Imágenes sup.: izq. familia del estado Apure, cuyos 5 miembros fueron asesinados por presuntos efectivos de las Faes; centro: FANB en la zona; der. comunidad 5 de Julio, de Apure; inferior: venezolanos desplazados en un refugio de Arauquita, Colombia.
Venezuela tuvo una vez una Fuerza Armada Nacional cuya principal misión fue la defensa de la soberanía. Cuando hablamos de soberanía nos referimos esencialmente al resguardo de nuestras fronteras marítimas y terrestres, con el objetivo de neutralizar cualquier tipo de intrusión al territorio nacional por parte de factores externos que pudiesen amenazar nuestros recursos naturales y/o vulnerar nuestra sagrada integridad territorial.
Aunque el chavismo manoseó el término soberanía como ningún otro gobierno en nuestra historia republicana, la realidad muestra que hoy Venezuela dista mucho de encajar en la definición clásica de lo que significa ser un país soberano. Nunca antes en nuestra historia fuimos tan dependientes, nunca antes nuestras fronteras estuvieron tan vulneradas, nunca antes el pillaje de nuestros recursos naturales, patrimonio de todos los venezolanos, fue tan descarado. Ni hablar de la integridad territorial.
Nuestros enemigos históricos hoy son los aliados de la dictadura. Grupos criminales, terroristas de toda índole y calaña hacen vida en toda Venezuela, repartiéndose el territorio venezolano y los recursos con los que la naturaleza bendijo nuestro suelo como si se tratase de un botín de guerra.
En el medio, millones de venezolanos, especies de rehenes de un conflicto que nunca buscaron y en el que fueron metidos por un régimen entreguista y criminal capaz de todo para sobrevivir. Lo hemos visto esta semana, arrasan a una población entera del estado Apure para que su facción aliada de las FARC opere sin inconvenientes y siga llenando de terror a Colombia.
Desde la óptica del derecho internacional, este ataque contra población civil, que incluye niños y mujeres embarazadas, califica como un crimen de guerra. Un crimen que debería engrosar el expediente del régimen madurista ante la justicia internacional. Desde el punto de vista interno, el abominable hecho de aliarse con los enemigos históricos de nuestro país para atacar nacionales, es un acto de alta traición que deshonra aun más la institución militar venezolana. Esa institución dirigida por quienes, mientras se montaban en una tarima a lanzar cuatro arengas con el “imperialismo”, dejaban nuestras fronteras, por acción u omisión, a la merced de las FARC, el ELN, el Hizbulá y hasta el cártel de Sinaloa.
La comunidad internacional debe voltear su mirada hacia Venezuela, la protección de los miles de desplazados que han huido a territorio colombiano es urgente. Para muchos de ellos no hay posibilidad de regresar, de sus hogares no quedan más que cenizas, el recuerdo de los bombardeos sigue como llama viva en sus memorias, memorias de una guerra que les declaró su propio país. El país que secuestró hace más de dos décadas el chavismo.
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