Para entrar en lo que dice el informe más reciente de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU para Venezuela, vale la pena detenerse un momento en cómo se construye, porque eso también es parte de la noticia. La Misión tiene un equipo de investigadores que no trabaja con rumores ni con listas armadas con intención política. Su trabajo es técnico y debe cumplir con estándares de investigación altos. Para este documento realizó 213 entrevistas confidenciales, algunas presenciales y otras remotas, con 121 víctimas (33 a mujeres, 88 a hombres), familiares, testigos, organizaciones venezolanas e internacionales. Cruzó esa información con documentos oficiales, forenses y judiciales, con fotografías, videos y reportes de organizaciones acreditadas, y además con años de expedientes propios acumulados desde informes anteriores, porque la Misión existe desde 2019. Contó además con apoyo forense especializado y con el ecosistema de derechos humanos de la ONU y la OEA.
El estándar que usan para afirmar algo se llama “motivos razonables para creer”, este es un umbral pensado para investigaciones de derechos humanos, más exigente que un simple indicio, aunque más bajo que el que se necesita para una condena penal. Por eso no son un tribunal, pero pueden alimentar a los sistemas de justicia. Y hay un dato que conviene subrayar aparte: el Estado venezolano, pese a las resoluciones del propio Consejo de Derechos Humanos que le piden cooperar, ignoró todas las solicitudes de información que le envió la Misión. Todo lo que van a leer en esta serie fue reconstruido contra la negativa oficial a colaborar. Cuando haya cambios reales en las instituciones de Venezuela, habrá mucha más información disponible.
Con esa base, el primer hallazgo que quiero compartir con ustedes es, para mí, el más importante de todo el informe y el que explica por qué el resto de los casos que vamos a mostrar en esta serie no son hechos aislados del pasado, sino advertencias sobre el presente:
Después del ataque estadounidense del 3 de enero y la captura de Maduro, bajaron las detenciones largas. Hubo excarcelaciones, centenares de ellas, aunque el Estado se ha negado a publicar sus listas o compartirlas con la ONU. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, hizo cambios en el gabinete y en la cúpula militar. Todo eso es cierto y el informe lo reconoce.
Pero la Misión fue más allá de los titulares y revisó, nombre por nombre, quién quedó a cargo de la seguridad y la inteligencia del país. Encontró que al menos 12 personas señaladas en informes anteriores por responsabilidad en violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad ocupan hoy cargos públicos, y que otras 6 que ya estaban en funciones antes del 3 de enero siguen en sus puestos. Entre los nombres que documenta con expedientes específicos están Diosdado Cabello (ministro de Relaciones Interiores, con influencia documentada sobre el SEBIN), Gustavo Enrique González López (nombrado ministro de Defensa tras dirigir el SEBIN y la DGCIM en distintos periodos), Alexander Granko Arteaga (llamado por la prensa “el gran torturador”, hoy en la cúpula de la DGCIM) y Vladimir Padrino López (destituido como ministro de Defensa en marzo, pero reubicado en otro ministerio, sin investigación abierta en su contra).
Aquí es donde el informe pide un cambio de mirada a quienes seguimos la actualidad venezolana día a día. La pregunta más importante no es solamente quién está gobernando hoy, sino quién sigue teniendo el mando operativo sobre los cuerpos que han sido señalados como responsables de desapariciones, torturas y muertes bajo custodia durante más de una década. Y la respuesta para el año 2026, según la Misión, es que en gran medida son las mismas personas. Esto es material que puede servirle a cualquier misión diplomática, inversionista, analista de riesgo y a la sociedad civil, para definir sus próximos análisis y decisiones sobre Venezuela.
Por eso arrancamos esta serie con este hallazgo. Todo lo que vamos a mostrar en los próximos días, las historias de personas concretas que murieron o desaparecieron bajo custodia del Estado, ocurrió dentro de un aparato que, según Naciones Unidas, sigue funcionando con la misma arquitectura de siempre.
@LuisCarlos | Luis Carlos Díaz es periodista y activista por los DD. HH.
Fuente principal:
Informe La continuidad del aparato represivo. Misión de Determinación de Hechos. Septiembre de 2026.
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