día siguiente de la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional.
“No había proyecto alguno, el documento le pertenecía a una abogada adscrita a la vicepresidencia. Se sabía lo que estaba mal y con todo y eso se aprobó por unanimidad”.
El decano sentenció que fue creada una comisión especial conformada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en compañía del Ministerio Público para seleccionar a quienes beneficia la ley.
“Estamos frente a una contradicción porque el artículo 1 reza que se debe otorgar una amnistía plena y el 9 especifica hechos. No es una ley plena, sino específica y excluyente”.
Apitz denunció que la ley cataloga como hechos delictivos haber participado en la campaña opositora para las elecciones presidenciales de 2024, apoyar a miembros de mesa en el proceso y contabilizar actas.
“Criminaliza a quienes evidenciaron que hubo un robo de elecciones”.
Dijo que el artículo 15 alude a una comisión especial de seguimiento, que permite que algunos casos, que no estén descritos en la ley, puedan ser recomendados a los tribunales para el otorgamiento del beneficio.
“Ahora algunos diputados se dieron cuenta de que la tarea que les impuso el gobierno de Estados Unidos es supervisar el trabajo de los jueces”.
El decano afirmó que el principal error de la ley es haber tipificado como hechos delictivos actos que no son.
“Las víctimas no pueden ejercer sus derechos políticos y si lo vuelven a hacer van presos. Al final del artículo 9 incluyeron un párrafo que dice que todo aquel que promueva una invasión extranjera en el país está excluido de la amnistía, eso tiene nombre y apellido y es el de María Corina Machado”.
Blanco añadió que además el numeral 3 del artículo 2 señala que los amnistiados no pueden reincidir en lo que son considerados como delitos.
“Para que una ley sea acogida como de verdadera amnistía tiene que ofrecer reparación, garantía de no repetición, hay que derogar toda esa batería de leyes que les ha permitido al gobierno perseguir a los ciudadanos, como la del Odio, Simón Bolívar, Fiscalización a las ONG y Resorte, el aparato de represión está intacto”.
Apitz aseveró que los responsables de que la ley haya salido así son los diputados que la aprobaron por unanimidad.
“Esta ley no ordena la investigación de violaciones a derechos humanos efectuada por jueces, fiscales, defensores públicos, militares y funcionarios policiales”.
El experto en derecho denunció que está es una ley que solo se aplica a civiles.
“Los militares no están porque tienen miedo de soltarlos. El fundamento de la vigencia de este gobierno es la represión y si aprueban una ley de verdad significa perder el piso que les hace estar en el poder”.
El decano expuso que la administración de Trump le ordenó al régimen hacer una tarea para liberar a los presos políticos y la hicieron mal
“Y ahora no encuentran qué hacer. Para que haya una reconciliación tiene que haber una renovación total del sistema judicial, aquí sigue existiendo un dispositivo institucional de persecución política”.
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