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#MonitorDeVíctimas | En Apure grupos armados no estatales monopolizan la violencia
El ELN, las disidencias de las FARC y el FBL son algunos de los grupos criminales que operan en este estado fronterizo, donde el narcotráfico y el contrabando de mercancías diversas son cotidianos. Aunque los homicidios han disminuido, dos episodios de violencia, poco común con víctimas mortales, marcaron 2020: la muerte de cuatro oficiales de la FANB en un enfrentamiento con la guerrilla y el asesinato de un ganadero a manos de indígenas

Apure

La violencia se ha instalado en las zonas productivas y apartadas del estado Apure, al suroeste de Venezuela y en la frontera con Colombia. Allí operan con libertad grupos armados colombianos y locales, indígenas que están al servicio de la guerrilla y hampa común. Amenazan, extorsionan y matan a los ganaderos, así como a personas dedicadas al robo de ganado en las fincas.

De acuerdo con reportes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Apure, en 2019 se produjeron 130 homicidios, mientras que hasta el 31 de octubre de 2020, en la entidad fronteriza con el departamento colombiano de Arauca se habían registrado 40 asesinatos. 

Las cifras, que parecen ir en baja, por sí solas no son un reflejo de las particulares formas de violencia que se viven en esa región invadida por poderosas organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL o “boliches”).

En la mayoría de los homicidios reportados se involucraron algunos de estos grupos irregulares. En ocasiones se valen de indígenas para delinquir, tomar los territorios y desplazar a productores agropecuarios, quienes, ante amenazas y robos, se ven obligados a huir y abandonar sus propiedades.

3.000 cabezas de ganado robadas en 2020

A pesar de que en esta área geográfica el levantamiento de datos es difícil, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), durante  el mes de octubre de este año en la zona del Capanaparo fueron atacados cinco hatos. La denuncia fue presentada por productores de la región ante la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Apure, en San Fernando. Aún esperan respuesta.

 Esta institución gremial también reporta que 37 comunidades indígenas que hacen vida en el Capanaparo -distribuidas en las poblaciones de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo; y Elorza, municipio Rómulo Gallegos- han sido organizadas y entrenadas para delinquir, bajo la dirección de irregulares del ELN. 

Según Fedenaga, estos grupos amenazan y asaltan unidades de producción, cometiendo abigeato en grandes dimensiones, afectando entre 80 y 100 productores, a quienes les han hurtado y robado más de 3.000 cabezas de ganado bovino, sólo en 2020.

 

 

Aunque fuentes en materia criminalística resaltan que el índice de homicidios en el estado Apure ha bajado 70% durante 2020 en comparación con 2019, los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia. Aseguran que los entes de seguridad del Estado en lugar de resolver los casos, los engavetan. 

Los “ajustes de cuentas” entre delincuentes, el robo y la resistencia a la autoridad han sido los móviles más frecuentes en la entidad llanera, según los reportes oficiales.

 Los homicidios reportados en esta entidad durante los últimos años han sido perpetrados no solo por el hampa común y por grupo armados irregulares, sino también por indígenas y funcionarios de los organismos de seguridad del Estado como la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cicpc y la Policía Regional, que ejecutan a los presuntos delincuentes en sus propias casas. Pese a esta realidad, en las minutas policiales los funcionarios registran los hechos señalando que se trató de enfrentamientos por resistencia a la autoridad.

La mano de la guerilla colombiana

Aunque el Cicpc reporta 40 homicidios en Apure, la organización Fundaredes, dedicada al estudio de la violencia en los estados fronterizos de Venezuela, registra que solo en el primer trimestre del año 2020 ocurrieron 26 homicidios, incluyendo tres enfrentamientos de grupos armados.

Uno de estos choques, aún sin esclarecer, ocurrió en el sector Las Tres Esquinas del municipio Páez entre efectivos del Ejército y la Aviación venezolanos y presuntos guerrilleros de las disidencias de las FARC. Aunque algunas fuentes apuntan a que se trató de una emboscada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el ELN en contra de grupos disidentes de las FARC para apoderarse de esa población ubicada en El Nula, al oeste de Apure. Lo más escandaloso fue que en el incidente perdieron la vida cuatro militares venezolanos, pero nunca se produjo información oficial sobre el hecho y tampoco se reportó si hubo víctimas por parte del grupo armado colombiano. 

 Oswaldo Cáceres, gerente general de FundaRedes, denunció esta semana ante el Ministerio Público del estado Táchira la desaparición de cuatro personas en el estado Apure, cuyos cadáveres fueron abandonados posteriormente en la zona sur del Táchira.

 

El defensor de derechos humanos exigió abrir las investigaciones correspondientes sobre estos hechos, que parecieran obedecer a un patrón de actuación de grupos armados irregulares como el ELN, las disidencias de las FARC y las FBL. 

 Cáceres explicó que en solo 10 días fueron localizados en el estado Táchira los cadáveres de cuatro hombres identificados como Rubén Ortega Blanco (50 años de edad) en el sector El Piñalito, municipio Fernández Feo, y residente de La Ceiba, estado Apure; y también José Ángel Ferrer (24 años de edad) en  el sector Caño Tigre, municipio Fernández Feo, residente del estado Apure, y quien fuera desaparecido por la guerrilla según relatos de sus familiares.

Las otras víctimas fueron José Abenavide Jiménez Rojas (44 años de edad), hallado en el parcelamiento Irco en el municipio Fernández Feo, quien residía en San Camilo, El Nula, estado Apure; y un cuarto hombre que permanecía sin identificar para el momento del hallazgo, ocurrido en el sector Puerto Vivas del municipio Fernández Feo.

A un ganadero lo atacaron con flechas

Entre los crímenes más sonados de este año en Apure se encuentra el caso del ganadero y protector de animales Claudio Ramón Calzadilla Maleras, asesinado el pasado 14 de abril en una emboscada protagonizada por al menos 20 indígenas de la comunidad Pumé Vuelta Mala, en hechos ocurridos a orillas del río Capanaparo, en Achaguas.

 De acuerdo con los familiares del fallecido, el suceso se registró cuando este hombre de 31 años de edad trataba de recuperar seis de los 10 caballos que le habían hurtado en la zona.  

 Calzadilla fue atacado con flechas por los aborígenes cuando se encontraba cerca de una res de su propiedad. El ganadero resultó herido y quedó en el lugar, mientras que sus dos acompañantes lograron huir y notificar lo sucedido.

 El pasado 16 de abril, dos días después del hecho, una de las piernas del productor agropecuario fue encontrada a orillas del río Capanaparo por una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional, el Cicpc y la policía regional.

El ganadero Claudio Ramón Calzadilla fue asesinado por indígenas al servicio de grupos criminales

Los familiares de la víctima reconocieron que se trataba de una de las extremidades de Calzadilla por una cicatriz que tenía en la rodilla. Un día antes del hallazgo, tanto parientes del hombre como funcionarios de organismos del Estado habían recorrido la zona. Los investigadores determinaron posteriormente que el ganadero fue asesinado y  arrastrado más de 100 metros hacia el río.

 En el Capanaparo, zona apartada donde está ubicada la finca La Fortaleza,  propiedad de la familia Calzadilla, se reporta escasez de gasolina y aseguran que no hay señal telefónica, lo que dificulta el traslado de las personas. En esta área geográfica se registran de manera indiscriminada hurtos y robos (que son hurtos perpetrados con violencia) de ganado, caballos mansos y queso.

 Elisa Daniuska Pérez, quien fue pareja sentimental de Calzadilla durante dos años, relata con mucha tristeza cómo fue su vida con un hombre preparado académicamente, de buenos sentimientos, buen hijo y excelente novio. Vivían alquilados en la zona urbana de Achaguas para mantenerse cerca de la finca.

 “Luego de congelar mis estudios comencé a trabajar, mientras Claudio se dedicaba a administrar la finca La Fortaleza. Luego decidimos vivir juntos, por lo cual renuncié al trabajo para ayudarlo en los asuntos de la finca. Permanecíamos 15 días en la finca y una semana en Achaguas”, cuenta la mujer en exclusiva para Monitor de Víctimas.

Pérez indica que el hombre se había convertido en parte de su familia. “No hubo persona con la que tuviera problemas. Incluso también formó parte del grupo juvenil de la Parroquia del Santuario Jesús Nazareno de Achaguas”, dice.

“Cuando pensamos en estabilizarnos como pareja hicimos el sacrificio de viajar hasta Cúcuta para comprar nuestras cosas, porque nuestro plan era emigrar para España, donde ambos pretendíamos casarnos y formar una familia”, relata la mujer. Al mismo tiempo confiesa que en el fondo los dos querían seguir dando lo mejor de sí en Venezuela, por lo cual decidieron posponer los planes de salir del país.

Una semana después del atroz crimen, la diputada Indígena Yesenia González y una comisión del Cicpc Apure acudieron a esta área rural para conversar con los indígenas y recabar evidencias. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para resolver el caso porque los culpables del asesinato de Calzadilla amenazan de muerte a los indígenas para que no revelen dónde se encuentran.

La madre del productor, Sonia Maleras de Calzadilla, reclama que los homicidas de su hijo están libres, mientras su familia clama por justicia.

Ejecuciones y la llegada de la FAES

De acuerdo con fuentes en materia de seguridad, durante este año en la entidad llanera se han reportado 38 muertes clasificadas como presuntas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales seis fueron responsabilidad de funcionarios del Cicpc, las restantes se atribuyen a las FAES, policía estadal, Conas, Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército. Sin embargo, estos casos son registrados en las actas policiales como muertes por resistencia a la autoridad.

Defensores de derechos humanos en la región, que pidieron reservar su identidad por seguridad, explicaron a Monitor de Víctimas que los funcionarios de los entes de seguridad del Estado luego de las ejecuciones extrajudiciales llevan los cuerpos desde el lugar donde ocurrieron los hechos hasta la morgue del Hospital Pablo Acosta Ortíz (Hpao), sin identificar los cadáveres.

Los dos presuntos delincuentes muertos a manos de los cuerpos de seguridad en un presunto enfrentamientos

 

Al abordar casos de este tipo es imprescindible hacer mención a la  ejecución de Freddy Daniel Falcón Díaz, alias “Pelín”, y Frederys José Falcón Díaz, alias “Pelito”, supuestos integrantes de la banda El Pelín y El Pelito, dedicada a robar vehículos, extorsionar, secuestrar y matar.  

 El asesinato se registró el 2 de julio de 2020 por parte de una comisión mixta de funcionarios del Cicpc Apure y Miranda, que irrumpió en la casa de ambos hombres,  ubicada en el sector Chompresero, parroquia El Recreo, en el municipio San Fernando estado Apure.

 De acuerdo con el reporte oficial de los entes de seguridad del Estado, ambos hombres se encontraban solicitados por la supuesta comisión de los delitos de robo de vehículos, extorsión, homicidio y asociación para delinquir. Se escondían en el estado Apure.

 Según la minuta policial, ese día el Cicpc no solo mató a los dos delincuentes más buscados en Ocumare del Tuy, estado Miranda, sino también recolectar en la escena del crimen como evidencia tres armas de fuego, dos calibre 9mm y una calibre 22 mm, así como también siete conchas de balas calibre 7.62  mm, diez balas calibre 9 mm, cuatro balas calibre 22 mm, cinco balas calibre 9mm y una granada de humo.

 La mencionada banda delictiva operaba en los sectores La Mata y Las Tres Letras de la parroquia Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, así como en los sectores Santa Rosa, Santa Marta, Pueblo Nuevo, Piloncito, La Cabrera y Colonia Mendoza,  situados en la parroquia Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander de esa misma jurisdicción.

Alias “Pelín” estaba solicitado por el Tribunal Primero, Cuarto de Control de Valles del Tuy, estado Miranda por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, robo de vehículo automotor, extorsión, secuestro y asociación para delinquir. Así lo informaron las autoridades.

El hombre también era requerido por el Tribunal Primero de control de los Teques, estado Miranda, señalado por el delito de robo agravado de vehículo automotor, así como por el Tribunal Quinto de Control de San Juan de Los Morros, estado Guárico, por el delito de homicidio doloso.

Por su parte, alias “Pelito” tenía igualmente amplio prontuario policial y se encontraba prófugo de la justicia que planeaba procesarlo por la supuesta comisión de varios delitos: homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, asociación para delinquir, robo agravado de vehículo automotor, extorsión y secuestro, entre otros.

El abogado de las familias de las dos víctimas, que pidió mantener en reserva su nombre por temor a represalias, denuncia ante el equipo de Monitor de Víctimas que luego del doble asesinato los parientes de ambos fueron despojados de sus bienes materiales, sin tomar en cuenta de las necesidades de las respectivas esposa e hijos de los entonces occisos.

El jurista asegura que dicha actuación policial fue peligrosa y estuvo mal realizada, porque a su juicio los entes de seguridad del Estado convirtieron dos órdenes de captura en un homicidio y robo de bienes.

“Cuando llegó al lugar del hecho la comisión del Cicpc, las esposas de los asesinados a gritos piden a los funcionarios actuantes el cese el fuego porque en la casa estaban alojados unos cuatro niños. Ellos (Pelín y Pelito) se rinden ante las autoridades, nunca hubo un enfrentamiento. Salen de su casa y lo ajustician en otro lugar, no los mataron en el interior de la casa”, dice.

El día del asesinato los encargados de la operación policial, regresaron a la casa para trasladar todos los objetos de valor existentes en este espacio privado: neveras, aires acondicionados, camas, colchones, topes de cocina, ropa, ollas y platos. También se apoderaron de dos motos y una lancha. “Se llevaron hasta los zapatos de los niños ¡No dejaron nada! También se trasladaron a una finca en la vía que conduce a la población de Achaguas, donde sacaron 43 reses”, apunta.

Según este mismo relato, los efectivos de la policía estadal sacaron de la casa los objetos restantes y los ingresaron en el comando de Poliapure, situado en la parroquia El Recreo en San Fernando. Luego, funcionarios del Cicpc tomaron por asalto esta sede y obligaron mediante el uso de la fuerza al encargado de este recinto dónde se encontraban los referidos enseres. El jefe de la Policía de Apure, Adelso Yépez, intervino y ambos organismos llegaron a un acuerdo: toda la operación quedaba a cargo del Cicpc y se dejaba constancia en un acta policial de los enseres entregados.

“Toda actividad policial que transgreda los derechos fundamentales es nula. Una orden de captura se convirtió en un verdadero acto delictivo. Es hora de conminar a las autoridades a hacer justicia, los funcionarios desnaturalizan el acto policial y lo convierten en delitos. La orden de captura no tiene incidencia en los bienes”, explica el jurista.

Ante el abuso de poder, los familiares de los fallecidos exigen a los entes competentes justicia y esperan recuperar sus bienes, confiscados por los funcionarios del Cicpc.

En la práctica se verifica que por lo general los casos de muertes de personas solicitadas y asesinadas por los entes de seguridad del Estado no son investigados a fondo, porque los informes no son presentados ante el Ministerio Público y los familiares no toman acciones por miedo a represalias.

 

 

En Apure los homicidios por robo son frecuentes

En el estado Apure una de las circunstancias más frecuentes en las que han ocurrido los homicidios de este año ha sido el robo. Tal es el caso del asesinato del comerciante Werner Alexánder Beroes Suárez, de 51 años de edad, registrado en el sector Los Algarrobos, municipio Biruaca. El hecho se presentó el pasado 24 de octubre aproximadamente a las 3:00 p.m. cuando desconocidos le propinaron un tiro en el pecho y otro en la cabeza.

Se conoció que el crimen fue protagonizado por tres desconocidos que no han sido capturados, quienes le solicitaron al comerciante que se detuviera y saliera del camión en el que se trasladaba en compañía de una mujer y un trabajador.

Según datos suministrados por fuentes policiales, Beroes decidió acceder a dicha solicitud e inmediatamente los tres delincuentes golpearon a la mujer para obligar a las víctimas a entregar la suma de 2.000 dólares y dos teléfonos celulares que llevaban consigo. El comerciante, al ver lo ocurrido, trató de defender a la mujer y fue entonces cuando le dispararon. El trabajador recibió un tiro en la espalda.

Beroes se dedicaba a la venta de víveres al mayor, era dueño de un establecimiento comercial ubicado en las adyacencias del mercado municipal de San Fernando y deja huérfanos a dos menores de edad. Gozaba del cariño y el aprecio de la comunidad, por lo cual la noticia consternó a la población que pide justicia.

La violencia en el estado Apure no se detiene. En 2020 han surgido cambios en la operatividad de algunos grupos armados, a lo que se suma la llegada de de las FAES a finales de 2019. De esta manera, desde indígenas hasta grupos subversivos y cuerpos de seguridad del Estado se han convertido en los protagonistas de la violencia en este estado fronterizo, mientras que la impunidad se instaló en cada rincón de la entidad llanera.

Los que no se rinden | OVSP: La conectividad amenaza el levantamiento de datos
Desde 2017, el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos recoge la percepción ciudadana sobre electricidad, agua, gas, aseo urbano y telecomunicaciones

@franzambranor 

La inexistencia de datos y estadísticas que explicaran la crisis de los servicios públicos en Venezuela hicieron que por iniciativa propia un grupo de profesionales optasen por crear una organización a finales de 2017 para monitorear y canalizar las quejas de los usuarios.

Julio César Cubas, junto a expertos en el área de implementación de políticas públicas y gestión de servicios, edificaron el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos para evidenciar a través de cifras, análisis y testimonios, la hecatombe que se vive a diario en el país en materia de electricidad, agua, gas doméstico, aseo urbano y telecomunicaciones.

“Nos encargamos de la divulgación de la percepción ciudadana sobre el desempeño de los servicios públicos en Venezuela”, dijo Cubas, presidente del OVSP.

El Observatorio forma parte de la sociedad civil Esda (Entorno, Sociedad, Desarrollo y Ambiente) cuyo objetivo es generar diagnósticos objetivos para la generación de resultados en políticas públicas que mejoren la calidad de vida del venezolano.

Cubas aseveró que para obtener un resultado más fidedigno trabajan en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil que estudian temas sobre servicios y derechos humanos.

El presidente del OVSP sostuvo que cualquiera puede colaborar en la coordinación de actividades para difundir información sobre los servicios públicos.

De acuerdo al boletín de mayo y junio de 2020, el OVSP determinó que el 68,2% de los habitantes de diez estados tiene una percepción negativa del servicio de agua potable; 58,8% de electricidad, 52,7% de aseo urbano y 65,3% de internet.

Apenas 34,% de la población encuestada aseguró tener servicio de internet en casa y de este universo 32,52 la valora como positiva.

En 2020, el servicio de gas domiciliario ha sido el peor evaluado por los consultados por el OVSP. En Venezuela se estima que 93,2% de las familias emplean bombonas, de esa cantidad 53,3% considera que el sistema ha empeorado. Esa valoración es exponencial en estados como Táchira, Barinas, y Bolívar, donde las cifras de rechazo escalan a 73,1%; 72,1% y 63,5%, respectivamente.

Un 33,2% afirmó que empleaba leña para cocinar en vista de la escasez de gas doméstico. “Son muchas las opciones por las cuales han optado los ciudadanos, sin embargo el primer lugar lo tienen las cocinas y hornillas eléctricas con 39,3%, luego la leña, seguido por la compra de bombonas o cilindros de gas adicionales con 15,7% y carbón con 2,4%” dijo Cubas.

De acuerdo al OVSP, 58,1% de encuestados en diez entidades estarían de acuerdo con un aumento de los servicios públicos si estos mejoran. Entrevistados alegan que ahora posee un gasto adicional comprando cisternas, plantas eléctricas y cocinas portátiles. 

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la organización? 

Julio Cesar Cubas: El contexto se enmarca en el incremento de quejas y denuncias por deficiencia en los servicios públicos. No había datos que explicaran esta condición. Ahora hay un poco más de disponibilidad de información sobre la percepción de los usuarios acerca del desempeño de los servicios.

¿En qué zonas operan? 

JCB: En Caracas y en otras ciudades del país donde se realizan levantamiento de datos y actividades de difusión.

¿Cuáles son los mayores retos de la organización y las amenazas que enfrentan?

JCB: El reto mayor es lograr un alcance masivo en el proceso de levantamiento de datos y las principales amenazas tienen que ver con los problemas de conectividad para realizar el levantamiento de datos por vía telefónica

¿Un caso emblemático? 

JCB: Un levantamiento de información especial realizado inmediatamente después del primer apagón general en marzo de 2019, el cual permitió comprender la situación de desgaste que teníamos en materia de servicios públicos. 

#CuentosdeCuarentena | 40 relatos verdaderos de cuando el mundo se detuvo

Una gallina que no era satánica, una mujer que limpia su casa los domingos pero no sabe cómo hacerlo, una pareja que decide dejarse durante el silencio del confinamiento, un tuqueque que visita cada noche un apartamento del piso 10, un perro que se devora una bolsa de pepitonas que no era suya, un rostro herido por un tapabocas, un afán de cursos, talleres y eventos en línea que secan el cerebro: durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19 cada quien se miró en su espejo confinado y, más de 210 entusiastas enviaron sus relatos atendiendo a la convocatoria de estos Cuentos de Cuarentena hecha por Runrun.es, ilustrada por Crack y Meollo Criollo y distribuida por El Pitazo, TalCual y El Bus TV. 

“Algunos de estos relatos son para reír y, otros, para conmoverse. Pero, todos juntos, son el soundtrack de una película de bajo presupuesto sin buenos ni malos; son el mapa de un país que –deshilachado, atomizado, desvalido- fue atravesado de gravedad por un virus que llegó para cambiar el mundo y, en consecuencia, cambiarnos a todos”, dice en el prólogo Nelson Eduardo Bocaranda, director editorial de Runrun.es.

Cuentos de Cuarentena forma parte del lanzamiento de La imprenta digital de Runrun.es, una opción editorial que publicará materiales inéditos y también las premiadas investigaciones periodísticas de este medio de comunicación. 

Estos relatos se pueden descargar en dos formatos: uno horizontal, con gran protagonismo de las ilustraciones, ideal para escritorio; y otro vertical, pensado para teléfonos móviles. 

Todo lo puedes encontrar AQUÍ:

 

SimpleTV reajusta sus precios en bolívares tras la subida del dólar paralelo
El plan Básico y Bite fueron los únicos que aumentaron sus precios en bolívares. Giga y Tera mantienen el costo en dólares

 

Este viernes, 27 de noviembre, SimpleTV, la nueva empresa de televisión por suscripción, informó que hizo un reajuste en sus tarifas antes de que se comenzara a cobrar por el servicio, el próximo 15 de diciembre.

El reajuste de precios solo se hizo en bolívares, por lo que los planes Giga y Tera mantienen por el momento su precio en dólares ($16,70 y $28,77 respectivamente). Sin embargo, en nuestra moneda sí hay un cambio significativo sobre todo en el plan Básico y Byte, que están únicamente cotizados en bolívares.

El Básico aumentó un 37%, pasando de Bs 778.331,50 a Bs 1.073.586,83, mientras que el plan Byte -que es el que le sigue- se situó en Bs 4.294.347,33, luego de haber salido hace 10 días con el precio de Bs 3.113.326, un 37% igualmente, según su página web.

Giga y Tera, que tienen sus precios en dólares iguales, cambiaron su denominación a bolívares pasando de Bs 11.205.289,68 y  Bs 19.303.963,12, respectivamente, a Bs 15.459.650,39 y Bs 26.624.953,44.

El aumento de las tarifas en bolívares de SimpleTV coinciden con el aumento del dólar paralelo el 26 de noviembre, cuando pasó la barrera del millón.

*Con información de TC

Diciembre flexibilizado: un regalo que puede salir caro
La Federación Médica Venezolana calificó como irresponsable la medida de suavizar la cuarentena en el último mes del año
En enero el país podría tener 3.000 casos de COVID-19  diarios 

@franzambranor

La escasez de recursos y la crisis económica ha provocado que el gobierno venezolano ya no tenga para regalar en diciembre electrodomésticos, perniles, cajas Clap o bonos, ahora lo único que puede ofrecer al pueblo es flexibilidad en la cuarentena.

El pasado domingo 22 de noviembre, Nicolás Maduro anunció que toda Venezuela entraría a partir del siguiente día en la última semana radical de 2020. “Volveremos al método 7 x 7 en enero, les regalo un mes de diciembre flexibilizado”, dijo Maduro.

La Federación Médica Venezolana calificó como irresponsable la medida. De acuerdo al presidente de la FMV, Douglas León Natera, los contagios diarios por coronavirus podrían pasar de 400, según cifras oficiales, a 3.000 diarios en el último mes del año. 

Para el ex ministro de salud, José Felix Oletta, no se puede hablar de regalo alguno. “El Estado debe responsabilizarse porque esto no se desborde”, sostuvo el médico internista.

La endocrinóloga e internista Maria Gabriela Guercio manifestó que la flexibilidad en diciembre es meramente electoral, en vista de la proximidad de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.

“Nos podríamos enfrentar a un rebrote parecido o mayor al que hubo en la segunda quincena de agosto y se extendió hasta finales de septiembre”, indicó Guercio. 

“El riesgo de esta estrategia se verá con un eventual incremento de transmisión”, añadió Oletta, quien acepta que la paralización del país es perjudicial para la economía, pero rechazó tomar medidas inapropiadas. “No es correcto hablar de flexibilizar si no hay medicamentos ni centros hospitalarios, lo adecuado es reducir la movilidad”. 

Guercio aseguró que el Estado venezolano no está preparado sanitaria ni económicamente para atender un rebrote igual o mayor al de mediados de año.

“Es una medida imprudente y no es aplicable a todos los estados del país”, advirtió Oletta.

Oletta dijo que los efectos de relajar las medidas de cuarentena en diciembre no solo podrían tener repercusiones en materia sanitaria, sino también en otros aspectos como transporte y alimentación.

El ex ministro de salud sostuvo que no puede flexibilizarse a toda la nación porque el virus se comporta diferente en las entidades. 

“De acuerdo a los más recientes reportes oficiales, en Yaracuy hay 12 municipios donde está el virus, entonces no puedes tratar igual a este estado que a otro donde hay menos”, dijo Oletta.

Según cifras emanadas del Ministerio de Comunicación, las entidades de Zulia y Yaracuy reportaron el mayor número de casos en la última semana de noviembre. 

“Los otros estados en riesgo son Miranda y también Nueva Esparta por la reapertura de vuelos”, sentenció Guercio.

En memoria del personal de salud fallecido por Covid-19

Decisión unilateral 

La decisión de suavizar la cuarentena no fue consultada con académicos ni miembros de la comunidad científica en Venezuela. De hecho, tomó por sorpresa a los trabajadores de la salud. 

“Venezuela es el único país de Latinoamérica donde no se consultan a los especialistas”, dijo Oletta.

Guercio indicó que Venezuela es la nación que menos pruebas PCR hace en el continente.

“Solo se hacen PCR a los sospechosos de tener la enfermedad y no a todo el mundo. Se realizan un promedio de 4.250 pruebas por millón de habitantes. La prueba se debe hacer cuando aparecen los síntomas, no cuando aparece el diagnóstico”, apuntó Oletta.  

Informó Oletta, que el Imperial College of Science de Londres y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales coinciden en que la cifra real de Covid-19 en Venezuela es 4,5 veces más a la informada a diario por el gobierno. “Para el 30 de septiembre se manejaba un subregistro de 48 mil casos”, manifestó Oletta. 

También indicó que el Estado habla a diario de la enfermedad, pero con informaciones no contrastadas. “Están creando falsas expectativas. Son verdades impuestas, los periodistas no pueden hacer preguntas. Ese reporte que dan a diario es diferido, no son los casos del día ”. 

“Según números oficiales, tenemos el 0,1% de los casos de toda América Latina y estamos en el puesto 16, eso es difícil de creer”, dijo Oletta. 

Un paso atrás

“Lo único cierto es que apenas reanudan las actividades en otros países, inmediatamente aumentan los contagios, algo que los ha llevado a entrar en cuarentena de nuevo”, dijo Guercio.

El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Henri P. Kluge, avisó a los países del viejo continente que la relajación de medidas para contener la transmisión del coronavirus puede provocar que en enero se produzcan entre cuatro y cinco veces más muertes que las registradas en el mes de abril. 

Guercio sostuvo que en diciembre se debe tomar en cuenta que el personal en los centros sanitarios trabaja por turnos debido al asueto navideño y ello obviamente reduce la atención. 

“Estamos ante un virus nuevo, la gente no tiene inmunidad, el virus depende del ambiente y las personas, hay que cuidarse”, dijo Oletta. 

Por su parte, Guercio indicó que se deben incrementar las medidas de bioseguridad. “Hay que evitar conglomerados de personas, usar el tapabocas y mantenerse a distancia. Recomiendo que el que no tiene nada que buscar no salga de casa y cuide a los niños y ancianos”.  

Gobierno reporta otras 4 muertes por COVID-19 y 398 nuevos contagios este #26Nov
De acuerdo con el balance oficial, en las últimas 24 horas el total de muertes asciende a 884 y el de contagios a 101.215

La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó vía Twitter la noche del 26 de noviembre que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 4 fallecimientos por COVID-19 y 398 nuevos casos (385 de transmisión comunitaria y 13 “importados”). Con estas cifras, el total de muertes asciende a 884 y el de contagios a 101.215.

Rodríguez indicó que, del total de casos, se han recuperado 96.072 personas, lo que representa el 95% de los contagios. El número de casos activos en la actualidad es de 4.259. 

Sobre las muertes, detalló que se reportó 1 en Apure (hombre de 65 años), 1 en Falcón (hombre de 63 años), 1 en Nueva Esparta (hombre de 54 años) y 1 en Táchira (hombre de 59 años). 

“Distrito Capital es la entidad que este jueves registra la mayor cifra de nuevos casos comunitarios (81), con contagios activos en 14 parroquias; seguida por los estados: Carabobo (71) y Yaracuy (55)”, mencionó.

Asimismo, puntualizó que los 13 casos importados provienen de Colombia.

El impulso de Trump desde Twitter Venezuela ayudó poco a su opción
Probox detectó que cuentas de llamado grupo Guerreros del Teclado posicionó tendencias en Venezuela a favor de Donald Trump y también participó en las etiquetas sobre las elecciones estadounidenses

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos tuvieron una gran atención, especialmente por parte de la oposición “radical” venezolana, quien tuvo su participación a través del posicionamiento de tendencias en la red social Twitter, tanto en su apoyo a Donald Trump como en las tendencias estadounidenses sobre los comicios. 

El observatorio de actividad digital, Probox, determinó que el grupo llamado Guerreros del Teclado, identificado con la oposición más radical, posicionó tres etiquetas en la víspera de las elecciones, específicamente entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. 

La primera de ellas fue #TrumpLibertadYVida, donde participaron 1.011 usuarios, con 4.371 mensajes aproximadamente, de los cuales el 45,18% fueron escritos por posibles cuentas bots. 

Luego, el 31 de octubre, se posicionó la etiqueta #TrumpGarantíadeLibertad, con la participación de 366 usuarios que publicaron aproximadamente 2.776 tuits, con el 0,27% realizados por posibles cuentas bots. 

#GanaTrumpGanaVenezuela, fue la etiqueta del 1 de noviembre con 3.014 tuits aproximadamente, con 1,16% de posibles cuentas bots participando. Esta tendencia fue impulsada a través de un “tuitazo”. El tuit de origen se publicó en la cuenta de @Cumana64 y solo contenía la etiqueta dos veces. 

Trump en Estados Unidos y Venezuela

El propio día de las elecciones estadounidenses, el 3 de noviembre, también se posicionaron tendencias sobre las elecciones en Venezuela. #ElectionDay contó con la participación de 258.784 usuarios que publicaron aproximadamente 1.010.000 trinos en la red social. De este total 1,35% de los mensajes fueron divulgados por posibles cuentas bots.

El tuit de origen fue publicado por la cuenta @JohnKitzer a las 4:35 de la tarde, aunque el pico más alto de trinos ese día se dio, según el estudio de Probox, a las 10:30 pm con 59.595 tuits. 

Otra tendencia de ese día fue #Elections2020 que también se vio en Venezuela con la participación de 183.421 usuarios que publicaron 293.876 mensajes, de los cuales el 1,07% fue por posibles cuentas bots. El tuit de origen fue desde la cuenta @BourdinFred, a las 4:29 pm, minutos antes que la primera tendencia. Allí el pico se dio a las 10:00 pm con 73.182 mensajes.

Trump

Al día siguiente, mientras seguía el conteo de votos en Estados Unidos, la etiqueta posicionada fue #EleccionesUSA2020 con 30 mil mensajes, provenientes de 12.666 usuarios. El 0,30% de los trinos habrían sido publicados por posibles cuentas bots. 

El tuit de origen se publicó en la cuenta @KeniaAgustina, quien además publicó otras etiquetas en el mismo mensaje como #CubaEsSolidaridad #ChileEnDictadura #FreePalestine, entre otros. El pico de mensajes más alto se dio a las 9 de la noche con 3.517 tuits. 

Trump

La última tendencia que se posicionó en Venezuela sobre las elecciones de Estados Unidos fue #CountEveryLegalVote, el 5 de noviembre, además relacionado al mensaje del presidente Trump quien empezó a denunciar un supuesto fraude. 

En este caso la cuenta de origen de esta tendencia es @JennaEllis, quien es abogada y asesora jurídica de Donald Trump. La etiqueta tuvo la participación de 18.960 usuarios que publicaron 158 mil trinos, de los cuales 9,53% fue hecho por posibles cuentas bots. 

Trump

A partir de las tendencias posicionadas por la oposición radical, Probox obtuvo la información de 1.757 usuarios, que participaron en estas etiquetas. De estos usuarios, un total de 475 usuarios, es decir, el 27,03% que participó en las tendencias en apoyo a Trump, también publicó mensajes en las etiquetas sobre las elecciones estadounidenses. 

Además Probox detectó a los 15 usuarios más activos en estas tendencias y que publicaron al menos un mensaje en las tres tendencias en apoyo a Donald Trump, entre ellos @RONALDJFV, @AAraujo001; @michelaic2013; @labrado07; @mvf2008 y @refrired. El usuario con mayor cantidad de seguidores no sobrepasa los 1.500. 

Crímenes sin Castigo | Pasado y futuro de la FAES, por Javier Ignacio Mayorca
Aunque Maduro asegura que la unidad élite de la Policía Nacional continuará en funciones, las presiones internacionales podrían obligar a transformarla

 

@javiermayorca

El febrero de 2016, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino ordenó a todos los componentes de la Fuerza Armada el “completamiento” de las fuerzas de acciones especiales, como parte de un plan que permitiría afrontar el desafío (para ellos, siempre presente) de una hipotética intervención extranjera.

Según el jefe castrense, ya entonces era necesario “consolidar y fortalecer las FAES de la FANB para dar respuesta a las diferentes formas de amenaza interna y externa”.

“Según instrucciones del señor presidente de la República y comandante en jefe de la FANB, este es el año de las Fuerzas de Acciones Especiales”, sentenció.

Casi en forma simultánea, el entonces director de la Policía Nacional Bolivariana, general de división (GN) Juan Francisco Romero presentaba un plan de reorganización de ese cuerpo, que proponía la fusión de las unidades de operaciones tácticas especiales, conocidas por su acrónimo uotes, dispersas en varias partes del país, para crear una versión policial de los grupos élite que había en la FAN.

Así nació la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

Esta idea tenía un asidero legal. Una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ordenaba la progresiva supresión de todos los grupos de intervención, y la transferencia de sus tecnologías y parques de armas a la PNB, aunque sin establecer una fecha precisa para el cumplimiento de este mandato. Eventualmente el monopolio de los grupos swat quedaría en manos de la PNB. Esto también implicaba la disolución de la famosa Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial (BAE). Pero un efectivo lobby de los jefes de esa institución hizo que ese plan fuese postergado.

La FAES de la PNB nació bajo una tutela militar. Y no solo porque su primer comandante/director fuese un oficial superior de la Guardia Nacional.

Según el proyecto que le dio origen (y que fue revisado en su oportunidad), este grupo debería caracterizarse por su versatilidad. En tiempos de paz, abordaría de forma frontal la creciente amenaza encarnada por las megabandas. También actuaría durante situaciones de rehenes y casos de secuestro.

En tiempos de conflicto, la FAES se plegaría al esquema de guerra de cuarta generación, como si fuese un componente militar, cuyas acciones serían coordinadas por el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Y esto sería corroborado durante la participación de la FAES-PNB en los ejercicios cívico-militares efectuados durante los últimos cuatro años. También en desfiles del 5 de julio.

Entonces, no se trata de un pequeño grupo de policías aislados. La FAES no es un servicio más de la PNB, como podría ser el de vigilancia en el Metro o las embajadas. Tampoco es una dirección propiamente dicha, a pesar de que su máxima figura tiene el rango administrativo de director de línea, como pueden ser los de Policía Comunal o Delincuencia Organizada. Los de la FAES tienen un sentido corporativo muy particular, celebran aparte (para envidia de los demás agentes de la PNB), los asciende su propio jefe, tienen un lema distinto al del resto de la institución, y rara vez reportan al Director General.

Con ellos pasa algo similar a lo que sucede con la Dgcim o el Sebin, que parecieran estar por encima de las leyes, u obedecer solo a códigos propios.

La FAES se mostró refractaria ante los informes presentados desde julio de 2019 por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien pidió la inmediata disolución de esta unidad policial, y la investigación de sus crímenes por una instancia independiente, con apoyo internacional.

De hecho ese año, gracias a la FAES, la Policía Nacional se ubicó como el cuerpo armado más letal del país, medido en términos de porcentaje de participación sobre el total de fallecidos. En 2020 se consolidó en esta posición.

Este año, el informe de la misión de determinación de hechos de la ONU atribuye 925 muertes a las FAES, que según Marino Alvarado (Provea) podrían ser calificadas de ejecuciones extrajudiciales. Esto implica que el número de homicidios atribuido al accionar de esta unidad policial es mayor, pero solo en esos 925 casos se pudo constatar la existencia de condiciones para concluir que hubo una acción letal deliberada contra personas ya sometidas, que no representaban riesgo para los funcionarios, lo que por ende permitía descartar los factores que configurarían la legítima defensa.

El auge de la FAES, en la PNB y en la Fuerza Armada, como vimos, ha sido consecuencia de la voluntad presidencial.

También la permanencia en el tiempo de estas unidades, a pesar de las incesantes denuncias de violaciones a los derechos humanos que obligan al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, a confesar en televisión su ignorancia en torno a lo que está sucediendo con estos funcionarios.

Maduro y el denominado “protector” del Táchira Freddy Bernal han jurado que la FAES continuará. Sin embargo, el propio régimen parece tener su plan B. Una salida decorosa, que le permita lavarse la cara. Según Williams Cancino, uno de los pocos integrantes de ese grupo que desertó a Cúcuta en febrero de 2019, la solución sería más bien cosmética:

“¿Disolver? Lo que harán es cambiar de nombre y distribuir al personal a otras unidades o estados”, afirmó.

Un plan que podría servir para este fin fue presentado en julio de 2018 por el entonces titular de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, y Maduro le dio ejecútese. Se trata de un cuerpo antiterrorista que se manejaría como un despacho especial, distinto de la PNB. Su creación fue anunciada por el gobernante en febrero de este año.

La conversión de la FAES en este cuerpo es una posibilidad. La FAES, advierten informes de ONG como Una Ventana a la Libertad, no tendría mucho problema en erigirse en el principal látigo contra el “terrorismo”, tomando en cuenta la particular acepción que se da a este término desde el poder venezolano.

Breves

El régimen ordenó a los comandos de zonas de la Guardia Nacional una evaluación sobre el impacto de la escasez de combustible y gas doméstico en las manifestaciones callejeras. El propósito es orientar los recursos -cada vez más escasos- de ese componente, de la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos estatales de forma tal que estas protestas puedan ser contenidas o aisladas durante sus fases iniciales.

En 2019, la FANB y la PNB reformularon y alinearon su doctrina táctica en materia de orden público. Desde entonces, las unidades más reducidas que actúan en las manifestaciones son llamadas “escuadras ligeras de intervención” (ELI), en teoría conformadas por diez efectivos a pie, uno de ellos oficial subalterno. Le sigue el denominado “pelotón de restitución del orden público” (PROP), cuyo pie de fuerza es de treinta uniformados. Y así se va produciendo un incremento en el número de militares o policías, y el equipamiento requerido, hasta que se llega a constituir la “unidad de intervención combinada”, que tiene blindados, motos y guardias a pie con escudos. Estas las hemos visto en la Francisco Fajardo. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde septiembre la carencia de combustibles y gas doméstico ha sido el principal motivador de las protestas callejeras.

Uno de los delitos que ha incrementado su frecuencia durante los lapsos de cuarentena radical ha sido la extorsión. Muchas de las víctimas son comerciantes que se han aventurado a abrir sus puertas, violentando alguna disposición de cualquier nivel de gobierno (central, estatal o municipal) y que luego son presionados para que entreguen dinero a cambio de quedar indemnes. En Bello Monte, relata el defensor de DD. HH. Rafael Uzcátegui, hay dueños de locales que deben entregar hasta un tercio de sus ganancias para que les dejen trabajar en la cuarentena. Algo similar sucede en los locales de la avenida Victoria.

“La práctica de cobrar a los restaurantes se ha generalizado durante la pandemia, pues en caso contrario aparecen personas sin tapabocas ni medidas de bioseguridad que ameritan el cierre”, explicó. Junto a esto, están las bandas criminales que mantienen asolados a los dueños de locales en estados como Lara, Mérida y Zulia, donde el lanzamiento de granadas se ha convertido en una moda. Durante los primeros nueve meses de 2020, en plena cuarentena radical, se iniciaron 274 averiguaciones por extorsión. Esto rebasa en más del 33 % el total de denuncias recibidas y procesadas durante todo 2019. Tal y como ha sucedido con otros delitos, a partir de julio comenzó una especie de repunte, que ha llevado las cifras prácticamente a los mismos niveles que existían antes de la alarma nacional decretada en marzo.

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