Reportajes Especiales - Runrun

REPORTAJES ESPECIALES

Prisiones venezolanas: Repúblicas independientes del crimen
El sistema carcelario de Venezuela ha estado marcado por la corrupción, la violencia y el abandono estatal. Esta realidad consolidó la formación de estructuras criminales complejas que traspasaron los barrotes y las fronteras.
Los penales ahora son castillos desde donde se dirigen más de una docena de negocios ilícitos como narcotráfico, extorsión, minería ilegal y trata de personas, con tentáculos hasta Chile y otros seis países de la región. Allá ha llegado el Tren de Aragua, un grupo que actúa desde la prisión de Tocorón
Esta investigación de Runrunes y CONNECTAS también desnuda una amplia gama de dinámicas inverosímiles que suceden en las prisiones venezolanas gobernadas por “pranes”, como la cría de cerdos, la comercialización de alimentos y la organización de carteleras de boxeo.  Además, muestra la explotación a la que están sometidos los privados de libertad que no son parte del entorno del líder

 

Runrunes y CONNECTAS

 

Un equipo de Runrunes y @CONNECTAS ingresó a varias prisiones venezolanas para investigar las dinámicas y el funcionamiento de siete cárceles gobernadas por pranes, que están en seis estados del país. Estos presos son jefes criminales que han constituido estructuras de delincuencia organizada de alcance continental, como el Tren de Aragua.

La investigación, que tomó casi un año, muestra cómo las cárceles de Tocorón, Tocuyito, Vista Hermosa, Puente Ayala, Trujillo, El Dorado, y el desaparecido Retén de Cabimas (un centro de detención preventiva que fue cerrado en octubre de 2021) están bajo el control de los pranes, pese a que en las áreas externas hay presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Una serie de visitas a las prisiones estudiadas, además de entrevistas con privados de libertad, exreclusos, familiares, funcionarios policiales y defensores de derechos humanos revelaron que desde las prisiones se coordinan y ordenan más de una docena de delitos: narcotráfico, microtráfico de drogas, minería, contrabando de alimentos, secuestro, delitos informáticos, estafa, extorsión, sicariato, tráfico de armas, robo, trata de personas y tráfico de migrantes.

Los pranes se convirtieron en “empresarios” y “comerciantes” que también obtienen rentas de actividades tan diversas como la venta de agua, la cría de cerdos, la comercialización de alimentos, el cobro de entrada a los familiares de los privados de libertad para ingresar a los penales, y la organización y promoción de eventos deportivos.


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En este último negocio, destaca Alvaro Montila, alias “El Loro”, pran del Internado Judicial de Trujillo, quien tiene su propio gimnasio dentro de la cárcel donde entrena a boxeadores profesionales de talla mundial. También creó la empresa de promoción de boxeo Loro Boxing Round.

Estas economías ilícitas generan a los pranes y su círculo (conocido como el carro) varios millones de dólares al año. Pero el resto de la población del penal no se beneficia, al contrario son las primeras víctimas de esta estructura de explotación. Ellos deben pagar semanalmente la causa, una especie de impuesto o extorsión, en dólares. El que no paga es confinado en áreas inhabitables o sometido a castigos físicos.

En un recorrido por la cárcel de Tocuyito, en Carabobo, es común tropezar en los pasillos con cerdos gigantes que se mueven con libertad por todo el penal. La oferta de drogas es variada y está a la vista, los escoltas del pran –presos identificados como luceros– usan fusiles, pistolas y escopetas para cuidar las entradas de cada torre.

Tocuyito es como cualquier barrio del país, lleno de gente, tarantines de comerciantes informales, música. Pero allí también hay lujos. El pran o principal (como en realidad se identifica a los jefes) es Néstor Richardi, alias “Richardi”, quien ha remodelado el penal.

Otros pranes como Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, de Tocorón, han convertido los viejos y deteriorados penales en sus castillos personales, donde hay piscinas, discotecas, gimnasios, zoológicos y restaurantes. Mientras que Junior Yegues, alias “Pata e´queso”, de Puente Ayala, celebró los 15 años de su hija con una gran fiesta dentro de la prisión; y los tres jefes de Vista Hermosa se convirtieron en comerciantes.

Pero, en paralelo, estos jefes carcelarios también lideran delitos que ponen en jaque a las autoridades. El Loro es el cabecilla de la banda que realiza las estafas a través de Marketplace, según un reporte del CICPC, al que se tuvo acceso para esta investigación; y “El Conas”, que es buscado por amenazar al fiscal general, Tarek Williams Saab, era uno de los pranes del Retén de Cabimas.

Además, la investigación identificó como el “pranato” carcelario ha logrado extender sus operaciones mediante alianza con otras organizaciones que operan en distintas regiones del país, como las bandas de “Santanita” (Lara), “El Cagón” (Zulia), “Wilexis” (Miranda), “El Koki” (Caracas), “El Ciego” (Bolívar), “Los Leal”, “Los Meleán” y “Yeiko Masacre” (Zulia).


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ESPECIAL ︳Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco
Deforestación acelerada, ríos contaminados, explosión demográfica, invasión  de territorios indígenas, colapso de los servicios, aumento de la pobreza y consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados conforman la estampa del megaproyecto de minería, promovido desde 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro, tras la pandemia del COVID-19.  Presentamos una nueva investigación sobre la explotación de oro en Venezuela de Runrunes y el Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela 

 

La pandemia del COVID-19 no detuvo la destrucción del Arco Minero del Orinoco, sino que la profundizó. Bosques talados, ríos contaminados, invasiones de territorios indígenas, instalación de plantas industriales y aparición de viviendas y comercios precarios a la orilla de la carretera conforman el nuevo paisaje que atraviesa la Troncal 10, la principal arteria vial que comunica los municipios mineros al sur del estado Bolívar. 

En un recorrido de 850 kilómetros por cuatro municipios mineros del estado Bolívar, el equipo de Runrunes y el Correo del Caroní constató en directo el impacto ambiental, social y cultural de la actividad aurífera en la región. La señal más visible del avance del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 y que ocupa casi 12% del territorio nacional, es la aparición de misteriosas empresas, molinos artesanales y plantas industriales de cianuración para el procesamiento de oro cuyo desempeño productivo se mantiene bajo secreto oficial. 

De las 41 empresas que participan en la explotación del oro en el Arco Minero identificadas durante el recorrido, la dirección de los dos mayores complejos industriales ha sido  vinculada con la familia presidencial o funcionarios públicos; de 75%  se desconoce el proceso de contratación pública,  apenas seis  aparecen inscritas y habilitadas para contratar con el Estado. No hay certeza de cuántas se mantienen operativas y ninguna rinde cuenta pública de su desempeño productivo. 

El conflicto entre las comunidades indígenas dentro del Arco Minero y las bandas criminales llamadas colectivos, sindicatos mineros o “el sistema” liderados por pranes,  que han consolidado el control territorial de las minas con anuencia del Estado, es un estallido social latente. Una evidencia de esta disputa por la explotación de oro dentro del territorio indígena tuvo lugar la segunda semana de enero de 2022, cuando líderes locales decidieron trancar el paso durante 10 días por la Troncal 10, principal arteria vial del cinturón minero, lo que produjo problemas de abastecimiento. La tensión fue desmontada tras reuniones con las autoridades locales, gobierno regional y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), ente coordinador de la gestión dentro del Arco Minero. 

La fiebre del oro también ha reconfigurado la vida de las poblaciones mineras. La proliferación de barriadas a lo largo de la carretera y en algunos históricos pueblos mineros como El Dorado se constató durante el recorrido por Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y el Kilómetro 88 así como los linderos de la Gran Sabana (que alberga el Parque Nacional Canaima). La aparición de viviendas con techos de zinc y paredes de tablas de madera y bolsas de plástico, son evidencia de la explosión demográfica en el Arco Minero y crecimiento de la pobreza con el consecuente colapso de los servicios públicos ya precarios. También son muestra de que el megaproyecto de minería no llegó acompañado de políticas sociales para beneficiar a las comunidades de los pueblos mineros ni articular medidas con los gobiernos locales.  

La deforestación a la vista de los transeúntes de la Troncal 10  y la contaminación con mercurio y desechos tóxicos de los ríos Cuyuní y Yuruary que bordean los principales pueblos mineros desdice las políticas ambientales que el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y el Ministerio de Ecosocialismo aseguran cumplir  desde la creación del Arco Minero del Orinoco. En 2020 se registró la mayor pérdida de cobertura arbórea en el estado Bolívar en las últimas dos décadas debido a la expansión de la minería. 

Lea el especial completo Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco de Runrun.es y el Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela clickeando la imagen. 

Gobierno apenas atendió 9% de la demanda de ventiladores para enfrentar la emergencia del COVID-19 en Venezuela
La inversión para compras de respiradores mecánicos aumentó en 25% durante el primer año de la pandemia del Covid-19 en Venezuela.
Sin embargo, la importación de estos equipos estuvo a cargo del sector privado, no del Estado venezolano, pese al marcado déficit de ventiladores en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos, como revela este reportaje de Runrunes y El Pitazo de la serie investigativa ‘Contratos investigados’, que forma parte de la alianza ‘Vigila la pandemia’
El Gobierno recibió, al menos, 80 aparatos de China y Turquía, pero se desconoce su funcionamiento, tipo de convenio y distribución en la red asistencial pública. Solo se sabe que VenSalud, una empresa estatal del Ministerio de Salud, instaló y reparó unos 106 equipos entre 2020 y 2022 frente a la demanda de 2000 aparatos requeridos para evitar muertes por el coronavirus en el país

Armando Altuve
Lisseth Boon

Juan M.* apenas podía respirar cuando llegó al hospital de campaña instalado en el Poliedro de Caracas durante la primera ola del Covid-19 en Venezuela. Como paciente asintomático, nunca dio señales de alerta antes de ser hospitalizado en mayo de 2021, bajo una calurosa carpa militar levantada sobre el estacionamiento del recinto tradicionalmente destinado a conciertos y eventos deportivos. Durante los cinco días que permaneció en el centro asistencial improvisado en el suroeste de la capital venezolana, estuvo conectado a una bombona de oxígeno y a un oxímetro para vigilar su fluctuante saturación entre 60 y 80 por ciento.

Pero su progresivo agravamiento no logró ser atajado: en el hospital del Poliedro de Caracas, promovido por la administración de Nicolás Maduro como estandarte para enfrentar el Covid-19, no había respiradores mecánicos o ventiladores. Tampoco hubo manera de trasladarlo a un hospital público donde escaseaban equipos e insumos. Juan M*. dio el último suspiro poco antes de cumplir 80 años y a escasos días de haber comenzado el plan de vacunación nacional contra esta enfermedad.

La complicación respiratoria de Juan M.* evidencia la dificultades de los centros asistenciales públicos frente al Covid-19. La expansión de la pandemia en Venezuela tomó desprevenidas a las autoridades del país, cuyas improvisadas medidas poco lograron remediarlo. Con la gestación de una emergencia sanitaria, la administración de Nicolás Maduro, desconocido aún por más de 50 naciones, enfrentó la pandemia con una red hospitalaria deprimida que, además de no contar con suficientes médicos, medicamentos e insumos, carecía de ventiladores mecánicos en algunas unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes que presentaban síntomas graves de la enfermedad.

Las autoridades venezolanas no tienen cifras concretas de la cantidad de equipos distribuidos en los centros asistenciales del Estado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que por cada 10.000 habitantes debe haber 0.3% de camas para cuidados intensivos, recuerda José Félix Oletta, exministro de Salud. Estos cupos, además de contar con médicos y enfermeras intensivistas, deben estar equipados con ventiladores y otros equipos de soporte vital para atender patologías o eventos de salud complejos. Oletta, en un estudio que publicó en 2012, advirtió que el país en 2011 contaba con 1.366 camas para terapia intensiva. Pero, en realidad, se requerían al menos 2.159 para una población de 28 millones de venezolanos, número de habitantes que se calcula tiene actualmente el país debido al acentuado éxodo registrado desde el año 2015 por la crisis económica y política, según Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Es decir, Venezuela tenía un déficit de 37,6%. «La situación de disponibilidad funcional de camas no ha mejorado actualmente», afirmó Oletta.

En marzo de 2020 el Ejecutivo reconoció los primeros casos de Covid-19. Desde entonces, el gabinete de Nicolás Maduro ha notificado más de 500.000 casos y más de 5.700 muertos con la enfermedad, aunque la Academia Nacional de la Medicina y otras sociedades científicas médicas dudan de las cifras oficiales por la carencia de pruebas para confirmar los casos y aseguran que hay un subregistro de pacientes que superan los reportes del Gobierno. Al país llegaron vacunas contra el Covid-19, pero la cobertura no ha alcanzado ni al 50% de la población, según datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En los primeros meses de la pandemia, colegios de médicos y enfermería regionales denunciaron públicamente la inoperatividad de las salas de cuidados intensivos en los centros de salud por falta de equipos, médicos y enfermeras intensivistas. En el estado Lara, en el occidente del país, el Hospital Central Antonio María Pineda, el principal de la zona, cuenta con seis camas operativas para cuidados críticos, de las cuales cuatro tienen ventiladores. El exdirector de Salud de Lara, Ruy Medina, detalló que la terapia intensiva tiene capacidad para 25 cupos. «Nos faltan 19 camas y solo tenemos seis para una población de 2 millones de habitantes que tiene el estado Lara», sostuvo.

Una realidad similar se presenta en el sur del país. En la población de Guayana, en el estado Bolívar, los dos hospitales (Uyapar y Raúl Leoni) no tienen unidades de terapia intensiva habilitadas para pacientes graves. La presidenta del Colegio de Médicos de Bolívar, Maritza Moreno, señaló que cada centro tenía diez cupos en sus respectivas unidades. «Pero, con los años, debido a la falta de mantenimiento de los equipos y enfermeras especializadas, quedaron inhabilitadas. Por la pandemia, se abrieron dos camas con ventiladores en la emergencia, pero no había personal para atenderlas. En el estado, solamente hay una cama con ventilador en el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar —ubicado a una hora de Guayana—. Hay una crisis grave de las terapias intensivas en el estado y esto lo sabe la Defensoría del Pueblo».

El estado Zulia, también en el occidente de Venezuela, fue la entidad más golpeada por el Covid-19 durante el primer año de la pandemia. El principal centro de salud de la región —Hospital Universitario de Maracaibo— únicamente contaba con ocho camas en la unidad de cuidados intensivos, una cantidad que resultó corta dado el número de pacientes con dificultad respiratoria que ingresaban a diario. Tanto el gremio médico como otras asociaciones sanitarias crearon la Coalición Intergremial de Salud del Zulia y elevaron ante la Gobernación y demás autoridades comunicados exigiendo la declaratoria de emergencia en el estado. «En el hospital, además de no tener camas suficientes, no había agua, fallaba la electricidad y no se contaba con el personal sanitario completo para atender la situación», recordó Daniela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Zulia.

En el año 2020, el médico y exdiputado de la Asamblea Nacional José Manuel Olivares señaló que el país disponía en sus centros de salud de, al menos, unos 280 ventiladores mecánicos. En una investigación publicada en febrero de 2020, realizada por los médicos Alejandro Risquez y Blanca Márquez, se citó el plan oficial de abordaje del Covid-19 del Ministerio de Salud, en el que se eligieron 45 hospitales del país como centros centinela para atender a los pacientes con el virus. En total, las autoridades disponían de 206 camas de cuidados intensivos para atender a los pacientes críticos. Sin embargo, un poco más de la mitad no tenían respiradores (104 camas). Además, el 50% de los cupos con ventiladores estaban ubicados en los hospitales de dos entidades de la región capital (Distrito Capital y Miranda); mientras que en 11 estados no había camas equipadas con respiradores.

El marcado déficit de camas y respiradores dejaba a Venezuela en una posición poco privilegiada frente a los países de Sudamérica. El panorama, a todas luces, mostró que el país enfrentaba el coronavirus con una capacidad mínima para la atención. Un informe publicado en 2020 por el Programa Subregional para América del Sur de la OPS indicó que el país tenía una densidad de ventiladores mecánicos de apenas 0,30 por 100.000 habitantes, siendo la nación con menos equipos de las diez monitoreadas por el organismo. Perú —con una población cercana a la de Venezuela—, cuenta con una capacidad de equipos equivalente a 5,0 por 100.000 habitantes, seguido de Ecuador con 6,71 por 100.000 habitantes. Estas tres naciones son superadas en capacidad por Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.

Pese a que persisten fallas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Venezuela, a raíz de la prolongada crisis sanitaria, actualmente atendida por organismos internacionales, la importación de ventiladores mecánicos en el país no cesó en los últimos tres años. Según reportes de aduanas, el Estado venezolano no registró compras; pero el sector privado invirtió dinero en la adquisición de nuevos equipos. En paralelo, Maduro recibió respiradores de los gobiernos de países aliados, pero se desconoce sobre el funcionamiento de los aparatos y su distribución en los centros asistenciales, así como el tipo de convenio que hizo el Estado con estas naciones. La información pública disponible sugiere que el Estado venezolano, con su inventario de ventiladores mecánicos, apenas cubrió 9% de la demanda de cupos con respiradores que se requieren en el país.

Llegan más respiradores

En medio de los reclamos del gremio médico sobre la crisis de las terapias intensivas de los hospitales en el contexto de la pandemia, el sector privado destinó más dinero para adquirir ventiladores mecánicos entre 2020 y 2021. Según la información de la base de datos ImportGenius —que tiene estadísticas sobre el tráfico y comercio marítimo—, las aduanas del país registraron el crecimiento de inversión en la importación de estos aparatos en los últimos tres años: $35.762 en 2019; $613.206 en 2020 y $767.897 en 2021. Los números indican que el dinero destinado para adquirir los equipos aumentó en 25,2% solo en el primer año de la pandemia en el país y en más de 2000%, si se compara con el 2019, el año previo a la pandemia.

Un directivo de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorios y Afines (Avedem) comentó, bajo reserva de su identidad, que el crecimiento en la demanda de equipos por la emergencia de la pandemia impulsó la inversión para adquirirlos. Sin embargo, resalta que las compras durante este año 2022 han disminuido debido al impacto que tuvo la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 en la reducción de nuevos casos graves de coronavirus y, en consecuencia, el número de hospitalizaciones por la enfermedad. Los datos de Avedem indicaban que, para el año 2019, el sector privado de salud contaba con cerca de 9.000 camas operativas, de las cuales al menos 300 eran de terapia intensiva.

Con la llegada de más equipos de ventilación, las clínicas incrementaron su capacidad en las salas de cuidados intensivos. Manuel Meneses, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, confirmó que estos centros habilitaron más espacios para incluir camas e instalar aparatos de soporte vital en las terapias intensivas y emergencias, lo que supuso una alta inversión de los establecimientos.

«Las clínicas ampliaron sus espacios más del doble para atender la emergencia», resaltó. Durante los primeros meses de la pandemia en el país, el Gobierno de Maduro unió fuerzas con las clínicas para atender a los pacientes con dificultad respiratoria grave, con miras a reducir, incluso, el colapso registrado en los hospitales centinela.

Mientras tanto, el Gobierno recibió, al menos, 80 ventiladores mecánicos de China y Turquía durante el primer año de la pandemia, según el balance de la información oficial disponible. Si bien el Gobierno no ha ofrecido detalles sobre las condiciones de estas entregas, el directivo de Avedem sostuvo que estos equipos son obtenidos por la administración de Nicolás Maduro gracias a las compras a créditos que facilitan los convenios bilaterales con estos países.

Adicionalmente, el país también recibió donaciones de equipos de ventilación. Por ejemplo, El Vaticano, en 2020, donó cinco respiradores. Pero, públicamente, solo se supo en septiembre de la entrega de un equipo al Hospital Universitario de Los Andes en Mérida. Con la adquisición de estos equipos, incluso, el Estado no corrigió el déficit de respiradores que arrastra desde hace más de diez años en sus hospitales.

Hasta el momento, el Gobierno de Maduro no ofrece una cifra exacta del total de ventiladores disponibles en los hospitales y ambulatorios del país. Sin embargo ha instalado y reparado aparatos a través de una empresa estatal creada en 2014, llamada Corporación Nacional Venezolana de Servicios Tecnológicos Para Equipos de Salud S.A. (VenSalud).

Este medio digital armó una base de datos con la información publicada por VenSalud en su cuenta de Twitter y contabilizó que la compañía ha revisado, al menos, 106 ventiladores mecánicos en los últimos dos años de pandemia. Entre el 15 de diciembre de 2020 y el 15 de marzo de 2022, el Gobierno ofreció información sobre el estado de 99 ventiladores en 27 centros hospitalarios. De ese total, 64% estaban en mantenimiento, mientras que 36% fueron nuevas instalaciones.

 

VenSalud es una empresa estatal, adscrita desde 2016 al Ministerio de Salud, que tiene como fin instalar, reparar y mantener los equipos de salud de la red asistencial del país. Por la ausencia de información pública, no hay datos precisos sobre los balances de gestión de la compañía. En 2019, Nicolás Maduro asignó más de 3.900 millones de bolívares —300.000 dólares calculado al tipo de cambio de la época— para fortalecer la compañía; que, hasta ese momento, reparó 696 equipos, ente ellos 31 ventiladores mecánicos, según apuntó CCMaduro.

En agosto de 2022, VenSalud informó que, desde enero de ese año, había reparado y reincorporado 2.158 equipos médicos en el año sin especificar una cantidad de respiradores. A principios de ese mes, indicó que el equipo especializado del Taller Nacional de Electromedicina, con apoyo de la OPS, revisó 40 ventiladores mecánicos de la marca suiza Hamilton T1, para la atención de adultos y niños, y comprobó que 39 estaban en buenas condiciones. La data elaborada por el equipo reporteril refleja que, durante el año 2022, VenSalud ha instalado y realizado mantenimiento a 53 aparatos para asistencia respiratoria, a diferencia de 2020 cuando informó la reparación de apenas tres.

El Pitazo y Runrunes enviaron una carta al correo electrónico de VenSalud, presidida por la ingeniera María Gabriela Pulido, que aparece en su página web; pero no recibimos respuesta. En el escrito se le solicitó cifras del inventario completo de ventiladores hasta la fecha y su distribución, así como detalles sobre la operatividad de los aparatos.

Según los datos recogidos por el equipo reporteril, de los 106 ventiladores contabilizados, la mayoría fueron instalados e inspeccionados en hospitales de los estados Aragua (23) y Mérida (18). Las entidades con poca información reportada fueron Amazonas, Barinas, Bolívar, Falcón, Guárico y Monagas.

De la mayoría de los ventiladores, donados o comprados, 26 son de la marca china Aconmed VG70. El costo de este equipo en el mercado, dependiendo de sus características, puede oscilar entre 8.500 y 13.000 dólares, según indican páginas web de ventas de equipos médicos. La llegada de estos respiradores al país coincidió con los anuncios de las donaciones de equipos e insumos provenientes de China, en 2020.

Desde el país asiático, llegaron también ventiladores de las marcas Mindray, Shangrila 590p y Micomme ST-30H. De Turquía, arribaron equipos de la empresa Biyovent. Con la información recabada, se identificaron otros aparatos de la marca alemana Drager, modelo Savina 300, y Heinen + Lowerstein, modelo Elisa. Sobre 70 respiradores que se les hizo mantenimiento no se indica la marca ni el modelo.

La opacidad en torno a la información sobre los respiradores que recibe el Estado venezolano siembra dudas sobre la calidad de estos equipos. El ingeniero de la Universidad Simón Bolívar (USB) Rodrigo Mijares sostuvo que el Gobierno incumple los pasos para certificar los ventiladores. “Tanto la USB como la UCV —Universidad Central de Venezuela— son instituciones que deben revisar los equipos que importa el Estado para que Contraloría Sanitaria dé la certificación; pero eso ya no ocurre, por lo que no sabemos la calidad de esos equipos”, indicó.

Mijares contó que, en el contexto de la pandemia, la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar (Funindes USB) creó un ventilador mecánico básico con capacidad para asistir a 80% de los casos de Covid-19 en Venezuela; pero el Ejecutivo no consideró el proyecto. En paralelo, el 16 de junio de 2020, el Ministerio para la Ciencia y Tecnología evaluaba cuatro prototipos de ventiladores mecánicos no invasivos presentados por ingenieros de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). La instalación de estos equipos representaría para el Estado venezolano un ahorro de hasta 25 mil dólares por aparato, según la ministra de la cartera, Gabriela Jiménez Ramírez. Sin embargo, sobre el curso de este proyecto no hay más información pública.

*Nombre ficticio para preservar la identidad del paciente

Vigila la Pandemia: Empresarios se beneficiaron con contratos millonarios de ventiladores en América Latina
Contrataciones de empresas investigadas por corrupción, compañías recién formadas que hicieron negocios con el Estado, proveedores que cobraron millonarias sumas por la venta de ventiladores y no entregaron los equipos prometidos, compra de equipos con sobreprecios y la inacción del gobierno son algunos de los problemas identificados en Perú, México, Colombia, Ecuador y Venezuela, desde que se inició la pandemia del Covid-19
Esta nueva entrega de la alianza de periodismo investigativo ‘Vigila la pandemia’ presenta nuevos indicios sobre actos de corrupción en el uso de los recursos públicos a más de dos años de iniciarse la lucha contra el coronavirus

 

Por: Vigila la Pandemia

 

Aunque la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en América Latina ha sido un escenario de luto para las familias, ha beneficiado a empresarios y funcionarios públicos. A dos años y medio del inicio de la emergencia sanitaria, la alianza de periodismo de investigación Vigila la Pandemia sigue encontrando nuevos indicios de corrupción y malos manejos en compras estatales realizadas de forma apresurada, con presupuestos excepcionales, aprovechadas por especuladores y marcadas por irregularidades. La inoperancia de los buróocraátas es también un factor común en la región.

Para la nueva serie periodística Contratos Investigados, que forma parte del mismo proyecto transfronterizo, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción (México), GK y Periodismo de Investigación (Ecuador), Consejo de Redacción (Colombia), Runrunes y El Pitazo (Venezuela) y Convoca.pe (Perú) revelan entre sus últimos hallazgos el detalle de compras sobrevaluadas de equipos médicos, nuevos negocios con compañías ya investigadas, graves incumplimientos contractuales, nexos con actores políticos y una gran ineficiencia para administrar los recursos públicos destinados a atender a los enfermos del coronavirus.

En la primera entrega serie de reportajes de esta alianza, «Vacunas y contratos secretos», periodistas de siete países reportaron sobre la negativa de los gobiernos a dar acceso a la información sobre los contratos millonarios de las vacunas adquiridas para enfrentar el coronavirus. En una segunda parte, «Covid-19: Negocios bajo sospecha», se identificaron más de 1,300 casos de presunta corrupción en contrataciones por la pandemia en Perú, Ecuador y Colombia, y además el estado de las indagaciones en distintas instancias (contralorías, fiscalías, procuradurías) por la compra-venta presuntamente ilegal o irregular de mascarillas, pruebas de detección rápida, medicamentos y elementos de bioseguridad en dichos países y también en Venezuela. 

En esta tercera serie investigativa, profundizamos en nuestros hallazgos revisando los expedientes de las compras millonarias de ventiladores en Perú, México, Venezuela y Colombia, y la adquisición de otros equipos en Ecuador.

Perú: Negocios con investigados por corrupción

La investigación de Convoca.pe ha revelado los pocos filtros que tiene el Ministerio de Salud (Minsa) peruano para escoger a sus proveedores de ventiladores mecánicos, implementos fundamentales para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta el momento, ha pagado por estos artefactos más de 29 millones de dólares a cuatro compañías cuyos representantes legales enfrentan investigaciones por presuntos delitos de corrupción durante la pandemia del Covid-19, precisamente por sus ventas de equipamiento médico a otras instituciones estatales.

Del monto pagado por el ministerio, más de 16 millones de dólares fueron contratados cuando tres de estas empresas ya tenían expedientes abiertos en la Fiscalía.

vigila la pandemia perú

 

La compañía con mejor suerte fue Cardiopulmonary Care SAC, que vendió al Minsa 435 ventiladores por más de 19 millones de dólares en seis contrataciones directas. Su representante, Marco Montalvo Moreno, es investigado por su presunta participación en el delito de colusión junto al ex gobernador regional de Áncash, Juan Morillo, diez exfuncionarios, seis proveedores y otras personas. Las autoridades indagan si se benefició de una concertación para sobrevalorar en más de 1,9 millones de dólares la compra de monitores de funciones vitales y otros equipos médicos..

Otra compañía involucrada es Spectrum Ingenieros SAC que, a pesar de que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para su representante Franklin Valle, en diciembre de 2021, el Ministerio de Salud firmó contratos con esta en marzo y abril de 2022, por un total de 3,2 millones de dólares. En tanto, Nova Medical SAC también tuvo a su representante Carmen Valdiviezo con una investigación, aunque la Fiscalía pidió que esta fuera archivada, en diciembre último. Tanto el representante de Spectrum Ingenieros como la de Nova Medical también fueron investigados por sus negocios en Áncash.

Más allá del Minsa, las adquisiciones de estos costosos implementos han presentado riesgos y problemas de manera generalizada. De acuerdo con datos de la Procuraduría Anticorrupción, desde el inicio de la pandemia, se han iniciado 35 investigaciones en 16 de las 25 regiones del Perú.

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México: Riesgo mínimo, ganancia máxima

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela, como parte de esta serie investigativa, el caso de la compañía Gestión de Riesgos de Desastres SA, creada apenas 15 meses antes de firmar un voluminoso contrato de 52,6 millones de dólares con la Secretaría de Defensa, para proveerle 1.330 ventiladores mecánicos. Su principal accionista fue el exsenador José María Tapia Franco, antiguo director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Con acceso a los documentos de la importación, el reportaje demuestra que la precoz empresa hizo un negocio redondo. El monto fijado en el contrato público fue más del doble (35 mil dólares por ventilador) de lo que la compañía de Tapia pagó por los equipos a un fabricante chino e, incluso, recibió un adelanto del 50%, algo que redujo al mínimo su riesgo.

A pesar de eso, la compañía incumplió los plazos de entrega y fue penalizada con más de 3 millones de dólares. Las auditorías efectuadas sobre el contrato, que fue adjudicado de manera directa sin concurso, llevaron a que las autoridades indagaran sobre las transferencias de la empresa. Los indicios encontrados motivaron que se iniciara una pesquisa por lavado de activos que sigue vigente.

Pero esta no fue la única empresa que aprovechó la emergencia para vender ventiladores chinos con sobreprecio. La compañía Multicorporación Brexot lo hizo con el Instituto de Seguridad y Seguro Sociales (ISSSET) por un precio unitario de 100 mil dólares, más de cinco veces su valor de aduanas. Los artefactos presentaron fallas y se ha atribuido la muerte de al menos un paciente a su mal funcionamiento. En diligencias de fiscalización, la compañía no fue encontrada en su domicilio fiscal y se ha descubierto que es parte de un grupo de empresas de fachada.

Colombia: La empresa que se hizo humo

Entre las numerosas contrataciones que hizo al inicio de la pandemia la gobernación del Valle del Cauca, en el oeste colombiano, la que más llamó la atención fue, de hecho, la más cara de ellas: 300 ventiladores mecánicos por 6,7 millones de dólares. Consejo de Redacción indagó sobre los pormenores de este negocio, que llegó a significar el 23% de la inversión del departamento. Los reporteros de esta organización descubrieron que la compañía adjudicada, Turnkey Logistics Consultants, a pesar de que prometió una «entrega inmediata» apenas proveyó 49 de los equipos pactados.

Luego del incumplimiento, la compañía no solo no dio la cara sino que desapareció por completo, dejando sus archivos y pertenencias en la sala de coworking que alquilaba al norte de Bogotá. Hoy están incautados. Sus teléfonos, su página web, sus correos electrónicos, todos fueron dados de baja. La compañía no registraba ninguna experiencia previa en contrataciones públicas antes de hacer negocios con las autoridades del Valle del Cauca. 

En total, en toda Colombia, se adquirieron 5.411 ventiladores. Sin embargo, la opacidad ha sido una circunstancia constante durante la crisis sanitaria, período en el que se ha venido utilizando el dinero del Fondo de Mitigación de Emergencias para la compra de equipos médicos. Hasta la fecha, se han gastado 44 millones de millones de pesos colombianos. La última rendición de cuentas data de julio de 2022, pero no se explica el detalle de cómo y en qué se gastaron estos fondos.

Ecuador: Conexiones de alto vuelo

El empresario ecuatoriano Daniel Salcedo Bonilla trató de mantener un perfil bajo mientras una compañía relacionada con él, Silverti SA, firmaba un jugoso contrato de 594 mil dólares con el Hospital Los Ceibos, al norte de Guayaquil, para proveerle fundas de cadáveres con un sobreprecio de 300%. Cuando la Fiscalía lo empezó a investigar, su nombre salió a la luz pública, pues lo siguiente que se supo de él es que había tomado un vuelo en una avioneta, portando una identificación falsa, con rumbo a Perú, donde se accidentó.

Desde entonces, Salcedo no ha dejado de acumular nuevas investigaciones y levantar sospechas, como ha relatado GK y Periodismo de Investigación en su reportaje para esta entrega, luego de acceder a los expedientes judiciales que lo involucran. Una circunstancia que ha despertado el interés de la Fiscalía es la de sus conexiones políticas con la familia del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, específicamente con sus hijos. Estas relaciones han impulsado a que las autoridades inicien un caso por presunta delincuencia organizada, que incluye a Salcedo, a Abdalá Bucaram (hijo) y a Paúl Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que tenía a su cargo el Hospital Los Ceibos.

Hoy, desde la prisión, Salcedo espera que se resuelvan los cinco casos judiciales que aún tiene pendiente con la justicia ecuatoriana. Los delitos que se le han imputado son peculado, lavado de activos, fraude procesal, delincuencia organizada e ingreso de objetos no autorizados a la cárcel. Además, la Fiscalía ha advertido que los ingresos a sus cuentas bancarias entre 2018 y 2020 exceden en un millón de dólares a los ingresos que ha reportado formalmente. Se le ha relacionado con un amplio esquema de presunto lavado, que incluye también a las compañías Foracril, Importadora y Exportadora Dapasma y Bioim, que le habrían pagado a sus empresas HDC Producciones y Salnoedan Productions más de 1,9 millones de dólares por servicios que nunca prestaron.

Venezuela: El poder privado se hace cargo

La reportería de Runrunes y de El Pitazo ha conseguido determinar que si bien la importación de ventiladores mecánicos para atender a enfermos de Covid-19 en UCI se incrementó en 25% durante la pandemia, en Venezuela, estos fueron adquiridos por clínicas privadas. El gobierno venezolano no entrega información sobre la disponibilidad de estos equipos en manos de los hospitales públicos.

Mientras que las necesidades de la población eran de, al menos, 2 mil de estos aparatos, la única data disponible indica que se han recibido, a crédito, en el primer año de pandemia, 80 artefactos de China y de Turquía y otros cinco donados por el Vaticano. Ambos medios han recopilado información de los últimos dos años, proveniente de las publicaciones de la empresa estatal VenSalud, que indica que el gobierno de Venezuela reportó la reparación de, al menos, 106 ventiladores mecánicos. La mayoría de estos se encuentran en los estados Aragua (23) y Mérida (18), y 26 de estos son de la marca china Aconmed VG70.

La falta de equipamiento y de camas UCI ha generado que el Covid-19 golpee de manera muy agresiva a Venezuela. El caso del estado Zulia es el más complejo, pues el Hospital Universitario de Maracaibo, el principal centro médico, solo tenía ocho de estas camas con equipos especializados.

Vacunómetro: Menos del 50% de la población venezolana tiene dos dosis contra el COVID-19
El Vacunómetro, herramienta periodística que registra el proceso de vacunación en el país, realizado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), hizo un chequeo de cómo ha sido el primer año de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Los datos encontrados arrojan que el país está lejos de tener a toda su población vacunada, solo 16% tienen tercera dosis y desde enero de 2022 la aplicación de vacunas ha disminuido

Alianza Rebelde Investiga

El 22 de febrero del año en curso Nicolás Maduro aseguró que Venezuela había vacunado a 102,6% de su población contra el COVID-19. No obstante, el porcentaje que señala el gobernante, no se refleja con los datos aportados por organizaciones internacionales y el gremio de salud del país.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 29 de abril, Venezuela tenía 49,8% de su población vacunada. Mientras que el Monitoreo Comunitario COVID-19, un estudio realizado por el gremio sanitario en Venezuela que lleva el seguimiento de la vacunación en el país, señala que solo 45,7% de la población tiene las dos dosis de las vacunas.

La Alianza Rebelde Investiga hizo una revisión de lo que ha ocurrido en el primer año de vacunación en el país, y pudo encontrar, además de la discordancia entre reportes independientes y las cifras oficiales, que el país no llega al 50% de población vacunada con dos dosis, solo 16% tiene tercera dosis y los grupos de personas vulnerables con enfermedades crónicas han sido desatendidas desde que comenzó la pandemia.

Asimismo, se encontró que menos de la mitad de las personas mayores de 65 años habían sido vacunadas. Sin embargo, en lo que respecta a la vacunación de niños y maestros, de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) avanzó satisfactoriamente: hasta marzo de 2022, 60% de los estudiantes tenías las dos dosis y 100% del personal docente, obrero y administrativo adscritos a Andiep tenía las dos vacunas en marzo de 2022.

 

De acuerdo a los datos del Monitoreo Comunitario COVID-10, desde enero de 2022 se ha visto una importante disminución de la aplicación de vacunas en el país. Según el médico internista infectólogo, Julio Castro esto es una tendencia que se está viendo a nivel mundial. “La disminución es porque al tener más personas vacunadas menos gente va a vacunarse progresivamente, pero también es una expresión de que quizá no hay toda la disponibilidad de vacunas para que todo el mundo vaya a vacunarse. Es una mezcla de ambos fenómenos que no podemos discernir”.

Visita el especial del Vacunómetro y conoce más detalles aquí

Vivir entre zamuros por fallas en el manejo de la basura
TalCual junto a varios medios del interior del país ubicaron las principales zonas de Caracas, Anzoátegui, Bolívar, Lara y Táchira, donde hay presencia de zamuros, aves que se encargan de consumir cadáveres. Expertos señalan que los zamuros ayudan a evitar epidemias y forman parte de la primera línea de defensa sanitaria en los ecosistemas

 

Las fallas del servicio de recolección, traslado y disposición de desechos sólidos en varias ciudades de Venezuela han generado la proliferación de zamuros en centros urbanos del país. Estas aves carroñeras, también conocidas popularmente como buitres o zopilote, ahora forman parte del paisaje urbano y comparten techos, balcones, calles y avenidas con los venezolanos.

Mientras muchas personas en Caracas, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puerto La Cruz y Barcelona los ven con malos ojos y recelo por el estigma que tienen estas aves y el miedo a que transmitan enfermedades, en Barquisimeto agradecen su presencia, porque «hacen el trabajo del aseo urbano».

Demandas al servicio de aseo urbano

Una de las principales demandas de los venezolanos a los candidatos a las elecciones del pasado noviembre de 2021, fue mejoras en los servicios públicos, en especial en el servicio de agua y recolección de basura. Aunque las nuevas autoridades regionales comenzaron su gestión desmalezando y recogiendo basura de urbanismos y avenidas; un eficiente manejo de los desechos sólidos va más allá de poner contenedores o retirar bolsas con desperdicios de las calles. 

Para conocer cómo es vivir entre zamuros y cuáles son las consecuencias y beneficios de esta realidad, TalCual  junto a los medios Correo del Caroní, El Tiempo, ElImpulso.com, La Nación y Yaracuy al Día ubicaron las zonas de los principales municipios de estas regiones donde hay presencia de estos animales, que se encargan de consumir cadáveres y evitar epidemias.

Zamuros: primera línea de defensa

Carlos Silva, médico veterinario, experto en fauna silvestre y mascotas no convencionales, explica que los zamuros son aves que forman parte de la primera línea de defensa sanitaria en los ecosistemas.

Este plumífero negro, que no enfrenta a ningún depredador en la cadena alimentaria, consume animales en estado de descomposición o moribundos. Al terminar de comer, extienden sus alas para disminuir la carga bacteriana que han obtenido al ingerir el cadáver.

De contraer una infección por contacto con el animal estos son algunos de los síntomas y medidas a tomar.

Transmisión de enfermedades

Por otra parte, Alcides Hinojosa, médico de Salud Pública y especialista en Derecho Médico advierte que los zamuros «por ir de un lado a otro son transportadores de bacterias y parásitos que pueden contaminar al ser humano».

Sin embargo, veterinarios y ambientalistas resaltan que, aunque el aspecto y mitos alrededor de este animal —protagonista de cientos de metáforas oscuras— no ayudan a su reputación, son más los beneficios que aporta su presencia, sobre todo en un país sumido en la basura desde hace más de dos décadas y sin un plan eficiente —y ajustado al siglo XXI— de manipulación y recolección de desechos sólidos.

Investigación ARI | Una nueva piratería navega en el Mar Caribe venezolano
Aunque no es un delito que se denuncie de manera sistemática, la piratería en aguas venezolanas es un fenómeno en ascenso. Cifras no oficiales de siete de las Capitanías de Puerto más importantes de Venezuela, así lo confirman. Pero la anomalía va más allá. Así como el crimen organizado y las grandes bandas buscan el control en tierra, ahora lo hacen con el territorio marítimo para ampliar su rango de acción

La visión, que del mar, tenía el capitán de yate, Mauro Rodríguez, cambió el día  que fue víctima de piratería cuando iba desde aguas de La Guaira hacia la isla de Margarita, zonas turísticas de Venezuela donde se reporta una importante movilidad por navegación. 

Hasta ese día, Rodríguez creyó fielmente en la rima musical que asegura que no hay nada mejor que vivir en el mar. Esa sensación de paz y seguridad también se la robaron los hombres que llegaron en lanchas rápidas y asaltaron al dueño de la embarcación, a sus invitados y a la tripulación.

La historia de Rodríguez, aunque no lo muestran las estadísticas oficiales, es un hecho que se repite en varias zonas de navegación de Venezuela, sean mares, ríos o lagos, conquistados por diversas bandas criminales. Es este fenómeno el que presenta el reportaje “Piratas Al Acecho en el Caribe venezolano”, de la Alianza Rebelde Investiga (ARI),  integrada por los medios TalCual, El Pitazo y Runrunes, en alianza con la plataforma periodística para las Américas CONNECTAS.

La investigación revela que fueron reportados 59 incidentes de piratería en espacios acuáticos venezolanos en 2021, según información extraoficial que se obtuvo de siete Capitanías de Puerto. Esta cifra, que muestra una data parcial de menos de la mitad de las capitanías venezolanas, muestra que el año pasado superó los ataques registrados en 2017, que era considerado por expertos de seguridad, “el año pico en sucesos de piratería”.

El trabajo de campo del equipo de reporteros de ARI, permitió concluir que los actos de piratería fueron ejecutados por organizaciones involucradas en el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando, confirmando la presencia de al menos dos megabandas, un cartel de drogas, dos grupos de crimen organizado que se escudan en una falsa figura de sindicatos y seis bandas criminales que operan en el mar Caribe, el Lago de Maracaibo y ríos como el Orinoco, el Caroní, el Arauca y el Meta.

Las fuentes consultadas aseguran que cada uno de estos grupos pretenden, con sus acciones de piratería, infundir temor entre los navegantes para que las aguas queden libres y sean un canal propicio para sus negocios ilícitos. 

 

La piratería en Venezuela, que es un delito contemplado además en  las leyes venezolanas, no es un mito. Las cifras, los testimonios de víctimas y expertos han permitido presentar una realidad de la que pocos hablan.


Lea más de este especial de ARI y CONNECTAS en el siguiente link

 

https://alianza.shorthandstories.com/piratas-al-acecho-en-Venezuela/index.html


 

Investigación ARI | La inseguridad se enquista en los hospitales venezolanos
Un aumento de robos y violencia se observa en los principales centros asistenciales venezolanos. Agresiones y hurtos al personal de la salud y a pacientes ocurren en una infraestructura hospitalaria en decadencia y por un Estado que no garantiza asistencia social ni seguridad personal

 

Venezuela vive desde 2015 una emergencia humanitaria compleja que, sumado a la crisis económica, ha golpeado con fuerza al sector de la salud y ha puesto en evidencia lo que por años ha sido la falta de inversión en el sistema público. De los recursos con los que puedan contar los hospitales, poco se destina al mantenimiento de la infraestructura y a la seguridad, así lo muestra este especial Hospitales en Venezuela, inseguridad hasta los huesos.  

Trabajadores sanitarios dieron su testimonio para este reportaje de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por TalCual, El Pitazo y Runrunes, en alianza con CONNECTAS y el apoyo del ICFJ. Confirman que el deterioro de los hospitales es aprovechado por los delincuentes para cometer delitos contra los bienes de las personas. Largos pasillos, escaleras y ascensores sin luz y sin cámaras de vigilancia son escenario de diversos ataques.

En diferentes reportes de gremios de la salud y de instituciones académicas se muestra la crítica situación de los centros hospitalarios. En ellos se destaca la precariedad de los servicios públicos que ha afectado significativamente la atención a los pacientes. 

La Federación Médica Venezolana señala que la red hospitalaria, integrada por 301 centros de salud en el país, muestra un cierre técnico de 80% debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, falta de equipos, implementos de trabajo, vigilancia, electricidad y agua.

En un recorrido realizado para esta investigación en varios hospitales en Caracas, se observó que en el Oncológico Luis Razetti, que fue por años un centro de referencia nacional para tratar casos de cáncer, hoy es solamente un lugar que intenta sobrevivir. Aunque tiene capacidad para 432 camas, apenas cuenta con 70 en funcionamiento, algunas en muy malas condiciones y varias de ellas han sido reparadas con partes y piezas de otras camas.

Los robos en este centro de salud son cada vez más numerosos, suceden a plena luz del día y ni los que vigilan se salvan. “Al mismo departamento de vigilancia lo robaron. Picaron todas las cámaras de seguridad que estaban en el estacionamiento y la entrada”, asegura Luis Gómez, trabajador del hospital.

En junio de 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC, el máximo organismo de policía nacional) creó una nueva unidad denominada División de Investigación de los Delitos Contra la Salud Pública. Entre otras funciones, daría asesoramiento a los centros asistenciales para mejorar la seguridad.

En los hospitales visitados no se observaron funcionarios policiales pertenecientes a esta unidad, mientras que personal de la salud aseguró no haber recibido recomendaciones, ni tener conocimiento de los planes de las autoridades para enfrentar la inseguridad que padecen.

Yadira González, bioanalista en el Luis Razetti, comparte su preocupación por la inseguridad que impera en su lugar de trabajo, ya que han sufrido robos en el mismo laboratorio donde acostumbra trabajar. A ella misma le sustrajeron su vehículo del estacionamiento. Dijo que evalúa, junto con otros colegas, contratar un sistema de vigilancia privada para el departamento.

Jaime Lorenzo, de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, indica que los robos son comunes en las áreas de emergencia de los hospitales, pero que además se presentan eventos en los que delincuentes “ajustan cuentas” con otros hombres heridos de bala. Aunque esto escala hacia otros lugares de los hospitales. 

Un ejemplo de ello ocurrió a finales de enero de 2022, cuando varios criminales confundieron a Fabio Simanca con un rival y lo asesinaron dentro del Hospital El Llanito, en el estado Miranda. El joven de 22 años se encontraba internado debido a un accidente de tránsito y, mientras esperaba para ser operado, dos personas ingresaron a su habitación y lo apuñalaron múltiples veces.

A la protesta, amedrentamiento

De los ataques a la propiedad en los hospitales y de los trabajadores, también el personal de la salud sufre de otro tipo de violencia. En cada manifestación, el terror llega para callar las voces que claman por mejoras en la infraestructura hospitalaria y mayor seguridad. 

Los médicos y enfermeros de diferentes instituciones sanitarias son víctimas de amedrentamiento, amenazas y persecución por parte de personas afectas al partido de gobierno PSUV, agrupados en los llamados grupos “colectivos”. 

Las autoridades han sido protagonistas de acciones arbitrarias contra el personal sanitario. Despidos injustificados y arrestos solo por denunciar la falta de insumos médicos, equipos de protección anti COVID-19 o carencias de servicios públicos. La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido utilizada contra médicos y enfermeros, que de acuerdo a la ONG Espacio Público, se ha enfilado contra 18 del sector de la salud.

 


Lea más de este especial de ARI y CONNECTAS en el siguiente enlace: https://www.connectas.org/especiales/hospitales-en-venezuela/


 

Algunos hallazgos clave de la investigación

Aumento de robos

De 45% a 75% aumentaron los robos y hurtos en las instalaciones hospitalarias de Venezuela de 2018 a 2019.

Problemas en las morgues

En 40% de los días de 2021 los centros hospitalarios reportaron alguna clase de problema en sus respectivas morgues.

Fallas eléctricas constantes

En 2018, los hospitales pasaron un promedio de 105,2 horas sin luz. 57% de los hospitales no tenían planta eléctrica o funcionaban a medias.

En 2019, las horas promedio sin luz en los hospitales ascendieron a 350,7. 

Robos y ataques a los hospitales:

La mayoría de las personas transgresoras de la ley que ingresan a los centros asistenciales son delincuentes. Lo hacen principalmente por las emergencias por un ajuste de cuentas contra otro delincuente. También han ingresado para cometer delitos comunes como el hurto o robo. Estos delincuentes suelen pertenecer a bandas criminales, y estar armados.

También, se reportan robos de insumos por parte de funcionarios policiales y de militares, específicamente de guardias nacionales.

En cuanto a los ataques se menciona a los colectivos,  quienes aparecen con frecuencia para amedrentar al personal de la salud durante sus protestas para denunciar fallas en el sistema e infraestructura médica.

Según reportes de rla Fiscalía General y de las autoridades policiales personal de los centros asistenciales han cometido el delito de hurto de medicamentos y equipos médicos.

Ni el Hospital Militar se salva

El Hospital Doctor Carlos Arvelo en Caracas no se ha salvado de las acciones del hampa a pesar de estar custodiado constantemente por funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional (FAN), no se salvó de ser robado. 

Esta institución atiende a funcionarios militares y a sus familiares; además es el centro hospitalario donde falleció el expresidente Hugo Chávez a comienzos de 2013. Fue objeto de robo a mano armada en junio de 2020 y en diciembre de 2021. En la primera ocasión, un grupo de encapuchados con armas de fuego subió hasta el piso 10 donde amordazaron a enfermeras y médicos. Entre lo sustraído había equipos de anestesia, desfibriladores, laringoscopios, máscaras laríngeas y medicamentos.

Silencio o cárcel

Los trabajadores de la salud se quejan porque no reciben respuesta de las autoridades cuando alzan la voz por los hechos de inseguridad o falta de insumos. De hecho, son numerosos los casos de despidos injustificados y arrestos solo por denunciar la inseguridad, falta de insumos médicos o carencias de servicios públicos.