A pesar de que el cobro ilegal e injustificado en las alcabalas es una de las prácticas de extorsión más comunes, también hay otras relacionadas con bienes y servicios que ofrece el Estado

La ciudadana Yuleima Bravo contó que la primera vez que fue a la Universidad Bolivariana tras ser convocada a vacunarse contra la COVID-19, muchas personas que entraban en los primeros días, lograron hacerlo porque decían que le pagaban a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

@Andrea_GP21

En todo el territorio nacional los ciudadanos son víctimas de extorsiones o cobros ilegales por parte de funcionarios y prestadores de servicios, conocido comúnmente como «matraca», siendo la de las alcabalas las más populares. Los cuerpos de seguridad instalan estos puntos de control en todo el país y su propósito debería ser contribuir con la seguridad de la población, pero en muchos casos es el punto más aterrorizante de todo el trayecto.

Sin embargo, de acuerdo con el informe de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica titulado “Economías ilícitas: al amparo de la corrupción”, la probabilidad de extorsión en alcabalas alcanzó un 25% en el primer trimestre del año 2022.

El texto advierte que muchos de estos puntos de control se han convertido en espacios donde los funcionarios retienen a los ciudadanos y muchas veces, sin justificación, los obligan a realizar pagos al margen de la ley: “matraqueo”.

Los cobros ilegales en alcabalas, aunque no son nuevos, se incrementaron a partir de la cuarentena que se implementó en 2020 por la pandemia de COVID-19.

Durante el primer semestre del año 2022, Transparencia Venezuela y Ecoanalítica evaluaron 20 empresas de servicios de transporte y distribución del país. Del estudio, se levantaron datos efectivos de 10 de esas compañías y se constató que la probabilidad de extorsión se ubica en 25%.

Asimismo, se identificó que los cuerpos de seguridad más involucrados son la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), policías municipales y policías estadales.

Con miedo a denunciar

En julio de 2022, Nicolás Maduro se refirió a las matracas en las alcabalas y pidió a la Vicepresidencia que se elimine esta práctica ilegal.

“He dado la orden, señora vicepresidente, usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le imponen en las alcabalas al pueblo de Venezuela”, señaló Maduro.

También, el oficialista instó a las alcaldías, gobernaciones y a todos los entes del Estado a denunciar los abusos policiales “vengan de quien vengan”.

Pese a que el propio Maduro pidió denunciar estas prácticas ilegales, no todos los integrantes del gabinete ejecutivo parecen estar de acuerdo. Así lo evidenció Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia, ante una denuncia de la periodista Valentina Quintero.

“El auténtico peligro de las carreteras venezolanas es la autoridad, las alcabalas, la matraca”, fueron las palabras de Quintero que no gustaron a Ceballos y por las cuales fue criticada por el ministro.

Quintero reportó que los transportistas de alimentos “han denunciado el hecho hasta la saciedad”, asegurando que los extranjeros y los jóvenes son los más vulnerables ante la extorsión en las carreteras venezolanas.

En su denuncia, Quintero hacía referencia a la extorsión de algunos funcionarios de cuerpos policiales a quienes viajan por Venezuela. 

Ceballos no fue precisamente receptivo a la crítica: “Es una irresponsabilidad generalizar y pretender opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional de quienes se dedican a la protección, defensa y servicio al pueblo venezolano, poniendo a un lado su propia seguridad”.

Según Ceballos, el sistema de justicia venezolano está en la capacidad y tiene la estructura para sancionar a aquellos funcionarios que incumplan las leyes.

“Regálame una harina, que no tengo comida”

Johana Ramírez vive en Filas de Mariches, en el municipio Sucre del estado Miranda. Ella dice que en las adyacencias de la Urbanización Miranda, cerca de la Universidad Santa María (USM), siempre hay una alcabala que los habitantes mandan a poner “por seguridad”.

“Era un domingo como a las 3:00 de la tarde. El tipo nos para, no había nadie. Le pidió papeles a mi pareja, certificado y todo. Como él está legal le entregó todo”, contó Ramírez en entrevista con Runrun.es.

“El policía nos dijo ‘ábreme la maleta del carro’. Mi novio se tuvo que bajar y le dice: ‘estás legal, no puedo hacer nada. ¿Será que me puedes regalar una harina para llevar para la casa?, porque no tengo nada’ (…) Él le dijo que no porque si le daba una nos quedamos con poca comida, pero después hasta nos pidió cinco dólares y le dijimos que tampoco”, agregó Ramírez.

Afortunadamente, según contó la joven, el funcionario no pudo poner más trabas debido a que tenían todos los papeles del vehículo al día y pudieron irse tranquilamente.

Si no le pagas a la cuadrilla, olvídate de Cantv

Otras prácticas de extorsión muy comunes tienen que ver con la instalación, suministro o reparación de bienes y servicios que ofrece el gobierno.

Enrique León, de 38 años, trabaja desde su casa para una empresa extranjera. Actualmente vive en Caracas. Él utiliza el servicio de ABA Cantv para ejecutar sus labores. Necesita conexión a Internet en todo momento y que además sea estable.

León comentó que en junio de este año estaba trabajando y el Internet dejó de funcionar. Esperó unas horas y, al cabo de un día entero, el servicio no volvió. “Decidí llamar a un técnico de Cantv que conocen mis vecinos. Los llamé y allí mismo vinieron. Me cobraron 10 dólares por una revisión y me dijeron que había un problema con el puerto de la central”, contó.

Según dijo, la opción que le dieron los técnicos fue pagar para “agilizar el proceso” en la central de Cantv, pues si hacía un reclamo por los canales regulares, no obtendría ninguna respuesta. 

“El técnico llamó a la central y le dijeron que tenían que cambiar el puerto. Me pidieron 130 dólares para arreglarlo. Allí mismo busqué el dinero y lo pagué. Era esa la única opción que tenía para poder trabajar y que no me despidieran”, confesó.

Pagar por una vacuna

Cuando comenzaron las jornadas de vacunación contra la COVID-19, en muchos casos ni siquiera importó que las personas estuvieran convocadas a través del Sistema Patria.

Así lo reveló Yuleima Bravo, quien contó que la primera vez que fue a la Universidad Bolivariana tras ser convocada a vacunarse, muchas personas que entraban en los primeros días, lograron hacerlo porque decían que le pagaban a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Aceptamos punto, pago móvil y Zelle. Esas cosas yo las escuché en la Bolivariana en los primeros días de las jornadas de vacunación”, decían los funcionarios a los ciudadanos que iban a vacunarse, según contó Bravo.

Bravo contó que cuando había escasez de las vacunas rusas Sputnik V, un tío de ella tenía un contacto en un centro de vacunación en la zona de El Cementerio.“Él guardó el teléfono de alguien allí y la persona por avisarle cuándo llegaban las vacunas le pedía una colaboración. Dio como cinco dólares”, añadió.

Cabe recordar que, cuando comenzaron las jornadas de vacunación contra la COVID-19, fueron múltiples las denuncias en redes sociales de cobros irregulares que hacían funcionarios de seguridad y quienes estaban en los centros de vacunación para permitir a las personas vacunarse con prioridad y que no hicieran colas.

Soltar 20 dólares para que te den la cédula

Tramitar documentos en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) puede ser bastante engorroso. Desde los “gestores” que cobran para agilizar el trámite del pasaporte hasta cobros para poder tener una cédula de identidad.

La joven Dayana Rosales, consultada por Runrun.es, contó que en el año 2021, cuando se reactivaron las jornadas para tramitar las cédulas de identidad, tuvo que pagar para poder tener el documento de su hija.

“Cuando retomaron los operativos de cedulación tras salir del confinamiento fue un desastre. La gente tenía que amanecer. Un día fui a Plaza Caracas y llevé a la niña, dieron unos números y al final dijeron que no iban a atender”, comentó Rosales.

Después de que informaran que no atenderían a los asistentes, cuenta la joven, un funcionario del Saime salió a “hablarle por debajito a la gente de la cola a decirles que tenían que pagar 15 y 20 dólares por las cédulas”.

“Tuve que pagar 20 dólares para que me pasaran y le sacaran la cédula rápido, saltándome los números y la cola. Y me querían mandar al día siguiente después de hacer una cola de cinco horas”, denunció.

Además, dijo que varias personas hicieron lo mismo porque necesitaban tramitar las cédulas de sus hijos para poder inscribirlos en los colegios.

¿Qué puede hacer una víctima de matraca?

Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, señaló que cuando los ciudadanos son víctimas de matraca, por ejemplo, en alcabalas, lo primero que deben hacer es ubicar tiempo y lugar en el que ocurrieron los hechos, así como identificar “en la medida de lo posible” a los funcionarios.

“Ellos (los funcionarios) deberían tener una identificación con el apellido a nivel del pecho. De no tener, cosa que es poco común, buscar otros elementos de identificación como podrían ser el número de la patrulla, de las placas de las motos o vehículos en los que se están desplazando y algunos elementos distintivos de identificación”, señaló Daniels en entrevista con Runrun.es.

Además, señaló que grabar a algún funcionario no es ilegal y puede hacerse, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad del ciudadano, esto a fines de individualizar una denuncia.

“Un papel vencido no es razón para que una persona sea detenida o el vehículo sea detenido. La detención del vehículo solamente puede ocurrir si se considera que hay un riesgo para la seguridad vial y el tener un documento vencido no es un riesgo en sí mismo para la seguridad vial”, acotó Daniels en referencia a los funcionarios policiales que retienen vehículos y personas por tener algún documento vencido.

¿A qué lugar acudir?

Cuando se producen situaciones irregulares como petición de dinero o que a las personas les quiten cosas de los vehículos, Daniels señaló que la persona puede ir al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo para dar constancia de lo que ocurrió.

“También hay instancias de las policías pero son de difícil ubicación, sobre todo en los estados. No sabemos dónde quedan. 

“Si la persona puede hacer público lo que ocurrió, eso es muy importante en las redes sociales porque deja constancia de lo que ocurrió, de su testimonio. Ya hemos visto que en algunos casos donde se hace público, esto trasciende y pone en evidencia a los funcionarios (…) Es muy importante la denuncia pública porque hace ver el patrón sistemático y generalizado de este tipo de actuaciones”, agregó.

Hacer conciencia

Para Daniels, es necesario hacer conciencia y entender que no se trata de que un “funcionario pueda hacer lo que él quiera” y que tampoco el ciudadano “está a merced de un funcionario”.

“Un funcionario es un servidor público y como servidor público el que se debe al ciudadano es él y no al revés. Son principios republicanos que en Venezuela lamentablemente hemos perdido por el principio de autoridad”, aseguró.

En ese sentido, Daniels señaló que es importante que los ciudadanos no se sientan “sojuzgados ni sometidos, porque no es así”. 

“Los funcionarios no son superiores de nadie (…) En la medida en que la ciudadanía se organice y pueda defender sus derechos como colectivo, puede hacerse una lucha mucho más efectiva sobre este tipo de prácticas que tan generalizadas son a nivel nacional”, finalizó.