Bolsonaro saluda a sus seguidores en Brasilia 07SEP21. Foto: Palacio de Planalto.
El nuevo avance de gobiernos de izquierda en el continente y la notoria desatención de Washington a la región están abriéndole paso a intentos del eje castrochavista para tomar control de la institucionalidad continental
Los gobiernos de México y Argentina, con el nada velado trabajo “diplomático” de las dictaduras de Cuba y Venezuela, trabajan para el cierre de la OEA. El 18SEP21 se producirá una reunión presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) actualmente presidida por México. La Celac reúne a todos los países del continente con excepción de EE. UU. y Canadá, además de Brasil que se desafilió, y la alianza castrochavista pretende revivirla y presentarla como la opción a la OEA.
El nuevo avance de gobiernos de izquierda en el continente y la notoria desatención de Washington a la región están abriéndole paso a intentos del eje castrochavista para tomar control de la institucionalidad continental.
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Un alto clima de tensión política se vive en Brasil. Jair Bolsonaro, quien no cuenta con un partido político propio y procura la reelección en 2022, estimula posiciones antiinstitucionales entre sus seguidores que actúan de forma anárquica sin control partidista alguno. En tanto, diversos sectores políticos intentan sumar fuerzas para un proceso de destitución del presidente que impida su reelección. La pugna de poder incluso ha llevado a que por decisiones del Supremo Tribunal Federal sean encarcelados seguidores de Bolsonaro e incluso fuera detenido para interrogatorio Jason Miller, exasesor de Donald Trump, quien visitó Brasilia para una reunión internacional “conservadora” organizada por el bolsonerismo.
En Brasil existen presos políticos que militan en las filas oficialistas y que han sido encarcelados por orden de los tribunales. A su vez, grupos que apoyan a Bolsonaro lograron cerrar importantes autopistas del país mediante una huelga de camioneros que amenaza con paralizar la economía. La situación, ciertamente, es confusa vista desde el exterior mientras la izquierda está organizándose para intentar llevar a Lula da Silva nuevamente a la Presidencia.
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El 7 de septiembre de cada año se celebra la fiesta nacional brasileña y tradicionalmente en las principales capitales se realizan desfiles militares que en el caso de Brasilia es encabezado por el presidente, sus ministros y el cuerpo diplomático extranjero acreditado en la capital. Desde 1994, la izquierda brasileña suele realizar un contradesfile denominado “Grito de los Excluidos” para el cual solían movilizar militantes de todo el país para marchar en el Eixo Central de Brasilia.
La pandemia de COVID-19 hizo que durante los años 2010 y 2011 no se realizaran los desfiles militares y que la concentración izquierdista perdiera fuerza. Pero Jair Bolsonaro convocó a sus militantes de todo el país para que participaran el 07SEP21 en una concentración en la Explanada de los Ministerios, en pleno centro del poder brasileño, para apoyar al gobierno y enfrentar al Supremo Tribunal Federal. Igualmente los convocó para una concentración en la avenida Paulista de São Paulo. En ambos eventos Bolsonaro se haría presente. Las consignas a favor de una intervención militar que implique el cierre del parlamento fueron oídas una vez más en Brasil desde mediados de agosto. Como ya ocurrió en su campaña electoral, Bolsonaro suele montarse en la ola de posiciones militaristas que cuentan con abundantes simpatizantes en Brasil.
El 07SEP21 no hubo acto militar en el Eixo Central ni el acostumbrado saludo del cuerpo diplomático en el Palacio de Planalto, pero Bolsonaro sí realizó una solemnidad de izamiento de la bandera además de un acto político con sus seguidores mezclando el acto oficial con su actividad proselitista.
La concentración bolsonerista en Brasilia del 07SEP21 no concluyó en un asalto a las sedes del parlamento y de los máximos tribunales. En sus dos discursos Bolsonaro advirtió que solo saldría de la Presidencia “preso o muerto”. Reiteró que las elecciones son “una farsa” por no contar con un comprobante impreso del voto y, atacó fuertemente al magistrado miembro del STF Alexandre de Moraes. Los pronunciamientos de Bolsonaro en sus dos discursos atacando al poder judicial sería razón para la apertura de un enjuiciamiento al presidente, según amenazas de altos magistrados.
El magistrado Moraes, enfrentado abiertamente a Bolsonaro, es el responsable de varios procesos judiciales promovidos contra el presidente y ha ordenado allanamientos y detenciones de militantes bolsoneristas. Además Moraes será el próximo presidente del Tribunal Superior Electoral que comandará las elecciones del 2022 y en donde corre un proceso contra Bolsonaro y su vicepresidente Hamilton Mourao que podría inhabilitarlos para la reelección. En Brasilia la figura de Moraes es vista como la cabeza del intento de destitución a Bolsonaro.
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No existen, por ahora, condiciones políticas para que prospere la apertura de un proceso de impeachment contra Jair Bolsonaro que pudiera concluir en su destitución. En tanto se estaría produciendo una negociación entre diversas fuerzas partidistas en procura de una paz institucional que permita la permanencia de Bolsonaro en la Presidencia, la realización de las elecciones del 2022 y una serie de reformas que ameritan mayorías parlamentarias.
El 09SEP21, el Palacio de Planalto publicó una nota oficial de Bolsonaro que sería producto de esas negociaciones. El tono inusualmente conciliador de esa declaración presidencial pareciera dejar ver el avance de las negociaciones partidistas en las cuales estaría jugando un papel central el expresidente Michel Temer. “Nunca tuve ninguna intención de agredir a cualquiera de los poderes”, “mis palabras que a veces son contundentes fueron resultado del calor del momento”. En su declaración, Bolsonaro “reiteró” su “respeto a las instituciones de la República” y declaró que democracia es “Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajando juntos”.
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Mientras las diversas fuerzas políticas y económicas hacen pulso dentro de Brasil, el aparato izquierdista internacional decidió abrir fuego contra Bolsonaro. El llamado “Grupo de Puebla” cuenta con un hermano mayor que se activa cuando los participantes no son solo iberoamericanos y que se denomina “Internacional Progresista”. En la nómina progresista, además de los miembros del “Grupo de Puebla” figuran nombres usuales como el estadounidense Noam Chomsky o el francés Jean-Luc Melenchon. La “Internacional Progresista” con la firma de connotados políticos latinoamericanos de la alianza castrochavista, publicó el 06SEP21 una declaración advirtiendo que Jair Bolsonaro se disponía a realizar al día siguiente “un golpe de Estado”.
La lista de firmantes incluía al ecuatoriano Rafael Correa, al español José Rodríguez Zapatero y a los colombianos Ernesto Samper y Gustavo Petro entre otros. Todos ellos aliados de los regímenes de Cuba y Venezuela, quienes se mostraban “profundamente preocupados con la amenaza inminente a las instituciones democráticas de Brasil” y prometían permanecer “vigilantes para defenderlas antes y después del 7 de septiembre”.
El pleito político interno brasileño se convirtió de esta manera en un tema de la abierta intervención castrochavista que de forma intensa se está desarrollando a lo largo del continente.
Uno de los principales operadores internacionales del Grupo de Puebla es el excanciller Celso Amorin, hombre de confianza de Lula da Silva.
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El 03SEP21 se reunieron en Ciudad de México los emisarios de Juan Guaidó y Nicolás Maduro en las negociaciones organizadas por Noruega y en las que Rusia y los Países Bajos actúan como países “acompañantes”.
Los jefes de las delegaciones, Gerardo Blyde y Jorge Rodríguez, anunciaron el 06SEP21 el haber suscrito dos acuerdos cuyo contenido fue rápidamente distribuido por el ministerio de Exteriores noruego. Los delegados firmaron un acuerdo “parcial para la protección social del pueblo venezolano” y un acuerdo “para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”.
Las “partes” acordaron crear una “mesa nacional de atención social” sin que el texto aclare el propósito de la misma. Según Blyde se trataría de un mecanismo para definir planes de asistencia médica (COVID 19) y alimentaria. Según Rodríguez se trata de un primer paso para que su gobierno recupere el manejo de recursos financieros del Estado venezolano que permanecen congelados en el extranjero o a disposición de Juan Guaidó. Llama la atención que la delegación de Guaidó aceptó firmar un documento que acusa de “sobrecumplimiento” al sistema financiero internacional a propósito de las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista.
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El fin de las sanciones es el tema recurrente, como ya ocurrió en negociaciones previas, que los voceros del chavismo presentan en cada una de sus intervenciones en la mesa. En el lenguaje pretendidamente “diplomático” asumido en las pláticas de México, el chavismo y la “Plataforma Unitaria” califican como “protección de la economía nacional” al intento de que cesen las sanciones externas. El próximo ciclo de reuniones de las pláticas tendrá lugar a finales de septiembre y los representantes chavistas exigen que la “oposición” apoye una solicitud para que el Fondo Monetario Internacional le asigne al gobierno Maduro un paquete de US$ 5000 millones en Derechos Especiales de Giro.
En Venezuela buena parte de los partidos opositores se disponen a participar en unas votaciones regionales que se realizarán bajo condiciones no democráticas. Tanto EE. UU. como la Unión Europea están apostando a la salida rápida de que las pláticas de México permitan superar la crisis venezolana, mientras el chavismo busca normalizar su régimen sin redemocratización del país.
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El desembarco del equipo de observación electoral de la Unión Europea para las votaciones convocadas por el régimen chavista para el 21NOV21 comenzaría de forma progresiva el 28SEP21. Quien sea designado como jefe de la misión de observación estaría viajando a Venezuela el 23OCT21. El despliegue de los enviados europeos a lo largo de Venezuela estaría programado para el 18NOV21.
Hasta la fecha, la Unión Europea no ha confirmado su presencia en Venezuela para las votaciones regionales organizadas por el régimen y se espera un inminente pronunciamiento del Alto Representante Josep Borrell quien junto con el gobierno de EE. UU. ha jugado a favor de la participación de sectores opositores. Pese a la falta de una posición definitiva de Borrell, ya el aparato de gobierno comunitario europeo, la Comisión Europea, está realizando el reclutamiento y preselección de personal para ser eventualmente enviado a Caracas. El reclutamiento de ciudadanos de la Unión Europea que, entre otros requisitos, deben contar con alto manejo del español y el inglés, terminaría el 20SEP21. A los candidatos a observadores les están ofreciendo 210 euros diarios para sus gastos de viaje.
Artículo publicado previamente en Diario Las Américas
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