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54% de los detenidos en Venezuela se presumen inocentes de acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones
Su directora Carolina Girón dijo que existe hacinamiento en las prisiones pese a que en los últimos años se han cerrado 11 centros penitenciarios

 

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), aseguró que 54% de las personas que están en las cárceles venezolanas se presumen inocentes, ya que la culpabilidad de los delitos de los que son acusadas aún no se ha demostrado.

En declaraciones ofrecidas al programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Girón señaló que ante esta situación, la inocencia está presumida como principio general.

Dijo además que la población carcelaria todavía sigue siendo más de lo que puede albergar el Estado, pese a que se han hecho varias excarcelaciones masivas y que en los últimos años se han cerrado 11 centros penitenciarios.

Girón hizo especial referencia al retén de Cabimas, en el estado Zulia, el cual se pagó el total de la construcción de la obra, pero nunca se construyó.

Detalló que el OVP contabiliza 32.500 personas en prisiones, cuando hay plazas solo para albergar 20.000 reclusos.

“La población lo que ha hecho es incrementarse. Hay que construir centros de detención. En Venezuela (las cárceles) las han cerrado sin que se distribuya la población penitenciaria. A diferencia de Holanda que cierran cárceles porque no hay población carcelaria”.

El pranato controla 89% de la población carcelaria en Venezuela, según el OVP
La periodista Ronna Rísquez describió varias formas de rentas criminales que permiten a los pranes financiarse

El 89% de las cárceles venezolanas son controladas por el pranato, mientras que solo el 11% de los centros penitenciarios del país están bajo el control del Estado.

Así lo reveló el Observatorio Venezolano de Prisiones este martes, 9 de agosto, durante un foro en el que participaron diferentes especialistas del tema carcelario.

Según la organización, la razón de que esto sea así, es la profunda falta del Estado y vacío institucional. Eso ocasionó que se crearan redes criminales dentro de las cárceles.

En consecuencia, dentro de los centros penitenciarios, individuos consolidaron y poderío hasta formar la figura de «pranes».

De acuerdo con investigaciones del OVP, se determinó de 31 centros carcelarios que analizaron, ocho están bajo el control del Estado, ocho bajo el pranato y 15 en control mixto (Estado y pranato).

Al respecto, la ONG advirtió que dicho control permite que los delincuentes se lucren de un negocio donde tienen ganancias millonarias, mediante el cobro de múltiples servicios.

Carolina Girón, directora del OVP, señaló que, en total «46% de la población carcelaria venezolana está en sitios bajo el control del pranato, 43% de control mixto y 11% en control del Estado».

«Con relación a los calabozos policiales, el primer pran que pudimos identificar estaba en el estado Zulia», añadió Girón en su intervención.

Delitos dentro de las cáceles

Carolina Girón explicó que la corrupción dentro de las cárceles ha permitido que se cometan al menos nueve tipo de delitos desde los centros penitenciarios contra el ciudadano común (secuestros, estafas, entre otros).

“Para las personas en el exterior es muy difícil entender la situación de los pranes, no porque exista el pranato per se, sino cómo las autoridades le dieron tanta autoridad a estos personajes que se auto pusieron títulos”, señaló.

Asimismo, Girón señaló que se evalúa si la figura del pranato ya está en centros de prisión preventiva, debido al éxito que tiene en cárceles grandes.

Colaboración de funcionarios

Luis Izquiel, abogado especialista en crimen organizado, señaló que el problema estructural del pranato se debe, en parte, a la participación y colaboración de funcionarios de alto y menor rango.

“Lo podemos deducir por los armamentos que ahora son utilizados dentro de las cárceles, lo que antes era un chuzo, hoy son armas de alto calibre que ingresan en complicidad de custodios y funcionarios al cuidado de estos lugares”, expresó Izquiel.

 

También, aseguró que para llevar a cabo negocios de forma exitosa se han creado una estructura de poder que parte del pran. En ella, se tienen diferentes cargos, por medio de los cuales se ejecuta el control.

Dicha estructura se conforma por un equipo de delincuentes que cumple cada uno una función, señala una nota de prensa del OVP.

Sistemas que operan en las cárceles

Ronna Rísquez, periodista, investigadora y coordinadora editorial de Monitor de Víctimas, indicó que en las cárceles donde existe la figura del pranato, también hay presencia de funcionarios de seguridad, pero no tienen ningún tipo de control.

«Aunque tienen un director, termina siendo al parecer una especie de figura decorativa», indicó Rísquez.

Durante su intervención, Rísquez describió varias formas de rentas criminales (microtráfico de drogas, extorsiones, comercialización de comida) que permiten a los pranes financiarse. En algunos casos participan funcionarios.

“Esta colaboración llega a niveles tan altos que el director negocia con el pran a cambio de un pago, quién será el nuevo plan”, afirmó la periodista.

#NegociosCarcelarios: Escombros del retén de Cabimas sepultan años de control de los pranes
Un equipo de investigación de Runrunes ingresó al centro de detención meses antes de su demolición y constató la estructura de poder y crimen que instalaron los pranes dentro del centro de reclusión que era administrado por la Gobernación del Zulia
Los reclusos tomaron el control total del retén a finales de 2019, el recinto no tenía custodia interna y la vigilancia de los cuerpos de seguridad se limitaba a la instalación de alcabalas alrededor de la prisión y sobrevuelos ocasionales con un dron
Solo por el cobro de la causa, los pranes tenían ingresos anuales de al menos US$240.000. Sin incluir el cobro de las extorsiones a comerciantes, que variaba entre US$3.000 y US$50.000 por comercio 
Las bandas de “Adriancito” y “Yeiko Masacre”, aliadas de las megabandas de “Los Meleán” y “Los Leal”, respectivamente, controlaban desde el retén el cobro de vacuna y otros delitos. Se calcula que ocho de cada diez extorsiones que se registran en los municipios de la Costa Oriental del Lago eran coordinadas desde el retén

Ronna Rísquez, Karina Peraza y Liz Gascón

 

Foto Tal Cual: Entrada del Retén de Cabimas

 

Lo primero que llamaba la atención al llegar al Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago, mejor conocido como el Retén de Cabimas, era que no tenía cerca perimetral en la parte trasera y los portones están abiertos todo el día. Tampoco había custodios o funcionarios policiales que vigilaran. Los presos estaban de su cuenta y podían salir sin problemas, como el día en que tomaron la calle para protestar por falta de alimentos. La única razón por la que no se fugaban era por el terror que imponían los pranes.

El centro de reclusión estaba controlado por cuatro presos, uno por cada pabellón, que respondían a poderosas organizaciones criminales del estado. Así permaneció por casi cuatro años, desde 2017 cuando Omar Prieto asumió la gobernación del Zulia hasta que en octubre de 2021, justamente un mes antes de las elecciones regionales para un próximo período.

Después de varias promesas, que se remontan a 2019, finalmente el gobernador y aspirante a la reelección, decidió resolver el problema: Ordenó el desalojo e inició la demolición de la pequeña edificación, ante la imposibilidad de recuperar el control del recinto, que originalmente no era una prisión, sino una delegación policial.    

El retén de Cabimas,  era uno de los 25 centros de detención policial que había en Zulia. Construído en 1973, fue diseñado para una capacidad de 100 reclusos, pero de acuerdo con la investigación de campo para este perfil, en mayo existía una población de 1.028 privados de libertad. El hacinamiento era superior a 1.000%.

 

Estaba bajo la responsabilidad de la gobernación del estado Zulia, que en 2020 cerró con una tasa de 47,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, siendo los sicarios, miembros de bandas y funcionarios de seguridad los principales victimarios. Pese a los elevados índices delictivos, Zulia no tiene cárceles y por esa razón los centros de detención preventiva o retenes policiales son utilizados como prisiones.

La falta de reja perimetral en el retén de Cabimas era apenas una de las debilidades que mostraba el penal. Carlos Barrios, quien fungía como director provisional del retén desde comienzos de 2020, despachaba desde sus alrededores dos o tres veces a la semana. La falta de vehículo oficial y la escasez de gasolina conspiraban en contra del trabajo presencial del funcionario que reside en Maracaibo, así que la seguridad de los detenidos no estaba bajo su control. 

El resguardo de sus alrededores estaba a cargo únicamente de una patrulla con cinco policías que envía La Comandancia General del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) para hacer recorridos por las inmediaciones del retén, acompañados de otros dos funcionarios asignados a la custodia externa, reveló una fuente del organismo que prefirió no identificarse. 

En total, eran 14 funcionarios del CPBEZ, divididos en siete para cada turno. Los oficiales evitan estacionar la patrulla en la calle y observan desde afuera a los presos que caminan armados por la azotea y demás espacios del retén. La fuente admitió que no había suficiente personal para las labores de custodia externa y que sus actuaciones son limitadas por temor a las represalias que puedan tomar los delincuentes en contra de los policías o sus familiares. 

Un informante del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) señaló que, ante la ausencia de custodia interna y el aumento de las denuncias de extorsión planificadas por presos, este organismo instaló dos puntos de control a menos de 300 metros de distancia de la prisión. Eran 12 los funcionarios del CONAS y la GNB asignados para la custodia externa en dos turnos. 

 

Entre policías y militares había un total de 26 funcionarios en labores de custodia externa. En la investigación se pudo constatar que el CONAS instaló cámaras de seguridad en las inmediaciones de la prisión para observar a los visitantes y detectar movimientos irregulares. También se cuenta ocasionalmente con un dron de vigilancia que sobrevuela el retén, según reveló una fuente oficial en condición de anonimato. 

El retén de Cabimas carecía de custodia interna desde finales de 2019. Solo una funcionaria del CPBEZ cuenta con la autorización de los pranes para ingresar: Nohelia Barrios, una empleada administrativa que servía de enlace entre los reclusos y las autoridades para gestionar, fundamentalmente, el traslado de los enfermos al médico forense o centros de salud. 

Cada pabellón del retén tenía un pran o líder negativo que ejercía las funciones del Estado: seguridad, reglas y normas de convivencia. 

Felices los cuatro

El control del retén de Cabimas estaba repartido entre cuatro líderes que gobernaban los distintos anexos, la planta alta y el área de mujeres.

El que tenía el mayor poder de fuego y más hombres era Wilson Israel Valles Pérez, alias “Wilson”, el pran del pabellón B. Esta área llegó a albergar unos 400 reclusos de los cuales entre 50 y 100 pertenecían al “carro”. La mayoría eran delincuentes que operaban en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, principalmente, en los municipios Cabimas o Santa Rita, explicó un comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que trabajó en la región.

“El Wilson” había sido el lugarteniente de dos exlíderes evadidos del retén de Cabimas en 2016: Adrián José Rodríguez Gudiño, alias “Adriancito”, de 34 años de edad, quien se encuentra prófugo; y Sleiter José Leal de 36 años, alias “El Sleiter”, asesinado en junio del 2020. 

 

Por esta razón, a través de “Wilson” la banda de “Adriancito” era la que controlaba la prisión, pero además tiene el respaldo financiero de la megabanda de “Los Meleán”. El pran se encargaba de los negocios dentro del centro de detención y de otras extorsiones. “Adriancito”, entre tanto, dirigía las operaciones fuera del retén, reveló el funcionario del CONAS entrevistado para este perfil.

Los otros grupos de dominio en el retén era los de Yorman Rosendo, alias “Yormita”, quien tiene el mando del pabellón A; José Gregorio Gavidia, alias “Chiveco”, líder del pabellón C; un exguardia nacional apodado “El Conas”, quien regenta el área reservada para funcionarios de seguridad que están presos. 

Los grupos de alias “Yormita”, pabellón A; y alias “Chiveco”, pabellón C funcionaban como extensiones y aliados de la banda de Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre”, quien figura como financista de esos anexos, enemigos del pabellón B. No hay información sobre la cantidad de hombres que poseen, pero era inferior a la de sus rivales debido a que los pabellones que dominaban albergaban menos reclusos.

El área de mujeres también estaba dominada indirectamente por alias “Wilson”, pues la líder era su pareja sentimental Migdalia Fernández.

La cantidad de presos bajo el control de cada pran determinaba su grado de poder dentro de la prisión por dos razones: la cantidad de hombres que podían integrar la estructura criminal o carro y la cantidad de dinero que generaba el cobro de la causa a los pabellones con más hombres.  

 

Aunque la estructura del pranato se sostenía con diversos delitos y actividades, destacaba el cobro de causa, una especie de impuesto que cobra el pran al resto de la población penal por el derecho a estar en la prisión. La tarifa mínima de la causa semanal se ubicó en US$5 por recluso. Según una fuente, los pagos se hacían en efectivo obligatoriamente. 

Los insolventes eran expulsados de los pabellones como medida de castigo y llevados a las áreas donde permanecen los reclusos con tuberculosis o donde hay mayor hacinamiento. Si no pagan, se les niega tanto el agua como la entrega de alimentos.

Para comprender la magnitud de este negocio sólo hay que usar la aritmética: si 1.000 reclusos cancelan US$5 de causa, el ingreso de los pranes es de US$5.000 a la semana y US$20.000 por mes. Alias “Wilson” era quien obtenía la mayor parte de las ganancias porque su pabellón era el más poblado, con unos 400 presos. 

Por esa razón mantener un volumen de presos hacinados era justamente parte del negocio que defendían los pranes y sus aliados criminales.

Otras actividades delictivas dentro del retén incluían el microtráfico de droga. Si bien no se logró precisar cuáles son las sustancias que se trafican en el retén de Cabimas ni tampoco cuál es el tamaño de la ganancia de pranes y asociados, en septiembre de 2020, el CONAS derribó drones que transportaban al retén tanto drogas como armas. Por este hecho capturaron a cuatro hombres acusados de operarlos desde una vivienda cercana al recinto.

El pranato también llegó a controlar la distribución del combustible despachado en la estación de servicio que está justo al lado de la prisión. “Wilson” disponía de una cierta cantidad de gasolina para ofrecerla en venta en el mercado negro, de acuerdo con medios locales

 

De hecho, el control de este negocio originó en diciembre de 2019 una nueva reyerta entre las bandas de los anexos B y C. La operación con el combustible se vio limitada desde junio de 2020, debido a la polémica generada por un video de los reclusos caminando con armas largas, mientras vigilaban desde el techo cuando funcionarios de la GNB custodiaban la fila para la estación de gasolina

Luego de este episodio, la gobernación excluyó a la gasolinera del retén del cronograma de suministro.

Las armas vienen de las FANB

Las armas que están dentro del retén de Cabimas eran obtenidas “a través de funcionarios corruptos”, ya sean agentes policiales, del CICPC o miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 

Estos últimos son los principales proveedores tanto de las granadas como de las armas largas que circulan en ese retén, explicó un comisario del CICPC. “La potencia y el calibre del armamento aumenta dependiendo de la cercanía con los pranes. Los más cercanos al pran tienen armas largas. En la entrada de los pabellones los gariteros usan revólveres, en el interior se dejan ver una que otra pistola, y las armas largas y las granadas se exhiben mientras alguno de los líderes se pasea por el área”, detallan los reportes de Una Ventana a la Libertad sobre el tema. 

A los reclusos más apartados de los pranes –siempre y cuando pertenezcan a su estructura criminal– les permiten portar armas blancas como machetes y cuchillos.

Expertos de Una Ventana a La Libertad señalan que el pase de armas a las instalaciones se hace a través de familiares y conocidos que no son requisados por la custodia externa por orden de Wilson. 

 

Un inspector jefe del CICPC refirió que la mayoría de las granadas que utilizan estos grupos entran a través de cualquier línea fronteriza. “Las granadas las traen delincuentes de Colombia y pueden pagar por cada una 200.000 pesos colombianos o comprarlas por 100 dólares en Venezuela”.

Otro informante del organismo manifestó que las granadas con seriales de CAVIM, son extraídas de los entrenamientos militares. Los funcionarios de la FANB arrojan cinco explosivos en las prácticas pero reportan 25, las 20 restantes son desviadas ilegalmente a los grupos criminales.

El gran negocio es puertas afuera

Todo apunta a que la principal fuente de ingresos de los pranes del retén de Cabimas son las extorsiones a comerciantes y empresarios del municipio Cabimas y otras seis jurisdicciones de la Costa Oriental de Lago (COL): para el 2017 salían al menos tres llamadas diarias del retén y, de cada 10 empresarios o comerciantes de Cabimas, al menos seis recibían llamadas extorsivas, según reportes de prensa

Dos comerciantes y un sargento del CONAS de Cabimas entrevistados durante esta investigación coincidieron en que el retén es el mayor centro de operaciones para las extorsiones registradas en la subregión.. Actualmente, la banda delictiva puede cobrar entre US$3.000 y US$50.000 en efectivo por cada operación, precisaron dos comerciantes de Cabimas, que pidieron no revelar su identidad. Un agente del CONAS Zulia y varios representantes empresariales explicaron que el monto de la extorsión varía según el perfil de la víctima.

Según fuentes policiales, los extorsionadores incluso utilizan cuentas prestadas para cobrar transferencias a través del sistema de pago interbancario de Estados Unidos, Zelle. 

El modus operandi de estas bandas criminales del retén de Cabimas consiste en amenazar a las víctimas con atentados y luego ofrecerles una «protección» en sus negocios y/o propiedades. En las redes sociales sobran los videos y denuncias de amenazas con granadas y disparos a los empresarios y comerciantes que se nieguen a pagar vacuna.

Con el fin de que la víctima ceda, estudian e identifican a todo su núcleo familiar. Si se rehúsan a entregar el dinero, los sicarios de la organización los presionan disparando a las viviendas o lanzando explosivos contra alguno de sus negocios, según confirmaron por igual agentes del CONAS y del CICPC consultados. 

Un empresario relató que, fue en 2017 cuando comenzaron los atentados, en vista de que las llamadas intimidatorias se habían agotado como estrategia, pues las víctimas potenciales dejaron de atender a números desconocidos o ignoraban las solicitudes.

“Las bandas se van reinventando y fortaleciendo su estrategia a medida que las víctimas pierden el miedo”, reiteró, agregando que ahora envían videos por Whatsapp donde hombres con los rostros cubiertos exhiben granadas y armas para atemorizar a la víctima y que acceda a hacer el pago.

 

Un jefe del CICPC en Zulia indicó que los principales delitos que se registran en el estado son la extorsión y asesinatos que derivan de la extorsión. En el perfil de las víctimas de homicidios suelen encontrar la misma coincidencia: personas que cancelaron vacunas en alguna oportunidad y se rehusaron a pagar nuevamente. 

Según fuentes de la División de Antiextorsión y Secuestro del CICPC Zulia, solo 10 por ciento de las llamadas extorsivas logran que se haga el pago a los delincuentes, y apenas 25 por ciento de las víctimas denuncian. 

Comerciantes consultados en los municipios Cabimas y Santa Rita afirmaron que las víctimas desconfían de los cuerpos de seguridad porque muchos funcionarios trabajan para las bandas de extorsión. En reiteradas oportunidades los comerciantes han recibido mensajes intimidatorios de los delincuentes en los que se señala que saben que, en ese momento, se encuentran denunciando en la sede policial o en el comando militar. 

El CICPC en Zulia estima que al menos el 90 por ciento de los teléfonos que utilizan las bandas criminales tienen códigos de área de Colombia, Ecuador o incluso de Panamá. La mayoría contacta a las víctimas con números colombianos, pues para la compra de los chips, no se requiere documentación, precisó una fuente policial.

Este hecho también podría ser un indicador de la expansión de estas bandas fuera de Venezuela. “Los Meleán” y “Yeiko Masacre” tienen presencia en Colombia.

Comerciantes de la COL afirman que las organizaciones delictivas apuntan a grandes empresas prestadoras de servicios como clínicas o distribuidoras de insumos médicos, entre otros rubros, porque tienen más liquidez. En los últimos meses han aumentado los ataques a comercios e incluso a sedes de cuerpos de seguridad. Según reportes de prensa, hay indicios de que los atentados son ordenados desde la prisión

 

Una de las formas de conseguir la información de las víctimas son contactos laborales, datos de la vivienda o de amistades y, recientemente, empezaron a utilizar a damas de compañía o escorts para obtener información de quienes contratan sus servicios, reveló un funcionario del CONAS.

El sicariato es otro de los delitos que ha caracterizado a las bandas de “Los Meleán” y “Los Leal”. Eran conocidos en el mundo criminal como sicarios. Sus aliados del retén de Cabimas también se dedican a esta actividad. Y uno de los casos más emblemáticos que se les atribuye es el sicariato del comisario Benito Cobis.

El pranato gana con todo

Hasta el cierre del penal de Cabimas, Wilson Israel Valles Pérez, alias “Wilson” era el pran del pabellón B. Tiene 43 años, es natural de Ciudad Ojeda y fue condenado a 25 años de prisión –al igual que “Adriancito”– por el secuestro del presidente de una línea de transporte de Lagunillas, en 2013. Pese a su reclusión, planifica robos de vehículos, sicariatos, coordina la mayor red de extorsiones en la Costa Oriental del Lago y es el responsable de más de 90 % de los atentados con granadas, según informan medios locales. 

Migdalia Fernández es la pareja de “El Wilson” y también estaba detenida en el retén de Cabimas. Convivía con 14 mujeres en el anexo femenino. Otras 60 reclusas con menos privilegios se encontraban en un pabellón. Fernández es la líder de esas dos divisiones. No hay detalles sobre el delito por el cual está presa o sobre su vida personal, pero existen indicios de que apoya cada decisión del líder del pabellón B.

Foto tomada de Facebook:Migdalia Fernández, líder del anexo femenino del retén de Cabimas, junto a Wilson Valles, pran de pabellón B

Adrián José Rodríguez Gudiño, alias “Adriancito”, tiene 34 años y es conocido como “Adriancito”. Ingresó al retén de Cabimas en 2013 por el secuestro del presidente de una línea de transporte de Lagunillas. En ese hecho actuó junto a alias “Wilson”. 

Desde que ingresó al retén de Cabimas, “Adriancito” era parte del anillo de seguridad de Legel Odelvis Enrique, apodado “El Tata”, quien fue el pran del pabellón B hasta su asesinato en el año 2014.

En 2015, “Adriancito” estableció una alianza con Sleiter José Leal, alias “El Sleiter”, quien entró al retén de Cabimas ese mismo año por homicidio calificado en grado de frustración. Leal tenía prontuario por homicidio, tráfico de drogas, extorsión, robo y secuestro, credenciales que lo convirtieron en el segundo al mando del pabellón B a los pocos meses de llegar. 

Rodríguez y Leal conformaron dentro del retén un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), como se califica en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 

“Adriancitio” quedó a la cabeza de la organización criminal en 2020, luego del asesinato de “El Sleiter”. La banda opera en los siete municipios de la Costa Oriental del Lago en Zulia: Cabimas, Santa Rita, Lagunillas, Miranda, Baralt, Valmore Rodríguez y Simón Bolívar. En paralelo, los socios externos se dedicaban al robo de vehículos, con cobro del rescate de los mismos, según precisó un comisario del CICPC que trabajó en la región zuliana hasta el año 2016. 

“El Sleiter” era el enlace con la megabanda de “Los Meleán”, la organización criminal más poderosa y antigua del estado Zulia. Durante su estadía en la prisión, los miembros de este clan familiar sirvieron de proveedores de armas, reveló el comisario de la policía científica. 

El 14 de abril de 2016, “Adriancito”y “El Sleiter” se fugaron del retén junto a otros 17 reclusos. Ambos eran considerados los más poderosos del retén y con la fuga su influencia fuera de la prisión creció. “El Sleiter”, como miembro de “Los Melean”, mantenía comunicación con esa organización criminal. Una vez que “Adriancito” y “El Sleiter” escapan, continuaron con su carrera criminal y mantuvieron el liderazgo dentro del centro de detención a través de otros presos, como “Wilson”.  “El Sleiter”, socio de “Adriancito”, también había logrado llevar sus actividades delictivas a la capital colombiana. Autoridades venezolanas apuntan, además, que también “Adriancito” se encuentra en el vecino país

 

A esta pareja criminal le atribuyen los ataques con granadas y armas largas que se han registrado contra organismos de seguridad, centros médicos, locales comerciales y algunas viviendas en Zulia. Este es el modus operandi que utilizan para lograr que sus víctimas paguen extorsiones en dólares.

Pese a las bajas en las filas de subanda, producto en enfrentamientos con cuerpos de seguridad, detenciones en flagrancia y ajustes de cuentas de bandas rivales, el grupo sigue con sus actividades criminales en la COL y en Colombia, donde se radicó “Adriancito”.

Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre” lideró otro grupo que ejerció influencia dentro del retén de Cabimas. Figura en la lista de delincuentes más buscados por el Ministerio de Interior y Justicia por los delitos de homicidio, sicariato, robo de vehículo y desaparición forzada. Parra, quien tiene alerta roja de Interpol, estaría ocultándose en Chile y ha cobrado notoriedad desde 2018 por la publicación de videos y audios en redes sociales atribuyéndose homicidios y ataques. Funcionarios del CONAS Zulia presumen que alias “Yeico Masacre” es el financista de presos de los pabellones enemigos de “Adriancito”.

Su poder en el retén de Cabimas es menor al de “Adriancito” y “Wilson”, aún cuando los presos del centro de detención logran salir a realizar actos delictivos ordenados por él. 

Parra Mendoza es un exfuncionario de la GNB y recibió entrenamiento en operaciones de comando, inteligencia, manejo de explosivos y combate. Se dice que habría pertenecido a la banda de “Los Meleán”, de la cual fue jefe de seguridad y era conocido inicialmente como “Yeico Meleán”. 

Al tratar infructuosamente de convertirse en líder de esa organización en 2019, luego de la detención en Texas del cabecilla, Tirso Meleán, pasó a ser enemigo de todos los miembros de la banda, entre ellos “El Sleiter”, según declaró un comisario del CICPC. 

“Intentó apropiarse del manejo de la banda, lo que lo convirtió en rival de sus otrora patrones. En ese momento, adoptó el alias de ‘Yeico Masacre’ y echó a andar un plan de exterminio contra ‘Los Meleán’ que ya cuenta más de 30 muertos en Colombia y otros más en Venezuela”, reveló una investigación del diario colombiano El Tiempo

 

Las autoridades de ese país señalan que, tanto la banda de “Yeico Masacre” como a “Los Meleán”, están dedicadas a delitos como extorsión, sicariato, microtráfico de droga y la explotación sexual de migrantes. Igualmente afirman que estos grupos pelean el control de negocios ilícitos en Bogotá. De hecho, la PNC tendría reportes de las actividades de estas bandas venezolanas desde mediados de 2019, según declaraciones a El Tiempo.

Parra ahora tendría vínculos con la banda de “Los Leal”, enemigos de larga data de “Los Meleán” y  sería en realidad el jefe de los pranes de los pabellones A y C del retén, Yorman Rosendo, alias “Yormita” y José Gregorio Gavidia, alias “Chiveco”, respectivamente, informaron funcionarios policiales entrevistados para esta investigación.

Debajo de los pranes hay una organización que garantiza su seguridad y los negocios dentro del penal. Lugartenientes, luceros, gariteros formar parte del carro, que es el grupo  de personas que integran la pandilla o miembros directos de la organización que controla la prisión. 

Foto: Wilson Valles Pérez, pran del pabellón B

Socios en el delito

Los pranes en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la COL tienen nexos con bandas fuera de la cárcel. La principal alianza es la de “Wilson” con la banda de“Adriancito”, organización a la que representa en la prisión. 

“El Wilson”, a su vez, tiene miembros fuera de la prisión que hacen labores de investigación para identificar a víctimas de extorsiones y perpetrar distintas acciones delictivas.

El principal financista de la banda de “Adriancito” y “Wilson” es la megabanda de Los Melean”,que en definitiva son los verdaderos socios. Este es un clan familiar que opera desde hace más de 40 años en el estado Zulia. Han estado vinculados con contrabando de combustible, extorsiones, sicariatos y una variedad de delitos y está liderada en la actualidad por Jefferson José Nava Jiménez, apodado “Y. Nava” o “Jet Nava”, quien era lugarteniente de Willy Meleán, y Karinton José Soto Leal, conocido como «Karinton” quien es el segundo al mando del clan.

Otro de los líderes de la organización fue detenido en Estados Unidos en 2018 con gran cantidad de armas de fuego. Estaba solicitado por las autoridades venezolanas por sicariatos y otros crímenes.

Pese a la muerte de uno de sus líderes y la captura de otro, “Los Meleán” tienen ramificaciones en distintas ciudadades de Colombia y Panamá. Reportes de las autoridades colombianas señalan que los líderes de las bandas de “Yeico Masacre” y “Los Meleán” emigraron a Colombia entre 2018 y 2019. De hecho, células de ambas organizaciones ya están en siete ciudades colombianas: Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Ibagué, Soacha y Bogotá. 

“Se dedican especialmente al hurto, la extorsión y manejan redes de prostitución”, aseguraron fuentes policiales a la Revista Semana. En Fontibón, Chapinero y la capital, Santa Fe (Bogotá) se disputan el control de expendios de drogas y la trata de personas, según precisó a medios de comunicación el secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero. 

 

Desde 2018, los líderes de los pabellones rivales al de Wilson Valles, reciben financiamiento de “Yeico Masacre” quien, a su vez, libra una guerra con “Los Meleán”.

La megabanda de “Los Leal” tiene una historia de rivalidad con el clan de Los Meleán por el control de rentas y territorios de los municipios alrededor del Lago de Maracaibo, tal como describe InSight Crime en su trabajo de enero de 2021. Yeico Masacre tendría vínculos con la banda “Los Leal”, rival de “Los Meleán”. Antonio Meleán, líder de esta última organización, fue asesinado por un grupo de sicarios frente a una barbería el 28 de diciembre de 2008. Su guardaespaldas, Daniel David Leal Prieto, fue acusado del homicidio. 

“La muerte del líder de ‘Los Meleán’ representaría el surgimiento de una organización liderada por un antiguo socio: José Luis Leal Rangel. Leal decidió articular una nueva estructura criminal bajo su mando y desafió el poderío de ‘Los Meleán’ en Zulia”, destaca InSightCrime.

Retén de Cabimas

Foto: Presos del retén de Cabimas hacen fila para buscar agua

La emergencia humanitaria en el retén 

Ricardo Lugo, secretario de Seguridad y Orden Público de la Gobernación del Zulia, admitió que no enviaban alimentos según los requerimientos. Explicó que cada mes proporcionaban a los reclusos 400 bolsas con 15 kilos de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) que deberían consumir los prisioneros enfermos o con desnutrición.  

No obstante, estos alimentos se entregaban a los pranes para que ellos los distribuyeran en la población del penal. Por otra parte, los reclusos señalan que las autoridades incitan a la violencia para justificar intervenciones armadas de los cuerpos de seguridad puertas adentro.

A raíz de las confrontaciones entre los presos y funcionarios –que escalaron en 2019 y 2020– los controles externos de los cuerpos de seguridad aumentaron para compensar la ausencia de custodia interna. En ocasiones las autoridades han prohibido el ingreso de alimentos, medicinas y agua potable al retén. 

 

Por esta razón, los pranes promovieron una protesta y los prisioneros salieron de las instalaciones a exigir atención para los enfermos que estuvieron hasta 72 horas sin agua para beber

En una ocasión, se amotinaron y hasta detonaron seis granadas para ejercer presión sobre los militares que mantenían el acceso vehicular y peatonal restringido. El disturbio terminó con dos presos fallecidos

El centro de detención no contaba con sistema de cloacas o agua, según se pudo constatar en la visita realizada a estas instalaciones. Los reclusos cavaron dos pozos para obtener agua, pero no es apta para el consumo o aseo personal. Los reclusos pagaban US$0,2 o US$0,5 para llenar botellones de 20 litros de agua en las viviendas próximas al retén o reciben agua de sus familiares. El agua es una necesidad urgente, pues Cabimas tiene permanentemente temperaturas por encima de los 30°grados centígrados.

A principios de 2020, al menos 30 reclusas no recibieron atención adecuada. Además, dos de las cinco prisioneras embarazadas dieron a luz atendidas por sus compañeras, pues les negaron tanto el traslado a un hospital. 

Epicentro de la violencia

La violencia que se generó dentro del retén de Cabimas tuvo consecuencias que van mucho más allá del área del centro penitenciario. Las disputas por el dominio absoluto de la prisión desencadenaron motines de hasta ocho muertos en la última década. En una visita al retén se constató que los pranes utilizan a los reclusos enfermos para llamar la atención y obtener beneficios, como alimentos o medicinas. Los ajustes de cuentas entre las bandas del retén de Cabimas no solo ocurrían tras las rejas. Fuera de la prisión, los grupos aliados a los pranes también han librado una guerra. Estas bandas también se esparcieron por toda la zona oriental del país para alzarse con las rutas del microtráfico”, detalla un reportaje de El Heraldo.

En junio de 2020, “Yeico Masacre” encargó el sicariato de “El Sleiter”y su madre en Bogotá. Ese mismo mes, también se adjudicó el homicidio del abuelo de “El Sleiter” en Zulia y llegó a ofrecer hasta US$1.000 por el asesinato de cada familiar de su rival.

Otra consecuencia fue el aumento de la criminalidad tanto en La Misión como en las urbanizaciones del norte de Cabimas: muchos de los habitantes han abandonado sus casas o reforzado la seguridad para evitar la irrupción de delincuentes a sus propiedades. 

Retén de Cabimas

Foto: El retén de Cabimas se encuentra en una zona residencial

Entre 2018 y 2020 se contabilizaron al menos 46 ataques con explosivos en la región zuliana. De esta cifra, seis atentados se registraron en 2018, 13 en 2019 y 26 en 2020. Las continuas amenazas a comerciantes y empresarios han acelerado el cierre de muchos negocios. Según cifras de la Fedecámaras, en 2020 cerraron 800 empresas en el estado Zulia “por el acecho de las megabandas dedicadas a la extorsión”. Las acciones delictivas –en especial de la banda de Yeico Masacre— han causado el desplazamiento de comunidades enteras. 

Aunque los cuerpos de seguridad procuran limitar las acciones delictivas de las bandas que operan desde el retén de Cabimas con restricciones a la circulación nocturna de motocicletas en algunos municipios de la COL, estas medidas no han disminuido los índices delictivos, ni frenado las actividades de las bandas, lo cual genera problemas de gobernabilidad: el sicariato y el cobro de vacunas son comunes en los siete municipios que conforman la subregión. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, ha reconocido que las bandas delictivas del retén de Cabimas buscan imponerse en algunas jurisdicciones, sometiendo a los ciudadanos e incluso a los cuerpos de seguridad. 

Ante el incremento del cobro de extorsiones hasta en la puerta del retén de Cabimas, desde el 2019 instalaron alcabalas del CONAS para controlar lo que ingresa al penal. En uno de los procedimientos, los presos atacaron con granadas el puesto e hirieron a un funcionario.  

 

Las investigaciones señalan que los autores del sicariato del jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del CPBEZ, Benito Cobis, habrían salido del retén por petición de “Yeico Masacre”.

De la mano con el poder

Los grupos delictivos que operan tanto dentro como fuera del centro de detención han establecido alianzas con policías y militares de distintos organismos para adquirir armamento y municiones. Las bandas se apoyaba en sus relaciones con el poder político, militar y policial de la región para fortalecer su actividad. Ya sea por acción u omisión, permitieron el desarrollo y crecimiento de la estructura delictiva que creció dentro del retén de Cabimas.

En noviembre de 2020, el CICPC capturó a un funcionario de sus filas identificado como Kenny Miguel Guillén Cardozo, de 29 años de edad, junto a un agente del CPBEZ, identificado como Klostermad David Hernández, de 33 años, por suministrar “artefactos explosivos, armas de fuego y municiones de diferente calibre” a los integrantes de la banda de “Yeico Masacre”. 

Un jefe del CICPC en Zulia indicó que, al menos el 33 por ciento de los funcionarios de todos los cuerpos de seguridad del Zulia están involucrados con estas bandas criminales. El CICPC calcula que tres de cada diez integrantes de las bandas criminales que operan en el estado Zulia son funcionarios de cuerpos de seguridad. Dicho de otro modo: los organismos policiales y/o militares están infiltrados. 

Un funcionario del gabinete del gobernador de Zulia, Omar Prieto, confirmó la participación de funcionarios en las bandas y mencionó que estos utilizan las comunicaciones radiales para estar al tanto de los procedimientos y notificar a los delincuentes. Para no ser rastreados, los presos envían videos y notas de voz a través de WhatsApp con números internacionales. 

 

Las organizaciones criminales vinculadas con el retén de Cabimas tenían presencia en los municipios Cabimas, Santa Rita, Lagunillas, Miranda, Baralt, Valmore Rodríguez y Simón Bolívar. “Adriancito” y “El Wilson” se reparten los territorios. El primero opera en los municipios Cabimas, Simón Bolívar y Lagunillas. El segundo controla Cabimas y Santa Rita,  jurisdicción esta que ha sido despoblada por la delincuencia en los últimos seis años. 

Cabimas era administrado por la Gobernación del estado Zulia, por lo que las actividades y operaciones criminales que allí se realizan son posibles gracias a la inacción o la complicidad del gobernador Omar Prieto y su equipo de gestión que solo se decidió a actuar contra cumplir su promesa del cierre del retén a menos de un mes de las elecciones regionales.

Los detenidos del recién demolido retén de Cabimas  fueron trasladados principalmente a las cárceles de Sabaneta y El Marite luego de una supuesta negociación entre la gobernación del Zulia con las estructuras criminales del retén que fueron advertidas para que pudieran sacar sus pertenencias de valor. Todavía no hay certeza de cómo será la inserción de los presos de Cabimas en los penales señalados, qué facilidades ofreció la gobernación para evitar la violencia en la mudanza del penal y si podrán mantener sus operaciones delictivas en sus nuevos sitios de reclusión. 

El desastre penitenciario de Venezuela, por Carlos Nieto Palma
Nunca en la historia los presos venezolanos se habían muerto por desnutrición y enfermedades no atendidas como la tuberculosis. Tampoco había pranes

 

@cnietopalma

Venezuela vive actualmente el peor desastre en materia penitenciaria de toda su historia. Nunca la situación había sido tan grave como la de ahora, lo cual es mucho decir, porque nuestro sistema penitenciario siempre ha sido muy malo.

En la llamada cuarta república nuestras cárceles funcionaban muy mal. Recordaremos grandes masacres de esos tiempos, como la del Retén de Catia en 1992, la de la cárcel de Sabaneta en el estado Zulia en el año 1994, o la ocurrida en la cárcel La Planta en Caracas en 1996, donde un grupo de reclusos murió calcinado de manos de funcionarios de la Guardia Nacional. Sin olvidar la implosión del Retén de Catia el 16 de marzo de 1997, cuando el para entonces presidente de la república, Dr. Rafael Caldera, pretendió que con esa especie de exorcismo medieval acababa con los males que aquejaban a nuestro sistema penitenciario.

Con la llegada de la revolución chavista, algunos imaginamos que la situación penitenciaria mejoraría. Sobre todo porque se promulgó una nueva Constitución Nacional donde por primera vez se incluía un artículo, el 272, donde se establecía cómo debía ser el sistema penitenciario venezolano y se daban los lineamientos generales de su funcionamiento.

Lamentablemente esta norma constitucional es letra muerta. Y a pesar de que han transcurrido casi 22 años desde su aprobación, ninguno de los puntos en ella establecidos se ha implementado. El régimen revolucionario se niega a cumplir con ese mandato, a pesar de haberse aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces hubo ovaciones de pie e intervenciones de algunos de sus miembros anunciando un nuevo sistema penitenciario más justo y humano.

Esta renuencia a cumplir con el artículo 272 de la carta magna marca el inicio de lo que, no tengo dudas, es el peor desastre penitenciario que los venezolanos hayamos vivido.

Durante esta revolución bolivariana surgieron los “pranes” de las prisiones, una figura desconocida hasta los momentos y que se han convertido en los nuevos regentes del sistema penitenciario venezolano. Ellos están acompañados de sus “luceros”, una especie de ejército pretoriano que los acompaña, y a los cuales el Estado les ha cedido el control del sistema penitenciario venezolano.

También en tiempos de revolución la corrupción carcelaria ha ido en incremento. Recuerdo que mi maestro Elio Gómez Grillo siempre decía que “las cárceles eran un negocio tan productivo como PDVSA”. Las “mafias carcelarias” formadas por funcionarios penitenciarios, guardias nacionales y presos han tomado el control absoluto del sistema penitenciario venezolano y diversificado sus áreas de acción y negocios ilícitos dentro del sistema carcelario.

Por último, la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, el 26 de julio de 2011, fue la guinda que le faltaba a la torta para terminar de destruir el sistema penitenciario del país. Este ministerio, en vez de una solución, fue el detonante del caos que viven miles de presos y sus familiares.

No podemos olvidar que la responsable de que los centros de detención preventiva o calabozos policiales se hayan convertido en las nuevas cárceles venezolanas es la que por muchos años dirigió este ministerio, Iris Valera. Con la prohibición de recibir a nuevos reclusos en las cárceles que ella dirigía, traspasó el problema penitenciario a los organismos policiales, abarrotando sus calabozos. Centros destinados por ley a retener presos por lapsos no mayores de 48 horas.

Finalizo diciendo que nunca en la historia los presos venezolanos se habían muerto por desnutrición y enfermedades no atendidas como la tuberculosis; ni que estas hayan suplantado a los enfrentamientos entre reclusos como principal causa de muerte en nuestras cárceles, como ocurre hoy en día.

cnietopalma@gmail.com | Instagram: @carlos_nieto_palma

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Presos enfermos y hambrientos, por Carlos Nieto Palma

Foto del episodio Murió de hambre y olvido, del pódcast Vocesdeldesamparo.com, cortesía @Voyzes (interv. por Runrunes). 

 

@cnietopalma

Realmente la situación de enfermedades contagiosas y la desnutrición cada día aumenta en las cárceles venezolanas y los centros de detención preventiva o calabozos policiales. Las cifras que arrojan los estudios de expertos en el tema son cada vez más alarmantes.

Si bien hasta hace algunos años la mortalidad penitenciaria provenía de las riñas y conflictos entre reclusos, hoy en día la muerte por falta de atención médica, alimentaria y sanitaria de nuestros presos tiene un aumento importante.

Podemos decir que el régimen de Nicolás Maduro está poco a poco, pero sistemáticamente, exterminando a nuestra población privada de libertad.

En esto no hay distinción del tipo de presos. Sean presos comunes, políticos, mujeres y adolescentes en conflicto con la ley penal, sufren las mismas vicisitudes.

Recientemente Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo desde su fundación, hace 23 años, presentó un informe sobre el acceso a la salud en 111 centros de detención preventiva de los estados Distrito Capital, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia. Este arrojó unos resultados a los que dedicaré mi columna de hoy por lo crudo y alarmantes que son.

El monitoreo se realizó, como antes dije, sobre un total de 111 centros de detención preventiva, de los cuales 96 están orientados a la población civil y los otros 15 al sector militar. Entre todos tienen capacidad de albergar a 3702 privados de libertad, pero hasta el mes de abril de 2021 en estos retenes había una población de 11.527 detenidos: 10.392 hombres y 1134 mujeres.

Esta cifra representa un 311 % de hacinamiento, solo en los centros monitoreados. Los centros estudiados están lejos de acoger el total de privados de libertad en Venezuela, que abarca un aproximado de ciento diez mil presos, repartidos en las cárceles y en centros de detención preventiva. Por si fuera poco, es en estos últimos donde se encuentra la mayor cantidad de presos: aproximadamente sesenta y cinco mil reclusos, contraviniendo la propia ley, que prohíbe retener a una persona en un calabozo policial por más de 48 horas.

Uno de los datos más resaltantes del informe, es que entre los meses de octubre de 2020 y abril de 2021, lapso que duró la investigación, treinta y dos reclusos fallecieron por enfermedades no tratadas, solo en los centros monitoreados por UVL. El informe detalla las causas de los decesos: “3 privados de libertad con VIH, 24 con tuberculosis y una con una afección gastrointestinal; 3 con complicaciones respiratorias y uno con un infarto.

Igualmente, según el informe, “durante el lapso monitoreado Una Ventana a la Libertad constató un total de 14 personas privadas de libertad con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 274 afectados por tuberculosis y 951 afectados por desnutrición. Se documentaron 93 casos de privados de libertad que resultaron afectados por la pandemia COVID-19”.

Según UVL “La mayoría de decesos se registró en el estado Zulia, específicamente en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, lugar donde los cadáveres son colocados en plena calle para llamar la atención de las autoridades”. Es importante destacar que este lugar, conocido como el Retén de Cabimas, tiene, desde febrero del 2021, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que obliga al Estado venezolano a proteger la vida y la integridad de las personas que allí se encuentran.

La investigación determinó que los fallecidos nunca recibieron atención médica adecuada y que además los tribunales jamás procedieron al otorgamiento de las medidas humanitarias que se aplican en estos casos.

Como verán, la situación de salud y desnutrición está exterminando a nuestra población privada de libertad.

Instagram: @carlos_nieto_palma

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OVP denuncia en la CorteIDH la precariedad de las cárceles venezolanas
Según las cifras difundidas por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238 reos

 

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en el 141° período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la «precariedad» de las prisiones en Venezuela, informó la organización.

La directora de la OVP, Carolina Girón, participó en una audiencia pública de solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad y, en ella, denunció que el hacinamiento en las cárceles es «crítico», detalló la ONG en un comunicado.

Según las cifras difundidas por el observatorio, la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238 reos.

En ese contexto, Girón recalcó que, durante 2020, se registraron 292 muertes de presos, de las cuales 184 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis, dos casos que suponen más de 60 % de los fallecidos en los penales venezolanos.

«El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de postparto y lactantes», subrayó.

La abogada también explicó ante la CorteIDH que en Venezuela existen dos tipos de centros de detención: los abiertos, «que son controlados por presos», y los que permanecen bajo régimen «con estricto control» del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

«La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos», añadió.

Frente a esta situación, añade el comunicado, Girón recordó que en Venezuela hay nueve centros penitenciarios que son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «sin que hasta la presente fecha se hayan cumplido los requerimientos».

Hizo hincapié en que, desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha, «no se han practicado pruebas para descartar contagio por la covid-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad».

Acerca de la atención médica, comentó que los presos dependen de los familiares para suministrar medicinas y solicitar los traslados a los centros de salud.

Lo mismo sucede con la comida y agua, que escasea y los parientes deben llevarla a los presos.

Enfermedades y hambre, el balance carcelario del 2020, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo desde su creación, presentó ayer jueves 25 de febrero su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela durante el año 2020.

UVL tiene ya más de cinco años monitoreando la situación de los CDP en 19 estados del país por la inquietud que tenía, desde hace varios años, de la grave situación en que se vive en estos sitios. Reductos no aptos para tener a hombres y mujeres privados de libertad por lapsos mayores de 48 horas, pero que lamentablemente en nuestro país se han convertido en las nuevas cárceles del siglo XXI. De hecho, albergan a más de la mitad de los presos venezolanos.

El balance del año 2020 de esta organización, y del cual hoy les daré algunas cifras realmente alarmantes, podemos resumirlo en dos palabras: enfermedades y hambre. Pero que yo le añadiría hacinamiento, retardo procesal y corrupción, para terminar de describir al terrible drama que vive el sistema penitenciario venezolano, ante la indiferencia total de las autoridades, los políticos, del bando que sean. Y, y lo más lamentable, de la comunidad en general.

El horror de los presos venezolanos es tan grande que, ante la emergencia humanitaria compleja que vive el país, ninguna agencia de cooperación nacional e internacional los incluye en sus grupos a ser atendidos. Simplemente no existen.

La información recolectada para el informe presentado por UVL fue obra de 21 investigadores. El equipo, dirigido por la reconocida criminóloga y profesora universitaria Dra. Magaly Huggins, estuvo en 19 estados del país: Amazonas, Apure, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital y Área Metropolitana de Caracas, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia. El estado Miranda está dividido en 3 sectores debido a la importancia del número de CDP en el mismo: Valles del Tuy, eje Guarenas – Guatire y los Altos Mirandinos.

Uno de los datos importantes que nos trae el referido informe es que 208 reclusos murieron en calabozos policiales ubicados en 19 estados de Venezuela durante 2020. Y la principal causa de muerte de la población reclusa detenida en los CDP fueron las enfermedades, con un total de 143 muertes.

En segundo lugar, encontramos las muertes por fugas, 42 o el 20,19 % del total. Estas muertes están básicamente relacionadas al proceso de recaptura, que los funcionarios siempre refieren como enfrentamiento

Según UVL “Las cinco enfermedades que causaron el 87 por ciento de las muertes en los CDP fueron la tuberculosis, con 86 casos, la desnutrición, con 13 defunciones, problemas respiratorios con 12 muertes, problemas cardiacos, con ocho fallecidos y tuberculosis y desnutrición juntas, con cinco casos.

Los datos nos hablan de que en realidad hubo 91 casos de tuberculosis al sumar los cinco que también presentaron desnutrición. La tuberculosis es la verdadera pandemia en los CDP”.

Igualmente determino que “Para finales de año, de acuerdo con cifras extraoficiales confirmadas por Una Ventana a la Libertad en los 19 estados donde tiene investigadores, se confirmó que en estos espacios estaban detenidos 22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22 %) detenidas, para un total de 24.218 detenidos, cuando el cupo total disponible en los CDP era de 7.457”.

Esto implica un hacinamiento del 325% que es verdaderamente grave. Debo destacar que, en materia penitenciaria, se considera que existe un hacinamiento crítico cuando la cifra supera el 30 %, en Venezuela es de 1000 % más.

Según UVL la falta de agua potable en los calabozos es crónica y duradera desde hace mucho tiempo; en realidad no tienen agua potable y la poca que tienen es proporcionada por los familiares, al igual que los alimentos y medicamentos.

Quiero finalizar invitándolos a leer el informe anual 2020, presentado por Una Ventana a la Libertad. Y descubrir en qué se ha convertido el sistema penitenciario venezolano. Verdaderos campos de concentración o exterminio, donde todos los derechos humanos se les violan a los hombres y mujeres allí recluidos, de manera reiterativa y constante.

cnietopalma@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

OVP reportó 74 casos de COVID-19 en cárceles venezolanas
La directora del OVP exigió que se le hagan pruebas PCR a toda la población penitenciaria

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó 74 casos de COVID-19 en calabozos policiales y cárceles venezolanas desde que inició la pandemia.

De acuerdo con una nota de El Pitazo, la ONG detalló que dos de estos casos se registraron en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara.

En cuanto a los dos anteriores, se trata de un recluso de 30 años y un custodio de 32 años.

Carolina Girón, directora del OVP, expresó que los presos son una de las poblaciones más vulnerables ante la COVID-19, considerando que la precariedad de las cárceles venezolanas hace que este virus sea devastador.

“Su cuerpo no está preparado para combatirlo, están desnutridos y con enfermedades respiratorias, dos condiciones que los hace débiles ante la pandemia”, dijo.

 

Ante esa situación, Girón exhortó a las autoridades regionales a tomar medidas inmediatas para evitar un brote en ese recinto penitenciario, donde ya murieron 22 presos por condiciones de salud en lo que va de 2020.

También, la directora del OVP exigió que se le hagan pruebas PCR a toda la población penitenciaria tanto de Fénix Lara como del Centro Penitenciario David Viloria.

El resto de los casos fueron registrados en:

– Miranda (4)

– Barinas (5)

– Táchira (9)

– Nueva Esparta (54)

En el caso de Nueva Esparta, 36 casos son en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 17 en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y uno del que no se especificó.