Por Runrunes y CONNECTAS

i Netflix quisiera una nueve serie criminal para su extensa lista de títulos, solo tendría que poner cámaras en el Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como Tocuyito, y dejar que la vida pase.

En esta cárcel ubicada a dos horas de Caracas, las armas y las drogas se intercambian como si fueran caramelos. Desde allí se planifican negocios tan rocambolescos como la cría de cerdos y otros animales de granja, y un día a la semana tienen su propia versión de la película La noche de la expiación o La Purga, en que a los presos cercanos al jefe mafioso se les permite robar sin tener que rendir cuentas.

El cerebro de esta estructura delincuencial se vende como un amante de los deportes, un hombre pacífico. Su nombre es Néstor Richardi Sequera Campos, alias “Richardi” o “Papa”, quien fue condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado, según sentencia del Tribunal 2° de juicio de Puerto Cabello, el 22 de noviembre de 2000. En 2008, sus abogados apelaron la condena y recibió una reducción de la pena a 17 años y 6 meses de cárcel, esto significa que debería estar en libertad desde mayo de 2018.

Sin embargo, Richardi, como otros pranes –como se identifica a los presos que gobiernan las prisiones en Venezuela–, ha decidido quedarse a vivir en la cárcel. Llegó al puesto de pran por ser el protegido de un delincuente más temido y respetado: Wilmer Brizuela, “Wilmito”, conocido como el primer y más poderoso pran del país.

Esta investigación fue realizada en siete prisiones que están bajó el control de pranes y revela cómo las cárceles de Venezuela se han convertido en centros de operaciones de grupos armados no estatales. Estas estructuras delincuenciales se han expandido por el país y tienen alianzas con bandas , que o que han logrado construir.

El poder de Richardi comienza afuera de la cárcel, en la calle, donde mujeres, cargadas de paquetes con comida, ropa y otros enseres, hacen fila desde la noche antes del día de visita. Rosa es la más popular del grupo, bromea y conversa con sus compañeras, mientras espera cerca de la puerta principal del penal.

La visita no comienza sino hasta las 8 de la mañana del día siguiente, pero solo las primeras 150 personas de la cola ingresan gratis a ver a sus familiares. “Las que llegan después tienen que pagar cinco dólares para poder entrar a la cárcel”, explican en coro Rosa y sus compañeras, mientras se colocan abrigos para aguantar el frío de la noche y acomodan cartones sobre la acera, como si se tratara de colchonetas improvisadas.

Cobrar entrada para ingresar a las prisiones venezolanas no es una regla del Ministerio de Servicio Penitenciario (MSP), ente que en teoría debería regir el sistema carcelario del país. En el caso de Tocuyito el cobro es una orden del pran Richardi, quien controla la actividad criminal dentro y fuera de la prisión. En esto coinciden los presos entrevistados dentro de la cárcel para este reportaje; los testimonios de habitantes de los estados Carabobo y Cojedes, y los estudios realizados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

En Venezuela hay tres tipos de cárceles: las que están bajo el régimen del MSP, las que están controladas por pranes y las mixtas (donde funcionan los dos sistemas). Un estudio del OVP concluye que más de la mitad de la población penal del país está en prisiones controladas por pranes.

Richardi, al igual que los pranes de otras seis prisiones estudiadas para esta investigación, ejerce su poder pese a que todas las cárceles de Venezuela tienen funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), encargados de la seguridad externa; y custodios del MSP, encargados de la seguridad interna.

Ha impuesto una pseudo privatización de la cárcel, administrada por él, que comprende una variedad de cobros arbitrarios a los presos y sus familias, y otra serie de “negocios”, al margen de la ley.

Con base a entrevistas realizadas a familiares y presos, informes de oenegés y visitas realizadas a cuatro penales para esta investigación se constató que sistemas similares operan en el Internado Judicial de Vista Hermosa, Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), Internado Judicial José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala), Internado Judicial de Trujillo, Centro Penitenciario de Oriente El Dorado y el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de La Costa Oriental del Lago (Retén de Cabimas), que funcionó bajo el control de pranes hasta finales de 2021, cuando fue cerrado.

También tienen pranes el Internado Judicial de Barinas, el Internado Judicial de Yaracuy y el Centro Penitenciario Región Oriental Monagas (La Pica).

En el caso de Tocuyito, la prisión alberga más de 5.000 presos, y cada día de visita ingresan más de 2.000 personas al centro de reclusión. De estas, al menos 1.850 tienen que pagar los cinco dólares para entrar, lo que representa unos 9.250 dólares por jornada. Cada semana hay uno o dos días de visita, por lo que las visitas pueden dejar al pran al menos 37.000 dólares al mes.

Mientras tanto, familiares como Rosa se lamentan porque a veces no tienen ni siquiera como costear el pasaje para llegar hasta la prisión. Para ella desembolsar cinco dólares cada semana para visitar a su pareja no es una opción. En Venezuela el salario mínimo mensual es de 17 dólares.

Ella conoce bien la dinámica del lugar, tiene más de cuatro años visitando la cárcel. Sabe que la forma más fácil de ingresar es pagando. “Quienes tienen para pagar pueden llegar el mismo día de la visita después de las 10 de la mañana, y pasan sin hacer cola, no le ponen problema”.

El equipo de Runrunes y CONNECTAS logró entrar a Tocuyito fácilmente. El guardia nacional que estaba en la puerta solo tomó los cinco dólares, no preguntó nombre, ni pidió la cédula de identidad.

Luego de recibir el dinero fue rodeado por dos hombres –que no eran uniformados, uno era un preso y el otro parecía un funcionario del despacho de prisiones–, uno le quitó el billete de las manos, mientras que el otro se aseguró de que el pago quedara asentado en un cuaderno empastado.

Después se pasa hasta un sector donde funcionarios de la GNB revisan los paquetes con ropa, comida y otros enseres que llevan las visitas.

Pero no es igual con todas las personas. La tarifa de cinco dólares por la entrada exonera de las requisas y permite incluso ingresar con el teléfono móvil.

En la puerta del edificio principal de Tocuyito a las mujeres las recibe una funcionaria del MSP, que las hace pasar a un cuartito sucio, con paredes escarapeladas, para una revisión corporal exhaustiva. Ahí se supone que las visitantes deben quitarse la ropa y hacer saltos de rana para que la guardia se asegure que no llevan droga o armas en sus zonas íntimas. Pero antes de iniciar su trabajo, la funcionaria pregunta: “¿Trajiste la colaboración?”.

La oferta de una empanada que había quedado del desayuno funciona como colaboración, aunque también podría haber servido un billete. La custodia la recibe con una sonrisa de agradecimiento.

Antes de llegar al área donde están los reclusos hay una especie de comité de recepción integrado y coordinado por presos vestidos con jean y franela naranja. Ellos son los encargados de guiar a los visitantes hasta los lugares donde están recluidos sus familiares. Por orden de Richardi, solo estos guías o mensajeros tienen la libertad de circular por cualquier área del penal, explicó José, uno de los reos de la prisión.

El cobro de entrada es apenas una de las actividades que generan rentas a los pranes de las prisiones venezolanas. Esta investigación de Runrunes y CONNECTAS identificó al menos 18 negocios que sumarían ingresos por varios millones de dólares al año a estos grupos.

Los ilícitos que sostienen las empresas criminales basadas en las prisiones son: Extorsión interna (a la que le llaman “la causa”); extorsión externa; delitos informáticos; tráfico de armas; narcotráfico; microtráfico de drogas; contrabando de alimentos; estafa; robo; minería ilegal; secuestro de personas; robo de vehículos; ejército de mercenarios; corrupción; apuestas; sicariato y venta de cupos en la prisión.

Un recorrido por Tocuyito en compañía de José nos mostró una amplia gama de actividades que están a la vista. El interior de la prisión es como un pequeño barrio, lleno de comercios informales donde se ofrecen desde víveres y alimentos preparados, hasta distintos tipos de drogas.

Las porciones de drogas (cocaína, marihuana y crack, entre otras) están empaquetadas en bolsitas pequeñas y son exhibidas en mesones que cumplen la función de un mostrador. La escena se repite en otras prisiones.

El microtráfico de drogas o venta de drogas al detal es una de las actividades más rentables en las cárceles venezolanas, según expertos, presos y expresidiarios entrevistados. “Aquí todo el mundo consume. Uno está aquí encerrado y qué más puede hacer”, apunta José, quien lleva ochos años preso por robo y estuvo antes en otros dos reclusorios.

El costo de una porción de droga dentro de las prisiones es de un dólar. Cualquier tipo de droga. En una prisión como Tocuyito con más de 5.000 presos, este negocio puede generar unos cuantos miles de dólares a la semana. Aunque el costo de la droga es similar en todos los centros de reclusión, la ganancia varía en cada caso según la cantidad de presos por recinto.

A esto se suma la comercialización de drogas en ciudades y barrios alcanzados o controlados por los grupos armados que operan desde las prisiones. Es el caso de localidades como Maracay y San Vicente, en el estado Aragua (bajo control del Tren de Aragua); la ciudad de Trujillo, en Trujillo (del pran “El Loro”); Ciudad Bolívar, en Bolívar (de los pranes de Vista Hermosa); y Valencia, Tocuyito y San Carlos, en Carabobo y Cojedes (territorio del pran Richardi).

Recientemente autoridades de Chile y Colombia han identificado la participación de miembros del Tren de Aragua –la organización criminal más poderosa de Venezuela, que tiene su base de operaciones en la prisión de Tocorón– en el tráfico de drogas en esos países.

Algunos presos entrevistados aseguraron que desde la prisión de Tocuyito también se planifican operaciones de tráfico transnacional. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado.

Otra actividad que se ha convertido en un negocio al parecer muy rentable para las estructuras criminales que operan desde las cárceles es la comercialización y el contrabando de alimentos. Los pranes han instalado en los penales comercios informales donde venden comida de todo tipo.

Los pasillos que conectan los edificios donde viven los presos de Tocuyito se ven llenos de pequeñas ventas ambulantes. “Esos puestos son de los presos, pero tienen que pagarle al pran como un alquiler, un porcentaje, para poder vender”, precisó José. Se trata de una especie de impuesto o vacuna (extorsión) por el derecho a vender sus productos.

En el recorrido aparecen cerdos de gran tamaño, que se mueven libremente en la prisión. Circulan con naturalidad entre los visitantes y a nadie parece sorprenderle.

En un gran patio con piso de cemento, cerca del edificio donde vive el pran Richardi, los puestos de comida y comercios tienen una estructura de madera, son más ordenados, limpios y estéticamente más atractivos. “Esos son de los pranes y sus familias. Aquel es de la hermana de Richardi”, dice José, y señala a la mujer que organiza la mercancía en estantes.

En el lugar destaca un local más grande, es una estructura independiente, de ladrillos, con puertas de vidrio y aire acondicionado. “Esa es la charcutería de Richardi. Ahí consigues de todo: jamón, chorizo, carne”, dice José, y agrega que la visita tiene prohibido traer estos productos y cualquier otro tipo de embutidos al penal. “Eso solo lo puedes comprar ahí”, afirma.

En la parte de atrás, en un área con piso de tierra, cerca del estadio de beisbol, hay cultivos de plátano y hortalizas, también hay gallineros y criaderos de cachamas (un pescado de agua dulce muy popular en Venezuela).

Entre 2016 y 2019, los años de mayor escasez en Venezuela, muchas personas acudían a los centros de reclusión para adquirir alimentos que no se conseguían en los supermercados.

Incluso, un cazatalentos del beisbol relató que algunas academias que entrenaban a niños en esta disciplina, llegaron a pedir apoyo a los pranes de las prisiones para que les suministraran productos básicos para la alimentación de los jóvenes deportistas.

Parte de estos alimentos provienen de las granjas internas de Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala y Vista Hermosa, entre otras prisiones cuyas instalaciones están bajo el control de los pranes, según se corroboró en la reportería de este trabajo.

Pero, según funcionarios policiales entrevistados para esta investigación, los grupos criminales también roban camiones con comida y los llevan al interior de la cárcel. Otros explicaron que la mercancía la obtienen mediante acuerdos con funcionarios gubernamentales y militares.

Empresas de alimentos, como algunas que operan en la zona de San Vicente, en el estado Aragua, pagan las extorsiones o vacunas con cargamentos de productos que llevan directamente a la prisión de Tocorón, explicó un comisionado de la Policía del estado Aragua.

Fachada de la prisión de Vista Hermosa. (Foto Cortesía)

Familiares de reclusos denunciaron otra posible vía para la obtención de esta mercancía. Los pranes en complicidad con algunos funcionarios de seguridad de las prisiones confiscan los alimentos que llevan los familiares, para luego revenderlos a los mismos presos, según explicó la hermana de un reo de la cárcel de Vista Hermosa, en el estado Bolívar.

El equipo que realizó esta investigación ingresó a Vista Hermosa y comprobó que son los funcionarios de la GNB los encargados de controlar quién entra y con qué. Pero al interior del penal la última palabra, las órdenes, las dan los tres pranes del lugar: Wilkins Rafael Romero Maluenga, alias “Wilkins”; Giovanny Navas, alias “Pan”; y Edicson González, alias “Chichi”.

Los tres ya cumplieron su condena por lo que deberían estar en libertad, pero, al igual que Richardi (pran de Tocuyito), eligieron permanecer en la prisión.

“Afuera se la aplican a uno (abusan) los policías. Quieren estar ‘vacunándonos’ (extorsionando). Aquí estamos más seguros”, dijeron los pranes Navas y González para justificar su decisión.

Llegaron a la cárcel en 2010, por su vinculación con el sicariato de la hermana de la exjueza rectora del estado Bolívar, Mariela Casado. Pertenecían a la banda del pran Wilmito, y de él heredaron el control de Vista Hermosa, con todos los negocios y actividades ilícitas que esto implica.

En esa prisión, ubicada en el sur del país, el desvío de los alimentos sucede de la siguiente manera: “A mi hermano le quitan la comida que le llevamos. Dicen que es para prepararla para todos los que están en esa área. Pero a él apenas le dan un bocado al mediodía o a las 2:00 de la tarde. No sirve de nada enviarle una bolsa de comida porque los guardias y los custodios no se la van a dar a él”, explicó la familiar de un preso.

Luego los pranes se apoderan de la comida y se encargan de disponer y administrar esos alimentos. Se los venden al resto de la población penal. “Ahorita, con el tema de la comida, nosotros usamos el pago móvil (sistema de transferencia o pago virtual que usa la banca venezolana). Depositamos un monto en las cuentas que nos dan los pranes y allá le van entregando la comida hasta que consuma todo el dinero que depositamos. Con eso se compra algo para él comer a diario”, contó la hermana de un recluso de Vista Hermosa.

Las denuncias de los familiares se corresponden con la realidad que muestra un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre desnutrición en la población penal publicado en abril de 2022. El estudio registra 773 muertes de presos por desnutrición en Venezuela, entre enero de 2017 y diciembre de 2021.

Esto, a su vez, contrasta con un reporte de Transparencia Venezuela, que había evidenciado un incremento en la asignación de fondos para alimentación en las prisiones en el presupuesto 2017 MSP. “Refleja un importante crecimiento en los recursos destinados a alimentos y bebidas en el sector penitenciario al pasar de 1,2 billones de bolívares (aproximadamente 80 millones de dólares al cambio del momento) a 24 billones de bolívares (más de 1.200 millones de dólares)”, dice el documento.

Edicson González, uno de los pranes de Vista Hermosa aseguró para esta investigación que reciben mensualmente alimentos por parte del MSP. Pero no queda claro qué destino tienen los alimentos que llegan a la prisión desde el ministerio, ni los que envían los familiares de los presos. Es posible que estos sean los principales insumos de los negocios internos y externos que tienen los pranes.

Los líderes de la prisión también han instalado comercios fuera. “Ya no andamos pendiente de joder a la gente. Tenemos otra mentalidad. Ahora cada quien (los tres pranes) tiene sus negocios externos, pero ya más como comerciantes. Compramos ciertas cantidades de pollo o sardinas y las vendemos, por ejemplo”, señaló González.

Lo de pranes controlando comercios no es exclusivo de Vista Hermosa. La exnovia de un pran de Tocorón, que pidió no revelar su identidad para resguardar su seguridad, contó que muchos pequeños negocios de víveres, y en especial charcuterías, que funcionan en zonas urbanas de distintas ciudades del país son propiedad del Tren de Aragua.

El pran de Tocuyito (alias Richardi) también tendría establecimientos similares en Valencia, la capital del estado Carabobo, según explicó el reo José.

El negocio con los alimentos abarca incluso a prisiones que funcionan bajo un régimen mixto de gobierno, donde una parte de la prisión está controlada por las autoridades del MSP y otra parte está en manos de los pranes.

Es el caso de la cárcel de El Dorado, también en el estado Bolívar, donde hay denuncias de que los alimentos que envían del despacho de prisiones son desviados y vendidos a comercios y restaurantes que están en las poblaciones cercanas a la prisión.

Carolina Girón, directora del OVP, corroboró estas denuncias al asegurar que en el presupuesto del Ministerio de Servicio Penitenciario hay una partida para alimentación, pero no se sabe dónde están los recursos, “pues la comida no estaría llegando a los detenidos”.

El informe El Hambre azota a la Población Reclusa alerta que: “En los centros de reclusión venezolanos de manera generalizada se ha podido constatar el continuo incumplimiento por parte del Estado en el suministro de alimentos”.

Un recluso de El Dorado explicó que los custodios tienen un equipo de presos que utilizan para cocinar comida que luego venden al resto de la población penal. Cada plato tiene un costo de cinco dólares y el dinero debe ser transferido directamente a las cuentas de los custodios.

No solo comercian con la comida. Para el momento en que se realizó esta investigación, el Retén de Cabimas aún estaba operativo. Era un centro de detención preventiva –no una prisión convencional– ubicado en el estado Zulia, en una localidad calurosa, donde las temperaturas oscilan entre los 24 y 36 grados Celcius. Allí los pranes lograron sacar provecho a la falta de agua, según constató el equipo que logró ingresar al lugar. Ellos se encargaban de comercializar el agua potable que recibía la prisión a través de camiones cisterna, y la vendían al resto de la población penal.

La causa es una especie de impuesto penitenciario que toda la población reclusa está obligada a pagar a los pranes. Los presos deben cancelar semanalmente un monto establecido por el pran para tener derecho a permanecer en la prisión, poder movilizarse en las instalaciones del recinto carcelario y usar las áreas comunes.

El preso que no paga la causa es degradado y confinado a las áreas inhabitables. No puede recibir alimentos, utilizar las canchas u otras áreas de la prisión. En Vista Hermosa el que no paga la causa es ingresado a un cuarto pequeño, donde no tiene posibilidad de moverse o caminar.

En 2013, cuando la cárcel estaba bajo el dominio de alias Wilmito, ya la prisión se había convertido en una “empresa” rentable. Este pran declaró, en ese entonces, a la revista Times que ganaba tres millones de dólares al año por el cobro de la causa y otras actividades ilegales.

Sobre el funcionamiento actual de la cárcel, González (el líder actual) precisó que él y sus dos compañeros están a cargo desde hace seis años. “En Vista Hermosa no existe eso de pran, luceros (asistentes de los pranes)… Aquí todos somos iguales. Ninguno es más que yo y yo tampoco soy más que nadie. Aquí existe respeto”, dijo.

“No nos gusta decir que hay reglas. Preferimos hablar de respeto, de códigos. Quien rompe alguno de esos códigos lo llevamos a la iglesia para que medite. Y si vuelve hacer lo mismo, se aplica la rutina de la prisión”, agregó el pran, sin más detalles.

La madre de un exrecluso completó la explicación: “La rutina de la prisión consiste en propinar castigos físicos a los presos que no cumplan las normas de los pranes o que no pagan la causa. Les disparan en las manos y en los pies, les dan golpes y los matan”.

Otra mujer que tiene a un familiar preso por robo en Vista Hermosa relató un episodio que revela la ‘rutina de la prisión’. “Nosotros cumplimos con el pago de la causa. Pero a mi pareja le metieron un tiro en el pie porque el pran lo encontró dormido cuando hizo la revisión de su pabellón. Por ejemplo: llega un pran a las 12 de la noche y cuando entra todos deben estar despiertos. Él estaba muy cansado, no escuchó el pito ni nada, y nadie le avisó que se levantara. Lo arrodillaron y le metieron el tiro”.

En las siete cárceles estudiadas para la investigación, los presos deben pagar causa. El monto varía según la prisión. ​​“Sólo con la causa ganan entre cinco y ocho dólares por preso (semanal)”, detalló un exrecluso de Vista Hermosa. En ese recinto hay unos 2.000 privados de libertad. Si 1.000 de ellos cancelan cinco dólares de causa, serían 5.000 dólares a la semana y en un mes sumarían 20.000 dólares.

En prisiones más pobladas como Tocorón y Tocuyito este delito genera una renta que puede llegar a los 100.000 dólares mensuales. Este dinero es administrado por los pranes. El cobro de la causa puede dejar más de 1,5 millones de dólares al año a los jefes del Tren de Aragua en Tocorón, según cálculos de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Adicionalmente, si algún familiar desea quedarse todo el fin de semana dentro de la cárcel, debe pagar 30 dólares al pran. “Uno a veces hace el esfuerzo y los paga. Entonces los pranes te alquilan una habitación en las cabañas o buggys (habitaciones con aire acondicionado y otras comodidades)”, explicó Rosa, antes de perderse entre la multitud de reclusos y familiares dentro de Tocuyito.

Los pranes también cobran entradas al resto de los reclusos y sus familias para permitirles el acceso a distintas actividades y áreas recreativas. Hay cárceles que tienen piscinas, casinos o discotecas, como Tocorón y Tocuyito.

El nivel de lujo en algunas prisiones es tal que presos incluso pagan por ser trasladados a estas cárceles. Para ir a Tocorón, por ejemplo, los reclusos deben pagar entre 3 mil y 5 mil dólares, según aseguró un expresidiario para este reportaje.

En teoría ese particular negocio es de los pranes, pues son ellos los que autorizan la entrada de nuevos reclusos a las prisiones que están bajo su control. Pero todo el proceso de traslado es manejado por las autoridades del Ministerio de Servicio Penitenciario.

En casi todas las prisiones que tienen pranes hay diversas instalaciones recreativas como zoológicos con animales domésticos, gimnasios, mangas de coleo (canchas donde se hace una competencia tradicional venezolana con toros y caballos), canchas deportivas, y hasta estadios de beisbol, como el inaugurado en Tocorón. El tipo de actividades y el costo de las entradas varía según la cárcel.

La promoción de espectáculos musicales y eventos deportivos es otra de las actividades impensables realizadas dentro de una cárcel por los pranes para su diversión y para obtener ingresos.

Se trata de conciertos con músicos nacionales e internacionales, partidos de baloncesto o beisbol en los que participan jugadores profesionales y de Grandes Ligas; también peleas de boxeo con deportistas en ascenso.

Un pran íntimamente vinculado al deporte es Alvaro Enrique Montilla Briceño, alias “El Loro”, quien manda en el Internado Judicial de Trujillo. Este “Don King” criollo creó su propia empresa promotora de boxeadores profesionales y tiene una escuela de boxeo, Loro Boxing Round, que funciona en la cárcel.

Entre sus pupilos están algunas de las estrellas del pugilismo venezolano. En su cuenta de Instagram loroboxing23 queda el registro de los combates nacionales e internacionales a los que asisten los miembros de su escuadra, algunos de talla mundial y continental. Destaca la promoción de una pelea por la faja de Fedecaribe, que contó con el aval de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se realizó en julio de 2022, en el marco del Festival Bolivariano de Boxeo.

Adicionalmente, El Loro popularizó en Trujillo las “Noches de nocauts”, unas veladas de box dentro de la prisión en las que se cobraba entrada por ver el espectáculo. A estas carteleras fueron invitados algunos pugilistas del equipo olímpico de Venezuela.

En 2019, Álvaro Montilla fue reconocido como el mejor promotor boxístico del año, premio que otorga la Comisión Nacional de Boxeo. En 2021, un boxeador entrenado por el pran contó con el patrocinio del Ministerio de Relaciones Interiores para asistir a una pelea en Rusia.

Pero el deporte no es la única actividad que ocupa la atención del pran Alvaro Montilla. Para esta investigación se tuvo acceso a un informe elaborado en diciembre de 2021, por la Dirección contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, que identificó a El Loro como el líder de la banda responsable de la red de estafas a través de Marketplace.

Imágenes de captura del reporte de la policía de investigación (CICPC)

Según el documento, la organización criminal, integrada por 43 personas, publica anuncios falsos de venta de vehículos en Marketplace de Facebook, y citan a los interesados a zonas poco pobladas. Ahí les roban el dinero o los secuestran si no lo llevan encima.

Unas 30 personas han muerto en los últimos tres años cuando acuden a comprar carros de Marketplace, según reportes de prensa. Solo entre enero y mayo de 2022, se contabilizaron cinco víctimas de los grupos criminales que lideran estas estafas. Entre los que han caído en el engaño figuran desde funcionarios de los cuerpos de seguridad hasta comerciantes.

El auge y las consecuencias de este delito provocó una reacción mediática de las autoridades. En septiembre del 2021, el director del CICPC, Douglas Rico, utilizó sus redes sociales para anunciar el inicio de la campaña “No negocies con tu vida. Piénsalo bien antes de cada clic”, destinada a alertar y proteger a los ciudadanos de las estafas de Marketplace. El propio ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos se sumó a la campaña.

De regreso al terreno de juego, en la prisión de Tocuyito, el pran Richardi también es un apasionado de los deportes. Las canchas de baloncesto que están dentro de su cárcel son un lujo. José, el preso que guía el recorrido, las muestra con orgullo y aclara que todo es gracias al pran.

Tiene lazos con organizaciones deportivas, como la Asociación de Baloncesto del estado Carabobo, y hace competencias dentro de la institución hasta con 20 equipos. De hecho, el pran fue la cabeza visible de la naciente Liga de Baloncesto Penitenciaria que tiene su página en Facebook.

En la caminata por la prisión de Tocuyito llaman la atención dos afiches de gran tamaño que exhiben a gran escala otra de las aficiones deportivas del pran: el beisbol. Las dos gigantografías contienen fotos de una decena de peloteros venezolanos de Grandes Ligas, están colgadas al entrar al penal y en la puerta de la torre donde vive el pran. Formaban parte de la promoción de un juego amistoso de beisbol que se realiza todos los diciembres dentro del centro de reclusión.

Allí suelen participar beisbolistas que están o estuvieron en la MLB de Estados Unidos o la Liga de Beisbol Profesional. Adicionalmente, en estos eventos se realizarían apuestas que son controladas por los pranes, contó un preso de Tocuyito.

Algo similar ocurre en la prisión de Tocorón donde se construyó un estadio con grama artificial y se realizan partidos de beisbol entre presos, que son utilizados para hacer apuestas.

En el recorrido por Tocuyito destaca una estructura de madera en el centro de la prisión. Es la tasca, un local para beber licor y hacer apuestas. El acceso está reservado para los que pueden pagar. El lugar lo construyó un antiguo pran.

También hay una edificación pequeña en construcción. José explica que se trata de un dispensario médico que es obra de Richardi. El pran, igualmente, gestiona la creación de una sala de grabación musical. “A él también le gusta mucho la música, la salsa”, apunta José.

Todas estas inversiones requieren recursos, y al interior de las cárceles los pranes solo pueden conseguir parte de ellos. Por eso recurren a extorsionar a la comunidad dentro de su área de influencia como otra fuente de financiamiento.

El grupo criminal que controla la prisión cobra una especie de impuesto, denominado vacuna, a comerciantes, empresarios e incluso residentes que están en los territorios bajo su control.

Los montos exigidos por las extorsiones varían según el grupo criminal que comete el delito y según el perfil de la víctima. Las cantidades van de 3.000 dólares a 50.000 dólares, y en ocasiones superan los 100.000 dólares.

En el caso de las extorsiones a academias de beisbol y jóvenes talentos que son firmados para jugar en Estados Unidos —otra gran línea de negocio para los pranes— las extorsiones han ascendido a 500.000 dólares, como lo revela la investigación Pranes en las Grandes Ligas.

El estímulo para forzar a pagar son las amenazas contra la vida y los bienes de las víctimas y sus familiares.

En el caso de Tocorón, la organización criminal “Tren de Aragua” estaría detrás de una fundación llamada J.K. Somos El Barrio y a través de esa instancia recibe “donativos” de empresas, según explicaron residentes del barrio San Vicente. Estas donaciones en realidad serían extorsiones disfrazadas. El que paga garantiza la seguridad de su familia y de su negocio, bien sea porque recibe protección física del pran que lo extorsiona o porque este lo saca de su lista de víctimas potenciales.

En las redes sociales de Somos el Barrio JK se puede ver como esta fundación realiza actividades en las que participan funcionarios del Gobierno. Según Insight Crime, la organización es comandada por líderes del Tren de Aragua.

Los comercios o empresas que no pagan la vacuna son atacados con granadas y disparos de armas largas. Ocurrió en las fábricas de Tupperwere y galletas Puig, en Aragua.

Las granadas y armas largas –consideradas de uso exclusivo de la Fuerza Armada venezolana– son una de las características que distingue a las megabandas de Venezuela. También son comunes dentro de las prisiones. En el interior de Tocuyito se ven con la misma normalidad que los cerdos en los pasillos. Hay fusiles AR-15, AK-103, pistolas, escopetas con cañón recortado, cañón largo y varios ejemplares del viejo Fusil Automático Liviano (FAL) que usaba la GNB.

Aunque no todos los presos llevan armas. “No. Aquí solo tienen armas los que pertenecen al carro del pran (grupo de hombres que acompañan al pran en el control de la prisión)”, precisa José. Eso explica porque solo estaban armados los hombres que vigilaban cada una de las torres, en particular el edificio con revestimientos de ladrillos donde vive Richardi.

Un hombre que estuvo preso en las cárceles de Santa Ana, El Dorado y Tocuyito explicó que las armas llegan de contrabando a Venezuela, muchas veces provenientes de las islas del Caribe, y con la intermediación de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Pero este tipo de arsenal no solo es usado para la protección del pran o para atacar a sus enemigos, la comercialización de armas desde las prisiones es otro negocio que deja ganancias. Desde distintas cárceles circulan videos que muestran la exhibición de armas largas en oferta como, fusiles AR-15, AK-103 y rifles Ruger Mini-14, entre otros.

La zona minera de Venezuela, en el estado Bolívar, sería uno de los principales destinos de estas armas, según un expresidario que recorrió al menos ocho cárceles del país. También es la puerta de salida hacia Brasil, donde las autoridades han identificado la compra de fusiles por parte del Primer Comando de la Capital (PCC) a grupos venezolanos relacionados con las prisiones.

La región que comprende el Arco Minero del Orinoco, no solo es utilizada para el comercio de armas. Los pranes de Vista Hermosa son socios de la banda de alias “El Ciego”, quien controla minas en La Paragua; mientras que el Tren de Aragua tiene operaciones de explotación minera en un yacimiento, que está en manos de Yohan Romero, alias “Johan Petrica”, uno de los fundadores de la organización que opera desde Tocorón.

Hay otra gama de delitos que son administrados tras los barrotes que traspasan las fronteras. En el marco de esa pseudo “economía de exportación” destaca una actividad hasta ahora solo identificada en manos de los pranes de la prisión de Tocorón. Es el tráfico y la trata de migrantes de Venezuela en diversos países de América Latina.

En marzo de este año, las autoridades chilenas indicaron que el Tren de Aragua opera con una red de trata de venezolanas para la explotación sexual en varias localidades de ese país. La práctica se estaría repitiendo en Perú, Colombia y otros países de la región. Recientemente también se le ha señalado de extorsionar a modelos de webcam en Bogotá.

Pero los delitos y otras “aventuras” de los pranes venezolanos son aún más diversos y pasan por los ya conocidos robos, secuestros, homicidios y sicariatos.

En el caso de prisiones como Tocuyito, los presos que forman parte del entorno (conocido como carro en la jerga carcelaria) del pran, tienen permiso de salir de la cárcel una vez a la semana. Ese día pueden cometer delitos en la calle con total libertad y cuentan con la bendición del jefe.

Es algo similar a lo que muestra la película La Purga, en la que durante un día en una sociedad con un sistema político totalitario, todo delito es legal. En la versión de Tocuyito, todo lo que consigan los presos cercanos al pran ese día –dinero de secuestros y robos– es para ellos, no deben reportarlo al jefe, explicó José, antes de despedirse. Una muestra más de que los pranes han convertido al sistema carcelario en una auténtica distopía.