Gobierno venezolano acusa a Trump ante el Consejo de Seguridad de la ONU de preparar una guerra contra Maduro y afirma que en la región caribeña, donde está la armada de EE.UU., “hay poco tráfico de droga”.
Hoy en reunión cerrada del Consejo de Seguridad -y por instancia de Rusia– el embajador de Maduro, Samuel Moncada, presentará un documento en el que el Gobierno venezolano tratará de demostrar las agresiones del “imperio estadounidense” contra Venezuela.
En las líneas a presentar señalan entre otros puntos que “es falso que la ruta del Caribe Occidental sea utilizada por los narcotraficantes que más bien usan las rutas del Pacífico” y que el Gobierno de Maduro “ha luchado muy duro contra al narcotráfico utilizando la cooperación internacional”.
Parte del texto
“El gobierno de los Estados Unidos de América está actuando extremadamente irresponsable hacia su población y el resto del mundo al desviar la atención de la catástrofe humanitaria causada por COVID-19 y aprovechando la interrupción mundial como resultado de la pandemia más grande en el siglo, para imponer sus ambiciones geopolíticas y abrir un nuevo frente de conflicto estableciendo un bloqueo naval contra mi país, con cruel desprecio por los gritos de todos los pueblos del mundo, por los esfuerzos de la comunidad internacional, para centrarse en luchar contra nuestro enemigo común: el COVID-19 (sic).
El 1 de abril de 2020, en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca sobre COVID-19, el gobierno de los Estados Unidos anunció que el Comando Sur de los EE. UU. iba a emprender una operación hostil en aguas cercanas a la costa venezolana en el Caribe Occidental. Esto tiene el efecto práctico de establecer un bloqueo naval que sin duda tienen (sic) consecuencias catastróficas, particularmente en un momento en que mi país está dirigiendo toda la capacidad del Estado a la protección de la población en el contexto de una terrible pandemia”.
Continúa más adelante el documento refiriéndose a la “verdadera intención” de Trump: “Los comentarios hechos contra el presidente Nicolás Maduro por Mark Esper, Secretario de Defensa de los Estados Unidos de América, en el momento del anuncio revela la verdadera intención del gobierno de los Estados Unidos: tomar acción política y militar coercitiva contra el gobierno y el pueblo venezolano, en violación de nuestra soberanía e integridad territorial. En la rueda de prensa, el secretario Esper declaró que ‘el pueblo venezolano continúa sufriendo tremendamente debido al control criminal de Maduro sobre el país’ y que ‘los narcotraficantes están aprovechando esta ilegalidad’. Del mismo modo, el presidente Trump señalaba:
‘No debemos permitir que los carteles de la droga exploten la pandemia para amenazar vidas estadounidenses.’ Este es un argumento monstruoso en un momento sin precedentes con prohibiciones de viajes por avión y tierra, cierres de fronteras y cuarentenas que cubren países enteros. Tales narrativas oportunistas carecen de credibilidad y se burlan de la inteligencia de toda la humanidad”.
“Llama la atención que Estados Unidos de América está fortaleciendo con sus fuerzas armadas la presencia en un área donde hay poco tránsito de narcóticos, según el Informe Mundial sobre drogas 2019 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y las cifras publicadas por el Gobierno de los Estados Unidos en sus bases de datos, que indican que la mayoría (más del 80 por ciento) del narcotráfico hacia los Estados Unidos de América tiene lugar a lo largo de la costa del Pacífico, desde Colombia a Guatemala, no a través del Caribe occidental, cerca de la costa venezolana que es donde el gobierno de los Estados Unidos ha establecido su presencia naval.”
“Mi gobierno ha cumplido responsablemente sus obligaciones internacionales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, como el continuo fortalecimiento de la cooperación multilateral. Los mecanismos son una prioridad política. Las cifras publicadas por las Naciones Unidas muestran que hay poco tráfico de drogas en Venezuela, lo que refleja los esfuerzos significativos que se han hecho para destruir cultivos ilícitos e interceptar y confiscar cargamentos de drogas. Nosotros por lo tanto, condenamos los intentos de utilizar la lucha crucial contra el narcotráfico como un pretexto para justificar una operación militar falsa contra mi país”.
“El anuncio de estas operaciones el 1 de abril se produjo un día después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América publicó un «informe democrático para el marco de transición para Venezuela», con el que busca suplantar a nuestra Constitución Nacional, presentando el documento como una orden que debe ser aceptada por el pueblo y las instituciones venezolanas para evitar el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos. Esto es una violación del Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas que establece lo siguiente: “Todos los Miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Mi país, de acuerdo con su tradición pacifista, agotará todos los medios de diálogo y solución de controversias; sin embargo, se reserva el derecho de tomar medidas bajo el artículo 51 de la Carta, en el ejercicio de su derecho de legítima defensa, en caso de agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos de sus aliados”.
“Este curso de acción progresivo que involucra amenazas y extorsión también incluye operaciones militares encubiertas, como las denunciadas por el presidente Nicolás Maduro en su carta de 29 de marzo de 2020 dirigida a todos los Jefes de Estado y de Gobierno, en que condenó el hecho de que un grupo de mercenarios y personal paramilitar estaba siendo organizado, entrenado, financiado y armado en la territorialidad colombiana, bajo los auspicios del gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América, con miras a la perpetración de actos terroristas en mi país en la última semana de marzo de 2020 y la realización de un cambio de gobierno a través de la fuerza”.
“La incautación de un arsenal de guerra destinado a ser utilizado en Venezuela por estos terroristas, grupos capacitados en Colombia, que tenían la intención de ingresar al país a través de la frontera en la región de La Guajira, fue confirmada públicamente por el propio jefe de la operación. El 26 de marzo de 2020, Clíver Alcalá, general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un prófugo de la justicia venezolana, declaró que había sido jefe de un complot terrorista de «operación quirúrgica» para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto rango usando armas compradas a agentes de los Estados Unidos y bajo la protección del Gobierno de Colombia.
En múltiples ocasiones, mi Gobierno ha denunciado públicamente, en particular a las autoridades gubernamentales de Colombia, las conspiraciones que se están gestando en ese país. Sin embargo, no hemos recibido una respuesta positiva con respecto al desmantelamiento de los centros de capacitación, aunque en realidad hayamos proporcionado información sobre sus ubicaciones; la incautación de armas; o el arresto de las personas responsables. Esto prueba que el Gobierno de Colombia está violando la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad al permitir todas las condiciones propicias a la planificación, financiación y capacitación de estos grupos, con el propósito de comisión de actos terroristas en mi país, para existir en su territorio. También está violando la resolución al negarse a proporcionar asistencia en relación con la delincuencia, investigaciones o procedimientos penales relacionados con la financiación o el apoyo de la organización de actos terroristas, a pesar de que Venezuela siempre ha estado lista para colaborar tanto como sea posible en este importante asunto sobre la base de la legalidad, mutua asistencia y el principio de extraditar o enjuiciar.
Como si eso no fuera suficiente, cuando estos planes se hicieron públicos, el 26 de marzo 2020, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Departamento de Justicia, viola abiertamente el Artículo 2, párrafo 7, de la Carta al intentar imponer su sistema de justicia sobre el Estado soberano de Venezuela. El Fiscal General de los Estados Unidos de América acusó al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de ser narcotraficante y ofreció una recompensa de $ 15 millones por información conduciendo a su arresto. Esta acusación infame no es más que la reiteración de la narrativa racista y narrativa degradante sobre los pueblos de América Latina que se ha presentado durante más de un siglo de práctica colonial supremacista por parte de los Estados Unidos de América para justificar sus numerosas intervenciones militares en nuestro continente.La subordinación del orden jurídico internacional a las leyes nacionales de un Estado es inaceptable, ya que contraviene el principio de igualdad soberana previsto en el Artículo 2, parágrafo 1, de la Carta de las Naciones Unidas. En violación de los preceptos del derecho internacional, el gobierno de los Estados Unidos intenta reclamar el poder extraterritorial unilateral y selectivo inexistente para ‘enjuiciar’ al jefe de Estado en ejercicio de un país soberano, que tiene inmunidad según el derecho internacional en virtud de su cargo. No hay ninguna ley o autoridad que respalde este curso de acción, ya que Venezuela es un país independiente y sus leyes y justicia y el sistema emana de la soberanía de su gente, no de autoridades extranjeras con ambiciones imperiales que buscan ejercer la jurisdicción colonial.
A la luz de la tendencia errática del Gobierno de los Estados Unidos de América este actuará en contravención de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, esta acción plantea una amenaza absoluta para la moral, la integridad física y psicológica de los representantes de más alto nivel de mi país. Equivale a coerción política, judicial y militar por parte de una Potencia que busca ejercer su jurisdicción nacional de manera extraterritorial. Además, todo esto está sucediendo en medio de una catastrófica pandemia global. Es despreciable y cruel oportunismo que pone en peligro la paz y la seguridad en la región.
Mi país observa con preocupación que, en estos casos extremadamente excepcionales, en circunstancias en las que se presentan problemas de salud relacionados con COVID-19, se planteen desafíos con respecto al funcionamiento del Consejo de Seguridad, donde los Estados Unidos, actuando como un Estado al margen de la ley, aprovecha la oportunidad de moverse hacía adelante con sus planes de agresión militar.
A la luz de lo anterior, mi país solicita que el Consejo de Seguridad tome una acción fuerte al declarar que la política belicista de los Estados Unidos de América y Colombia contra Venezuela será una amenaza para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. También solicitamos que el Consejo de Seguridad, de conformidad con los poderes conferidos en virtud del artículo 39 de la Carta, instar a los gobiernos que deben poner fin a su política de agresión contra mi país para evitar una escalada de tensiones en la región. Al mismo tiempo, nos unimos a la llamada realizada por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, el 23 de marzo de 2020, para un cese inmediato de las hostilidades en todos los conflictos para que, juntos, podamos centrar nuestras energías para combatir la terrible pandemia que está devastando a la humanidad. Le agradecería que hiciera circular la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad”.
