Luego de casi 7 años, Estados Unidos levantó las sanciones contra el oro venezolano que bloqueaban las exportaciones y la comercialización de este mineral, y que incluían el congelamiento de activos y medidas restrictivas a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y al Banco Central. Sin embargo, la minería ilegal, la destrucción del ambiente y las operaciones de grupos criminales continúan asociadas a la extracción del metal dorado en Venezuela.
La Licencia general 51, que publicó este viernes 6 de marzo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), permite a empresas de ese país comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, e incluye a las compañías que presten servicios logísticos, seguros y transporte vinculados a las transacciones con el mineral.
Sin embargo, también se señala que las leyes de EEUU regirán los contratos derivados de estas operaciones, así como las disputas legales. Los pagos, tal como ocurre con el petróleo venezolano, no se efectuarán directamente, sino a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.
Un día antes, se informó que Washington estaría por cerrar un negocio millonario con el gobierno de Delcy Rodríguez para comprar el oro que se produce en Venezuela, justo después de que el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, concluyó una visita a Caracas para promover la inversión en el sector de minerales críticos.
Según una exclusiva del medio Axios, la idea es que la empresa de materias primas Trafigura exporte a las refinerías de Estados Unidos entre 650 mil kilos y una tonelada de lingotes de oro Doré, valorada en USD 165 millones de dólares.
El opaco origen del oro
Esa información encendió las alarmas entre los defensores del ambiente. La organización SOSOrinoco pidió al Gobierno de Estados Unidos que todos los anuncios sobre el tema se traten de forma completamente transparente, ya que los acuerdos vinculados con el oro venezolano deben ser “objeto de un estricto escrutinio”.
“El oro del sur de Venezuela lleva mucho tiempo vinculado a la minería ilegal, la devastación medioambiental y las redes de crimen organizado que operan en el Arco Minero del Orinoco”, advirtió en una nota de prensa la organización.
No es la única institución que hace la afirmación anterior. Desde que ocurrió la nacionalización del oro en Venezuela, en 2011, que transfirió al Estado el control exclusivo en la exploración y explotación del mineral, las mafias comenzaron a infiltrarse en el negocio con la complicidad de militares, poderes locales y nacional. Informes internacionales, así como reportajes periodísticos dentro y fuera del país han documentado la situación que empeoró con el decreto del Arco Minero en 2016. El resultado han sido 15 años de masacres, violaciones de derechos humanos, arribo de guerrillas, tráfico ilegal, trata de personas, trabajo esclavo y graves impactos ambientales. Por la suma de todos estos elementos, al oro venezolano se le llama “oro de sangre”.
“Venezuela está saliendo de décadas de gobernanza opaca y criminal”, afirmó Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOSOrinoco. “Si el oro venezolano está entrando ahora en los mercados internacionales con la participación de Estados Unidos, los venezolanos y la comunidad internacional merecen una divulgación completa, dólar por dólar y kilo por kilo”, se lee en la nota de prensa.
Para Burelli hay dos preguntas que deben responderse públicamente. La primera es el origen del oro de Minerven, ya que más del 80% del oro que se produce en Venezuela –de acuerdo con Transparencia Venezuela– proviene de operaciones ilegales que, muchas veces, se ejecutan en áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima, un sitio de Patrimonio Mundial (UNESCO), en Bolívar; o el Monumento Natural Cerro Yapacana, en Amazonas.
La segunda interrogante que plantea Burelli es sobre la transparencia de la cadena de suministro: “¿qué refinerías estadounidenses procesarán el oro y qué mecanismos de trazabilidad garantizarán las protecciones medioambientales y las normas internacionales de derechos humanos?”
“Venezuela posee una inmensa riqueza mineral, pero el desarrollo responsable debe comenzar con total transparencia, estrictas salvaguardas medioambientales y respeto por los derechos de los indígenas“, señala la nota de prensa de SOSOrinoco.
“La minería no puede ser tratada como el sector petrolero de Venezuela”, afirmó Burelli. “Sin transparencia y trazabilidad desde el principio, el mundo corre el riesgo de financiar las mismas redes criminales que Venezuela está tratando de desmantelar”.
