Foto: la caleta de hortalizas para el matraqueo de los uniformados. Las cuotas van en bolsas…
Presiones, amenazas, invención de delitos. Todo pareciera válido en los cuerpos uniformados con tal de obtener alguna porción de los alimentos llevados desde Táchira a Caracas
El 19 de abril no fue feriado para los ferieros de La Grita. Con el tesón habitual, los distribuidores de hortalizas de esta localidad tachirense amanecieron cargando los camiones que, dos días después, surtirán a los mercados a cielo abierto de Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui e, incluso, remotas localidades del estado Bolívar.
El compartimiento de carga del vehículo va atestado con huacales de todo lo que se produce en las tierras andinas: papas, lechugas, ajoporros, zanahorias, frutas de todo tipo, maíz y siga contando.
Entre la plataforma metálica y el caucho de repuesto de uno de los camiones, hay una bandeja donde los caleteros han colocado una docena de bolsas, repletas con los mismos productos que quieren llevar a la capital.
Otros llevan las mismas bolsas en diversas partes de los vehículos de carga. La lógica de esto es que, al llevar las raciones ya separadas, el paso por los puntos de control se aligerará, pues los uniformados no detendrán el recorrido de los ferieros.
Para estos trabajadores del campo, el tiempo es oro. Si alguno de ellos no accede al pago de la “matraca”, se expondrá a que le obliguen a desmontar toda la carga. En las cuatro horas que dure esta operación, las hortalizas y las frutas se deteriorarán y se correrá el riesgo de contaminación, al quedar expuestas a los elementos.
Para los policías y militares, cualquier excusa será buena. Uno de los transportistas lo explicó, basado en su propia experiencia:
“Siempre te revisan un poco de cosas, y así tengas todo al día inventarán para pedirte (…). Anoche, cuando salía de Valencia, empezaron a pedirme todos los documentos, el certificado médico, registro de comercio (…) permiso para manipulación de alimentos (…) Como no hallaban de qué agarrarse me pidieron ‘para los frescos’”, relató.
Desde que Maduro declaró el estado de emergencia económica, en 2016, fueron en aumento las presiones hacia el sector productivo privado, así como también hacia los pequeños distribuidores que, como los ferieros de La Grita, hacían un esfuerzo permanente para llevar comida a los grandes centros urbanos, por cierto, eliminando los intermediarios que suelen encarecer los precios finales.
A partir de ese momento, quienes traían los alimentos a Caracas acudiendo a sus propios medios fueron vistos como enemigos, a quienes desde luego podían presionar, amenazar, extorsionar y, eventualmente, encarcelar.
La extorsión hacia los transportistas de alimentos ha traído consecuencias tangibles. Según el representante de una asociación de ferieros del Táchira, Robert Maldonado, cuando fue declarada la “guerra económica” salían desde La Grita hacia el centro del país en promedio dos mil camiones semanales. Para 2022, solo hacen el trayecto unos cuatrocientos vehículos cada siete días. La reducción ha sido del ochenta por ciento.
Con la experiencia acumulada, y los testimonios de sus colegas distribuidores de alimentos, Maldonado logró esquematizar las estrategias de la “matraca”. La primera, ya explicada, consiste en hacer perder todo el tiempo posible, para que el conductor se desespere y pague. Algo que, por cierto, también aplican uniformados del estado Vargas y de la PNB en las adyacencias del aeropuerto de Maiquetía con los pasajeros de vuelos internacionales.
También está la exigencia de los documentos más insólitos.
“En el momento en que el funcionario percibe que, según su criterio, hay incongruencia en algún documento, ya tiene el arma que necesitaba para exigir la matraca, amenazando con retener el vehículo”, explicó.
Otra práctica común, añadió, es señalar que cualquier falta administrativa, como por ejemplo conducir con la licencia vencida, es una causal para retener tanto el camión como la carga. Incluso, indicó Maldonado, se han visto casos en los que los uniformados inventan delitos para poner el vehículo a la orden del Ministerio Público. “El más conocido, resistencia a la autoridad”, señaló.
En la otra cara de la moneda, los militares han tenido que buscar fórmulas alternativas para la obtención de alimentos. Tal parece que el llamado “rancho”, asignado por el ministerio de la Defensa no les alcanza. En febrero, por ejemplo, el comandante de un destacamento de la Guardia Nacional en Mérida envió una circular a los jefes de compañías bajo su jurisdicción para que consignaran a esa unidad cargas de hortalizas y carnes para el consumo de los uniformados. En otras oportunidades, han hecho lo propio directores de centros educativos del Ejército y la Guardia Nacional. Esta situación posiblemente conecta con las presiones a los productores y distribuidores de alimentos.
Algunos transportistas hacen lo posible para no entrar en el juego de la extorsión. Han entendido que pagar a uno es pagar a todos los demás.
“Cuando les dices ‘no tengo’ esos no te vuelven a parar. Lo digo por experiencia (…) No digo que nunca les di. Cuando me pedían para ‘colaborar con el puesto’, de esa manera sí les daba. Pero cuando empiezan a pedirme un poco de documentos trato en lo posible de no darles nada”, explicó uno de ellos.
Pero estos casos parecieran ser excepcionales. Según Maldonado, en este sector la matraca ha sido institucionalizada.
Breves
- El 23 de abril, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), general en jefe (Ej) Domingo Hernández Lárez, divulgó fotos sobre lo hallado en un enclave que presuntamente era usado para la elaboración de cocaína. La leyenda que acompañaba a este trino del oficial no precisa dónde ni cuándo fue llevado a cabo este procedimiento. Uno presume que todo sucedió en el curso de la operación Escudo Bolivariano, iniciada en febrero en el estado Apure. Una de las gráficas muestra un lema, clavado en el interior de uno de los galpones, donde se puede apreciar que este complejo habría sido erigido por elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular, específicamente a través del Frente Décimo “Martín Villa”, que opera precisamente en el eje Arauca-Apure. Al hacer una revisión a las gráficas divulgadas por el mismo oficial hasta los inicios de la movilización militar podemos percatarnos de que casi todas se refieren precisamente a esta facción de las disidencias guerrilleras. Otros grupos que también tienen presencia en la zona, como Nueva Marquetalia (los de Iván Márquez) y el Ejército de Liberación Nacional, a través de su frente Domingo Laín (los mismos de la masacre en Cararabo), parecieran haber salido incólumes. Desde luego, los militares venezolanos no precisarán si el despliegue llevado a cabo desde febrero estaba enfocado solo en el desplazamiento del Frente 10. Esto lo veremos apenas finalice Escudo Bolivariano, y las cosas vuelvan a ser como eran hasta febrero. Más allá de la propaganda, lo cierto es que no hay registro de muertos ni heridos en territorio venezolano por enfrentamientos entre militares y guerrilleros durante esta operación. Algo que contrasta con lo sucedido entre marzo y abril de 2021.
- Mientras estas líneas son redactadas, existe un creciente riesgo de que tres municipios del sur del Lago de Maracaibo queden bajo las aguas, debido a dos rupturas en un dique de contención construido en las riberas del río Zulia. La situación no debería tomar por sorpresa a las autoridades. De hecho, fue advertida hace un año por representantes de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga). Según el expresidente de esta organización, y portavoz del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar), Carlos Albornoz, anteriormente el mantenimiento del dique era ejecutado en forma conjunta por productores locales y sectores gubernamentales. Pero en 2021 el Gobierno dispuso que las movilizaciones de maquinarias pesadas en esas áreas debían contar con autorización del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi). Albornoz explicó que esta medida fue impuesta para controlar la construcción de pistas ilegales, utilizadas por traficantes de drogas. Entonces, al no poder movilizar las maquinarias se dificultó la preservación del dique. Este es un ejemplo de las decisiones que se toman para paliar un problema de seguridad, y ocasionan otros incluso más graves. Ahora, según Albornoz, está en riesgo la producción agrícola en unas de las tierras más fértiles del país.
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