Los ministros de exteriores de España, Alemania, Bulgaria, Austria y Suecia en la reunión del Consejo Europeo el 13JUL20. Foto Unión Europea.
En Guyana continúa el intento del actual mandatario David Granger de materializar un golpe de Estado desconociendo los resultados de las elecciones parlamentarias del 02MAR20. Conteos y reconteos verificados por observadores del Caricom y validados por la OEA dan como ganador al partido opositor liderado por Irfaan Ali quien reclama su triunfo.
Las amenazas del gobierno de EE. UU. sobre endurecer su posición ante Grager se concretaron el 15JUL20, cuando el Departamento de Estado anunció la implementación de restricciones de visas a los “responsables o cómplices de socavar la democracia en Guyana» y a sus familiares. Si bien el comunicado no precisaba nombres de sancionados, en una rueda de prensa el secretario Mike Pompeo fue preciso: “el gobierno de Granger debe respetar los resultados de las elecciones democráticas y hacerse a un lado”. La cancillería de Brasil emitió un comunicado el 15JUL20 afirmando que el desconocimiento de los resultados electorales “plantea una seria amenaza para la estabilidad en Guyana y una desviación de los compromisos democráticos que debe cumplir en el contexto regional y hemisférico”. Para el 21JUL20 fue convocada una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación guyanesa.
Por su parte, el gobierno del Reino Unido anunció que no reconocerá un gobierno fraudulento en Guyana. El secretario de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab dijo el 17JUL20 que “cualquier gobierno que jure sobre la base de resultados no creíbles se enfrentará a una fuerte condena internacional”. Advirtió además que su gobierno inició el “proceso de poner esas consecuencias en marcha”.
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Rusia difundió la falsa versión según la cual una nave de guerra de EE. UU. navegó cerca de Venezuela portando armamento nuclear.
La segunda “operación de libertad de navegación” realizada en menos de un mes por EE. UU. en aguas frente a Venezuela, fue ejecutada el 15JUL20 por el destructor USS Pinckney operando como parte de la Cuarta Flota de EE. UU. bajo órdenes del Comando Sur. Si bien las operaciones de “libertad de navegación” han sido realizadas por la Armada de EE. UU. frente a las costas venezolanas desde el año 2000, las recientes misiones se han cumplido bajo lo que oficialmente el Comando Sur denomina “la operación mejorada de narcóticos del presidente Trump”, como parte de la planeada ampliación de la capacidad bélica en el hemisferio occidental y en obvia sincronía con la presión política sobre el régimen chavista.
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Previamente el 23JUN20, el destructor USS Nitze análogo al USS Pinckney, ambos destructores clase Arleigh Burke, había cumplido una misión similar. La acción consiste en navegar a una distancia superior a las doce millas, poco más de veintidós kilómetros con respecto a la costa, área que ya no es mar territorial venezolano y por lo tanto se consideran aguas internacionales a los efectos de la navegación. En ambos casos el Comando Sur procedió a publicitar la misión en simultáneo a su ejecución justificándola como respuesta al “excesivo reclamo marítimo de Venezuela en aguas internacionales”.
Según un comunicado emitido el 16JUL20 por la cancillería del gobierno Maduro, el USS Pinckney navegó a 16,1 millas náuticas, poco menos de treinta kilómetros de la costa venezolana en aguas ya situadas en lo que se denomina “zona contigua” de soberanía restringida pero que ya no es considerado como “mar territorial”. Sobre el exacto recorrido de la embarcación ninguna de las partes se ha pronunciado. En el usual estilo de los comunicados de la cancillería chavista de inspiración habanera, el ministro Jorge Arreaza aseguró que la presencia ostensiva del destructor estadounidense había sido “de manera furtiva” y la calificó como “un inexcusable acto de provocación errático e infantil”.
El gobierno ruso, por intermedio de su agencia de noticias Sputnik, difundió un cable que supuestamente copiaba el comunicado del Comando Sur: “Hoy, el barco destructor USS Pinckney [DDG 91] de la clase Arleigh Burke, armado con misiles nucleares, desafió el excesivo reclamo de Venezuela en aguas internacionales”. El comunicado emitido por el Comando Sur no hacía referencia a dotación de armamento nuclear a bordo del USS Pinkney. La delicada referencia a misiles nucleares en la nota rusa no fue patentemente un error de transcripción o de traducción. Venezuela es uno de los temas de tensión entre Moscú y Washington y el aparato de propaganda ruso suele direccionar ataques contra la política de EE. UU. hacia Venezuela.
El 15JUL20, durante una entrevista con The Hill, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, fue interrogado sobre usuales conversaciones con sus contrapartes rusos. Pompeo afirmó que en esas conversaciones además de posibles áreas de interés común, suele tocar aquellos temas “en los que no estamos de acuerdo” y que “socavan intereses importantes de seguridad nacional de EE. UU.” ejemplificando con “la participación de Rusia” en Venezuela y en Siria.
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El 10JUL20, Donald Trump realizó una rápida visita al estado de Florida para visitar el Comando Sur, presidir un evento de opositores de Venezuela, Cuba y Nicaragua y, asistir a un evento de recaudación de fondos electorales.
En el cuartel general del Comando Sur, en Doral, Miami, Trump sostuvo un encuentro con altos oficiales acompañado de su asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien, el secretario de Defensa Mark Esper, el zar antidrogas Jim Carroll, el secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf y el congresista Mario Díaz-Balart entre otros altos funcionarios. El objeto de la sesión que fue difundida públicamente, era conocer los resultados de la operación antinarcóticos ordenada el 01ABR20 por Trump en las áreas de responsabilidad del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico.
En una intervención solicitada por Trump, el asesor de Seguridad Nacional fue el encargado de conectar los temas “narcotráfico” y Venezuela: “Los traficantes usan sus fondos con fines nefastos, entre ellos para financiar el régimen de Nicolás Maduro, el régimen ilegítimo en Venezuela (…) durante años, Venezuela ha inundado a los EE. UU. con cocaína. Envenena nuestras comunidades y alimenta una peligrosa epidemia de adicción que amenaza la seguridad de todos los estadounidenses”. Luego se escucharía la presentación del almirante Faller, comandante del Comando Sur sobre los resultados de las operaciones.
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Durante su explicación a Trump, el almirante Faller presentó a dos miembros de su comando, procedentes de las fuerzas militares de Colombia y Brasil. Se trata del general de brigada del Ejército colombiano Juan Carlos Correa Consuegra quien forma parte del alto mando del Comando Sur como director de la Dirección J7 “Ejercicios y Asuntos de la Coalición”. “El presidente Duque nos ha enviado lo mejor de sí y ha pagado por ello. Así que viene aquí totalmente pagado por Colombia y trabaja para mí. Y es un reconocimiento de que Colombia estuvo con nosotros en la Guerra de Corea y está con nosotros hoy” dijo Faller.
El segundo en ser presentado fue el mayor general de la Fuerza Aérea de Brasil David Almeida Alconforado quien es el segundo en la Dirección J5 de “Estrategia, Políticas y Planes” del Comando Sur. “Una vez más, brasileños, pagando para que viniera aquí y trabajara para mí para hacer una diferencia en seguridad. Brasil ha estado con nosotros desde la Segunda Guerra Mundial y nuestra relación se está haciendo aun más fuerte” explicaba Faller a Trump.
Por cierto, en la línea de mando del Ejército del Sur, dependiente del Comando Sur, se encuentra otro brasileño: el general de brigada del Ejército de Brasil Alcides Valeriano de Faria Júnior, quien desde el año 2019 ocupa la posición de subcomandante general del Ejército Sur de EE. UU.
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La decisión del régimen chavista de renovar las autoridades electorales obviando a la Asamblea Nacional, designando a chavistas y socios políticos, fue objeto de análisis en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrado el 13JUL20. El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell presentó las conclusiones de la reunión.
La nota publicada por el Servicio Exterior de la UE, dando cuenta de las declaraciones de Borrell, anunciaba que el alto representante había propuesto la realización de una “reunión ministerial del Grupo Internacional de Crisis”, lo que parecía una extraño giro por tratarse ese de un ente privado. El Informe Otálvora consultó con el SEUE sobre tan curiosa propuesta y recibió el 14JUL20 como respuesta: “es un error. El texto tendría que ser «international contact group». Lo vamos a cambiar pronto”, como en efecto ocurrió.
En definitiva, según Borrel los ministros de Exteriores decidieron “enviar un fuerte mensaje al régimen de Maduro sobre su última decisión” en relación al tema electoral. Borrel se dispone a “convocar una reunión ministerial del Grupo de contacto internacional, junto con otros actores clave, para analizar las condiciones en las que se celebrarán las próximas elecciones parlamentarias”. Las autoridades electorales designadas por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro, procedieron rápidamente a modificar la legislación electoral sobre los métodos de elección y la composición de la Asamblea Nacional, así como a convocar elecciones parlamentarias para el 06DIC20.
Además, el TSJ mediante tres sentencias expropió a los tres principales partidos opositores (AD, Primero Justicia y Voluntad Popular) reemplazando las direcciones legítimas y designado incluso a militantes chavistas para dirigir esos partidos. Los resultados de ese proceso electoral serán muy probablemente desconocidos por una mayoría importante de gobiernos de América y Europa. El GCI lo integra la UE, Alemania, España Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay.
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El 27SEP19, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano formado por 47 gobiernos de entre los miembros de la organización, aprobó por primera vez una completa resolución sobre “la alarmante situación de los derechos humanos” en Venezuela. Se trató de una gruesa derrota al chavismo en un foro que solía serle benévolo y hasta solidario. La resolución 42/25, como se le denomina, fue aprobada con 19 votos a favor y solo siete gobiernos, entre ellos Cuba y China, se pronunciaron en contra. El silencio de 21 de los miembros del Consejo abrió paso a la aprobación. Mediante la resolución, el Consejo solicitó a la alta comisionada de DD. HH. Michelle Bachelet, la elaboración de una serie de informe periódicos sobre la situación en Venezuela. Para el período 44 de sesiones del Consejo programado para junio-julio de 2020, Bachelet debía presentar un reporte con especial acento en “la independencia del sistema judicial y el acceso a la justicia, también para obtener reparación por las violaciones de los derechos económicos y sociales, y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco” en referencia a la zona de explotación minera promovida por el régimen chavista en la Orinoquía y Amazonía venezolanas.
Ese informe fue presentado durante la sesión del Consejo celebrada el 15JUL20 en Ginebra. Tras narrar numerosos casos de violaciones de DDHH, concluye que “las víctimas de violaciones de los derechos humanos se ven confrontadas a barreras jurídicas, políticas y socioeconómicas para acceder a la justicia; las mujeres, en particular, enfrentan retos específicos por motivos de género”. El reporte incorpora veintiuna recomendaciones al gobierno de Venezuela, entre ellas conducir “investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad…”.
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Durante la sesión del 15JUL20 se produjo una secuencia de cincuenta intervenciones de representantes de gobiernos y de ONG reconocidas por el Consejo. El exembajador venezolano Diego Arria fue uno de los expositores de la jornada, promoviendo la iniciativa de expulsar a Maduro del Consejo. De entre los países que tomaron la palabra, el régimen chavista recibió el apoyo solo de Rusia, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, China, Bielorrusia, Irán, Siria, Nicaragua, Birmania, Laos y Camboya. En apoyo al informe de Bachellet sobre la violación de DD. HH. en Venezuela se pronunciaron Perú en dos intervenciones la primera a nombre de once países miembros del Grupo de Lima, la Unión Europea, Alemania, Francia, Ecuador, Austria, Portugal, España, Luxemburgo, Brasil, Colombia, Croacia, R. Checa, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Eslovenia, Uruguay, Suiza, Georgia, Albania, Polonia, Reino Unido y sorprendentemente Argentina.
En su intervención en nombre de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, la embajadora peruana Silvia Elena Alfaro Espinosa afirmó que “reiteramos nuestro rechazo a las recientes decisiones del TSJ sobre el Consejo Nacional Electoral usurpando las facultades de la Asamblea Nacional, nombrando una autoridad electoral que no ofrece las garantías debidas para un proceso electoral democrático tanto como las decisiones contra los principales partidos políticos opositores”.
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Quizá la intervención que causó mayor impacto fue la del embajador Federico Villegas, representante del gobierno de Argentina, quien comenzó anunciando que su gobierno comparte la “intervención conjunta pronunciada por Perú por la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece ese país”. Argentina, desde la llegada del izquierdista Alberto Fernández a la Presidencia el 10DIC19, se mantiene en el Grupo de Lima solo nominalmente, pero ahora Villegas se adhería al pronunciamiento presentado por Perú en nombre del grupo. Villegas afirmó que “nuestra región está llamada a incrementar los esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles». El enviado argentino “haciendo eco de un reciente llamado de la alta comisionada” pidió una “negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos». Si bien Villegas también criticó las sanciones impuestas por diversos países al régimen chavista, su presentación levantó polvo en Buenos Aires por lo que fue entendido como un distanciamiento con Maduro.
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Víctor Hugo Morales, comentarista político y narrador de futbol uruguayo que opera desde Buenos Aires, empleado del gobierno chavista por intermedio del canal de propaganda Telesur, abrió fuegos el 16JUL20 contra Alberto Fernández por la posición de su embajador en la ONU. Morales, en su programa radial, acusó a Fernández de estar “de rodillas no solo frente a los EE. UU., sino de rodillas ante Trump”. En medios políticos bonaerenses se interpretó este ataque como un nuevo capítulo de la serie de choques públicos que comienzan a presentarse entre el kirchnerismo y Fernández, los cuales la vicepresidenta Cristina Kirchner pareciera estimular.
Fernández solicitó intervenir en el programa de Morales para responder a los señalamientos. “La Argentina hizo el planteo que siempre hace. Hubo un informe muy crítico de Michelle Bachelet planteando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y la Argentina ratificó su posición de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno» afirmó Fernández. Resaltó que su gobierno reconoce a Maduro y relativizó la postura de su embajador alegando que las elecciones que Argentina reclama para Venezuela son solo las legislativas y no pide reemplazar a Maduro. «Yo no hablo con la oposición de Venezuela” dijo Fernández quien confesó haber pedido a EE. UU. poner fin a las sanciones contra el régimen chavista. Todo indica que el franco apoyo de la diplomacia argentina al informe Bachelet sobre violaciones de DD. HH. en Venezuela obligó a Alberto Fernández a dar explicaciones a sus enfurecidos aliados kirchneristas quienes a pesar de ello le siguen atacando. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados y aliado de Fernández, Sergio Massa, declaró el 16JUL20 tras conocer el informe de Bachelett que “sin duda en Venezuela hay una dictadura que no respeta los DD. HH.”…
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