El proyecto de reglamentación del uniforme militar formaliza la entrega al presidente del grado de comandante en jefe y acentúa la ideologización dentro de las filas castrenses
Cuentan que en febrero de 1999 el entonces presidente electo Hugo Chávez quería recibir la banda de la Primera Magistratura enfundado en su uniforme de teniente coronel del Ejército.
La jugada del oficial fue atajada a tiempo por quien era jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas (Cufan), Noel Martínez Ochoa. Este general de división se trasladó a La Viñeta, donde Chávez despachó durante la transición, y logró convencerlo de que utilizar la vestimenta militar no era lo más apropiado para la toma del juramento presidencial ante el Congreso de la República.
Pero Chávez no daría su brazo a torcer. A partir de ese momento, insistió permanentemente para que la jerarquía castrense le abriera la posibilidad de utilizar un uniforme militar. Como le daban largas al asunto, en 2007 aprovechó las facultades que le habían conferido a través de una Habilitante, y reformó mediante un decreto la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Desde entonces, los analistas coincidieron en que el jefe del Estado “se ascendió” al grado de comandante en jefe. Y en los actos en cuarteles se dio el lujo de vestir un uniforme creado a la medida de sus deseos.
El uso del uniforme es un aspecto relevante dentro del mundo castrense. En el Reglamento de Servicio en Guarnición se fijan las normas por las cuales un profesional de armas debe y puede vestirlo. En general, cuando pasan a retiro solo pueden portarlo en fechas de significación, como por ejemplo el Día del Soldado.
Excepto el presidente.
Maduro pudo dar vuelta atrás a este afán de su predecesor. Pero no lo hizo. Por el contrario, a partir de febrero de 2020 comenzó a portar el mismo traje de comandante en jefe que utilizó Chávez.
Todo esto sucedía sin que existiera una norma clara. Hasta que, en julio, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino remitió a las unidades castrenses un proyecto de reglamentación sobre los uniformes militares.
“El uso de uniformes y emblemas (…) debe considerarse un privilegio y motivo de prestigio personal para todos los integrantes de la FANB, quienes deberán portarlo con la corrección, decoro y marcialidad que corresponde”, dice uno de los artículos del documento, de más de 430 páginas.
Uno de los capítulos se refiere, precisamente, a la vestimenta del comandante en jefe. Según el general de brigada del Ejército (retirado) Antonio Rivero, esto va más allá que lo de un simple atuendo.
“Se oficializa que el presidente de la República es militar activo. No puede ser. Se le impone un grado militar de actividad al presidente. Eso lo habían establecido ya, pero lo resalto pues ahora se reglamenta. Algo distorsionado del ejercicio democrático, de estar sujetos los militares al mando civil”, advirtió.
De acuerdo con la propuesta de reglamentación, el comandante en jefe llevará toda una parafernalia, en la que figura un bastón de mando, coronado con una estrella roja. Y los oficiales y tropas asignados a la comandancia en jefe también deberán utilizar un ropaje especial.
Resulta complicado imaginar al actual mandatario utilizando este uniforme en un acto militar, más aun cuando, en las últimas fechas patrias, ha optado por hablar mediante teleconferencia, y representarse en el sitio del evento a través de un muñeco inflable, inspirado en los héroes de historietas.
Más allá de los aspectos anecdóticos, la norma planteada por Padrino avanza en detalles que sugieren una mayor ideologización de la FANB. Esto se evidencia con la incorporación del color rojo en gorros y segmentos de uniformes de todos los componentes castrenses.
“El uso del rojo se institucionalizó en la FANB, en razón de lo que implica ese color para un partido político, el partido del régimen. Ese color no es propio en la actualidad de la FANB sino como algo decorativo, con algunos matices”, afirmó Rivero.
Este sea quizá uno de los “grandes cambios” anunciados por Padrino durante una intervención pública, el miércoles 10 de agosto. Pero esas transformaciones tendrán elevados costos para el país.
Según el general de brigada retirado del Ejército Rodolfo Camacho, el reglamento divulgado por el titular de Defensa implica erogaciones de tal magnitud que podría resultar inaplicable en el futuro inmediato.
“Pensar que cumplirán con esas dotaciones, no lo creo. Será muy difícil por los costos. Ese cambio debe estar costando más de 40 millones de dólares, sin mucho esfuerzo”, calculó este oficial, quien fue director de Doctrina del Ceofanb.
Advirtió que el personal subalterno de la institución armada podría correr con buena parte de los costos que implica la adquisición de nuevas vestimentas con sus respectivas insignias y demás accesorios. Indicó que cada uniforme tiene un costo que va de 30 a 40 dólares.
“Van a recargar a subalternos las compras de los accesorios, las botas, guantes, rodilleras, coderas, eso seguro lo recargarán a subalternos. Es bien penoso”, dijo.
En estos días, está en desarrollo un proceso de consulta en torno a este documento. Pero, tal y como han sucedido las cosas en el mundo militar, lo más probable es que sea implantado con apenas algunos cambios cosméticos.
Breves
- Dos venezolanos (uno de ellos mujer) fueron detenidos en República Dominicana señalados de participar en “una red transnacional de crimen organizado que se dedica, mediante engaño, a captar, transportar, trasladar y acoger, bajo amenaza y coacción, a múltiples víctimas de diferentes nacionalidades, con fines de explotación sexual”. Las procuradoras especializadas contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas Yohanna Bejarán Álvarez y Aleika Almonte Santana solicitaron la privación de libertad de los venezolanos Alejandro Arturo Batista Bustamante, alias Gato, y Cristina Virginia González Hernández porque supuestamente eran parte de esta organización que, según relación pormenorizada, victimizó a por lo menos ochenta colombianas. No obstante, la acusación entregada el 5 de agosto indica que entre las mujeres prostituidas también hay venezolanas, que se encontraban “en estado de necesidad y pobreza”, lo que facilitaba el proceso de captación por la estructura de unas quince personas, liderada por los dominicanos José Miguel Michel y Daniel Inirio Abreu. La investigación policial, bautizada Cattleya, comenzó en 2021 y se extendió por más de ocho meses. Los funcionarios se hicieron pasar por clientes, y así pudieron precisar cómo las mujeres eran explotadas. A ellas les ofrecían trabajo en sectores turísticos de Dominicana. Pero cuando llegaban les indicaban que debían pagar deudas que iban desde los tres mil a los cuatro mil dólares, y que se iban incrementando en la medida en que ellas necesitaban ropa, alojamiento, alimentación y, en ocasiones, drogas. Quedaban casi como esclavas. Los proxenetas podían cobrar entre 150 y 200 dólares por una hora de sexo, hasta 600 dólares por una noche completa. Pero no entregaban nada a las prostitutas, pues alegaban que todo era para cubrir la deuda contraída. Como sucede tradicionalmente en estos casos, la red cuenta con la complicidad de policías turísticos, que se hacían de la vista gorda ante las quejas de las propias mujeres explotadas. Igualmente, en los países de origen de las mujeres, donde se han dado a la tarea de amenazar a los familiares. En cuando a los venezolanos implicados, también se intenta identificar plenamente a un tercer operador de la red, conocido con el alias de Timoti.
- El Instituto Nacional de Parques (Inparques) ha emprendido la formación de una nueva camada de integrantes del llamado “cuerpo civil de guardaparques”, a través del cual se intenta ejercer labores de vigilancia en los espacios bajo su responsabilidad. En este proceso, surgieron quejas debido a lo que aparentemente es un énfasis muy marcado en los aspectos de capacidades físicas de estos vigilantes, dejando de lado lo que debería ser la configuración de un grupo destinado a la preservación y buen disfrute del recurso natural. En julio, el sindicato de empleados de Inparques recibió quejas por la rigurosidad de las pruebas de resistencia. Ya en este mismo espacio se había informado sobre las críticas de un sector de la institución a la activación de un cuerpo parecido a una policía de parques, aunque sin contar con las facultades legales para esto. En diciembre de 2021, el Ministerio Público procesó la denuncia de un usuario del Ávila, lesionado al recibir golpes con un tubo por parte de un vigilante uniformado de este grupo. Previamente, otro vigilante fue señalado por supuestos actos lascivos a una mujer. Frente a tales denuncias, que configurarían faltas graves o delitos, la actitud de la jerarquía pareciera ser la transferencia a cargos administrativos.
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