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Misión de la ONU: Maduro ordenaba las torturas y detenciones en Venezuela

El nombre del presidente Nicolás Maduro se menciona  73 veces en el tercer informe de la Misión, que contiene gran cantidad de denuncias sobre detenciones arbitrarias, persecución, “siembra” de pruebas falsas y torturas contra opositores del Gobierno chavista
Los crímenes y violaciones de derechos humanos “no fueron cometidos de manera inconexa”, sino que fueron el resultado “de un plan ideado por el Presidente», denuncia la Misión de la ONU
El informe detalla que los altos jerarcas del gobierno decidían quiénes serían los objetivos de las detenciones. Por lo general, se trataba de “políticos de oposición, periodistas y personas que trabajaban para organizaciones estudiantiles, así como líderes y lideresas estudiantiles y de las protestas”
Un exagente del Sebin informó a la misión que el organismo recurre habitualmente a escuchas telefónicas, intervención física de habitaciones y cámaras ocultas para vigilar a los “objetivos opositores” y que estos reportes se envían diariamente a Maduro
Las torturas que documentó la Misión de la ONU incluyen “palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión, así como amenazas de muerte y violación, u otras formas de tortura psicológica”

 

En su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló directamente al presidente Nicolás Maduro, y menciona al alto dirigente del PSUV, Diosdado Cabello como partícipes y copartícipes de las decisiones de reprimir, detener y  torturar a disidentes políticos en Venezuela. 

“Las investigaciones de la Misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados al azar por individuos desconectados, que actuaron solos dentro del Sebin y la Dgcim. Por el contrario, el Sebin y la Dgcim fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades”, declaró Martha Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación de la ONU en la presentación del informe este 20 de septiembre.

La Misión determinó que las violaciones de derechos humanos en Venezuela, además de constituir crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del gobierno venezolano para “silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno”.

“ El presidente Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”, se lee en el documento.

 A Maduro lo mencionan 73 veces en el informe completo de la Misión: 60 mientras describen la actuación de los servicios de inteligencia y su vinculación con posibles crímenes de lesa humanidad y 13 al describir la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas de Bolívar.

Mientras que a Cabello se refieren en 41 ocasiones :  37 cuando comentan su «influencia» en las actuaciones de la Dgcim y el Sebin y cuatro en el apartado sobre el Arco Minero. 

Detenciones “a la carta”

El informe recopila las denuncias del exdirector del Sebin, Cristopher Figuera, quien aseguró a la Misión que Maduro impartía directamente órdenes al Sebin.

Asimismo, indican que “numerosas fuentes” confirmaron que Diosdado Cabello también goza de un “poder importante” dentro del organismo, lo que le permitía “dar órdenes al director general”.  La Misión también constató que Cabello “ejercía una influencia significativa dentro del Sebin”, aunque en el período examinado “no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización”.

Las órdenes de Cabello incluían “a qué personas detener, liberar y/o torturar”, según aportes de “numerosas fuentes” a la Misión. 

En concreto, se relata un incidente que contó Figuera, quien precisó que Diosdado Cabello comenzó a pedirle información de inteligencia, lo que llevó a Figuera a preguntarle al Maduro quién era su jefe.

“Maduro respondió que su jefe era él, pero le dijo a Figuera que ‘tratara de mantener buenas relaciones con Diosdado Cabello’ (…)  Un exagente del Sebin  y al menos un exdetenido dijeron a la Misión que Cabello tiene ‘sus’ presos políticos en El Helicoide”, se lee en un apartado del informe detallado.

Mientras que, en el punto 58 del informe  completo, se asegura que las órdenes para identificar a las personas a investigar “provenían directamente del presidente Maduro y, en ocasiones, de Diosdado Cabello”.

Los altos jerarcas del gobierno decidían quiénes serían los objetivos de las detenciones. Por lo general, se trataba de “políticos de oposición, periodistas y personas que trabajaban para organizaciones estudiantiles, así como líderes y lideresas estudiantiles y de las protestas”. 

Con el visto bueno de Maduro y Cabello, según destaca la Misión, el director general del Sebin tenía la facultad de autorizar detenciones sin órdenes judiciales y de participar en los interrogatorios de las personas sin la presencia de sus representantes legales, en particular, en casos políticos de alto perfil

Vigilancia, espionaje y el «círculo íntimo» de las detenciones

Por otra parte, un  exagente del Sebin informó a la misión que el organismo recurre habitualmente a escuchas telefónicas, intervención física de habitaciones y cámaras ocultas para vigilar a los “objetivos opositores” y que estos reportes se envían diariamente a Maduro. 

“Objetivos de alto perfil, como miembros de la oposición política, fueron vigilados diariamente durante un período de alrededor de un año para dejar claro que estaban bajo vigilancia del Sebin. Un exempleado de alto nivel del Sebin le manifestó a la Misión que, en algunos casos, el presidente Maduro quería saber lo que la persona estaba haciendo las 24 horas del día, por lo que el director general le enviaba información cada dos horas, a veces directamente y otras veces a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, o la primera dama, Cilia Flores”, abunda el documento. 

 La Misión recibió información de que otras figuras chavistas, como Cilia Flores y Tareck El Aissami, también ordenaron detenciones políticas.

Al respecto, documentaron que recogieron dato sobre «reuniones semanales»  en las que participaban los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores, de Interior y de Justicia, así como los directores generales de la Dgcim, Sebin y el Cesspa.

En estos encuentros, se tomaban ·decisiones en apoyo de la política que «incluyen la comisión de delitos».

«Información interna fiable indica que el Presidente tiene un círculo íntimo de asesores de confianza, entre ellos Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah y el ministro del Interior, a quienes consulta para impartir esas órdenes. Las decisiones se comunican luego a la cadena de mando, lo que da lugar a la comisión de violaciones y delitos”, concluye la Misión. 

“Maduro ordenaba directamente las torturas”

El grupo de la ONU denunció la “tortura y malos tratos” del Sebin a detenidos políticos durante los actos de interrogatorio para “extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y redes sociales, o para obligar a las personas a incriminarse a sí mismas o a otras, en particular, a los líderes de la oposición de alto perfil”.

En este punto, señalan a Maduro como una de las figuras que ordenaba practicar estos actos violatorios de los derechos humanos:Exempleados del SEBIN dijeron que la tortura era ordenada directamente por el presidente Maduro, por las y los directores de línea o por el director general”.

Las torturas que documentaron incluyen “palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión, así como amenazas de muerte y violación, u otras formas de tortura psicológica”.

El exdirector del Sebin, Cristopher Figuera, aseguró en declaraciones que recoge el informe que Maduro “decidía quiénes serían torturados, quiénes permanecerían detenidos y quiénes serían liberados”.

Además, asegura que si los agentes del Sebin se negaban a participar en los actos de tortura, eran golpeados para intimidarlos «y así hacerse respetar».

Un preso político que estuvo detenido en  «La Tumba» del Sebin y que fue víctima de “tortura blanca” aseguró a la misión que el director del organismo, Gustavo González López, fue personalmente a interrogarlo varias veces, para ofrecerle cosas a cambio de su información: “Y le decía al detenido que todo ya había sido acordado con Diosdado Cabello y el presidente Maduro”.

Maduro, la Dgcim y su “mano negra”

La Misión registró también testimonios que indican que Maduro emite órdenes directas al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mayor general Iván Hernández Dala.

Estas instrucciones, precisaban, se transmitieron  “en teléfono o persona, nunca por escrito”, para “evitar dejar rastro de papel”.

“Según varias fuentes, en el caso de objetivos políticos, el Presidente Maduro aprueba y a veces también ordena la detención de opositoras y opositores (…) Una fuente con conocimiento calificado de esta dinámica le dijo a la Misión que el Presidente Maduro también consultaba con su círculo íntimo respecto de qué detenciones realizar”, reza textualmente el informe.

 

Exempleados de la Dgcim narraron a la Misión que las personas eran perseguidas y atacadas por no estar públicamente alineadas con el régimen, “lo que el presidente Maduro supuestamente percibía como una afrenta personal. Según un exempleado de la DGCIM, la mayoría de los miembros más destacados de la oposición política estaban «bajo vigilancia”.

Una grave acusación contra Maduro que se recoge en el informe vino por parte de exempleados de la DGCIM, y tiene que ver con la práctica de plantar evidencias. Un exmiembro de la Dgcim de alto rango aseguró que Maduro le pidió directamente que le “sembrara algo” a una persona que quería que fuera detenida, a pesar de la falta de evidencia en contra de ella.

Así, y por peticiones del alto gobierno, exempleados de la Dgcim admitieron que en algún momento sembraron “panfletos con la foto de un líder de la oposición, granadas y otras armas, así como maletines con grandes sumas de dinero dentro de las residencias de los objetivos”.

A Maduro también lo señalan de tener influencia “directa” sobre el director de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim Alexander Granko Arteaga, quien fue uno de los que encabezó el operativo de ejecución del expiloto del Cicpc, Óscar Pérez, y su grupo disidente en El Junquito, en enero de 2018.

La DAE es considerada como la  “mano negra” del director de la DGCIM. A este grupo, que no aparece en la jerarquía formal de la dirección de contrainteligencia militar, lo consideran una “fuerza de choque o paramilitar” o una “DGCIM dentro de la DGCIM”,

Según exfuncionarios,  esta brigada tiene su propio presupuesto, equipo, capacidad de cibervigilancia y “plena autonomía”.

La DAE tiene dos bases en Caracas, que denuncia la Misión, son usadas como “centros de detención clandestinos para torturar a disidentes reales y percibidos y otros opositores y opositoras al Gobierno”.

La Misión afirma tener pruebas de que entre 2017 y 2022, Granko Arteaga “ordenó, supervisó y participó directamente en arrestos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Maduro al tanto de violaciones y delitos

En el capítulo “responsabilidad individual de las autoridades de más alto nivel” la Misión concluyó que las violaciones y crímenes que han documentado pueden dar lugar a “responsabilidad penal individual”, tanto por  crímenes de lesa humanidad como delitos específicos establecidos en la legislación nacional”.

Afirman que, según las pruebas que recabaron durante las investigaciones, hay “motivos razonables para creer”  que “el Presidente tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que, en ocasiones, daba órdenes al director general y a los directores de otras unidades del Sebin”.

La Misión también constató que el o la vicepresidente “conocían o debían haber conocido la comisión de esos delitos en el Sebin” y denuncian que, a pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, “no evitaron los crímenes y violaciones”.

“Con relación a las violaciones cometidas en la DGCIM, la Misión encontró motivos razonables para creer que el Presidente ordenó o instigó la comisión de ciertos actos delictivos y que, sabiendo que se estaban cometiendo violaciones, no tomó las medidas necesarias para prevenir que estos actos se produjeran ni para reprimirlos”.

La información que procesó la Misión les permite concluir que los crímenes y violaciones de derechos humanos “no fueron cometidos de manera inconexa”, sino que fueron el resultado “de un plan ideado por el Presidente, asistido por otros funcionarios del más alto nivel de autoridad del Estado. Este plan se ejecutó a través de estructuras bien organizadas, como lo son el Sebin y la Dgcim”.

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