La noche del 27 de marzo se produjo un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, al norte de México y cerca de la frontera con Estados Unidos. En el lugar se alojaban 68 hombres. Inicialmente, se dijo que 40 habían fallecido, pero luego las autoridades corrigieron la cifra a 39
Expertos en DDHH consideran que el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en el siniestro porque la detención migratoria no es aceptable
Durante la noche del 27 de marzo, cerca de las 9:30 p.m., siete migrantes venezolanos fallecieron en un incendio que ocurrió en un centro migratorio en Ciudad Juárez, México.
Tres días después, el jueves 30 de marzo, el Estado mexicano detuvo a cinco personas en relación con la muerte de los 39 migrantes que, en total, perdieron la vida en el hecho.
«La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero hoy de madrugada se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión», detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los detenidos son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Herrerías aseguró que, por el momento fueron, se concretaron cinco órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.
Ligia Bolívar, socióloga y especialista en Derechos Humanos, explicó que debe haber responsabilidades superiores a los custodios del centro de migrantes. “Los migrantes estaban privados de libertad. No es una estación migratoria”, aseguró.
Los venezolanos fallecidos fueron identificados como Joel Alexander Leal Peña, Orangel José López Guerrero, Orlando José Maldonado Pérez, Oscar José Regalado Silva, Rafael Mendoza Mendoza, Rannier Edelber Requena Infante y Samuel José Marchena Guillarte. Tenían entre 20 y 29 años.
También aparecen como víctimas mortales en el centro migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos y 1 colombiano.
Violado el derecho a la vida y a la libertad
De acuerdo con Bolívar los derechos a la vida y a la libertad de Joel, Orangel, José, Orlando, Oscar, Rafael, Rannier y Samuel fueron violados.
“Hay una violación grave en el sentido de que la detención migratoria no es aceptable. No es aceptada a nivel internacional de acuerdo con los estándares de esa materia. Por lo tanto, es un derecho violado, por supuesto se violó el derecho a la vida porque hubo negligencia criminal que les impidió a ellos salvar su vida”, aseguró Bolívar.
Eduardo Trujillo Ariza, director Centro de Derecho Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que México, al igual que otros países del mundo, es suscriptor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (ONU), de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos que velan por la protección de derechos civiles y políticos.
Por ende, México tiene una gran cantidad de obligaciones internacionales relacionadas con personas migrantes y con personas refugiadas. Una de ellas es la obligación de velar por la integridad física de las personas que están bajo su custodia.
“Estas personas estaban no solo bajo la custodia del Estado mexicano por el hecho de estar en territorio mexicano, sino por estar en un centro de detención de migrantes que estaba siendo administrado por funcionarios estatales de México”, señaló Trujillo Ariza.
Según el director del CDH UCAB, hay una responsabilidad directa del Gobierno de México en cuanto a los hechos ocurridos, porque la custodia de los migrantes la tenía el propio Estado.
“Los funcionarios estatales pueden ser los responsables directamente o por omisión. Los funcionarios pueden ser investigados por su acción directa y por sus omisiones también”, explicó Trujillo Ariza.
Medidas migratorias dignas
Ambos expertos coincidieron en que las medidas migratorias deben ajustarse a los estándares internacionales en materia de manejo de población migrante para evitar este tipo de incidentes.
Trujillo Ariza reiteró que los plazos juegan un papel fundamental en esta materia. “Si se retiene a alguna persona en tránsito migratorio, las decisiones que tome el Estado deberían ser tomadas en un plazo razonable”, dijo.
En el marco de medidas migratorias, Trujillo Ariza explicó que México tiene alianza con Estados Unidos para favorecer la externalización de fronteras que implica que Estados Unidos subcontrata o llega a acuerdos bilaterales con otros estados para que contengan la ola migratoria que se dirige a su país.
“México sirve como un tapón. En derecho de migrantes y refugiados el término se conoce como externalización de frontera”, indicó.
Para Trujillo Ariza, el incendio en el centro de migrantes en Ciudad Juárez no es responsabilidad directa de las políticas migratorias estadounidenses, pero es una consecuencia no deseada de la medida migratoria.
La organización Amnistía Internacional (AI) fijó posición en un comunicado sobre el siniestro, texto en el que calificó de «inhumano» el control migratorio en México.
“Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
‼️ ¿Cómo es posible que los hayan dejado encerrados en un incendio?
🔴 La muerte de 40 personas en un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez es consecuencia de la crueles políticas fronterizas de México y EE.UU.https://t.co/NqiyQrQaQH
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) March 29, 2023
