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Detenciones

Detenciones, allanamientos y robos oscurecen escenario postelectoral del #21Nov
Opositores denunciaron la aprehensión de un alcalde electo en Mérida. La juramentación de la alcaldesa en Guárico fue blanco de intervención por parte de agentes de la Dgcim 
Al menos cinco alcaldías que pasaron del oficialismo a la oposición fueron desvalijadas por grupos afectos al chavismo 
A casi una semana de los comicios, Barinas sigue sin gobernador oficial 

@franzambranor

“No estamos en las condiciones de 2015, tengan cuidado, se le puede salir una rueda a la carreta…a nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan o piensen…alcalde que viole la ley, va preso, no hay que allanar la inmunidad de ningún tipo, va preso y va preso, no digan que no se los dije”, advirtió este miércoles 24 de noviembre a los miembros de la oposición, Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en su programa transmitido por Venezolana de Televisión, “Con el Mazo Dando”.   

A cinco días de haberse efectuado los comicios para escoger gobernadores, alcaldes y concejales en Venezuela, ya se han registrado varios incidentes que manchan la jornada organizada por el Consejo Nacional Electoral. 

Este jueves 25, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron sin orden de allanamiento a la toma de posesión de la alcaldesa Sulme Ávila, miembro de la Alianza Democrática, en el municipio Juan Germán Roscio de San Juan de los Morros en el estado Guárico.   

Según reportes de Unión Radio en la entidad, los uniformados buscaban a la jueza encargada de juramentar a Ávila, ante la negativa del Concejo Municipal para hacerlo. El artículo 97 de la Constitución Nacional reza que un tribunal puede juramentar a un funcionario público si el Concejo Municipal se niega. 

Los agentes del Dgcim detuvieron por horas y posteriormente liberaron a la encargada del protocolo en el acto. 

Un día después, el partido Acción Democrática denunció a través de su cuenta de Twitter que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al alcalde del municipio Arzobispo Chacón en el estado Mérida, Omar Fernández.  

A Fernández supuestamente lo acusan de haber dirigido ataques contra emisoras comunitarias vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. 

No obstante, el propio Fernández había denunciado a través de un video y horas antes de su detención que la gestión saliente estaba sustrayendo medicinas de un Barrio Adentro.

«Nos quitaron los vehículos y el transporte de diferentes aldeas y comunidades. Nos dijeron que había una unidad que iba a servir de ambulancia,  fueron y sacaron el carro y se lo llevaron, irrespetando el acuerdo que había con comisión de enlace y que quedó en acta (…) Tengo que defender y evitar que las medicinas se desvíen a otro sitio», denunciaba Fernández en el audiovisual.

En el estado Zulia, entidad donde se impuso en la gobernación el opositor Manuel Rosales, Andrea Zuluaga, directora de la emisora Azulita Comunitaria 107.3 FM, denunció que esta fue atacada por el gobierno recién electo. “Las emisoras comunitarias nos hemos visto afectadas cuando la derecha toma el poder. Muestran rápidamente su cara fascista”, argumentó. 

El fiscal designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, designó a fiscales para investigar los presuntos hechos de violencia en emisoras comunitarias de al menos cinco municipios de la nación. 

Por otra parte, Luis Eduardo Aguilar, quien fue electo el pasado 21N como presidente del Concejo Municipal en Baruta estado Miranda, denunció que los puntos de vacunación contra el coronavirus fueron retirados luego que cesara en sus funciones la anterior presidente, Georgette Topalián

“Es importante que este tema no sea politizado para que sigan beneficiando una buena cantidad de baruteños”, dijo Aguilar en un programa de televisión. Horas después de la, denuncia Topalián negó que se hubiesen cancelado las jornadas de inmunización.  

Denuncias de robos en alcaldías 

Al menos en cuatro estados del país se han generado hechos irregulares luego de que algunas alcaldías pasaran de manos oficialistas a opositoras. 

El pasado 22 de noviembre el alcalde electo de la MUD, Gustavo Fernández, dijo que grupos ligados al chavismo se llevaron aires acondicionados, neveras y bolsas de comida de la sede de la alcaldía de San Francisco en Zulia.  

Igualmente, el equipo del alcalde escogido en el municipio Zamora del estado Miranda Raziel Rodríguez, denunció la sustracción del inmobiliario por parte de gente afecta al saliente Hugo Martínez del Psuv. 

Coromoto Lugo, alcalde electo del municipio El Callao en el estado Bolívar, dijo que la sede de esta fue desvalijada luego que perdiera el chavismo. «Está totalmente desmantelada e inoperante. Ya hemos hecho las inspecciones de rigor y nos hemos conseguido con un verdadero desastre. No hay nada”, señaló en una entrevista por radio. 

Asimismo habitantes de los municipios Uracoa y Bolívar en Monagas señalaron que grupos afectos al chavismo cargaron con equipos eléctricos y material inmobiliario luego que perdieran en ambas jurisdicciones.   

Un sistema automatizado que tarda en anunciar resultados

Un día después de cerrar las mesas de votaciones y de que el CNE anunciara como virtual ganador en Barinas a Argenis Chávez, el rector Roberto Picón, expresó que “había dos o tres gobernaciones que pudiesen tener resultados distintos”, refiriéndose justamente a esa entidad y a Barinas. 

Apenas el pasado martes 23, el CNE adjudicó la gobernación apureña al candidato del PSUV, Eduardo Piñate, quien según cifras del ente electoral obtuvo el 44,2% de los votos sobre un 41,9% del candidato opositor, Luis Lippa, el cual no reconoció la derrota y además esgrimió irregularidades en el proceso.

En Barinas, el CNE sigue sin pronunciar oficialmente al representante del oficialismo Argenis Chávez, quien se atribuye la victoria, mientras que la ficha de la oposición, Freddy Superlano, también se adjudica el triunfo. 

En un primer boletín, el rector principal del CNE, Pedro Calzadilla, informó que con el 90% de los datos transmitidos, Chávez había recabado un total de 93.097 votos, en tanto Superlano lo secundaba con 92.424.

Foro Penal reporta 13 detenciones durante las elecciones de este #21Nov
Gonzalo Himiob, precisó que hubo dos detenciones en Portuguesa, uno en Barinas, dos en Zulia (más un asesinato), cuatro en Aragua y cuatro en Nueva Esparta

 

La Organización No Gubernamental, Foro Penal Venezolano (FPV) informó la tarde de este domingo, 21 de noviembre, al menos 13 detenciones durante las elecciones regionales y municipales de este domingo 21 de noviembre.

A través de su cuenta en Twitter, el vicepresidente del FPV, Gonzalo Himiob, precisó que hubo dos detenciones en Portuguesa, uno en Barinas, dos en Zulia (más un asesinato), cuatro en Aragua y cuatro en Nueva Esparta.

En Lara aún hay varios arrestos por confirmar, dijo el abogado, quien subrayó que la ONG todavía está procesando denuncias durante los comicios.

 

Fundaredes denunció 32 detenciones en conflicto armado en Apure
La organización advirtió que el gobierno no ha brindado protección a los civiles

La ONG Fundaredes denunció este miércoles, 19 de mayo, que se han realizado 32 detenciones arbitrarias durante el conflicto armado del estado Apure.

A través de Twitter, Fundaredes detalló que a 26 de los detenidos los trasladaron al área de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente y el resto se encuentra detenido en el Batallón 992 de Apure.

En un caso específico, la ONG señaló que la esposa de José Antonio Artigas, uno de los detenido, denunció que lo sacaron de su vivienda el 21 de marzo, cuando comenzó el conflicto. Lo expusieron por largas horas al sol y luego lo trasladaron al Batallón 922.

Asimismo, Fundaredes detalló que el 10 de mayo, el fiscal militar que dirige la investigación presentó actos conclusivos en la causa de los detenidos el 21 de marzo.

“Mariangel Artigas, hermana de José Artigas, exige justicia para él porque es inocente de los cuatro delitos que le imputan, es solo una víctima más del conflicto armado de Apure. Todo esto vulnera sus derechos humanos”, expresó.

 

También, señalan que Judith Uribe, esposa de Edgar Hernández y hermana de Romer Cantero, ambos detenidos en el sector La Capilla, dijo que los sacaron a la fuerza de su vivienda delante de sus hijos.

La organización advirtió que el gobierno no ha brindado protección a los civiles que están en medio del conflicto armado en Apure.

«Desde Fundaredes exigimos libertad plena para las personas que injustamente se encuentran detenidas por delitos que no cometieron», agrega la ONG.

CLAVES | Gestión de Carmen Meléndez estuvo marcada por persecución, detenciones e intimidación
Meléndez fue designada recientemente como ministra de Interior y Justicia de la administración de Nicolás Maduro

La gestión de Carmen Meléndez en la Gobernación de Lara estuvo caracterizada por el aumento de la represión y la letalidad policial. La recién designada ministra de Interior y Justicia de la administración de Nicolás Maduro ocupó el cargo de elección popular por tres años y cinco días, entre 2017 y 2020. El Pitazo resumió en cinco claves su desempeño como gobernadora en materia de seguridad y derechos humanos:

Antes y después de las Faes

Según cifras del Ministerio de Interior y Justicia, las muertes por resistencia a la autoridad en Lara subieron 82,2% durante el primer año de mandato de Carmen Meléndez. 

En octubre de 2017 –cuando Meléndez fue juramentada como gobernadora– 10% de las muertes violentas en el estado era por resistencia a la autoridad; en octubre de 2018, el indicador se disparó a 58,3%, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Entre enero y diciembre de 2018, la organización contabilizó 190 ejecuciones extrajudiciales en el estado, la mayoría a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), que se instalaron a mediados de ese año en el estado.

En 12 meses de operaciones, el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mató a 238 personas en ocho de los nueve municipios larenses, señala un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) que califica esta división de “escuadrón de la muerte”. 

Al menos cinco de las víctimas fueron asesinadas durante las manifestaciones antigubernamentales que se desencadenaron en los municipios foráneos Morán y Torres tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. La documentación de estos casos fue clave para que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), recomendara la disolución de las Faes.

Policías entre los principales victimarios

El Informe Anual de Violencia de 2019 del OVV reseñó que Lara es la cuarta región del país con mayor letalidad policial. En este lapso, la tasa de muertes violentas se ubicó en 34 por cada 100.000 habitantes: 16 por resistencia a la autoridad, 11 homicidios y 7 muertes en averiguación. Según cifras del diario La Prensa de Lara, 2019 cerró con 412 muertes violentas, de las cuales 251 fueron perpetradas por funcionarios de seguridad.

“Desde el año 2018, esta es una realidad constante. Hay una reducción de los homicidios y un aumento de las muertes por resistencia a la autoridad”, aseguró el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del OVV capítulo Lara que registró 202 muertes violentas durante el primer semestre de 2020 en el estado.

“De los asesinatos registrados, 40%, está relacionado con presunta resistencia a la autoridad, lo que equivale a que de cada 10 asesinatos, 4 son efectuados por la policía”, agregó el sociólogo en la presentación de un balance sobre la violencia política, la represión y el uso excesivo de la fuerza en Lara.

Persecución, detenciones e intimidación

Durante la gestión de Carmen Meléndez como gobernadora, la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara) denunció la persecución de al menos tres de sus activistas, personal docente, médico, de enfermería y pacientes crónicos, así como el «aumento progresivo del hostigamiento y la represión» contra los ciudadanos que participan en protestas por servicios básicos.

La organización registró 27 detenciones arbitrarias en mayo, el tercer mes de confinamiento por la pandemia del coronavirus, debido a los prolongados cortes de electricidad, la escasez de gas doméstico y falta de agua por tuberías.

Asimismo, ha documentado casos de violación del derecho a la manifestación pública, a la integridad física y a la vida en las movilizaciones dispersadas por funcionarios de seguridad, dirigentes del oficialismo y presuntos colectivos, como sucedió en marzo de 2019, durante la visita de la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas (Oacnudh) y en febrero de 2020, en la marcha de Juan Guaidó en el oeste de Barquisimeto asediada por simpatizantes del oficialismo y funcionarios públicos.

“La respuesta oficial, decidida por el alto Gobierno nacional y estadal no han sido actuaciones y mejoras en los servicios, sino el despliegue masivo de cuerpos militares y policiales que con todo un arsenal de armamentos, vehículos blindados y decenas de efectivos, han ejecutado acciones sistemáticas de acosos, persecuciones y detenciones fundamentalmente a jóvenes en las zonas populares”, alertaron en un comunicado publicado en mayo.

La almiranta llegó a ordenar el despliegue de hasta 10.000 funcionarios de seguridad –según sus propias declaraciones– ante llamados de protestas de la oposición con el argumento de que “están llamados a preservar la paz en el estado”.

El sociólogo Nelson Fréitez, coordinador de la cátedra libre de derechos humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), considera que el poder político en Lara mantiene una práctica consuetudinaria de grandes privaciones, maltratos a la población y uso desproporcionado de la fuerza.

Señalada por obstrucción de la justicia

El Bloque Parlamentario del estado Lara denunció a Carmen Meléndez, a mediados de 2019, por obstrucción a la justicia y terrorismo de Estado tras la liberación de seis de los siete colectivos armados que atacaron a civiles y funcionarios de la Policía de Lara en una concentración en Barquisimeto el 1 de mayo.

Según el abogado Guillermo Palacios, diputado de la Asamblea Nacional (AN), la gobernadora encubrió a estos militantes del oficialismo que dispararon a un oficial de la Brigada Motorizada y fueron absueltos de los cargos, incluyendo el porte ilícito de armas, en la audiencia.

Policías desmejorados

En sus primeros seis meses de gestión como gobernadora, Meléndez aprobó un punto de cuenta que exigía a los funcionarios de la Policía de Lara obtener el carnet de la patria para cobrar el bono de alimentación por esa vía. Desde 2019, personal jubilado y desincorporado de ese cuerpo lleva a cabo acciones de protesta por retrasos en los pagos quincenales y la suspensión de salarios.

En la actualidad, los funcionarios activos devengan menos de Bs. 2.000.000 mensuales, pero en los comandos les venden bolsas de comida con nueve artículos en $10 o $12, según reportes del personal. Dentro del organismo también hay descontento por la falta de dotación de uniformes y otros implementos, pese a las promesas de Meléndez durante su campaña electoral.

Horas antes de oficializar el cambio de Carmen Meléndez a la cartera de Interior y Justicia, el ministerio otorgó a la Policía de Lara el primer lugar del Concurso de buenas prácticas policiales en su décima edición por los procedimientos extraordinarios efectuados durante la cuarentena.

SIP denuncia intimidación y detenciones arbitrarias a periodistas venezolanos
Dos periodistas asesinados, violencia, detenciones arbitrarias y amenazas en contra de periodistas venezolanos, denunció la SIP en una conferencia virtual 

 

“Las detenciones arbitrarias y la intimidación verbal a periodistas venezolanos tienen un carácter masivo e indiscriminado. Ocurren en cualquier parte del territorio y a cualquier hora”, recoge un informe presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que se celebra de forma virtual.

Además, el reporte destaca que “no hay dónde reclamar por esos atropellos porque los organismos oficiales están cerrados”.

El informe también alerta de que los militares y los policías “impiden la libre circulación de los periodistas”, por ello, las unidades móviles y los reporteros son secuestrados o atacados.

“Les amenazan, les roban sus teléfonos, les borran las imágenes o sonidos, los golpean y los detienen. Fueron decenas los periodistas que permanecieron secuestrados por días, sin que sus abogados o familiares reciban alguna información sobre su lugar de encierro y su condición de salud”, destaca el informe de la SIP.

Según el informe, la fuerza pública y los grupos paraestatales tiene como objetivo “crear miedo y zozobra entre los periodistas”.

“Hubo casos en que más de 20 encapuchados, portando armas largas y porras, golpearon a un periodista y lo despojaron de sus pertenencias” en este 2020, subrayan.

Dos periodistas asesinados, detenciones y amenazas

El reporte de la SIP recordó que el 21 de agosto “fueron asesinados Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV” en estado Zulia, fronterizo con Colombia, “durante un presunto operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”.

Este grupo está adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ha sido acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales desde su fundación en 2016 y la ONU ha reclamado su disolución.

El 23 de agosto, el director de Guacamaya TV, Franklin Torres, aseguró al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que una comisión policial “entró a la sede el canal de forma violenta y luego de los asesinatos, decomisó todos los equipos de la planta televisiva”.

El “Informe Sombra” sobre libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información, publicado en julio pasado e incluido en el reporte de la SIP, también “denuncia el abuso sistemático del poder del Estado, agresiones violentas, ataques y amenazas, desinformación, falta de transparencia y censura”.

El informe de la SIP recoge una serie de amenazas y detenciones a periodistas que se produjeron en los últimos meses en Venezuela.

Entre ellas están las recibidas por el periodista Luis Gonzalo Pérez, quien, el 1 de abril, “recibió amenazas en su teléfono de seis números distintos que mencionaban a su familia y su dirección”.

Charito Roja, que trabaja en Unión Radio, recibió amenazas en sus redes sociales luego de ser mencionada por el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa “Con el mazo dando”, en el que suele amenazar e insultar a periodistas.

Otro periodista, Darvinson Rojas, fue detenido durante 12 días entre marzo y abril por informar sobre la pandemia y no revelar su fuente de las estadísticas de los casos de COVID-19. Posteriormente, fue liberado con medidas cautelares.

El informe de la SIP recuerda que, el 7 de abril, la periodista Mayerlin Villanueva y el fotógrafo Luis Cobaría, del diario La Prensa del estado Tachira, fueron detenidos durante cuatro horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) “cuando intentaban acceder al cuerpo de bomberos” en la localidad fronteriza de San Antonio.

El 15 de abril, el periodista Arnaldo Sumoza fue detenido en el céntrico estado Guárico cuando grababa una protesta por falta de agua. El 6 de mayo, tras cinco meses y 16 días detenida en la sede de la DGCIM, fue excarcelada Ana Belén Tovar, gerente de Venmedios.

En junio, el director de la emisora Tremenda105.7, Eduard Rojas, fue detenido sin orden judicial en Mérida, sacado de su casa por una comisión de la GNB y liberado tres días después.

También en junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y a Marco Antoima por “el supuesto manejo de cuentas anónimas en redes sociales”.

El último caso documentado es el del Correo del Caroní, un periódico regional del amazónico estado Bolívar, cuyo director, David Natera, fue arrestado durante horas el pasado 12 de octubre y su casa allanada.

 

*Con información de EFE

Cicpc anuncia detenciones por asesinatos durante protestas del #30Abr

EL DIRECTOR DEL CUERPO DE Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, afirmó que han practicado detenciones por las muertes ocurridas durante las protestas registradas el 30 de abril y el 1 de Mayo.

Durante una rueda de prensa, Rico no precisó si los detenidos son civiles o militares, argumentando que son casos que lleva el Ministerio Público.

Por su parte, el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, en entrevista en VTV hizo un llamado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno y al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a que tomen las medidas necesarias para hacer “justicia” y condenar a los implicados en los hechos del pasado 30 de abril.

“El pueblo de Venezuela pide justicia (…), ¿qué vamos a esperar para meter a la cárcel a los traidores?, ¿qué asesinen a alguien, que en su locura ponga una bomba en el Metro y asesine a un poco de gente?, no podemos esperarlo”, dijo.

Bernal sostuvo que no se puede “perdonar” a las personas que atentan contra la vida de otra y que además, no se pueden descartar que existan individuos que intenten dar “otro paso contra las instituciones”.

 

*Con información de El Pitazo y Unión Radio

Foro Penal denunció 205 detenciones durante el #30Abr y el #1May

EL VICEPRESIDENTE DE LA ONG FORO PENAL, Gonzalo Himiob, informó que entre los días 30 de abril y 1 de mayo de 2019 se registraron 205 detenciones en todo el país durante las manifestaciones.

Foro Penal destacó que entre los detenidos, están 15 adolescentes. Además, esperan que la cifras se incrementen debido as los problemas de comunicación con otras regiones.

El estado con mayor número de arrestos fue Zulia (92), seguido de Lara (32), Carabobo (27), Aragua (12) y en Caracas 10.

 

Hasta las 9:00 am del 2 de mayo, el Foro Penal reportó dos asesinatos, pero el número se incrementó en el transcurso del día.

Según los reportes de ONG como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, han fallecido en todo el país debido a heridas por armas de fuego.

Dos de las muertes se registraron en Aragua, y los otros dos fallecidos fueron en Caracas, tras resultar heridos durante las manifestaciones que se suscitaron en Altamira.

El 30 de abril se registró un alzamiento militar que fue apoyado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Los militares se movilizaron junto al mandatario encargado y el dirigente opositor liberado Leopoldo López hasta la base aérea La Carlota, desde donde se convocó a manifestarse para lograr el “cese de la usurpación” de Nicolás Maduro.

LLEGÓ EL MES DE ABRIL y con él, la «intervención, modernización y reestructuración de Coropoelec» luego de la destitución de Luis Motta Domínguez y la designación de Igor Gavidia como nuevo titular del Ministerio de Energía Eléctrica, la orden de allanamiento a la inmunidad parlamentaria del presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó.

Entre los principales reportajes de la alianza entre Runrun.es, Tal Cual y El Pitazo destaca el tema eléctrico. Por RunRun.es, el ingeniero eléctrico Julio Colina aseguró que la capacidad de solventar la crisis eléctrica es limitada, haciendo énfasis en que la empresa podría colapsar en cualquier momento. La Periodista de TalCual, Gabriela Rojas escribió un reportaje donde explica que en Venezuela solo se trabajaron 10 días durante el marzo, de esos, solo ocho pudieron culminar en una jornada laboral completa. Rojas detalla que el calendario escolar también se vio afectado y que en total 17 días se han perdido de clases.

Por El Pitazo, resalta el trabajo de la periodista Andrea Tosta en el que detalla como fueron las 29 horas que duró detenido el periodista Luis Carlos Díaz, luego de ser acusado de ser uno de los responsables del primer apagón, ocurrido el pasado 7 de marzo.