Runrun - Periodismo de investigación

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Venezuela registró 24 nuevos casos de COVID-19 y 2 fallecidos este #4Feb
Dos personas fallecieron en el estado Barinas por causas asociadas al virus 

 

La noche de este sábado, 4 de febrero, la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19, informó que en las últimas 24 horas se registraron 24 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria.

Yaracuy es la entidad que presentó más casos comunitarios (9), le siguen los estados: Miranda (5), Barinas (2), Lara (2) y La Guaira (1).

«Lamentablemente, en las últimas horas, 1 mujer de 50 años y 1 hombre de 85 años fallecieron en el estado Barinas por causas asociadas al virus», informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter.

Según las estadísticas generales que adelanta el gobierno, en la semana 151 de la llegada de la pandemia a Venezuela, el total de contagios se ubica en 551.643, con 99% de pacientes recuperados y 5.849 fallecidos. 

Podcast | Tres en uno: Los estadios de la Serie del Caribe, servicios públicos en el olvido y el alza del dólar que no da tregua al transporte público

En el episodio 200 de este tres en uno informativo, tres grandes reportajes destacaron esta semana por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por RunRun.es, TalCual y El Pitazo.

Por Runrun.es resaltó el trabajo Promesas de Maduro sobre servicios públicos quedaron en el olvido. Apenas 1% de la población venezolana recibe agua por tuberías, según la ONG Cedice. Nicolas Maduro prometió en 2022 que los servicios públicos iban a mejorar, pero por el contrario, el karma de los mismos se ha acentuado y las protestas se han incrementado, sobre todo en en el interior del país, donde la situación es más dramática. 

Alza del dólar se come ingresos de transportistas: ni el mantenimiento pueden cubrir es el reportaje que destaca por TalCual. El aumento del pasaje a 5 bolívares se oficializó a finales de diciembre, pero ya fue devorado por la inflación. Por su parte, los transportistas alegan que dicho incremento es insuficiente para cubrir los costos operativos de las unidades, mientras los usuarios aseguran que no tienen la capacidad de hacerle frente a los constantes aumentos. 

Por El Pitazo destacó el trabajo Serie del Caribe: Qué hay detrás de los estadios de La Rinconada y Macuto. En el mismo queda constancia del gran retraso con el que se están  entregando las obras que albergarán a la Serie del Caribe. En pleno 2023 es que apenas se están culminando las obras del estadio en La Rinconada, que debió estar listo en el 2015. 

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ONG piden a Alto Comisionado de la ONU que pase de recomendaciones a acciones 
Miembros de organizaciones no gubernamentales solicitan que se haga público el memorando de entendimiento entre la oficina de la ONU y el Gobierno de Maduro 
Coincidieron en que el austríaco Volker Türk pareciera tener mayor experiencia en materia de derechos humanos que su antecesora, la chilena Michelle Bachelet 

 

@franzambranor

 

Representantes de ONG en Venezuela coincidieron en que es urgente que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, avance de las propuestas a las acciones.

El pasado jueves 26 de enero, el funcionario de la ONU aterrizó en Caracas y sostuvo una reunión con representantes de ONG y víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro

“Es importante que todas estas observaciones del Alto Comisionado no se queden en una simple recomendación y, en ese sentido, nosotros (ONG) nos encargaremos de hacerle un seguimiento a estas. Sabemos que la oficina de Türk no tiene poder coercitivo alguno y la relación con el Gobierno debe mantenerse por la vía diplomática para garantizar la presencia de sus oficiales acá”, dijo Martha Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

En la reunión, Türk escuchó los testimonios de miembros de organizaciones no gubernamentales y afectados por la política de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales del Gobierno chavista.

A su salida de la capital venezolana, el abogado austríaco expresó su preocupación por el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de ONG y afines discutido en la Asamblea Nacional chavista. También abogó por la liberación de los presos políticos y el cese de las torturas.

“En mis reuniones con el presidente y los ministros abogué por la liberación de todas las personas que están detenidas arbitrariamente. También insistí en la necesidad de limitar el uso extenso y prolongado de la prisión provisional o preventiva y la carencia de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad”, dijo Türk antes de abordar un avión en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

 

LEA  ONG alegan que ley promovida por AN chavista significa eliminación de sociedad civil independiente 

 

 

Lexys Rendón, miembro de la ONG Laboratorio de Paz, indicó que lejos de lo que pueda aparentar, Türk está empapado de la precariedad del Estado de derecho en Venezuela.

“Se ve que conoce el tema y lo que pide la sociedad civil es que aumente la acción en términos de protección a las personas vulnerables”, esbozó.

Por su parte, Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, sostuvo que hubo hermetismo por parte de la administración madurista en cuanto a la visita del representante de la ONU 

“Pero, también, por parte de la misma oficina del Alto Comisionado, porque a la postre ellos estaban sometidos a la agenda del Gobierno”. 

Alerta roja con el proyecto de ley advierte Alto Comisionado de la ONU

Louza aspira a que la actitud conciliadora del Alto Comisionado logre frenar la intención del Gobierno de aniquilar a las ONG a través de la ley que fue aprobada en primera discusión en la AN oficialista. 

La fundadora de Acceso a la Justicia también dijo que la detención el viernes 27 de enero de la activista de Sinergia, María Fernanda Rodríguez, pudo haber sido una estrategia de la administración chavista.

“Quizás lo que quisieron fue poner a Türk a prueba, para ver qué tanto iba a reaccionar frente a algo que ya está decidido por el Gobierno, que es acabar con el poco espacio cívico que queda”, opinó. 

Rendón expresó que quedó gratamente impresionada con la declaración final de Türk.

“Esperábamos algo más tímido por su actitud diplomática y conciliadora. Habló de la fractura entre la sociedad civil y las instituciones, sostuvo que había expuesto ante funcionarios gubernamentales su preocupación por la ley contra las ONG, reiteró lo importante de preservar ese espacio de la sociedad civil. Agregó que no puede haber retardo procesal y la necesidad de la reestructuración del sistema de justicia”.

Para Louza fue determinante que el Alto Comisionado hiciera énfasis en el compromiso del Gobierno de aprobar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura.

“Nos pareció muy importante que hiciera alusión a las torturas, que nombrara casos particulares. Él está claro de lo que sucede en Venezuela, es una persona conciliadora, quiere buscar soluciones, obviamente habló de justicia transicional, hay que darle tiempo”. 

Rendón aseveró que, a diferencia de su antecesora, la chilena Michelle Bachelet, Türk tocó el tema de la urgencia de efectuar elecciones libres y transparentes.

Türk es un oficial formado en estándares de derechos humanos, él no está comprometido ideológicamente, está más claro en lo que es la función de la oficina aquí”.

El perfil de Bachelet era diferente, porque ella es política, en cambio Türk es un funcionario de carrera”, agregó Louza. 

La miembro de Acceso a la Justicia indicó que las ONG en Venezuela seguirán batallando para que el memorando de entendimiento firmado entre la oficina del Alto Comisionado de la ONU y el Gobierno de Maduro, se haga público.  

“Türk está de acuerdo en ampliar las operaciones de su despacho en Venezuela, que se trasladen a las regiones, es una meta importante debido a la situación del país”. 

Tineo manifestó que el objetivo de renovar el memorando de entendimiento se cumplió y ahora la misión es hacerle seguimiento a las actividades de la oficina del Alto Comisionado en Venezuela.

“Su oficina va a permanecer por lo menos dos años más aquí, todo el sistema de la ONU tiene clara la situación de Venezuela, donde hay un 94% de impunidad con respecto a autores materiales de violaciones a los derechos humanos y 100% en lo que tiene que ver con la cadena de mando. Ellos deben hacer un seguimiento exhaustivo al cumplimiento de las normas por parte del Gobierno y en la medida que sus recomendaciones no sean atendidas, alertarán al Consejo de DDHH de la ONU”, abundó. 

Según Rendón, Türk reconoció que las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos están minando la calidad de vida del venezolano, pero hizo hincapié en que la crisis humanitaria compleja en el país proviene de antes

“Nosotros hemos dicho que las sanciones generales deben ser eliminadas y quedarse solo las personales”, agregó.

A juicio de Tineo, el Alto Comisionado de la ONU tuvo oportunidad de empaparse de todo lo que acarrea la crisis humanitaria compleja en Venezuela.

“Él dijo que fue una visita de solidaridad con las víctimas, pero también de acciones frente al Gobierno”.

Academia advierte sobre violaciones al ordenamiento jurídico con la nueva ley contra ONG
En el proyecto de ley se prohíbe a todas las ONG realizar actividades políticas; y promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República

La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales advirtió sobre «las graves violaciones al ordenamiento jurídico» que supone la nueva ley que busca fiscalizar y controlar el funcionamiento de las ONG en Venezuela.

En un comunicado, la Academia advirtió que este proyecto de ley «configura una grave e inaceptable amenaza a las organizaciones de la sociedad civil, a los derechos humanos y a la democracia, en virtud de su contenido y alcance».

A continuación, las preocupaciones de la Academia sobre el texto que discute la AN oficialista:

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales refiere que en la exposición de motivos se expresa que la motivación de este instrumento es «controlar a las organizaciones de la sociedad civil» y ONG «al expresarse que éstas actúan “en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares”.

Comentan que el artículo 1 del proyecto de ley indica que su intención es regular el régimen de las ONG y afines en Venezuela, como una “actividad privada de relevancia pública”, para lo cual se establece un sistema uniforme para su “creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento”.

Esta ley, según el proyecto que comenta la Academia, se aplicará a las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades en Venezuela y que adquieran, por la vía jurídica o de hecho, la forma de organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro y que desarrollen actividades no financieras, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos.

Entre los  principios rectores destaca el de la soberanía nacional. En ese sentido, la Academia señaló que en el proyecto de ley contra las ONG se sujeta el derecho de los ciudadanos venezolanos y de las ciudadanas venezolanas a participar libremente en los asuntos públicos, al “previo cumplimiento del régimen previsto en esta ley y bajo la supervisión, auditoría y control de las autoridades competentes” .

También, el proyecto dispone que las ONG tendrán como “único fin”, “la satisfacción de las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras, que estén fijadas en sus estatutos” y se establece la creación de un registro obligatorio para todas las ONG, por lo cual, no se tendrá como existente ninguna organización que no haya sido autorizada e inscrita en el referido registro.

A juicio de la Academia, el proyecto crea dos ilícitos: al establecer que las organizaciones que iniciasen sus actividades antes de la emisión del reconocimiento de su personalidad jurídica o que inicien el ejercicio de actividades antes de su registro serán sancionados.

Además de los requisitos exigidos por el Código Civil, el proyecto de ley dispone requisitos adicionales del documento estatutario de las organizaciones, consistentes particularmente, en la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social; el detalle de la afectación de bienes, en el caso de las fundaciones; y si su financiamiento está previsto que sea a través de factores extranjeros.

Aparte de la publicidad propia del Registro Nacional de ONG, llaman la atención de que el proyecto de ley dispone que el Servicio Autónomo de Registro y Notarías podrá crear Boletines Oficiales especializados en esta materia, en los cuales podrá publicar los actos enumerados en la ley y otros que considere de orden público.

Resaltan que tanto el vicepresidente Ejecutivo de la República como los ministros podrán establecer, mediante resolución, la obligatoriedad de demostrar la inscripción, a los efectos de la realización de determinados trámites administrativos, o la obtención de autorizaciones o beneficios por parte del Ejecutivo Nacional.

También, alertan que a las ONG en el extranjero se las sujeta a la obtención de una “habilitación” previa por el ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, para que puedan operar en el país. 

El proyecto también dispone que el Ejecutivo Nacional realizará la supervisión, inspección, control y sanción de las ONG, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y se somete a todas las personas a que realicen actividades previstas en esta ley a prestar una declaración jurada de patrimonio.

En el proyecto de ley se prohíbe a todas las ONG realizar actividades políticas; y promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.

Si se incumplen las prohibiciones legales, la autoridad competente podrá tomar las medidas administrativas «proporcionales y adecuadas» contra la organización, mediante la apertura de un procedimiento administrativo que podrá implicar la suspensión de actividades, así como la disolución de oficio de la organización en cuestión.

El proyecto establece los ilícitos consistentes en el incumplimiento de las siguientes obligaciones legales: inscribirse en el registro correspondiente; registrar los actos y hechos enumerados en la ley; mantener los libros que de conformidad con la forma adoptada por la organización corresponda; y coadyuvar con el Estado en sus actividades de control y fiscalización.

Aquellos que incumplan o incurran en los ilícitos formales dispuestos en la ley, serán sancionadas con una multa de cincuenta (50) petros, la cual se incrementará en el mismo monto por cada falta cometida hasta un máximo de 200 petros; y por la omisión del deber de notificar donaciones, serán castigadas con una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, sin menoscabo de las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar, en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, si fuese el caso.

Se dispone un lapso de tres meses contados a partir de la vigencia de la Ley, para que el Ejecutivo Nacional, bajo la coordinación de la Vicepresidencia, disponga las adecuaciones requeridas para implementar este sistema de registro. En segundo lugar, se dispone un lapso de un año, contado a partir de la vigencia de la ley, para que todas las ONGs se hayan inscrito y declarado todo lo señalado en dicha ley.

Observaciones jurídicas de la Academia de Ciencias sobre el proyecto de ley contra las ONG:

La institución considera que desde el inicio, «se asume la ilegalidad en las actividades de las organizaciones, lo cual tiene como consecuencia someterlas a la exigencia irrazonable de un nuevo registro adicional para habilitar su existencia jurídica y actuación, así como exigirles entregar absolutamente toda su información al Estado».

También, señalan que el proyecto de ley «afecta derechos constitucionales y humanos como la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho a la participación en asuntos públicos, el principio de legalidad, la prohibición de discriminación y la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes».

Por otra parte, la Academia advierte que «se limita injustificadamente el objeto y los fines de las ONG en ejercicio de su libertad de asociación, exigiéndose incluso solicitar la debida autorización en caso de que la voluntad societaria sea su ampliación, modificación o reducción».

 

«Se sujeta también la obtención de la personalidad jurídica y la autorización (habilitación) de las ONGs para realizar sus actividades legítimas a la obtención de un registro, cuyos requisitos y plazos no están determinados», agrega la Academia.

En cuanto a los requisitos adicionales, «se viola la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en virtud de que se utilizan conceptos vagos e imprecisos que dan lugar a una aplicación arbitraria».

Según la Academia, de manera ambigua y discrecional, «se contempla que las ONG podrían ser obligadas a entregar información sensible sobre sus servicios y personas beneficiarias». Esto debe observarse con las ONG domiciliadas en el exterior.

Finalmente, las prohibiciones «son igualmente contrarias a la seguridad jurídica y el principio de legalidad; e incluso estos conceptos aparecen alineados con la superada doctrina autoritaria de la “seguridad nacional».

Academia de Ciencias Políticas y Sociales by Andrea González Parra on Scribd

Humedales marino-costeros de Venezuela bajo múltiples amenazas que aceleran su degradación
El Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas contabiliza que cerca del 35% de los humedales del mundo desaparecieron entre 1970 y 2015
Un informe de Clima21 encontró que varios humedales en Venezuela están en riesgo debido a múltiples amenazas como derrames petroleros, construcciones turísticas sin criterios ambientales, crecimiento urbano y proyectos viales inadecuados
Entre los humedales de Venezuela en mayor riesgo por diversas amenazas se encuentran Ciénaga de los Olivitos, Cuare, Morrocoy, Laguna de Tacarigua (Miranda), Lagunas de Unare y Píritu, Laguna de Los Patos, Estuario Río San Juan, La Restinga y Los Roques
El deterioro de los humedales marino-costeros afectará la biodiversidad, la actividad pesquera, contribuciones ecosistémicas tales como el control de tormentas, control de erosión costera, absorción de contaminantes, entre otros

 

Fotografía: Cortesía Clima 21/Carolina Dávila

 

Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, ya que en esa fecha en el año 1971 se adoptó el Convenio de Ramsar o  tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas estratégicos. 

La Organización de las Naciones Unidas define a los humedales como «ecosistemas en los que el agua es el principal factor que controla el entorno y la vida vegetal y animal asociada».

Esto incluye ecosistemas de agua dulce, los marinos y los costeros, como lagos y ríos, los acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas y oasis los deltas y las marismas, los manglares y otras zonas costeras, los arrecifes de coral y todos los lugares creados por el hombre, como los estanques de peces, arrozales,  embalses y salinas. 

En Venezuela existen unos 158 humedales, de los cuales, 60 están establecidos como Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abraes). 

Solo cinco humedales del país están incluidos en la lista Ramsar de la Convención de Humedales, que Venezuela suscribió desde 1998: Laguna de Tacarigua, Archipiélago Los Roques, Laguna de La Restinga y los refugios de fauna silvestre Cuare (Falcón) y las Ciénagas de los Olivitos (Zulia).

En esta lista se incluyen las zonas húmedas de mayor importancia en el mundo, desde el punto de vista de su interés ecológico y para la conservación de la biodiversidad. 

 En la conferencia «Humedales de Venezuela frente al Cambio Climático» (2022), que fue parte del IV Simposio Humedales, crisis climática y conservación del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, los autores Carlos Méndez-Vallejo y Meimalin Moreno-Villalobos describieron las contribuciones al bienestar humano de los humedales, entre las que destacan su capacidad para almacenar carbono y su importante capacidad de purificadores de agua «debido a procesos biogeoquímicos particulares».

Los expertos  destacan que los humedales actúan siempre como «un factor determinante de la vida vegetal y animal del lugar».

Añaden que, dependiendo de sus condiciones de conservación y manejo, podrían funcionar como soluciones «naturales» al cambio climático,  «si su manejo permite maximizar las
propiedades de captura y almacenamiento de carbono en el largo plazo».

No obstante, el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas contabiliza que cerca del 35% de los humedales del mundo desaparecieron entre 1970 y 2015.

Esto pese a sus múltiples ventajas, como ayudar a reducir el impacto de las inundaciones, limpiar el agua contaminada,  funcionar como barreras naturales eficaces y baratas contra inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos y erosión en las ciudades costeras, entre muchas otras. 

Asimismo, advierten que la tasa de pérdida de humedales se aceleró desde el año 2000.

En su publicación sobre el Día Mundial de los Humedales de 2023 lanzan una temida advertencia si no se trabaja en la conservación de estos ecosistemas. 

«Es posible que el 20 al 90% de los humedales costeros actuales, cuya ventaja es secuestrar carbono hasta 55 veces más rápido que las selvas tropicales, desaparezca para finales de siglo en función de la magnitud de aumento del nivel del mar causado por la crisis climática», alertan.

Humedales en Venezuela

El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos y Ambientales explicó en una publicación este 2 de febrero que los humedales en Venezuela se encuentran en distintos sectores de la geografía nacional.

Entre ellos, citaron al Parque Nacional Archipiélago Los Roques, la Laguna de la Restinga y Tacarigua y los refugios de fauna silvestre Cuare y Ciénaga de los Olivitos. 

Justamente Cuare fue el primer humedal de Venezuela incluido en la lista Ramsar. La organización advirtió que los manglares de la zona están contaminados debido a las descargas cloacales provenientes de los complejos turísticos  y desechos industriales  de las actividades de Pdvsa. 

Ecosistemas costeros bajo amenaza en Venezuela

En agosto de 2022, Clima 21 y el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales presentaron un informe en el que denunciaron que los ecosistemas marino costeros del país están siendo sometidos a «múltiples presiones de origen humano» que están causando su «acelerada degradación».

Entre las principales perturbaciones ambientales encontraron derrames petroleros; contaminación por aguas servidas y desechos sólidos; presencia de especies invasoras y extracción insostenible de la diversidad biológica (por pesca, cacería o extracción).

Mientras que como principales amenazas contra estos ecosistemas señalaron al cambio climático, la presencia de metales pesados en las zonas costeras de, al menos, tres zonas del país; la creciente presencia de microplásticos en los sedimentos costeros y la «ausencia de consideraciones ambientales» en el diseño de las políticas pesqueras y turísticas.

La ONG reportó en el documento que las perturbaciones contra los ecosistemas costeros están «incrementándose en el tiempo y los daños parecen aumentar», así como también a afectar a zonas y ecosistemas donde previamente no estaban presentes.

Además, alertaron que el Estado venezolano «no tiene las capacidades, ni la voluntad política» para evitar o mitigar estos daños y los efectos de los mismos sobre la población», advirtieron.

En el documento, recomiendan actualizar el conocimiento sobre la condición ambiental de zonas marinocosteros y humedales del país, con énfasis en las áreas protegidas, en aquellas cercanas a instalaciones petroleras y en las cercanas a las inmediaciones de centros poblados con elevada densidad poblacional

Hay que exigir al Estado la protección al ambiente

Runrun.es conversó con Alejandro Álvarez Iragorry, coordinador general de Clima21, para conocer sus impresiones sobre la situación de los humedales marino-costeros del país.

El especialista respondió varias preguntas sobre el tema que enlistamos a continuación.

De los 158 humedales que existen en Venezuela, de los cuales solo cinco han sido incluidos en la lista Ramsar, ¿cuántos aproximadamente son marino-costeros?

 El concepto de humedal que aparece en la Convención Ramsar es muy amplio. Por eso, no es posible saber el número de total de humedales que existen en Venezuela además de aquellos que han sido decretados como áreas protegidas. En un trabajo realizado en 1994 por Miguel Lentino y Ana Rita Bruni, de la Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, reportaron 53 humedales. Pero pudieran haber otros menos importantes o incluso artificiales.

 

En el informe de Clima 21 se describen una serie de perturbaciones que impactan sobre los ecosistemas marinos y costeros. ¿Cuáles serían los humedales venezolanos marino-costeros más afectados o amenazados por estas perturbaciones y cuáles de ellas representan un mayor riesgo?

De acuerdo con el informe, los humedales en mayor riesgo son Ciénaga de los Olivitos (Zulia) afectado por derrames petroleros; Golfete de Coro (Falcón) derrames petroleros; Cuare (Falcón) construcciones turísticas; Morrocoy (Falcón) múltiples amenazas; Laguna de Tacarigua (Miranda) por múltiples amenazas; Lagunas de Unare y Píritu (Anzoátegui) múltiples amenazas; Laguna de Los Patos (Sucre)  por crecimiento urbano; Estuario Río San Juan (Sucre) derrames petroleros; Delta del Orinoco (Delta Amacuro) por múltiples amenazas.

Asimismo, están amenazados La Restinga (Nueva Esparta) por proyectos viales inadecuados; Los Roques (T.F. Miranda), que aunque desde el punto de vista conceptual no es un humedal costero , ya que está en un archipiélago oceánico, lo incluyo por las múltiples amenazas que representan el desarrollo turístico realizado sin criterios ambientales.

 

Entre los humedales de categoría Ramsar del país está el Archipiélago Los Roques, que se ha visto amenazado en los últimos años por construcciones ilegales que lo deterioran. ¿Hay algún balance reciente sobre la situación actual en la zona?

Existen algunas referencias sobre la situación del Parque Nacional Los Roques que están en el informe, pero no conozco un trabajo integral sobre los impactos que están generando las construcciones ilegales que han construido en el Gran Roque, así como los temas relacionados con la pesca no sustentable.

 

¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida o degradación de nuestros humedales costeros? ¿Ya las estamos padeciendo?

Las consecuencias son múltiples y graves, pero dependen de cuál de los humedales estamos hablando, ya que los mismos contienen diferentes ecosistemas y comunidades biológicas. Aunque existe una alta diversidad entre los humedales, es posible decir que el deterioro de los humedales afectará la biodiversidad, la actividad pesquera, contribuciones ecosistémicas tales como el control de tormentas, control de erosión costera, absorción de contaminantes, entre otros.

Estos efectos perjudicarán a su vez la economía local y los medios de vida de sus pobladores, los harán más vulnerables ante eventos meteorológicos extremos y el cambio climático y, finalmente, destruirá las culturas tradicionales asociadas a esos humedales.

 

Al Venezuela suscribir tratados internacionales para la preservación de los humedales, el Estado debe ser el principal garante de su protección, pero, en la práctica, es poco lo que se hace ¿Hay forma de que entes internacionales obliguen al cumplimiento de las disposiciones?

En términos generales, no. Los tratados internacionales aunque son jurídicamente vinculantes, dependen de la voluntad de los gobiernos y de su idea de soberanía. A largo plazo, será posible acusar a los organismos de incumplimiento de su deber de proteger a la población de los efectos de la degradación ambiental y el cambio climático ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero ninguno de esos organismos tiene capacidad para hacer cumplir sus decisiones.

 

Por último, desde el punto de vista ciudadano,  ¿qué podemos hacer para contribuir con la preservación de nuestros humedales?

La primera acción que se puede hacer la estás haciendo tu y las organizaciones de la sociedad civil dando a conocer estas situaciones y los efectos que tiene la degradación ambiental de los humedales sobre la población humana. Asimismo, tenemos que recuperar nuestra capacidad ciudadana para exigir al Estado su obligación de proteger el ambiente como medio para tener una vida digna y próspera.


Los Roques, a la orilla de un desastre ambiental


La Alianza Rebelde Investiga (ARI) abordó en una investigación especial, cómo recientes construcciones que se han levantado en Los Roques ponen en riesgo fauna y flora en mar y tierra. 

«Al primer parque nacional marino creado en Venezuela lo amenaza el concreto que levantan capitales privados provenientes de empresas beneficiadas con concesiones, contrataciones y permisos a lo largo de la permanencia del chavismo en el poder. Se trata de una intervención que pone en riesgo al arrecife más importante de todo el Caribe Sur y a uno de los cinco humedales del país protegido por la Convención de Ramsar desde 1996. Los expertos coinciden en que modificar apenas una pequeña porción de territorio afectará el perfecto equilibrio que se ha mantenido durante siglos entre los principales elementos que lo componen: manglares, corales y praderas de Thalassia, que a su vez, son hábitat y fuente de alimentación de cientos de especies de peces, tortugas, crustáceos, moluscos, mamíferos y aves que hacen vida en el archipiélago», se lee en el texto. 

 

Para visitar el especial completo, haga clic acá.

Chevron y alza del petróleo: ¿Un respiro para Maduro?
A lo largo del año el gobierno contará con más recursos, pero en lo inmediato enfrenta el desafío de aplacar la protesta de los trabajadores y contener la inflación

Víctor Salmerón/ @vsalmeron

El colapso de la moneda, la aceleración de la inflación y las protestas por los bajos salarios en el sector público elevan la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, pero todo indica que progresivamente ganará capacidad de maniobra gracias al aumento de la producción de petróleo y al alza en los precios del barril.

La escalada en los precios del petróleo, consideran analistas, vendrá de la mano del incremento de la demanda por la reapertura de la economía china, hasta hace poco maniatada por las restricciones para combatir al Covid. Al mismo tiempo, se espera menos oferta de crudo por el impacto de las sanciones a Rusia tras su invasión a Ucrania.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) explica en su informe de enero de este año que el escenario más probable es que se desarrollará un «déficit sustancial de crudo durante toda la segunda parte de 2023 a medida que la demanda avance a toda velocidad”.

El barril Brent, el crudo marcador, se cotiza en torno a 80 dólares y Goldman Sachs contempla que alcance los 110 dólares en el tercer trimestre, mientras que los analistas de UBS esperan que el precio “supere los 100 dólares en los próximos meses”.

El petróleo es la principal fuente de dólares de la administración de Nicolás Maduro y el alza en el precio del barril se combinará con el incremento de la producción, gracias a que el gobierno de Joe Biden otorgó una licencia a Chevron, la multinacional estadounidense, para que aumente sus operaciones en Venezuela.

Estados Unidos, al igual que una larga lista de países, considera ilegítimas las elecciones de 2018 en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente y mantiene vigentes sanciones que limitan el comercio de petróleo con Venezuela, así como las operaciones de las empresas estadounidenses y extranjeras.

 

La producción

Chevron tiene una participación minoritaria en cuatro empresas en las que está asociada con Pdvsa, la compañía de petróleo del estado venezolano: Petropiar, Petroboscán, Petroindependencia y Petroindependiente. En el pasado, Chevron financió parte de las operaciones de estas empresas y Pdvsa tiene una deuda por pagarle.

Aunque no se conoce en detalles el contrato firmado entre Chevron y Pdvsa, se sabe que la empresa estadounidense invertirá y aumentará la producción en las compañías en que son socios. Luego exportará el petróleo a Estados Unidos y una parte de los beneficios ingresarán a la caja del gobierno venezolano.

La información entregada por el gobierno a la OPEP indica que la producción de Venezuela promedió 716 mil barriles diarios en 2022 y fuentes petroleras calculan que para finales de este año Chevron estará produciendo unos 300 mil barriles, con lo que la producción aumentaría hasta una cifra cercana al millón de barriles.

Gustavo García, execonomista jefe de la División Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, indica que esto sería entre el tercer y cuarto trimestre: «Lo más probable es que, en promedio, la producción de Chevron se ubique entre 150 mil y 200 mil barriles diarios”.

La caja

Para exportar petróleo al margen de las sanciones la administración de Nicolás Maduro recurre a intermediarios que revenden el crudo en Asia con un descuento considerable, pero Chevron podrá ofertar los barriles extraídos en Venezuela a precios de mercado.

Gustavo García señala que como no se conoce el contrato firmado por Chevron, para calcular un aproximado del ingreso, asumió que Pdvsa recibirá la mitad de los beneficios a un precio de 80 dólares el barril para el crudo venezolano.

De acuerdo con este ejercicio, a través de Chevron, el gobierno recibiría este año alrededor de 2 mil 200 millones de dólares, una cifra que en las actuales circunstancias proveería oxígeno porque ayudaría a disminuir el severo desequilibrio en las finanzas del Estado.

“El centro de gravedad de la política económica es la situación fiscal”, dice Gustavo García y explica que como existe una enorme brecha entre el ingreso y el gasto, el Banco Central financia al sector público emitiendo una gran cantidad de bolívares.

El Banco Central utiliza los bolívares que crea para financiar a Pdvsa y luego Pdvsa transfiere dinero al resto del sector público. Una vez este dinero ingresa a la economía genera presión inflacionaria porque se traduce en más bolívares detrás de pocos productos o en una demanda de dólares que propicia la depreciación de la moneda.

A la par de que emite bolívares para financiar al gobierno el Banco Central vende dólares a través de la banca, pero es un monto muy pequeño respecto a la demanda y por tanto el bolívar no deja de hundirse. En enero de 2022 un dólar costaba 4,5 bolívares y hoy cuesta 22 bolívares en el mercado oficial.

El auxilio

Para colocar los números en contexto, Gustavo García precisa que con el ingreso que recibiría a través de las operaciones de Chevron el gobierno podría duplicar el monto de dólares que el Banco Central vende en el mercado cambiario.

“Además, si utiliza los bolívares que recibirá por la venta de los dólares para ajustar los salarios de los trabajadores públicos y las pensiones, no habría un efecto inflacionario considerable. No estaría emitiendo dinero adicional, los bolívares vendrían de los bancos, son bolívares que ya están en el mercado”, dice Gustavo García.

Desde su punto de vista, en este escenario, “el gobierno pudiera hacer un aumento que seguramente no va a ser lo que los empleados públicos y pensionados aspiran, podría llevar el salario mínimo en torno a 50 dólares y con un poco de habilidad alejarse del peligro de regresar a la hiperinflación, aunque seguirá habiendo una inflación elevada”.

El gobierno no ajusta los salarios desde marzo de 2022 y el salario mínimo, que es equivalente a las pensiones, solo representa seis dólares. En el caso de los maestros, un gremio que comenzó el año protestando en las calles, el salario base es de 15 dólares.

El Observatorio Venezolano de Finanzas precisa que en diciembre la inflación fue la más alta en veinte meses y se ubicó en 37,2%, una magnitud que encendió las alarmas. Según la definición clásica, creada por el economista Philip Cagan en 1956, un país se hunde en la hiperinflación cuando los precios aumentan 50% en un mes.

El riesgo es que el gobierno siga emitiendo dinero al mismo ritmo en que lo viene haciendo para aumentar el gasto en mayor proporción. El financiamiento del Banco Central al sector público aumentó 898% al comparar 2022 con 2020” advierte Gustavo García.

Un factor a tomar en cuenta es que otras empresas petroleras como Repsol y ENI están presionando a Estados Unidos para que les otorgue una licencia similar a la de Chevron. Además, es probable que Chevron asuma un rol más activo en el mediano plazo.

“Tengo la impresión de que el contrato con Chevron, por la forma en que está redactada la licencia, implica que Chevron va a entrar como proveedor de servicios para aumentar la producción en los campos petroleros que están por completo bajo control de Pdvsa”, indica Gustavo García.

En este escenario considera que en 2024 la producción petrolera continuaría aumentando hasta una cifra en torno a 1 millón 300 mil barriles y el gobierno estaría en condiciones de aumentar el salario mínimo y las pensiones hasta los 100 dólares.

“Esto es un escenario donde los problemas de Venezuela no se van a resolver, podría haber mayor estabilidad en la tasa de inflación y el tipo de cambio si estos supuestos se materializan, pero sigue siendo un escenario mediocre”, dice Gustavo García.

 

El corto plazo

Los trabajadores del sector público han tomado las calles y presionan por un ajuste en el salario. El ingreso mínimo legal, que aparte del salario incluye un bono de alimentación, equivale a 8 dólares y aumentarlo en el corto plazo representa un desafío para el gobierno.

La consultora Síntesis Financiera indica que el costo mensual de la nómina del sector público, incluyendo pensionados, equivale a 2,45 millardos de bolívares que al tipo de cambio oficial actual equivalen a 111 millones de dólares.

La firma precisa que si el ingreso mínimo legal aumenta hasta el equivalente a 30 dólares, el costo mensual de la nómina en bolívares se elevaría en 257%, en 491% si aumenta hasta el equivalente a 50 dólares y en 1.075% si aumenta hasta el equivalente a 100 dólares.

“Estos incrementos en el gasto fiscal ilustran el desafío de política económica que enfrenta el gobierno. En primer lugar, está el reto de financiar ese mayor gasto con ingresos ordinarios petroleros y no petroleros, sin recurrir al financiamiento monetario del Banco Central”, explica Síntesis Financiera.

Añade que “el Banco Central enfrentará una presión mayor en el control de la liquidez monetaria y la defensa del bolívar descansando esencialmente en la venta de divisas en efectivo”.

El auxilio proveniente del aumento de la producción petrolera y el alza del petróleo llegará progresivamente y difícilmente será suficiente para satisfacer las aspiraciones de los trabajadores del sector público. En lo inmediato aplacar la protesta, enfriar la inflación y regresar a un clima de normalización es el gran reto de Nicolás Maduro.

Venezuela en el 2023: tendencias y escenarios en la política

Runrunes realizó, la noche del 1 de febrero, un Twitter Space en el que reunió a los analistas Mirla Pérez, John Magdaleno y Eugenio Martínez, quienes hicieron una radiografía del panorama político de Venezuela para este 2023.

El espacio, llamado «El panorama de Venezuela: tendencias y escenarios para este 2023», fue moderado por el editor de Runrunes, Luis Ernesto Blanco, y Héctor Fuentes, de EstadoLab.

A continuación, un resumen de las intervenciones de los tres expertos:

Eugenio Martínez, periodista experto en política, se refirió a las elecciones primarias en la oposición —para elegir a un candidato que se mida con el oficilista en las presidenciales— y dijo que «va creciendo» el deseo de la gente de participar en este proceso, aunque aún no haya fecha de realización. 

«El venezolano pareciera estar interesado en participar, y las primarias pudieran ser un evento con una cantidad de votos similares al 2012», asegura.

Dijo, además, que «las primarias, aunque son positivas de entrada, tienen algunos peligros que no se pueden dejar por fuera (…) Es necesario esperar a saber cuándo se inscribirán los candidatos opositores para poder elaborar un análisis sobre posibles resultados».

En relación con el candidato oficialista, añadió: «Maduro dentro de la coalición gobernante parece haberse ganado su derecho a ser el candidato en una eventual elección. A pesar del problema que puede presentar».

John Magdaleno, politólogo y estratega, se refirió al proceso de negociación como una salida a la crisis y recordó: «Las negociaciones funcionan en un contexto en los que los sectores de oposición desarrollan la capacidad para ejercer presión, a su vez que se generan garantías e incentivos que pueden fragmentar a los actores del sector contrario».

En este sentido, insistió en la necesidad de «llegar a unos acuerdos para lograr un proceso exitoso de democratización».

Mirla Pérez, investigadora, habló de la organización comunitaria y dijo que, «durante estos 20 años», esta «se ha venido anulando debido a la intervención del Estado».

«En el caso de las comunidades, vemos expresiones muy autónomas, pero que están separadas del poder comunal. Es decir, maneras que ha conseguido la comunidad para oponerse a la dominación», sostuvo.

En su opinión, en las comunidades «hay mucho temor y poca resonancia, porque no existe un proceso de empatía con lo que sucede en estas zonas».

Por otro lado, indicó que «el 80 % de las comunidades trata de hacer vida comunitaria desde la solidaridad, el apoyo mutuo y la protesta».

CLAVES | Educadores alertan sobre riesgos y potencialidades del ChatGPT
Los algoritmos del ChatGPT están diseñados y son capaces de entender y responder a los cuestionamientos o solicitudes que le hacen las personas
Chat GPT es una herramienta tecnológica muy fascinante, cuando se trata de utilizarlo en la universidad puede resultar un arma de doble filo, pues si el bot hace la tarea del estudiante, este no está aprendiendo lo que debería

 

@yeannalyfermin

 

Con cada día que pasa, la inteligencia artificial (IA) toma más fuerza y se apodera de espacios y tareas que solo eran realizadas por humanos. El pasado 30 de noviembre de 2022, la empresa OpenAI, fundada por el empresario, inversor y magnate, Elon Musk, hizo público el ChatGPT, un sistema de IA diseñado para mantener conversaciones mediante un chat escrito.

Según refiere la página principal del ChatGPT, este es un sistema de chat basado en el modelo del lenguaje por IA GPT-3 con más de 175 millones de parámetros entrenados y diseñados para realizar actividades relacionadas con el lenguaje, que van desde la traducción hasta la creación de textos de cualquier naturaleza. 

Los algoritmos del ChatGPT están diseñados y son capaces de entender y responder a los cuestionamientos o solicitudes que le hacen las personas.

El principal atractivo de este chatbot es que es capaz de ofrecer respuestas muy precisas y completas de cualquier tema, bien sea sobre política, economía, educación, música, tecnología, entretenimiento, cultura. Sin embargo, un problema se presenta en escuelas y universidades, y es que con la precisión de las respuestas que ofrece, resulta difícil distinguir si el texto fue creado por el estudiante o por inteligencia artificial.

Fraude académico o plagio

Para evaluar los riesgos y potencialidades del uso del ChatGPT en las universidades, el profesor y director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (ucab), Carlos Calatrava, apuntó que hay que tener en consideración que una cosa es plagio de información y otra es el fraude académico. 

Calatrava ejemplifica la situación con un caso que ocurrió en los Estados Unidos en donde se le pidió a un estudiante que hiciera un ensayo con ciertas características. El estudiante hizo la solicitud al bot y este le formuló la actividad, tal y como se lo habían indicado y lo hizo pasar como un texto propio. 

“Evidentemente ,esto no califica como plagio en las universidades porque para las casas de estudio superior el plagio es tomar información de otros autores y publicarlos como suyos”, afirmó el profesor. 

Sin embargo, Calatrava aclaró que este bot de inteligencia artificial no solo se está empleando con “fines más allá de entretenimiento y de distracción”, sino también para proponer algo asociado al fraude académico.

El profesor universitario Leonardo Guerra, coincide con Calatrava en que si bien es Chat GPT es una herramienta tecnológica muy fascinante, cuando se trata de utilizarlo en la universidad puede resultar un arma de doble filo, pues si el bot hace la tarea del estudiante, este no está aprendiendo lo que debería. 

“El Chat GPT puede hasta elaborar una tesis de grado, discursos académicos, utilizando toda la información que hay en la web en tan solo minutos. Eso, sin duda, es un fraude académico, porque no fue realizado por el estudiante”, dijo Guerra. 

Benéfico o perjudicial

A juicio del director de la Escuela de Educación de la Ucab, el Chat GPT son dos caras de una misma moneda. Afirma que es perjudicial cuando los estudiantes lo utilizan para presentar un análisis como propio.

“Si alguien hace un fraude académico mientras está estudiando, es muy probable que también lo haga en su campo laboral y en el lugar de trabajo, además de que el uso continuado de estos dispositivos de inteligencia artificial puede repercutir en la toma de decisiones y en la suplantación de identidad”. 

Otro punto negativo del Chat GPT, y es uno de los que más preocupa al profesor de historia, Leonardo Guerra, es que no hay hasta ahora un marco regulatorio o legal en ningún país del mundo para el buen manejo de estas tecnologías. 

Carlos Calatrava señala que con el ChatGPT se puede resolver un problema o una tarea momentánea, pero que en realidad no genera un cambio radical, que es el objetivo que se quiere con el aprendizaje. 

Sostiene que la otra cara de la moneda, o lo positivo del ChatGPT, es que esta herramienta de apoyo, bien canalizada y bien guiada, puede ser muy buena para encontrar diversas manera de resolver un problema, o de buscar ideas alternas para realizar cualquier trabajo. 

El papel de la universidad 

Según reseña el portal web The Guardian, las principales universidades en Australia han optado por centrar su metodología de evaluación utilizando solo lápiz y papel, mientras que en Nueva York, se ha prohibido el uso del ChatGPT en las escuelas. 

The Guardian también refiere que el Departamento de Educación en Cataluña, España, informó que no van a prohibir el uso del bot «ya que sería una medida poco efectiva».

Carlos Calatrava afirmó que falta mucho para que estas tecnologías se maximicen en Venezuela, pero afirmó que en la Ucab ya se han generado conversaciones con respecto al tema.  

“Aquí en la universidad en lo que se supo la noticia de la llegada del ChatGPT se comenzó a hablar e instruir a los profesores, sobre el tema. En este momento el planteamiento es tener a esta tecnología en atención, es prevenirlo”. 

Calatrava enfatizó que no se debe olvidar el momento en el que está Venezuela con respecto al uso de las tecnologías en otros países del mundo. 

“Nosotros tenemos unos años de atraso en el manejo de las computadoras y dispositivos, y muchas aplicaciones de inteligencia artificial no están corriendo en Venezuela de manera masiva, solo a través de VPN se puede lograr y no todos lo manejan por lo que nos dará el tiempo necesario para prepararnos y sacarle el jugo a la herramienta de una manera positiva”, dijo. 

Debido al revuelo que ha causado el uso del ChatGPT, la empresa OpenAI informó este martes que ya lanzó una herramienta que puede determinar si un texto ha sido escrito por un humano o por inteligencia artificial. 

«En nuestras evaluaciones sobre un ‘conjunto de desafíos’ de textos en inglés, nuestro clasificador identifica correctamente el 26 % de los textos escritos por inteligencia artificial como ‘probablemente escrito por inteligencia artificial’, mientras que etiqueta incorrectamente un 9 % de los texto escritos por humanos como si fueran producto de la inteligencia artificial», detalló la empresa mediante un comunicado. 

OpenAI aclaró que esta herramienta solo funcionará para textos en inglés y mejorará a medida que aumente la longitud del escrito que se analice. 

«Reconocemos que identificar el texto escrito por IA ha sido un punto importante de discusión entre los educadores y que es importante reconocer los límites y los impactos de los clasificadores de texto generados por IA en el aula», apunta el comunicado.