Reportajes Especiales - Runrun

REPORTAJES ESPECIALES

CONNECTAS Feb 08, 2021 | Actualizado hace 4 semanas
Haití: el gobierno de las pandillas
Desde comienzos del 2020, las bandas armadas siembran el terror en el país caribeño. Alentadas por la impunidad y sus relaciones privilegiadas con las autoridades, las pandillas triplicaron los secuestros el año pasado, a pesar de la pandemia, en barrios populares de la capital.

Por: Jameson Francisque para Ayibopost y CONNECTAS / Foto: Dieu Nalio Chery

Ericka Vilsaint corría en medio de la noche. Estaba débil porque no había comido en más de cinco días. Sus secuestradores la acababan de liberar y no sabía dónde estaba. Solo sabía que tenía que correr, hasta el agotamiento total si era necesario. A unos cien metros de distancia, el auto de los secuestradores la seguía. No volvió la cabeza, pero las luces que brillaban tenuemente en la carretera eran suficientes para saber que estaban allí.

Fue secuestrada el 5 de septiembre de 2020 en Marlik, una localidad en lo alto de Pétion-Ville, una comuna de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Un automóvil de lujo, con vidrios polarizados, pasó a su lado y se detuvo frente a ella. Se bajaron dos hombres. El primero le apuntó con su arma y el segundo la tomó del brazo para empujarla dentro del vehículo.

Los bandidos contactaron a sus padres. “Nos pidieron 200.000 dólares por su liberación. Su padre negoció, diciendo que no podíamos recaudar esa cantidad. ¡Ni siquiera trabajamos!”, dijo la madre de la adolescente, quien se dedica a vender comida en obras de construcción. El padre es albañil, pero son pocas las oportunidades para trabajar.

Después de muchos intentos de negociación, la cantidad se redujo a una suma más asequible —la familia no quiso dar más detalles sobre el monto acordado—. Los secuestradores les explicaron a los padres de Ericka cómo entregar el dinero y recoger a la niña.

“Ella estaba en un estado terrible. Sucia, como una niña abandonada. La habían golpeado con tanta fuerza que le dislocaron el brazo. La acompañamos a la comisaría de la zona y luego al hospital. Después de esta experiencia, pensé que se estaba volviendo loca. Hablaba sola, rompía cosas en la casa. Desde entonces ya no va a la escuela, tiene miedo de salir”, relató la madre de Erika en entrevista con Ayibost.

Ericka Vilsaint fue secuestrada el 5 de septiembre del 2020. Sus padres estaban desempleados. Ella tenía 17 años. Crédito: Tomada de Facebook

Cualquier persona es una víctima potencial de secuestro en Haití. Los pandilleros escogen sus víctimas al azar, sin ningún patrón específico. Esa es la percepción que se ha ido consolidando entre los haitianos, y especialmente entre los habitantes de Puerto Príncipe, desde que este delito comenzó a aumentar en febrero del año pasado. Vendedores informales, estudiantes, comerciantes y hasta policías han sido víctimas.

La magnitud real de este flagelo es difícil de calcular en números en un país donde el acceso a la información es casi nula y las organizaciones no gubernamentales –que pululan en Haití– manejan diferentes cifras. Además, son muchas las familias que prefieren negociar directamente con los bandidos; confían más en las redes sociales que en la policía, para encontrar a sus seres queridos o recaudar el dinero del rescate.

No obstante, los reportes presentados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ante el Consejo de Seguridad durante el año pasado sí muestran un marcado aumento del secuestro. Según el informe de septiembre, los casos se incrementaron un 200 por ciento entre enero y mayo con respecto al periodo anterior. En total, 92 casos fueron reportados a la Policía en ese periodo, 50 de ellos en febrero.

Por su parte, la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020; una cifra desproporcionada para un país del tamaño de Haití, comparable con estimados de secuestros en México (1.387 según la ONG Alto al Secuestro) en el mismo periodo, a pesar de tener solo una décima parte de su población.

La BINUH se basa en casos reportados ante la Policía Nacional de Haití (PNH). A lo largo de esta investigación periodística, publicada por Ayibopost y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), se hicieron varios intentos de obtener información directa de la PNH, pero no se obtuvo respuesta.

 

El aumento del secuestro evidencia el deterioro general de la seguridad en el país, que va de la mano de la creciente crisis de gobernabilidad de Jovenel Moïse. Desde enero del 2020, Jovenel Moïse gobierna solo, por decreto, pues el periodo de los parlamentarios expiró y el jefe de Estado no convocó elecciones para reemplazarlos. De esta manera, ha tomado varias decisiones controversiales; por ejemplo, la creación de una agencia nacional de inteligencia, cuyos miembros están por encima de toda la ley y solo informan al presidente, o las acciones para restarle poder al Tribunal Superior de Cuentas, que lo había acusado de actos de corrupción.

Además, varias organizaciones de derechos humanos habían denunciado años atrás la relación del gobierno de Moïse con las pandillas. Y en 2020 los indicios de esto fueron especialmente evidentes.

En abril, en medio de una rueda de prensa sobre la covid-19, el primer ministro, Joseph Jouthe, aseguró que estaba en constante comunicación con los pandilleros, que conocían su número de teléfono, al que lo habían llamado al menos una vez. Izo, un líder de una pandilla, se había quejado ante el ministro por los controles de carretera colocados por la policía fuera del barrio controlado por su banda. En vivo, el jefe de gobierno le prometió al bandido que lo llamaría durante la noche.

Sobre este hecho, el ministro Jouthe le dijo a Ayibopost que le había contestado a los pandilleros como lo habría hecho con cualquier otro ciudadano: “Las pandillas se ven a sí mismas como agentes de desarrollo porque son la ley en estos barrios. Me llamaron para pedir ayuda y aproveché para invitarlos a deponer las armas y retomar la vida normal. Lamentablemente, no aceptaron y ahora la PNH está pasando directamente al desmantelamiento. No veo por qué se enfadan por eso, me llamaron y respondo como a todos”.

Dos meses después, se creó una alianza entre nueve de las principales pandillas de la capital. La federación conocida como G9 an fanmi e an alye (familia y aliados, en creole), es dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.

Según la Fundación Je Klere, una organización de derechos humanos muy crítica del gobierno, el G9 se creó para asegurar la victoria del partido del Presidente de la República, el PHTK, en las próximas elecciones. Lo mismo asegura la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDHR), una de las ONGs más conocidas del país. Los territorios controlados por esta alianza son importantes en términos de electorado. Cientos de colegios electorales se encuentran allí durante las elecciones, según el informe del grupo de derechos humanos.

“Fue Jimmy Cherizier quien puso a disposición del Estado, en Delmas 6, una sala para instalar una sede de la Oficina Nacional de Identificación”, le dijo a Ayibopost Pierre Espérance, director ejecutivo de la RNDDH. “En esta zona, las cartillas electorales se fabrican bajo sus órdenes”.

 

A pesar de que Jimmy Cherizier ha negado varias veces —en declaraciones conocidas a través de redes sociales— su connivencia con el gobierno, la mayoría de las acciones del expolicía han beneficiado indirectamente a la administración de Moïse.

Según reportes de la ONU y ONGs locales, Cherizier participó en la masacre de La Saline, —barrio popular de Puerto Principe y uno de los epicentros de las protestas contra Moïse— cuando todavía era policía, en noviembre del 2018. Al menos 26 personas fueron asesinadas y 12 fueron desaparecidas. Cherizier negó su participación, pero fue expulsado de la Policía un mes después. A partir de ese primer ataque las acciones violentas se incrementaron en La Saline, hoy en día una zona controlada por el G9.

Siguiendo un patrón muy similar al de La Saline, un año después Cherizier, alias Barbecue, atacó el barrio de Bel Air, otro bastión de la oposición. Según un informe de la BINUH, el objetivo inicial era eliminar las barricadas que habían instalado en esta zona. Cherizier y sus hombres quemaron 30 viviendas y 11 vehículos.

“Lejos de ser un hecho aislado, el ataque a Bel Air muestra la evolución reciente del contexto actual en Haití, principalmente caracterizado por la inseguridad general en los barrios populares y marginales, la impunidad de los miembros de pandillas que cometen violaciones de derechos humanos, la presunta colusión entre ellos y ciertos actores políticos y económicos”, señala el informe de la BINUH de febrero del 2020.

Jimmy Cherizier, alias Barbecue, posa junto a sus antiguos compañeros de la Policía. Crédito: tomada de redes sociales.

Un aumento desmedido

En medio de esta oleada de violencia,  los casos de secuestros se volvieron a disparar a mediados del año pasado, una vez se consolidó la alianza entre las bandas armadas y retomaron sus negocios, según reportó la BINUH.

Para Djmes Olivier, quien estudia el fenómeno de las pandillas en Haití, el aumento de los casos de secuestro se debe a la facilidad con la que se recauda el dinero. “Hasta hace poco, la gente solía ser asaltada cuando regresaba del banco. Pero estos actos han bajado mucho. Los bandidos están pensando en otras estrategias, y con el secuestro se gana dinero más rápido. Hay grupos especializados en secuestros, pero hay son cada vez más pequeños grupos armados que lo hacen también, porque es lucrativo”.

Según un médico que fue secuestrado y contó su caso para esta investigación, los pandilleros tienen la instrucción de no volver a casa con las manos vacías. “Uno de los bandidos que custodiaba la casa me dijo que yo no era la persona a la que iban a secuestrar. Pero no lo habían encontrado. Cuando estaba en el camino, me llevaron en su lugar”, contó el médico que fue raptado a pocos metros del Palacio Nacional.

En principio, los rescates exigidos son exorbitantes: de 100.000 a un millón de dólares estadounidenses. Cantidades que las víctimas no tienen. Después de la negociación, la cantidad disminuye. Para pagar, las familias apelan a la generosidad lanzando campañas de gofundme, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos sanos y salvos.

La sociedad haitiana ha protestado en repetidas ocasiones en contra de su precaria situación de seguridad y el aumento de los secuestros y asesinatos. Crédito: Dieu Nalio Chery

 

Gracias a este rentable ‘negocio’, las bandas armadas han experimentado un desarrollo sin precedentes. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), existen más de 76 pandillas en el país. Actualmente, 500.000 armas ilegales están circulando en el país.

 

El 16 de noviembre de 2020 se nombró un nuevo de la Policía Nacional de Haití. El nuevo director, Léon Charles, estuvo al frente de la PNH en 2004, cuando el secuestro estaba desatado, como hoy. Charles ya ha lanzado varias operaciones contra ciertos líderes de pandillas, especialmente en Gran Ravine. Sin embargo, la estrategia no parece dar resultado. El pasado 20 de enero unos escolares fueron secuestrados en la localidad de Carrefour, a unos 10 km de Puerto Príncipe y a pocos metros de las zonas de Grand Ravine y Martissant, controladas por el G9.

A pesar de la creciente represión policial, los haitianos siguen saliendo a las calles a protestar contra el secuestro y la inseguridad. También se manifiesta la oposición, que exige la salida de Moïse este 7 de febrero, cuando según ellos se cumplen 5 años de mandato. Por su parte, el presidente asegura que todavía le queda un año más y que ahora sí convocará a elecciones, pospuestas desde el 2019. En cuanto al auge de los secuestros, el mandatario anunció la creación de un grupo de trabajo liderado por el ministro Jouthe, y aseguró que trabajan para encontrar “la verdadera fuente del problema”.

Si le interesa saber más de la oleada de violencia y secuestros en Haití, ingrese acá.

* Este reportaje fue realizado por Jameson Francisque para Ayibopost  y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

CONNECTAS Feb 02, 2021 | Actualizado hace 1 mes
La justicia al servicio del sandinismo
La mayor parte del poder judicial en Nicaragua está a las órdenes del Ejecutivo. Los magistrados hablan de manera abierta del respaldo al partido de gobierno y cómo sujetan sus decisiones a criterios políticos

CONNECTAS 

Uno de los últimos capítulos públicos de la falta de independencia de la justicia en Nicaragua tuvo como escena un encuentro legislativo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, en el cual se discutía un proyecto de ley que castiga las noticias falsas, promovido por el gobierno de Daniel Ortega y aprobado con celeridad por diputados sandinistas el año pasado.  

A la salida de la comisión a inicios de octubre de 2020, cuando se cumplía con el proceso de consulta con distintos actores, un grupo de escoltas impidió a los periodistas el acceso a la magistrada Ramos que se calló de ese modo sobre la ley Especial de Ciberdelitos.

Lo que no se supo entonces es que, tras bambalinas,  a pedido del Ejecutivo, fue el poder judicial el autor del proyecto de ley que fue presentada posteriormente por los diputados sandinistas como si fuese de ellos, una norma que entró en vigencia desde diciembre pasado y fue denunciado como una amenaza para la libertad de expresión según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Según nos explicaban es un trabajo que vienen haciendo desde hace un año (preparando la propuesta), y tuvieron el mandato del presidente de la República (de) conocer cómo se estaba haciendo en otros países esta ley, de modo en adecuarla al contexto nicaragüense”, explicó el diputado Mauricio Orúe, vicepresidente de la comisión de Justicia al diario local La Prensa. La diferencia entonces de otras ocasiones en la última década es que los funcionarios judiciales no asumieron en declaraciones ante los periodistas la injerencia del orteguismo en sus decisiones técnicas. 

Ramos Vanegas, de 71 años, ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1988 —casi la mitad de su vida— y preside la institución desde 2010 con el apoyo de Daniel Ortega y la estructura partidaria sandinista. Ingresó a las filas de esa organización como colaboradora antes de 1979, en los años en que jóvenes guerrilleros luchaban contra Somoza. La llamaban “Natalia” en aquella época en que usaban seudónimos para protegerse a ellos y a sus familias.

Más de cuarenta años después, los jóvenes que se oponen a Ortega lo denuncian en las redes sociales desde cuentas anónimas, mientras la magistrada ocupa el nivel más alto de la jerarquía judicial, un cargo en que abiertamente asume posiciones en defensa del caudillo nicaragüense, igual que hacen otro grupo de jueces que asisten incluso a actividades políticas. Tienen además sus oficinas decoradas con emblemas del FSLN, lo que puede comprobarse en una serie de imágenes filtradas por empleados del poder judicial para este reportaje.

Su vicepresidente dentro de la CSJ es el sandinista Marvin Aguilar García, sancionado por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020 por reportar coordinadamente a los “objetivos de la oposición democrática” desde su cargo judicial, cruzado políticamente por su rol de secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista en la Corte Suprema de Justicia, lo que le permite tener contactos directos con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo.

Esta influencia en la estructura judicial, a manos del mismo partido, supera al 70 por ciento en todo el país, según dijo el magistrado liberal Manuel Martínez en 2014 al periódico digital Confidencial que “por muy independientes que (los jueces) quieran ser, si les hacen una llamada deben atenderla”. Eso significa que, si el más reciente dato oficial del personal judicial suma 394 jueces en todas las dependencias del país y 64 magistrados en apelaciones, hay unos 320 en ambos niveles abiertamente al lado del oficialismo, mientras los otros deben alinearse o salir del sistema para evitar represalias.

Aunque Martínez no quiso dar declaraciones cuando fue consultado para este reportaje, una entrevista en octubre de 2020 del exmagistrado de apelaciones, José Antonio Barrientos Watson, confirma que el FSLN logró el control de manera paulatina. En 2014, cuando los legisladores sandinistas lograron nombrar a adeptos a su causa a diez de 12 magistrados, que integran la Corte Suprema de Justicia, se dio una barrida (despidos masivos) en Apelaciones con lo que se reforzó el control.

“La independencia judicial no existe. En casos donde hay intereses políticos o personales de magistrados de la Corte, para fallar tenés que llamar al magistrado que atiende la zona para ver qué orienta”, explica Barrientos Watson, a quien su despido se lo argumentaron por escrito como realizado “por conveniencia de la institución”.

Yader Morazán, un extrabajador de los juzgados en Matagalpa y hoy en el exilio, relató a esta investigación, parte de la serie periodística #NicaraguaNoCalla, que el partido ejerce influencia en las instancias de ese poder del Estado a través de dos estructuras: Los Comités de Liderazgos Sandinistas (CLS)– en los que el magistrado Aguilar es secretario– y la Juventud Sandinista (JS). Ambas organizaciones tienen presencia en la institución y en los barrios.

Magistrados sandinistas atienden territorios 

Según fuentes judiciales, los magistrados de la CSJ se dividen cada año el territorio por circunscripción y lo atienden políticamente. En 2020, Ramos  vio Managua, capital de Nicaragua; Aguilar la circunscripción norte; la magistrada Juana Méndez la circunscripción occidental; el magistrado Armengol Cuadra Las Segovias; la magistrada Yadira Centeno la circunscripción oriental; la magistrada Ileana Pérez la circunscripción Sur; el magistrado Gerardo Arce la circunscripción Central y la magistrada Ellen Joy Lewis la circunscripción Caribe norte y sur. Todos son del partido de gobierno.

Funcionarios consultados revelaron además que, cuando las directrices políticas son para los jueces, se reúnen con Ramos, Méndez, Aguilar y Virgilio Gurdián, un ex ministro liberal nombrado en 2014, aunque según fuentes judiciales los sandinistas no lo toman en cuenta para estas decisiones. Todos estos funcionarios son miembros del Consejo de Administración de la CSJ.

Las otras órdenes son enviadas a través de los CLS y la JS en la institución judicial. Los trabajadores incluso de áreas administrativas son controlados por los sindicatos, encargados de la afiliación de miembros del partido dentro de la institución. También les piden el 1 por ciento del salario como “contribución partidaria”. Al principio, las mismas fuentes consultadas, dijeron que los políticos (comisarios sandinistas) de sus áreas le dijeron que todo sería voluntario, lo que no se cumplió en la práctica. 

Estas “contribuciones” han sido denunciadas como irregulares, e incluso son mayores en otras instituciones estatales,  lo que ha sido denunciado por los medios de comunicación locales. 

El relato del exmagistrado Barrientos Watson, despedido según él por razones políticas, permite redondear el retrato de un poder judicial parcializado a los intereses de Ortega e impune. Otras aristas de este mismo retrato se pueden ver a través de historias como la de Margarito García, un ex trabajador de los juzgados en el departamento de Chontales que se vio forzado a contar su historia desde la cárcel antes de ser sorpresivamente liberado por el Ministerio de Gobernación, o la de Luis Enrique Cuevas, un expreso político  que ha denunciado el exceso de la justicia en su caso, perseguido por vender la bandera de Nicaragua, considerada como subversiva por el partido de gobierno desde 2018. 

Un informe de inicios de diciembre pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrito a la Organización de Estados Americanos, criticó en diciembre al sistema de justicia cuando se refirió a “las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”..

La CIDH logró establecer que al menos 1.614 personas fueron encarceladas en este contexto, un proceso en el cual el poder judicial tuvo una participación clave. El organismo señaló violaciones a las garantías y al derecho a la justicia derivadas de la apertura de procesos judiciales “bajo cargos infundados mediante formatos de acusación preestablecidos, fabricación y manipulación de pruebas, afectaciones al derecho a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada”.

El 23 abril de 2018,  días después de iniciadas las protestas opositoras, en una nota del poder judicial, Ramos abiertamente salió en defensa de Ortega, adelantando la posición pública del poder que preside y atribuyó lo que ocurría a una campaña mediática. “Si acá hay un terremoto van a protestar porque el gobierno es culpable del terremoto”, dijo.

De acuerdo con la CIDH, en Nicaragua fueron asesinadas 328 personas, la mayoría víctima de la represión. El Estado asumió que se trataba de un intento de golpe, aunque las protestas fueran pacíficas y no hubiera evidencia de lo otro. Posteriormente, al retomar el gobierno el control de las calles, iniciaron los procesos judiciales.  Solo entre abril y diciembre de 2018 ingresaron a las cárceles de Nicaragua 500 presos que fueron encarcelados por motivos políticos, según organismos independientes

Los opositores procesados fueron declarados culpables por siete jueces con antecedentes sandinistas, de los cuales tres—lejos de ser apartados del sistema por las denuncias de parcialización en el caso de los opositores— fueron ascendidos en los últimos meses a magistrados de apelaciones. Se trata de Ernesto Rodríguez, Rosario Peralta y Edgar Altamirano, según información oficial. En tanto, otro de ellos, el juez Julio Arias fue nombrado como director de una oficina  que vigila las actividades de los abogados desde la CSJ.

Para Vilma Núñez de Escorcia, una de las más destacadas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, “los jueces y magistrados son operadores políticos. Estamos viviendo una dictadura institucional”, concluye.

Pese  a las críticas al poder judicial, la presidenta de la CSJ no hizo ningún comentario, aunque CONNECTAS  le hizo llegar una solicitud de entrevista al portavoz del poder judicial, Roberto Larios, la que nunca fue respondida. Los cuestionamientos a esta institución trascienden la ley de ciberdelitos (sobre noticias falsas), después que también respaldaron a finales de 2020 la aprobación de otras leyes para controlar a “agentes extranjeros” que reciban fondos e intenten programas que el gobierno considere que atentan contra “la seguridad del Estado”e igual apoyaron la instauración de la cadena perpetua para autores de “crímenes de odio”.

La injerencia política tiene un pasado mayor. En las últimas dos décadas, varias sentencias han vinculado las decisiones judiciales a los intereses de Ortega. En 1999, cuando el caudillo sandinista, fue acusado por violación por su hijastra Zoilamérica Narváez, la jueza Juana Méndez declaró prescrita la causa. A la vuelta de veinte años, ahora es también magistrada por apoyo del FSLN, del cual es orgullosa militante.

“Si el sandinismo no existiera, yo no fuera política. Pero mientras exista el sandinismo, yo voy a ser política, porque soy sandinista en las buenas y en las malas”, clamó orgullosa la magistrada Méndez al diario oficialista Barricada.  

En 2010, un año antes de las elecciones presidenciales, los magistrados sandinistas aprobaron una sentencia con la que Ortega —en el poder desde 2007— pudo postularse a la reelección, entonces prohibida por la Constitución.

El poder judicial ha eliminado posibles competidores del FSLN en las elecciones como en 2008 cuando quitó la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista, crítico del mandatario. Ese año hubo comicios municipales.

En 2016, cuando se dieron las elecciones presidenciales, la CSJ falló contra el opositor Partido Liberal Independiente, donde varios de sus miembros estaban envueltos en una controversia jurídica interna por la representación de la organización que duró  cuatro años, y se la quitaron al opositor Eduardo Montealegre, rival político de Ortega, para entregarla a otro bando al que operadores del FSLN le ofrecieron la oportunidad de dirigir el partido antes de la sentencia.

Para el gobierno de Estados Unidos, los objetivos comunes del FSLN y el poder judicial trascienden los intereses políticos. Ese gobierno sostiene que se han facilitado sentencias como mecanismo de recaudación para el partido. “Daniel Ortega y el sandinismo han recibido dinero para financiar campañas electorales del FSLN de narcotraficantes internacionales a cambio de ordenar a los jueces sandinistas la liberación de narcotraficantes”, afirmó en el mismo sentido un cable publicado por Wikileaks en 2010. La respuesta oficial fue decir que se trató de una mentira

La construcción del poder en los tribunales

La influencia sandinista se fue construyendo desde que Ortega dejó por primera vez el poder tras el fin de la revolución sandinista en 1990. 

La magistrada Méndez relató a la misma Barricada que fue el comandante Tomás Borge, uno de los fundadores del partido de gobierno, ya fallecido, quien tuvo a cargo la estrategia de orientar que los exfuncionarios y exguerrilleros estudiaran derecho. “Había una modalidad sabatina que el Comandante Borge mandó a organizar para que nosotros continuáramos a estudiar”.

Aunque con el paso del tiempo, ascendieron hasta convertirse en jueces y magistrados y hoy son uno de los músculos más visibles en el poder ejecutivo actual, la influencia del FSLN en la CSJ se fortaleció en 2000 según el exprocurador  general Alberto Novoa, quien estuvo en el cargo entre 2004 y 2007. El momento clave ocurrió con el pacto político entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y Ortega — en la oposición en aquel momento— lo que permitió que se repartieran las instituciones entre adeptos de ambos líderes.

La CSJ quedó compuesta por ocho magistrados liberales y ocho sandinistas. Sin embargo en 2002, cuando Alemán fue llevado a juicio por corrupción, en un proceso que investigó la misma magistrada Méndez, la balanza se inclinó al sandinista.  Se renegociaron las cuotas de poder, de acuerdo con Novoa, y los liberales entregaron todo a cambio de la libertad de su líder.

“Alemán pasó de socio mayoritario a rehén de Ortega. Una parte de funcionarios liberales, con su líder en la cárcel, se pliegan  al sandinismo en busca de protección para no perder su puesto”, explicó Novoa.

La toma total del FSLN en la CSJ se dio finalmente en 2014, gracias a la mayoría sandinista en el Parlamento que nombró a los nuevos magistrados. Fueron 11 sandinistas de un total de 16. De estos actualmente quedan 12, porque tres renunciaron al cargo y uno falleció. Los funcionarios se mantenían en sus puestos hasta inicios de 2020.

Los despidos en los tribunales de Apelaciones, decididos por los magistrados sandinistas a partir de 2014, permitieron aumentar el control, reveló el exmagistrado José Antonio Barrientos. “Después de esa barrida (despidos), quedó un dos por ciento de liberales en el poder judicial contra 98 por ciento sandinistas, pero ese dos por ciento vota como aliado para conservar su trabajo”, dijo el exfuncionario.

Acariciando el poder total, el FSLN se radicalizó en las estructuras judiciales a partir de 2018 cuando se dieron las manifestaciones opositoras que fueron reprimidas por policías y paramilitares. El objetivo era controlar el descontento. En los tribunales, tampoco se tolera el disenso con el discurso oficial como muestra la historia del ex trabajador de los juzgados de Chontales, Margarito García, quien estuvo detenido durante siete meses antes de su liberación el 18 de diciembre pasado. 

“Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”

Antes de que lo trasladaran a su casa por decisión del Ministerio de Gobernación, que le dio el beneficio de convivencia familiar,  García, quien laboró en los juzgados de Chontales, estuvo encarcelado y, desde prisión, se arriesgó a contar su historia a CONNECTAS.  

García dijo que su pecado fue negarse a afiliarse al partido y criticar en un espacio público al Ejército cuando Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés por negarse a desarmar a los paramilitares que ejecutaron la represión con la Policía. 

El ex funcionario tiene 47 años, de los cuales 18 trabajó para el poder judicial. Nunca tuvo un llamado de atención. Sin embargo, enfrentó un proceso por ocultación y destrucción de documentos judiciales, lo que él considera fue una trampa de sus superiores. 

“Deseo grandemente que mis hermanos que todavía están en la cárcel salgan porque (ellos) no se merecen ser reos políticos. Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”, dijo García posterior a su liberación.

La presión que enfrentan los trabajadores del poder judicial no se limitan a los expuestos por García. También se expresan  en “invitaciones” a actividades partidarias, capacitaciones y a algunos les piden hasta enviar fotografías para demostrar que participan en actividades del FSLN. Esas labores de monitoreo político son las menos públicas de las injerencias.

El ex magistrado Rafael Solís denunció durante su carta de renuncia al cargo en enero de 2019 que en Nicaragua se dio la instalación de una dictadura con características de “monarquía”.

“Sustituyendo ustedes (Ortega y Murillo) en sus decisiones  a todo el poder judicial en su conjunto incluyendo a nuestros propios jueces, a quienes defiendo porque no tenían más alternativa que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen (residencia presidencial) y de la Fiscalía de lo contrario serían destituidos de sus cargos”,  dijo Solís.

Uno de los puntos que el exmagistrado Solís criticó fueron los juicios políticos. El caso del comerciante Luis Enrique Cuevas ilustra el exceso de la injerencia política en la toma de decisiones judiciales. Fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por vender banderas de Nicaragua. Como se dijo, ese símbolo nacional empezó a ser considerado subversivo por el gobierno al ser usado por la oposición en sus manifestaciones.

La tragedia de Cuevas empezó el nueve de septiembre de 2018, cuando fue a vender banderas, cintillos y vuvuzelas a la “marcha de los globos” para aprovechar la clientela. Ese día lo capturaron y le quitaron su mercadería. Su susto fue cuando lo acusaron por portación ilegal de armas.

“Allanaron mi casa y se llevaron mi moto nueva que había adquirido seis meses antes. Nunca más la volví a ver. Se la robaron como a mi mercadería que compré con un préstamo que aún debo. Se llevaron todo el dinero de la venta de ese día. Me liberaron, pero no me regresaron nada. Cuando fui a reclamar me dijeron: andás buscando que te metamos preso otra vez”, relató Cuevas en octubre pasado. 

Cuando fue excarcelado fue posible, igual que García, el ex trabajador de los juzgados en Chontales, por órdenes del Ministerio de Gobernación, pero el 28 de febrero de 2019 en medio de las negociaciones del gobierno con la oposición. Desde entonces, él ha denunciado que es objeto de asedio.

Su historia engrosa los expedientes que han sido cuestionados por la parcialidad de los jueces al sandinismo. Recientemente EE.UU. sancionó a la fiscal General Ana Julia Guido, de tendencia sandinista, por la fabricación de expedientes contra opositores. 

El ex fiscal Arnulfo López, hoy defensor de presos considerados políticos por organizaciones de derechos humanos, considera que prácticamente el país volvió a un sistema donde se aplican circulares, orientaciones y “ahora hasta los procesados son culpables desde que los capturan”.

Entre las víctimas del poder judicial se cuentan también sandinistas. En el 2019, la CSJ destituyó a Indiana Gallardo, ex juez Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, por permitir que familiares de presos por motivos políticos estuvieran presentes durante una audiencia preliminar. Para justificar el despido, la Corte se valió de supuestas quejas de la Fiscalía en su contra.

En contraste con Gallardo, otros funcionarios tuvieron buena estrella por su alineamiento partidario. Otoniel Aráuz Torres era juez suplente en el Tribunal único local de San Ramón, Matagalpa, una comunidad rural del norte de Nicaragua. Pero eso no le impidió hacer parte de los grupos paramilitares que atacaron a la población durante las revueltas de 2018. 

El funcionario se armó con un minifusil automático y, según el testimonio de algunos testigos, disparó contra una manifestación ciudadana. El caso se conoció por denuncias ciudadanas, pero la respuesta de las autoridades fue no solo evitar investigarlo, sino que hoy es juez titular. 

Aunque el apoyo al FSLN sea un caso público en la historia de este juez, el de Araúz (apodado en los medios como el juez paramilitar) muestra hasta qué punto el partido de gobierno controla el sistema y cómo prioriza una justicia politizada y ‘de armas tomar’ contra los opositores.

#NicaraguaNoCalla es un impulso desde el periodismo para que fluya la información que permita comprender la realidad del país centroamericano. En un año electoral crucial, donde la participación de los ciudadanos nicaragüenses marcará la diferencia, ofrecemos desde CONNECTAS este espacio donde presentaremos contenidos que ayudan a comprender una realidad compleja y con matices.

Especial | 6D de 2020 cierra el ciclo de las instituciones democráticas en Venezuela
El 6D del 2015 estuvo impregnado por la esperanza de cambio, mientras que el evento del 6D de 2020 dejará todos los poderes públicos bajo el control absoluto del chavismo

En este especial, Runrunes presenta una línea de tiempo que recorre los hitos políticos que marcaron la agenda de la Asamblea Nacional desde el 6 de diciembre de 2015, cuando 14.385.349 electores, equivalente a 74.17 % del padrón electoral, acudieron a las urnas y confiaron en la institución democrática del voto como herramienta de expresión de voluntad y búsqueda de un cambio político. 

Se trata de una cronología llena de propuestas de cambios para restablecer el equilibrio de poderes en el país, todas las cuales se encontraron con obstáculos erigidos desde el Gobierno, antes de que siquiera pudiera instalarse el nuevo Parlamento el 5 de enero de 2016. Una tras otra, las leyes de los nuevos diputados fueron encontrando barreras emanadas de un poder Judicial al servicio del Ejecutivo. 

Así como el 6D del 2015 estuvo impregnado por la esperanza de cambio, el evento antidemocrático del 6D de 2020 dejará todos los poderes públicos bajo el control del chavismo. Venezuela pasará a tener, ahora formalmente, instituciones sin balances, frenos, contrapesos ni legitimidad de origen. 

De la mano de un selecto grupo de articulistas, los invitamos a recorrer los últimos cinco años de la vida republicana venezolana, tras los cuales se cierra el ciclo de las instituciones elegidas de manera democrática.

Puedes leer aquí el especial 6D de 2020 cierra el ciclo de las instituciones democráticas en Venezuela 

ESPECIAL ARI | Pdvsa navega en un mar de irregularidades

3.700 millones de dólares del patrimonio público se perdieron entre 2005 y 2017 debido a una serie de manejos anómalos de la flota petrolera de Pdvsa como el pago por buques que no se construyeron, sobreprecios en compras, desorden administrativo y embarcaciones varadas, según la auditoría interna de la estatal petrolera y los resultados obtenidos en esta la investigación periodística

La Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por  Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, junto con Connectas, plataforma periodística para las Américas, se aliaron desde hace un año para emprender una investigación a partir de la filtración de unos 350 documentos de auditoría interna de Pdvsa sobre los proyectos de construcción y fletes de buques petroleros que develan una serie de irregularidades en los manejos de la flota de la estatal petrolera.

Se trata de una investigación que revela la deficiente gestión de la flota de buques petroleros por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre 2005 y 2017, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, período en el que se perdieron al menos 3.700 millones de dólares debido al pago por buques que no se construyeron, sobreprecios, desorden administrativo y embarcaciones varadas, entre otras irregularidades, según la auditoría interna de la estatal petrolera y los resultados obtenidos en esta la investigación periodística.

En los reportajes se destaca la participación de figuras como Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa por más de una década, quien lideró el fallido Plan de Siembra Petrolera; Asdrúbal Chávez, primo del fallecido mandatario y máxima autoridad de la estatal petrolera en la actualidad, ingeniero que entre 2007 y 2013 gerenció la flota de Pdvsa desde la Vicepresidencia de Comercio y Suministro; y Wilmer Ruperti, empresario que auxilió al oficialismo con tanqueros durante el paro petrolero 2002-2003, y que ahora intenta de ayudar a Maduro a saltar las sanciones de EE. UU. a Pdvsa.

Entre los hallazgos de este especial, se encontró:

-El expresidente Hugo Chávez encargó la construcción de 18 buques petroleros en Argentina, Brasil, Portugal e Irán por un monto de 1.200 millones de dólares. Pdvsa adelantó más de 500 millones de dólares y solo recibió un barco y con retraso. Dos tanqueros en Argentina y uno en Brasil permanecen varados.

-Pdvsa pagó 177 millones de dólares en fletes a dos tanqueros comprados con 95 por ciento de dinero venezolano. Este negocio de fletes ocurrió en el marco de una empresa mixta entre Cuba y Venezuela.

-A comienzos de 2020, en medio de las sanciones, 46 buques sostenían el transporte marítimo y fluvial de Pdvsa, aunque apenas tres eran propiedad de la estatal venezolana.

 Puedes ver el especial “Pdvsa navega en un mar de irregularidades” haciendo click aquí:

 

The Central Bank of Venezuela: Official Squeezer of Venezuelan Gold
Venezuelan gold is not only smuggled through trafficking routes. Sometimes it just walks out of the bank.

By using its powers for gold trade and as custodian of foreign-exchange reserves, the Central Bank of Venezuela (BCV) has been dilapidating the country’s resources which have reached an all-time low amidst an environment of financial draught and hyperinflation.

Until 2013, Venezuela was among the first 30 countries in the world with the greatest reserves of monetary gold. However, in a matter of five years these reserves have been evaporating. This is largely in part to the BCV’s lack of solid management. Controlled by public servants who are loyal to Nicolás Maduro, this formerly autonomous institution has become the axis of an ecosystem of alleged money laundering, sanctions and million-dollar business deals which have also included gold resources extracted from the controversial Orinoco Mining Arc.

This report by Runrun.es in alliance with Connectas and the International Center for Journalists (ICFJ) reveals the BCV’s ploys to obtain alternate resources and gain liquid assets after the dismantling of Venezuela’s main resource: the oil industry.

Click on the image to access this special report.

 

ESPECIAL Cuba y Venezuela: 20 años de un matrimonio conveniente y dispar

El 30 de octubre se cumplen 20 años del Convenio Integral de Cooperación Cuba Venezuela que ha marcado de manera cardinal las relaciones estratégicas de ambas naciones. Como si se tratara de un matrimonio en crisis, pero por conveniencia, la controversial relación trata de sostenerse y aparentar buena salud en medio de las adversidades que supone, entre otros factores, la pandemia del COVID-19.

Los venezolanos y los cubanos comparten desde hace cuatro años una angustia: la escasez de medicinas. Mientras que en Venezuela las fallas, que datan desde el año 2012, se acentúan por la corrupción, por el retraso en la asignación de divisas para importar y, hoy en día, por la crisis económica, en la isla los laboratorios redujeron su capacidad de producción por carecer de materia prima. Sin embargo, hay un punto de inflexión que desencadenó la desesperación del pueblo cubano en los últimos años: el declive de la industria petrolera venezolana. Esta fue una estocada casi mortal para la estabilidad económica que la isla alcanzó gracias al convenio integral de cooperación firmado con Venezuela hace 20 años, el 30 de octubre de 2000

Los equipos de Runrun.es y El Pitazo de Venezuela, El Toque de Cuba y la plataforma Connectas se unieron en alianza para hacer un balance de las mieles y hieles de este convenio que suma dos décadas y que va más allá del intercambio comercial del petróleo de Venezuela por medicinas de Cuba.

El resultado de este trabajo colaborativo es el reportaje Cuba y Venezuela: 20 años de un matrimonio conveniente y dispar   que puedes leer haciendo click en la caricatura de Wimar Verdecia: 

Fincen Files: El supuesto testaferro de Diosdado Cabello nunca salía sin “ella”

Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. El derroche con sus tarjetas de crédito lo financiaba la cercanía al número dos del chavismo, a quien había conocido más tres décadas antes en la Academia Militar. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas que se han multiplicado en la última década, al menos hasta 2018, cuando fue objeto de sanciones de Washington.

@loremelendez

Quizás si Rafael Sarría Díaz se hubiera graduado en la Academia Militar, su destino hubiese sido diferente. Probablemente hubiese actuado en la intentona golpista que Hugo Chávez encabezó el 4 de febrero de 1992. Quizás, ya en la Quinta República, se hubiese convertido en miembro del gabinete de gobierno. Es posible que todavía hoy detentara algo de poder e influencia y que desde julio pasado hubiese formado parte del lote de militares que pasó a retiro por orden de Nicolás Maduro.

Pero hasta allí el juego de Si hubiera. En la realidad su camino fue distinto: no completó la carrera militar y, en lugar de convertirse en una figura de gobierno en un régimen de marcado perfil castrense, pasó a estar a la sombra de quien es considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela: el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), teniente del ejército -ascendido a capitán, aunque inactivo, en 2013 Diosdado Cabello. Y aún en esa penumbra quedó al descubierto: Estados Unidos señala abiertamente a Sarría de ser el testaferro del número dos del chavismo.

Fue el 18 de mayo de 2018 cuando Sarría Díaz quedó al desnudo. Ese día se confirmó lo que periodistas, websites informativos y reportes de inteligencia venían denunciando desde hacía años. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra -la Special Designated Nationals List, también conocida como la Lista Clinton- el mismo día que también inscribió a Cabello, a su esposa, la ex ministra de Turismo y de Obras Públicas, Marleny Josefina Contreras Hernández; y a su hermano, el superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello. El presunto testaferro quedó así sancionado, con sus activos congelados, mientras que varias de sus empresas y propiedades en Estados Unidos fueron bloqueadas para hacer negocio alguno con un ciudadano o compañía de ese país.

Pero hasta entonces Sarría se había dado la gran vida en Estados Unidos, con un tren de gastos saudí. O boliburgués. Al menos es lo que dejaba entrever, un año antes de las sanciones, la edición de la semana del 10 al 16 de marzo de 2017 del Kleptocracy Weekly, una semanario interno de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.

El boletín, incluido en la filtración de los FinCEN Files -2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros 110 medios de 88 países, entre ellos, Runrun.esArmando.info– recoge el seguimiento que para la fecha American Express hacía a los altos pagos efectuados por Sarría a tres de sus tarjetas de crédito. Entre el 2 de marzo de 2015 y el 3 de marzo de 2017, por ejemplo, los plásticos habían recibido más de 317.000 dólares por medio de 33 operaciones hechas a través de una cuenta del UMB Bank, una entidad bancaria nacida en Kansas, en el medio oeste norteamericano, y con sucursales en Missouri, Illinois, Colorado, Oklahoma, Nebraska y Arizona.

El informe también destacaba que, desde que American Express hacía el monitoreo de las tarjetas de Sarría -un período que el documento no acota-, se habían registrado gastos por poco más de 2,6 millones de dólares.

A Sarría se le vigilaba por la magnitud de las transacciones y por sus vínculos con el jerarca chavista, quien hasta 2015 presidió la Asamblea Nacional de Venezuela. el Parlamento venezolano. Pero el boletín también le señala de estar a cargo del manejo de “las finanzas de la red venezolana de tráfico de drogas, el Cártel de los Soles”.

American Express no respondió a peticiones de comentarios enviadas por el ICIJ.

 

De escolta a contratista del Estado

En mayo de 2018, al momento de las sanciones de la Ofac, el organismo distribuyó desde Washington una nota de prensa en la que se aseguraba que Sarría “ha lavado dinero para funcionarios venezolanos con la compra de inmuebles desde 2010. Sarría actúa para y en nombre de Cabello como su principal testaferro, asesorando, asistiendo y beneficiándose de las ganancias corruptas y los ingresos ilegales de Cabello”.

Aún antes, en 2017, un informe del American Enterprise Institute llamado Kingpins and Corruption (Capos y corrupción) apuntaba a Sarría como el más importante prestanombres del ex militar, vicepresidente del partido de Gobierno, ex gobernador del estado Miranda y ex vicepresidente ejecutivo de la República, entre otros cargos: “Han surgido numerosas acusaciones de que Cabello controla varias empresas venezolanas y emplea a múltiples testaferros fuera de Venezuela para administrar los ingresos de sobornos, malversación de recursos estatales y tráfico de drogas. Su testaferro más importante, según fuentes estadounidenses y venezolanas, es Rafael Sarría, considerado el cerebro que maneja la red ilícita de negocios de Cabello y sus intereses económicos. Sarría mantiene un perfil bajo, prácticamente invisible en los registros públicos tanto dentro como fuera de Venezuela”, se lee en el documento.

Sin embargo, los lazos de Sarría con Cabello y el chavismo vienen de mucho antes.

Se remontan a la Academia Militar de Venezuela, de donde egresó Hugo Chávez y los uniformados que lo acompañaron durante su gobierno. Sarría comenzó su carrera militar junto a Cabello en agosto de 1983. Aunque nunca se graduó, la amistad entre los dos contemporáneos tampoco se desvaneció.

Esa promoción, llamada “General de División Tomás Montilla” sería a la larga una especie de quién-es-quién de la administración chavista. Con ella egresaron en 1987, además de Cabello, Jesús María Mantilla Oliveros, actual segundo comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, y Jesse Alonso Chacón Escamillo, hoy embajador de Venezuela en Austria y ex ministro de Energía Eléctrica, Relaciones Interiores, Comunicación e Información, entre otras carteras. También lo hicieron figuras como José Gregorio Vielma Mora, ex gobernador del estado Táchira, ex Superintendente del Servicio Nacional de Administración Tributaria (Seniat) y actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, partido de gobierno) para Atender Asuntos Religiosos; y Carlos Alberto Rotandaro Cova, ex ministro de Salud y ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), hoy en el exilio y buscado por la justicia venezolana por presuntos casos de corrupción. Todo ese grupo, conocido como los Montilleros a propósito del nombre de la promoción, obtuvo cargos importantes durante la administración de Chávez de la mano de Cabello, quien fue el segundo de su clase.

Aquel paso por la Academia Militar llevó a Sarría a ser, en 1998, escolta de Chávez durante la campaña electoral con rumbo a la presidencia. El equipo de seguridad era coordinado en ese entonces por Cabello.

La conexión de Sarría y Cabello siguió más adelante. Sarría se convirtió en vendedor de seguros y luego en contratista del Estado durante el paso de Cabello por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre 2000 y 2003, y el Ministerio de Infraestructura, entre 2003 y 2004. Esa relación continuó cuando Cabello fue elegido como gobernador de Miranda (2004-2008). Luego vendrían los negocios internacionales que el testaferro asumiría como propios.

A Sarría se le vincula usualmente con la compra de dos medios de comunicación venezolanos: el circuito radial FM Center, del que, según las versiones, adquirió 40% de las acciones, y el diario El Universal de Caracas, un tradicional periódico estándar fundado en 1909. En ambos casos su representante fue el ingeniero Jesús Abreu Anselmi, un ex funcionario público de gobiernos anteriores al chavismo y asesor empresarial, quien estuvo como director suplente en la emisora y como presidente de la junta directiva en el periódico hasta 2019, cuando cambió de propietarios. Fuentes de la radio negaron que el testaferro haya sido parte de la compañía, aunque sí estuvo interesado en entrar en el negocio. Esta investigación no obtuvo documentos al respecto.

 

Propietario con ‘P’ de poder

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Sarría y Cabello habían mantenido “una relación comercial ilícita desde al menos 2010”, cuando registraron sociedades y corporaciones en Panamá. Sarría, dice la nota en la que se anunció su sanción, poseía varios inmuebles en Florida, Estados Unidos, que estaban registrados con su nombre.

“En realidad, Sarría actuó como el representante designado de Cabello en la propiedad de estos bienes inmobiliarios. A partir de 2015, continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016 estuvo involucrado en actividades de tráfico de drogas en su nombre. A partir de 2018, Sarría asesora y ayuda a Cabello, y se beneficia de la inversión de su riqueza obtenida de manera corrupta”, añade el boletín de prensa.

El texto emitido por la Ofac detalla las lujosas residencias que tenía el presunto testaferro en Boca Ratón y Pembroke Pines (referencia removida en septiembre), en Florida, además de un apartamento en un moderno edificio de la prestigiosa Park Avenue de Manhattan, en Nueva York.

 

El edificio donde está el departamento de Rafael Sarría en Park Avenue, Nueva York. Captura de Google Maps

Las direcciones de las casas de Florida (5599 NW 23rd Avenue en Boca Raton y 9410 NW 14 ST, en Pembroke Pines) son las mismas de empresas que Sarría registró en las últimas dos décadas en Estados Unidos. A la de Boca Ratón, por ejemplo, están vinculadas 11420 Corp. (mayo, 2009) y Noor Plantation Investments LLC (enero, 2010), dos de las tres compañías que fueron incluidas en la lista Ofac desde el 18 de mayo de 2018. Ambas también están en otro domicilio que se repite: 11420 NW 4 Street, Plantation, FL 33325.

 

La residencia de Rafael Sarría en Boca Ratón, Florida. Google Maps.
Frente de la casa de Rafael Sarría en Boca Ratón, Florida

Estas dos empresas tienen todavía más elementos en común. Al momento de sus respectivas constituciones, en las dos figuró como agente Incorp Services Inc., un servicio empresarial que desde 1998 opera en Estados Unidos como registrador de empresas. Michael Freeman, empleado de esta, fue el firmante de los documentos. La otra revelación de las actas de fundación de las compañías es que Frank Holder, un consultor de seguridad estadounidense y experto en investigaciones de lavado de dinero, aparece como director.

Fachada y vista aérea de la casa de Rafael Sarría en Plantation, Florida. Google Maps.

Holder, especializado en temas de corrupción, fraude y transparencia empresarial, y actual director para Latinoamérica de la firma de consultoría de estrategia Berkeley Research Group (BRG), ha tenido episodios escandalosos en su trayectoria que lo han llevado a separarse, por ejemplo, de FTI Consulting, de donde supuestamente fue despedido por conflictos internos en 2015. Esa empresa supuestamente estuvo al frente de las relaciones públicas de los llamados bolichicos, ex directivos de Derwick Associates como Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, o del ex tesorero de la nación Alejandro Andrade, condenado a diez años de prisión en Estado Unidos por cargos de corrupción. En reciente publicación de esta serie, Ricardo Fernández Barrueco, el otrora Zar de Mercal caído en desgracia con el chavismo en 2009, admitía haber trabajado con Holder.

Al domicilio de Pembroke Pines están vinculados otros dos negocios de Sarría: Global Tech Group INC (noviembre, 2006) y Nazo Enterprises LLC (enero, 2018). La primera está inactiva, pero la segunda fue reactivada en 2019 tras la sanción. Es la única de Sarría que permanece abierta, aunque con un solo empleado: él como director.

SAI Advisors INC fue la otra empresa de Sarría sancionada en mayo de 2018. Fundada en septiembre de 2009 en Fort Lauderdale, Florida (450 East Las Olas Boulevard, Suite 730), es la única en donde el propio Sarría aparece como firmante, mientras que como directores están Holder y Albino Ferreras Garza, abogado de Sarría y socio senior del bufete venezolano Ferreras & Bello SC.

A nombre de Sarría estuvieron también dos empresas que no fueron incluidas en la lista Ofac por haber estado inactivas previamente: Grober & Vertiz, INC, fundada en agosto de 1993 y cerrada en 2003, que tuvo como domicilio un departamento en la lujosa zona de Brickell, en Miami (1101 Brickell Avenue, Suite 400). Allí, el testaferro fungió como director junto a su hermano Edgar Sarría; su esposa, Mireya Carolina Hidalgo de Sarría, y Jorge Martínez. Con esa misma dirección fue registrada Globalcorp Investment, INC en agosto de 2002.

El mismo año de la fundación de Grober & Vertiz, Sarría registró en Curazao la empresa Globco Group Finance N.V., con un capital de 6 .000 dólares. Lo hizo junto a Carlos E. Santaella, un consultor financiero vinculado a compañías bancarias y de seguros ‑quien en 2012 fue director legal de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg)‑ y Salvador Itriago. De toda la operación de apertura se encargó la arubana EuroTrust International N.V., que estaba dentro de la junta directiva y apareció vinculada a 114 entidades citadas en la investigación Paradise Papers del ICIJ. Globco, de acuerdo con documentos consultados del Registro Comercial de Curazao, dejó de estar activa en 2008 y finalmente fue disuelta en marzo de 2020.

El nombre de Mireya Hidalgo, esposa de Sarría, aparece relacionado en Venezuela a la Asociación Cooperativa Embelleciendo Marín CA, creada para labores de limpieza y mantenimiento de edificaciones y áreas verdes y con sede en el barrio Marín de la parroquia San Agustín, en Caracas. La empresa fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas en septiembre de 2011 y actualmente está inhabilitada para realizar contrataciones con el Estado.

Desde julio de 2018, la esposa de Rafael Sarría es la gerente de SCI 3, empresa ubicada en París, Francia, con un capital de 320.000 euros.

A Sarría también le fueron registradas dos viviendas en Madrid, España: una en La Moraleja, urbanización en la zona norte de la ciudad, considerada una de las más seguras y con mayor renta per cápita de toda la nación, y otra en Mirasierra, al noroeste de la capital española, en una calle ciega y discreta rodeada de pinos.

A la izquierda, la residencia de Rafael Sarría en la calle de la Peña Pintada. Google Maps

 

Entrada de la residencia de Rafael Sarría en la calle de la Peña Pintada, Madrid. Google Maps.

En Venezuela, su casa está en Valle Arriba, en el municipio Baruta de Miranda, en una calle ciega de un barrio de viviendas ostentosas rodeadas de altos muros que protegen sus jardines y patios con piscina. Todas las casas de Sarría, de acuerdo con Estados Unidos, fueron adquiridas entre 2010 y 2015 con dinero proveniente de la corrupción.

El 25 de septiembre de 2018, Edgar Sarría Díaz fue sancionado por el Departamento del Tesoro junto a la primera dama de la república, Cilia Flores; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Allí también se mencionó al piloto José Omar Paredes, un empleado de la Agencia de Vehículos Especiales Rurales y Urbanos (Averuca CA), empresa venezolana de Rafael Sarría ubicada en la urbanización Las Mercedes de Caracas (Calle Paris, Torre Global, Piso 5), que también fue agregada a la lista Ofac ese día, así como el jet privado Gulfstream G200 (siglas N488RC) que estaba a nombre de esta, valorado en al menos cuatro millones de dólares. Quiana Trading Limited, otro de los negocios del testaferro en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, fue igualmente ingresado al listado.

 

Las sanciones al hermano del testaferro alcanzaron a una cafetería/bar que estaba a su nombre pero que había cerrado años atrás: Panazeate SL, registrada en Valencia (Calle Nou d’Octubre, 18-BJ), España.

Una década atrás, Edgar Sarría había abierto en Estados Unidos un par de empresas: Corposeguros International INC (mayo, 2009), que cesó al año siguiente y que tenía en su junta directiva a su hermana, María Isabel Sarría Díaz, y Corposeguros USA INC. (enero, 2010), inactiva desde 2011. Las dos estaban domiciliadas en Coral Gables (153 Sevilla Avenue), Florida y el firmante, al momento de su apertura, fue nuevamente Michael Freeman.

En esa misma época, una de las empresas de Édgar Sarría fue intervenida por el Estado venezolano. Se trató de Globalcorp Casa de Bolsa C.A, a la que se le abrió una investigación administrativa a finales de 2009 y, meses después, en abril de 2010, fue obligada a cesar sus operaciones por mandato de la Comisión Nacional de Valores. Ramón Ramos Acevedo, nombrado como liquidador de otras casas de bolsa como Banvalor, Venevalores, Intertrust y Caja Ibérica de Valores, fue designado como el interventor de esta.

La razón de la sanción, según se explica en la Gaceta 39374 del 25 de febrero de 2010, Globalcorp no tenía actualizados los registros mínimos de información y archivo de cada uno de sus clientes. La resolución que anuncia su intervención indica, en cambio, que el motivo principal es la “situación crítica de la entidad”, por la cual podría incumplir sus obligaciones como corredor de títulos valores y producir desajustes en el sistema de mercado de capitales, provocando violaciones a la ley. Lo cierto es que fue parte de la razzia llevada a cabo por el régimen chavista ese año contra todo el sector bursátil.

Hoy, Rafael Sarría vive en Madrid, donde las sanciones parecen no haberle tocado. En su residencia de Caracas no hay señales de él. La oficina de Averuca, en la urbanización Las Mercedes, sí se mantiene activa. Allí se entregó una petición de comentarios para este reportaje el 28 de agosto y no se obtuvo respuesta.

Una joyería en el estado de cuenta: los pagos sospechosos de una transnacional del oro a empresas anónimas en Venezuela

Sin oficina conocida en el país, la comercializadora de oro Kaloti Jewellery International, investigada por Estados Unidos por lavado de dinero y señalada de contrabando de metales preciosos, tocó Venezuela de forma indirecta. Entre 2011 y 2012, miles de dólares entraron en cuentas en el extranjero de pequeños comerciantes de libros, pescado, pan, entre otros, prácticamente desconocidos, en un contexto de sequía de dólares. Los pagos ponen en evidencia un enrevesado costado de las distorsiones del control de cambio que rigió en Venezuela por más de 15 años. Son transacciones que no involucraron oro como mercancía aunque el pagador fuese una de las corporaciones auríferas más grandes del mundo.

@boonbar

@marcosdavidv

Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, Lechería, Güiria. En estas cinco ciudades tan dispares como equidistantes a lo largo de 1.300 kilómetros, que se extienden del occidente al oriente de Venezuela, se encuentra un puñado de pequeñas empresas que tienen como denominador común haber recibido pagos de una compañía con sede en los Emiratos Árabes Unidos: Kaloti Jewellery International Company Limited, de Kaloti Jewellery Group. 

Se trata de una de las corporaciones de refinación, fabricación y comercialización de oro más extendidas del mundo, que por tres años fue investigada por una fuerza de tarea conjunta liderada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), pesquisas que incluso llevaron a funcionarios estadounidenses a recomendar en 2014 que la empresa fuera designada como una amenaza de lavado de dinero utilizando la Ley Patriota, basados en todas evidencias que habían acumulado. El gobierno de Estados Unidos decidió cerrar el caso por consideraciones diplomáticas con sus aliados emiratíes, pero las alertas llevaron a que algunos bancos les cerraran las cuentas y perdieran una importante certificación de su principal refinería. 

¿Por qué la megacorporación del oro fundada en Dubái depositó miles de dólares a las cuentas bancarias en el extranjero pertenecientes a una empresa pesquera, un instituto oncológico, una editorial de medicina y odontología, el propietario de una panadería y el dueño de una importadora en Venezuela sin aparente relación con el sector aurífero? 

Las inusuales transacciones entre Kaloti y las empresas venezolanas con participación de bancos extranjeros y agentes intermediarios que operan en jurisdicciones de “alto riesgo” levantaron las alarmas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que investiga datos financieros relacionados  con lavado de dinero y terrorismo. 

La filtración de más de 2.100 reportes de actividades sospechosas (en inglés Suspicious Activity Report, o SAR), obtenida por BuzzFeed News, compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a la que tuvieron acceso más de 400 reporteros de 88 países para dar origen a la investigación global de los FinCEN Files, reveló que entre 2011 y 2012 Kaloti transfirió al menos seis pagos a 2 particulares y 3 compañías registradas en Venezuela que suman un total de 420.070 dólares, equivalentes a unos 8,4 kilos de oro calculados según promedio del precio del oro en la época. Una cifra que podría lucir intrascendente en el millonario panorama del mercado internacional de oro pero que en realidad se adiciona a las miles de operaciones que efectuó la transnacional a un centenar de compañías en otros países de América Latina, Asia y África, tal como registran los documentos del FinCEN. 

Las operaciones bancarias de Kaloti Group identificadas como dudosas por el Departamento del Tesoro estadounidense suman miles de transferencias por un valor de  9.300 millones de dólares, realizadas entre 2007 y 2015 dentro del sistema financiero internacional. Un cuarto de los SAR recogidos en la filtración están relacionados con oro. Venezuela figura como el tercer país con mayor número de reportes de actividades sospechosas de estar vinculadas con lavado de dinero a través del comercio de oro. 

La web de Kaloti Jewellewry International describe que la corporación mantiene “altos estándares de integridad, excelencia y conformidad”

Que un nombre de persona o empresa aparezca en un SAR del Departamento del Tesoro norteamericano no es una buena noticia pero no necesariamente es indicativo de algún delito o conducta criminal. Los bancos en Estados Unidos están obligados a enviar a la FinCEN informes que indiquen si se “sabe, sospecha o tiene alguna razón de sospechar” que una transacción tenga un origen ilícito o dudoso objetivo de negocio. No son en sí denuncias formales pero sí alertan a las autoridades sobre posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado. En los FinCEN Files no está la totalidad de los miles de informes emitidos durante los años analizados.

 Si bien las empresas venezolanas que recibieron pagos de Kaloti fueron registradas en el país, las transacciones se hicieron entre cuentas de bancos internacionales por orden de compañías domiciliadas en “sitios conflictivos” como Curazao y Guyana. Todo esto ocurrió justo en una época en la que regía el control de cambio implantado por el gobierno chavista desde 2003, que bajo la gestión de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) bloqueaba la libre convertibilidad de la moneda y por lo tanto el intercambio entre cuentas bancarias de bolívares venezolanos a dólares. 

Aunque el objeto de estas operaciones bancarias fue descrito como “comercialización de oro” por la empresa emiratí, no hay registro de exportaciones por parte de las empresas venezolanas ni particulares involucrados. En los balances aduaneros de los años que figuran en los reportes a la FinCEN no existe la venta de lingotes dorados provenientes de Venezuela a Kaloti ni a ninguna otra compañía extranjera, según recoge la base de datos de comercio internacional Import Genius. 

Las transferencias de Kaloti “por comercio de oro” a empresas venezolanas ocurrieron entre 2011 y 2012, cuatro años antes de la creación del controversial Arco Minero Minero del Orinoco, un megaproyecto de minería concebido y anunciado por Hugo Chávez en 2011 e instaurado definitivamente por Nicolás Maduro para la explotación de materiales estratégicos, que derivó en una cantera de corrupción, devastación ambiental, masacres y desapariciones. También ocurrieron antes de que fuera establecido por ley el monopolio de la comercialización del oro por parte del Estado, cuando las reglas de la compra y la venta del oro explotado en las minas del sur del país estaban aún menos claras. El Banco Central de Venezuela es el organismo que autoriza la venta del material aurífero tanto dentro como fuera del país. 

Una de las entradas al Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, Venezuela. Foto: Bram Ebus

Las empresas señaladas tienen en común alguna formalidad estructural como identificación fiscal, registro de empresa, reporte de importación de mercancía con su correspondiente registro en aduana. Incluso dos de las cinco compañías  aparecen en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), aunque hoy en día están inhabilitadas para contratar con el Estado. Pero en todos los casos resultó difícil conseguir el contacto y la sede física a partir  de la dirección, correo electrónico y números telefónicos reflejados en los SAR y algunas cuentas de redes sociales. La falta de datos muestra también la dificultad de los bancos, ubicados en la primera línea de prevención del lavado de dinero, para seguir las trazas del dinero que consideran sospechoso. 

El principal llamado de atención de los bancos a la FinCEN es que las empresas que recibieron pagos de Kaloti desviaron sus actividades para vender oro y asomaron que los movimientos bancarios sospechosos se inscriben dentro de patrones de lavado de dinero estudiados por la DEA y organizaciones como Global Witness.  

Pero en el caso de Kaloti y las empresas venezolanas la relación no resulta tan directa. Un grupo de pequeñas y medianas empresas venezolanas sin relación entre sí y desconectadas del sector aurífero quedaron envueltas en inusuales transacciones entre comercializadoras de oro extranjeras, que se valieron del control de cambio en Venezuela para ejecutar esas operaciones identificadas como sospechosas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y lo hicieron sin saberlo. 

 

Una deuda de pescado 

Cuando vio el nombre de Kaloti Jewellery International en el balance bancario de su empresa pesquera, Alí Saab Saab tuvo un mal presentimiento. ¿Por qué una joyería extranjera le estaba transfiriendo los más de 100 mil dólares correspondientes al pago pendiente de la deuda acumulada de un cliente por compra de pescado? “Esto nos puede traer problemas”, pensó con inquietud. Pocos meses después, el First Bank of Miami cerró la cuenta corporativa y nueve años más tarde, el nombre de la mediana compañía ubicada en Güiria, al extremo oriental del estado Sucre, apareció en la filtración de los FinCEN Files como receptora de una transacción sospechosa que relaciona a la corporación del oro de Dubái y la comercializadora El Dorado Trading, ubicada en Guyana.

 Según el reporte de actividad sospechosa llenado en marzo de 2012 y dedicado a Inversiones Rosu C.A., el First Bank de Miami señaló que el 19 de diciembre de 2011 Kaloti Jewellery Internacional hizo dos transferencias por un total de 109.452 dólares a beneficio de la empresa pesquera de Güiria desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres usando la entidad intermediaria Deutsche Bank Trust de Nueva York, por concepto de “comercio de oro por orden de El Dorado Trading”.

El banco estadounidense confirmaba en su reporte que la empresa de los hermanos Roston, Rafik y Ali Saab Saab se dedicaba a la industria pesquera y operaban cuatro barcos con autorización para trabajar en Venezuela, Surinam, Guyana y la Costa Atlántico Sur hasta Brasil. En el documento ante la FinCEN, el First Bank de Miami explicó que “las  transacciones (de Inversiones Rosu C.A) no parecían tener “un razonable propósito y se desvían de la actividad esperada por el cliente”. También dijo que el cliente “no pudo proporcionar documentación para soportar las transacciones”.

Alí Saab Saab aseguró en una entrevista del 23 de septiembre de 2020 que no había manera de presentar documentos de una transacción en un país de extrema informalidad financiera y poca fiscalización como Guyana, operación por la que además no fueron previamente consultados. Lo dice quien es oriundo de una región de Venezuela ahora azotada por el contrabando de gasolina, narcotráfico y bandas criminales. 

 Los propietarios de Inversiones Rosu C.A son tajantes: “Nunca hemos tenido ningún tipo de relación con la empresa (Kaloti Jewellery International Group.), y jamás hemos comercializado con oro. Lamentablemente, todo lo que trajo esa transferencia fue un incidente ajeno a nuestra voluntad y control”

En una respuesta enviada por email el 23 de septiembre, Saab Saab despeja las sospechas sobre las embarcaciones de la empresa en aguas extraterritoriales. “Güiria siempre se ha caracterizado por ser un área de producción pesquera y agrícola. Es costumbre que toda las embarcaciones pesqueras, llámese pargueras y polivalentes, tanto de Güiria, como de otros puertos del Oriente, realicen faenas de pesca en aguas de Guyana, Suriname e incluso Guyana Francesa, con licencias legales obtenidas o auspiciadas por los clientes que existen en esos puertos, permitiendo descargar o vender parte de la producción pesquera”. 

Saab Saab confirmó que aquel cliente de Guyana les adeudaba varias faenas o campañas de pesca. “El hecho de que esos fondos fueran abonados a nuestra cuenta sin nuestro consentimiento en lo que respecta al remitente de la transferencia, nos costó no solo la relación comercial, sino también el cierre de la cuenta. Inclusive, los fondos fueron abonados sin control previo por parte del banco, que de haberlo realizado, nunca habríamos aceptado el depósito de los mismos”.

Descartan asimismo cualquier vinculación con El Dorado Trading. “No existía relación con esa empresa; obviamente exigimos una explicación a nuestro cliente en Guyana, que sin consultarnos o solicitar nuestra autorización pidieron por su cuenta que nos hicieran la transferencia cuyo concepto original era producción pesquera”.

 

Derecho de autor

Un caso similar ocurrió con Actualidades Médicas y Odontológicas Latinoamericana, Amolca C.A (Actualidades Médico Odontológicas) una editorial de textos de medicina fundada hace 36 años en Caracas y que en 2019 mudó su sede principal a Medellín empujada por la crisis generalizada de Venezuela, aclararon sus propietarios. Conservan la oficina de la capital venezolana en un pequeño edificio tan discreto como desvencijado del este de la ciudad. 

En un informe de actividad sospechosa de la FinCEN de diciembre de 2011, el Ocean Bank reportó que Amolca C.A registró actividades sospechosas con algunos giros provenientes de ubicaciones geográficas  de “alto riesgo” como Emiratos Árabes Unidos y Siria. Agregaron que la actividad era inconsistente con el negocio y la historia del cliente.

En la sede en Caracas de Actualidades Médicas Odontológicas (Amolca C.A) sigue funcionando en un pequeño edificio en el este de la capital. Oficina principal se mudó a Medellín en 2019. Foto Lisseth Boon / Runrunes

El SAR reporta que en diciembre de 2011, la empresa propiedad de Rafael Ángel Cortez, Margarita Florez de Cortez y Guillermo Cortez recibió un pago único de 9.976 dólares por parte de Kaloti Jewellery International de Dubái a través de la cuenta del Deutsche Bank y del intermediario Deutsche Bank Trust de Nueva York por concepto de “comercio de oro al cuidado de Haig’s Internacional N.V”. Identificaron esta operación como “inusual” y “altamente irregular” emitida desde una jurisdicción “de alto riesgo” y relacionada a una actividad comercial muy diferente a la editorial. 

En su momento, a Margarita Florez de Cortés, una de las propietarias de Amolca C.A, le extrañó recibir en su cuenta del Ocean Bank de Miami un depósito de casi 10  mil dólares por parte de una “joyería internacional”. En diciembre de 2011, la editorial necesitaba obtener divisas para cubrir algunas operaciones en el extranjero para la compra y venta de derechos de autor por lo que debieron recurrir al mercado negro, costumbre arraigada en la Venezuela de aquellos años sumida bajo el control cambiario que solo permitía el acceso a dólares preferenciales a reducidos sectores de la economía como el de alimentos y medicinas. 

“Aquella transacción fue producto de la compra de dólares en el mercado secundario a una persona que nos recomendaron para cambiar las divisas a fin de honrar compromisos de la editorial en el exterior. La operación se hizo de esa manera debido al control cambiario en Venezuela; era además una práctica común que hacían las empresas que tenían compromisos en el exterior”, aseguró Florez en una carta enviada el 21 de septiembre de 2020. En ese tiempo regía, sin embargo, la Ley de Ilícitos Cambiarios que establecía multas y prisión a quienes compraran o vendieran divisas fuera del Banco Central de Venezuela, una legislación que fue derogada en 2019. 

La propietaria de Amolca C.A subraya que se trató de una operación puntual y no consecutiva que se efectuó hace nueve años. No conserva detalles de esa transacción, como por ejemplo la identidad de la persona en Caracas que gestionó el cambio de bolívares a dólares, o si se hizo mediante cheque o transferencia bancaria. “Con la mudanza, se desecharon muchos documentos que la empresa no consideró importantes”. De lo que sí está completamente segura, insiste, es que la editorial nunca vendió oro y jamás tuvo relación con Haig’s International ni Kaloti. 

¿Por qué Haig’s International, una comercializadora de oro afincada en Curazao, de conocida gestión en el mercado global, querría tener una moneda tan devaluada como el bolívar fuerte venezolano en 2011? La respuesta podría apuntar hacia el sur minero del país. Para aquel año en que Hugo Chávez nacionalizó la actividad aurífera en Venezuela, la compra y venta del oro en la región minera del estado Bolívar aún se efectuaba con bolívares y en efectivo. Además, denuncias oficiales y reportajes periodísticos han confirmado que la ex antilla neerlandesa ha servido de puente para la legitimación del oro venezolano promoviendo su salida legal hacia el mercado internacional. 

 

Un apartamento y la banca clandestina 

Un esquema parecido se aplicó con el Instituto Oncológico del Occidente, centro de salud registrado en 1981 en Maracaibo, capital del estado Zulia, al occidente del país. La clínica está apuntada en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela aunque hoy en día está inhabilitada para firmar contratos con el Estado.

Un reporte de actividades sospechosas de finales de 2012 subraya el alerta de Century Bank sobre la familia propietaria de la clínica zuliana, José Luis Padilla Viloria, Mirna Yolanda Parra de Padilla y María Carola Padilla Parra, así como también del emisor de la transacción, Kaloti Jewellery International de Dubái. Observaron que se trataba de “una actividad que no está en línea con su actividad habitual” y que los titulares de la cuenta abierta en 2009 no pudiesen presentar documentación que justificara la operación. 

Según el reporte del banco que analizó los movimientos, no estaba claro el objetivo del depósito de 165.690 dólares a los propietarios de centro para el tratamiento de cáncer realizado el 23 de julio de 2012 por parte de Kaloti desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres, usando como banco corresponsal el Deutsche Bank NYC y cuyo objetivo de pago era el “comercio de oro” por parte de Haig’s International. 

Hacia 2012, Haig’s International, ubicada en la zona franca de Curazao, contaba con  25 años de experiencia en comercio, transporte y distribución de metales preciosos. “No se encontró relación entre los clientes del banco y el emisor de la transferencia (Kaloti) o la comercializadora de oro de Curazao (Haig’s)”, indicó el documento agregando que “no se puede asegurar la legitimidad de la transacción que parece ser un pago a terceros”, que los oficiales de cumplimiento describieron en el SAR “como un mecanismo o red de personas que reciben dinero con el fin de hacer equivalencias de los fondos de terceros en otra ubicación geográfica”.

Estas operaciones entrarían en un sistema informal de transferencia de valor  o IVTS (por las siglas en inglés de Informal Value Transfer System) que se manejan fuera del sistema bancario convencional a través de instituciones financieras no bancarias u otras entidades comerciales, la llamada “banca clandestina”.  Se trata de un mecanismo o red de personas que reciben un monto de dinero cuyo valor equivalente es pagadero a un tercero situado en otra ubicación geográfica, como algunas redes de envío  de remesas, por ejemplo. Es lo que podría haber ocurrido con las empresas  venezolanas en cuestión salvo por un detalle: aseguran que no estaban al tanto de formar parte del sistema de intercambio. 

Por la versatilidad y anonimato que proporciona al usuario, este sistema puede ser muy atractivo para cometer ilícitos como lavado de dinero, financiar el terrorismo y otras actividades criminales, evalúan expertos.  

Las severas restricciones que impuso desde 2003 el régimen cambiario en Venezuela derivó en el mercado negro, un espacio de compra y venta ilegal de dólares  que no sólo promovió la masiva fuga de capitales y de dinero público pese a la Ley de Ilícitos Cambiarios sino también permitió a venezolanos anónimos a que tuvieran acceso a dólares y terminaran involucrados en esquemas de operaciones poco transparentes y al menos cuestionables como la que tanta suspicacia despertó entre los analistas de los bancos que reportaron a la FinCEN.

El Ocean Bank consultó en su momento a María Carola Padilla Parra, quien aseguró que la transferencia de 2012 era producto de la venta de un apartamento en Caracas, en el capitalino municipio Baruta e incluso presentó la fotocopia del contrato por 3.380.000 bolívares (786.046 dólares a la tasa de cambio oficial de 2012). En esa rendición de cuentas del cliente al banco, ni Kaloti de Dubái ni Haig’s International V.D. de Curazao fueron mencionadas. 

El Instituto Oncológico de Occidente es un conocido centro para tratamiento del cáncer en Maracaibo ubicado cerca de la transitada avenida Las Delicias de la capital de Zulia. Ninguno de los teléfonos fijos de su cuenta de Instagram funciona y el último post informativo fue publicado en septiembre de 2019. Sin embargo, se pudo comprobar que han seguido activos recibiendo pacientes incluso durante la pandemia de COVID-19. Sus propietarios no respondieron a las peticiones de entrevistas enviadas el 21 y 24 de septiembre de 2020 vía correo electrónico para este reportaje. Pero sí se logró obtener la versión de la compradora del apartamento vendido por la familia Padilla que confirma el esquema aplicado en las sospechosas operaciones de Kaloti con titulares venezolanos de cuentas bancarias en el extranjero.

A.V. (quien pidió mantener su nombre en reserva) es gerente en uno de los principales bancos de Venezuela. Compró en 2011 el inmueble ofertado por los Padilla, que para el momento residían en Miami. Pagó una inicial con un cheque en bolívares y contrató un crédito hipotecario aprobado por la misma entidad bancaria donde trabaja hace 13 años para cubrir el resto de las cuotas valuadas en moneda venezolana. El contrato de la venta del apartamento fue firmado en Caracas por Héctor Luis Parra Mejías, tío de María Carola Padilla, en calidad de apoderado. No hizo ninguna transacción con oro para pagarlo. 

Para A.V., la sorpresa no pudo ser mayor cuando se entera ocho años  después que aquella inicial por el apartamento que pagó en bolívares haya sido presentada por la vendedora del inmueble como justificación de los dólares supuestamente recibidos de una comercializadora de oro en Curazao. Y que su nombre aparezca entre los movimientos bancarios sospechosos reportados ante el Departamento del Tesoro de EEUU. “No tengo ninguna vinculación con Kaloti, ni Haig’s ni ventas de oro. Tras concretarse la compra del apartamento, no supe más de los Padilla”.

 

Pan y divisas

La historia de las transacciones de Kaloti en Venezuela alcanzaron a un panadero portugués. En un reporte basado en una transacción de 2011 se detalla la transferencia de 34.976 dólares por parte de Kaloti a través del Deutsche Bank. El beneficiario principal de esta transferencia fue Evangelista Antonio da Conceiao (aunque en el SAR está registrado como Antonio Evangelista da Conceiao), descrito como propietario de una panadería en Venezuela. 

Esa panadería a la que hace referencia el SAR estaba ubicada en Barquisimeto y está registrada en el documento como Pan Norte, C.A. Sus abogados panameños, del grupo Castillero, Sieiro & Asociados se limitaron a confirmar tanto el fallecimiento de Evangelista Antonio Da Conceiao en 2019 como la autenticidad de la información del SAR respecto de la propiedad de la panadería Pan Norte, vendida a mediados de la década de 2010. 

Otra transacción calificada de “alto riesgo” une a Kaloti con Venezuela. En marzo de 2011, la corporación depositó 99.976 dólares en la cuenta personal de Jorge Enrique Navarro Ordóñez, director de la importadora Orientinvest C.A, domiciliada en Lechería, en el estado Anzoátegui. 

En Linkedin, Navarro Ordóñez se presenta como egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y como exdirector de zona del Banco Provincial. Desde 2008, según ese mismo perfil, es director de Orientinvest, C.A. No hay sitio web oficial que exponga datos de la compañía. Tampoco los sitios externos: en Import Genius hay apenas una mención sobre operaciones en 2010. En su foto de perfil se ve a Navarro Ordóñez de chaqueta y casco escoltado por una moto de alta cilindrada.

Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecen en ese reporte de actividad sospechosa. “Se trata de una cuenta comercial a nombre de Orientinvest, C.A., que fue abierta el 23 de marzo de 2011. La compañía fue registrada el 7 de marzo de 2008 en el estado Anzoátegui. Los directores son el señor Navarro Ordóñez y Luis Arturo Salazar Martínez. Se dedican a la importación y comercialización de productos pesados y equipo para uso industrial”.

Tres elementos llamaron la atención a los agentes bancarios. El primero fue que las transferencias electrónicas “para personas físicas y entidades comerciales” se mueven en bancos con sedes “extraterritoriales”: Curazao, Antillas Neerlandesas y las Islas Caimán. El segundo factor: con el seguimiento a las transacciones, en un lapso de doce meses entre 2011 y 2012, se corroboró que los fondos “se desembolsan a través de transferencias electrónicas a una lista de personas físicas y entidades para que se acrediten en sus cuentas en otras instituciones financieras de Estados Unidos”. Lo tercero es la complejidad de las transacciones: un vaivén de transferencias que saltan de una empresa pequeña (literalmente: en su haber cuenta con un solo trabajador), como Desarrollos Galope (con sede en la avenida Libertador, en Caracas), a la cuenta de Navarro Ordóñez.

Una de esas transacciones fue por 13.200 dólares desde la cuenta de Navarro a la cuenta de la empresa Alidelta, con sede en Nueva Esparta. Su propietario es Luis Alexander Paredes Guillén.

Paredes Guillén accedió a conversar por vía telefónica para este trabajo. Lo primero que aseguró fue que no conoce ni a Navarro Ordóñez ni a su empresa. ¿Cómo explica entonces las transferencias? Un caso similar al de Amolca C.A, la obtención de divisas en la aridez cambiaria de Venezuela, podría explicar el vínculo desconocido.  

Alidelta es parte del Grupo Diorca, una distribuidora de alimentos fundada en el oriente del país en el año 2000. “Representamos a Colombina (empresa colombiana productora y distribuidora de alimentos) en el oriente del país. En 2009, 2010 y 2011 comenzaron las dificultades cambiarias. El sistema bancario no satisfacía la necesidad que teníamos para distribuir 30.000 cajas en el oriente para Colombina. Cuando se secan las arcas del Estado quedamos con una deuda con Colombina. Las casas de cambio no existían”, explica.

La desaparición gradual de estas agencias (había más de diez cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999) fue una de las consecuencias del control cambiario. Hubo cada vez menos divisas por los controles, lo que llevó a muchas empresas a buscar alternativas mientras boqueaban en la marea inflacionaria. En junio de 2020 se anunció la reapertura de algunas casas de cambio.  

Fue en ese dilema, el de subsanar una deuda en divisas, cuando Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecieron, según lo que deduce Paredes Guillén. “A través de alguien que trabajaba en una casa de bolsa comprábamos divisas. Él nos daba la cuenta, nosotros depositábamos los bolívares y recibíamos los dólares. No sabíamos de dónde venían y eso fue todo lo que sucedió. Eso puede explicar una de las transferencias que recibió Alidelta”, añade. 

Interrogado sobre Kaloti, asegura que no ha escuchado sobre esa empresa. “No supe de una investigación (…) No tenemos nada que ocultar y tenemos más de 20 años en esta actividad”.

Para este reportaje se intentó establecer contacto con Navarro Ordóñez a través de Matthyse y Asociados, la firma de abogados que representaba a su empresa en Panamá, Victoria Consulting Group; y a través de Lazarus Corporate Filing Services, la empresa de servicio de archivo corporativo que registró Oriente Invest Group LLC en Miami, Estados Unidos. Ambas empresas están inactivas. 

Kaloti negó con vehemencia haber comprado oro venezolano, como el que se explota en el pueblo minero de Tumeremo al sur de Venezuela. Foto: Lorena Meléndez / Runrunes

Salvo en el caso de Inversiones Rosu, cuya cuenta fue cerrada por el banco meses después del reporte de sospecha, así como el de Evangelista Antonio Da Conceiao y María Carola Padilla Parra, ambos interrogados por sus correspondientes bancos al respecto, no se conoce que las empresas y particulares que recibieron transferencias de Kaloti  hayan sido sancionadas por parte de las entidades bancarias que presentaron los reportes ante la FinCEN.  

Kaloti Jewellery Internacional negó cualquier participación en Venezuela, aunque su nombre aparezca en los estados de cuentas de empresas venezolanas. En una carta de respuesta enviada al ICIJ, socio de Runrun.es y Armando.info en este reportaje, el 4 de septiembre de 2020, el portavoz de la corporación  aseguró que “nunca (se) ha realizado ningún pago a personas o empresas en Venezuela (de terceros o de otro tipo) en ningún momento”. Aseguró además que “Kaloti jamás ha comprado oro a ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento ni ha tenido ninguna relación con el gobierno venezolano ni con ningún miembro del mismo, incluido Nicolás Maduro”. Puntualizó también que desde 2013 en adelante, “Kaloti se ha negado a comerciar con cualquier entidad que identificara, o le diera a Kaloti una sospecha razonable para creer que el oro venezolano podría estar en su cadena de suministro”.

Una explicación que se inscribe en el hecho de que las transacciones realizadas entre 2011 y 2012 se realizaron entre cuentas de bancos fuera de Venezuela, aunque los titulares fueron venezolanos.

 

Los intermediarios 

Como parte de las transferencias que hace Kaloti a las empresas venezolanas desvinculadas del sector oro resaltan dos traders o comercializadoras ubicadas en países que la FincCEN califica de “alto riesgo”: Curazao y Guyana. En los SAR analizados, los pagos de Kaloti fueron ordenados por terceras partes identificadas con B/O, siglas en inglés de la frase “by order of” por concepto de comercio de oro.

Una de las B/O es Haig’s Internacional con sede en Curazao, que ordenó al menos tres de las cinco transacciones de la corporación del oro de Dubái entre 2011 y 2012 y que fueron registradas por los informes sobre movimientos sospechosos de la FinCEN.

Sede de Haig’s International en la Zona Franca de Curazao, una de las gestoras de los movimientos bancarios entre Kaloti y empresas venezolanas. Foto: Lisseth Boon / Runrunes

Archak Bedrossian Liberatoscioli, propietario y director de Haig’s International V.D. aseguró que desconoce por completo las  empresas venezolanas con las que aparece vinculado en los reportes de actividad sospechosa de la FinCEN. En una carta de respuesta para este reportaje enviada el 29 de septiembre de 2020, explicó que para 2011 la compañía con sede en Curazao compraba el oro a personas y éstas recibían el pago correspondiente de Kaloti por orden de Haig’s Internacional V.D. “No hacíamos operaciones de cambio de divisas. Kaloti es una refinería que pagaba el oro directamente a los vendedores por indicación de nosotros que nos encargábamos de verificar el peso y calidad y por ello nos ganábamos una comisión. Estamos hablando de pequeñas cantidades, prendas de oro, llamada también chatarra de oro”.

Bedrossian explicó también que entre 2011 y 2012 el oro subió de precio —como está ocurriendo en 2020— y mucha gente optó por vender sus ahorros en el metal. “Nuestra actividad principal en Curazao siempre fue comprar oro que luego exportábamos a las refinerías en el extranjero como Kaloti, que desde Dubái pagaba la mercancía a los vendedores vía transferencia a terceros y así los clientes recibían su pago de manera más fácil y rápida. Las operaciones en Curazao, por la aduana y vía Dubái eran todas legales”.

El trader agregó que en aquellos años el venezolano trataba de salvarse de la devaluación y viajaba con sus prendas de oro hasta Panamá, Miami, Nueva York, Bogotá y el Caribe a vender el oro y cambiarlo por divisas fuertes. “Nosotros aprovechamos ese comercio físico del oro”.

El director de Haig’s remarca que nunca actuó como cambista. “No necesitaba ni usaba bolívares porque el oro no lo comprábamos en Venezuela sino en Curazao, donde ningún cliente quería que le pagaran en bolívares sino con dólares. Ni siquiera pagábamos los dólares ni florines en efectivo. Todo el oro comprado se pagaba a través de transferencia bancaria y salía exportado legalmente por la aduana”.

Haig’s International es una empresa dedicada a la importación, exportación, compra, venta, procesamiento, y refinación de oro así como su embalaje y transportación en el mercado internacional, registrada en 1994 con un capital de 200.000 dólares según indica su ficha del registro mercantil ubicada en Willemstad. Archak “Archie” Bedrossian Liberatoscioli es un economista venezolano que desde hace tres décadas se ha dedicado al comercio de oro en la región, especialmente el proveniente de Venezuela. En mayo de 2018, tras recibir el mote de  “zar del oro” por parte de la prensa de la ex antilla neerlandesa, fue detenido por la policía RTS holandesa en Willemstad, Curazao por supuesto “contrabando de oro y blanqueo de capitales”. 

La prensa de Curazao reseñó la detención de Archak Bedrossian en 2018 y lo tildó como “el zar del oro”

Al mes de estar en prisión, Bedrossian fue liberado porque Venezuela nunca presentó las pruebas incriminatorias ante Interpol. En junio de 2018, el Ministerio Público de Curazao confirmó que los cargos no eran por contrabando sino por estafa. 

La detención de Bedrossian coincidió con la “Operación Manos de Metal”, lanzada por el gobierno de Nicolás Maduro en junio de 2018 para “atacar a las mafias de contrabando de extracción de metales” en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, donde se encuentra el controversial Arco Minero del Orinoco. Por este operativo se emitió orden de captura de unas 35 personas por presunta vinculación con la explotación y tráfico de oro ilegales. Una decisión oficial que evidenciaba el desplazamiento de poderes dentro de una compleja estructura instaurada alrededor de la actividad minera al sur del país. 

Para el momento de la detención de Bedrossian en Curazao, Haig’s International V.D. ya no comercializaba oro. Detuvo sus operaciones en 2016, según confirmó su director al ser consultado para este reportaje. “Nunca tuve problemas con las autoridades en Curazao y como venezolano tampoco con las autoridades de Venezuela, a excepción del caso particular y falso que me inventaron en 2018. Nunca he sido cuestionado por ninguna autoridad por algún caso en ninguna parte del mundo”.

Además de Haig`s, el segundo trader que aparece en las transacciones de Kaloti con Venezuela es El Dorado Trading. Más por algunas conexiones con Kaloti o por pagos de transparencia difusa, esta empresa, con sede en Georgetown, capital de Guyana, fue noticia en octubre de 2019 cuando, en un tiroteo en frente de una de sus oficinas, un comerciante de oro fue asesinado. Pero el propietario del local, Tamesh Jagmohan, siempre ha preferido el bajo perfil, salvo cuando de algún logro se trata, tal y como fue a finales del año pasado, cuando una escueta nota de prensa señalaba que la compañía encabezó las exportaciones de oro en Guyana: 629.000 onzas en 2019. 

 

Curazao es considerada como una de las jurisdicciones de alto riesgo por las autoridades bancarias. La Zona Franca de la isla es uno de los ejes de la trama que involucra a Kaloti. Foto: Lisseth Boon / Runrunes

Su nombre figura en la lista de los SAR como uno de los participantes de la red de transferencias sospechosas. Aun cuando el nombre de su empresa está vinculado con un esquema de lavado, Jagmohan argumenta sus “estrictos” procedimientos para blindar cada una de las etapas de sus transacciones de oro. “La documentación generada por esos procedimientos es constantemente examinada por nuestros supervisores locales y extranjeros”. 

En respuesta a través de su abogado, Kaloti niega haber participado en un esquema de lavado mediante pagos a terceros, incluido El Dorado Trading. Pero Jagmohan deja claro que 2011 fue el año del despegue de los intercambios con Kaloti. También admite que en un momento prefirió deslindarse. “Alrededor de 2011 comencé a operar oro con Kaloti y todo fue bien hasta que en algún momento del 2014 me encontré con un informe de noticias de la BBC que mencionaba que Kaloti estaba siendo investigado por malas prácticas con el comercio con África. Al enterarme de esto, inmediatamente terminé todos los tratos con Kaloti a pesar de que más tarde me indicaron que habían sido absueltos de todo delito en los procedimientos del tribunal”.

En una segunda carta al ICIJ se muestra menos abierto a aclarar las dudas. Por ejemplo, sobre pagos en efectivo de Kaloti a su empresa. En esa misma respuesta insta al ICIJ y a los medios que participan en la investigación de los FinCEN Files “a evitar las habladurías, las alegaciones especulativas y no verificadas en su prisa por cumplir con sus plazos”, pues, según razona, ello podría suponer “la ruina financiera de mi empresa”. 

En 2012 Jagmohan fue detenido en el aeropuerto de Miami por no haber declarado 27 lingotes de oro. Tuvo que pagar 40.000 dólares de multa y salió de Estados Unidos con la visa revocada, de acuerdo con una investigación del portal Infoamazonía, donde además se asegura que El Dorado Trading compró oro venezolano hasta 2019, poco antes de que la Asamblea Nacional de Venezuela lo designara como “oro de sangre”. 

 

La sospecha original 

El que una corporación del oro de alcance global transfiera miles de dólares a pequeñas empresas en Venezuela sin relación con el sector aurífero y con cuentas bancarias en el extranjero, pagos que a la vez fueron ordenados por comercializadoras del oro que operan en países de “alto riesgo” como Curazao y Guyana, reúne suficientes elementos para identificar un sofisticado esquema de lavado de dinero, analizan expertos consultados. 

“Aquí se presenta una dinámica de lavado de dinero en la que Kaloti participa pero no técnicamente”, considera Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral) y experto en tráfico de oro. 

Massé considera que uno de los esquemas más comunes para lavar el oro ilegal, es crear empresas de maletín de duración temporal o bien utilizar compañías completamente desvinculadas del sector oro que no levanten sospechas. “Intermediarios formales en el mercado aurífero internacional se encargan de comercializar ese “material estratégico” fuera de Venezuela valiéndose de cuentas en bancos ubicados en países sin muchos controles fiscales. De esta manera, una corporación de las dimensiones de Kaloti no compraría el oro directamente a un restaurant o lavandería en Venezuela, por ejemplo, sino a través de traders conocidos en el sector que no averiguan mucho de dónde viene el metal”. Así, dice el especialista, se legalizaría el oro de origen injustificado. 

Pero en el caso de Venezuela, se añadiría un eslabón más en la dudosa cadena de las transacciones. Terceras partes fungieron como un nebuloso cash exchange: cambiaron bolívares por dólares a particulares y empresas venezolanas. Con la moneda venezolana era posible comprar el oro en el mercado negro local que luego sería entregado a Kaloti, el comprador original.

Las transacciones escaladas obedecerían a la fórmula de lavado de dinero en la que se suman intermediarios para dificultar la trazabilidad de las operaciones bancarias que dé con la emisión de origen, describe Massé. “Mientras más transacciones se registren, mejor se puede esconder la ruta de las transacciones. Una de las reglas del lavado es multiplicar los intermediarios para borrar la huella que permite dar con la emisión de origen”. 

Un minero muestra una pieza de oro procesada de forma rudimentaria en las minas del estado Bolívar. Foto: Lorena Meléndez / Runrunes

El sociólogo Fernando Fernández, experto en contrabando de materiales estratégicos, recuerda que en Venezuela existen vacíos legales en materia del oro que son “un incentivo para cometer lavado de dinero y contrabando”. “No hay que olvidar que aún el mundo empresarial de los metales preciosos es un terreno de mucha informalidad y de indiferencia moral donde muchos se tapan los ojos sin preguntar de dónde viene la mercancía por ser una atractiva oportunidad de negocios”, agrega.

El portavoz de Kaloti enfatizó que los pagos a terceros, tal como los que hizo a Inversiones Rosu, Amolca, Instituto Oncológico de Occidente y a los propietarios de Pan Norte y Orieninvest  “no eran ilegales ni generalmente infrecuentes hasta 2013”. Agregó que eran “completamente transparentes” y se hacían en representación de los clientes aprobados. Dijo que identificaban claramente la fuente, el remitente y el destinatario y que “nunca prestó ningún servicio que no sean aquellos para los que tenía licencia completa” y que “cumplió plenamente con todos los requisitos legales y reglamentarios relacionados con su negocio y todas las transacciones en las que ha sido parte”. El abogado subrayó: “Kaloti nunca ha comprado oro de ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento”.

En 2015, el grupo Kaloti abrió base de operaciones a Surinam e inauguró una refinería conjunta con el gobierno de Dési Bouterse, la Kaloti Surinam Mint House, sobre la que ha habido denuncias de que pudo haber sido un aliviadero de la frenética extracción en el Arco Minero del Orinoco. El canciller Jorge Arreaza negó en junio de 2019 que el gobierno venezolano tuviera alguna relación con la compañía del oro en Surinam y atribuyó a EEUU el forjamiento de expedientes en contra del país. 

Kaloti también aseguró que dejaron de realizar pagos a terceros en 2012, justo cuando se establecieron regulaciones internacionales en pro de la lucha antilavado. 

No sólo Kaloti insiste en que ese tipo de operaciones pueden ser legales. También en ello coinciden algunos expertos financieros consultados para este reportaje. En el trepidante mercado del oro existen las llamadas cuentas mancomunadas o pool accounts de metales preciosos donde corporaciones como Kaloti pueden hacer pagos por orden de otras empresas del sector.  El intercambio sería dólares por oro. Se usan estos mecanismos informales para controlar el negocio del metal entre refinerías, bancos de lingotes y manufacturas, porque permiten un suministro “rápido, seguro y sin interrupciones”. 

Esto explicaría el pago de Kaloti a empresas pequeñas sin relación con el sector oro siguiendo orden de comercializadoras como Haig’s International y El Dorado Trading, que sí están vinculadas con el mercado aurífero. Pero de esta relación nunca se enteraron las pequeñas empresas venezolanas que recibieron los pagos en sus cuentas en dólares sin conocer el origen. 

(*) Este reportaje contó con la colaboración de: Kyra Gurney y Emilia Díaz-Struck (ICIJ) desde Washington DC, Mary Triny Zea (La Prensa) desde Panamá y Ángel Van Delden desde Curazao (Noticias Curazao)