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Runrunes de Bocaranda: MEDIO – RECICLAJE PERMANENTE

 RECICLAJE PERMANENTE

En 22 años de los desgobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro la característica principal y más repetitiva es la del permanente intercambio o reciclaje de ministros. En una versión ministerial del famoso e infantil “juego de las sillas”, estos años han permitido que casi 200 funcionarios hayan “bailado las sillas” sin importar su ignorancia, falta de preparación y otros defectos de que adolecen. Esto sin hablar de la corrupción, pues todos estos burócratas cambiaron la ubicación de sus modestas viviendas en las zonas más humildes de las capitales del país a zonas más pudientes, desde las de clase media hacia la muy alta, y sin que nunca en dos décadas hayan presentado una declaración de impuestos o una conformidad de entrega del cargo a sus sucesores. 

El último caso, el de Eduardo Piñate, que pasa de ministro del Trabajo a ministro de Educación para reemplazar al fallecido Aristóbulo Istúriz. El Ministerio del Trabajo lo ocupará José Ramón Rivero, que es diputado. Rivero ya había sido ministro del Trabajo en 2007, en el gobierno de Chávez y en el año de las nacionalizaciones. Es además vicepresidente de Gobierno para el Socialismo Social y Territorial. Así es que se gobierna en el llamado “Socialismo del siglo XXI”. 

 ¿CAMBIARON A LOS CULPABLES?

Recordemos los hechos: Juan Pablo Pernalete, de 20 años, falleció el 26 de abril de 2017, durante una protesta en Altamira. El discurso del gobierno de Nicolás Maduro con respecto a ese asesinato lo explicó el entonces ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas, cuando aseguró ante los medios que el joven murió por el impacto de una pistola de perno. Según Villeguitas, el asesinato de Pernalete lo perpetraron otras personas que se encontraban en la manifestación donde falleció el joven.

Sin embargo el Fiscal General del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, informó el pasado sábado primero de mayo que el Ministerio Público imputó a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por el asesinato de Juan Pernalete por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”.

Durante una rueda de prensa, Saab señaló que Pernalete «falleció» tras recibir el golpe de una bomba de gas lacrimógeno en el pecho. En aquel entonces, la fiscal Luisa Ortega Díaz dijo que Pernalete murió por el impacto en su pecho de una bomba lacrimógena disparada por fuerzas del Estado. Esa declaración le valió su destitución del gobierno madurista. Por otra parte, Saab indicó que el Ministerio Público entregará un informe de gestión ante la Corte Penal Internacional. A juicio de Saab, durante su gestión como fiscal general el MP se ha imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. ¿Exculpan con eso al presidente, sus ministros y otros colaboradores de la línea de mando?

Veremos qué dirá el informe de la Corte Penal Internacional, que está por salir.

 ¿LA RAZÓN?

Escuché en un panel de juristas que el motivo real de esos “cambios” en la culpabilidad de esos crímenes obedecería a que tras la inacción gubernamental en investigar esos asesinatos (transcurridos más allá de los tiempos prudenciales), la Corte Penal Internacional estaba por decidir enviar una comisión a investigarlos in situ, como se lo permiten los estatutos. Adelantándose al fin de dicho lapso se buscó anunciar los “resultados de la investigación” del gobierno.

Transparencia Venezuela explica que es una “maniobra en casos de Albán y Pernalete para esquivar actuación de la CPI”, que cito: “La sorpresiva decisión del fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, de admitir que el concejal por Caracas, Fernando Albán, no se suicidó en octubre de 2018, sino que fue asesinado mientras estaba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); y de que el estudiante Juan Pablo Pernalete sí perdió la vida a manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras participaba en una protesta antigubernamental en 2017, más que la confirmación de una sospecha, parece una maniobra destinada a evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación formal contra altos funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad”.

Y se basa en las mismas declaraciones de Saab: “Así lo dejó entrever el propio titular del Ministerio Público, quien el pasado 1 de mayo, señaló cómo funciona este mecanismo: ‘Hay que recordar que la CPI tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma. En otras palabras, esta instancia interviene cuando los posibles casos que pueden ser de su competencia no han sido investigados, por el sistema de justicia de un Estado parte’. Y, acto seguido, Saab remató: ‘ha quedado claro nuestro compromiso a investigar’”.

 ATINADA RESPUESTA

La periodista Carla Angola, exiliada en Florida, se tomó a pecho la declaración del papa Francisco del jueves de la semana pasada cuando dijo, entre otras cosas: «Pido que ninguna intervención de afuera les impida caminar a la unidad nacional». Ella le respondió: “Su Santidad, esa intervención la han ejecutado FARC, ELN, Fuerzas Quds, Hezbollah, Hamas, militares rusos, chinos, cubanos y otros de los que usted seguro ha leído en infinidad de informes que deben haber llegado a sus manos en el Vaticano”.

También le hizo referencia al nuevo beato venezolano: “Nuestro pueblo celebra al doctor José Gregorio Hernández porque ha sido en Dios y en sus santos en quienes mi país ha podido refugiarse ante la terquedad de un mundo que se empeña en tratar nuestra tragedia como una crisis política y no como el secuestro de una nación”.