En el mapa de políticas ambientales sobre plásticos de América Latina y el Caribe, Venezuela aparece en rojo. No es el único de la región. Lo mismo sucede con Bolivia y Surinam, en Suramérica, y con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en Centroamérica. El color que los identifica significa que en ninguno de estos países existen legislaciones específicas para manejar de forma correcta uno de los materiales más contaminantes del mundo.
Pero, más allá de no desarrollar políticas para el uso del plástico, estas naciones tienen otra característica que las une. Para el momento en que se hizo el estudio, la mayoría de los gobiernos de estas naciones tenían un corte autoritario: Nicolás Maduro llevaba más de 12 años frente al gobierno de Venezuela, mientras que el chavismo que él representaba tenía 26 años en el poder. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) tenía dos décadas al mando. En Nicaragua, el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo aún domina al país desde 2007, con un régimen que tiene miles de presos políticos, centenares de muertos en protestas y que ha llevado al exilio a todos los medios de comunicación independientes. En El Salvador está Nayib Bukele desde 2019, con una administración cuestionada por la corrupción, la violación de derechos humanos y la persecución a la oposición y a la prensa independiente. Honduras y Guatemala atravesaron, en años recientes, turbulentas crisis políticas marcadas por la corrupción y la tiranía.
“El plástico es omnipresente. Está en todas las industrias, desde la salud, alimentación, tecnología, transporte. Por eso, la necesidad de desarrollar marcos normativos sólidos se vuelve imperativa, así como la producción de una base científica sólida que oriente esas políticas públicas para que sean efectivas, además de estrategias de sensibilización social orientadas a transformar los actuales patrones de producción y consumo”, comenta el investigador de la Universidad de Sao Paulo, Felipe Rodríguez Torres, responsable del estudio Panorama normativo de los plásticos en América Latina y el Caribe, presentado en noviembre de 2025, que incluye el mapa que evaluó las legislaciones sobre este material en cada país de la región.
Venezuela y los otros seis países en rojo están rezagados en una región donde 68% de las naciones ya cuenta con leyes nacionales para plásticos, mientras que 12% (cuatro países) tienen avances significativos en algunas de sus provincias.
A ese atraso legislativo se suman cifras alarmantes sobre contaminación por plásticos en el país. En 2022, la ONG internacional The Ocean Cleanup advirtió que Venezuela era uno de los 20 países del mundo que llevaba más plástico al océano a través de sus ríos y que apenas 2% de este material se recicla en el territorio. Eso no ha cambiado. En un reportaje de Runrun.es de 2024, el director del Área de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (SA – UCAB), Joaquín Benítez Maal, reclamó que desde el Estado no ha se haya incentivado el reciclaje ni el manejo de los desechos sólidos.
Entre los países en amarillo que se muestran en el mapa, con leyes estatales aprobadas pero no nacionales, están los tres gigantes: México, Argentina y Brasil, además de Guyana. Y en verde están Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y todas las islas del Caribe. Estas últimas han aprobado leyes nacionales para plásticos con un interés especial: su territorio reducido hace que el problema de la basura sea difícil de manejar, y por eso dependen de recursos externos y no tienen espacio para una gran industria de reciclaje.
Políticas ambientales en una “democracia real”
Para Alejandra Parra, bióloga chilena, activista ambiental y asesora en Plásticos y Basura Cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), las libertades de un país tienen todo que ver con la aprobación de leyes vinculadas al medio ambiente. “Se necesita, la verdad, una democracia real. Lo más efectiva posible. Y que es algo de lo que carecemos mucho lamentablemente en nuestra región”, asegura al ser entrevistada por Runrun.es.
Parra señala que las naciones donde hay menos avances en estas legislaciones sobre plásticos son la “que tienen menos libertades cívicas y menos libertad de expresión”.
“Son los países donde las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas, tienen que pasar a la ilegalidad para poder existir. Donde se arriesgan a pesar de las represalias de parte de los gobiernos (…) porque exponen responsabilidades gubernamentales en los daños ambientales. Es en esos países donde las legislaciones avanzan menos o no avanzan nada”, subraya.
En esa misma línea, Alberto Quezada, consultor en política ambiental y conservación marina, además de asesor de la Agencia de Investigación Ambiental, apunta que es clave que los ciudadanos actúen para promover este tipo de leyes. Así lo sentenció en medio de la presentación online del Panorama normativo.
“Creo que la sociedad civil tiene un primer punto esencial para lograr estas regulaciones, y es logrando colocar los temas en la agenda pública, es decir, en los medios de comunicación, en las comunidades. Y esto pasa, necesariamente, por esta labor de educación ambiental, información, socialización de ideas de un problema serio. Ese es el primer rol, o sea, sin la sociedad civil ni siquiera el tema se convierte en un tema político”, dice en medio de la discusión.
Para ambos expertos, las leyes aprobadas sobre plásticos en la región recaen sobre el uso de ciertos objetos, como bolsas o pitillos, por parte de los consumidores, cuando en realidad estas legislaciones deberían actuar sobre los productores de estos materiales.
Elegir con libertad
Para Parra, unas elecciones democráticas, transparentes y libres son clave para escoger representantes que puedan apoyar y solventar los problemas ambientales que preocupan a los ciudadanos.
Por eso, en este caso, es importante que en el Poder Legislativo haya congresistas que no sean parte de una elite, que apoyen las causas ambientales y que puedan mantener su independencia pese a las presiones de los actores que evitan que las normativas sobre plásticos lleguen a aprobarse. “Por eso es tan necesario profundizar y perfeccionar los sistemas democráticos”, sostiene.
“(Los ciudadanos) necesitamos seguir organizados para que sea una preocupación general y, de esa manera, se presione a los legisladores, porque ellos se ven presionados permanentemente por los poderes económicos que llegan a hacer lobby directamente a los parlamentos, a los congresos, a las oficinas parlamentarias, a los gobiernos directamente”, afirma.
Ese trabajo entre ciudadanía y congresistas debe ser directo, indica la experta, para que las iniciativas legislativas que lleguen a discutirse en el pleno sean realmente eficaces. “Y para eso también se necesitan parlamentarios que escuchen estas demandas y propuestas. Entonces, es una cuestión muy multifactorial”, advierte.
La activista ambiental señala que las grandes compañías de plásticos presionan a los congresistas con el argumento de que son generadoras de empleo, mientras que en otros casos usan la carta del financiamiento de campañas políticas.
Pero el trabajo de los ciudadanos no termina allí. Los expertos resaltan que ellos deben ser los primeros en fiscalizar si una ley funciona o no.
“Yo creo que son precisamente las personas quienes están el día a día, actuando como consumidoras, y tienen la gran posibilidad de ser el principal termómetro, la principal línea para conocer si se están aplicando o no efectivamente estas normativas. Claro, los Estados deberían tener mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a reportar, denunciar o solicitar. Estamos hablando incluso del concepto de participación pública, que no solo es informarse, sino que haya espacios para acceder a que se cumpla la ley y también para reparar”, señala Quezada.
El otro punto clave que destaca Parra es la “educación cívica y política” de los votantes, que les permita sufragar de manera informada y con un pensamiento crítico, sin que se dejen influenciar por noticias falsas, “para que finalmente las elecciones sean un ejercicio de soberanía de los pueblos y no simplemente un mecanismo de manipulación de masas”.
Para que en Venezuela y en otros países se puedan aprobar leyes sobre el uso de los plásticos, la sociedad civil organizada debe difundir información, con perspectiva crítica y con completa libertad, dice Parra. También propone que el Estado provea condiciones para que haya un balance justo entre los contenidos que promueve la sociedad civil y aquellos que provienen de las grandes industrias que, con frecuencia, se pagan para que se publiquen.
