Documentos demuestran que, desde hace por lo menos cuatro años, existe un impulso institucional para convertir a los militares en empresarios, e involucrarlos aun más en el soporte político al régimen
La organización Transparencia Venezuela divulgó en octubre un estudio titulado Los militares y su rol en las empresas del Estado, en el que destaca la creciente influencia de los llamados profesionales de armas en la gestión de las más diversas actividades económicas relacionadas con el sostenimiento del régimen.
A juzgar por este trabajo, ya no se trata solamente de garantizar la defensa y la soberanía en los espacios terrestres, acuáticos y aéreos del país, lo cual es ya una responsabilidad bastante gruesa. Desde hace algún tiempo ya, en las unidades castrenses tienen que gestionar emprendimientos tan diversos como el ensamblado de vehículos (Emsoven), la fabricación y distribución de fertilizantes (Agrofanb), la banca (FanFanB) y la minería (Camimpeg), por citar solo algunos rubros.
Esto tiene un impacto directo sobre la conformación de la burocracia venezolana. Según el reporte, ocho de los treinta y tres ministros del gabinete son o han sido oficiales de la Fuerza Armada. Y muchos de ellos, a su vez, imponen en sus respectivos equipos de trabajo a individuos surgidos de los cuarteles también. Entonces, además de ser oficiales o efectivos de tropa profesional, son viceministros, directores o jefes de división.
En los gobiernos regionales y municipales ocurre algo similar. Y de celebrarse las “elecciones” el próximo seis de diciembre, se instalará en el Parlamento toda una fracción de origen castrense, con el general en jefe (Ejército) Jesús Suárez Chourio a la cabeza y un pelotón de otros quince diputados militares.
Pero tal situación no se configuró de la noche a la mañana. Por el contrario, es el resultado de un largo devenir, que muy probablemente comenzó cuando la Constituyente de 1999 insertó, sin mayor oposición, a la “participación activa en el desarrollo nacional” entre las funciones de la Fuerza Armada. Uno podría entender que generar condiciones de seguridad y estabilidad hubiese sido suficiente aporte de los militares para impulsar el desarrollo, de manera que las fuerzas productivas del país contasen con ese “marco institucional” tantas veces anhelado. Pero en realidad el propósito era otro. La idea de fondo era hacerse cuarteles adentro con una tajada de la economía del país. Y que en ese camino proliferasen millonarios tuertos Andrades y acaudaladas enfermeras Díaz. Lo cual resultaba tanto más apremiante en cuanto se deterioraban las condiciones sociales del común de los venezolanos, y la crisis humanitaria compleja tocaba las puertas de las propia “familia castrense”, minando así la cohesión del poder armado en torno al régimen.
Entonces, no bastaba solamente con una línea perdida en el artículo 328 de la Carta Magna. Había que ser más explícitos en el mensaje. Algo que bajara por todas las cadenas de mando. Y la oportunidad para transmitir esta orden llegó con la emisión de las llamadas Guías de planeamiento. Estos son documentos en los que la cúpula castrense, encarnada en el general Padrino y el almirante Ceballos, indica dónde deberán enfocarse las energías de los oficiales y las tropas durante el año siguiente. Se pudo revisar versiones que datan desde 2016.
La correspondiente a 2017 fue quizá la más clara de todas a las que se tuvo acceso para este trabajo. En ella, Padrino acudió a la primera persona: “Quiero que concentren sus esfuerzos en:
√ Inspeccionar y contribuir al desarrollo y la eficiencia de las empresas estratégicas productivas del Estado (…)
√ Impulsar el motor industrial militar y Agrofanb como parte de la estrategia nacional para fortalecer el desarrollo integral y la economía (…)
√ El aparato productivo militar (sic) debe disminuir la dependencia de bienes esenciales y empezar a plantearse retos de autogestión (…)
√ En cada dependencia, en cada unidad de la FANB tiene que existir un proyecto productivo de cualquier naturaleza”.
Desde luego, cuando el ministro de la Defensa se expresa en estos términos, las órdenes aguas abajo fueron hacer empresas a como diera lugar. Y de aquí en adelante, los jefes de unidades que no incluyeran entre sus logros la constitución de algún “proyecto productivo” no serían bien vistos a la hora de los ascensos.
Este proceso ha sido analizado de cerca por el historiador Luis Alberto Buttó, quien se ha especializado en el estudio de las particulares relaciones entre el sector civil y el militar en Venezuela.
“Cuando dejas de ser ejecutor y te conviertes en el diseñador de las políticas, te conviertes en un actor político, con todas las consecuencias que de allí derivan. Los militares son operadores del sector defensa. Cuando cruzas esa frontera, se abre la puerta para que los militares pasen al ejercicio de la política”, explicó.
Y ahora, por si fuera poco, el régimen extendió esta posibilidad de ejercer control económico desde los rubros o actividades, como pueden ser la minería o la distribución de alimentos, hasta territorios geográficos. De allí la instauración del concepto de “zona económica especial militar” en la llamada Ley Constitucional de la FANB, aprobada en enero por la Asamblea Constituyente. Estos son espacios donde los militares dirigirán “actividades productivas endógenas”, en términos casi monopólicos.
Aragua será el primero.
Breves
* Otro de los delitos que estarían en auge con la “flexibilización” de la cuarentena es el secuestro. El miércoles 4 de noviembre en horas de la mañana, cámaras de seguridad instaladas en la fachada de un conjunto residencial de Los Chorros (municipio Sucre) captaron el momento en que el conductor de un Corolla blanco fue sometido y presumiblemente privado de su libertad, por sujetos que iban en una camioneta Explorer gris. Algunos captores tenían pistolas, chalecos antibalas e indumentaria similar a la utilizada por la Policía Nacional, aunque llevaban zapatos tenis.
Uno de los aspectos más notables fue la tardanza en sacar a la víctima del sedán y llevarla a la referida camioneta. En la anterior semana de “flexibilización” ocurrió otro intento de plagio en la urbanización Montecristo, cerca del lugar donde ocurrió el último ataque, pero fue frustrado cuando volcó la camioneta donde llevaban a las víctimas, muy cerca del hospital Pérez Carreño. En ninguno de estos casos los cuerpos de seguridad ejecutaron el llamado “plan de cierre” en las vías expresas, y así los secuestradores contaron con un margen de tiempo que les permitió escapar. En octubre fueron denunciados siete secuestros en las oficinas de la policía judicial en todo el país, según se pudo conocer extraoficialmente. La mayoría en el estado Miranda, pero también los hubo en Aragua, Bolívar y Sucre.
* Venezuela sigue siendo el país latinoamericano donde los habitantes manifiestan los menores niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Así lo reveló la última encuesta mundial sobre Ley y Orden de Gallup, divulgada la primera semana de noviembre. Este trabajo se sustentó en 175.000 entrevistas con adultos residentes de 143 países. Cada entrevista constó de cuatro preguntas, una de las cuales fue: “En la ciudad o área donde Ud. vive, ¿tiene confianza en la policía local?”. En el caso venezolano, solo 22 % de los encuestados manifestó algún nivel de aprecio por los uniformados.
Esta cifra se compagina con las arrojadas por otros estudios como Latinobarómetro. El trabajo de campo de Gallup fue desarrollado en 2019. Venezuela figura en el lugar 141 en cuanto al índice general de Ley y Orden, con 54 puntos, y solo supera a Gabón (52 puntos) y Afganistán (43). Esta es la consecuencia de un prolongado deterioro institucional, que según los encuestadores se ha visto reforzado por la pandemia del covid-19. De igual forma, con 22% Venezuela figura junto a Suráfrica en el antepenúltimo lugar mundial cuando se trata de medir el sentimiento de seguridad para caminar por las calles. Mientras tanto, los resultados de los residentes de Singapur, Noruega, Turkmenistán y Emiratos Árabes son superiores a 90 %.
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