La publicación “El Tren de Aragua. La megabanda que revolucionó el crimen organizado en América Latina” sale con el sello de la Editorial Dahbar y con la firma de la periodista venezolana y coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI)
@ronnarisquez
Yandris salió de Tocorón a finales de 2020, luego de pagar una condena de 15 años de cárcel por un homicidio que, según él, no cometió. Pero antes de abandonar la prisión recibió una oferta de trabajo.
—¿A dónde quieres ir: Colombia, Chile, Perú, Ecuador…? Donde tú prefieras —le dijeron los principales del Tren de Aragua, con la naturalidad de un empresario cuando contrata a sus empleados. Le explicaron que tenían “plazas”, como llaman los territorios donde controlan el microtráfico de drogas, las extorsiones y la prostitución en esos países, y le ofrecieron trabajar como parte de la organización en una de esas plazas.
Propuestas similares reciben casi todos los privados de libertad cuando dejan la Casa Grande, pertenezcan o no a la megabanda. Ya el comisionado Marcos Pérez nos había hablado de esta modalidad, pero nos parecía poco creíble, como mucho de lo que se le atribuye al Tren de Aragua. “Buscan a las personas que han estado presas en Tocorón, les ofrecen dinero para abrir negocios aquí (en Venezuela), comercios y ventas de comida, luego les piden que los ayuden a recibir el dinero de las extorsiones y después les dicen que necesitan que se vayan a alguno de los países donde tienen sus negocios”.
Así es en el caso de las personas que no forman parte de la organización, y el oficial conoce varias historias similares. Pero con Yandris fue diferente. Él sí pertenecía a la pandilla cuando estaba en prisión. Por eso la oferta fue inmediata y directa, privilegian la posibilidad de contar con alguien que conoce los códigos de la organización, porque saben que eso es garantía de confianza y lealtad. Los que han vivido en la Casa Grande saben lo que pasa si se “comen la luz”.
La lógica de los jefes de la megabanda es simple. Las personas que salen de una prisión —al menos en Venezuela— no tienen recursos, muchos fueron olvidados por sus familias y carecen de oportunidades laborales. ¿Quién le ofrece trabajo a un exconvicto? Bueno, es allí, en ese otro bache del Estado y la sociedad, donde los papás del Tren de Aragua encontraron una cantera para reclutar la mano de obra que necesitan para sus operaciones en Venezuela y el exterior.
Las funciones que desempeñan estos expresidiarios en las plazas son diversas y varían según el grado de vinculación y confianza, y de las habilidades de cada persona. A los más cercanos al pran, generalmente luceros de la alta, se les entrega una plaza para administrar; son los jefes de plaza. Luego hay cobradores, administradores, pegadores (los que matan, secuestran, cobran las extorsiones y hacen las tareas violentas) y sicarios, entre otros “cargos”.
Todos reciben pagos según la función que desempeñan. Como corresponde a un expatriado, a los jefes de plaza también les pagan el viaje y les dan recursos para montar la operación y abrir los negocios fachada. En la estructura también hay mujeres, con funciones variadas. En algunos casos gestionan la relación y los cobros a las chicas víctimas de trata. “En todos los negocios se va necesitando más gente y muchas veces no son expresidiarios, sino personas que se contratan y al trabajar para el grupo ya son parte de la banda”, explicó Yandris, quien insistió en que no todos los presos de Tocorón son parte del Tren de Aragua.
Sin embargo, la prisión es la principal fuente de personal para la megabanda. La Casa Grande ha llegado a tener más de 7.000 presos, aunque el flujo de ingresos y salidas de privados de libertad en los últimos años no es tan masivo como antes, la movilidad de prisioneros es constante. En Venezuela el número de privados de libertad oscila entre 30.000 y 40.000 personas. De esta manera, la organización opera en el exterior con células que reportan directamente al Niño Guerrero en Tocorón. Son lideradas por luceros de la alta, que tienen bajo su mando a expresidiarios y a personas que son contratadas para trabajar en los negocios, que generalmente son fachadas para encubrir actividades ilícitas y lavar dinero. Como el caso de las 100 motos compradas por miembros del Tren de Aragua en la localidad de Tarapacá, en Chile, para ser arrendadas a inmigrantes venezolanos desempleados, que ingresaron de forma irregular y las utilizan para trabajar como delivery. La organización les promete ingresos hasta por US$600, pero les quita un porcentaje por el alquiler de los vehículos. Eso dice un informe de octubre de 2022 de la Fiscalía chilena.
Los ingresos de manera legal a Chile de Larry Changa y alias Estrella, con un pasaporte a nombre de una persona que no existe, Carlos González Vaca, muestran otra arista del proceso de expansión. ¿De qué modo estas dos personas obtuvieron pasaportes venezolanos antes de mediados de 2021, mientras millones de connacionales esperaron años para conseguir ese documento de identidad?
Las otras preguntas son: ¿qué dicen los registros de antecedentes penales de estos exconvictos? y ¿cómo los obtuvieron? Esto lleva a suponer la existencia de una estructura de corrupción que les facilitaría los pasaportes y limpiaría sus antecedentes. Aunque no hay nada que pruebe que políticas gubernamentales exprés para descongestionar las prisiones (Plan Cayapa y Régimen de Confianza Tutelado) tengan algo que ver con la internacionalización del grupo delictivo, en junio de 2021, la ONG Una Ventana a la Libertad publicó que 1.410 reclusos fueron puestos en libertad desde que se inició la pandemia hasta junio de 2021.
Según Yandris, es falso que los presos sean enviados a otros países, a los pueblos costeros de Sucre o a las minas de Bolívar. “No son presos; los presos no podemos salir. Son personas que ya consiguieron su libertad y se van a trabajar para allá”, aseguró. No sabemos si Yandris aceptó la propuesta; la última vez que hablamos con él dijo que estaba en Colombia.
No hay una fecha exacta de cuándo comenzó la expansión internacional del Tren de Aragua, pero los testimonios, reportes de prensa y datos recopilados en esta investigación apuntan a que 2017 fue clave. Fue el año de mayor conflictividad política, social y económica del país, y cuando comenzó la tercera gran ola migratoria, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020. Y está claro que, en su internacionalización, la megabanda siguió la ruta de los migrantes venezolanos.
Para comprender lo que para muchos es una sorprendente y veloz expansión internacional de esta organización criminal es necesario tomar en cuenta tres factores fundamentales que hemos mencionado: el deterioro económico del país desde 2013, la migración masiva de venezolanos y las equivocadas políticas penitenciarias y de seguridad. En realidad, y si lo simplificamos al extremo, la expansión internacional del Tren de Aragua ocurrió, estrictamente, por razones económicas; tácticas más que estratégicas, pues sus miembros se estaban quedando sin trabajo.
La depresión económica de Venezuela disminuyó la distribución de renta por parte del Estado. Es decir, todo el mundo comenzó a ganar sensiblemente menos. Esto llevó a la quiebra de muchas empresas y comercios, el retiro de empresas transnacionales que ya no encontraron compensación suficiente para sus pérdidas y el empobrecimiento general de grandes capas de la población.
Y así se agudizó la migración, que desde la llegada de Chávez al poder había sido gradual, pero creciente. En el caso de los grupos delictivos, comenzó primero una migración interna, hacia los centros rurales donde se movían las economías ilícitas más rentables: Bolívar, con el oro, y Sucre, con el tráfico de drogas; luego vino el salto al exterior.
* Ronna Rísquez es coordinadora de la alianza ARI, plataforma que agrupa a los medios de comunicación venezolanos Runrunes, TalCual y El Pitazo. También es miembro de la plataforma de investigación latinoamericana #CONNECTASHub. Especializada en temas de violencia, derechos humanos y crimen organizado, es licenciada en comunicación social de la Universidad Central de Venezuela y fue becaria del programa Ochberg del Dart Center For Journalism & Trauma, de la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia. La Editorial Dahbar destaca sobre ella: “Mediante su trabajo con organizaciones internacionales, medios de comunicación y think tanks ha sido una de las primeras en comprender y documentar el surgimiento de nuevos actores criminales entre las llamadas megabandas de Venezuela”.
