Expertos consideran que durante el estado de alarma por el coronavirus se han producido más ataques contra los internautas venezolanos
De acuerdo a un estudio de la empresa Speedtest Global Index, Venezuela ocupa el puesto 175 de 176 países en cuanto a conectividad a internet, solo supera a Turkmenistán.
Por debajo de naciones como Angola y Yemen, Venezuela tiene un promedio de velocidad de 3,67 Mbps, cifra inferior al estándar mínimo de 4 Mbps estipulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Según Andrés Azpúrua, director de Venezuela Sin Filtro, Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad y el periodista experto en redes sociales, Luis Carlos Díaz, los derechos digitales de los venezolanos se han visto más vulnerados de lo que ya estaban durante la pandemia del coronavirus.
Se entiende por derechos digitales el acceso universal e igualitario a internet, la libertad de expresión, comunicación e información, la privacidad y protección de datos, la libertad de acceso a cualquier página web, la confidencialidad y la propiedad intelectual.
IPYS advirtió que desde mediados de marzo, fecha en la que se decretó el estado de alarma en Venezuela, 39 casos de violaciones a los derechos digitales de medios de comunicación y periodistas.
De acuerdo a Azpúrua, Balbi y Díaz la pandemia ha servido a la administración de Nicolás Maduro para establecer un modelo ideal de dominación y control de los derechos digitales de los venezolanos.
¿Cómo evalúa los derechos digitales de los venezolanos en los actuales momentos?
Andrés Azpúrua: En Venezuela están seriamente coartados, uno de los mayores problemas son los bloqueos a internet que limitan seriamente el ejercicio de los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de información. Esto lo vemos reflejado en las páginas de noticias y es algo que proviene del Estado, es el gobierno pidiéndole a los distribuidores que censuren sus conexiones a internet para que la gente no pueda conectarse e informarse. También hay una vigilancia a lo que la gente publica en redes sociales. Eso ha perjudicado el derecho legítimo de las personas a la libertad de opinión. Igualmente tenemos los ataques a páginas donde suelen ser víctimas los medios de comunicación, esto que cuando atacantes sobrecargan una página web para que los servidores no puedan responder a las solicitudes genuinas de los usuarios. Hay ataques que se aprovechan del control del gobierno sobre Cantv para manipular las conexiones de sus usuarios y hacer que estos caigan en otras páginas como sucedió el año pasado con la de Voluntarios por Venezuela de Juan Guaido.
Por otro lado, tenemos la manipulación en línea, que son campañas de desinformación orquestadas en redes sociales para crear una matriz de opinión a través de acciones coordinadas y bots. La idea es generar confusión entre la gente que posee cuentas en distintas plataformas.
Marianela Balbi: En Ipys Venezuela alertamos de cómo desde el Estado se perpetran las restricciones a los derechos digitales. El abuso del poder estatal se han manifestado con fuerza. El primer sujeto que violenta la libertad de expresión es el Poder Ejecutivo y sus fuerzas de seguridad, y le sigue su órgano censor, Conatel.
Estamos viendo violaciones a las garantías en la red que comprenden restricciones de acceso a internet por fallas de los servicios de conexión fija y móvil en todo el país; ataques a los servidores de portales informativos, acciones intimidatorias hacia periodistas, bloqueos a portales de noticias y plataformas de redes sociales, restricciones a la expresión en línea, y restricciones normativas.
Estas medidas de censura digital fueron un tema de preocupación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En este reporte, la ONU constató que en los últimos años el gobierno venezolano “ha bloqueado regularmente sitios web de noticias y de las principales redes sociales”, y señaló que esta práctica está limitando aún más el acceso a la información independiente de aquellas personas que no tienen acceso a internet.
Luis Carlos Díaz: Venezuela es el país de América que bloquea más páginas web, que ha encarcelado a más personas por contenidos publicados en línea. Es un país que niega derechos básicos de accesibilidad, que afectó a la libre empresa y la competencia (por eso tenemos conexiones tan malas, un rezago monstruoso en la infraestructura y en este momento una desigualdad tremenda), también es un país que vigila y espía comunicaciones. Además, sus sistemas de vigilancia y control social a través de la tecnología han incluido violaciones masivas de derechos humanos como hacer obligatorio el uso de captahuellas para comprar comida (por fortuna ya desechado) y la implementación del carnet de la patria, una herramienta de control político sobre los más vulnerables. Son derechos brutalmente violados, cometidos además por autoridades que actúan con discrecionalidad y de forma abusiva, que se vale no sólo de un aparato represivo inaceptable para cualquier demócrata del planeta y que además cuenta con un aparato de propaganda que genera desinformación en espacios digitales. La combinación de todo eso nos pone en el sótano continental de derechos digitales.
¿La pandemia ha significado más violación a los derechos digitales?
AA: Han habido nuevos casos de bloqueo a internet, iniciativas que vienen de la Asamblea Nacional y de su presidente Juan Guaido sobre información acerca del Covid-19 han sido censuradas. Todo lo que tiene que ver con el estado de los centros hospitalarios es obstaculizado por parte del gobierno, la poca disponibilidad de equipos de protección individual para el personal sanitario, los reclamos de médicos y enfermeras. La verdad es que la pandemia vino con un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos en general.
MB: El estado de alarma decretado y extendido sin la aprobación de la Asamblea Nacional legítima, ofrece el contexto perfecto para un modelo de dominación y control social marcado por la separación de los ciudadanos, prohibición de reunión, prohibición de protesta, pérdida del espacio público. Desde que se anunció el decreto de estado de alarma por la pandemia el 13 de marzo, hasta el 2 de agosto, IPYS Venezuela ha registrado 39 casos de violaciones a los derechos digitales de medios de comunicación y periodistas, y nueve casos más de detenciones arbitrarias contra reporteros luego de haber publicado información en sus redes sociales o en las de los medios para los que trabajan.
LCD: La cuarentena le inyecta esteroides a los problemas que ya se tenían. Porque además se le suma que muchas interacciones sociales pasan a ser digitales y eso en el entorno que construyó el chavismo en estos años significa exclusión: hay zonas desconectadas, hay millones de ciudadanos que no tienen acceso a Internet y el empobrecimiento del país ha sido tan brutal que la mayoría de la población no puede pagar lo que cuestan en realidad los servicios de telecomunicaciones.
Es decir: lo que fue una crisis por diseño ahora le genera ganancias a la dictadura, porque significa más gente desconectada, desinformada y vulnerable a la que puede controlar de formas aún peores.
¿Que puede hacer el ciudadano común para defender sus derechos digitales?
AA: Lo primero que hay que hacer es visibilizar que buena parte de la población no tiene acceso a internet, sin eso no hay defensa alguna de los derechos digitales. Es fundamental que tengamos un internet de calidad. El internet de Venezuela es el peor de Latinoamérica y uno de los peores del mundo. El primer paso ante el bloqueo de una página es evadirlo. Que el gobierno sienta que no tiene forma efectiva de censurar la información. Recomendamos a la gente que use un VPN porque además te da mayor privacidad y te protege de posible espionaje de parte de tu proveedor de internet. De esta manera es que los ciudadanos hacemos efectiva la defensa de nuestros derechos digitales y luchamos para que el aparataje de censura del gobierno sea menos dañino. Hay propuestas de la asamblea nacional constituyente para el control digital, pero la presión pública ha hecho que el costo político de una acción así se eleve. Al final en un país sin estado de derecho como Venezuela no es necesario que exista una ley para que prohiban algo, por eso en el futuro cercano nos va a tocar tomar un rol mucho más protagónico de protesta
MB: El ciudadano debe ser muy proactivo en la búsqueda de herramientas que burlen la censura y los bloqueos, como por ejemplo el uso de Virtual Private Network VPN para poder navegar los portales bloqueados. Al mismo tiempo, ser muy exigente en la información que recibe, que consume y que comparte para encontrar fuentes alternativas de información, y evitar ser parte de la desinformación. Por parte de las organizaciones, estamos haciendo un trabajo de registro, monitoreo y denuncia, en instancias nacionales e internacionales para mostrar las conductas autoritarias y violatorias de la libertad de expresión en internet en Venezuela.
LCD: Recuperar la democracia es fundamental. El ciudadano puede contratar un servicio de Internet de alta velocidad pagado en dólares, navegar usando un VPN o Tor, crear cuentas paralelas para decir libremente cosas en público, no depender ni necesitar al gobierno y proteger la seguridad de las comunicaciones. Todo eso se puede hacer, pero esos no son «derechos digitales». Derechos es que la seguridad y la libertad estén garantizadas para todos, no sólo para los que puedan financiarse una burbuja. Sin embargo, los infociudadanos venezolanos resisten y aún millones usan herramientas digitales para comunicarse, organizarse y movilizarse. A pesar del riesgo que eso representa para todos.
