La poliomielitis reapareció en Perú después de 32 años en un niño indígena de 16 meses. La OPS advirtió que 12 países de América tienen riesgo alto o muy alto de experimentar un brote.
Venezuela es el país con la peor cobertura para la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis según datos de la OPS. La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría insta a los padres a acudir a los centros de vacunación con los niños menores de seis años para que revisen sus tarjetas y corroborar si necesitan iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación contra polio
Para estar protegidos, destaca la SVPP, los niños deben tener cinco cinco dosis de la vacuna antipolio: a los dos, cuatro y seis meses y dos refuerzos a los 18 meses y 5 años.
Tras la aparición de un caso de poliomielitis en Perú después de 32 años, gremios científicos y de salud de Venezuela exigen a las autoridades reforzar la vacunación.
La Academia Nacional de Medicina recordó que la Organización Panamericana de la Salud advirtió meses atrás que 12 países de América estaban en riesgo alto o muy alto de experimentar un brote de poliomielitis.
En Venezuela, la cobertura vacunal contra la poliomielitis es de apenas 59% para la primera dosis y de 50% para la tercera dosis. Es el país americano con la peor cobertura para la tercera dosis de esta vacuna, destaca el médico Alejandro Crespo Freytes, pediatra y presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Aragua.
«En Venezuela la cantidad de niños vacunados con tres dosis contra la polio al cumplir un año de vida es de 50% En teoría, deberían recibir una dosis a los dos, cuatro y seis meses. La mitad de los niños del país a los 12 meses no las tienen», alertó el experto.
Hay Polio en Perú.
Venezuela tiene la peor cobertura de la 3ra dosis de la vacuna que previene la Poliomielitis en todo el continente americano. pic.twitter.com/QAhqK1zV05
— Alejandro Crespo Freytes – Pediatra (@AleCrespoF) March 24, 2023
En Venezuela la cantidad de niños vacunados con 3 dosis contra la polio al cumplir un año de vida es de 50%
En teoría, deberían recibir una dosis a los 2, 4 y 6 meses. La mitad de los niños del país a los 12 meses no las tienen. pic.twitter.com/f75gtkKLAO
— Alejandro Crespo Freytes – Pediatra (@AleCrespoF) March 24, 2023
Ante la reaparición de la poliomielitis en America Latina con un caso informado en Perú, nuestra institución expresa su preocupación dada la baja cobertura de vacunación que presenta Venezuela según revela la Organización Panamericana de la Salud @opsomspic.twitter.com/ddW1gt8O9p
— Academia Nacional de Medicina de Venezuela (@acamedve1) March 28, 2023
De acuerdo con los datos de cobertura vacunal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, publicados en julio de 2021, en Venezuela ninguna vacunación contra enfermedad alcanzaba 95% de cobertura, que es el porcentaje recomendado para reducir el riesgo de brotes de enfermedades entre la población.
Esto debido a las «bajas y heterogéneas» coberturas de vacunación y a la «falta de cumplimiento de los indicadores de vigilancia de parálisis fláccidas, todo ello profundizado durante la pandemia».
En ese mismo mes, la Academia Nacional de Medicina urgió al gobierno a establecer un plan de vacunación masiva contra la poliomielitis.
Mantener al día las vacunaciones
La Comisión de Inmunización de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) instó a la población a acudir a los centros de vacunación con los niños menores de seis años para que revisen sus tarjetas y corroboren si necesitar iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación contra polio y otras enfermedades (sarampión o difteria).
Como se recordará, a principios de marzo fueron notificados tres casos de difteria en el municipio Sifontes del estado Bolívar.
Para estar protegidos, destaca la SVPP, los niños deben tener cinco dosis de la vacuna antipolio : a los dos, cuatro y seis meses y dos refuerzos a los 18 meses y 5 años.
La SVVP también instó al Ministerio de Salud a implementar campañas de divulgación sobre la responsabilidad de padres y representantes de mantener al día las vacunaciones en los niños, así como también a asegurar la logística correspondiente y reforzar los programas de vacunación de rutina y campañas de vacunación.
Los pediatras venezolanos insisten en que se debe alcanzar cifras de cobertura vacunal superiores al 95% en cada distrito y municipio del país.
De igual forma, es necesario «fortalecer la vigilancia epidemiológica de la parálisis flácida aguda y actualizar los planes nacionales de preparación y respuesta ante brotes de polio virus para detectar y responder de manera pronta y oportuna a una importación del virus».
La información de la OPS reveló que el Ministerio de Salud estaba al tanto del brote que se presentó en abril de ese año en el estado Delta Amacuro. Se reportaron específicamente tres casos en la comunidad La Playita del Volcán, una de las poblaciones de asentamiento indígena más pobres de la entidad.
Tras la divulgación de la información de la OPS, las organizaciones médicas condenaron que el Ministerio de Salud se reservara la información sobre el aislamiento del poliovirus por un mes . Recordaron entonces que el Reglamento Sanitario Internacional dicta que este tipo de hallazgos deben notificarse a la OMS en un plazo de 24 horas.
El fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, aseguró que el tribunal improvisado en la sede del Sebin dictó privativa de libertad contra todos los acusados
La noche de este lunes, 28 de marzo, se celebró una inusual audiencia de imputación de más de 20 personas acusadas de presuntos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Poder Judicial.
Vestidos con trajes color naranja todos los detenidos fueron llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de acuerdo con Venezolana de Televisión (VTV).
En esta audiencia, donde había llamativas sillas vestidas con lazos rojos, presentaron a funcionarios públicos y empresarios que fueron apresados por la causa «Pdvsa-Cripto», nombrada así por Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la ANC.
A través de su cuenta de Twitter, el propio Saab compartió diversas imágenes de la audiencia de presentación, donde mostró los rostros de varios de los detenidos.
Según el canal del Estado, la audiencia estuvo a cargo del juez de control segundo contra la corrupción y el terrorismo,Carlos Liendo, así como los fiscales 50 y 67 con competencia nacional. También estuvieron funcionarios de defensa pública presentes.
En el tribunal improvisado en la sede del Sebin, estuvieron entre los acusados Hugbel Roa, exdiputado chavista de la Asamblea Nacional; José Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro de Pdvsa; y Joselit Ramírez, jefe de la Sunacrip, hombres cercanos al exministro Tareck El Aissami.
Además, estuvieron en la audiencia funcionarios de Pdvsa, empresarios y una empresaria vinculados a esta trama de corrupción en la estatal petrolera.
Pero también, según informó Tarek William Saab, en la audiencia de imputación fueron presentados tres jueces acusados por corrupción. En los videos se confirmó la presencia de Cristóbal Cornieles Perret y José Mascimino Márquez.
El fiscal general impuesto por la ANC aseguró que se dictó privativa de libertad contra todos los acusados.
Días atrás, Saab aseguró que a los involucrados en la trama de corrupción en Pdvsa se le imputarían los delitos de «apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación».
En el caso de los funcionarios públicos, precisó Saab, se añadiría el delito de «traición a la patria».
#EnVideo📹| Se realiza audiencia de imputación a diecinueve personas vinculadas con la trama de corrupción en PDVSA y el Sistema Judicial, esta a cargo del Juez 2do de Control contra la Corrupción y Terrorismo, junto a dos fiscales. #DuroContraLaCorrupciónpic.twitter.com/8ZXcoME0mA
ÚLTIMA HORA | Sin toga y con braga naranja: así llegaron los jueces Cristóbal Cornieles Perret y José Mascimino Márquez a la audiencia de imputación por caso de corrupción https://t.co/IzaSemj0dUpic.twitter.com/XiHXYyG18k
El abogado experto en derecho penal y quien ha sido representante de varios presos políticos, Joel García, se refirió a las irregularidades que destacan de esta audiencia de imputación.
«Presentados en horas de la noche ante un tribunal de Control constituido en una sede policial, fuera del lapso de 48 horas, y sin derecho a designar abogado de confianza. Empieza con violación al debido proceso y seguro terminará igual», comentó en su perfil en Twitter.
Presentados en horas de la noche ante un tribunal de Control constituido en una sede policial, fuera del lapso de 48 horas, y sin derecho a designar abogado de confianza. Empieza con violación al debido proceso y seguro terminará igual.
La noche del 27 de marzo se produjo un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, al norte de México y cerca de la frontera con Estados Unidos. En el lugar se alojaban 68 hombres. Inicialmente, se dijo que 40 habían fallecido, pero luego las autoridades corrigieron la cifra a 38
Activistas venezolanos en México, políticos y ONG de DDHH recalcaron que el incendio se produjo por la desesperación de migrantes, que son detenidos en redadas en las calles, encerrados sin agua, con pocos alimentos y en instalaciones sobrepobladas en las que sufren maltratos
Medios y activistas mexicanos viralizaron un video en el que se evidencia que cuando inició el fuego en una de las celdas del centro migratorio de Ciudad Juárez, los funcionarios presentes se retiran. En cuestión de segundos, las llamas crecen, el humo se propaga y los migrantes quedan atrapados e indefensos
Del lado izquierdo de la Avenida Heroico Colegio Militar, en Ciudad Juárez, está el Río Bravo, un paso de agua por el que migrantes de Latinoamérica buscan cruzar para emigrar a Estados Unidos. En el lado derecho, se encuentra una sede del Instituto Nacional de Migración de México.
La sede tiene paredes color arena, es de baldosas en forma de cuadro. Algunas tienen tonos más oscuros de marrón. Justo arriba de esa pared, hay una franja blanca, en la que se observa un letrero que dice: «Gobernación, Secretaría de Gobernación Instituto Nacional de Migración».
El lugar está rodeado por un estacionamiento y este es protegido por una reja, que tiene el alambre en forma de rombos.
Esta sede fue lugar en el que fallecieron 38 migrantes y otros 28 resultaron heridos, luego de quedar encerrados en el lugar durante un incendio que inició a las 9: 30 p.m. del 27 de marzo.
Según la Fiscalía General de la República de México, en el lugar había 12 venezolanos, 13 hondureños, 28 guatemaltecos, 12 salvadoreños, 1 ecuatoriano y 1 colombiano. No especificaron cuántos de ellos murieron o están heridos.
La estación está ubicada en el puente Internacional Stanton-Lerdo, que conecta a Ciudad Juárez con El Paso (EEUU), y acogía a migrantes retenidos.
Hasta la tarde del 29 de marzo, ni el gobierno ni la cancillería venezolana habían fijado posición sobre el hecho.
Activistas venezolanos en México, una diputada y diferentes organizaciones denunciaron que la negligencia en la respuesta ante el incendio y la falta de un desalojo oportuno de los afectados causó la muerte de los 38 migrantes.
En redes sociales, medios y activistas mexicanos viralizaron un video en el que se evidencia que cuando inició el fuego en una de las celdas, los funcionarios presentes se retiran.
En cuestión de segundos, las llamas crecen y el humo se propaga. La cámara se nubla y ya no hay registro de lo que ocurre con los migrantes, que quedaron atrapados en las celdas.
Es criminal. Así dejaron encerrados a los migrantes en la Estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. Donde fallecieron 40 personas. @FGRMexicopic.twitter.com/zA7ImGTSgk
— La Palabra del Caribe – Noticias de Quintana Roo (@palabracaribe) March 28, 2023
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) March 28, 2023
“Nos enfrentamos a la negligencia, donde nos dejaron morir calcinados en un centro del Instituto Nacional de Migración, una instancia del Estado mexicano que es responsable de salvaguardar la vida del ser humano”, denunció Reinaldo Díaz, director de la ONG Venemex, durante una rueda de prensa desde la Cámara de Diputados de México.
Por su parte, la diputada mexicana, Sofía Carvajal, indicó que el incendio se produjo “por la desesperación de migrantes que no podían acceder al agua, carecían de alimentos suficientes, en instalaciones sobrepobladas y con maltratos generalizados hacia ellos”.
Oposición mexicana responsabilizó a AMLO por el incendio y la muerte de migrantes en Ciudad Juárez.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció en un comunicado que el actuar de las autoridades migratorias de la estancia provisional de Ciudad Juárez «resultó en la vulneración del derecho a la vida de las personas, lo que constituye un acto criminal, ya que las personas migrantes se encontraban bajo la custodia del Estado, en centros de detención operados por el INM en clara contravención de cualquier norma de derechos humanos”.
“Las estaciones migratorias y estancias provisionales constituyen entornos torturantes, donde las personas se encuentran en hacinamiento, sin acceso a agua, a alimentos de calidad, a servicios de salud, a espacios de descanso y de higiene personal adecuados. La práctica sistemática de detención en este tipo de centros constituye una violación a normas fundamentales de derecho internacional y, en consecuencia, podría alcanzar el umbral de crimen de lesa humanidad”, reiteró la CMDPDH.
Responsabilizamos al @GobiernoMX y particularmente al Comisionado del INM por la falta de protocolos y rutas de evacuación en caso de siniestros y sobre las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos: falta de información y resolución efectiva de los casos.
— Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (@GTPM_MX) March 28, 2023
López Obrador responsabilizó a migrantes de lo ocurrido
El 28 de marzo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró sobre las causas del incendio que inició el lunes a las 9:30 p.m. Lo más llamativo de la declaración es que hizo énfasis enresponsabilizar a los migrantes de lo ocurrido.
“El incendio tuvo que ver con una protesta que iniciaron, suponemos, a partir de que se enteraran que serían deportados y movilizados. En la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego. No imaginaron que eso causaría esta desgracia”, dijo durante la declaración.
Sin embargo, El País indicó que medios locales señalaron que la quema fue para llamar la atención sobre las condiciones en las que estaban siendo retenidos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la muerte de 39 migrantes tras incendio en albergue de Ciudad Juárez. pic.twitter.com/VZx5nqbsaN
El diario también aseguró que alrededor de 70 migrantes habían sido detenidos a lo largo del día por estar vendiendo artesanías o pidiendo dinero en la calle. Las autoridades federales los llevaron a las instalaciones de dicho centro migratorio.
Centros de detención, que no albergues
La organización Amnistía Internacional (AI) fijó posición en un comunicado sobre el siniestro, texto en el que calificó de «inhumano» el control migratorio en México.
«Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano.¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?«, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
A juicio de Guevara, es «sumamente insensible y ofensivo» que tanto el presidente López Obrador en su conferencia de prensa, como el Instituto Nacional de Migración en un comunicado oficial, «hayan insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de los hechos».
‼️ ¿Cómo es posible que los hayan dejado encerrados en un incendio?
🔴 La muerte de 40 personas en un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez es consecuencia de la crueles políticas fronterizas de México y EE.UU.https://t.co/NqiyQrQaQH
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) March 29, 2023
«Las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad», expuso Guevara Rosas.
El maltrato a migrantes en Ciudad Juárez es la norma
A comienzos de marzo de 2023 un hecho violento contra migrantes en Ciudad Juárez copó la atención mediática.
La Catedral de Ciudad Juárez denunció que policías irrumpieron a sus instalaciones para arrestar con violencia a migrantes, en su mayoría venezolanos, que se encontraban en un comedor comunitario.
La iglesia presentará las denuncias correspondientes.
"Es inadmisible que las autoridades de cualquier nivel de gobierno ingresen a espacios de atención humanitaria para personas migrantes y violenten dichos espacios" pic.twitter.com/3VWoL86YkJ
Durante el violento operativo, varias personas fueron golpeadas, entre migrantes y religiosas que prestaban servicio en la iglesia.
Un migrante venezolano que trabaja en la catedral declaró a la agencia que viven con miedo: «Los policías hacen revisión y si no encuentran nada, nos dicen malas palabras. En mi caso me quitaron dinero, no es la primera vez que ocurre, nos meten miedo. Ellos (los policías) dicen que no tenemos permiso para estar en la ciudad y pedimos ante migración que nos den permiso para circular aquí y no nos lo dan. Si no les damos dinero, nos amenazan que nos denunciarán ante migración», puntualizó el migrante, que se identificó como Carlos.
Policías de Ciudad Juárez golpean a monja para detener migrantes dentro de una iglesia!!! pic.twitter.com/yGabC39KY0
El miedo persiste entre los migrantes venezolanos que aspiraban llegar a EEUU y quedaron varados contra su voluntad en Ciudad Juárez.
Abel Ortega declaró a EFE que fue detenido junto a su hermano por agentes de migración el lunes 27 de marzo en la tarde. Los trasladaron al centro en el que se presentó el incendio. A él lo liberaron al final de la tarde, pero desconoce qué suerte corrió su hermano, que se llama Orlando Maldonado.
«Esto se pudo haber evitado. Si a nosotros nos quitan todo, ¿cómo se incendió el calabozo? Si Migración quita todo. ¿Cómo se quemaron? Queremos justicia, por favor, que nos ayuden, que nos den protección. Tenemos miedo de salir a la calle, no sabemos que nos pueda pasar”, declaró a la agencia.
En febrero de 2023, migrantes venezolanos pernoctaron afuera del Instituto Nacional de Migración (INM) de Juárez esperando un permiso para trasladarse a otra frontera. Mostraron que ya habían tomado la cita con autoridades norteamericanas que sacaron a través de la aplicación CBP ONE.
Pero la sede solo tramitaba 30 permisos por día, lo que los ponía en riesgo de perder la cita y de tener que quedarse en un lugar donde no son bienvenidos: «No nos quieren acá, pero nos queremos ir tampoco nos dejan», expresó indignada una migrante venezolana, recogió El Heraldo.
Redadas y persecución
El pasado 26 de febrero más de 300 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron afectados por las redadas que practicaron las autoridades en diferentes hoteles del país.
El Pitazo explicó que de acuerdo con la información de Judith Torrea, especialista en temas migratorios, la finalidad de estas redadas es expulsar a los venezolanos que no tengan permiso.
El 21 de enero, EFE indicó que una redada del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional mexicana sorprendió y disolvió una caravana de cientos de migrantes que llevaban meses varados en espera de trámites en el estado de Chiapas, en el sur de México, para salir en la primera caravana del año.
La agencia reseñó que una decena de furgonetas y dos autobuses llegaron al parque Miguel Hidalgo, en Tapachula de Córdova y Ordoñez y cerca de la frontera con Guatemala, para efectuar un operativo sorpresa con el objetivo de deshacer esta caravana de migrantes que tenía como destino Estados Unidos.
“El personal migratorio y de las fuerzas mexicanas eligieron al azar a quién verificar sus papeles, para ver si estaban de manera legal en México”, señaló EFE.
Un año antes, el 17 de marzo de 2022, ocurrió un evento similar. De acuerdo con EFE, Agentes de la Guardia Nacional y del INM llevaron a cabo operativos para detener a decenas de migrantes en Ciudad Hidalgo, frontera México-Guatemala, que buscaban cumplir trámites para regularizar su situación y avanzar al norte del país.
Desde 2011 hasta 2018 asumió como embajador de Venezuela en Argentina durante la administración de Mauricio Macri
Martínez cuenta con una amplia experiencia en temas bilaterales y se viene desempeñando como representante del gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional
Carlos Martínez Mendoza es el nuevo embajador de Venezuela ante Colombia, designado el pasado mes de febrero por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, en reemplazo de Félix Placencia.
El diario colombiano El Tiempo señaló este 28 de marzo que a casi dos meses de conocerse el nombramiento de Martínez como embajador, este entregó las cartas credenciales ante el Canciller (E), José Salazar.
Embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, presentó copia de cartas credenciales ante el Canciller (E), José Salazar.
Entre 2014 y 2016, el embajador Martínez fue representante de su país en la fase exploratoria de los diálogos del Gobierno colombiano y el ELN🇨🇴🤝🇻🇪 pic.twitter.com/g7UKR9lnG8
Según Poderopedia, Martínez cuenta con una amplia experiencia en temas bilaterales y se viene desempeñando como representante del gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia desde 2016.
Un perfil en Infobae reseñó que Carlos Martínez Mendoza “sirvió durante un largo tiempo como jefe de Inteligencia militar en la frontera con Colombia donde fungió como interlocutor clave con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC)”.
Martínez es egresado de la Academia Militar de Venezuela en 1975 y de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino en 1990. También cuenta con una maestría en Seguridad y Defensa en el Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional de Venezuela (1997).
Su paso por Pdvsa y otros cargos públicos
El 31 de julio de 2003 fue nombrado presidente de la junta directiva de la Corporación de Desarrollo de la Región Zulia (Corpozulia), también presidió la junta directiva de la Sociedad Mercantil Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia).
El 14 de enero de 2005, el entonces presidente Chávez lo nombró director externo de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). Esa junta directiva de la estatal petrolera, de acuerdo con una nota de prensa de Pdvsa, fue designada durante la doble gestión de Rafael Ramírez como ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa.
Entre 2003 y 2011 estuvo a cargo de la Oficina Técnica Regional de la Región Occidental Zulia del Consejo Federal del gobierno venezolano.
Martínez es muy cercano a otros funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Maduro, como: Eudomario Carruyo, Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino, Asdrúbal Chávez y Bernard Mommert, todos fuertemente vinculados con altos cargos en la estatal de petróleo venezolana.
Desde 2011 hasta 2018 asumió como embajador de Venezuela en Argentina durante la administración de Mauricio Macri.
Estrena cargo en Colombia
El pasado 16 de marzo, fue aprobado por el parlamento, de mayoría oficialista, el nombramiento de Martínez como nuevo embajador de Venezuela en Colombia.
Martínez Mendoza suplirá en el cargo al excanciller de la República y embajador en Colombia, Félix Plasencia, quien recién fue encargado de la secretaria general del ALBA-TCP.
Queda aprobado por unanimidad la autorización de designación del ciudadano Carlos Eduardo Martínez Mendoza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Colombia. pic.twitter.com/lXpEbE660n
Embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, presentó copia de cartas credenciales ante el Canciller (E), José Salazar.
Entre 2014 y 2016, el embajador Martínez fue representante de su país en la fase exploratoria de los diálogos del Gobierno colombiano y el ELN🇨🇴🤝🇻🇪 pic.twitter.com/g7UKR9lnG8
Bajo la premisa «sea quien sea y caiga quien caiga», se inició una purga madurista contra funcionarios responsables de corrupción, malversación de fondos y hechos delictivos. Jueces, alcaldes, diputados, funcionarios de organismos del Estado y empresarios han salido de la foto del poder tras estas acciones
Hasta el 28 de marzo, al menos 25 personas habían sido detenidas en la purga madurista: 21 por la corrupción en Pdvsa y el resto por corrupción en el Poder Judicial y vínculos con bandas criminales, como el caso del alcalde de Las Tejerías
Las investigaciones en Pdvsa detectaron una red de funcionarios que se valían de su cargo para «ejecutar operaciones petroleras paralelas». Además de la comercialización ilegal de crudo, incumplían con pagos correspondientes a la petrolera
Estas operaciones al margen de la ley, según la Fiscalía, fueron favorecidas por un «conglomerado de sociedades mercantiles que legitimaron el capital obtenido de las ventas»
Los tres miembros del Poder Judicial aprehendidos en la purga madurista son procesados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación
Mujeres jóvenes eran captadas para incluirlas en la red de lavado de activos de Pdvsa y las premiaban con una vida «suntuosa», según Tarek William Saab
*Este texto se publicó originalmente el 21 de marzo y fue actualizado el 28 de marzo, tras revelarse nueva información oficial sobre las investigaciones
Desde el pasado 17 de marzo se inició en Venezuela una especie de purga madurista. El Ministerio Público, a través de la dirección general contra la corrupción, delincuencia organizada y protección a los derechos humanos, informó que ha venido investigando varias tramas de corrupción, malversación de fondos y hechos delictivos que involucran a funcionarios públicos.
En declaraciones a la estación radial Onda, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, explicó que desde hace meses adelantaban estas investigaciones y que con la Policía Nacional Anticorrupción, junto con el Sebin, avanzaron esta semana a la fase «más trascendente», que implica «órdenes de captura, detenciones, allanamiento e incautaciones».
En la entrevista, Saab precisó que los detenidos en este proceso no pertenecen todos a la misma trama. Aclaró que aunque las investigaciones son independientes por tratarse de «delitos diferentes» tienen varios denominadores comunes de fondo: «corrupción, antiética y malversación».
«Hay cosas formalmente judicializadas y procesadas. En base a ello hemos designado cinco fiscales con competencia nacional para avanzar en la nueva frase investigativa, lo que no descarta que vengan u ocurran nuevas detenciones», advirtió William Saab.
En un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción se señala que con estas actuaciones buscan “enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en actos criminales, sea quien sea y caiga quien caiga”.
Las detenciones se están practicando tras investigaciones de meses, que arrojaron que algunas personas estarían incursas en “graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
#Urgente🔴 A través del siguiente comunicado la Policía Nacional Anticorrupción informa que se solicitó ante el MP el encauzamiento de individuos vinculados al poder judicial, industria petrolera y alcaldías municipales. Lea aquí ⬇️⬇️#BastaDeImposiciónImperialpic.twitter.com/qidOEORe7T
Poca información oficial en los inicios del proceso
Lo que llamó la atención inicialmente sobre este proceso de investigaciones y detenciones por hechos de corrupción administrativa, malversación y otros ilícitos fue la insuficiente información pública al respecto.
La asociación civil Transparencia Venezuela expresó en un comunicado su preocupación por el silencio oficial que predominó en los inicios del operativo.
«Resulta preocupante que, pese a la gravedad de los hechos a los que hace referencia la Policía Nacional Contra la Corrupción, que fue reiterada en los anuncios realizados por el Ministerio Público, sea tan escasa la información pública», se lee en el comunicado.
A cuatro días de iniciarse los procedimientos, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos trascendieron de manera extraoficial, así como también las «supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los ‘miles de millones extraviados’”.
Transparencia Venezuela instó en esa ocasión a las autoridades que el país «tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido».
En horas de la tarde del 21 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, reveló que había 19 personas detenidas por los hechos, pese a no ser la autoridad natural para anunciar estos detalles.
Y no fue sino hasta el 25 de marzo cuando el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, precisó que eran 25 los detenidos en la purga madurista: 21 por la trama de corrupción en Pdvsa (entre funcionarios y empresarios) y el resto por corrupción en el poder judicial y otros ilícitos, como la supuesta vinculación con bandas criminales del alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández.
A continuación, lo que se sabe hasta ahora sobre los frentes de investigación de la «purga madurista» y quiénes están siendo investigados por el caso.
Frente por malversación y corrupción en Pdvsa
La investigación por el desvío de más de $3.000 millones pagados en criptomonedas a la estatal petrolera por venta del crudo venezolano suma varios caídos.
En plan estelar, destacó la renuncia de quien era titular del Ministerio de Petróleo desde el año 2020, Tareck El Aissami, uno de los hombres fuertes del oficialismo desde hace más de dos décadas.
«En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso», expresó El Aissami en un trino en Twitter.
Dos cercanos colaboradores suyos fueron detenidos por estasinvestigaciones: uno de ellos es Joselit Ramírez Camacho, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Ramírez Camacho, oriundo de Mérida al igual que El Aissami, fue director del despacho de este en la gobernación de Aragua en 2012.
El diario oficialista Últimas Noticias reveló que Ramírez Camacho participó desde la Sunacrip en un esquema «para impedir el ingreso al Ejecutivo Nacional de las divisas obtenidas por venta de petróleo».
Un experto petrolero consultado por el medio explicó que entre octubre y noviembre de 2022, Venezuela vendió cerca de 120 millones de barriles de crudo por un monto de más de $3.000 millones.
Para supuestamente evadir las intenciones de EEUU de «torpedear dichas operaciones», se recurrió al mecanismo de las criptomonedas. La Sunacrip era el ente que debía concretar las transacciones y hacer que el dinero bajara al gobierno. Pero, según la versión que publica Últimas Noticias, en una revisión en diciembre, el Ejecutivo Nacional no encontró ese dinero en sus cuentas.
Otro de los detenidos por esta trama es el coronel Antonio Pérez Suárez, quien desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa.
El coronel Antonio Pérez Suárez fue presidente de la Corporación Socialista de Cemento, una empresa del Estado. Fue sucedido en el cargo por su compañero de promoción, el coronel Neptalí Acosta Prieto
El militar fue miembro del consejo directivo de la fundación nacional «El Niño Simón Bolívar», un ente adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo.
De acuerdo con la página Poderopedia, Pérez Suárez igualmente fue presidente de Venirauto Industrias, de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista, la Corporación Socialista del Sector Automotor y viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.
A la lista se sumaron el exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Hugbel Rafael Roa Caruci, diputado a la Asamblea Nacional oficialista.
La Fiscalía afirma que «usaba su cargo» para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban».
Otros funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa arrestados son: José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar. El Ministerio Público explica que «mantenían cargos de responsabilidad para contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior».
También, fueron aprehendidos Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos pertenecientes a la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Empresarios detenidos en la «purga madurista» y otros solicitados
La Fiscalía también difundió la lista de empresarios detenidos por la trama de corrupción en Pdvsa. Figuran entre ellos, según descripciones del fiscal general:
Manuel Meneses: Operador financiero y asesor del jefe de la estructura
Roger Ramírez: coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
Rafael Perdomo y Roger Perdomo : Hermanos que fungían como empresarios asociados «y operadores financieros nacionales para legitimar capitales».
Daniel Prieto: Empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional (fue detenido en República Dominicana)4
Kristhonfer Barrios, Johanna Torres. Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez, Leonardo Torres: a estos seis últimos «se les asignaban contratos millonarios que casi nunca cumplían, incluso desde la época en la que Hugbel Roa era ministro de Alimentación».
Por otra parte, hay 11 solicitados por esta trama de corrupción que aún no habían sido detenidos hasta el 28 de marzo: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso (hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales), William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railín Elizabeth Yépez. Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Yuravic Ravelo.
Hechos concretos de investigación y delitos a imputar
El titular del Ministerio Público informó que las investigaciones detectaron una red de funcionarios que se valían de su cargo para «ejecutar operaciones petroleras paralelas a Pdvsa».
“Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de la empresa estatal sin ningún tipo de control administrativo ni garantías. Esto incumple con las normativas de contratación requeridas para tal fin”, profundizó el funcionario madurista.
Además de la comercialización ilegal de crudo, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa. Estas operaciones al margen de la ley, según la Fiscalía, fueron favorecidas por un «conglomerado de sociedades mercantiles que legitimaron el capital obtenido de las ventas» a través de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Los delitos imputados a los involucrados en la trama fueron: apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.
🧑⚖️ ¡TRAICIÓN A LA PATRIA! El delito para funcionarios corruptos de Maduro #25Mar
Tarek William Saab informó que a todos los funcionarios del gobierno vinculados a esta trama de corrupción se le añadirá el delito de traición a la patria
Además de estos delitos, los funcionarios públicos identificados serán imputados por traición a la patria.
Frente por corrupción en el poder judicial
Quienes figuran como detenidos por estas investigaciones son el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, el juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García y el juez primero de Control del estado Falcón, Jorwis Bracho.
Cornieles Perret fue juramentado en el cargo por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutierrez, hace apenas cuatro meses. Junto a Márquez, de acuerdo con investigación de la Fiscalía, se concertaron para otorgarle medida cautelar a Oswaldo Cheremos Carrasquel, procesado como integrante del Tren del Llano.
La intención, según asegura la Fiscalía, era que Cheremos Carrasquel pudiera ser juzgado en libertad.
#GalaJudicial José Mascimino Marquez García, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, es el segundo magistrado de la noche aprehendido en operación especial de la #PNCC. También por delitos de corrupción en circuito judicial de Caracas. pic.twitter.com/ysXzTt1AlK
El juez Mascimino Márquez García es tristemente célebre por su implacable accionar en los procesos contra dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil.
Antes de su vertiginoso ascenso en el sistema de justicia en el año 2019 se desempeñaba como camarero principal de una reconocida arepera en Caracas. Fue responsable de la detención y privativa de libertad en contra del diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en julio de 2021; así como también de las del periodista Roland Carreño.
A su expediente rojo se suma haber ordenado la detención de 12 indígenas pemones en enero de 2020 por un supuesto asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, en Santa Elena de Uairén. En el grupo estaba Salvador Franco, quien falleció luego en prisión por tuberculosis.
José Mascimino Márquez García también estuvo a cargo del caso de la Operación Gedeón en 2020. Los implicados en el caso denunciaron que violaron sus derechos. Asimismo, ordenó encarcelar al coronel Juan Rodríguez Dos Ramos por presunta conspiración en contra del Gobierno.
Sobre la detención del juez primero de control de Falcón, Jorwis Bracho, se supo que se practicó el pasado 17 de marzo, primer día de la jornada de la operación «guerra contra la corrupción». Medios locales indicaron que fue trasladado a Caracas un día después.
Informó la fiscalía que al momento de celebrar una audiencia especial de tercería acordó la entrega de cuatro vehículos automotores, que eran objeto de medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público.
«Los propietarios de dichos vehículos están sujetos a investigación penal, incluso algunos investigados como terceros interpuestos, por lo que se presume que Yorwis Bracho Gómez se aprovecha de su cargo como Juez para otorgar beneficios judiciales», se lee en un despacho de la Fiscalía.
Bracho fue el encargado de abrir, en enero de 2022, un expediente por tráfico de drogas contra la alcaldesa oficialista de Semprún, Keyrineth Fernández y la diputada a la AN por el Zulia, Taína González. A ambas funcionarias las detuvieron con más de siete kilogramos de cocaína en el contexto del operativo «Manos de Hierro».
Los tres miembros del Poder Judicial aprehendidos en la purga madurista son imputados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación.
#Tercero El abogado Jorwis Bracho Gómez, de 41 años, quién se desempeñaba como juez 1° de Control del estado Falcón, se convirtió en el tercer funcionario del poder judicial detenido en la primera jornada de la operación #GuerraContraLaCorrupción anunciada ayer por la PNCC pic.twitter.com/iBY5V8InEU
Hasta el momento, la autoridad de escogencia popular detenida en la purga madurista es el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández.
«Un exalcalde que se vincula con trenes delincuenciales tienen que ser detenido, sancionado y penalizado, no se trata de pase de factura», comentó el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, cuando le preguntaron por las razones de esta detención
Hernández fue el alcalde del PSUV que recibió más votos en Aragua en las elecciones regionales de noviembre de 2021, al ganar con 72,25% de los votos en el municipio Santos Michelena de la entidad.
Hernández se exhibía frecuentemente apoyado por altas figuras del gobierno madurista. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, los altos jerarcas del chavismo le dieron la espalda cuando trascendió su detención.
“Un funcionario público no puede tener amigos en grupos delictivos”, declaró en rueda de prensa ofrecida el 21 de marzo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, al referirse al caso de Hernández y respaldar la «cruzada anticorrupción».
#PurgaMadurista 🗣️El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ofreció declaraciones luego de esta ola de detenciones.
Meses antes, durante la tragedia por el deslave en Las Tejerías en octubre de 2022, el propio Cabello ponía las manos en el fuego por la autoridad regional y lo calificaba como un «señor alcalde».
«Es un señor alcalde. Su pueblo lo respeta, lo reconoce. Pedro Hernández no sale del sitio allí, atendiendo a su gente, entregado al trabajo de atender a su gente», expresó Cabello el 19 de octubre de 2022, en la emisión de su programa Con El Mazo Dando.
#PurgaMadurista 🗣️El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ofreció declaraciones luego de esta ola de detenciones.
Además de Saab y Cabello, el gobernante Nicolás Maduro fijó posición sobre la detención del alcalde de una forma más tajante y con señalamientos específicos.
“Están comprobados plenamente sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. ¡Una cosa increíble!”, denunció en declaraciones a VTV.
“Quién pensaría que aquel que nos ponía la cara, cuando se daba la vuelta, estaba coordinando con uno de los criminales más buscados, enemigo público número uno de la paz y la estabilidad del pueblo aragüeño, el criminal, narcotraficante, asesino, alias El Conejo”, sumó Maduro en tono estupefacto.
Maduro sobre el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández: "están comprobados plenamente sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. ¡Una cosa increíble!" pic.twitter.com/RBX5dWNsdD
El 25 de marzo, la Fiscalía confirmó que Hernández Inojosa fue detenido por su presunta vinculación conCarlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “El Conejo”, quien cayó en un operativo policial en Sucre la semana pasada.
Al exalcalde lo señalan de financiar y apoyar con recursos del Estado venezolano «fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales».
La Fiscalía también lo relacionó con Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, jefe de la megabanda el Tren de Aragua, que está preso en la cárcel de Tocorón y desde allí controla «células criminales y terroristas internacionales que operan en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile».
Frente sobre supuestas redes de prostitución al servicio de políticos y empresarios
La agencia AFP afirmó en despacho el pasado 21 de marzo que el exministro y diputado a la AN oficialista Hugbel Roa, detenido por hechos de corrupción en Pdvsa, también tenía tenía una red de «testaferros» entre los que se encontraba el empresario Alejandro Arroyo, «dueño de una mansión en el Country Club, una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol», añadió la fuente.
De acuerdo con esta versión, Roa «manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo donde captaban a jovencitas para que les sirvieran de damas de compañía», subrayó el informante de AFP, quien agregó que el empresario también tenía una «sociedad con el exgobernador de Cumaná, Edwin Rojas».
En esta supuesta red salieron a relucir nombres de presuntos involucrados y testaferros como Alejandro Arroyo, Daniel Prieto y Johanna Torres. Sobre esta última empresaria existía una orden de captura que data de 2021 por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
#HOY A solicitud del @MinpublicoVE fue acordada por el Tribunal de la causa en el estado Anzoátegui, orden de aprehensión contra la ciudadana Johanna Lisseth Torres Ojeda por los delitos de Legitimación de capitales y Asociación para delinquir. pic.twitter.com/CX2uXheSbg
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 31, 2021
«Investigaciones preliminares han comprobado su descomunal fortuna mal habida mediante una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados en Pdvsa y el Ministerio de Alimentación», aseguraba el Ministerio Público.
Sobre este tema, el fiscal general Tarek William Saab se limitó a comentar en la rueda de prensa del 25 de marzo que mujeres jóvenes eran captadas para incluirlas en la red de lavado de activos de Pdvsa y las premiaban con una vida «suntuosa».
«Los implicados en la trama de corrupción demostraban un estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público, y menos en el caso de alguna de estas damas que no tienen origen de estudio ni de trabajo. De pronto aparecían vinculándose a estos sujetos, dándose una vida que sinceramente ni los príncipes del Golfo se la dan», expresó Saab en sus declaraciones.
El informe de AI destaca que el derecho a la salud también se vio mermado en 2022-2023, lo que generó una «honda preocupación»
Para la ONG Amnistía Internacional (AI), la falta de acceso a la alimentación, agua y atención médica, sigue siendo preocupante en Venezuela.
En el capítulo Venezuela, dentro del informe 2022-2023 de AI publicado en su página web, la organización señala que de acuerdo a datos de otras ONG e instituciones internacionales, la «mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada».
Amnistía Internacional aseguró que la hiperinflación y la «alarmante» falta de poder adquisitivo para comprar los productos básicos, provocaron que la mayoría de la población, especialmente la que vivía fuera de Caracas, sufriera una «profunda crisis humanitaria».
Derecho a la alimentación
En el capítulo Venezuela, AI destaca que según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, el costo de la canasta básica mensual de alimentos en noviembre equivalía a unos 386 dólares estadounidenses, mientras que el salario mínimo mensual, fijado en marzo, era de tan solo 13 dólares, de manera que la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria.
El estudio resalta que en diciembre, la situación se agravó aún más a consecuencia de una devaluación drástica de la moneda nacional.
Además que el Banco Mundial señaló que, en agosto, «Venezuela presentaba la tercera mayor tasa de inflación de los alimentos del mundo”.
Derecho a la salud
El informe de AI destaca que el derecho a la salud también se vio mermado en 2022-2023 lo que generó una «honda preocupación».
“El acceso de las personas con enfermedades crónicas a tratamiento médico y servicios de salud seguía siendo un problema fundamental. Refieren a Acción Solidaria, ONG que denunció que el 33% de las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas no recibían tratamiento”, se lee en el texto.
Derecho al agua
Sobre el derecho humano al acceso al agua, AI afirmó que la negligencia y la falta de mantenimiento continuaron reduciendo el acceso de la población al agua, pese a los comunicados oficiales que prometían una cobertura del 95% en todo el país al concluir el año.
Añadió que la situación con el acceso al agua ha provocado protestas comunitarias generalizadas y reiteradas en casi todo el país.
Condiciones de reclusión inhumanas
El informe de AI hizo referencia también a las condiciones de reclusión de miles de presos en Venezuela.
“Continuaban deteriorándose las condiciones de reclusión en los centros de detención, en los que se sufría hacinamiento y no se proporcionaba alimentación ni agua en cantidad suficiente, de manera que las personas detenidas dependían de sus familiares para conseguir artículos de primera necesidad”, se lee en el informe.
Aproximadamente a las 9:00 de la noche, hora local, los migrantes comenzaron a quejarse de que durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed, se informó
La noche de este lunes, 27 de marzo, se produjo un incendio en un centro de migrantes de Ciudad Juárez, México, en el cual murieron al menos 39 personas.
Según el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, en el albergue se alojaban 68 hombres adultos que eran originarios de países de Centro y Sudamérica.
Además de las víctimas fatales, se supo que 29 personas resultaron heridas en el siniestro.
«Ante los hechos, se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena», manifestó el INM en un comunicado.
Tragedia en México. Mueren al menos 39 migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. El lugar se incendió anoche durante una protesta. Además hay 29 heridos reportados como delicados o graves pic.twitter.com/e32x7R9yYh
De acuerdo con una publicación del medio local La Verdad, el albergue se localiza junto al puente internacional Lerdo-Stanton, frente a la Presidencia Municipal y a escasos metros del río Bravo, límite fronterizo con Estados Unidos.
Según el medio, el lugar estaba cerrado bajo llave.
En total, había 68 migrantes hombres de Centro y Sudamérica, algunos de ellos retornados por Estados Unidos a México bajo el Título 42.
Llevados al sitio un día antes
Los migrantes que se encontraban en el albergue fueron llevados a ese lugar un día antes por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Según se pudo conocer, el INM practicó un operativo para retirar a los migrantes de los cruceros viales donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero.
No les habían dado agua en todo el día
Aproximadamente a las 9:00 de la noche, hora local, los migrantes comenzaron a quejarse de que durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed.
Esas quejas subieron de tono hasta que presuntamente a las 9:30 prendieron fuego en el lugar donde se encontraban recluidos.
El medio La Verdad reseñó que los migrantes esperaban que les abrieran la puerta, pero se comenzaron a intoxicar y a quemar.
Desalojaron a las mujeres, pero a los hombres no
Vianey Infante es una migrante venezolana que esperaba la liberación de su esposo fuera del albergue cuando se desató el incendio.
“La culpa la tiene migración, esto que está pasando es culpa de ellos”, dijo Infante.
Según la mujer, acudió al centro porque le dijeron que liberarían a su esposo al comprobar ser parte de un núcleo familiar de migrante.
Sin embargo, pasadas las 9:30 de la noche, Infante vio salir mucho humo del centro migratorio y que se comenzó a desalojar a las mujeres recluidas, menos a los hombres.
“Me asomé y me puse a llorar” contó la mujer, quien acotó que dejaron salir a las mujeres pero a los hombres no. “Son unos inhumanos”, criticó.
Heridos llevados a hospitales
Mientras los bomberos trabajaban en sofocar las llamas, el personal de Protección Civil recuperaba los cuerpos de los migrantes fallecidos. Los paramédicos de distintas corporaciones trasladaban a los lesionados a recibir atención médica.
En total, rescataron a 29 migrantes con vida, quienes fueron trasladados con lesiones o intoxicados al Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Cruz Roja, el Hospital General y al Hospital de la Familia.
Se reportó que cuatro de ellos murieron mientras recibían atención médica.
Critican «trato carcelario» contra los migrantes
Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, criticó el «trato carcelario» que se le da a los migrantes en este tipo de albergues.
En declaraciones ofrecidas al canal 44 de México, Cavillo lamentó el trato que da el personal de Migración de ese país y que se ha repetido en distintas ocasiones.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a los migrantes por el incendio
Al menos 39 migrantes murieron en un incendio en un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, en el norte de México, junto a la frontera con Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado del INM, en la sede migratoria se alojaban 68 hombres adultos que eran originarios de países de Centro y Sudamérica.
Además, un total de 29 personas resultaron heridas en el siniestro y fueron trasladada en estado grave a cuatro hospitales de la localidad.
El INM informó del hecho a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que «intervenga en las diligencias de ley y de salvaguarda de las personas extranjeras».
La estación está ubicada en el puente Internacional Stanton-Lerdo, que conecta a Ciudad Juárez con la ciudad texana de El Paso (EEUU), y acogía a migrantes retenidos, la mayoría procedentes de Venezuela.
Aún se desconoce el origen del fuego, pero hay testigos que expresaron a medios locales que el incendio comenzó en el área donde estaban retenidos los hombres y algunos de ellos quedaron atrapados por las llamas, reseñó EFE.
«Ante los hechos, se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena» de las víctimas, precisó el INM.
También, el organismo expresó su «disposición para coadyuvar en las investigaciones de ley, a fin de que se esclarezcan estos hechos lamentables».
La autoridad migratoria mexicana se comprometió además a dar seguimiento a la evolución del estado de salud de los hospitalizados y a brindar apoyo a los familiares de las víctimas.
ÚLTIMA HORA | Cadáveres calcinados y decenas de heridos en las calles adyacentes al centro migratorio de Ciudad Juárez: en el recinto de detención había venezolanos https://t.co/rv2hdpeEFspic.twitter.com/6N4gGkEf6n
Empezamos el día con una terrible tragedia en la frontera.
Un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración de México (INM) anoche en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha dejado al menos 39 personas muertas y varias heridas. pic.twitter.com/M8hqdTqMIk
Tragedia en México. Mueren al menos 39 migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. El lugar se incendió anoche durante una protesta. Además hay 29 heridos reportados como delicados o graves pic.twitter.com/e32x7R9yYh
López Obrador responsabilizó a los migrantes por el incendio
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a los migrantes por el incendio que mató a 39 de ellos.
Durante una conferencia matutina, López Obrador aseguró que este incendio tuvo que ver con una protesta que hicieron los migrantes.
«Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de iban a ser deportados, movilizados, y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia», dijo.
Además, López Obrador señaló: «Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela los que estaban en ese albergue».
Señaló también que se desconoce la nacionalidad de las víctimas del siniestro así como sus identidades.
