Expertas en materia legal y de derechos humanos coinciden en que no hay pruebas suficientes para condenar a las 17 personas que se encuentran privadas de libertad
Denunciaron que todo el juicio estuvo repleto de vicios y violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos
Expresaron que ningún tribunal se iba a atrever a dictar una decisión favorable a los acusados y distinta a la postura oficial
17 personas recibieron sentencias recientemente por el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto de 2018, 12 de ellas a la pena máxima contemplada en Venezuela de 30 años de prisión.
Maduro denunció hace cuatro años que fue víctima de un atentado, mientras lideraba un homenaje a la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida de Bolívar de Caracas.
Después del aparente ataque perpetrado con drones, los cuerpos de seguridad del Estado desplegaron un operativo para capturar a los supuestos responsables, el cual desencadenó una serie de denuncias que van de desapariciones forzosas hasta torturas y tratos crueles e inhumanos.
Entre los aprehendidos hace cuatro años por el régimen chavista está el entonces diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Requesens, quien fue condenado a ocho años de prisión y le fue concedida una medida cautelar de casa por cárcel.
En Runrunes consultamos con Laura Louza, directora y cofundadora de la ONG Acceso a la Justicia; Magaly Vásquez, abogada penalista y profesora universitaria y Martha Tineo, coordinadora general de ONG Justicia, Encuentro y Perdón sobre las sentencias impuestas por los tribunales venezolanos a 17 personas.
¿Se corresponden estas sentencias, algunas de 30 años, con los cargos por los cuales están siendo acusados?
Laura Louza, directora y cofundadora de la ONG Acceso a la Justicia: El magnicidio como tal tiene un castigo de entre 28 y 30 años de prisión, al ser frustrado tocaría una tercera parte de la pena como señala el Código Orgánico Procesal Penal, lo que pasa es que les imputan otros delitos como terrorismo, conspiración y traición a la patria. La persona contra la cual cometieron ese supuesto atentado no murió, entonces fue una tentativa más no un magnicidio. Al no contar con la sentencia es complicado tener claro los delitos que se le imputan a los acusados, lo cierto es que no hay pruebas suficientes para sentenciar a las personas. En la mayoría de los casos estas personas fueron detenidas arbitrariamente, incluso hubo situaciones de desapariciones forzosas como el caso de Requesens.
Magaly Vásquez, abogada penalista y profesora universitaria: Sin entrar a analizar si hubo un intento de darle muerte a Maduro o no, los hechos no se corresponden con los delitos que se le atribuyen a estas personas. En Venezuela el magnicidio es un caso de homicidio calificado, si la acusación fue por homicidio calificado en grado de frustración jurídicamente la calificación cabe, lo que no tiene lugar son los otros delitos que se imputan como terrorismo, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir. Esto es algo que se haya visto en el pasado, ha sido frecuente que se termine imputando a personas contrarias al gobierno por delitos muy graves. No pareciera que la finalidad de ese evento era darle muerte a Maduro, es algo que no resiste un análisis jurídico.
Martha Tineo, coordinadora general de ONG Justicia, Encuentro y Perdón: Ciertamente las acusaciones se hicieron por delitos sumamente graves que contemplan penas elevadas. El tema acá es que todo el juicio estuvo viciado y fue violatorio al debido proceso, no pudiendo el Ministerio Público demostrar la participación de los acusados en la comisión de tales delitos. Para imponer las penas máximas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico necesariamente debe haberse demostrado que la persona cometió tales delitos, todo basado en pruebas y demostraciones debidamente controladas por todas las partes durante el juicio. Al contrario en este caso no pudo demostrarse que los acusados sean responsables de los hechos por los que se les condenó y por lo tanto tales penas son injustas y en lo absoluto apegadas a derecho.
433 años suman condenas de supuestos responsables de intento de magnicidio
¿Estas sentencias son un mensaje a la disidencia política?
Laura Louza: Es el típico ejercicio ejemplarizante del chavismo de tratar de hacer mucho ruido con un caso para disuadir a otros, imponer una penas largas con el fin de que otras personas no se les ocurra hacer algo similar. Hasta 2013 se habían denunciado 50 tentativas de magnicidio, en la mayoría de los casos no hubo condena, pero en esta ocasión fue diferente. El sistema de justicia es parte de la represión política como bien dice el Informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, son cómplices de los crímenes de lesa humanidad al no hacer justicia, falsificar actas policiales, forjar documentos y no hacer nada ante acusaciones de torturas. Es una justicia represiva que fomenta la impunidad de los represores, una justicia ejemplarizante para que justamente la disidencia política, los defensores de derechos humanos y la sociedad en general sepa a qué atenerse en caso de oponerse al gobierno.
Magaly Vásquez: Estaba claro desde un principio que la sentencia de estas personas sería la condena. Considero que los acusados no podían tener un juicio justo por cuanto el poder judicial venezolano no es independiente y tratándose de un supuesto intento de magnicidio, ningún tribunal se iba a atrever a dictar una decisión favorable a los acusados y distinta a la postura oficial.
Martha Tineo: Los presos políticos cumplen condenas anticipadas en Venezuela, pues la decisión de encarcelarlos no es jurídica sino política, muchos pasan meses y años en prisión, víctimas de torturas y tratos crueles y luego por decisión política son encarcelados o liberados cuales rehenes a partir de juicios violatorios de las garantías constitucionales y del debido proceso. La responsabilidad por la que se les encarcela o condena es pensar distinto, oponerse públicamente al gobierno o peor aún, estar en el lugar y el día equivocado y ser involucrados en hechos en lo que jamás participaron, pero que son parte de una narrativa que luego pretende soportarse y donde se necesitan responsables y culpables.
¿Ante quién pueden apelar los sentenciados, donde pueden acudir los familiares de los condenados y defensores de los derechos humanos?
Laura Louza: Este caso muestra que las cosas siguen igual en Venezuela, hay ausencia de Estado de Derecho y tanto la Fiscalía como la Defensa Pública están contra el ciudadano que quiera manifestarse contra el gobierno. Persiste una situación de castigo contra el disidente, se le percibe como un enemigo interno. El gobierno va a tratar de mantenerse en el poder y para ello hará lo que sea necesario para eso.
Lo ideal siempre es denunciar, alzar la voz y decir que es lo que está pasando. Hay personas presas en condiciones inhumanas y a eso se añaden torturas físicas y psicológicas. Los familiares deben dirigirse a las organizaciones de derechos humanos y a través de allí a organismos internacionales para que se sepa lo que aquí pasa, porque en la medida en que el gobierno no tiene contención siempre va a ir más allá.
Magaly Vásquez: A pesar del actual estado en el que se encuentra la justicia venezolana se deben seguir denunciando y documentando todas estas violaciones a los derechos humanos de forma que se registren en los diferentes informes de organismos internacionales y se mantenga su visibilidad. En algún momento el Estado y sus agentes tendrán que rendir cuentas por esas graves violaciones a los DDHH.
Martha Tineo: No solo la disidencia sino incluso los defensores de los derechos humanos se enfrentan a esta situación, tenemos el caso de Javier Tarazona de Fundaredes, quien tiene más de un año privado ilegítimamente de su libertad en grave deterioro de salud. Nadie repara el daño físico y emocional a los prisioneros políticos que luego de ser sometidos a sistemáticas violaciones a sus derechos humanos en el mejor de los casos son liberados cual rehenes. La condena a la jueza María Lourdes Afiuni fue la manera de enseñar a los jueces que de no cumplir con las instrucciones que les son dadas, ese podría ser su destino. Es por eso que vemos que jueces, fiscales y demás funcionarios del sistema de justicia son capaces de hacerse incluso cómplices o partícipes de tales violaciones a los derechos humanos.