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Carlos Fernández: “El país tiene que regresar a la modernidad”
 Carlos Fernández asume la presidencia de Fedecámaras en medio de una crisis que pulverizó la economía y el bienestar. Los problemas son muchos, pero el principal es la pérdida de ingreso de los trabajadores, un descalabro para el que confiesa que los empresarios no tienen solución. Recalca que sin instituciones no habrá inversión privada

Fotos: Abrahan Moncada

A una semana de empuñar las riendas de Fedecámaras, el principal gremio empresarial del país, Carlos Fernández se toma un tiempo para analizar la coyuntura. La relación con el gobierno, el colapso del salario, la ausencia de crédito, las sanciones, son temas que afloran, pero recalca la necesidad de consensos y de asumir el fin del modelo de desarrollo sustentado en la reta petrolera.

¿Cómo visualiza el camino que tiene que recorrer Venezuela en los próximos años?

El regreso a la modernidad que principalmente significa fortaleza institucional, empoderamiento ciudadano, prosperidad, inclusión, economías donde el trabajo está en función del hombre y donde el ser humano tiene acceso a los beneficios de la modernidad y la formalidad. Tecnologías de punta, pleno respeto de los derechos humanos.

Habla del regreso a la modernidad.

Éramos una sociedad inclusiva, en los años sesenta teníamos una enorme movilidad social, un profesional podría comprarse una casa a los tres años de trabajo, los servicios públicos funcionaban bastante bien. La modernidad es un estado que tuvimos, que perdimos, una vocación y una actitud. Entre todos tenemos que convencer al país de que hay un futuro mejor a lo que existe actualmente.

En su discurso al asumir la presidencia de Fedecámaras dijo que la destrucción que vive el país es responsabilidad de todos, pero no en partes iguales, afirmó que hay unos que tienen más responsabilidad que otros. ¿Quiénes son los que tienen más responsabilidad?

Por supuesto al final la responsabilidad mayor cae en los gobiernos, pero el tema venezolano no puede ser que la culpa es del presidente, todos tenemos una cuota y tenemos que asumirlo, si no lo asumimos no vamos a salir de las dinámicas que nos trajeron donde estamos. Hemos dicho que tenemos que ir a una economía productiva e inclusiva. ¿A dónde vamos ahorita? ¿Cuál es el modelo que tiene el país? A mí eso me mortifica.

El gobierno tiene uno, el socialismo del Siglo XXI.

¿Pero por qué todo lo que tiene el gobierno es lo que tiene que ser? ¿Por qué siempre tiene que ser lo que dicen allá?

Porque tienen el control.

Pero la movilización social, la presión ciudadana y la articulación también hace que la gente cambie de opinión, o modere. La respuesta no puede ser lo que el gobierno quiere: ¿Puede? ¿La tiene tan fácil? ¿Es tan sencillo llegar allá? ¿Si el país no lo acompaña qué sucede? Yo sé que quieren muchas cosas, está el Plan de la Patria, eso está muy bien, pero eso es lo que quiere una parte del país. Tiene que ser una cosa que acompañemos la gran mayoría. 

Me parece interesante que cuestione el modelo y diga que necesita cambios porque hay una parte del país que piensa que Fedecámaras ha hecho un acercamiento con el gobierno y ya no tiene planteamientos críticos.

Lo que no quiero es que el modelo sea impuesto. A mí ese modelo no me gusta para nada, pero de lo que trato de convencerte es que porque ellos quieran no es que va a ser así, la sociedad es mucho más grande.  No vas a obligar a la sociedad a que te acompañe, la tienes que enamorar de la idea.

Actualmente tenemos un modelo rentista que ya no tiene renta, pero el gobierno no termina de aceptar que colapsó.

Voy más allá, creo que el gobierno y buena parte del país cuando leen los números entienden que el modelo rentista en buena parte se acabó, pero sigue aquí (se toca el corazón) y aquí (se toca la sien). Inclusive en el sector nuestro. Nos toca convencer a los nuestros y decirle no existe, tienes que ver cómo sales adelante porque el que te ayudaba no tiene cómo ayudarte. Vamos a suponer que siga queriendo, ¿pero de dónde?

 ¿El gobierno no puede imponer un modelo si no es consensuado con la mayoría del país?

El país debe aprovechar el acercamiento, las conversaciones, el acompañamiento internacional de Noruega para que después de resuelto el tema institucional se quede la instancia que se creó para abordar otros temas como el modelo de desarrollo económico.

Para el gobierno en buena parte la crisis es producto de las sanciones. ¿No es así?

Creo que también es así, el país está sancionado esa es una realidad que tenemos que manejar, lo que pasa es que muchas veces cuando afrontamos la realidad lo hacemos con el enfoque de buscar culpables y tenemos que superar ese tema. Prefiero solucionar los problemas y después ver quiénes son los culpables.

¿Qué propuesta tienen para el tema de las sanciones?

El gobierno debe estudiar las causas, determinar si las cosas son mejorables, si estuviera en el gobierno trataría de ver cuáles son las razones y las causas, sentarme a negociar.

La causa de las sanciones es clara: esos países consideran que la reelección del presidente fue mediante una elección no legítima.

Pero ellos consideran que sí es legítima, entonces hay que hacer una discusión. Creo que es un tema diplomático.

¿Fedecámaras considera que las sanciones deben ser levantadas?

Considera que es un tema que tiene que resolverse y estamos dispuestos a participar en esquemas de conversaciones.

Abrahan Moncada

La vicepresidenta Delcy Rodríguez invitó a los empresarios a invertir bajo la Ley Antibloqueo. También está por aprobarse la Ley de Zonas Económicas Especiales y un plan de sustitución de importaciones. ¿Habrá una respuesta positiva?

Si hay éxito en el proceso de negociaciones, acuerdos y vuelta a la institucionalidad. Se necesita la reinstitucionalización del país para generar confianza. Si la prosperidad económica fuera un asunto de leyes todos los países fueran prósperos.

 Todo apunta a que el gobierno tendrá que desprenderse de empresas públicas que ya no puede sostener y que los grupos que podrían beneficiarse de esta transferencia de activos son los más cercanos al poder. ¿El capitalismo de oligarcas no es un peligro real?

Creo que ese es un peligro, pero hay otra forma de abordarlo. Tiene que ser un proceso transparente, donde se le de participación a todo el que reúna las condiciones mínimas y en el caso de las empresas intervenidas, expropiadas, respetar el derecho de los antiguos propietarios.  El Estado debe entender que se reservó para sí muchos sectores de la economía que pueden ser atendidos por la iniciativa privada.

Según Conindustria el salario promedio en la industria privada es de 78 dólares para un obrero, 172 el de los profesionales y 414 en el caso de los gerentes. ¿Hay una propuesta para recuperar la relación trabajo-salario?

La insuficiencia de ingreso del trabajador es el principal problema económico y nosotros no tenemos la solución.  Tiene que ver con la hiperinflación, con el achicamiento de la economía, con la pérdida de ingresos externos y con la formación de precios, es un tema sumamente complejo. Con modificaciones legales, institucionales, acuerdos internacionales, podrías comenzar a generar dinámicas para que el ingreso se vaya recuperando.

El ingreso es ínfimo pero los precios son internacionales.

Buena parte de la industria está trabajando al 20% de la capacidad instalada y hay estructuras mínimas por mantener.  Por ejemplo, antes los costos los soportaba una producción de cien mil bolígrafos y hoy solo produces 100 bolígrafos. Entonces al final cuando haces traspaso de costos terminas teniendo precios elevados. Se pierde la economía de escala y la productividad.

Hay un problema de reducción del mercado y un sector privado que difícilmente podrá exportar en el corto o mediano plazo en términos relevantes. ¿Esas plantas industriales que están utilizando 20% de su capacidad instalada tendrán que achicarse y vender sus máquinas?

Tienen que hacer todo eso y mucho más, el país tiene más activos de los que necesita y de los que va a utilizar en el corto plazo, pero no es fácil venderlos. No nos va a quedar otra que en la medida en que se recupere la demanda ir abriendo mercados internacionales. Un aspecto importante es que actualmente no hay acuerdos comerciales, el único que existe es Mercosur y está suspendido.

Ha dicho que la Ley del Trabajo es una rémora. ¿Por qué?

La Ley del trabajo nació en una realidad distinta, en 2012 estábamos en la mayor efervescencia del consumo, era otro país. Tiene un enfoque donde se busca proteger a quien tiene trabajo, pero no está pensada para estimular la creación de empleo.

El gobierno ha optado por asfixiar el crédito para contener el ascenso del dólar. ¿Qué opina de una economía tan pequeña que las empresa funcionan con su propio dinero?

La economía está pequeña porque no hay crédito. El gobierno tomó el camino de restringir la oferta monetaria para bajar la presión sobre el dólar y quizás lo ha logrado, pero a un costo que ha sido importante para el dinamismo de la economía.

La visión del gobierno es que el crédito se va a la compra de dólares y se acentúa la devaluación del bolívar.

Hay que entender que la estructura económica de Venezuela tiene un alto componente de productos importados, se compran dólares por el proceso productivo. Entonces, quizás por creer que la gente estaba especulando terminaste de ahogar el aparato productivo.

Delcy Rodríguez dijo: “Quien controle la moneda controla un país. Estados Unidos lo tiene muy claro, la Reserva Federal lo tiene muy claro” e hizo un llamado a los empresarios a no dejarse controlar. ¿Es posible revertir la dolarización de facto?

Es una pregunta complicada. Creo que es difícil y en todo caso llevaría mucho tiempo, pero no lo descarto de plano, siempre hay un sentimiento sobre la moneda nacional. Es algo que llevaría mucho tiempo, porque el dinero es fiducia, confianza.

¿Si se hace por la fuerza?

Peor, aquí estaba prohibido el dólar hasta hace nada, pero la dolarización ya existía. La necesidad se impuso.

Keydomar Vallenilla sumó otra medalla de plata para Venezuela en Tokyo 2020
La delegación criolla consiguió su segunda presea plateada en los Juegos Olímpicos 

El pesista Keydomar Vallenilla logró la medalla plata en la categoría de los 96 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En su primer intento Vallenilla levantó 172 kilogramos, mientras que en el segundo logró 175, acumulando 347.

El caraqueño de 21 años de edad y oriundo de la Cota 905 arrancó el envión con 210 kilogramos y en el segundo y tercer intento falló respectivamente con 215 y 216 Kg.

Vallenilla fue superado por el catarí Faris Ibrahim, quien consiguió el record olímpico y la medalla dorada

Es la segunda presea de plata para Venezuela en los Juegos y la numero 19 en la historia, luego que el igualmente pesista Julio Mayora consiguiera la suya en los 73 kilogramos. 

Es la primera vez que Venezuela logra dos medallas de plata en una misma edición. 

Todo lo que debe pasar para que Maduro sea procesado por la CPI
La causa de Venezuela, que ya lleva casi tres años en la Corte Penal Internacional, puede tardar un par de años más, o una década entera. El complejo litigio, de cuatro fases, debe asegurar lo esencial: que los señalamientos sobre los medios y altos mandos sean, más allá de dudas razonables, incuestionables. Runrun.es presenta, a través de cuatro infografías, cómo es el proceso ante el máximo tribunal del mundo

@loremelendez        

 

En 2012, el líder militar congolés Thomas Lubanga se convirtió en la primera persona condenada por la Corte Penal Internacional (CPI), fundada el 17 de julio de 1998. La institución lo sentenció a 14 años de prisión por crímenes de guerra cometidos en su país, donde reclutó y sometió a entrenamientos militares a niños menores de 15 años para obligarlos a participar en hostilidades y ser guardianes de los altos cargos de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. El proceso entero, desde que el gobierno de la República Democrática del Congo pidió en 2004 que se investigaran los crímenes de los rebeldes, duró ocho años. 

Pero no todos los casos ante la CPI tardan el mismo tiempo. Hay otros que permanecen en investigaciones todavía más años y los señalados, al final, resultan exculpados. Así sucedió con Jean Pierre Bemba, líder del Movimiento para la Liberación del Congo, la milicia que, junto con el gobierno de la República Centroafricana, participó a finales de 2002 en una operación de cinco meses en la que cientos de civiles fueron asesinados, violados y saqueados. La causa llegó a la Corte en 2004 y Bemba fue condenado 12 años más tarde, en 2016. Pero a los dos años fue absuelto porque se determinó que no podía ser considerado penalmente responsable de los crímenes cometidos por sus tropas.

Venezuela está apenas en la primera parte de un proceso complejo que podría durar más de una década. Al cabo de casi tres años de que los gobiernos de Argentina (que se retiró de la demanda este año), Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaran a la fiscalía de la CPI que investigara supuestos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos por la administración de Nicolás Maduro desde abril de 2014, la “situación” “Venezuela I” todavía no es considerada un caso dentro del máximo tribunal internacional.

 

Más allá de toda duda

Para la abogada especializada en derecho internacional y derechos humanos, Sara Fernández, hay que hacer un “manejo de expectativas” en torno a lo que significa que Venezuela esté bajo la mira de la CPI. Se debe saber que el fin de este proceso tendrá un rol muy pequeño en la resolución de la crisis humanitaria. La Corte determinará las responsabilidades en casos muy específicos y se limitará a señalar a cinco o seis personas de todo el gobierno de Maduro.

Pese a lo que podría apuntar el proceso, Fernández aclara que en muchos casos el fiscal –tal como sucedió con Bemba- no ha logrado probar los hechos y sus responsables, más allá de toda duda razonable. Esto podría pasar también con Venezuela si las pruebas no logran ser convincentes. 

“Es difícil establecer una situación que sirva como espejo con respecto a la situación de Venezuela. Sin embargo, creo que puede decirse que guarda cierta similitud, únicamente con algunos de los crímenes de Kenia y la situación, en tanto que allí se estaba en un contexto de violencia post-electoral, lo que conllevó a la comisión de crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y deportación o traslado forzoso. También, en esa situación, quienes resultaron imputados ante la Corte Penal Internacional eran altos funcionarios del gobierno, como el Jefe de Estado, Uhuru Kenyatta y el vicepresidente de Kenia, William Ruto. A su vez, esta situación permite observar lo difícil que es juzgar a un jefe de Estado en ejercicio, puesto que, la Oficina de la Fiscalía no pudo recabar las pruebas”, señaló Omar Piñango, abogado y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad  de la ONG Defiende Venezuela.

Fernández, en cambio, recuerda que el caso de Costa de Marfil podría convertirse en un espejo. El ex presidente, Laurent Gbagbo, tras ser acusado de cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación y otros actos inhumanos o – alternativamente – intento de asesinato y persecución), quedó absuelto. La Fiscalía no pudo demostrar que el entonces mandatario en ejercicio, tras cuestionar los resultados electorales que lo condenaban a la derrota y que daban como ganador a su rival, Allasane Ouattara, orquestó una ola de violencia política y étnica que solo culminó con la intervención de Francia y la asunción de Ouattara.

“La falta de pruebas de la Fiscalía no estaba en lo que se necesitaba para confirmar que se había cometido un delito, la dificultad estuvo en demostrar la cadena de mando, en señalar que el alto mando tuvo responsabilidad en esos hechos porque ordenó su comisión o tuvo que ver en esa decisión”, sentenció la especialista. 

Fernández también adelantó que, a partir del caso de Costa de Marfil, la fiscalía adoptó la estrategia de construir casos desde mandos medios a altos para explicar cómo se dio y ejecutó la orden. “La fiscalía ha aprendido de estos casos”, añadió.

Para la búsqueda de pruebas, en el caso Venezuela, la diáspora será crucial. 

“En la actualidad, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 5.6 millones de venezolanos y venezolanas se encuentran viviendo en el exterior, cientos de ellos huyeron al ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos por haber sufrido crímenes de encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución fundada en motivos políticos. Por lo que, estos testimonios de víctimas y testigos, al igual que las evidencias documentales que puedan tener, van a representar gran parte de los elementos de convicción que podrían ser presentados frente a una eventual investigación formal que se abra en la situación de Venezuela I, con los cuales se podría nutrir la investigación”, detalló Piñango.

Fernández señaló que aunque la migración de venezolanos permita la posibilidad de contactar víctimas, localizar testimonios y recabar pruebas para identificar posibles casos que conduzcan a la solicitud de órdenes de aprehensión, no se sabe si la CPI pueda ingresar a territorio venezolano durante la fase de investigación. “Si bien Venezuela ha mostrado apertura e interés en colaborar con la Fiscalía, sabemos que es posible que eso cambie una vez que haya acusaciones”, recalcó.

Apuntó que ese trabajo probablemente recaerá en la sociedad civil que está en el terreno, que deberá establecer una cadena de conservación de la prueba. La CPI también tendrá que  asegurar la cooperación de parte de otros Estados, no solo de Venezuela, así como fortalecer la documentación de la evidencia.

Piñango aclaró que, a medida de que avance el caso ante la CPI, se necesita alcanzar “ciertos estándares de prueba que cada vez son más rigurosos”. 

“En efecto, el estándar probatorio requerido en el examen preliminar es el de “bases razonables”, según el cual se busca únicamente una ‘justificación razonable’ de que uno de los crímenes de lesa humanidad haya ocurrido. Para una etapa de juicio, en la que se está debatiendo la responsabilidad criminal de un individuo, el estándar adoptado es el de ‘más allá de toda duda razonable’, siendo este el más exigente durante todo el procedimiento ante la Corte. Por ello es clave la cooperación del Estado parte con la investigación, pues de lo contrario, la misma se podría ver truncada”, finalizó. 

Las cartas para detener el proceso

La situación Venezuela I sufrió un retraso cuando el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, introdujo ante la Cámara de Cuestiones Preeliminares un documento en el que se quejaba por el escaso apoyo que le había prestado la Fiscalía ante los señalamientos formulados contra la administración de Nicolás Maduro.

“Son técnicas procesales que veremos no solo en esta etapa preliminar, sino que probablemente estén presente también en el supuesto de que se abra la investigación formal. Todavía son muchas las formas en la que el Estado venezolano puede retrasar esta investigación, haciendo uso, por ejemplo, de cuestiones de admisibilidad. La labor es entonces buscar acreditar a través de la documentación, la falta de investigaciones y enjuiciamientos en los hechos relevantes en el contexto bajo examen. La falta de procedimientos genuinos y, en definitiva, la incapacidad del sistema de justicia de conducirlos”, insistió Piñango.

Fernández indicó que, en el supuesto de que Venezuela I pase a ser un caso, la defensa de Maduro podría apelar al artículo 18 (numerales 2 y 3) del Estatuto de Roma, que contemplan que, en el mes siguiente a la apertura de la investigación, el Estado en cuestión podrá demostrar a la CPI que está llevando a cabo un proceso judicial por los crímenes que lo comprometen ante la Corte. El Fiscal podrá volver a examinar nuevamente si se inhibe en el caso.

Pero Fernández duda que la apelación al artículo pueda frenar el avance de Venezuela I en la CPI. Advierte que si bien Afganistán apeló a este artículo, su examen preeliminar había terminado tres años antes y hubo un período largo para que estos procedimientos se produjeran. En cambio, el examen de Venezuela acaba de terminar.

La administración de Maduro también podría cuestionar la admisibilidad de la situación. Pero, de nuevo, la especialista ve improbable que la CPI estime estas acciones como válidas, ya que tendrían que probar que la investigación gubernamental incluye a mandos militares altos y medios.

 

El proceso

 

Fase preliminar

Aquí está “Venezuela I”. En esta primera parte del proceso, los hechos a investigar todavía no se han convertido en casos y se les denomina “situación”. Aquí transcurren las cuatro fases del examen preliminar que, primero, busca estudiar e identificar toda la documentación recibida para determinar que es fidedigna y que se cometieron crímenes que juzga la Corte; luego se dedica a evaluar si el o los crímenes cometidos son de su competencia, posteriormente revisa si se cumplen los principios de complementariedad (si ya existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes) y de gravedad (la escala, naturaleza e impacto de los crímenes) y, por último, precisa si existen fundamentos para considerar que la investigación no servirá a los intereses de la justicia.

 

Fase de investigación

Es el momento de profundizar la investigación. Con ese fin, incluso se puede solicitar una visita al Estado implicado, algo que los expertos dudan que ocurra en Venezuela. Es vital que la Fiscalía tenga en cuenta la naturaleza de los crímenes, sobre todo aquellos vinculados con violencia sexual, por razones de género y contra los niños.

En la audiencia de confirmación de cargos, que se produce en esta etapa, el imputado puede estar ausente y, en ese caso, será representado por un defensor. En este acto, no será necesario que el fiscal llame a declarar a testigos, pese a que debe presentar pruebas suficientes para cada cargo.

Mientras que el fiscal podrá modificar o retirar los cargos antes de la audiencia, el imputado podrá impugnar los cargos y las pruebas presentadas por Fiscalía, así como presentar las suyas.

Será la Sala de Cuestiones Preliminares la que determinará si existen pruebas suficientes para enjuiciar al acusado. En este caso, lo asignará a una Sala de Primera Instancia. De lo contrario, no confirmará los cargos o levantará el acto para pedir a la Fiscalía la presentación de más pruebas o la modificación de los cargos.

 

Fase de juicio

La Sala de Primera Instancia es la que rige esta tercera parte del proceso, por eso, más allá del juicio, también celebrará consultas con las partes, determinará el idioma del juicio, dispondrá de la divulgación de información que no haya salido a la luz con anterioridad, indicará si los cargos deben acu

mularse o separarse en caso de que haya más de un acusado, ordenará la comparecencia y declaración de testigos, documentos y otras pruebas; protegerá la información confidencial, al acusado, los testigos y las víctimas, y ordenará más pruebas si lo considera necesario.

Si el acusado se declara culpable, la Sala revisará con el defensor si tal confirmación es voluntaria. Podrá condenarlo si considera que reconoce los hechos esenciales que configuran el crimen. De lo contrario, tendrá la declaración como no formulada y ordenará la continuación del juicio.

 

 

Fase de apelación

En la cuarta y última etapa, la Sala de Apelaciones toma las riendas del procedimiento. Podrá apelar tanto el fiscal (si considera que existe un vicio de procedimiento, un error de hecho o un error de derecho), como el condenado (si cree que existe un vicio de procedimiento, error de hecho, error de derecho o una desproporción entre el crimen y pena) y la Corte (si hay fundamentos para revocar la condena del todo o parcialmente).

Para que el proceso ocurra por completo, la “situación” Venezuela I todavía debe convertirse en un caso y, sobre todo, lograr que a lo largo del tiempo, las dudas razonables sean certezas que incriminen a los cargos medios y altos que están implicados.

Venezuela suma 18 muertes por COVID-19 y 929 nuevos contagios este #30Jul
De acuerdo con el balance oficial, en las últimas 24 horas el total de muertes asciende a 3576 y el de contagios a 304.726

El ministro de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, informó vía Twitter la noche del 30 de julio que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 18 fallecimientos por COVID-19 y 929 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria. Con estas cifras, el total de muertes asciende a 3576 y el de contagios a 304.726.

Con respecto a los fallecidos, dijo que se reportaron:

3 hombres de 55, 57, 70 años y 2 mujeres de 60, 71 años de Aragua
2 hombres de 56, 68 años y 1 mujer de 58 años de Caracas
2 hombres de 57, 74 años de Miranda
1 mujer de 66 años y 1 hombre de 57 años de Táchira
2 hombres de 50, 63 años del Zulia
1 mujer de 51 años de Bolivar
1 mujer de 59 años de Lara
1 mujer de 87 años de Sucre
1 hombre de 76 años de Trujillo

Los casos comunitarios están ubicados en La Guaira 163, Monagas 131, Yaracuy 90, Miranda 89, Mérida 81, entre otras entidades.

En este sentido, detalló: «La Guaira presenta hoy el mayor número de contagios, en sus 11 Parroquias: Catia La Mar 39, La Guaira 23, Urimare 22, Macuto 17, Maiquetía 17, entre otros».

Refirió que hay 288.864 personas recuperadas, lo que representa el 95% de los contagios. «Contamos con 12.286 casos activos, 12.022 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 264 en clínicas privadas», sumó.

De igual modo, mencionó: «asta la fecha tenemos 6.412 pacientes que se encuentran asintomáticos, 4.679 con Insuficiencia Respiratoria Aguda leve, 797 con Insuficiencia Respiratoria Aguda Moderada y 398 en la Unidad de Cuidados Intensivos».

Monitor de Víctimas | Pandemia, escasez de gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia
El equipo de periodistas e investigadores de Monitor de Víctimas presentó su informe 2020, con el balance estadístico y las historias de la violencia homicida en Caracas y Lara

 

 

Un año atípico, marcado por el encierro y la escasa circulación de personas en las calles debido a la pandemia y la falta de combustible, culminó con 599 homicidios en Caracas, capital de Venezuela.

El Informe 2020 de Monitor de Víctimas denominado “Pandemia, escasez de gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia” destaca cómo las muertes a manos de la fuerza pública volvieron a estar a la cabeza de las cifras rojas por tercer año consecutivo, con 204 víctimas.

 

 

El confinamiento obligatorio, la escasez de gasolina y la militarización del entorno se convirtieron en una mezcla que alimentó el abuso de la fuerza pública contra los ciudadanos, en procura de garantizar el control social del Gobierno de Nicolás Maduro.

El ejemplo más claro y dramático, que puso de manifiesto el patrón de las ejecuciones extrajudiciales, fue la masacre perpetrada en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, durante un operativo policial que pretendía dar con los miembros de la megabanda del “Wilexis”. En el hecho ocurrido en mayo una de las víctimas fue el basquetbolista Bryan Onel Cedeño Rengifo.

Por otra parte, se pudo identificar que cinco parroquias del Área Metropolitana de Caracas concentran el 52% de los homicidios. Son territorios controlados por grupos armados no estatales.

Se trata de Sucre, El Valle, Coche, Petare y La Vega, donde megabandas y colectivos imponen una forma de gobernanza criminal. Dominan la vida cotidiana mediante el miedo.

 

El informe también contiene un análisis inferencial que explora el comportamiento de la violencia homicida contra la mujer, realizado por un equipo de expertos de Caracas Mi Convive.

Mujeres, niños, niñas y adolescentes: víctimas directas y colaterales

428 niños, niñas y adolescentes (NNA) quedaron huérfanos y huérfanas de padre o madre debido a la violencia homicida en Caracas. 158 NNA perdieron a sus padres a manos de la policía. Eso significa que cada semana, los cuerpos de seguridad dejaron un promedio de tres pequeños sin al menos uno de sus progenitores.

También sobre las mujeres recayó la violencia homicida en Caracas.  52 mujeres fueron asesinadas en 2020 y 17 de ellas fueron víctimas de femicidios.

El caso de Carla Ríos, asesinada por su expareja, destaca y muestra un patrón de impunidad que favorece a los víctimarios.

 

 

 

Los homicidios por “ajuste de cuentas”, por casos de balas perdidas y por robos, también figuran entre los móviles más frecuentes.

En Lara los cuerpos de seguridad son el principal victimario

 El estado Lara registró 125 casos de letalidad policial durante el año 2020, 62 % del total de 201 homicidios que se reportaron entre abril –cuando inició Monitor de Víctimas- y diciembre.

Lo contradictorio es que Lara es una de las entidades menos violentas de Venezuela. Ocupa el lugar 21 en la clasificación de los estados con más homicidios con una tasa de 26,5 por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en 2020.

 

Algunas recomendaciones

Con base al estudio de los datos y los casos, Monitor de Víctimas hizo algunas recomendaciones:

-El Ministerio Público debe emprender investigaciones oportunas y eficaces sobre los homicidios, en procura de brindar justicia a las víctimas y acabar con la impunidad en este delito.

-El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos. Además de prevenir los homicidios, brindar protección y reparación a las víctimas.

-La letalidad policial continúa como la primera causa de los homicidios en Caracas. Los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar y hacer cumplir el artículo 43 de la Constitución, sobre la inviolabilidad de la vida y la inexistencia de la pena de muerte.

-Urge poner fin a los casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones en sectores populares.

-Es necesario diseñar políticas de seguridad ciudadana que atiendan, corrijan y reviertan la delegación estatal de territorios a los actores armados no estatales, como megabandas y colectivos.

-Se deben implementar políticas efectivas de desarme y control de municiones.

-Se requiere la promoción de medidas cautelares de protección y atención psicosocial para los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos y huérfanas producto de la violencia homicida.

-El Estado debe procurar la reparación integral de daños causados a niños, niñas y adolescentes por acciones u omisiones de los funcionarios policiales o militares en el cumplimiento de sus obligaciones.

-Urge que el Estado invierta en un sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia como las casas de abrigo. Estas pueden brindar protección temporal a las mujeres víctimas de violencia y fomentar la denuncia.

 

Puede leer el informe completo aquí 

 

CLAVES | 12 datos sobre la vacuna china de Sinovac que llegará a Venezuela vía Covax
La vacuna se llama CoronaVac y fue desarrollada por la empresa biofarmaceútica Sinovac, con sede en Beijing
El esquema inicial recomendado es de dos dosis, pero nuevos estudios sugieren que podría ser necesario una tercera dosis de refuerzo

@mrsyaky

Las vacunas chinas  producidas por Sinovac y Sinopharm llegarán al país a través del sistema Covax de la Organización Panamericana de la Salud.

Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación de Emergencias y Reducción de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó el 28 de julio que el primer lote de estas vacunas estará en Venezuela entre julio y septiembre.

Ugarte no preció qué cuántas dosis llegarían, solo precisó que será «una cantidad significativa».

A continuación, explicaremos en detalles los datos científicos conocidos sobre Sinovac, uno de los fármacos chinos que se sumarán al plan de vacunación nacional.

Autorizada para uso de emergencia en junio de 2021

El fármaco de Sinovac fue la segunda vacuna china contra el COVID-19 en conseguir luz verde.

A principios de junio de 2021, la Organización Mundial de la Salud la autorizó para su uso de emergencia.

En un comunicado, la OMS dijo que la vacuna «cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación».

Actualmente, la vacuna está autorizada para su uso de emergencia en, al menos, 39 países, como lo revela este rastreador de vacunas de la Universidad de Munich.

 ¿Qué tipo de vacuna es?

La CoronaVac de Sinovac es una vacuna inactivada fabricada por la empresa biofarmaceútica Sinovac con sede en Beijing.

El fármaco utiliza una versión muerta del virus SARS -CoV-2.  Esto significa que parte del código genético del coronavirus se inyecta en el cuerpo, pero no todo el virus, sino una versión inactiva  para que no se puede replicar.

En concreto, se mantiene intacta la proteína del pico de la superficie del coronavirus para activar el sistema inmunológico del cuerpo y crear anticuerpos para la protección contra el virus vivo, en caso de que llegue a invadir el organismo vacunado.

Su  método de elaboración es similar al empleado en otras vacunas como las que se usan para prevenir la hepatitis A, la influenza y el enterovirus. 

De hecho, estas vacunas son fabricadas por la propia compañía Sinovac. 

Una de sus principales ventajas es que se puede almacenar en un refrigerador estándar a 2-8 grados Celsius. 

Efectividad de la vacuna de Sinovac

En un documento del  Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) de la OMS se asegura que la eficacia de CoronaVac para prevenir los casos de COVID-19 sintomáticos es de 51%.

Pero también aseguran que tiene una eficacia de 100% para evitar casos graves y hospitalizaciones en las poblaciones estudiadas, según la OMS.

¿Es segura?

El SAGE de la OMS, tras evaluar los datos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna, recomienda su administración a las personas de 18 años y más.

No obstante, advierte que disponen de pocos datos sobre la inocuidad de esta vacuna en personas mayores de 60 años, debido al reducido número de participantes en los ensayos clínicos.

«Los países que se planteen administrar esta vacuna a personas mayores de 60 años deben mantenerse vigilantes ante posibles efectos adversos», recomiendan.

¿Es eficaz contra las nuevas variantes de COVID-19?

Por lo pronto, la OMS solo dispone de los datos de un estudio observacional a profesionales de la salud realizado en Manaos (Brasil).

Para ese momento, 75% de las muestras de COVID-19 correspondían a la variante gamma o brasileña.

En esa población, la vacuna CoronaVac de Sinovac tuvo una eficacia estimada de 49,6%. Mientras que, para la variante P.2 (otra de las circulantes en Brasil) la eficacia de la vacuna fue del 49,6% tras administrar al menos una dosis y del 50,7% dos semanas después de la segunda dosis.

¿Sinovac protege contra la variante delta?

El pasado 15 de julio se difundieron los resultados de un estudio en Chile con esta vacuna.

El Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia de Chile realizó un ensayo clínico con 2. 000 participantes. Se concluyó que seis meses después de la administración de la segunda dosis, menos del 3% contrajo COVID-19.

Destacaron, además, que en una prueba in vitro para determinar su efectividad contra la variante delta mostró una reducción de cuatro veces en el efecto neutralizante.

Esto en comparación con el efecto que producía contra la cepa original del coronavirus que se halló a finales de 2019 en China.

¿Cuántas dosis de Sinovac se deben aplicar?

El SAGE de la OMS recomienda administrar dos dosis de 0,5 ml de esta vacuna por vía intramuscular, separadas por un intervalo de 2 a 4 semanas.

Advierten que, para lograr la eficacia prevista, se deben administrar ambas dosis a todas las personas vacunadas.

En el caso de que hayan pasado más de 4 semanas después de la primera dosis, la segunda se ha de administrar lo antes posible.

Cabe destacar que en el estudio que se realizó en Chile (mencionado antes) se concluyó que los niveles de anticuerpos  caían en los vacunados con Sinovac después de seis meses.

Por ello,  recomendaron la aplicación de una tercera “dosis de refuerzo”, para brindar una mejor protección contra las mutaciones del virus.

Justamente el pasado 27 de julio, la empresa biofarmaceútica  Sinovac Biotech, que produce la CoronaVac, anunció la preimpresión de un documento titulado Inmunogenicidad y seguridad de una tercera dosis y persistencia inmune de la vacuna CoronaVac en adultos sanos de 18 a 59 años: resultados provisionales de un ensayo clínico de fase 2 .

El estudio, disponible en Medrxiv, concluyó que un programa de dos dosis genera una buena memoria inmunológica, pero que administrar una tercera dosis 6-8 meses después de la segunda dosis indujo rápidamente una fuerte respuesta inmune.

«Los títulos de anticuerpos neutralizantes en el día 28 después de la tercera dosis aumentaron de tres a cinco veces más alto que el nivel registrado el día 28 después de la segunda dosis», reseña la nota de prensa de Sinovac.

Además, agregaron que los intervalos más largos entre la tercera dosis y la segunda dosis dan como resultado niveles más altos de anticuerpos.

¿Se puede usar inyectar en embarazadas?

La OMS indica que los datos disponibles en mujeres embarazadas son insuficientes para evaluar la eficacia de la vacuna o los posibles riesgos asociados a la vacuna durante el embarazo.

Sin embargo, añaden que al ser una vacuna inactivada con un adyuvante que se usa comúnmente en muchas otras vacunas con un perfil de seguridad bien documentado (como las vacunas contra la hepatitis B y el tétanos), se espera que su eficacia de la vacuna Sinovac-CoronaVac (COVID-19) en mujeres embarazadas sea comparable a la observada en mujeres no embarazadas de edad similar.

«Se esperan más estudios para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad en mujeres embarazadas», añaden.

¿La pueden recibir las mujeres que están amamantando?

 La OMS recomienda su uso tanto en mujeres lactantes como en otros adultos. La OMS no recomienda suspender la lactancia materna después de la vacunación.

¿Me puedo vacunar con Sinovac si tuve COVID-19?

Expertos de la OMS recalcan que se pueden vacunar las personas que hayan tenido COVID-19 en el pasado.

Los datos disponibles muestran que la reinfección sintomática es poco probable en estas personas hasta 6 meses después de la infección natural. 

En consecuencia,  recomiendan optar por retrasar la vacunación hasta más cerca del final de este período, especialmente cuando el suministro de vacunas es limitado.

«En entornos donde circulan variantes de preocupaciones con evidencia de escape inmunológico, puede ser aconsejable la inmunización más temprana después de la infección», añaden.

Efectos secundarios de la vacuna CoronaVac 

Los datos de ensayos clínicos de fase 1 y 2 para la vacuna, publicados el pasado mes de febrero en The Lancet, resumieron algunos de los efectos secundarios informados por los participantes del ensayo.

El más común reportado dentro de los 28 días de la segunda dosis fue dolor en el lugar de la inyección.

Otros efectos secundarios incluyeron fatiga, diarrea y dolor muscular.

La mayoría de estos efectos secundarios fueron leves y duraron solo 2 días.

Polémica por su uso en Indonesia

BBC Mundo reseñó el pasado 5 de julio que en Indonesia habían puesto en duda la eficacia de la CoronaVac, tras la muerte de, al menos, 20 médicos y 10 enfermeras a pesar de estar vacunados con dos dosis con este vial.

Un médico especialista en pulmones que consultó la BBC Mundo en Indonesia dijo que, un mes después de recibir las dos dosis de la vacuna, se hizo una prueba para verificar si tenía el nivel de anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad en su cuerpo.

«No tuvo ningún efecto. Esta vacuna no me generó anticuerpos. La hice de nuevo un mes después y obtuve los mismos resultados», declaró.

Esto sucedió antes de que la propia casa fabricante -Sinovac- revelara que los nuevos estudios llevados a cabo sugerirían la necesidad de usar una tercera dosis del fármaco para aumentar la inmunidad.

El infectólogo venezolano Julio Castro comentó en una transmisión en Instagram el pasado 25 de julio que la efectividad de las vacunas no se mide por la cantidad de anticuerpos tipo inmunoglobulina IGM e IGG que se hacen en los laboratorios.

«La inmunidad no se mide con anticuerpos en el caso específico de esta enfermedad, en algunas otras enfermedades sí se miden. No gaste ese dinero, no haga, esa inversión no tiene sentido ni valor hacerse esa prueba en laboratorios comunes ni de Venezuela ni del mundo», recomendó.

Hugo Chávez es un prócer de la historia venezolana y otras 6 perlas de Maduro el #29Jul

Nicolás Maduro encabezó el 29 de julio una jornada de Jueves Productivo “Patria Productiva”.

A continuación, las 7 perlas que soltó durante su intervención:

«Ningún sector de la derecha tiene un proyecto de país como lo tiene la Revolución Bolivariana».

«Estamos de pie y victoriosos porque planificamos y confrontamos ideas».

«Creo en todos los productores de Venezuela y mi llamado ha sido a ustedes para unir fuerzas y hacer reverdecer nuestra Patria con amor y trabajo».

«Hugo Chávez trascendió la historia, es un prócer de la historia venezolana y de la independencia del siglo XXI, amado por los pueblos del mundo».

A Delcy Rodríguez: «Le pido que usted conduzca personalmente a la banca pública y convoque a la banca privada y multipliquen los créditos, el financiamiento, en las condiciones más leves para todos los productores de alimentos del país, para la agroindustria, productores primarios».

«Vamos a utilizar todas las criptomonedas del mundo, ya Venezuela tiene 3 años trabajando con las criptomonedas, tenemos nuestra moneda nacional, el bolívar, y vamos a tomar medidas par fortalecerla en el segundo semestre».

«Venid todos los empresarios que amen a Venezuela, venid todos los empresarios que quieran producir y desarrollar la capacidad de las fuerzas productivas».

El rayo madurizador amenaza con arreciar en las redes sociales
En noviembre del año 2017, Maduro aseguró que los dueños de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter lo tienen vetado
«Es más fácil dicho que hecho, especialmente si se quiere regular cómo funcionan las redes sociales, que es lo que tratan de dar a entender», declaró Andrés Azpúrua, director de VE Inteligente

@Andrea_GP21 – Foto: EFE/Rayner Peña

Nicolás Maduro sugirió a la Asamblea Nacional (AN) oficialista este miércoles, 28 de julio, aplicar “regulaciones bien estrictas” a las redes sociales, en las reformas que están discutiendo sobre la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte).

Durante una intervención que tuvo en el programa Con El Mazo Dando, que transmite VTV, Maduro expresó: “En la ley Resorte perfectamente entran regulaciones bien estrictas para que esas empresas trasnacionales, que abusan de los pueblos, tengan que cumplir estrictamente con esas regulaciones».

A juicio de Maduro, en el mundo existen regulaciones en las redes sociales que son «mucho más severas» de las que el chavismo espera aplicar en Venezuela.

“Les toca a ustedes tomar cartas en el asunto, estudiar la legislación, la proyección y el patrimonio que hay en el mundo. Van a decir que como somos una dictadura, vamos a poner regulaciones”, dijo.

 

Este nuevo exhorto de Maduro llegó luego de que se conociera la suspensión de la cuenta de Twitter de Con El Mazo Dando (@ConElMazoDando).

Al ingresar al perfil,  aparece un mensaje que informa que la cuenta se suspendió por incumplir las reglas de Twitter.

«Suspendieron la cuenta del Con el Mazo Dando. ¿Qué habremos hecho? Si ya estamos sancionados por la UE. ¿Nos va a frenar eso? No nos conocen. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana», advirtió Diosdado Cabello en la emisión del programa.

Cuenta de Con El Mazo Dando suspendida – Foto: Captura de pantalla

Posibilidad e implicaciones

En conversación con Runrun.es, Andrés Azpúrua, director de VE Inteligente, organización que lidera proyectos como VE sin Filtro y Conexión Segura, reiteró que no es la primera vez que en Venezuela se habla de aplicar regulaciones a las redes sociales.

«Es más fácil dicho que hecho, especialmente si se quiere regular cómo funcionan las redes sociales, que es lo que tratan de dar a entender», detalló Azpúrua a este medio.

Asimismo, consideró que a la administración de Maduro «se le hace muy difícil» presionar a empresas como Twitter y Facebook, que no están en Venezuela, para «operar bajo las leyes o normas venezolanas, cuando estas están sujetas a las normas de los países donde sí están establecidas».

«En parte, por estos estas razones, el gobierno nunca termina de decir cómo quieren regular las redes sociales», añadió.

 

En tal sentido, señaló que este tipo de acciones representan un riesgo para los ciudadanos, «porque lo que sí pueden hacer es darle justificación y expandir a algo que ya está ocurriendo, que es consecuencia, legales o no, por el ejercicio legítimo de nuestras libertades al usar RRSS».

Una amenaza recurrente

En noviembre del año 2017, Maduro aseguró que los dueños de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, lo tenían vetado.

Durante una jornada de trabajo realizada en Fuerte Tiuna, Maduro expresó en ese momento: «Me tienen vetado de las redes sociales», dijo.

En aquella oportunidad, también aseguró que plataformas digitales como Twitter y Facebook le tiene prohibido pagar publicidad para desmentir una supuesta campaña internacional que había contra su administración.

Asimismo, indicó que al menos 80% de los venezolanos poseen alguna cuenta en una de estas plataformas, por lo que reprochó que a los funcionarios de su administración y a su persona no se les permita utilizar estas redes como a cualquier persona.

Por otra parte, el 30 de marzo de 2021, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, dijo que presentaría ante la AN oficialista una propuesta para regular las redes sociales.

“En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso, vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”, dijo Ñáñez en declaraciones a Telesur.

Este anuncio llegó luego de que Facebook bloquease la cuenta oficial de Maduro por publicar información falsa sobre la COVID-19.

Según Ñáñez, estas modificaciones pretenden “blindar” la libertad de expresión de Maduro y de los ciudadanos que, a su juicio, ahora no tienen acceso a “información veraz” del gobernante en la red social.

Venezuela, uno de los países menos libres

En su informe más reciente publicado en marzo de 2021, Freedom House, ONG con sede en Washington DC que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, incluyó a Venezuela entre los países menos libres.

De acuerdo con el texto, Venezuela ha disminuido 40 puntos dentro del conteo de la ONG en los últimos 15 años.

Pese a que surgió alguna esperanza en 2019 cuanto el opositor Juan Guaidó asumió la presidencia interina y de la Asamblea Nacional, en el año 2020, Maduro recuperó la ventaja. 

«A pesar del boicot de la oposición, se llevaron a cabo elecciones de la Asamblea Nacional fuertemente controladas, creando un nuevo organismo con una mayoría del partido gobernante. La vieja legislatura liderada por la oposición se mantuvo en un estado debilitado», señala el texto.

Tomando en cuenta todos estos aspectos y los anuncios de Maduro, a juicio de Andrés Azpúrua, «no se debe aceptar ninguna regulación que vulnere los derechos a la libertad de expresión, información, asociación ni la privacidad de los usuarios».

El club de países que violan la libertad de Internet

Freedom on the Net, que evalúa la libertad de Internet en 65 países de todo el mundo, informó que la pandemia de COVID-19, «está acelerando un dramático declive en la libertad global de Internet».

Por décimo año consecutivo, los usuarios han experimentado un deterioro generalizado de sus derechos y el fenómeno está contribuyendo a una crisis más amplia de la democracia en todo el mundo.

El informe señala al régimen de China como el pionero en este campo y «el peor abusador mundial de la libertad de Internet por sexto año consecutivo«.

Precisa que el régimen comunista ha bloqueado por mucho tiempo los servicios extranjeros populares y la «infraestructura técnica centralizada para permitir el control y filtrado generalizados de todo el tráfico que ingresa al país».

Por otra parte, denunciaron que  autoridades rusas aprobaron una legislación para aislar al país de Internet internacional durante emergencias nacionales.

También, refieren que el puntaje de libertad de Internet de Myanmar se redujo en cinco puntos, ya que un apagón de Internet que ordenó el gobierno dejó al menos a 1,4 millones de personas casi sin acceso continuo desde junio de 2019.

Por su parte, de acuerdo con el informe, el gobierno de Irán limitó las conexiones para ocultar la respuesta violenta de la policía a las protestas masivas a fines de 2019.

De acuerdo con el informe, cuando la disidencia política y organizaciones cívicas se desbordan del ámbito en redes sociales en ciudades como Minsk, Jartum y Caracas, «los dictadores cierran las redes para sofocar cualquier llamado a una mayor democracia y derechos humanos».

Otro país que recurrió al bloqueo del internet y las redes sociales recientemente en el marco de una crisis política fue Cuba.

Desde el 11 de julio (fecha en la que estallaron históricas protestas contra el régimen cubano) y hasta el 14 del mismo mes el servicio de internet móvil quedó interrumpido

Después de esa fecha, aún hay dificultades constantes para acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea con datos móviles como Whatsapp.

La periodista y activista Yoani Sánchez denunció el pasado 26 de julio un nuevo «apagón» en el internet de Cuba, en un contexto de la muerte de cinco generales en nueve días. 

Mientras que en Venezuela, los bloqueos selectivos a páginas web informativas, servicios de streaming  y redes sociales en momentos de alta tensión política no son de extrañar.

Es constante ver reportes de bloqueos de las redes, Youtube y otras páginas en días de noticias políticas impactantes, o cuando el líder de la AN opositora del 2015,  Juan Guaidó, transmite sus discursos en streaming.

El pasado 4 de junio de 2021, la organización VE sin filtro, documentó un «aumento importante en bloqueos de internet» contra medios de comunicación.

En el texto, calificaron este hecho como «otro ataque contra la libertad de información y el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital».

Al respecto, precisaron que los nuevos bloqueos afectaron a sitios que antes habían sido bloqueados como  La Patilla y Caraota Digital, Alberto News.

Acotaron que el régimen ha recurrido al bloqueo de dominios alternativos de estos y otros medios y que sus tentáculos de censura se han expandido.

«No sólo han bloqueado los sitios web de medios no afiliados con el Gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos años, también han bloqueado plataformas de multimedia, de streaming y redes sociales en aras de limitar el acceso a las noticias», advirtieron. 

La organización comparte constantemente alternativas a los ciudadanos para evadir los bloqueos del régimen al internet.

En el marco de esta ola de bloqueos, el gobierno de Maduro también ha restringido el acceso a sitios pornográficos, lo que el periodista y ciberactivista, Luis Carlos Díaz, calificó el pasado mes de abril como un tema de censura importante «tanto por el conservadurismo, como por la discrecionalidad».

*Puede leer el informe completo de Freedom on the Net aquí