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Julio García Zerpa de diputado a ministro de asuntos penitenciarios

Julio García Zerpa es abogado y hasta ahora se desempeñaba como diputado en la Asamblea Nacional (AN) por el estado Táchira, también como vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento. 

Julio García Zerpa / Runrun.es
Yeannaly Fermin
Hace 1 mes

En medio de una huelga de hambre pacífica en 19 cárceles y más de 30 calabozos policiales por la “violación de garantía judiciales y la desidia en la administración de justicia”, Nicolás Maduro informó que el Sistema Penitenciario tiene un nuevo ministro. Julio García

“Designé como nuevo Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a Julio García Zerpa, para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los Derechos Humanos”, publicó el gobernante en su cuenta en X.

A través de su cuenta en la misma red social, García Zerpa le agradeció a Maduro por el nombramiento y prometió construir “un nuevo Sistema Penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana”.

Julio García Zerpa es abogado y hasta ahora se desempeñaba como diputado en la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista por el estado Táchira, también como vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento. 

En sus redes sociales se define como “Luchador por las causas justas”, fanático de la Vinotinto, el Deportivo Táchira y “bolivariano”. 

El nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios es hijo de Julio García Jarpa, quien fue parlamentario entre 2000-2005, muy cercano a Cilia Flores y Nicolás Maduro cuando ambos eran diputados. 

Aunque el nombre de Julio García Zerpa es poco conocido dentro de las filas del chavismo, la plataforma Vendata señala que el ahora ministro se desempeñó en el año 2013 como miembro principal del Ministerio del Poder Popular para la Juventud.

Desde abril hasta agosto de 2014 , fungió como director de Asuntos Laborales y Gremiales del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Julio García Zerpa es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y también forma parte del equipo promotor del Movimiento Futuro, una organización social coordinada por el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez. 

Primer hombre en asumir la cartera penitenciaria 

Carlos Nieto Palma, abogado, especialista en derechos humanos y coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, aseguró que desconoce por completo quién es el nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios.

Sin embargo, Julio García Zerpa es el cuarto ministro de la cartera y el primer hombre en asumir el cargo liderado únicamente por mujeres desde el año 2011. 

La primera mujer en asumir la cartera penitenciaria fue Iris Varela, quien estuvo en el cargo en tres ocasiones (2011-2013, 2013 -2017, 2018-2020). Luego designaron a Mirelys Contreras, quien ocupó el cargo en dos oportunidades (2017-2018 y 2020-2023). Finalmente, Celsa Bautista Ontiveros (2023-2024) es quien menos tiempo estuvo al frente de los servicios penitenciarios.

13 años han pasado desde el nombramiento de Iris Varela y según el Observatorio Venezolano de Prisiones los problemas de hacinamiento, retardo procesal y condiciones infrahumanas, no han sido subsanados.

Ya se estaba puliendo 

Aunque García Zerpa no cuenta con experiencia en asuntos penitenciarios, varios hallazgos apuntan a que su nombramiento ya se venía estudiando luego de que este formara parte de la “Comisión Presidencial para la Revolución Judicial” y se encargara de la supervisión de los operativos judiciales Liberación Gran Cacique Guaicaipuro, en el cual se intervinieron siete cárceles entre los meses de septiembre y diciembre de 2023, con la finalidad de desarticular bandas criminales que operaban dentro de los penales. 

En enero de 2024, Julio García Zerpa, en entrevista con Michel Caballero en el programa Hablando Claro, afirmó que en Venezuela se redujo el 45% de la población penitenciaria. 

“Lo que hicimos fue darle justicia, lo que le correspondía a cada quien. Todo apegado a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Beneficios procesales para quienes ya habían cumplido su pena (…)”, dijo. 

En la misma entrevista, García Zerpa aseguró que una vez  al mes se reunían en una mesa dirigida por Remigio Ceballos la presidenta del Tribunal supremo de Justicia, el fiscal general de la República, la ministra de asuntos penitenciarios, cuerpos policiales y la AN para “planificar lo que se va a hacer en políticas criminales y judiciales”. 

Julio García explicó que “todos los privados de libertad del país están bajo un nuevo régimen, en el que deben levantarse a las seis de la mañana, hacer orden cerrado, donde no hay armas ni consumo de drogas en los centros de detención ni tampoco líderes negativos o pranes, sino que el Estado tiene el control total”. 

Afirmó también que luego de los operativos de liberación en las cárceles no han aumentado los índices de criminalidad en el país y que la tasa de reincidencia es de 2%. 

Sobre el retardo procesal comentó que “aún no se ha acabado”, pero asegura que la comisión de la justicia ha hecho un “buen trabajo”; sin embargo no aclaró nada al respecto. 

 

A favor de polémica ley contra las ONG

El nombre de Julio García Zerpa tomó notoriedad luego del anuncio de la Ley para Control y Financiamiento de ONG. Fue el encargado de presentar en segunda discusión el proyecto y durante su exposición consideró que “es necesario” que sea aprobado, pese a las advertencias desde distintas organizaciones nacionales e internacionales sobre el riesgo que representa para la restricción del espacio cívico del país. 

En entrevista con Esther Quiaro en el espacio Al Instante de Unión Radio, el diputado indicó que “lo que se está pidiendo es transparencia, rendición de cuentas y que digan quién envía ese dinero (a las ONG), en qué se va a emplear y que se demuestre”.

García Zerpa aseguró que no se busca acabar con las ONG sino “tener un régimen de supervisión especial que tiene que ver con la rendición de cuentas”.

Según su criterio, las ONG se encargan de hacer informes sin ningún basamento científico y “van a Ginebra, llevan eso y acusan al Estado venezolano y a las instituciones de violadores de Derechos Humanos”.

En su opinión, “es un gran negocio que se ha creado del cual se ha lucrado mucha gente”.

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