En una rueda de prensa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas aseveró que se deben liberar a todos los presos políticos
Aseveró que el Proyecto de ley para regular ONG y afines es una restricción fragante a la libertad de asociación en Venezuela
Foto: EFE
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, culminó su primera visita a Venezuela este 28 de enero anunciando una prórroga de dos años a la presencia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país.
En una rueda de prensa en el Aeropuerto de Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, el funcionario de las Naciones Unidas dijo que en su estadía de 3 días en el país pudo conversar con más de 125 representantes de la sociedad civil venezolana, incluidos a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, a familiares de las víctimas y a defensores de Derechos Humanos.
«Me alienta la decisión del Gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros dos años para que puedan continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos en el país», dijo.
Türk informó que se reunió tanto con el diputado Jorge Rodríguez y la magistrada Gladys Gutiérrez como los miembros de la Plataforma Unitaria sobre el proceso de diálogo en México. «Reitero nuestro apoyo y asesoría en el proceso de diálogo venidero, enfatizando la intervención de los testimonios de las víctimas (de violaciones a Derechos Humanos) en el proceso político».
«En mis discusiones con Nicolás Maduro, él me expresó públicamente su disposición para mejorar el sistema judicial», aseveró el Alto Comisionado de la ONU. «Esto es un tema de suma importancia para reformar y la Oficina reitera su apoyo y experticia para lograr ese objetivo».
Justicia para los presos políticos y los torturados
Durante su discurso, el funcionario y abogado de origen austriaco expresó su preocupación por los presos políticos venezolanos y los familiares de las víctimas por ejecuciones extrajudiciales.
«En mis reuniones con el presidente y los ministros reiteré por la liberación de todas las personas que están detenidas arbitrariamente», denunció. «También, entre otros temas, planteé limitar el uso extenso y prolongado de la prisión provisional o preventiva y la necesidad de reformas (los estatutos) relacionados con las personas privadas de libertad».
Afirmó que la ONU le entregó a Maduro una lista detallada de los presos políticos que esperan ser liberados. Entre ellos mencionan a Emirlendris Benítez, Ángela Expósito, el teniente coronel Igbert Marín y el profesor Javier Tarazona.
«Habrá una consideración especial y la Oficina está en este momento sobre esos casos», reiteró.
Türk indicó que el gobierno de Nicolás Maduro «prometió que se atenderían las denuncias de torturas, que serán investigadas plenamente y que los responsables serán llevados ante la justicia». Reiteró que ese compromiso iría bajo la renovación de la Comisión Nacional contra la Tortura y la ratificación de la Convención Internacional sobre Detenciones Forzadas.
«También llamo a que ratifiquen su participación con la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el acuerdo regional de Escazú sobre el medioambiente», agregó.
Del mismo modo, dijo que se debe tomar con más seriedad el tema de las ejecuciones extrajudiciales y escuchar a los familiares de las víctimas para lograr justicia. «Esto lamentablemente continúa perpetrándose y hay trauma en las personas».
Preocupaciones por Ley de regulación de ONG
El funcionario de la ONU mencionó su preocupación por el reciente Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, discutido el pasado 24 de enero. Reiteró que se estaría reduciendo el derecho a la libre asociación.
«La reacción del gobierno fue de comprometerse junto a nosotros, porque siempre hay preocupación por la restricción al espacio cívico. Recomiendo urgentemente que las autoridades tomen en consideración nuestras preocupaciones», indicó.
Türk también denunció que el gabinete de Nicolás Maduro debe reformar las «restrictivas disposiciones legales sobre el aborto», así como el Código Orgánico de Justicia Militar.
«Mi equipo tuvo acceso a algunos documentos judiciales y tuvimos la oportunidad de dar algunas recomendaciones sobre las conductas de investigación y del procesamiento desde una perspectiva de Derechos Humanos», dijo sin especificar cuáles archivos fueron consultados.
Crisis social y restricciones
El representante de la Oficina de Derechos Humanos denunció que no pudo atender a todas las demandas sobre la condición de vida de los privados de libertad. Aseveró que se pudo tomar un panorama de las restricciones de agua, electricidad y sanidad en los centros penitenciarios.
«Como señalé a las autoridades, (las visitas e investigaciones) debe incluir todos los centros de detención, incluidos las prisiones militares», dijo.
El abogado expresó que los representantes que se reunieron con él reiteraron que se necesita el apoyo internacional y de las Naciones Unidas para sobrellevar la emergencia humanitaria compleja y el impacto de las sanciones económicas.
«Si bien las raíces de la crisis económica son anteriores a las sanciones, sí han desmejorado y agravan la situación», aseveró mientras solicitaba el levantamiento formal de las sanciones impuestas desde el 2018. «Es importante superar las divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos y entre otros países e instituciones».
Volker Türk, solicitó al Gobierno venezolano que tome las acciones pertinentes y apoye a las agencias de la ONU para la protección de los venezolanos migrantes y retorno seguro a su propio país.
Al mismo tiempo, concluyó que las entrevistas atendidas por el Alto Comisionado reiteraban la intervención de la comunidad internacional en reparar «la fragmentación, división y fractura de confianza» entre las distintas facciones sociales y políticas del país.
La antigua Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet visitó el país en 2019 y constató las restricciones y atropellos a las libertades de la población venezolana, donde se especificaron actos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, torturas y su vinculación con los cuerpos de seguridad de Venezuela.