En Venezuela ya existía un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, pero la llegada del coronavirus vino a profundizar esta problemática
El gobierno se valió de la crisis de la pandemia para seguir implementando su control social, a través de medidas que no responden a criterios médicos o científicos sino políticos
“Cuando llega la pandemia a Venezuela, por supuesto que lo que viene es a agravar más esa crisis humanitaria que ya teníamos. Y eso se da, principalmente, por las políticas públicas implementadas por el Gobierno”, dijo Yeimber Machado, abogado y miembro de la organización Defiende Venezuela
La abogada Natasha Saturno de Acción Solidaria asegura que en Venezuela no solo hay una violación flagrante del derecho a la salud, sino que se ha visto un patrón sistemático, grave y que tiene alcance nacional de violaciones del derecho a la salud
La llegada del coronavirus a Venezuela paralizó a Ana María Estrada. Recuerda estar sentada en la cocina y ver en la televisión a la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez informar sobre los dos primeros casos en el país y sentirse aterrada. Ella, pensionada de 63 años con hipertensión y con sus dos hijos fuera del país, sentía que tenía todos los boletos para que, si se llegaba a contagiar de COVID-19, le fuera muy mal.
Así que se tomó muy en serio la cuarentena y el ahorro de los pocos recursos económicos que tenía. Si apenas le alcanzaba para comer, mucho menos para comprar tapabocas o antibacteriales. Incluso, pasaba horas sin probar bocado para rendir los alimentos. “No sabía cuánto tiempo iba a pasar para volver a comer o a comprar comida. Eso me daba mucho miedo”, confiesa.
Cuando en el resto del mundo se comenzó a hablar de vacunas, Ana María se dijo que eso sería lo primero que haría cuando las dosis estuvieran disponibles en Venezuela. Se inscribió en el Sistema Patria y puso sus datos, con la esperanza de ser de las primeras en ponerse la vacuna.
Pasó semanas enterándose cómo a otros familiares, amigos o allegados les llegaba el mensaje, incluso a personas más jóvenes, menos a ella. Por insistencia de sus hijos, se acercó al Hotel Alba Caracas, en el centro de la ciudad, para ver si tenía suerte. Después de muchas horas de cola, sin certeza de que lo lograría, un efectivo de seguridad del Estado se apiadó de ella y la dejó pasar a vacunarse.
La historia de Ana María Estrada es una de miles.
La vulneración de derechos humanos en Venezuela no se limita a la pandemia por la COVID-19. Ya en el país se habían identificado denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza de seguridad, deterioro en sistemas de salud, servicios públicos, inseguridad alimentaria, escasez de medicamentos, pobreza extrema y una Emergencia Humanitaria Compleja desde el año 2016 que compromete otros derechos fundamentales.
Pero si los organismos internacionales ya habían asegurado que existían motivos suficientes para decir que en el país se violan los derechos humanos -incluso determinaron que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad desde 2014-, en el contexto por la llegada del coronavirus, la crisis no hizo sino aumentar.
El panorama en Venezuela, antes de la pandemia, ya era desalentador. Así señaló a Runrun.es el abogado Yeimber Machado, miembro de la organización Defiende Venezuela.
Pero no todo era una crisis de institucionalidad, sino que se sumaba la deficiencia de los servicios públicos, tales como el agua, la electricidad, el gas, el transporte público. “Casi todo estaba a nivel de colapso”, agrega Machado.
“Cuando llega la pandemia a Venezuela, por supuesto que lo que viene es a agravar más esa crisis humanitaria que ya teníamos. Y esa agravación se da, principalmente, por las políticas públicas implementadas por el Gobierno”.
La excusa para tener más poder
El 13 de marzo de 2020 se decretó en Venezuela un estado de alarma mediante un decreto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria. Aunque es un estado de excepción consagrado en la Constitución, pero deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, tiene una duración de 30 días y solo puede ser prorrogable por otros 30 días más. Sin embargo, el Gobierno estuvo prorrogando el estado de alarma reiteradamente en el resto del año 2020, violando la Constitución.
Nicolás Maduro informó sobre las medidas que se adoptarían para hacerle frente a la pandemia por el coronavirus. Estas incluían restricciones a la circulación y libre tránsito, suspensión de actividades académicas presenciales, suspensión de eventos y manifestaciones públicas, cierre de fronteras y suspensión de vuelos, uso obligatorio de mascarillas.
Y aunque en los estados de alarma se restringen garantías constitucionales, no debe implicar una vulneración de los derechos fundamentales. Eso en Venezuela no pasó: la política de aislamiento que adoptó el gobierno de Nicolás Maduro fue radical.
Machado explica que, bajo la excusa de la cuarentena social, se reprimían protestas o concentraciones, sobre todo de las personas que vivían en las regiones que se movilizaban en demanda de los servicios públicos.
Incluso con las restricciones de las libertades, cuarentena, medidas de distanciamiento social y la reducción del espacio cívico, en 2020 hubo 9.633 protestas en Venezuela, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). 81% de las protestas documentadas ocurrieron durante la vigencia total del decreto de estado de alarma por el coronavirus.
En un informe de Defiende Venezuela, reportaron detenciones arbitrarias de al menos 628 personas desde el comienzo de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020 hasta mayo de 2021 por ejercer su derecho a la manifestación.
“No solamente fue la persecución al ciudadano común, sino incluso a periodistas y médicos que denunciaban alguna irregularidad o la falta de medicamentos e insumos. Eran perseguidos y encarcelados”, dice el abogado.
Salud en terapia intensiva desde siempre
El sistema de salud público venezolano ha sido de los más afectados por la crisis. Recortes presupuestarios, pérdida de la capacidad de atención, desabastecimiento de medicamentos e insumos, disminución en la calidad del servicio, bajos salarios para los trabajadores de la salud, rebrotes de enfermedades ya erradicadas, migración de profesionales, fallecimientos por muertes prevenibles.
Saturno cuenta que las conclusiones más importantes de un informe de la organización, en el que hicieron un monitoreo desde enero hasta diciembre de 2020, fue cómo la pandemia había exacerbado deficiencias que se venían arrastrando de años anteriores.
El gobierno estableció 46 hospitales del país como centros centinelas en Venezuela para que fueran rectores en el proceso de atención del coronavirus. Esta medida, afirma Saturno, no atendió a ningún tipo de criterio médico, geográfico o poblacional. “Entonces, encontramos que en lugares con menos población había más centros centinelas que en lugares con mayor población y con focos más importantes.
“Hubo algunas cosas locas que pasaron aquí que no pasaron en ninguna otra parte o pasaron en pocos lugares”, dice Saturno. “El Estado venezolano aprovechó la excusa de la pandemia para decir que estaban haciendo un monitoreo y un trabajo de seguimiento de casos en el país para hacer detenciones arbitrarias. Hubo varios casos y denuncias de personas, normalmente políticos de oposición o activistas que critican abiertamente al Estado venezolano, donde les llegaron a sus hogares cuerpos policiales con la excusa de que habían recibido una denuncia de que esas personas tenían COVID-19. Se los llevaban, recluidos en contra de su voluntad, los amedrentaban”, narró.
El Estado habilitó hoteles, residencias estudiantiles y el mismo Poliedro de Caracas como centros de cuarentena obligatoria para aislar a pacientes con sospecha de COVID-19 o contagiados. Pero las situaciones eran deplorables: las personas estaban hacinadas, encerradas en sitios con condiciones insalubres, sin asistencia médica y acceso limitado a alimentos y agua.
Esto también ocurrió con los venezolanos migrantes que, en medio de una pandemia en sus nuevos países de acogida, decidieron volver a Venezuela. En vez de ser bien recibidos al llegar, fueron encerrados en los Puntos de Atención Social Integral (PASI) donde debían cumplir una cuarentena obligatoria en las peores condiciones. El propio gobierno propició un discurso contra estos venezolanos retornados, a quienes llamaban “armas biológicas o bioterroristas”.
“La información que nos llegaba de ahí era aberrante, prácticamente eran como pequeñas cárceles. Primero obligaron a colegios e instituciones privadas que prestaran esos espacios. Eran salones compartidos y no les proporcionaban alimentación adecuada ni cobijos, sino que la gente tenía que resolver con lo que tenía. Entonces algo que se supone que era para prevenir terminaba convirtiéndose incluso en focos de contagios de COVID-19”; apunta Saturno.
Uno de los grupos afectados en el derecho a su salud fueron aquellos pacientes renales, oncológicos, diabéticos e hipertensos quienes, de alguna manera, quedaron todavía más desplazados por la atención urgente y necesaria de la pandemia.
“Esto es algo que sucedió en todas partes del mundo. No podemos decir que Venezuela fue una excepción, esto fue algo generalizado. Pero si Venezuela ya tenía una afectación bastante marcada, esto lo profundizó”, señala Saturno.
El cierre o el colapso por COVID-19 de algunos centros de salud afectó a personas en espera de trasplantes que deben dializarse varias veces al mes o las medidas de cuarentena impidieron que las personas accedieran a su derecho a la salud. “Personas que iban a retirar medicamentos, que necesitaban hacer un seguimiento de sus condiciones de salud, les restringieron el paso, sin importar que tuviera justificativo. El derecho a la salud no es un derecho que puedas restringir. Tenía que haber ciertas consideraciones y excepciones que no se tuvieron”, dice la abogada.
Saturno destaca que también hubo una intensificación de la criminalización dentro de los centros asistenciales públicos contra el personal de salud. Los obligaban a cumplir los horarios y las guardias, sin ofrecerles los equipos necesarios para su exposición al virus. “También los criminalizaron por darte información sobre la situación real de cómo estaban los centros y cómo se estaban atendiendo los casos de COVID-19. Los amenazaban con botarlos o quitarles los beneficios”.
Según PROVEA, a noviembre de 2020, 25 integrantes del personal de salud fueron detenidos por hechos relacionados a la difusión de información sobre COVID 19 a la población.
El personal de salud también se convirtió en un grupo de vulnerabilidad creciente. Más de 800 profesionales de la salud han muerto desde que inició la pandemia por la COVID-19 “Quienes están en la línea directa de atención han demandado con urgencia esa ayuda. Implementos de bioseguridad, equipos e insumos. Pero la distribución no ha sido equitativa”, reza un informe de Acción Solidaria.
Saturno asegura que en Venezuela no solo hay una violación flagrante del derecho a la salud, sino que se ha visto un patrón sistemático, grave y que tiene alcance nacional de violaciones del derecho a la salud.
Alimentos, educación y trabajo en jaque
Las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) también se han agravado en el contexto de la pandemia. De acuerdo con la organización Hum Venezuela, los niveles de pobreza, de inseguridad alimentaria, de desempleo y de deserción escolar continúan incrementando de manera grave y alarmante.
El cierre de vías por el decreto de emergencia, el cese laboral y el llamado al encierro para cumplir con la cuarentena derivó en problemas para las personas que dependían de sus trabajos, del día a día para poder enfrentar los distintos problemas producto de la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela.
Hum Venezuela asegura que 94% de la población no cuenta con los ingresos para obtener la canasta básica, mientras que 9,3 millones de venezolanos se encuentran en inseguridad alimentaria, según un estudio del Programa Mundial de Alimentos.
Conforme a estándares internacionales, los Estados tienen el deber de garantizar la accesibilidad a educación gratuita y la sostenibilidad de la misma. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación en virtud de que en varios sectores del país venían ocurriendo suspensión de actividades escolares en los niveles de educación primaria, secundaria y superior como consecuencia de los apagones y la interrupción en el suministro de agua.
Esto con la pandemia empeoró. “El tema del derecho a la educación fue de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Al principio lo que se hacía era una educación comunitaria a través de radio o televisión, sin ningún tipo de tecnicismo, preparación o distinción de grados o niveles. Luego se empieza a implementar la educación online y la calidad de la educación se vio mermada y afectada por el tema de los servicios públicos”, manifiesta el abogado Yeimber Machado.
Las decadencias tecnológicas y las fallas en los servicios públicos que constantemente ocurren en el país han sido una limitación muy severa para el desarrollo del estudio a distancia. Y no es poca cosa: Venezuela tiene el tercer peor Internet móvil del mundo, con una velocidad de 5.88 Mbps, solo por encima de Afganistán y Turkmenistán. La disponibilidad de computadora y otros recursos de aprendizaje a distancia en el hogar está diferenciada según el perfil socioeconómico, lo que aumenta los índices de desigualdad.
En un informe de Defiende Venezuela se señaló que organizaciones de la 231 sociedad civil indicaron que, durante el año escolar 2021, ha habido un alto índice de abandono de la educación básica, algunas sugiriendo que hasta un 50%, principalmente por la necesidad de obtener ingresos familiares en medio de la pandemia.
Asimismo, según la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el tiempo fuera de las aulas por motivo del distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 ha provocado un rezago escolar, el promedio de los estudiantes de secundaria no supera los 10 puntos sobre 20.
Por su parte, Machado destaca que la situación del derecho al trabajo es compleja. El gobierno garantizó la inamovilidad laboral para la estabilidad de los trabajadores, pero resultaron gravemente perjudicados los empleadores. “No tenían cómo producir el dinero y el gobierno los obligaba de alguna manera a mantener a los trabajadores en el ejercicio”, explica.
De acuerdo a la ENCOVI-2021, hombres y mujeres entre 15 y 29 años se encuentran doblemente excluidos de las actividades productivas del país. Entre 2013 y 2021, aumentó en Venezuela el fenómeno denominado “doble exclusión”, es decir, las personas entre 15 y 29 años no están inscritos en centros educativos y tampoco se encuentran insertos en el mercado laboral
Afirma que una de las grandes vulneraciones de derechos que documentaron en Defiende Venezuela fue la implementación de los planes de Chamba Juvenil. “Lo hacían a través del Carnet de la Patria, no era una política de Estado para toda la sociedad, sino simplemente para aquellas personas que estuvieran afiliadas. Esto era totalmente discriminatorio”.
Adultos mayores: los más vulnerables
Desde que el coronavirus fue identificado en el mundo, se señaló que los adultos mayores eran un grupo especialmente vulnerable frente al virus. Las personas de la tercera edad se encuentran bajo una situación de riesgo al coronavirus, que cuenta con una tasa de mortalidad aproximada del 15% y que cuando se trata de personas mayores de 80 años que presentan condiciones crónicas de salud previas, incrementa en mayor medida la letalidad del virus.
Pero para el Estado venezolano los ancianos jamás han sido prioridad, a pesar de haber casi tres millones en el país, según HelpAge International.
Una muestra de eso es que Venezuela no ha suscrito la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que promueve, protege y ampara los derechos de las personas mayores.
Los adultos mayores en Venezuela llevan años sufriendo el desmejoramiento progresivo de sus condiciones de vida: desnutrición, imposibilidad de costear sus medicinas, falta de acceso a la salud, migración de sus hijos y familiares. Aunque no hay datos oficiales, la Organización Convite calcula que al menos 900.000 adultos mayores quedaron solos en el país debido a la migración.
No tienen posibilidad de acceder a la canasta básica de alimentos ni a los medicamentos que requieren, estando el 86,9% de las personas mayores en situación de pobreza, donde sólo el 5% puede a través de algún medio acceder a sus medicamentos, según Convite.
“Los adultos mayores han sido y creo que son los más afectados en el caso de Venezuela. No solamente porque el coronavirus afectan más grave a las personas mayores, sino porque estas personas dependen de una pensión o jubilación que no les alcanzaba si acaso para comprar un kilo de queso”, asegura Machado.
“La pandemia en la sombra”
Las mujeres, adolescentes y niñas venezolanas ya se encontraban en un contexto difícil antes de que el coronavirus pisara territorio nacional. La Emergencia Humanitaria Compleja, crisis nacional y el colapso de servicios públicos las ha afectado de forma diferenciada.
“Ya se estaban enfrentando a muchísimos retos que hacían la cotidianidad sumamente difícil en materia económica, en labores de cuidado y lo referido a la atención de mujeres sobrevivientes de violencia de género el acceso a la justicia era muy limitado. Por eso precisamente la pandemia también viene a intensificar las dificultades que estábamos viviendo las venezolanas”, expresa Estefanía Mendoza, abogada y directora de la organización Proyecto Mujeres.
Desde que se desató el brote de COVID-19, hubo un incremento importante en los reportes de violencia de género que se estaba viviendo en las casas por las medidas de confinamiento para evitar el contagio. Mientras para algunos, encerrarse en casa era una opción segura, miles de niñas y mujeres que sufren abusos dentro de sus hogares se vieron forzadas a aislarse junto con sus maltratadores.
“Para muchas mujeres las medidas de confinamiento significaron estar encerradas con su agresor. Mujeres que ya vivían procesos de violencia y tenían una especie de resguardo mientras el agresor estaba trabajando o salía, todo eso se eliminaba al estar todos encerrados juntos”.
Fue por esta razón por la que incluso la Organización de Naciones Unidas lanzó una campaña llamada “La pandemia en la sombra”.
Desde Proyecto Mujeres y Mulier redoblaron sus esfuerzos para ofrecer atención psicológica, legal, médica y de emergencia a las mujeres, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia. Tuvieron que pasar de hacerlo presencial a crear un directorio con más de 150 servicios de atención a víctimas con alcance nacional, regional o municipal.
“Esto nos acercó a casos que estaban muy relacionados con las medidas de confinamiento. Vimos un incremento de las situaciones de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Y además la imposibilidad de recibir atención médica en materia de salud sexual y reproductiva”, dice Mendoza.
En el Zulia, donde funciona la organización, se registraron muchas denuncias de mujeres que asistieron a centros para controles prenatales y fueron pospuestos o eliminados, así como “ruleteo” a embarazadas que ya estaban en labores de parto.
El confinamiento también significó para cientos de mujeres víctimas de violencia de género la pérdida de estructuras de soporte. “Cuando las mujeres podían reunirse a hablar con vecinas, primas, amigas, de estudio, pueden tener acompañamiento y estrategias para lidiar con la situación. Al estar confinadas esto se pierde. Hubo también efectos sociales en mujeres que se sintieron menos acompañadas en el contexto de pandemia”, expresa la abogada.
Por su parte, al estar más tiempo en la virtualidad, se registró un aumento de los contactos inapropiados con niñas y adolescentes. “Desde el grooming, por el tema de la pedofilia, o incluso captación para redes de trata de personas”.
Mendoza explica que debido a un incremento de las dinámicas virtuales, las redes de trata se diversificaron en el mundo virtual. “En muchos casos, la explotación no desaparece sino que migra a estas formas virtuales”.
