Violaciones de derechos indígenas continúan ante el silencio gubernamental
Mineros ilegales en el municipio Manapiare del estado Amazonas atacaron a las comunidades indígenas que hacen vida allí. Los conflictos trajeron llamados de los pueblos al gobierno venezolano para actuar con urgencia y cumplir su deuda de autodemarcación de los territorios ancestrales que prohiban el ingreso de mineros
El Estado venezolano se reunió con los indígenas de las comunidades Ye’kwana y Sanema en Santa Rosa de Tencua, municipio Manapare del estado Amazonas el pasado domingo 9 de febrero para atender los graves conflictos que la minería ilegal ha traído a sus territorios ancestrales.
Para la comunidad significó un logro, pero es una atención clamada por los indígenas desde hace más de una década.
Esto sucedió luego de que el pasado 22 de enero, mineros ilegales quemaron una churuata comunal – sitio sagrado para las etnias-, viviendas en la comunidad de Puerto Unión y embarcaciones de transporte de los Ye’kwana en el Alto Ventuari de la Amazonía venezolana, ”dejando a muchas familias sin hogar y empeorando la crisis humanitaria”, de acuerdo a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia).
”Hay una valoración de las pérdidas, las cuales están siendo cuantificadas por la comisión de diálogo entre la Gobernación del estado, las instituciones y las organizaciones indígenas que está asistiendo a las comunidades”, indicó el profesor y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar.
Venganza
Las brutales acciones de los mineros fueron una respuesta a las acciones de los pueblos el 20 y 21 de enero, enmarcadas en un operativo denominado ”Plan Parú”, cuando alrededor de 90 indígenas, en coordinación con organizaciones locales (Organización Ye’kwana del Alto Ventuari, Unión Makiritare Alto Ventuari y los Guardianes Territoriales Ye’kwana) expulsaron a los mineros ilegales estacionados en el alto río Paru.
”En una acción pacífica, inhabilitaron cinco máquinas de extracción de oro, evitando confrontaciones directas”, relató el Programa de Promoción de Derechos Indígenas Wayamoutheri en una publicación de Instagram.
La comunidad tenía el objetivo de defender su hogar y ”sanear su territorio de actividades ilegales que destruyen el ambiente y contaminan las aguas”, tomando en cuenta que la minería está prohibida en Amazonas desde 1989 a causa del Decreto Presidencial Número 269”, para preservar y conservar los recursos naturales de la región.
Llamados repetidos al gobierno
El 22 de enero, Ye’kwanas de Tencua realizaron un pronunciamiento en redes, ”tras haber agotado todas las vías”, donde se dirigieron a Nicolás Maduro para solicitar la activación y presencia de autoridades, como el Ministerio Público, para atender la situación que viven a raíz del extractivismo aurífero.
Mencionaron que durante los incendios, hubo heridos, entre ellos una mujer embarazada que fue agredida físicamente. ”Buscamos una solución antes de que ocurra una tragedia mayor, como pérdidas humanas (…)” y reiteraron su rechazo a la minería ilegal en su tierra.
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El 28 del mismo mes, hubo un pronunciamiento con otros representantes donde se recalcó que denunciaron repetidas veces la situación ante la fiscalía durante 2024, sin recibir respuesta, y que mientras se encontraban bajo asedio, fuerzas militares se hacían la vista gorda.
Negociaciones
El 9 de febrero, Wayamoutheri informó el inicio de una mediación en Tencua entre la Gobernación de Amazonas, el Ministerio de Pueblos Indígenas, Orpia y las organizaciones de base de los Ye’kwana y Sanema, con el objetivo de dar fin a los conflictos y establecer medidas permanentes para prevenir la entrada de mineros.
Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) comentó que por primera vez, desde que fue aprobado el Capítulo VIII de los Derechos Indígenas en la Constitución Nacional, se inició ”un proceso de diálogo intracultural (…) para detener la minería ilegal que se está produciendo en sus territorios y que ha desatado una ola de violencia a lo interno de las comunidades”.
Tras dos días de negociaciones, Wayamoutheri indicó que ”se vislumbró un acuerdo que tendrá como fundamento el plan de vida del pueblo Yek’wana y Sanema del Medio y Alto Ventuari (…) Estos pueblos cuentan desde hace mucho tiempo con etnocartografías y planes de vida sustentados en sus demandas de demarcación basadas en la autodemarcación. Este diálogo intercultural sienta un precedente importante en los futuros procesos de acuerdos comunitarios entre los pueblos indígenas”.
Hasta los momentos, las organizaciones no han emitido más detalles.
Una historia de despojo y violencia
Desde 2016, la minería ilegal ha invadido los territorios de estas etnias. Con la llegada de maquinaria pesada, grupos armados nacionales y extranjeros, y la ausencia de control gubernamental, la minería se disparó durante la pandemia por COVID-19 en 2020, y llegó a destruir más de 934 hectáreas de selva para mayo de 2023.
La organización SOS Orinoco documentó que la Huella Minera -territorio perjudicado por la explotación minera- en la Amazonía superó las 173.000 hectáreas para 2024 y afectó el hogar ancestral de 27 grupos indígenas, además de dejar suelos infértiles, contaminación en cuerpos de agua y peces consumidos por las personas, vegetación arrasada, degradación profunda de los ecosistemas, campamentos mineros ilegales y un clima de violencia por el control de territorios.
En reiteradas oportunidades, los representantes de las comunidades acudieron al Estado venezolano para buscar una solución y apoyo al problema, pero encontraron silencio gubernamental.
Así lo reportaron ONG como SOS Orinoco, que en su informe ”Autana: guerrilla, minería y narcotráfico al pie del Árbol de la Vida” de 2019, explicó el ingreso de grupos armados provenientes de Colombia al municipio Autana, al noroeste de Amazonas, y cómo los pueblos buscaron a las instituciones oficiales para denunciar las actividades ilícitas desde 2013.
Un grupo de doce líderes de organizaciones indígenas de Amazonas agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) viajaron a Caracas para reunirse con el vicepresidente – Jorge Arreaza en ese año- sin éxito, también consignaron cartas a múltiples entes y figuras gubernamentales regionales y nacionales.
Ante la falta de respuesta, en 2014 hicieron su primer pronunciamiento “por la presencia de grupos armados no estatales y mineros ilegales en nuestro territorio ancestral”.
A inicios de 2020, la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus) hizo público un pronunciamiento donde declararon la decisión de defenderse por sus propios medios y de estar cansados ante la falta de atención de los gobiernos. ”Siempre será de manera pacífica, con paso firme y decidido, hasta haber logrado nuestro objetivo”, insistieron.
En el Parque Nacional Yapacana, igualmente invadido por mineros ilegales y grupos guerrilleros colombianos, ORPIA y Wataniba denunciaron la situación en 2019.
”Queremos destacar que desde el año 2015 las organizaciones indígenas venimos alertando al Presidente de la República (…) La minería en todo el estado Amazonas ha propiciado la deforestación de grandes extensiones de bosques, el desvío de cauces de ríos como el Atabapo, la contaminación de las aguas a causa del mercurio y otras sustancias tóxicas, la pérdida de biodiversidad, el cambio en los ciclos naturales de los ecosistemas, la degradación de los suelos, el incremento de enfermedades como la malaria y el sarampión, infecciones de transmisión sexual, el alcoholismo, el uso de drogas, la prostitución, delincuencia, la deserción escolar, el desplazamiento de sus tierras y abandono de comunidades, la presencia de grupos irregulares armados (…)”, manifestaron.
Silenciados para siempre
En algunos casos, hubo respuesta ante los pronunciamientos y denuncias, pero de grupos armados irregulares.
El profesor Aguilar, recordó que el año pasado un protector territorial Ye’kwana del Alto Ventuari fue asesinado.
Su nombre era Joaquín Hernández y se caracterizaba por estar dispuesto a enfrentarse a los invasores de los territorios ancestrales, describió Eligio Dacosta, líder del pueblo baniva y coordinador general de Orpia.
Dacosta manifestó que Hernández hizo un llamado de atención a mineros ilegales que se encontraban en el territorio, lo que terminó en una discusión acalorada y amenazas hacia el Ayukuweny – guardián territorial-. El 1 de septiembre fue abordado por tres personas encapuchadas que ingresaron a su hogar y lo golpearon al punto de causar hemorragia interna. Falleció tres días después.
A raíz del suceso, las organizaciones indígenas de Amazonas solicitaron al Ministerio Público medidas cautelares en favor de los guardianes territoriales indígenas del pueblo Ye’kwana, y recordaron los asesinatos de los defensores Virgilio Trujillo Arana en 2022 y Freddy Menare en 2017.
Responsabilidad del Estado
Aguilar puntualizó que ”son constantes las violaciones a los derechos establecidos en el Capítulo VIII de la Constitución. Se está violentando el derecho a la vida a través de la vulneración de los derechos territoriales y los derechos de la naturaleza”, apuntó.
El gobierno venezolano es responsable de salvaguardar las tierras y comunidades ancestrales a lo largo de todo el territorio. El académico apuntó que para procurar un paso hacia esto, ”debe procederse de manera inmediata a la demarcación de los territorios indígenas mediante el reconocimiento de las auto demarcaciones realizadas por estos pueblos indígenas. En el caso de los pueblos indígenas Yek’wana y Sanema, está auto demarcación ya está mapeada mediante la etnocartografía y ya cuentan con un protocolo intercultural de consulta libre, previa, informada y de buena fe en sus territorios, el cual tiene aplicación directa en sus hábitats y tierras ancestrales”.
Fotografía principal: Mongabay (Luisovalles)
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