El canciller mexicano Marcelo Ebrard felicita a Gerardo Blyde por la firma de acuerdos con el régimen de Maduro en Ciudad de México el 26NOV22. Foto: @SRE_mx
El lobby petrolero logró crear una grieta en las sanciones estadounidenses al régimen venezolano sin que, en contrapartida, se produjeran avances en las “pláticas” sobre elecciones libres
No está en los planes del gobierno de EEUU reconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado. Un reconocimiento de ese tipo paralizaría los procesos judiciales que le siguen en EEUU por narcotráfico
La posición del gobierno Biden sobre Maduro ha cobrado interés en razón de las conversaciones entre altos funcionarios de la Casa Blanca con Maduro y por la decisión de EEUU relacionada con el príncipe saudí Mohamed bin Salmán.
El 17NOV22 el Departamento de Justicia, a solicitud del Departamento de Estado, consignó ante un tribunal de Washington un alegato en relación al príncipe heredero saudí sobre quien corre una demanda civil. Mediante el documento “EEUU informa respetuosamente a la corte que el acusado Mohamed bin Salman, primer ministro del reino de Arabia Saudita, es el actual jefe de gobierno y por lo tanto goza de inmunidad frente a estas demandas» basado en que “la doctrina de la inmunidad de los jefes de Estado está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario». MBS, como se conoce al poderoso príncipe saudí, asumió altísimas posiciones de gobierno desde que su padre Salmán bin Abdulaziz fuera investido rey en 2015 y en 2017 fue declarado primer heredero al trono. Asumió el cargo de primer ministro el 27SEP22, posición que ahora le confiere condición de jefe de gobierno e inmunidad en tribunales de EEUU.
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El 18NOV22, la decisión del gobierno Biden sobre MBS fue objeto de largo tratamiento en las preguntas de los corresponsales que asistían a la rueda de prensa en el Departamento de Estado, ese día a cargo del vocero adjunto Vedan Patel. La versión del Departamento de Estado fue que la posición sobre MBS era de carácter legal y no estaba referida a la situación de las relaciones bilaterales. Matt Lee, veterano periodista de AP, fue particularmente incisivo en sus preguntas: “¿considera usted, relacionado con esto, considera a Maduro como el jefe de Estado de Venezuela o jefe de Gobierno?”. Patel respondió: “No, no lo hacemos”. Lee reiteró: “¿Entonces, Maduro no recibirá el mismo tipo de trato [que MBS]?”. “Yo no quiero hablar de un caso judicial hipotético, pero es correcto”, dijo Patel usando una obvia paralipsis para afirmar que el gobierno de EEUU no tiene planteado reconocer a Maduro como jefe de Estado o de gobierno.
Pese a la negativa del vocero del Departamento de Estado, un implícito reconocimiento a Maduro como jefe de Estado ha sido una potencial consecuencia de la visita al Palacio de Miraflores el 05MAR22 del asesor presidencial de Biden y responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, el colombo-estadounidense Juan González.
González es uno de los artífices de la actual política del gobierno de EEUU hacia Venezuela, que tuvo su más reciente desarrollo con la modificación de las sanciones impuestas a la empresa petrolera estatal venezolana.
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El 23NOV22, el presidente colombiano y nuevo aliado de Maduro, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de Twitter que “este 25 y 26 se reinician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana”. Días antes, el 05NOV22 en entrevista con El Espectador de Bogotá, el embajador de Petro ante Maduro, Alberto Benedetti, había comentado que “las negociaciones van superbién. A finales de noviembre eso puede terminar demasiado bien e inesperado para todo el continente”.
Petro no forma parte del esquema de negociaciones entre Maduro y los partidos opositores venezolanos, pero los comentarios del presidente colombiano y su locuaz embajador sirvieron para confirmar que las negociaciones estaban en marcha.
El viaje a Ciudad de México de las delegaciones para retomar las pláticas solo era un ardid para ocultar que, tras bastidores y con una fuerte presencia de EEUU, se estaba armando un nuevo capítulo para la crisis venezolana. A finales del mes de noviembre se vencía la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro que permitía mantener operaciones mínimas en Venezuela a la petrolera Chevron y a las empresas de ingeniería Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International. Igualmente se vencía la licencia especial concedida a Chevron para entrar en contacto directo con el régimen chavista pare negociar un eventual futuro esquema de operaciones de la petrolera en Venezuela.
Desde la visita de Juan González a Caracas, en los mentideros de Washington quedó en evidencia el avance que la empresa Chevron había logrado en su objetivo de lograr una grieta legal para obviar las sanciones a la petrolera venezolana Pdvsa. Oficialmente el gobierno Biden dejó saber, en declaraciones y filtraciones de los principales operadores de política exterior de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que un relajamiento de las sanciones estaría condicionado a que Maduro regresara a la “mesa de negociación” establecida en México en 2021. Una salida pacífica para Venezuela, con elecciones libres, democráticas y observadas internacionalmente, es el desiderátum pregonado por Washington y aliados europeos. De manera tal que la concreción de los deseos del lobby petrolero requería de un acto simbólico, con México como escenario, en el cual se reanudaran “las negociaciones”.
Por cierto, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, en un tuiteo del 24NOV22, escribió en español informando que su gobierno acoge “con beneplácito el regreso al diálogo entre los partidos venezolanos esta semana”. Ya no se trata, en el lenguaje del Departamento de Estado, de negociaciones entre una dictadura y los defensores de la democracia, sino un “dialogo entre partidos”.
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El anuncio adelantado por Petro obligó a que el Ministerio de Exteriores de Noruega, que sirve como financista parcial y facilitador de las pláticas entre Maduro y los representantes opositores, emitiera un comunicado el 24NOV22. “Anunciamos que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación en México el 26 de noviembre, facilitado por Noruega. Ahí las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social”. El viaje de las delegaciones de Maduro y de la oposición a México tendría como objetivo real la firma de un acuerdo que los venezolanos desconocían. Los aparatos diplomáticos de EEUU, Noruega, la Unión Europea, aliados extranjeros del chavismo, diversos organismos de la ONU, habían estado en los últimos meses trabajando en un esquema que satisficiera la exigencia chavista de suspender las sanciones financieras de EEUU al régimen como condición para una hipotética negociación sobre condiciones electorales.
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El 26NOV22 el diplomático noruego Dag Nylander, el representante de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, y el representante de la alianza partidista “Plataforma Unitaria de Venezuela” Gerardo Blyde, junto con sus respectivas delegaciones, suscribieron dos documentos. El “segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” y un anexo con los términos para el seguimiento del propio acuerdo.
Mediante esos dos documentos fueron creados una “Mesa de Atención Social”, un “Grupo Especial para la Atención de los Efectos del Sobrecumplimiento GEAS”, una “Comisión de Seguimiento y Verificación”, y solicitaron a la ONU la creación de un fondo fiduciario que llevaría como nombre “Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano”. Según los firmantes, el esquema tendría como objetivo identificar, planificar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos para el sector eléctrico, infraestructura educativa pública, respuesta a las “torrenciales lluvias” y ampliación del programa de alimentos ejecutado por la ONU. En resumen, las fuerzas políticas venezolanas estarían creando un cogobierno entre la dictadura venezolana y los partidos opositores. Según el texto, en un plazo de 24 horas luego de firmado el acuerdo, las partes debían notificar al noruego Dag Nylander los nombres de los representantes en el GEAS y en la “Comisión de Seguimiento”.
Por cierto. La firma de los acuerdos sirvió para que el precandidato presidencial mexicano y actual ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, ganara cámara como anfitrión del evento.
Reza el acuerdo que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder […] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que competen a instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. El acuerdo no especifica el monto que administraría los numerosos grupos creados. Según altos jerarcas del régimen, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, el acuerdo les permitiría, por medio de la ONU, disponer de US$3.000 millones. En realidad, se desconoce cuánto dinero del Estado venezolano se encuentra represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual recuperación requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos.
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La firma de los acuerdos en México el 26NOV22 fueron inmediatamente saludados por los gobiernos de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Colombia, Argentina, y otros tantos. Algunos de ellos dejaron saber que en breve se realizarían nuevas rondas de negociaciones sobre los aspectos centrales de las garantías para elecciones presidenciales y la liberación de los presos políticos.
Pese a que se trataba de la semana del Día de Acción de Gracias, los responsables del Hemisferio Occidental en el gobierno Biden estaban atentos a los eventos en Ciudad de México. En la tarde del 26NOV22 el Departamento de Tesoro emitió una licencia pública denominada Licencia General 41 a favor de la empresa Chevron, así como licencias temporales a favor de las empresas de servicios estadounidenses para realizar operaciones en Venezuela, pero sin iniciar nuevos proyectos de perforación.
Mediante la licencia 41, el gobierno Biden autorizó por el plazo de seis meses, con eventuales renovaciones posteriores automáticas mensuales, para la creación de un monopolio a manos de Chevron para llevar petróleo venezolano a EEUU. La empresa fue autorizada a producir crudo, como parte de las operaciones de las empresas mixtas en las cuales la estadounidense es socia minoritaria de Pdvsa. El texto comente una equivocación al referirse a las “empresas mixtas” (joint ventures) de Chevron en Venezuela, cuando en realidad se tratan de empresas del Estado venezolano de las cuales la estadounidense es operadora y socia minoritaria.
La licencia prohíbe que Chevron pague impuestos o royalties al “gobierno de Venezuela” y dividendos a Pdvsa, con lo cual expresamente reconoce a la dictadura chavista como “el gobierno de Venezuela”. Igualmente prohíbe negocios de Chevron con empresas rusas o iraníes que operen en Venezuela. Según el chavismo, la licencia no impide que el régimen obtenga beneficios de la venta de crudo, ya que los impuestos y royalties son pagados por las empresas mixtas y no por Chevron. Tanto el Departamento del Tesoro como voceros del Departamento de Estado han asegurado que supervisarán la ejecución de la licencia para impedir que el régimen se beneficie de ingresos.
El lobby petrolero logró crear una grieta en las sanciones estadounidenses al régimen venezolano sin que, en contrapartida, se produjeran avances reales en las “pláticas” sobre la realización de elecciones libres en Venezuela.
Voceros de la oposición que firmó los acuerdos han hecho circular la versión de haber ido “nariciados” a México, obligados por los aliados internacionales. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó el 30NOV22 que la realización de “elecciones libres” en 2024 estará condicionada a la eliminación de las sanciones internacionales. La cronificación del régimen chavista pareciera haber ganado nuevo terreno.
Los asesores de Biden le ofrecieron que esta línea de acción le permitiría simultáneamente agradar al sector petrolero estadounidense y dar una respuesta al “tema Venezuela” al “obligar” a que Maduro se siente en una mesa de negociación. En tanto, en Washington corren rumores de una pronta reestructuración de los equipos encargados de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.
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Juan Guaidó ordenó el cierre de la misión diplomática que desde 2019 mantiene en Brasilia en previsión a medidas retaliativas contra su personal por parte del entrante gobierno izquierdista.
Para el 01ENE23 está prevista la toma de posesión presidencial de Lula da Silva quien es socio del régimen chavista. El PT, partido de Lula, ha sido particularmente activo para amparar los intereses de la dictadura venezolana en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Incluso la sede de la Embajada de Venezuela en Brasilia permanece bajo control de enviados de Maduro, atrincherados bajo protección del PT.
El gobierno Bolsonaro reconoció legalmente en 2019 y otorgó tratamiento de jefe de misión diplomática a la venezolana María Teresa Belandria, la enviada por el “gobierno provisional” encabezado por Guaidó. El 28NOV22 Belandria entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil una nota verbal mediante la cual notificó el fin de sus funciones el 26DIC22, lo cual significa el cierre de la misión.
Artículo publicado previamente en Diario Las Américas
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