En un intento por ganar aplausos, el fiscal designado por la extinta ANC planteó aumentar al máximo las penas para los culpables de abuso sexual a menores de edad. ¿Es esa la solución?
El 24 de noviembre, el fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, planteó una reforma legal a la que, en principio, parece difícil oponerse: incrementar hasta el máximo posible las penas para los culpables de abuso sexual contra niños y adolescentes.
Saab lanzó esta propuesta en la solemnidad de los actos por el aniversario de la institución, que él encabeza gracias a las carambolas que da la política venezolana. Es evidente el esfuerzo por ganar voluntades a su causa, y de paso hacer que se olvide su cuestionado origen. En esta oportunidad, aprovechando el estupor ocasionado en el país por la divulgación de un video, en el que un niño aparece sometido por un grupo de mujeres mayores, que no escuchaban su llanto y lo mantenían apisonado entre sus piernas.
Este grotesco episodio levantó sensibilidades en la opinión pública, que no pasaron inadvertidas por Saab. El funcionario, incluso, se permitió sugerir la posibilidad de establecer penas aun más prolongadas para casos como este, que rebasarían las tres décadas tras las rejas.
Un sector de la población, ávido de justicia, probablemente aplaudiría una reforma a la carta magna, para instituir la cadena perpetua e incluso la pena capital. Algo que sería necesario, de acogerse plenamente la iniciativa de Saab.
Esta discusión, por cierto, se plantea de forma cíclica, cuando nos enteramos de episodios como el del referido infante, en una vivienda de Barquisimeto.
Debido a la imposibilidad de ofrecer al país soluciones creativas y efectivas, el oficialismo ha caído repetidamente en la tentación de reformar leyes para implantar penas de prisión más prolongadas, en algunas oportunidades, y en otras elaborar textos para transformar en delitos conductas que anteriormente eran simples faltas.
Los ejemplos abundan. En el año 2000 entró en vigencia una ley especial sobre el robo y el hurto de vehículos, que fijaba penas de hasta dieciséis años de prisión para quienes acudieran a la violencia para apropiarse de autos, motos o camiones. Anteriormente, se aplicaba lo dispuesto en el viejo Código Penal. De manera que la sanción máxima posible se incrementó en 100 %.
Pero el robo y el hurto de vehículos no disminuyó. Por el contrario, se mantuvo en ascenso casi constante durante los catorce años siguientes. Los individuos dedicados a esta actividad tampoco se enteraron de que, a partir de 2005, tendrían lapsos de prisión todavía más largos, si se determinaba que formaban parte de una organización criminal. Solo la dramática merma del parque automotor, producto del derrumbe económico nacional, mitigó las cifras de vehículos apropiados por el hampa.
Otro ejemplo es el de las armas de fuego. Hasta hace poco tiempo, Venezuela figuró entre los tres países con las tasas de homicidios más elevadas del planeta. Esto sucedía en parte gracias al uso intensivo de revólveres, pistolas, escopetas, fusiles y granadas. Todo que sirviera para matar de forma rápida llegaba (y llega) sin problemas a las manos de los delincuentes, a pesar de que durante los últimos veintidós años hemos tenido tres legislaciones especiales en materia de armas y municiones.
Según el criminólogo Freddy Crespo, esta práctica de instituir delitos e implantar penas de prisión cada vez más rigurosas se conoce como “populismo punitivo”. Se fundamenta en una noción equivocada: que el establecimiento de sanciones privativas de libertad cada vez más duras servirán como disuasivo para los delincuentes.
“Hay pruebas empíricas que demuestran que el incremento de las penas no mitiga la motivación para delinquir. Por el contrario, puede incrementarla”, advirtió el docente, que en 2015 presentó un estudio sobre esta materia, titulado Privación de libertad y sociología del medio carcelario en Venezuela.
La propuesta de Saab sugiere una reforma parcial a la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), donde el abuso sexual contra personas de este segmento de población tiene penas que van hasta ocho años de prisión, y que se incrementan hasta los veinte años de presentarse circunstancias agravantes.
Esta ley, vigente desde 2007, fue descrita en su momento como un “desarrollo” de disposiciones que anteriormente también estaban en el Código Penal, y que preveían sanciones hasta los diez años de prisión.
Aun así, los abusos sexuales también se han incrementado. De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de este año fueron iniciadas 1199 averiguaciones por delitos de esta índole, contra niños y adolescentes. Esto representa un alza de 69 % con respecto al año anterior, cuando la población apenas salía de las cuarentenas por el covid-19.
Según fuentes policiales, uno de los aspectos más llamativos de los abusos sexuales en el país tiene que ver con los victimarios. Por regla general, los expertos indican que en los casos de menores de edad los abusos generalmente son cometidos por personas del círculo familiar. Pero en el país solo el 25 % entra en esta categoría. La gran mayoría de los perpetradores tuvo un contacto previo con sus víctimas, que los investigadores describen como “casual”, pero no están ligados a ellas por nexos de consanguinidad. Por otra parte, en un país caracterizado por la impunidad, no es excepción que en más de la mitad de los abusos sexuales no se logre la identificación plena de los agresores.
Crespo sostuvo que el mejor antídoto contra este tipo de delitos no radica en colocar a los victimarios tras las rejas hasta el fin de los tiempos.
“La alternativa del Estado es trabajar en la escuela, con mucha educación sexual. Algo que nunca ha existido. Este tipo de delitos se ha normalizado (…) Hay que educar y culturizar en muchos aspectos. La función del Estado tiene que estar concentrada allí, con un tratamiento particular y con profesionales capacitados para detectar situaciones”, indicó.
Añadió que las víctimas de abuso muestran señales específicas, detectables en el ámbito escolar.
“Que un maestro a veces no lo detecte no es porque tiene muchos niños. Es que no tiene la capacitación, o que ve todo esto como algo normal”, afirmó.
Breves
- La Policía Nacional inició el reclutamiento de funcionarios jubilados o retirados en forma prematura, como parte de un proceso destinado a incrementar su pie de fuerza. Los aspirantes pueden haber laborado en ese mismo cuerpo, o en policías estatales o municipales. Con esta decisión, se pretende contrarrestar el efecto de las bajas masivas que, según cálculos internos, han mermado en 30 % el contingente de la PNB. Desde luego, está presente el riesgo de que reingresen sujetos expulsados por corruptelas o uso indebido y desproporcionado de la fuerza. De allí que soliciten la consignación de una carta de buena conducta y antecedentes limpios, como requisito indispensable para el reingreso. Pero la experiencia reciente indica que estos documentos son falsificables, o que incluso pueden ser gestionados a cambio de unos pocos dólares. La carencia de efectivos ha obligado a la PNB a disminuir o cesar momentáneamente algunos de sus servicios, como los del Metro de Caracas y las vías expresas.
- El tribunal de La Haya rechazó el recurso intentado por una mujer bisexual venezolana, a la que le negaron el asilo en el Reino de los Países Bajos. El juzgado avaló la decisión gubernamental, al considerar que los argumentos de la solicitante eran “creíbles, pero insuficientemente importantes”. Ella sostuvo que en Venezuela “las personas LGBTI sufren violencia, están prohibidas en ciertas áreas públicas, como centros comerciales y parques, y son discriminadas en ciertos sectores y también en la distribución de alimentos”. Nuevamente, en el juicio surgieron las informaciones en torno a los grupos armados que respaldan al régimen: “La militarización de la seguridad civil y la participación de colectivos armados en labores de seguridad ha incrementado la violencia y contribuye a un aumento constante de ejecuciones extrajudiciales. (…) los colectivos habitualmente cometen actos de violencia contra los civiles, en particular durante las protestas antigubernamentales. Intentan, con el apoyo del gobierno, intimidar a los votantes”. Igualmente, indicó la demandante, estas organizaciones han participado en “tomas ilegales de viviendas y establecimientos comerciales durante la pandemia”. Uno de los aspectos a discutir en este caso es si la mujer será devuelta a Venezuela o enviada a un tercer país.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
