Protesta de trabajadores venezolanos. Foto: El Carabobeño.
Nomás partió del país la delegación de la OIT a finales de abril, el régimen evidencia su verdadero rostro de violador de los derechos humanos
Venezuela y la comunidad internacional reconocen que el pasado 28 de abril de 2022 se desarrollaron deliberaciones y compromisos para restablecer las relaciones de trabajo en el país, en el contexto del Foro de Diálogo Social. Ello, a partir del diálogo tripartito entre el gobierno nacional, organizaciones sindicales y empleadores privados. La interlocución social contó también con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A esta la representó una delegación integrada por nueve funcionarios de alto nivel, aplicando con este método los resultados de la Comisión de Encuesta visitante del país en 2019.
Fedecámaras explicó en esa ocasión que entre el 25 y el 28 de abril los interlocutores debatieron sobre los convenios de la OIT referentes al N° 26 sobre fijación del salario mínimo; el N° 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de asociación; y el N° 144 sobre consulta tripartita. En ese encuentro presencial, de cuatro días, las conclusiones se desarrollaron conforme al camino fijado.
Como manifestara el gremio empresarial a los medios de comunicación, «… todo con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan su cabal cumplimiento, así como respecto a las metodologías para tal fin, desarrolladas en el evento, reconociendo el compromiso asumido por el gobierno en facilitar y dar continuidad a este espacio de diálogo, para escuchar los planteamientos de los interlocutores sociales. Lo cual facilitará la consecución de soluciones a las más urgentes demandas de la población venezolana”.
Hasta aquí todo fue amor y temblor. Los participantes de tan publicitado evento, tanto del lado de los empresarios como de los trabajadores, señalaron su optimismo. En el caso de los empresarios un vocero manifestó: «El gobierno dejó de ver a los empresarios como enemigos». Recalcaba que el foro constituyó “el inicio del proceso de cambio que esperan impacte favorablemente en las fuerzas productivas del país”. Del lado de los trabajadores manifestaron las expectativas de restablecer la libertad sindical y los derechos laborales.
¿Qué le dirá a la OIT quien persigue a los trabajadores?
Toda la parafernalia concluyó con una nueva cita a un próximo encuentro presencial en Caracas, acordado para septiembre próximo. Este se programó con la finalidad de evaluar la marcha de las propuestas intercambiadas en el Foro Social citado.
Pues bien, desde mayo hasta el presente julio el proceder del Ejecutivo ha sido cónsono con su talante dictatorial. Nomás partió del país la delegación de la OIT a finales del mes de abril, mostró su verdadero rostro de violador contumaz de los derechos humanos. Y en particular de los convenios de la OIT que originaron la convocatoria al evento tripartito en Venezuela.
Con relación a los trabajadores, durante los meses de mayo, junio y julio, los sindicalistas del sector salud, educación y universitarios acusan a la ONAPRE de estafarlos mediante las nuevas tablas de remuneración; estas “desmejoraron arbitrariamente” los beneficios contraídos en discusiones anteriores. Entre los mismos están la prima de antigüedad, la prima de profesionalización, el escalafón y otras conquistas que, en lugar de ser mejoradas, sufrieron una disminución en su porcentaje, incidiendo negativamente en el salario integral. Es decir, en el pasado aumento salarial de marzo, a Bs. 130, el gobierno tendió una celada a los trabajadores del sector público, disminuyendo sustancialmente las primas convenidas mediante contratos colectivos.
En el caso de los trabajadores del sector salud, el autocalificado “presidente obrero” ha desatado una feroz persecución contra enfermeras y médicos, mediante una campaña de infamias acusándolos de sustraer insumos médicos de los centros de salud, desatando el odio contra el personal que enfrentó heroicamente la pandemia, siendo detenidos por fuerzas policiales y tratados como delincuentes. Se debe aclarar que los hospitales y ambulatorios se encuentran en ruinas por la escasez de presupuesto estatal.
El régimen de Maduro detiene dictatorialmente a los sindicalistas que conducen las decenas de movilizaciones al Ministerio del Trabajo y al TSJ. Líderes que solicitan la suspensión inmediata de las “tablas del hambre” de la ONAPRE; a ellos les levantan falsos expedientes para infundir temor y paralizar la protesta laboral.
Esta ofensiva antilaboral contraviene los convenios 87 de libertad sindical, 144 consulta tripartita y 26 fijación de salario mínimos mediante la consulta. Precisamente los instrumentos que originaron la Comisión de Encuesta para Venezuela. Estaremos atentos a los argumentos de un régimen autoritario, orientado al desmantelamiento del trabajo decente, en el encuentro de septiembre con la delegación de la OIT. En la observancia de los recientes atropellos cometidos por el ejecutivo nacional se reafirman las tropelías cometidas contra el mundo del trabajo durante el presente siglo XXI.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
