La alcaldesa Claudia López lo volvió a hacer. Nuevamente arremetió contra los venezolanos y los hizo responsables de los índices de inseguridad de Bogotá, por supuesto, sin datos estadísticos que sustenten sus afirmaciones.
Sus declaraciones son simple oportunismo y una búsqueda por mejorar sus índices de popularidad. Esta estrategia no es novedosa, abunda en la historia reciente de los partidos de extrema derecha; hay varios líderes políticos que convierten el discurso “antiinmigración” en un componente clave de su acción política.
Infundir miedo al otro, al extranjero, culparlo de los males estructurales de la sociedad de acogida, ha sido una táctica recurrente a nivel mundial con claros ejemplos como Donald Trump, el partido Vox en España o recientemente, el candidato presidencial peruano Daniel Salaverry.
Lo que llama la atención en este caso, es que se trata de una mujer perteneciente a un grupo humano en una situación histórica de desventaja, la población LGBT, que en principio, debería tener empatía con otro grupo humano en situación de vulnerabilidad; además, porque su trayectoria política se ha fundamentado en un supuesto accionar centrado en las personas, pero para la alcaldesa, los venezolanos no entramos en esa categoría.
Y la alcaldesa, en lugar de cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos a TODAS las personas, incita al odio y a la discriminación.
Según el Barómetro de la Xenofobia, citado por Proyecto Migración Venezuela, luego de las palabras de la alcaldesa, los mensajes por las redes que vincularon la migración con la seguridad aumentaron en 1800%, con lo peligroso que resulta la criminalización y la estigmatización de los migrantes, lo cual repercute principalmente en aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Pero ese discurso xenófobo de la alcaldesa no es simple casualidad, no es “que se le salió”, es estudiado, evaluado y analizado los costos-beneficios que le pueden traer usarlo en su carrera por la silla presidencial. Lo que eso implique para la vida de decenas de miles de personas es un mal menor ante las apetencias de poder.
Claudia López forma parte de ese grupo de líderes políticos que son muy buenos en la oposición; llenan y llenan titulares con sus denuncias de corrupción, con sus fabulosas ideas para hacer políticas públicas que mejoren la vida de la población –por ejemplo, mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá–, pero que una vez son electos empiezan a demostrar sus falencias en lo que implica la gestión pública.
Estas falencias las ha demostrado en el tratamiento del tema de la movilidad, su gran promesa electoral, pero también en el manejo de la pandemia de la covid-19.
A diferencia de otras mujeres lideresas como Angela Merkel de Alemania y Jacinda Arden de Nueva Zelanda, así como mujeres representantes de gobiernos subnacionales, que han sido elogiadas por su manejo rápido de la situación y el establecimiento de medidas dirigidas a controlar la pandemia, la alcaldesa de Bogotá se ha distinguido este tiempo por sus constantes discusiones con el gobierno central (¡Dios nos guarde de defender al delfín de Uribe!, pero esa es la realidad) y sus políticas locales de ensayo-error ante el virus.
La guinda en el pastel la puso sus vacaciones a Costa Rica a principios de año, en pleno desarrollo de la segunda ola de covid-19 en Bogotá y después de insistirles a los bogotanos que se quedaran en sus casas. Esto le valió muchas críticas que la obligaron a adelantar su viaje de regreso. Pero más allá de eso, demuestra que la flamante alcaldesa no predica con el ejemplo.
Hasta la fecha y con poco más de un año de mandato, sus comportamientos han generado innumerables críticas, no solo de sus oponentes, sino de personas cercanas a su ideología.
Cabe destacar que no es solo la xenofobia, sino peor aun, es lo que Adela Cortina denomina la aporofobia, el rechazo a quien es extranjero y pobre. Esto se nota en las palabras de la alcaldesa cuando constantemente repite que a los venezolanos se les ha “dado de todo”, refiriéndose precisamente a aquellos migrantes en situación de pobreza.
Todo este panorama lleva a que las personas venezolanas migrantes que estamos en Colombia y que día a día trabajamos por este país, que nos encontramos agradecidas por habernos recibido, que aportamos, que sumamos, no aceptemos las palabras de la alcaldesa. Porque nos discrimina, nos estigmatiza y nos criminaliza.
Es cierto que no tenemos un gobierno que nos represente, que reclame por nosotros, porque el que tenemos nos considera traidores a la patria por irnos a buscar vivir con dignidad; pero eso, en lugar de doblegarnos, nos debe fortalecer. Debemos reclamar, protestar y exigir a la alcaldesa de Bogotá que nos respete como personas y respete nuestros derechos humanos.
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