Para nadie es un secreto la evidente y profunda división en la oposición venezolana. Larvada durante más de una década, brotó sin medias tintas con las primarias presidenciales de 2023. Aquel domingo de octubre, la figura de María Corina Machado arrasó al desprestigiado liderazgo de la Plataforma Unitaria.
El resultado de aquella consulta obligó a la maltrecha dirigencia, con los resabios del caso, a apoyar “con dientes apretados” al presidente electo el 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia. Estaba ante la peor paliza que haya recibido un mandatario candidato en Latinoamérica durante el siglo XXI.
Consumado el asalto al poder con la fraudulenta y descalificada asunción de Maduro en enero de 2025, no reconocida ni nacional ni internacionalmente, este procedió a convocar anticipadamente elecciones legislativas y regionales para el próximo 27 de mayo. Fue un anzuelo para garantizarse el “reconocimiento” a su denostado mandato, atrayendo a la participación de la oposición inconforme por su disminuido estatus político.
Aun así, esta insiste en participar con un CNE perpetrador de la mayor estafa electoral de nuestra historia republicana. Aspira a mantener sus cuotas de poder locales y el botín de cargos para su militancia. Demás está decir que estos resentimientos internos en la oposición venezolana los alienta el alto gobierno, sobre todo el teniente del Furrial a tambor batiente. Buscan profundizar las diferencias opositoras, alimentadas por informantes y alacranes.
Ahora bien, estas maniobras distractivas del régimen contienen un objetivo mayor: mantener ocupados a todos los factores opositores en el escenario electoral; entre tanto, ocultao sus verdaderas intenciones: imponer con su proyecto de reforma constitucional el vertical Estado comunal.
Nicolás Maduro no pierde tiempo. Anunció desde febrero cuatro comisiones para la reforma de la Constitución: una para un “nuevo sistema de Estado democrático, e incorporar al Poder Comunal, Social y Popular”, encabezada por Jorge Rodríguez; otra “en los términos jurídico, constitucional”, bajo la coordinación de Tarek William Saab en su condición de presidente de la comisión especial; una tercera para “definir los parámetros, valores y principios”, presidida por Cilia Flores; mientras que la cuarta y última comisión realizará el “Nuevo Modelo Económico diversificado”, encargada a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Conjuntamente con este comité de marras, cuya única característica es la fidelidad perruna, Maduro nombró una macrocomisión integrada por 25 funcionarios, entre ellos ministros, representantes de los poderes públicos y militantes del PSUV. Su única función es ser comisarios de un régimen que copia al dictatorial Estado castrista.
Curiosamente, esta “reforma constitucional” significará la clausura de las instancias “electas” en mayo. A saber, las alcaldías y concejos municipales, las gobernaciones, la Asamblea Nacional y consejos legislativos. Todos, sustituidos por las comunas y parlamentos comunales, microinstancias que, bajo el signo de la “democracia directa”, reportarán en línea vertical al caudillo presidente.
Afortunadamente, la sociedad civil comienza a movilizarse. Desde los sindicatos en los estados Aragua y Zulia, y en universidades en el Distrito Capital, han comenzado a realizar foros y asambleas ciudadanas para alertar de la amenaza de eliminar los logros consagrados en nuestra carta magna.
Hasta ahora no se conoce el contenido de los 80 artículos que serán reformados de nuestra Constitución. Ello que significa redoblar la alerta de movilizaciones ante las manifiestas intenciones de socavar nuestro sistema democrático. Las circunstancias determinan la unidad de todos los sectores democráticos, ya que ninguna potencia extranjera vendrá a rescatarnos de una “reforma constitucional” que vulnera el Estado de derecho.
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