Foto: portada del libro Escritos Feministas. La vigencia del pensamiento de Julieta Kirkwood en el Chile actual. Editorial Universitaria.
Durante los años de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, las mujeres se organizaron para luchar por el retorno a la democracia, por los derechos de las personas detenidas, para conocer el destino de las que habían desaparecido y también por el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos.
En ese contexto, una intelectual, Julieta Kirkwood, precursora de los estudios de género en su país, dijo una frase que se convertiría en el lema del movimiento de mujeres chilenas en la lucha contra la dictadura: “Democracia en la calle, en la casa y en la cama”.
Con el tiempo, este lema traspasó las fronteras y, hoy en día, sigue viéndose en marchas y mítines de los movimientos de mujeres de toda América Latina ya que, pese a que han transcurrido varias décadas, aún está lejos el día en que las mujeres puedan decir que se ha alcanzado una verdadera democracia paritaria.
A la fecha, solo 21 países tienen como jefa de Estado o de gobierno a una mujer y, del total de 193 naciones, en 119 nunca se ha elegido a una mujer a estos cargos.
Pero para que se alcance la paridad y una verdadera igualdad de género, no basta con que las mujeres representen la mitad de los puestos de decisión en los órganos políticos en todos los niveles. Se necesita más: la igualdad en las relaciones de pareja, la democratización del cuidado y del trabajo no remunerado o, como dice Julieta Kirkwood, también se requiere democracia en la cama y en la casa.
Democracia en la cama
Se vincula con la posibilidad de las mujeres de tener control sobre su cuerpo, su sexualidad y su capacidad reproductiva. En pleno siglo XXI, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es una utopía en nuestra región. La cantidad de mujeres que señalan que su primera relación sexual no fue consentida; las que son violadas por sus esposos, novios o compañeros; las que no pueden decidir sobre su cuerpo porque tienen al Estado, la medicina, las iglesias, al Derecho y a los hombres dentro de sus úteros inmiscuyéndose en temas que no les corresponden; los embarazos a temprana edad; la estigmatización de las que ejercen su sexualidad libremente, entre otras circunstancias, nos lleva a señalar que hay un largo camino por recorrer para lograr un cambio que democratice verdaderamente las relaciones en la cama.
Democracia en la casa
Obedece a esta separación y división sexual del trabajo que determina que el hogar, lo doméstico, es el espacio de las mujeres, quienes han sido designadas como las principales responsables del cuidado de la familia y de las labores domésticas. Incluso, en algunos casos son las únicas con esta responsabilidad.
Democratizar este espacio supone que se reconozca la corresponsabilidad de todos los miembros de un hogar en las labores domésticas y que el cuidado de los hijos debe ser responsabilidad compartida, de madres y padres. Bien claro lo señala la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) cuando habla de la función social de la maternidad: el hecho de que sea la mujer quien quede embarazada no debe significar que ella sea excluida o discriminada en el ejercicio de sus derechos y, además, que la educación de los niños y las niñas debe ser responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y la sociedad en su conjunto.
Cuidar debe ser visto como un derecho humano de todas las personas y en ese sentido, implica obligaciones para el Estado.
Democratizar la casa también supone reconocer que el trabajo doméstico, no remunerado, crea valor y por tanto debe ser no solo contabilizado en las cuentas públicas, sino reconocido como trabajo. Nos referimos a un reconocimiento real, no solo a su establecimiento en un artículo de la Constitución.
Pensemos en un día en el cual las mujeres deciden no cocinar, ni realizar labores de cuidado, ¿esto paralizaría al país? Sin duda que lo haría, esto quiere decir que para que un país funcione, las labores domésticas y de cuidado son esenciales para la reproducción de la vida.
Tampoco en la casa estamos cerca de alcanzar la anhelada democracia. Y, en medio de una situación que ya era muy difícil para las mujeres por las dobles y triples jornadas laborales a las que tenían que hacerles frente, llegó la pandemia de la covid-19 para agravar la situación.
Las medidas de confinamiento social han tenido un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres por distintas razones. En primer lugar, porque para las mujeres, las niñas y las adolescentes de América Latina, el lugar más peligroso y donde hay más riesgo de sufrir violencia de género, por el hecho de ser mujeres, es su propio hogar. Y los principales agresores son hombres pertenecientes a la familia (esposo, novio, pareja, expareja, padrastro, hermanos, tíos, primos, abuelos) o cercanos a esta. Esta realidad supuso para las mujeres estar encerradas con sus agresores.
En segundo lugar, por la sobrecarga de tareas de cuidado. Si antes de la pandemia las mujeres mostraban promedios de horas de trabajo semanales superiores a los de los hombres, ahora, al no poder ir los niños a clases ni ellas al trabajo fuera del hogar, el tiempo del trabajo productivo (remunerado) y el reproductivo (no remunerado), se yuxtaponen y la sobrecarga laboral es peor. Y, por último, deben señalarse las altas tasas de desempleo, otro aspecto en el cual las mujeres han sido golpeadas más duramente por la pandemia. En algunos casos, el desempleo puede significar pérdida de la autonomía económica, lo que resulta fundamental en el avance de las mujeres y en el logro de relaciones más igualitarias en la casa.
Democracia en la calle
Ante un escenario como el que hemos pintado, se pueden entender las dificultades que existen para que haya verdadera democracia en la calle, vinculada con la presencia de las mujeres en la vida política, con el ejercicio del poder político y la toma de decisiones que afectan al bienestar general.
En este punto hay que señalar que, contrariamente a los mensajes vacíos de Nicolás Maduro el Día de la Mujer Trabajadora, cuando se atrevió a señalar que en Venezuela se había derrotado al machismo y a la cultura patriarcal –palabras irrespetuosas hacia las mujeres venezolanas y sus luchas por el reconocimiento de derechos que, a todas luces suenan a burla por ser falsas y por venir, precisamente, del jefe de un Estado feminicida–, en el país hay un rezago en garantizar los derechos políticos de las mujeres.
Para poner solo un ejemplo, basta señalar que Venezuela está entre los vergonzosos pocos países de la región que no tienen una ley de cuotas legislativas, que ha sido el mecanismo usado en América Latina para el avance de los derechos políticos de las mujeres desde 1991, cuando Argentina las adoptó por primera vez.
Cabe destacar que Venezuela sí tuvo cuotas legislativas. La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1997 las reconoció en el artículo 144, pero el flamante Consejo Nacional Electoral (CNE) las desaplicó en 2000 y dictó una resolución al respecto, alegando que dicha norma violaba el artículo 21 de la recién estrenada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refiere precisamente a la igualdad y que, además, establece la necesidad de que se asegure una igualdad real y efectiva, lo que se busca precisamente con un mecanismo como el de las cuotas de género.
El CNE se ha jactado de establecer la alternancia y la paridad en la lista de candidaturas en resoluciones en distintas elecciones, 2005, 2008 e incluso, para las elecciones de diciembre de 2020, pero no se establece sanción en caso de incumplimiento ni se evidencia que haya un monitoreo de los partidos políticos para que cumplan. Así que estas medidas son letra muerta y quedan como un saludo a la bandera.
Si de verdad se hubiese cumplido con la paridad y la alternancia, quizás las mujeres en la Asamblea Nacional no representarían únicamente el 31 % del total de diputados/as principales, según los cálculos que hemos hecho de acuerdo con la información que obtuvimos. Aunque el Estado habla de un 40 %, que no se sabe de dónde lo sacan ya que, como en otros temas, la opacidad y las dificultades para obtener los datos oficiales del CNE dificultan tener información totalmente confiable.
Lo cierto es que, mientras que más de 6 países de América Latina han establecido en sus constituciones y leyes la paridad, en Venezuela no se observa voluntad política para reconocerla.
Pero el irrespeto hacia las venezolanas y sus luchas por derechos políticos sigue. El 15 de marzo, la diputada Asia Villegas publicó en Twitter que fue “con la llegada del CMdte. Chávez que las mujeres pudimos empezar a votar por otras mujeres”. Las respuestas de rechazo ante semejante mentira no se hicieron esperar.
Si bien es cierto que todavía es muy largo el camino por recorrer, no se puede desconocer que antes del chavismo –que en 22 años en el poder no ha hecho avances significativos en los derechos políticos de las mujeres–, en Venezuela hubo mujeres candidatas presidenciales como Ismenia Villalba o Irene Sáez, la gobernadora Lolita Aniyar de Castro, senadoras como Mercedes Pulido de Briceño y Evangelina García Prince o diputadas como Ixora Rojas, Isolda Herrera de Salvatierra y Argelia Laya, para nombrar solo algunas.
Mujeres que lucharon por sus derechos y por los de todas las venezolanas, que lograron la reforma del Código Civil en 1982, que tuvieron que enfrentarse a un ambiente político hostil para las mujeres (continúa siéndolo), que tienen su lugar en esa historia pocas veces contadas de la vida política de Venezuela, que no pueden quedar borradas por la idolatría a un hombre que supo instrumentalizar muy bien a las mujeres en sus discursos, pero que no cumplió con su gran promesa de sacarlas de la pobreza.
Insistimos que estamos lejos de lograr la democracia en la calle, la democracia paritaria. No hay voluntad política ni por parte del chavismo ni por parte de la oposición, pero no es negando la historia y las luchas de las mujeres que vamos a avanzar. Así que a la diputada Asia Villegas le pedimos que, en lugar de borrar la historia de las mujeres políticas venezolanas, trabaje fuerte para que tenga un lugar en ella.
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