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En mayo de 2018, Tiany Piñeros cruzaba el Puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, con su hija de 9 meses en brazos y rodeada de maletas. Su viaje había comenzado desde Punto Fijo, en Falcón, donde estudió Educación Física hasta que la crisis se lo impidió. Ese mes emigraba a Lima, Perú, donde la esperaba su esposo. Ella y él, quien se había ido seis meses antes, se fueron sin tener pasaportes venezolanos porque aunque ambos los solicitaron y cumplieron todos los trámites para obtenerlos, varios meses después no los tenían en sus manos. 

Mientras esperaban sus documentos, Tiany y su marido vieron cómo todo se encarecía. Eran los primeros meses de la hiperinflación y solo entre enero y mayo de 2018, los costos se multiplicaron alrededor de 400%, de acuerdo con datos de Econométrica. Los pocos ahorros que tenían para viajar comenzaban a esfumarse de sus manos. En medio de la desesperación, decidieron que era momento de partir. En distintas épocas, la pareja cruzó la línea entre Táchira el Norte de Santander con un carnet fronterizo que expide Migración Colombia pero que ambos habían comprado falsificado a un tercero.

La decisión que tomó Tiany la han tomado millones de venezolanos que hoy están fuera de su país sin papeles, sin identidad. Esa condición es, de acuerdo con especialistas consultados, una de las causas de que la población del país sea cada vez más vulnerable ante la trata de personas.

El pasado 30 de julio se celebró el Día Mundial contra este flagelo y la huida de los venezolanos continúa. Este es el país del continente americano con mayor cantidad de casos de esclavitud moderna (al menos 174 mil, es decir, 5,58 de cada 1.000 habitantes), de acuerdo con el Global Slavery Index de la Fundación Walk Free. En el mundo, Venezuela ocupa el puesto 61 de 167 países registrados. Ya el año pasado, la Asociación Civil Paz Activa advertía que entre 2014 y 2018, la incidencia de este delito había aumentado en 300%.

Una de las expertas que advierte el fenómeno es Cécile Blouin, investigadora principal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desarrolló un estudio sobre la situación de los venezolanos en Lima, el cual reveló que al menos 52% de los migrantes que están en la capital peruana habían llegado solo con su cédula de identidad nacional, tal como lo hicieron Tiany y su pareja. 

De igual manera, a esos indocumentados se les ha hecho cuesta arriba legalizar su situación en su nuevo país. El permiso temporal de permanencia que les permitía trabajar por un año dejó de emitirse en octubre pasado. Y desde el 15 de junio de este año, el gobierno peruano exige la expedición de una visa a los venezolanos que quieran ingresar a la nación, sea en calidad de turistas o con miras a una residencia permanente.

“El acceso a un trabajo formal se ve dificultado por la documentación”, señaló Blouin en un seminario digital presentado por la plataforma online Freedom Collaborative, que une a organizaciones que trabajan contra el tráfico humano alrededor del mundo. A eso, comentó la experta, había que agregar que las condiciones de informalidad del mercado laboral peruano exponían todavía más a la trata de personas a quienes no tenían papeles.

De acuerdo con el Protocolo de Palermo (documento de las Naciones Unidas para prevenir, sancionar y reprimir este flagelo) la trata de personas se define como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. 

En Venezuela, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) –como se define a las situaciones que combinan factores que van desde conflictos armados de naturaleza civil, desplazamiento de la población, escasez de alimentos, proliferación de enfermedades, desmoronamiento de la economía informal y hasta el debilitamiento y la pérdida de las instituciones – ha empujado a cientos de miles a tomar sus maletas y huir. Según estimaciones de la ONU, a finales de 2019 más de cinco millones de venezolanos habrán migrado en medio de este escenario. 

“La incidencia de trata aumenta en contextos de movilidad humana”, afirmó la oficial del Programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Suramérica, Agueda Marín, en un foro organizado por la Asociación Civil Éxodo Venezuela en mayo pasado en Caracas. Fue allí donde explicó que la pérdida de la protección que ofrece el seno familiar, la precariedad de las condiciones en las que se hace el viaje y el hacinamiento en los hospedajes que están en la ruta o en la ciudad destino, así como las ofertas de trabajo ilegal, exponen todavía más a los migrantes. 

La crisis de movilidad humana en América Latina también es mencionada por el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) al hablar sobre las principales alertas relacionadas la trata de personas en el contexto de la EHC que atraviesa el país.  “La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobreexposición de la población venezolana a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela como en los países de tránsito y destino”, indicó la organización en un documento presentado en rueda de prensa el pasado 29 de julio.

Los más vulnerables

Beatriz Luna, abogada colombiana y consultora independiente en temas de migración, explicó que a su país han llegado tres oleadas de migrantes venezolanos: la primera, conformada por inversionistas y empresarios que se fueron a instalar allá sus compañías y operaciones; la segunda, con profesionales que llegaron en la búsqueda de trabajo; y una tercera, en los últimos dos años, que llega en “extrema vulnerabilidad”. 

“Es una migración más amplia que las demás, con personas que llegan en condiciones socioeconómicas difíciles, que buscan medicinas o alimentos. Hay algunos que están un par de días y regresan”, comentó. Tales condiciones exponen todavía más a los venezolanos que se van.

“La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación”, subraya el Grupo de Trabajo, que sostiene que cuando la población padece necesidades extremas se hacen más frecuentes las prácticas de sobrevivencia. “El intercambio de sexo por comida es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y aumentan los riesgos de trata de personas”, concluye el documento.

Delisbeth Villalobos, abogada en Venezuela de HIAS –organización sin fines de lucro que brinda asistencia a refugiados– alertó en el seminario web de Freedom Collaborative que en ese desplazamiento también hay niños y adolescentes sin padres ni representantes que buscan alimentos en Colombia y van a los comedores fronterizos. Esa vida en la frontera hace que sean más susceptibles a ser reclutados para traficar combustible y comida entre ambos países, o captados por grupos al margen de la ley que controlan la zona, así como para la explotación laboral y sexual. 

“El ejercicio obligado de la mendicidad es otra situación preocupante que se ha naturalizado por la gran cantidad de personas de todas las edades que mendigan para subsistir”, sentencia el Grupo de Trabajo. “Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, añade. 

Las mujeres son las más vulnerables ante las redes de trata de personas. De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que datan de 2018, 68% de las víctimas de este delito en el país son del sexo femenino. En el mundo, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este porcentaje llega a 72%.

“Solo por el hecho de ser mujer hay que migrar con documentación, maletas y desigualdades”, enfatizó Dorennys Angulo, directora de Éxodo, en el encuentro de Freedom Collaborative, y detalló que la etapa del tránsito hacia otros países suele asociarse con riesgos a abusos y violencia sexual y extorsión (así ocurre el sexo transaccional o de supervivencia), sobre todo si viajan solas y carecen de redes de contactos o familiares que puedan auxiliarlas.

“Para las mujeres hay distintos problemas para el acceso al trabajo y el desarrollo del mismo, porque sufren acoso desde la búsqueda hasta el desarrollo del trabajo. Eso las expone a explotación laboral y abuso sexual”, recalcó Cecile Blouin. El trabajo sexual, acotó, se convirtió para algunas venezolanas en opción de sobrevivencia en Lima. 

Los miembros de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) y la población indígena también están en situación de vulnerabilidad, según las alertas enunciadas por el Grupo de Trabajo. Las redes de trata suelen captar a mujeres trans a través de ofertas de pago de tratamientos médicos que les permitan hacer su proceso de transición sexual o ponerse implantes. Otras se ven obligadas a migrar y ejercer la prostitución. 

Mientras, los riesgos que corren los indígenas, y en particular las mujeres de estas etnias, están asociados a la obtención de documentos de identidad, así como al “aumento de actores armados no estatales y caos originado por la minería ilegal” en sus territorios originarios, apunta el comunicado.

Migrar desinformado

Los especialistas coinciden en que la desinformación es uno de los obstáculos que enfrentan los migrantes al momento de salir del país y esto, a su vez, es un riesgo ante la trata. 

“Los que se van toman decisiones desesperadas, no evalúan los riesgos de viajar solos y sin documentos y se dejan llevar por información ‘de boca a boca’ de quienes han logrado llegar a un segundo o tercer destino (…) La población está de espaldas a la información por falta de acceso, pero también por la necesidad que tienen de acceder a servicios y bienes de consumo. Eso hace que la seguridad sea el factor que menos observen al migrar”, señaló Villalobos.

Blouin destacó que también hay dificultades para visibilizar el delito por la falta de acceso a información pública en Venezuela. Aunque una cifra extraoficial citada por la especialista destaca que entre enero y febrero de 2019 se identificó a 59 víctimas de trata, número que representa a 57% los casos registrados en 2018 (102 en total), se desconoce cuál es la respuesta del Estado venezolano ante los afectados y cuáles son las políticas de prevención aplicadas.

Sobre esa necesidad de información también se refiere el Grupo de Trabajo, que insiste en que se debe optimizar el registro oficial de las víctimas del delito, así como su acceso a la justicia, además de exigir la publicación de las estadísticas para que se conozcan las dimensiones del problema. Piden igualmente que se incluyan las perspectivas de género en el diseño y aplicación de políticas públicas, así como el fortalecimiento del sistema que protege a niños y adolescentes. 

Para el conglomerado, es clave la “creación de fiscalías especializadas que optimicen los procedimientos de justicia penal para desarrollar, investigar, enjuiciar y sancionar con efectividad a los responsables de la comisión de este tipo de delitos”.