El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, aseguró en una reciente declaración a medios venezolanos que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país avanza “satisfactoriamente” y a “ritmo pleno”.
El abogado senegalés reconoció el clamor de las víctimas que exigen respuestas inmediatas, pero aclaró que la lentitud en los tiempos de La Haya garantiza que los resultados sean legítimos y no puedan ser revocados en el futuro.
Niang dedicó gran parte de su mensaje a las personas y organizaciones civiles que documentan las violaciones de derechos humanos en el país: “Muchas personas y organizaciones se han dirigido a la Corte Penal Internacional con la esperanza de obtener justicia por el daño que han sufrido y muchas siguen esperando. Esperando respuestas, reconocimiento y esperando justicia”.
Para poner en contexto los tiempos de la Corte, el fiscal adjunto recordó que la investigación del caso, conocido como Venezuela I, inició formalmente en noviembre de 2021. Sin embargo, el proceso “tuvo que suspenderse durante un año porque el gobierno de Venezuela impugnó la competencia de la CPI y la legalidad de la investigación de la Fiscalía”. Tras la decisión de los magistrados de confirmar la competencia de la Corte, las averiguaciones se reanudaron en junio de 2023. “Desde entonces, no se ha detenido, y continúa con ritmo pleno y con total dedicación bajo mi liderazgo directo”, afirmó Niang.
Ante las preocupaciones sobre las demoras y el hermetismo de las averiguaciones, el funcionario fue tajante: “La investigación y el proceso judicial en la CPI pueden parecer lentos y en la mayoría de los casos no son visibles para el público. La lentitud no es un signo de fracaso, créanme (…) es la prueba de que la labor se está realizando de forma adecuada”. Explicó que la Fiscalía debe guardar estricto silencio sobre asuntos confidenciales relacionados con la investigación penal para proteger el proceso.
“Los atajos en los procesos judiciales de la CPI no conducen a una justicia real, conducen a resultados que pueden ser impugnados, revocados o desestimados”, puntualizó Niang. “La cautela que se aplica en la recopilación de las pruebas, en escuchar a todas las partes, en seguir el debido proceso, no es una burocracia innecesaria, es más bien la base que hace que el resultado sea legítimo y duradero”, concluyó el fiscal adjunto.
Un camino espinoso
Desde hace cinco años, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación formal para examinar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales en Venezuela.
Desde el inicio de la investigación, la Corte Penal Internacional ha enfrentado varios obstáculos para lograr un avance rápido en el caso. La falta de cooperación gubernamental ha sido el desafío más relevante. No en vano, en diciembre de 2025, se anunció el cierre de la oficina de la CPI en Caracas, y en respuesta a ese anuncio, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó por unanimidad la “Ley por Palestina y la Justicia”, para derogar la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma, una norma interna del año 2000 que autorizaba al Ejecutivo a ratificar el tratado.
Pero según un análisis que hizo Acceso a la Justicia, la derogación de una ley nacional no disuelve automáticamente los compromisos de un tratado internacional. Aunque el Ejecutivo envíe la notificación al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Corte Penal Internacional mantiene plena jurisdicción sobre todos los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio mientras el tratado estuvo vigente, de tal manera que un retiro posterior no interrumpe ni anula las investigaciones previas iniciadas por la Fiscalía de la CPI. De acuerdo con el Artículo 127 del Estatuto de Roma, el retiro definitivo de un Estado parte solo surte efecto un año después de que la ONU reciba dicha notificación formal.
En febrero de 2018, la CPI anunció la apertura de un examen preliminar por la presunta comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017. En septiembre de ese mismo año, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, presentaron una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional para que iniciara una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En junio de 2021, la Fiscalía de la CPI informó que había finalizado el el examen preliminar en la situación Venezuela I, concluyendo que existían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde desde 2017 en Venezuela y que existía una situación de total inactividad de parte de los órganos de justicia para realizar investigaciones y enjuiciamientos de los máximos responsables de dichos hechos.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, realizó su primera visita oficial a Caracas en noviembre de 2021, al término de la cual anunció el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad en la situación Venezuela I. En dicha visita, se suscribió un Memorándum de Entendimiento con la autoridades venezolanas para desarrollar mecanismos que permitan contribuir eficazmente para investigar y enjuiciar a los responsables.
Kham viajó otras tres veces a Venezuela hasta abril de 2024, cuando se inauguró la oficina local de asistencia técnica de la Fiscalía de la CPI en Caracas. En mayo de 2025, Khan anunció su separación provisional del cargo mientras se desarrollaba una investigación independiente sobre denuncias de conducta sexual indebida y presuntas represalias laborales. La decisión, inédita en la historia de la CPI, fue comunicada oficialmente y generó preocupación sobre la continuidad de las investigaciones en curso, incluyendo la situación Venezuela I.
En agosto de 2025, Khan presentó ante la presidencia de la CPI su solicitud de inhibición en la situación Venezuela I en cumplimiento de la orden de la Sala de Apelaciones que lo instaba a apartarse del caso ante la recusación presentada por conflicto de interés, dada la presencia de su cuñada en el equipo de defensa jurídica del Gobierno de Venezuela ante la Corte.
En marzo de 2026, la oficina del fiscal de la CPI anunció el cierre del examen preliminar sobre la situación conocida como Venezuela II, iniciado a solicitud del Estado venezolano en 2020. En su decisión, concluyeron que no existía base razonable para creer que se hubiesen cometido crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte en lo que respecta a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.
Así, la única investigación en curso es la situación Venezuela I, que se enfoca en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017. Esta investigación evalúa la responsabilidad individual de altos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades de carácter civil y colectivos en delitos como detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y persecución política.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
