Yakary Prado, autor en Runrun

Yakary Prado

Convite: Soledad de adultos mayores los hace más vulnerables a robos y muertes violentas
Al menos 300 adultos mayores murieron de forma violenta en el año 2022 según un informe de Convite. El robo sigue siendo el principal móvil, y ocurre casi siempre dentro de las residencias de las víctimas
Convite alerta que las personas mayores terminan afrontando inseguridad económica, ruptura de vínculos familiares y abandono, lo que los expone a situaciones de mayor vulnerabilidad
Las muertes violentas de adultos mayores a manos de parientes, vecinos o amigos,  «ponen en evidencia el deterioro del tejido familiar, social y de convivencia que se exacerba en una situación de crisis económica aguda y de privaciones de todo tipo»

Foto: Convite

 

Convite difundió el 29 de mayo un informe sobre las muertes violentas de adultos mayores ocurridas entre julio y diciembre del año 2022 en Venezuela.

Los datos del informe fueron recogidos, registrados y documentados a partir de la información hemerográfica de la sección de sucesos de 63 
portales de noticias digitales con cobertura nacional, regional y local.

De acuerdo con estos datos entre julio y diciembre de 2022 se registraron 164 muertes violentas de adultos mayores. El robo sigue siendo el principal móvil de estas muertes violentas y, en su mayoría, las muertes sucedieron en la vivienda de la propia víctima.

En total, en todo el año 2022 se reportaron (300) muertes violentas de adultos mayores, 45,3% en el primer semestre del año y 54,7% en el segundo
semestre. 

La soledad los hace más vulnerables

En casi 40% de las muertes violentas que contabilizó Convite los adultos mayores fueron asesinados para robarles sus pertenencias, en la mayoría de los casos, dentro de sus residencias.

A juicio de Convite, las personas mayores terminan afrontando inseguridad económica, ruptura de vínculos familiares y abandono, lo que los expone a situaciones de mayor vulnerabilidad.

«Ello parte del preocupante panorama por el que atraviesa el país, por lo que es urgente que los organismos e instituciones públicas avancen en estructurar acciones de políticas públicas dirigidas a proteger a este grupo etario«, instan. 

Hombres mayores, más expuestos a muertes violentas

El 72% (118) de las muertes violentas registradas en el período de julio a diciembre de 2022 fueron de hombres  mayores de 60 años, mientras que el 28 % de las víctimas eran mujeres mayores de 55 años (46).

«La mediana de la edad de las personas mayores que encontraron la muerte víctimas de la violencia fue de 66 años. El 66% de las personas mayores que perdieron su vida en forma violenta se encuentra en el rango de edad que va desde los 60 a los 70 años», describe el informe.

Le siguen las personas mayores con edades entre 71 y 80 años (23%), mientras que 6% de las muertes violentas corresponde al rango de 81 y 90 años.

Por su parte, hubo 7 mujeres entre 55 y 59 años (10%) que perdieron la vida de forma violenta.

Victimarios con parentesco o relación con las víctimas

18 de los victimarios de adultos mayores en el período analizado tenían alguna conexión, relación o parentesco directo con las víctimas. La mayoría de estos fueron identificados y capturados.

En este grupo figuran hijos, nietos, hermanos, sobrinos, vecinos, amigos, conocidos y en menor medida, esposos y parejas.

Siete de los adultos mayores perdieron la vida a manos de sus propios hijos, hijas o nietos. En tres de los casos, los victimarios fueron hermanos(as), sobrinos(as) y otros familiares.

Convite

En siete casos los victimarios fueron vecinos, amigos y conocidos. En un solo caso el agresor fue la pareja/esposo de la víctima.

«En estos crímenes el móvil principal fue el robo (5), y ocho(8) de las muertes sucedieron en medio de discusiones y riñas», se lee en el informe. 

A juicio de Convite, «estas muertes violentas ponen en evidencia el deterioro del tejido familiar, social y de convivencia que se exacerba en una situación de crisis económica aguda y de privaciones de todo tipo».

Muertes responsabilidad del Estado

La investigación concluyó que cuatro muertes pueden ser responsabilidad directa del Estado, bien sea por «acción, omisión o consentimiento, directo o incitado».

«Esta distinción se hace porque la protección de la vida de todas las personas -y en especial de los grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas mayores- es una obligación ineludible del Estado tal y como lo establecen las diferentes convenciones, tratados y acuerdos internacionales, proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Estas muertes expresan diferentes formas de violación al derecho a la vida, a la provisión de medios necesarios para evitar muertes no naturales o tempranas, de ausencia de acciones y de políticas públicas dirigidas a la protección de la vida de las personas mayores ante las amenazas de una muerte temprana, negándoles las posibilidades de medios y recursos de asistencia médica, social y económica oportuna», abundan.

Muertes por descuido, negligencia o impericia  y otros tipos de muertes

El reporte de Convite registró 23 fallecimientos violentos por estas causas. La causa más frecuente entre este tipo de muerte violenta en adultos mayores es el arrollamiento. 

En lo que respecta a otro tipo de muertes violentas destacan en primer lugar los accidentes (vehiculares y domésticos) que ocasionaron la muerte de 44 adultos mayores.

La segunda causa de otros tipos de muerte violenta en personas mayores es el suicidio. 18 adultos mayores tomaron la decisión que quitarse la vida, un 27% del total registrado de muertes violentas de personas mayores.

Un total de 16 hombres y 2 mujeres (adultos mayores) decidieron poner fin a sus vidas de una forma violenta.

Aragua, el estado con más muertes violentas

Aragua fue el estado con la cifra más alta de muertes violentas (14%). El 26% del total de estas muertes se concentró en tres entidades federales:
Lara (9,8%), Falcón (8,5%) y Carabobo (7,3%).

Mientras que 38% se distribuyó entre 6 entidades federales con cifras muy parecidas entre si: Mérida y Trujillo con 6,7%, Anzoátegui, Miranda, Táchira y Zulia con 6,1%.

El 16% de las muertes violentas de personas mayores se registró en 3 estados (Bolívar con 7 muertes, Monagas con 6 y Portuguesa con 5) y en el Área Metropolitana de Caracas,  con 8 muertes.

El Bus TV recibió premio Sophie Scholl 2023 por su compromiso cívico con la democracia
El Bus TV tiene seis años haciendo periodismo hiperlocal, offline y de servicio en regiones y comunidades del país y la Embajada de Alemania en Venezuela reconoció con el premio Sophie Scholl 2023 su compromiso cívico por la democracia
A través de noticieros de autobús, en las ventanas y papelógrafos, El Bus TV hace periodismo que «sale a las calles y  mira a los ojos de sus audiencias» 
Laura Helena Castillo, cofundadora y directora de El Bus TV, destacó que, a pesar de que los jóvenes venezolanos están «desconcertados» por las incertidumbres de su cotidianidad, «han asumido con un entusiasmo conmovedor el deber de hacer periodismo sin intermediarios en sus comunidades»

 

El Bus TV, medio de comunicación independiente que nació en mayo de 2017, recibió este 30 de mayo el premio Sophie Scholl 2023 de la Embajada de Alemania en Venezuela, que reconoce el compromiso cívico y valores democráticos. 

El premio busca reconocer y acompañar a instituciones o personas que a través de su compromiso y labores contribuyan al fortalecimiento de la democracia y de los valores que la sostienen.  Lleva el nombre de la activista social Sophie Scholl, quien junto a su hermano Hans formó parte del movimiento pacífico  la «Rosa Blanca» -que ejerció una resistencia no violenta contra el totalitarismo nazi- hasta el momento de su detención y ejecución, cuando tenía apenas 21 años.

 

En su cuenta en Twitter, El Bus TV  agradeció tanto este reconocimiento como todo el apoyo recibido en estos años en los que se han dedicado a informar a regiones y comunidades, en un ejercicio por vencer la censura en Venezuela tras el cierre de medios de comunicación impresos y estaciones radiales. 

«Nos alegra que el periodismo hiperlocal, offline y de servicio sea considerado como una vía para garantizar derechos ciudadanos. Agradecemos a nuestros aliados por el apoyo, especialmente a los reporteros de las regiones y comunidades del país adonde llevamos información. Este premio es la representación del trabajo y compromiso periodístico de seis años», escribieron en un par de trinos. 

Un periodismo que mira a los ojos a sus audiencias

Durante la entrega del premio Laura Helena Castillo, cofundadora y directora de El Bus TV, reconoció el trabajo de 60 personas en 9 estados del país que forman parte del medio y narró sus recientes experiencias con jóvenes en el estado Mérida, quienes formaron parte del primer programa «formativo y callejero» de El Bus TV  llamado «Periodismo 0 Kilómetros».

Destacó que, a pesar de que los jóvenes venezolanos están «desconcertados» por las incertidumbres de su cotidianidad, «han asumido con un entusiasmo conmovedor el deber de hacer periodismo sin intermediarios en sus comunidades».

«En la carta que recibimos anunciando el premio Sophie Scholl se expresaba que El Bus TV encarna el compromiso de Sophie Scholl. La realidad es que ese compromiso está en cada uno de los reporteros que ponen su cara, su cuerpo y su deber periodístico en la calle, en cada noticiero de autobús, papelógrafo y noticieros de las ventanas. Ellos son los verdaderos portadores de las rosas blancas», expresó Castillo.

En su discurso, resaltó de igual forma que el periodismo de El Bus TV «sale a las calles y mira a los ojos de sus audiencias» para informarles no solo sobre servicios hiperlocales,  sino también sobre corrupción y violación de derechos humanos.

«Eso en un país en donde el riesgo de mostrarse es trágicamente real es la más grande muestra de valor en defensa del derecho a la información, un derecho humano vulnerado a diario en Venezuela», remarcó. 

ONG a Lula: Las graves violaciones de DDHH en Venezuela no son una narrativa
Voceros de HRW, Provea y Wola, así como dirigentes políticos, criticaron el comentario de Lula, quien afirmó que el autoritarismo en Venezuela y la falta de democracia forman parte de narrativas «construidas»
«El autoritarismo en Venezuela no es una ‘narrativa construida’. Es una realidad incuestionable», refutó a Lula Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas
Provea respondió a Lula que no hay una «narrativa construida» sobre Venezuela, sino un «plan sistemático contra la población civil y disidente, alertado por la ONU». La ONG exigió  respeto para todas las víctimas
La presidente de WOLA, Carolina Jiménez Sandoval, le recordó a Lula que las «graves violaciones» a DDHH, «el dolor de las víctimas» y la investigación a Venezuela en la CPI «no son una narrativa»

 

HRW, otras ONG y personalidades políticas condenaron este 29 de mayo el comentario del presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien opinó que el autoritarismo en Venezuela y la falta de democracia forman parte de narrativas «construidas».

Durante un encuentro con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien llegó a Brasil la noche del 28 de mayo, Lula instó a su aliado político a «deconstruir» la «narrativa» del autoritarismo en Venezuela. 

«Ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido al respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa ustedes la tienen que deconstruir, mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión», expresó Lula. 

 

«Como con Ucrania, Lula debería entender que si quiere que Brasil tenga un rol de liderazgo frente a Venezuela debe empezar por un diagnóstico acertado —y no falseado— de la realidad. El autoritarismo en Venezuela no es una ‘narrativa construida’. Es una realidad incuestionable», escribió en su cuenta en Twitter Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

 

También a través de un trino la ONG Provea recordó a Lula que recientemente, unas 8.900 víctimas apoyaron «abrumadoramente» la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad Venezuela I en la Corte Penal Internacional.

«No es una ‘narrativa construida’, es parte de un plan sistemático contra la población civil y disidente, alertado por la ONU. Pedimos respeto a todas las víctimas, quienes merecen justicia y reparación que el Estado venezolano no da», exigieron. 

Provea agregó que las víctimas de crímenes de lesa humanidad no son víctimas de una “narrativa construida”, sino de «hechos que pueden ser evidencias para los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I sobre el caso Venezuela».

Mientras que la presidente de la  Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez Sandoval, le recordó a Lula que las «graves violaciones» a DDHH, «el dolor de las víctimas» y la apertura de la investigación a Venezuela por parte de la CPI no son una «narrativa».

«Venezuela quiere volver a la democracia. Eso se logra con verdad y justicia», remarcó. 

«El padrino de Maduro»

Personalidades del mundo político también rechazaron los comentarios del mandatario brasileño-

El expresidente boliviano Jorge Quiroga lamentó que Lula, presidente del país al que considera «hermano mayor» de la región, ofreciera territorio de Ucrania a Rusia y luego «abrazara al tirano de Venezuela, sosteniendo que solo tiene un problema de «narrativa».

«Pena ver a Lula como hijo de Putin y padrino de Maduro», expresó.

Por su parte, Juan Guaidó -expresidente interino de Venezuela y a quien Lula volvió a calificar en sus declaraciones como un «impostor»- también rechazó que «por nexos  ideológicos y económicos» Lula se preste para «revictimizar» al pueblo venezolano «al negar el carácter dictatorial de Maduro».

«Olvida a los asesinados, a las víctimas, la destrucción del Amazonas y a los millones de migrantes. Actitudes negacionistas de jefes de estado son aval para que individuos como Maduro sigan actuando con impunidad», denunció. 
La sombra venció en el primer round de los comicios de la UCV
El entusiasmo y la masiva y temprana asistencia de la comunidad ucevista se apagó mientras pasaban las horas, creían las colas y no llegaba el material de votación.
La Comisión Electoral alegó que la lluvia mojó los tarjetones especiales usados en el proceso. Los votos serían contabilizados con lectoras ópticas
«Otra frustración electoral más», era la expresión común entre estudiantes, profesores y egresados que acudieron a votar y se fueron sin poder hacerlo
«Los tarjetones de los egresados nunca llegaron, solamente llegaron los de estudiantes y los de los docentes llegaron a la mitad. Solo estaban votando estudiantes, personal administrativo y obreros», reveló una miembro de mesa de la Facultad de Medicina

 

Tras horas de retrasos por insuficientes boletas electorales y otros problemas técnicos, la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció a las 2: 30 p.m. del 26 de mayo la suspensión del proceso electoral para la renovación de 293 cargos, entre ellos, las cuatro autoridades rectorales, decanos de las 11 facultades y representantes profesorales ante el consejo universitario, de apelaciones, de facultad y de las escuelas. 

Aunque cerca de la 1:00 p.m. el presidente de la Comisión Electoral de la UCV, Carlos Alberto Martín, había dicho en rueda de prensa que «tarde o temprano» podrían subsanar los problemas presentados y que la suspensión estaba descartada,  una hora después se anunciaba lo contrario.

Sobre las fallas en el proceso, la Comisión Electoral dijo que debido a las recientes lluvias  un lote de boletas electorales resultó afectado. El 25 de mayo, en su cuenta en Twitter, compartieron un video donde se observa la cantidad de agua por filtraciones y goteras que estaba entrando al área en donde almacenaban material electoral.

La UCV optó por sistema híbrido de voto manual: el conteo se haría con lectoras ópticas propiedad de la UCV, que estuvieron sin usarse por más de diez años y en las que se invirtieron miles de dólares para su actualización. Los tarjetones electorales son especiales para que puedan ser leídos por dichos equipos y no se pueden imprimir dentro de la casa de estudios. Por sus características específicas, la humedad afectó un número de boletas que no fue especificado.  

El presidente de la comisión también alegó que estuvieron sin internet durante la última semana y que estaban trabajando con un grupo reducido en la comisión: De once personas, solo estaban trabajando cinco, «día y noche, y están agotados».  Todo ello habría interferido, según refirió, en la provisión del material electoral necesario.

En un video que se difundió en redes sociales, y antes de reunirse con tres de los candidatos a rectores, el presidente de la Comisión Electoral se refirió a las irregularidades que se estaban presentando.

«No sé si pensar si esto es un saboteo, pero todo está saliendo mal», expresaba Carlos Martín.

En declaraciones al medio aliado El Pitazo, uno de los candidatos a rector, Enrique López Loyo, relató otras irregularidades en el proceso.

«Los cotillones no llegaron a tiempo, había deterioro,  desorganización en su distribución, lo cual generaba que este proceso no tuviese ni las capacidades técnicas ni la capacidad de generar la confianza para dar una igualdad en la participación de las personas (…) No había otra opción hoy que suspender para garantizar el derecho a participar a toda la comunidad universitaria», comentó.

 

Los tarjetones para los profesores no llegaban

Hasta las 1:00 p.m. del 26 de mayo, cerca del 50% de las mesas profesorales de la UCV no habían sido abiertas, en un proceso en el que la participación electoral del profesorado es determinante.  La situación fue especialmente sensible en facultades como la de Medicina, Odontología y la de Humanidades y Educación. A esta última solo llegaron hasta el mediodía de la jornada unas 50 boletas para que sufragaran los profesores jubilados. 

Jesús Mendoza Morales, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, destacaba que el voto profesoral era la base del conteo y estaba severamente obstaculizado. «Sin el voto profesoral no hacemos nada», insistía a la 1:00 p.m. del 26 de mayo.  Y es que por primera vez en la historia de la UCV, para estos comicios se amplió el padrón electoral y se permitió el voto de empleados administrativos y obreros. Pero aún así, los porcentajes asignados a estudiantes regulares (25%), egresados (5%), administrativo y obrero (10%) se calculaban sobre la base de los profesores que sufragaran en este proceso. 

Tensión en el decanato de Medicina

A pocos minutos de conocerse el anuncio de la suspensión de las votaciones, estudiantes y egresados protestaron frente al Decanato de Medicina para exigir respuestas sobre las fallas que hicieron fracasar la convocatoria.

Un grupo de ellos incluso irrumpió en la sala donde estaba reunida la Comisión Electoral junto al Consejo Universitario para exigir respuestas y una nueva fecha de elección. 

En medio del acalorado debate, hubo ánimos exaltados y un grupo de estudiantes pidió la renuncia de la actual rectora, Cecilia García Arocha. «¿Y dónde están, que no se ven, las boletas de la UCV», cantaban.

«Otra frustración electoral más»

En la jornada fueron comunes los reclamos y exigencias entre quienes aguardaban horas sin poder votar. Algunos abortaron la misión después del mediodía. La tensión fue creciendo entre quienes quedaban en la cola, hasta que  les bajaron repentinamente la «santamaría» con el anuncio de la suspensión de la votación.

En este último grupo se encontraba Gabriel Almeida, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas, quien estuvo a solo diez personas de sufragar cuando se acabaron las papeletas de votación. Esperó en cola desde muy tempranas horas de la mañana del viernes, con dos trasnochos encima por estar en semana de parciales. 

«Estoy cansado, decepcionado y frustrado. Era el primer voto de toda mi vida», comentó a este medio.

Alba de Guevara, egresada de la Facultad de Medicina (Radiología),  estuvo también desde muy temprano en cola, en un ambiente según narra «de cordialidad, entusiasmo y grandes expectativas» entre sus compañeros, pues la máxima casa de estudios tenía 14 años sin acudir a las urnas para la renovación sus autoridades. 

«Había muchos médicos,  el entusiasmo era grande, todos estaban dispuestos a permanecer allí el tiempo que fuera necesario. Y destaco que la mayoría que estaban presentes eran adultos mayores. Un candidato a rector pasó a saludarnos. No podemos entender cómo no se organizó de mejor manera un proceso que se anticipaba, iba a ser masivo«, expresó

Un profesor de la Facultad de Humanidades y Educación, quien optó por mantener su nombre bajo reserva, lamentó salir de la universidad con «otra frustración electoral» a cuestas.

«Nos tuvimos que sacudir el escepticismo respecto a las elecciones en Venezuela, en las que nos madrugaban durante horas para luego presentarnos una tendencia ‘irreversible’ y desfavorable para las aspiraciones del país, para reconectar con el entusiasmo y venir a votar a la casa que nos formó y en la que prestamos la ‘labor social’ de educar, porque no se le puede llamar trabajo a lo que hacemos en condiciones tan precarias de remuneración. ¿Y qué nos quedó? Cargar a cuestas con otra  frustración electoral más. ¿Quién responde por esta situación?», preguntó, tras retirarse molesto del recinto universitario después de varias horas de cola. 

Por otra parte, miembros de las mesas contaron que recibieron muy pocas boletas electorales.  

«Los tarjetones de los egresados nunca llegaron, solamente llegaron los de estudiantes y los de los docentes llegaron a la mitad. Solo estaban votando estudiantes, personal administrativo y obreros», reveló una miembro de mesa de la Facultad de Medicina

¿Cuándo se celebrará el proceso?

La Comisión Electoral propuso celebrar las elecciones el próximo 9 de junio, fecha que será analizada en Consejo Universitario para formalizar próximamente una nueva convocatoria.

Por su parte, en un trino, la Comisión Electoral de la UCV pidió «investigar» los inconvenientes que llevaron a diferir el proceso.

«Hemos realizado y organizado, pese a las sentencias del TSJ, 5 procesos electorales, sin mayores inconvenientes. Lamentablemente por circunstancias que deben ser investigadas, el proceso electoral de hoy no pudo llevarse a acabo dentro de las formas establecidas», se lee en el mensaje. 

Los derechos digitales en Venezuela están fuera de línea
Bloqueos a portales de noticias, discursos estigmatizantes contra periodistas y medios a través de redes, suspensión de cuentas informativas y ataques a servidores de medios y violaciones a la privacidad son una constante en Venezuela, según un informe de Ipys Venezuela

Imagen original cortesía Ipys

 

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela  (Ipys Venezuela) presentó el pasado 24 de mayo su informe «Derechos fuera de línea», en el que se constató el bloqueo de 40 medios digitales, las dificultades de la población para acceder al internet y la censura y persecución digital contra medios independientes y periodistas.

«Estas medidas demuestran la persistencia de la política oficial de controlar el flujo de información», denunció Ipys Venezuela. 

Las restricciones a los medios digitales, en su mayoría independientes, fueron aplicadas por los principales proveedores de Internet en el país, como Cantv, Movistar y Digitel.

Un caso destacado de bloqueo ocurrió con el aplicado al sitio web de El Nacional.  Esta medida se implementó después de que los tribunales venezolanos le adjudicaron la sede del diario al diputado oficialista Diosdado Cabello, como parte de una sentencia por una demanda de «daño moral» interpuesta en abril de 2015.

Por otra parte, el trabajo reveló que las principales denuncias de ataques y restricciones en internet el año pasado fueron principalmente por bloqueos a portales de noticias,  discursos estigmatizantes contra periodistas y  medios a través de las redes sociales, la suspensión de cuentas informativas, los ataques a los servidores de medios de comunicación y casos por violaciones a la privacidad.

A continuación, un resumen con los hallazgos clave de la investigación.

59 violaciones a derechos digitales en 2022

En la lista de la investigación de Ipys, figuran los siguientes eventos:

  • El cierre y la suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales : 8
  • Bloqueo selectivo de sitios web : 40
  • Ataques de denegación de servicio (DDoS): 4
  • Hackeos: 2
  • Suplantación de identidad: 2
  • Doxing (divulgación en línea de información personal de un periodista): 1
  • Acceso ilícito a medios o soportes digitales:  1
  • Phishing: 1.

Ciberataques para censurar

Esta fue otra manifestación de acciones «coercitivas» contra los medios independientes y consiste en hacer que queden inaccesibles de forma temporal, debido a ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS).

Ipys contabilizó cuatro casos en 2022: El 9 de febrero contra el medio aliado TalCual, que denunció que su sitio web estaba siendo afectado por este tipo de vulneración después de registrar un número inusual de solicitudes, principalmente provenientes de IPs de Cantv.

Otro evento de esta naturaleza fue contra el portal  The Freedom Post,  después de la publicación de un trabajo informativo sobre la empresa de limpieza reputacional Eliminalia. Las solicitudes de acceso al sitio, provenientes de Brasil, Polonia, Rusia e  Indonesia alcanzaron un máximo de 16 millones en una hora.

El tercer caso ocurrió en abril. Atilio Yánez, director de La Mañana Digital, explicó que hicieron colapsar el portal con  solicitudes de acceso provenientes principalmente de Estados Unidos. Después de 48 horas lograron recuperarse, pero a finales del mismo mes repitieron el ataque y el sitio web se cayó por completo. 

El último de estos ataques DDoS se registró en septiembre contra el medio digital Alberto News, cuyo equipo técnico confirmó haber recibido más de 950.000 solicitudes de acceso al dominio, que provenían de IPs de Cantv.

Runrun.es entre los medios afectados por «censura selectiva»

La investigación recopiló episodios de censura selectiva en varios portales de noticias, entre los que se encuentra nuestro sitio web.

Adicional a Runrun.es, los medios afectados de esta forma fueron  Al Navío, Alberto News, Aporrea, Armando.Info, Caraota Digital,
Correo del Caroní, Correo del Orinoco, Crónica Uno, Diario 2001, Dolartoday, Efecto Cocuyo, El Cooperante, El Nacional, El Pitazo, El Tiempo de Colombia, El Universal, EVTV, Globovisión, Infobae, Infodio, La Mañana, La Patilla, Maduradas, Minuto 30, Monitoreamos, Noticia al Día, Noticia y Punto, Noticias de Venezuela, Noticiero Digital, NTN24, Primer Informe, Punto de Corte, Runrunes, Sumarium, Su Noticiero, Telesur Libre, Venezuela al Día, Vivo Play y VPI TV.

Asedio y criminalizaciónen redes

El amedrentamiento y criminalización del periodismo a través de las redes sociales estuvo a la orden del día en 2022. 

De acuerdo con los registros de Ipys Venezuela  se documentaron casos de discurso estigmatizante en línea dirigidos a 22 trabajadores de la prensa, 10 medios de comunicación, seis defensores de derechos humanos y cuatro organizaciones no gubernamentales.

«Los responsables de estos ataques incluyen simpatizantes del gobierno y funcionarios públicos, quienes utilizaron insultos, descalificaciones, campañas sistemáticas de desprestigio y desinformación, así como acusaciones de criminalización que incitaron al uso de sanciones y procesos judiciales para debilitar la independencia, la diversidad y la calidad informativa», reza el informe. 

Ciudadanos desconectados

El informe de Ipys destaca que la mayor parte de la población venezolana sigue padeciendo dificultades para acceder a servicios de Internet de calidad, a causa de  «frecuentes interrupciones y deficiencias en la velocidad de las conexiones, fijas y móviles, por la infraestructura eléctrica y de
telecomunicaciones deteriorada y vandalizada».

En 2022 se contabilizaron 259 denuncias de eventos de desconexión principalmente desde las empresas Cantv, Movistar y Digitel por fallas frecuentes en el funcionamiento de las antenas de estos proveedores.

Los hechos comprendieron 156 restricciones por razones desconocidas, 63 por apagones, 35 por cortes de fibra óptica, tres denuncias por robo de equipos de telecomunicaciones, y dos por daños de estos artefactos.

El Estado no garantiza acceso a terapias de rehabilitación a personas con discapacidad en Venezuela
 La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) presentó este 23 de mayo su informe anual 2022 que abordó la situación de cuatro derechos fundamentales de personas con discapacidad
En el reporte anual de Consorven los derechos humanos más vulnerados a personas con discapacidad en ocho estados del país fueron el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado
El poco poder adquisitivo impide que las personas con discapacidad en Venezuela puedan cubrir sus gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos para atenderlos
7 de cada 10 personas con discapacidad motora no están recibiendo sus terapias de rehabilitación dos a tres veces por semana, como es lo indicado, porque no pueden pagarlas

 

 La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), presentó el 23 de mayo de 2022 su informe anual 2022 donde refleja la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela.

La investigación abordó la situación de cuatro derechos fundamentales de las personas con discapacidad: el derecho al igual reconocimiento
como persona ante la ley y derecho a la identidad, el acceso a la justicia, el derecho a la educación y el derecho a la salud, habilitación y
rehabilitación.

Esto se llevó a cabo con cuatro investigaciones de carácter cualitativo y cuantitativo hechas en el año 2022. La investigación encontró más de 300 casos de vulneración a las derechos de las personas con discapacidad en Venezuela sólo en el 2022

 

“De los 305 casos identificados por nuestra organización, la mayor incidencia recae en el acceso a la salud y a un nivel de vida adecuado», explicó durante la presentación del estudio Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven.

Derecho a la salud y al nivel adecuado, los más vulnerados

El informe señala que en el período entre enero y diciembre de 2022 los derechos humanos más vulnerados a personas con discapacidad en ocho estados del país fueron el derecho a la salud y un nivel de vida adecuado.

«La mayoría de las personas reportaron como principal factor el poco poder adquisitivo para cubrir gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos médicos, por lo que ven como única opción la salud privada. Pero por sus pocos ingresos, es imposible tener acceso a esta», describe el informe.

El Estado venezolano no está garantizando el acceso a terapias de rehabilitación ni ayudas técnicas a personas con discapacidad motora, pese a que está establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en  la Ley para Personas con Discapacidad.

7 de cada 10 personas entrevistadas afirmaron que requieren recibir terapias de rehabilitación entre dos y tres veces por semana, pero no las están recibiendo.

Las causas de la falta de acceso a terapias se centran en la ausencia de recursos económicos (46%) y las distancias hasta los centros de rehabilitación disponibles (34%).

El informe detalla también el estado de los centros de terapia en instituciones de salud públicas en donde las personas con discapacidad reciben terapias:

  • 66% de las salas de rehabilitación se encuentran sin masajeadores eléctricos musculares o sin piscinas o bañeras
    de temperatura.
  • 44% funcionan sin tablas de bipedestación y sin ultrasonido para fisioterapia.
  • 33% no posee pesas para gimnasio.
  • 33% no posee luz infrarroja para terapia del calor.
  • 22% no posee pelotas de gimnasia ni bicicletas estáticas.

Dificultades en temas de identidad y certificación de discapacidad

Con respecto a la obtención de la cédula de identidad, las familias de Niños, niñas y adolescentes (NNA) con alguna discapacidad indicaron que 7 de cada 10 NNA la obtuvieron la primera vez que lo intentaron, mientras que 3 de cada 10 tuvieron que intentarlo en más de dos ocasiones.

Sobre la certificación de discapacidad (Conapdis), 8 de cada 10 familias la obtuvieron la primera vez que lo intentaron. Mientras que 5 de cada 10 familias de NNA que no han logrado obtener este carnet refieren que lo han intentado, por lo menos, en dos ocasiones.

Adicionalmente, 5 de cada 10 familias refieran la ausencia de personal de trabajo en oficinas gubernamentales como una barrera importante y 5 de cada 10 familias señalan la falta de material de oficinas como una dificultad para obtener la cédula de identidad.

Acceso a la justicia

El informe recogió 40 casos de vulneración de derechos humanos de personas con discapacidad en este ámbito. Los más emblemáticos son aquellos identificados con violaciones al debido proceso.

El documento recoge tres casos de mujeres con discapacidad auditiva que interpusieron ante la Inspectoría de Trabajo una demanda contra una tienda por departamentos en Táchira. Se hizo la inspección correspondiente y funcionarios de la inspectoría se reunieron con empleados y obreros de la tienda, pero sin la presencia de un intérprete de lengua de señas.
 

«Este hecho no permitió a las mujeres con discapacidad auditiva tener conocimiento de la información compartida en dicha reunión, sin poder exponer, de manera pública, los argumentos de su denuncia», denunció Consorven. 

Refirieron también el caso de una mujer con discapacidad auditiva, quien refirió ser víctima de violencia sexual por parte de su padre: «Ha acudido a las autoridades competentes, pero no ha podido formalizar la denuncia porque no hay Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana disponibles
que la acompañen en la interposición de la denuncia; y las autoridades no se han preocupado por prestar la debida atención al caso».

Derecho a la educación vulnerado

Por su parte, Argelia Bolívar, coordinadora de DDHH de Consorven, explicó hallazgos sobre el acceso a la educación de las personas con discapacidad durante la presentación del estudio.

“Los niños, niñas con discapacidad no tuvieron acceso o la prosecución de sus estudios, pues a pesar que muchos de ellos estaban formalmente inscritos en el sistema educativo, no contaban con las herramientas, los docentes no estaban preparados», explicó con relación a lo ocurrido durante la pandemia. 

100% de los NNA entrevistados estudian en el sistema educativo público. Dos de cada 10 niños con discapacidad no estudian actualmente. 

Por otra parte,  2 de cada 10 representantes de NNA con discapacidad refieren falta de disposición del personal docente a realizar ajustes en las
estrategias de enseñanza y 1 de cada 10 representantes de NNA con discapacidad refieren falta de atención a su NNA y a sus requerimientos para el aprendizaje.

¿Cómo mejorar los derechos de las personas con discapacidad?

Entre las recomendaciones de Consorven al Estado venezolano para mejorar la condición de las personas con discapacidad en el país se encuentran educar sobre sus derechos, celebrar jornadas de cedulación y establecer de planes nacionales de capacitación a los docentes.

La intención de esta última recomendación es que niños, niñas y adolescentes puedan ser incorporados a escuelas regulares o especiales, pero con equipo de docentes capacitados en el área.

Además, instan al Estado a  incrementar los esfuerzos para garantizar la accesibilidad física,  comunicación y  la información en los recintos de administración de justicia.

En el mismo sentido, proponer llevar a cabo una consulta nacional con personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en discapacidad, para avanzar hacia la reforma del Código Penal venezolano «y que este garantice un debido proceso y una legítima defensa frente a los órganos administradores de la justicia».

Consideran también prioritario generar un plan nacional de atención a las necesidades de rehabilitación y ayudas técnicas para personas con discapacidad motora, así como asegurar que las personas con discapacidad sean incorporadas al sistema educativo.

Venezuela debe suscribir e implementar Acuerdo de Escazú para garantizar derechos ambientales
 Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema ambiental consideran que el gobierno venezolano está incumpliendo con su  obligación constitucional de proteger los derechos ambientales y a sus defensores, según una encuesta de la organización Clima21
El 60% de las organizaciones consultadas expresó que la defensa de los derechos humanos ambientales en Venezuela es una actividad insegura. 37% considera que lo es en algunos temas ambientales
El 98% de las organizaciones respondió que la defensa de los derechos territoriales por parte de pueblos indígenas y comunidades tradicionales es una actividad de gran riesgo debido a la violencia del gobierno, de bandas delincuenciales y grupos de rebeldes extranjeros
Las ONG en materia ambiental urgen al Estado venezolano a suscribir e implementar el Acuerdo de Escazú, con el fin de avanzar hacia la plena realización de los derechos ambientales que se incumplen en Venezuela

 

Organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan directa o transversalmente con temas ambientales urgieron al gobierno de Venezuela  a firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú en el menor tiempo posible, para que se garanticen los derechos ambientales en el país.

Así consta en el  informe “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en Venezuela: las organizaciones de la sociedad civil opinan sobre el Acuerdo de Escazú  que fue publicado el pasado 8 de mayo por la organización Clima21, y en el que se incluyen los resultados de la encuesta aplicada  a organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en temas ambientales.

La encuesta, explica Clima21, se orientó a determinar el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil venezolana sobre el Acuerdo de Escazú, así como su percepción de la situación de los derechos a acceder a la información, la participación y mecanismos judiciales.

De igual forma, se consultó sobre la situación en lo que respecta a la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.

La investigación concluyó que el gobierno venezolano incumple sus  obligaciones constitucionales en materia de la defensa de los derechos al acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, así como en lo que respecta a la protección de los defensores de derechos ambientales.

Un aspecto importante que sobresale de la investigación es que, aun y cuando  el Estado venezolano se niega a suscribir el Acuerdo de Escazú –instrumento jurídico regional dirigido a fortalecer estos derechos- todos ellos están reconocidos por la Constitución nacional, pero de igual forma, no se respetan. 

Hallazgos más relevantes de la investigación

A continuación, en forma de claves, los hallazgos más relevantes de esta investigación de Clima21.

Defender los derechos ambientales es una actividad insegura

El 60% de las organizaciones encuestadas consideró que la defensa de los derechos humanos ambientales en Venezuela es una actividad insegura. 37% considera que lo es en algunos temas ambientales, pero en otros no. El 26% de las organizaciones ha sufrido algún tipo de agresión.

Entre las agresiones descritas destacan la estigmatización, amenazas, intimidación,  hostigamiento en redes sociales y obstaculización de las actividades realizadas.

A su vez el 51%, manifestó conocer situaciones de violencia que han sufrido otras organizaciones.

«Aun cuando la pregunta no fue específica, las respuestas en extenso parecen indicar que las zonas mineras del sur del país (estados Bolívar y Amazonas) son las más peligrosas para defender los derechos humanos ambientales», destaca el informe.

La defensa de los derechos territoriales en Venezuela es una acción de gran riesgo

El 98% de las organizaciones respondió que la defensa de los derechos territoriales por parte de pueblos indígenas y comunidades tradicionales no es segura y señalaron la violencia por parte del gobierno, bandas de delincuentes y grupos de rebeldes extranjeros como los causantes
principales de esta inseguridad.

La firma e implementación de Escazú permitiría garantizar derechos ambientales

51% manifestó conocer el acuerdo de Escazú solo en sus aspectos generales y el 32% contestó que conoce bastante bien sus características; A pesar de ello, el 93% de los encuestados consideró que el Acuerdo de Escazú incluye temas fundamentales para Venezuela.

75% de los encuestados está dispuesto a participar en acciones para promover la adopción del Acuerdo de Escazú por parte de Venezuela.

De acuerdo con la opinión de las organizaciones consultadas, el gobierno venezolano está incumpliendo todos los derechos definidos en el Acuerdo de Escazú, y al mismo tiempo, incumpliendo con su  obligación de proteger estos mismos derechos presentes en la Constitución nacional.

Esta misma situación, consideran, afecta los derechos de los defensores de derechos humanos ambientales, incluyendo activistas ambientales, defensores de derechos territoriales, comunicadores sociales y otras personas que actúan en defensa de estos derechos.

Por ello, las organizaciones recomiendan al Estado venezolano firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú en el menor tiempo posible, para que se garanticen los derechos ambientales en el país.

Limitado acceso a la información ambiental

68% de los encuestados expresó que, aunque tienen acceso a la información necesaria para su trabajo, hay vacíos y carencias en la misma y el 26% respondió que no tenían acceso a información. El 70% de los encuestados respondió que los organismos públicos nunca publican información pertinente sobre temas ambientales. Por otro lado, sólo un 35% de las organizaciones ha realizado solicitudes formales de información a organismos oficiales.

ONG excluidas en consulta, implementación o evaluación de políticas públicas ambientales

Sólo el 26% de las organizaciones encuestadas fueron invitadas por organismos públicos a participar en alguna actividad dirigida a generar, implementar y/o evaluar políticas públicas en materia ambiental. 88% manifestaron estar dispuestas a participar en este tipo de actividad.

Desconfianza en mecanismos judiciales para resolución de problemas ambientales

Tan solo un 16% de los encuestados indicaron que su organización había recurrido a mecanismos judiciales para la solución de un conflicto  ambiental. De los que lo habían realizado, únicamente en un 14% de los casos se había producido una decisión judicial. Por su parte, 40% de los encuestados no participa porque percibe que esos procesos son improductivos o riesgosos para las organizaciones.

¿Qué es el acuerdo de Escazú?

El 22 de abril 2023 se cumplieron dos años de que entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Clima21 explica que este  tratado internacional de derechos humanos tiene como objetivo «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de decisiones en cuanto al entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental».

Además,  incluye disposiciones específicas para que los Estados protejan a los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental e incorpora un enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El Estado venezolano no participó en ninguna de las etapas de elaboración del Acuerdo de Escazú, ni posteriormente lo ha firmado, ni ratificado. Las razones se desconocen y el gobierno no ha emitido alguna opinión sobre el mismo.

«No obstante, el país tiene legislación vigente que sustenta todos los ejes temáticos contemplados en el Acuerdo y que pudieran ser reforzados a
través de la implementación de las orientaciones establecidas en él», se lee en la investigación de Clima21.

 Expertos y organizaciones ambientalistas consultados por el equipo de investigación de Runrun.es en 2021 coincidieron en que  Venezuela no ha firmado el Acuerdo de Escazú porque promueve acciones y proyectos que atentan contra los tres principios de esta plataforma continental a favor del planeta: acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia.

Consideraron que el gobierno venezolano «no está dispuesto a rendir cuentas sobre su opacidad informativa, corrupción administrativa ni sobre la economía extractivista que depreda el ambiente y agrede a los pueblos indígenas».

ESPECIAL ESCAZÚ | La interesada ausencia de Venezuela en el pacto regional para proteger el planeta

Los efectos negativos de estar al margen de Escazú

El informe concluyó que el  «silencio y omisión por parte del gobierno venezolano » de asumir las garantías presentes en el Acuerdo de Escazú genera «efectos negativos graves sobre la población venezolana».

Entre ellos, enumeran que no tendrá información sobre elementos fundamentales como «la calidad del agua, los riesgos asociados a la contaminación, o los desastres socionaturales, entre muchos otros».

Asimismo, advierten que la violencia sobre los defensores de derechos humanos y territoriales genera «graves dificultades para realizar contraloría social, impide la realización de acciones de corresponsabilidad social y produce graves violaciones sobre los derechos de las personas y comunidades involucradas». 

Venezolanos tienen años padeciendo problemas graves en suministro de gas que Maduro admitió
En reciente alocución, Nicolás Maduro admitió problemas «graves» en el suministro de gas doméstico en el país y ordenó al presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo a solucionarlos en tres meses
Sin embargo, los ciudadanos tienen años padeciendo por este tema. Desde 2016, la producción de gas cayó abruptamente en Venezuela. El Observatorio de Conflictividad Social (OVCS)  documentó 26 manifestaciones en los cuatro primeros meses del año 2023 por «tiempos de espera para la entrega de las bombonas» y la «distribución desigual de cilindros de gas doméstico»
En marzo de 2023, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) presentó un trabajo que determinó que  40,6% de los ciudadanos estaba insatisfecho con el servicio de gas doméstico

 

Venezuela enfrenta «problemas graves» en el suministro de gas, aseguró este viernes el mandatario Nicolás Maduro, quien ordenó al ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Tellechea, solucionar, en los próximos tres meses, las fallas en este servicio, que afectan principalmente a siete de los 23 estados del país.

«Todavía tenemos problemas graves (con el tema del gas) (…) El estado más afectado por la falta del servicio (…), Yaracuy», señaló el jefe de Estado durante un acto con motivo del primer aniversario de un programa creado para atender denuncias de la población,.

Además de Yaracuy, los estados Táchira, Carabobo, Barinas, Aragua, Bolívar y Trujillo sufren también fallas en el abastecimiento del gas, según un reporte leído por el mandatario, quien señaló que se registran 15 municipios «altamente afectados».

Ante esta situación, exhortó al ministro de Petróleo a buscar, junto con los equipos de las áreas de producción y distribución de gas, una solución a esta problemática, una tarea a la que pidió dar «alta prioridad».

«Les doy tres meses para abordar esta situación crítica de estos estados y dar una respuesta positiva al pueblo de Venezuela. Tres meses tienen, 90 días», afirmó Maduro.

 

Problema con años presente

Aunque Maduro se refirió al problema como algo reciente, las fallas por el suministro de gas doméstico en Venezuela datan desde, al menos, el año 2016.

Un trabajo especial de HumVenezuela -plataforma independiente de la sociedad civil venezolana que proporciona información relevante sobre la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC)- publicado en marzo de 2021 refirió que la producción de gas en Venezuela disminuyó considerablemente desde 2016, de casi 8.000 millones de pies cúbicos por día hoy poco más de 4.500 millones, «con cero reinyección y un mercado local de casi 2.000 millones de pies cúbicos».

Especificaron entonces que la producción de gas propano, el que se distribuye en bombonas, está ligada a la producción petrolera: «Si decae la producción de petróleo, también baja la de propano».

Para 2021, se estimaba que al menos cuatro millones de familias estaban obligadas a cocinar con leña, con el consecuente aumento del riesgo de enfermedades pulmonares por la exposición al humo.  En el presente,  en muchas zonas del país esta situación se mantiene debido a poca distribución y al costo de los cilindros de gas. El MonitorDescaVe denunció recientemente que se convierte en un servicio «inalcanzable» para las poblaciones más vulnerables.

Por su parte, en febrero de 2023, el Observatorio Social Humanitario presentó los resultados de su Monitoreo Comunitario de Servicios Públicos del año 2022. En la investigación  destacaron las fallas del gas que suministra Pdvsa, durante el período de tiempo analizado para este caso (septiembre-diciembre 2022).

70% de los encuestados en ese trabajo reportaron que solo recibían una bombona al mes. Mientras que en 7 de cada 10 hogares la frecuencia de llegada de la bombona fue calificada de » insuficiente», lo que obligaba a las familias a tener más cilindros y a aumentar los riesgos de accidentes por cilindros acumulados.

gas doméstico Venezuela

Otro trabajo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) presentado en marzo de 2023 determinó que 40,6% de los ciudadanos estaba insatisfecho con el servicio de gas doméstico. Las ciudades con mayor insatisfacción en el servicio fueron San Cristóbal, Valencia, Maracaibo, Barinas, Ciudad Bolívar. 

Entre las razones que esgrimieron los usuarios para la calificación negativa, sobresalieron la baja frecuencia de recarga (74,6%), mal estado de las bombonas (10,4%), otras razones (6,9%) y parte de las bombonas que estaban siendo recargada con agua  (5,6%).

Por su parte, el Observatorio de Conflictividad Social (OVCS)  documentó 26 manifestaciones en los cuatro primeros meses del año 2023 por «tiempos de espera para la entrega de las bombonas» y la «distribución desigual de cilindros de gas doméstico».

En redes sociales son comunes las denuncias por los retrasos en la distribución de bombonas y las largas colas que hacen los ciudadanos para obtener las bombonas.

Con información de EFE