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ESPECIAL  ⎸Se investigan más de 1.300 casos de presunta corrupción en contrataciones por la pandemia en Perú, Ecuador y Colombia

En estos tres países de América Latina, las investigaciones de las autoridades de justicia por la compra y comercialización supuestamente ilegales de insumos básicos para hacer frente al COVID-19 superan los mil 300 expedientes en distintas instancias. Avanzan en grados muy diferentes, los alcances son disímiles y en algunos casos con debilidad a la hora de enfocarse en autoridades de máximo rango o responsabilidad. Por otra parte, en Venezuela se registraron 40 detenciones pero sólo de civiles o en casos menores. Las autoridades de ese país no han informado el destino de los detenidos ni el estado de las indagaciones, hasta el momento. ¿Cuáles son los patrones comunes de las irregularidades detectadas en estas naciones? Presunto abuso de poder en distintos estamentos de los Estados y hechos que apuntan a beneficiar a empresas privadas en detrimento de los fondos públicos

Por Vigila la Pandemia*

 

Seis medios de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador investigaron el estado de las indagaciones de distintas instancias (contralorías, fiscalías, procuradurías y fuerzas de seguridad) por la compra-venta presuntamente ilegal o irregular de mascarillas, pruebas de detección rápida, medicamentos y elementos de bioseguridad. Sólo en los últimos tres países se detectaron más de mil 300 investigaciones en el sistema de justicia, entre marzo de 2020 y mayo de 2021.

Los casos analizados también incluyen adquisiciones sospechosas de kits de alimentos y hasta jabón carbólico (desinfectante); oxímetros y bolsas mortuorias para el traslado de los cuerpos de fallecidos por el COVID-19.

En la lista de investigados por estas supuestas irregularidades aparece desde el personal del sector salud, miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas hasta empresas privadas y un expresidente. 

Perú registra más de mil investigaciones fiscales, entre abril de 2020 y junio de 2021, según informó la Procuraduría Anticorrupción. 

En Colombia, están en proceso 121 casos penales por contrataciones asociadas a la pandemia. Ochenta y una de ellas superan los 49 millones de dólares. Además, la Contraloría General realizó al menos 185 indagaciones por malos manejos de unos 26 millones de dólares en entes territoriales (distritos, municipios, departamentos) y centenares de procesos administrativos de sanción contra funcionarios públicos hasta mayo de 2021.

 Ecuador cuenta con 160 casos, entre marzo de 2020 y mayo último, a cargo de una Fuerza de Tarea, creada por la Fiscalía General y especializada en presunta corrupción de contrataciones durante la emergencia sanitaria. 

En Venezuela, la investigación de Runrunes y El Pitazo concluyó que en estos últimos 15 meses de pandemia se impuso una “justicia mediática”, que se centró en pequeños casos aislados y 40 detenciones (entre mayo de 2020 y abril de 2021), en especial, contra personal de la salud. Debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno de Nicolás Maduro, se desconoce el paradero de los detenidos y el estado de las indagaciones de esos casos. 

A la hora de analizar cómo actuaron las autoridades frente a la posible comisión de delitos en estas compras en el contexto de la emergencia sanitaria, los periodistas de la alianza ‘Vigila la pandemia’ determinaron que sobresalen la falta de mecanismos para prevenir casos de corrupción. 

En estos meses de compras millonarias, se generaron situaciones de excepción que permitieron a los gobiernos saltarse reglas precedentes como transparentar los procesos de compras y contrataciones, que antes de la pandemia eran de acceso público; se dejó de lado la obligación de multar a los proveedores que tardan en la entrega de los bienes y servicios contratados; y se adquirieron elementos básicos que ni siquiera cumplen con las normativas de salubridad del propio Estado.  

La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.

 

Investigados y delitos

En esta nueva serie investigativa de la alianza periodística, quedan en evidencia patrones de común y diferencias en los delitos imputados o el tipo de investigados en cada país. Algunos están relacionados con prácticas que perjudican a la administración pública como el peculado, contrataciones direccionadas a determinadas empresas y la alteración de las normas de contratación en perjuicio de las arcas públicas. 

En otros casos, los expedientes se centraron en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, además de tráfico de influencias. En Venezuela, el gobierno volvió a apelar a acusaciones por presunto contrabando de extracción y de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad) a diversos profesionales de menor rango.

Los grados de alcance de estas indagaciones oficiales también son disímiles. 

En Venezuela, mientras las autoridades dan a conocer públicamente detenciones de trabajadores de la salud por posibles irregularidades, otras sospechas de casos potencialmente más graves pasan inadvertidas para el gobierno, como el de un laboratorio privado con apenas 21 días de vida que fue instalado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para realizar la prueba PCR a los viajeros.

En Colombia, donde la pandemia se entrelazó con el paro y las protestas masivas contra la reforma tributaria, Consejo de Redacción ahondó en las investigaciones oficiales a las que tuvo acceso y determinó que la mayoría solo alcanzó a los entes territoriales (departamentos, distritos o municipios). Sin embargo, no se incluyeron casos sobre posibles malos manejos de fondos públicos contra el COVID-19 por parte del gobierno nacional. Además de las 185 indagaciones preliminares de la Contraloría General, hay centenares de procesos disciplinarios contra funcionarios.

El presidente Iván Duque, en un centro de vacunación de san Andrés, junto ministro de Salud y el Gobernador Everth Hawkins. Foto: Presidencia de Colombia.

Las autoridades de Ecuador investigan unos 160 casos de presunta corrupción en el manejo de los fondos para la pandemia, según establecieron los medios GK y Periodismo de Investigación (PI). Las denuncias proliferaron a tal punto que la Fiscalía General ecuatoriana tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria. Entre los acusados se encuentra también el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz (agosto 1996 – febrero 1997). Según la fiscalía a cargo del caso, el exmandatario sería parte de un “grupo estructurado” que planificó la venta y distribución de insumos médicos con sobreprecios a hospitales de Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

En Perú, de acuerdo con información de la Procuraduría Anticorrupción a la que accedió Convoca.pe, se abrieron más de mil investigaciones en el Ministerio Público, entre abril de 2020 y mayo de 2021. Entre esos casos, figuran 107 carpetas fiscales por delitos presuntamente cometidos por miembros del Ejército del Perú (90) y del Ministerio del Interior (17).

La investigación periodística también permitió ahondar en los casos de 18 integrantes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y del Ejército peruano acusados de irregularidades penales en compras de equipos de bioseguridad y aseo durante la pandemia del COVID-19, según informes de la Contraloría General de la República. En las denuncias aparecen implicados oficiales, suboficiales y trabajadores de estas fuerzas del orden.

Al igual que en la primera entrega de esta alianza transfronteriza, centralizada en los contratos de vacunas contra el coronavirus entre las farmacéuticas internacionales y los gobiernos de siete países de la región (Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, México, Perú y Argentina), la opacidad y las sospechas de malos manejos de los fondos públicos de países de América Latina vuelven a quedar en evidencia en esta segunda investigación de ‘Vigila la Pandemia’, en un contexto mundial gobernado por una crisis sanitaria y económica que se extiende cada vez más en el tiempo.  

*La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.

 

 

A Venezuela no le queda más que esperar por la decisión del nuevo Fiscal de la CPI
Según el abogado del Foro Penal, en Venezuela no hay un cambio de escenario, solo queda esperar a que el nuevo Fiscal de la CPI se pronuncie
Amnistía Internacional, Un Mundo sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad esperan un rápido pronunciamiento de Karim Khan

Por: @yeannalyfermin y @Andrea_GP21

 

El pasado 15 de junio se esperaba que la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciara sobre el caso Venezuela I. Sin embargo, el hecho no sucedió. Fatou Bensouda no anunció si abriría o no una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado, durante las protestas de 2017 en contra del gobernante Nicolás Maduro.

El Caso Venezuela I se encuentra actualmente en la fase III, y fue en diciembre de 2020 que Bensouda informó que tras llevar a cabo un examen preliminar, se encontraron fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno cometieron crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos”. 

El avance del caso hacia la fase IV, está ahora en manos del nuevo Fiscal de la CPI, el británico Karim Khan y para ello, no hay límites temporales establecidos, esto puede tardar días, meses y hasta  años. 

Gonzalo Himiob Santomé, abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), afirmó que la situación del Caso Venezuela I, está exactamente igual a como estaba hace dos semanas. 

“El examen preliminar sobre el caso Venezuela I sigue en curso. No hay plazos establecidos para que los exámenes preliminares terminen, así que lo que le toca hacer al nuevo fiscal es recoger toda la información, todas las evidencias que se han aportado y tomar la decisión, pero para la toma de esta decisión no hay plazo, estamos en la misma situación. No hay cambio de escenario”, afirmó Himiob. 

 

Sobre el pronunciamiento del nuevo Fiscal Karim Khan, Himiob aseguró que sí debe pronunciarse en cualquier momento. “En principio uno pudiera anticipar que ya hay suficientes elementos para que se solicite a la sala de cuestiones preliminares la apertura formal de una investigación, pero estas evidencias, documentos e investigaciones entregados previamente, deben ser evaluados por el fiscal para tomar una decisión, pero para esto, no hay límites temporales”

A juicio del abogado y director de la ONG Defiende Venezuela, Carlos Briceño, “viene una etapa donde todavía el Estado tiene múltiples facultades procesales de las cuales probablemente va a hacer uso para tratar de suspender la investigación o de retrasarla considerablemente, por lo que vamos a estar en un periodo de meses o años en los cuales se van a estar debatiendo estos asuntos preliminares de admisibilidad antes de que podamos ver casos concretos y escenarios efectivos a las intereses de la justicia que son los que la sociedad civil se ha estado imaginando”.

Gonzalo Himiob afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro seguirá esforzándose en demostrar que en Venezuela están dadas las condiciones para investigar hechos como si se tratasen de crímenes de lesa humanidad lo cual es totalmente falso.

“No es cierto que en Venezuela haya la independencia y la imparcialidad judicial que se necesita para establecer este tipo de responsabilidades, tampoco existe un marco legal completo que permita que se investiguen los hechos como crímenes de lesa humanidad y eso impide que definitivamente la jurisdicción venezolana pueda conocer de estos sucesos”, aseguró el abogado del Foro Penal. 

Piden el pronunciamiento de Khan

Luego de que el mundo se quedara esperando por el pronunciamiento que realizaría Fatou Bensouda sobre el Caso Venezuela I, varios organismos, instituciones y personalidades políticas se pronunciaron para pedirle a Karin Khan, que lo antes posible anuncie la decisión del caso. 

Es el caso de la organización mundial pro derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), quien a través de una carta instó al nuevo Fiscal de la CPI a tomar una decisión lo antes posible sobre el examen preliminar por los supuestos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.

La secretaria general de AI, Agnés Callamard, le pidió a Kahn que no siga sometiendo a las víctimas a la incertidumbre de un examen preliminar interminable. 

“En Venezuela, AI ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por fuerza excesiva por parte de agentes del gobierno o grupos de civiles armados progubernamentales, muchos de los cuales la Fiscalía ya ha concluido que constituyen crímenes de lesa humanidad, y esperábamos para hoy -15 de junio- una decisión de su oficina que concluya su examen”, afirmaba la misiva.

 

Organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos en Venezuela como Un Mundo sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a través de un comunicado expresaron que están expectantes sobre cualquier anuncio de Karim Khan sobre el caso. 

“Estamos expectantes al anuncio y continuaremos adelante con la labor que nos caracteriza que no es más que un compromiso indeclinable de apoyo a todas las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos, como son los presuntos crímenes de lesa humanidad que se encuentran bajo examen preliminar”, se lee en el comunicado.

“Esperamos que el nuevo fiscal asuma con responsabilidad esta tarea, la de investigar qué es lo que está pasando en el caso Venezuela I y tomar su resolución a la brevedad posible”, expresó Gonzalo Himiob. 

El comisionado para las Relaciones Exteriores del equipo de Juan Guaidó, Julio Borges, se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre el silencio de Bensouda y dijo que espera que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan acelere el proceso en el caso de Venezuela.

Parece fácil, pero no es

Que la exfiscal Fatou Bensouda no se haya pronunciado sobre el Caso Venezuela I, no significa que el trabajo que ya lleva adelantado la CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad se haya perdido. Aún queda un largo y engorroso camino por recorrer que, como afirmaba Himiob y Briceño, puede tardar años. 

La decisión está ahora en manos de Karim Khan, quien según un análisis de EFE, tiene en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.

La situación, ahora, depende de la Sala de Cuestiones Preliminares, pues los elementos obtenidos hasta el momento deben ser presentados ante la misma y esta debe decidir  si la información presentada cumple con las condiciones para comenzar una investigación que resulte en un juicio penal, lo que sería la fase IV. 

De Khan avanzar en el Caso Venezuela I, allí se decidirá si se procede a la recolección de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados, exhumación de cadáveres, y cualquier otro elemento de investigación criminalística que respalde las denuncias presentadas.

Pese a esto, el Caso Venezuela I también podría enfrentarse a otras limitaciones propias de la CPI. Una de ellas es que la Corte no tiene fuerza propia policial y depende de la cooperación de los Estados para implementar las órdenes de arresto que emite. 

Otra limitación es que la cooperación de los Estados es de suma importancia para las investigaciones. Si los Estados no facilitan el proceso de investigación a la Corte, esta no puede realizar su trabajo. 

 

Son los Estados Partes los que aprueban el presupuesto de la CPI. Los mismos tienen la responsabilidad de decidir el aumento o no del presupuesto, esto interfiere principalmente en que la Fiscalía debe decidir qué casos son prioritarios. 

Desde su creación y puesta en funcionamiento en el año 2002, la CPI ha iniciado 14 investigaciones, mantiene seis exámenes preliminares abiertos: Bolivia, Colombia, Guinea, Filipinas y dos en Venezuela, y ha dictado 36 órdenes de arresto.

Una de las últimas sentencias que ha emitido la CPI fue en el año 2008, contra el expresidente de Sudan, Omar al-Bashir, -el primer jefe de Estado que es señalado de crímenes de lesa humanidad estando en funciones- pero cuyo juicio se ha retrasado por su capacidad de evadir la justicia (dos órdenes de arresto en una década).

A pesar de haber sido derrocado del poder el abril de 2019, y que la actual junta de gobierno del país acordó entregarlo a la CPI en La Haya en febrero de 2020, la pandemia los obligó a retenerlo en Sudán y forzar el juicio en el país africano.

Otro caso donde la CPI se ha tardado para ejercer es el caso de Colombia y el conflicto interno que vivieron por unos 40 años, y que permanece aún en la etapa de investigación desde 2004.

Francisco Zambrano Jun 18, 2021 | Actualizado hace 4 días
La UCV lucha para vencer las sombras
Con un presupuesto minúsculo, autoridades, docentes y estudiantes recurren a iniciativas de autogestión para mantenerse a flote en la víspera de sus 300 años  

@franzambranor

Antes que el país obtuviera su independencia en 1810, ya la Universidad Central de Venezuela había sido inaugurada en 1721 por el rey Felipe V de España. En este 2021, la principal casa de estudios de la nación cumple 300 años en medio de una severa crisis estructural que agrupa a estudiantes, docentes y personal en general. 

La UCV es la universidad más antigua del país y ha resistido las dictaduras de Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que han pretendido introducir sus tentáculos entre las autoridades y centro de estudiantes.

En el año 2000, la UCV fue declarada Patrimonio de la Humanidad, pero hoy en día la desidia, precarias condiciones de su estructura, hiperinflación, migración de profesores y estudiantes, además de la violencia han atentado contra su autonomía.

En junio de 2020, el techo del corredor número 5 colapsó  y encendió las alarmas sobre el mantenimiento de la sede, la asfixia financiera a la que es sometida la casa que diseñó el arquitecto Carlos Raúl Villanueva ha sido denunciada por su rectora Cecilia García Arocha; solo 2,27% del presupuesto solicitado fue aprobado por el gobierno de Maduro en este 2021, mientras que para investigación recibió el visto bueno apenas un 8%. 

Un profesor universitario gana a lo sumo un equivalente a cinco dólares en bolívares por mes, cantidad que promueve la deserción y la migración de docentes a otras profesiones, mientras un obrero percibe mensualmente un promedio de $3. 

Aunado a esto, la pandemia de la COVID-19 tampoco ayudó a elevar la moral de los ucevistas, las deficiencias de la conexión de internet y los constantes cortes y fluctuaciones de electricidad juegan en contra de la educación.

Debido a la escasez de personal de seguridad, los hurtos se han incrementado. Solo en el Instituto de Medicina Tropical se produjeron 120 en 2020.

La soledad en las áreas comunes ha generado la acumulacion de desechos y basura, además de la presencia de indigentes que habitan dentro de las instalaciones. 

Pese a todas las dificultades, la UCV fue catalogada como la número 1 del país en el QS University Rankings 2022 y la 41 en América Latina.  

Regla T en mano

Cuando el actual decano de arquitectura, Gustavo Izaguirre, era coordinador administrativo de la facultad en 2006, el presupuesto de la UCV rondaba los 300 millones de dólares anuales y el de su escuela era cercano a los $748 mil. 

El Estado quebró: ¿Es el fin de la universidad pública de calidad?

Actualmente el presupuesto de la universidad no llega a los 3 millones de dólares anuales y el de la facultad de Arquitectura difícilmente se ubica en 10 mil.

A través de una colecta o ProFound en la Facultad de Arquitectura se logró llevar a cabo en 2020 un semestre ordinario de manera telemática con una participación de 80 por ciento de los profesores y 81% de los estudiantes.

“Esto nos ha permitido conseguir recursos y mejorar el salario de algunos profesores. El Consejo de Facultad no ha dejado de sesionar cada quince días”, dijo Izaguirre.

De acuerdo con Izaguirre, las contribuciones han permitido recuperar el cerco eléctrico, adquirir 12 cámaras para vigilancia permanente, mejorar el sistema de iluminación y llevar a cabo actividades de limpieza. 

“Estos esfuerzos son para la protección de nuestras instalaciones. La facultad de arquitectura necesita al menos 11 mil dólares mensuales para tener la planta física en buenas condiciones y obviamente es algo que no tenemos, por eso hacemos esfuerzos para mantenernos de pie”, dijo Izaguirre. 

El decano de arquitectura sostuvo que el mantenimiento de la facultad es exclusiva responsabilidad del Estado. “Hemos confrontado problemas serios de presupuesto desde 2007, pero a partir de 2012 la situación ha sido realmente catastrófica”. 

Izaguirre manifestó que los niveles de deserción de estudiantes y profesores serán medibles una vez concluya la pandemia.

“Es difícil dar un número en este momento, los estudiantes están viendo todas las materias, hemos efectuado actividades con egresados para conseguir recursos e incluso para que ellos den clases en pregrado”. 

El decano indicó que en 2020 hicieron una actualización de las investigaciones y se recibieron alrededor de 70 ponencias. “Julio es el mes del arquitecto y en ese sentido tenemos preparadas varias actividades para honrar a nuestra gente”. 

Jueves de debate 

Para Jennifer García, directora de escuela de Trabajo Social, la UCV se mantiene gracias al sacrificio del personal docente y administrativo y la perseverancia de los estudiantes.

Aunque ha habido una notable merma en la cifra de profesores y estudiantes que hacen vida en la universidad, García aseguró que la inexistencia de un sistema de control de estudios desde hace cinco años por la eliminación del presupuesto impide hacer una proyección de cuantos han abandonado la casa de estudios.

De acuerdo a la ONG Aula Abierta, la deserción en las universidades del país se ubica entre el 40 y 50%. Según Aula Abierta las principales causas tienen que ver con transporte, comedor, ausencia de becas estudiantiles y necesidad de incorporarse al mercado laboral para ayudar a la familia.

“Los profesores han duplicado sus jornadas simplemente por una cuestión de compromiso, la mayoría ha tenido que recurrir a trabajos paralelos para subsistir en medio de la crisis”, dijo García. 

García indicó que las redes sociales han sido una poderosa herramienta en tiempos de pandemia y crisis generalizada. 

“La iniciativa es mantener encendido el debate a través de redes sociales, denunciar los problemas y buscar soluciones”. 

La directora de la escuela de Trabajo Social sostuvo que todos los jueves a las 4 de la tarde invitan a una personalidad a profundizar sobre un tema en específico. “Lo llamamos Jueves de Academia y eso nos ha abierto una ventana importante de participación”. 

Al igual que otras escuelas, la de Trabajo Social se ha visto en la obligación de impartir cursos y promover eventos para su autogestión.  

“Próximamente estaremos ofreciendo diplomados con un costo accesible para nuestros egresados y demás profesionales”. 

Manifestó también que empresas han hecho aportes en equipos y materiales para la escuela, que en más de una oportunidad se ha visto afectada por el vandalismo. 

García sentenció que en el caso de las clases a distancia han tenido que ser flexibles para poder mantenerse activos. 

“El vicerrectorado académico puso a disposición un campus virtual, donde tenemos acceso a información diversa, la biblioteca central creó un portal web, además los profesores nos hemos estado formando gracias al Sistema de Actualización Docente del profesorado de la UCV, el cual tiene talleres y cursos que son totalmente gratuitos o con un costo bajo”.

“Lo que nos identifica es que tenemos sentido de pertenencia e identidad ucevista y también lo hacemos por los estudiantes porque son ellos quienes nos van a ayudar a reconstruir este país”, salió al paso el profesor de Trabajo Social, José Ibarra. 

Formación en tiempos adversos

El Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCV  (Sadpro) es una dependencia adscrita al vicerrectorado académico que funciona desde 1978 y su objetivo es la formación de docentes en áreas generales como profesionalización, tecnología y currículo. 

Su director Jorge Altuve sostuvo que pese a la crisis humanitaria compleja que padece Venezuela y la reciente situación del COVID-19, el programa se ha mantenido gracias a la mística de los profesores en la UCV. 

“En estos 43 años hemos sido vanguardia a nivela nacional e internacional y destaco específicamente el programa Aletheia, cuyo objetivo es formar a profesores a través de cursos de 120 horas de duración, esta era una dinámica que era casi totalmente a distancia y ahora debido a la pandemia es 100%. Durante la cuarentena hemos formado a 69 profesores”, dijo Altuve. 

El director de Sadpro aseguró que a diferencia de años anteriores, en 2020 y 2021 han crecido.  

Asimismo, Altuve hizo hincapié en el Programa de Formación para el Cambio que pasó a ser el primer programa de formación en contingencia para profesores. “Aquí han salido beneficiados alrededor de 4 mil personas, no solo de la UCV, sino también de otras universidades, de otros niveles del sistema educativo, empresas, ONG e instituciones”. 

Altuve indicó que todos los proyectos los han desarrollado sin presupuesto y con la colaboración de personas y entes preocupados por la educación en Venezuela. “Los números demuestran que el crecimiento se ha multiplicado, hemos contado con la participación de cerca de una veintena de profesores que están fuera del país”. 

En 2021, Sadpro planea poner sobre el tapete el tema del currículo de los profesores y las implicaciones que tiene que ver la pandemia en ello. 

Altuve dijo que los talleres y cursos no solo son para que los profesores escuchen ponencias interesantes sino para que empleen herramientas tecnológicas como videos, WhatsApp, Telegram, el campus virtual de la UCV y demás redes sociales para interactuar y actualizarse. 

“Esta es una excelente oportunidad para reinventarnos, los tiempos de crisis son los mejores para el cambio definitivamente”.

Caso Venezuela I a la espera de la decisión de la Corte Penal Internacional
La Fiscal saliente de la Corte Penal Internacional debe pronunciarse sobre el Caso Venezuela I que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro
De iniciarse la fase IV en Venezuela, el Gobierno de Maduro tiene en sus manos múltiples recursos para tratar de suspender la investigación o de retrasarla
El 13 de febrero del año 2020, el canciller chavista, Jorge Arreaza, denunció a los Estados Unidos ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, debido a las sanciones económicas impuestas a su país

Por: @Andrea_GP21 y @yeannalyfermin

 

Venezuela está a la expectativa de la decisión que podría emitir la saliente Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda, sobre el caso Venezuela I. 

Teniendo en cuenta que el 15 de junio termina su período, se espera que antes de esa fecha Bensouda haga públicos “los nuevos hallazgos” que su Oficina ha adelantado sobre el caso, y también que informe si se abrirá o no una investigación en Venezuela por los presuntos crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado, durante las protestas de 2017 en contra del gobernante Nicolás Maduro.

El próximo pronunciamiento de Bensouda sobre el Caso Venezuela I, el cual se encuentra en fase 3, es uno de los más importantes, pues con el avance hacia la fase 4, la Fiscalía deberá abrir una investigación formal en contra de individuos concretos, con lo que Nicolás Maduro podría convertirse en el primer presidente latinoamericano en ser investigado por la Corte Penal Internacional. 

En diciembre de 2020, Fatou Bensouda informó tras llevar a cabo un examen preliminar sobre el Caso Venezuela I, que se encontraron fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”. 

El pasado 8 de junio, y a pocos días de entregar su cargo, Bensouda en declaraciones a EFE, afirmó que las pesquisas de la Fiscalía de La Haya “han avanzado significativamente”. Aseguró también que “el asunto está ahora a la espera de los jueces y que no hay mucho más que pueda decir”.

Un proceso largo

La Fiscalía de la CPI ha recibido denuncias sobre violaciones a los derechos humanos desde el año 2014, pero la gestión de Bensouda se ha centrado en investigar el uso de la fuerza por parte del gobierno oficialista para reprimir las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017.

El motor de estas denuncias ha sido La Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima, varias organizaciones no gubernamentales (ONG), diputados, dirigentes opositores venezolanos, la fiscal destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, entre otros.

Hay una serie de antecedentes y eventos que ocurrieron a lo largo de los años, los cuales permitieron visibilizar todas estas denuncias ante la CPI, incluyendo las que ha presentado el gobierno de Nicolás Maduro.

El equipo de Runrun.es elaboró una línea de tiempo para detallar cada uno de estos eventos, que incluso datan de cuando Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, todavía se encontraba en el poder.

 

Tres escenarios 

La tarde de este lunes, 14 de junio, se esperaba que la fiscal Bensouda se pronunciara sobre el Caso Venezuela I, como sí lo hizo con el caso Filipinas. 

A juicio del abogado y director de la ONG Defiende Venezuela, Carlos Briceño, después de esto, se pueden generar, ahora, tres escenarios para Venezuela.

Un primer escenario sería que este 15 de junio, último día de Bensouda en el cargo, anuncie que se abrirá una investigación formal contra los supuestos responsables de crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma.

De iniciarse la investigación formal, el abogado explicó que la Fiscalía puede realizar investigaciones más detalladas sobre los hechos, visitar el país en cuestión para recabar evidencias y dependiendo de los hallazgos, se puede solicitar una orden de comparecencia o arresto en contra de los individuos señalados.

 

Luego de la identificación del presunto responsable y su eventual captura, la Fiscalía debe presentar los cargos y delitos que se le imputan para dar inicio a la fase de juicio.

Un segundo escenario para el Caso Venezuela I sería que el examen no se abra. Con esto no significa que el examen terminó, significa que con la llegada de Karim Kahn, el grupo de trabajo de la Asamblea de Estados Partes deberá seguir trabajando en el caso, tratando de modificar las políticas de la Corte Penal Internacional en materia de Examen preliminar. La opinión pública jugará un papel importante.

Un tercer escenario sería la dilación del caso. Carlos Briceño explicó que el silencio de Bensouda podría deberse a los recursos introducidos por el Gobierno venezolano, específicamente por Tarek William Saab, en donde el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 25 de Mayo envió una Solicitud de Control Judicial ante la Sala de Cuestiones Preliminares, “para que se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase del examen preliminar y corrija el trato desigual que se le da a los países afectados, que en el caso de Venezuela, está siendo paradigmático”.

Luego, el 9 de junio Saab pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que convoque una reunión con las partes, “de conformidad con la norma 30 del Reglamento de la Corte”, lo que a su juicio constituía “una oportunidad única para que se contribuya a asegurar que el trato que se dé a los países objeto de un Examen Preliminar sea justo e igualitario”.

“Se puede decir que la táctica del Estado venezolano de solicitar este recurso de interpretación ya sobre el final del examen preliminar, ha logrado dilatar la apertura de la investigación y lo más probable es que la apertura no se produzca en el periodo de la fiscal Bensouda que termina mañana, sino que esto se retrasaría hasta que asuma el nuevo Fiscal Karim Khan”, explicó Briceño.

 

El abogado afirmó que incluso si se da la apertura de la investigación, todavía el Gobierno de Nicolás Maduro puede, basándose en el artículo 18 del estatuto de Roma, pedirle a la Fiscalía que se inhiba de iniciar las labores investigativas demostrando (como lo ha venido haciendo con las decisiones sobre los casos del concejal Fenándo Albán y del joven juan Pernalete) que tiene capacidad para investigar, juzgar y que se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes.

Sobre la solicitud de inhibición que puede hacer el Estado, la Fiscalía de la CPI puede negarse, pero tendría que ir a la Sala de Cuestiones Preliminares para que la misma la autorice a continuar investigando sin inhibirse. “Hay un lapso de un mes que se le da al Estado después de iniciada la investigación para pedirle a la fiscalía la inhibición, es decir, para que no avance en la investigación demostrando que tiene la capacidad para juzgar él mismo los crímenes”, expresó el director de Defiende Venezuela.

Lo peor para Venezuela I

Carlos Briceño afirmó que si la investigación continúa, bien porque la Fiscalía le pida a la sala de cuestiones preliminares que la exima de inhibirse demostrando que el Estado realmente no tiene la capacidad y voluntad de juzgar, pasaría que, de acuerdo al artículo 19 del Estatuto de Roma, pudiera controlar la admisibilidad de la situación, es decir, que pudiera demostrar que tienen la capacidad para investigar los crímenes de forma genuina.

“Viene una etapa de comienzo de investigación donde todavía el Estado tiene múltiples facultades procesales de las cuales probablemente va a hacer uso para tratar de suspender la investigación o de retrasarla considerablemente, por lo que vamos a estar en un periodo de meses o años en los cuales se van a estar debatiendo estos asuntos preliminares de admisibilidad antes de que podamos ver casos concretos y escenarios efectivos a las intereses de la justicia que son los que la sociedad civil se ha estado imaginando”, aseguró el abogado.

El peor escenario para Venezuela es que se retrase el examen, incluso si la sala de cuestiones preliminares no falla a favor de Venezuela y no se establece el deber de la Fiscalía de continuar en el examen preliminar para que el Estado venezolano juzgue los crímenes ya esté habrá conseguido retrasar la apertura de la investigación lo que podría traducirse en varios meses o incluso años.

Caso Venezuela II

El 13 de febrero del año 2020, el canciller chavista, Jorge Arreaza, denunció a los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, debido a las sanciones económicas impuestas a Venezuela.

Posteriormente, el 17 de febrero del 2020, la Fiscalía notificó a la Presidencia de la CPI la recepción de la remisión. En la notificación, la presidencia señaló que las dos remisiones relacionadas con Venezuela que la Fiscalía había recibido parecían superponerse geográfica y temporalmente, y podrían por consiguiente ser asignadas a la misma Sala de Cuestiones Preliminares, “pero que esto debía ser sin perjuicio de una posterior determinación acerca de si el referido alcance de las dos situaciones está suficientemente conectado para constituir una única situación”.

De acuerdo con un informe de la CPI, la remisión afirma que puesto que las medidas adoptadas por los Estados Unidos tienen consecuencias sobre el territorio de un Estado Parte (Venezuela), “la CPI puede ejercer su competencia territorial respecto de los presuntos crímenes de competencia de la CPI en relación con la situación imperante en el territorio de Venezuela”.

 

“La remisión señala que las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos constituyen un ataque generalizado o sistemático a una población civil, en los términos del párrafo 1 del Artículo 7 del Estatuto de Roma”, explica el informe.

Al recibir la remisión, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen cuidadoso e independiente de la información suministrada por el gobierno de Venezuela. “La Fiscalía se ha centrado durante este período en la recolección de información relevante para la situación, tal como está definida en la remisión, con respecto a los elementos específicos de los crímenes del Estatuto de Roma, con el objetivo de informar su análisis material”, señala el informe de la CPI.

En tal sentido, la CPI informó que tiene la intención de concluir su análisis de la competencia material durante la primera mitad de 2021, con el objetivo de determinar si existe fundamento razonable para proceder a un análisis sobre admisibilidad.

Reporte Venezuela II by Andrea González Parra on Scribd

¿Qué dice el proyecto de ley que eleva la tensión en las aseguradoras?
Las empresas deberán cubrir pérdidas y aumentar el capital. La banca podrá utilizar su red de agencias para ofertar pólizas y se reduce el tiempo para el pago a los asegurados. Las normas obligan a invertir las reservas en instrumentos que no protegen el dinero

 

 

 

La Superintendencia de Seguros prepara un proyecto de ley que introduce cambios relevantes. De ser aprobado por la Asamblea Nacional, tal y como hoy está redactado, los accionistas de la mayoría de las empresas tendrán que aportar dinero, la banca se convertirá en un nuevo jugador y los asegurados recibirán sus pagos en menos tiempo.

El proyecto incrementa el capital mínimo para operar y la garantía a la nación. Pero antes de cumplir con estos parámetros las aseguradoras tendrán que cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores, algo que coloca sobre la mesa el impacto del COVID-19.

La pandemia es un evento no previsto en las pólizas; no obstante, las aseguradoras han tenido que responder por el tratamiento a sus clientes con cobertura en el área de salud. De acuerdo con datos que maneja el sector al cierre de marzo, los tratamientos por COVID-19  sumaban 60 millones de dólares y había pérdidas no cubiertas por el orden de diez millones de dólares.

Una vez cubiertas las pérdidas un grupo de aseguradoras tendrán que aportar dinero para cumplir con los nuevos montos del capital mínimo y la garantía a la nación. Estos parámetros, medidos en unidades tributarias en la ley vigente, comenzarían a calcularse en petros.

En el caso de las empresas que se desempeñan en ramos generales y de vida, el capital mínimo más la garantía a la nación suman 6.760 petros, que equivalen a 381.000 dólares.  Esta cifra se traduce en un aumento relevante porque la hiperinflación y la devaluación sepultaron el valor de la unidad tributaria y los montos establecidos en la ley vigente.

Un elemento importante es que el capital mínimo para operar se actualizará cada dos años de acuerdo al valor del petro.

Pedro Raaz, abogado experto en seguros, considera que la coyuntura necesita un trato especial. “Es necesario un acuerdo donde las clínicas, no solo las compañías de seguros, asuman el impacto por el Covid y el Estado deje de cobrar una porción de impuestos durante los próximos tres años. Esto es algo que debería estar en el proyecto de Ley”.

Las compañías de seguros aportan a un fondo público entre 1% y 3% del monto de las primas de las pólizas de salud. Pedro Raaz considera que este fondo debería formar parte de la solución.

Manuel Rodríguez Costa, especialista en derecho administrativo, explica que “el capital mínimo solo debería operar como una barrera de acceso y el legislador debe subirlo o bajarlo en función de si desea que haya más o menos solicitudes para operar”.

Profundiza en este tema y señala que el capital de las empresas que ya están en funcionamiento lo determina el margen de solvencia y no el capital mínimo. El margen de solvencia actúa como un termómetro trimestral que indica si la compañía tiene suficientes recursos propios para respaldar sus operaciones.

Pero hay un factor a considerar. Las normas para el cálculo del margen de solvencia las establece la Superintendencia a través de providencias que fueron modificadas y debilitaron el indicador.  

“Se permite reflejar en el patrimonio propio el 100% de la revalorización de los inmuebles y en los tres primeros trimestres del año el 100% del saldo de operaciones; eso ha traído como consecuencia que el margen de solvencia sea en el caso venezolano técnicamente un saludo a la bandera”, dice Manuel Rodríguez Costa.

“Pero eso es un problema de la forma como se estructuró el cálculo y eso se resuelve con una modificación a la providencia de la Superintendencia para hacer que realmente funcione”, agrega.

La banca en el juego

Desde 2010 la ley de seguros ha mantenido a la banca excluida del negocio, pero el proyecto de reforma abre la puerta para que nuevamente los bancos participen en el juego. Básicamente las compañías de seguros ofrecerían pólizas a través del sistema financiero, que recibiría una bonificación por colocarlas a través de sus 2.974 oficinas en todo el país.

“Suelen ser productos sencillos, muy básicos, con coberturas relativamente pequeñas, primas accesibles que pueden ser financiadas a través del banco o domiciliadas a las cuentas bancarias del cliente; las comisiones son bajas porque la idea es el volumen, es un tema de masificar la comercialización del seguro”, dice Manuel Rodríguez Costa.

El proyecto indica que “retorna la banca seguro como un canal de comercialización necesario a fin de facilitar la incorporación de la población económicamente vulnerable a los contratos de seguros masivos: vida, accidentes personales, funerario, responsabilidad civil de vehículos, entre otros”.

Pedro Raaz considera que debe ampliarse el espectro. “Para masificar el seguro no solo debería permitirse la participación de la banca. En ramos como accidentes personales, funerario y vida debe abrirse la puerta a otros canales como supermercados o empresas que funcionen mediante aplicaciones por internet”.

“Esto nos lleva a la necesidad de impulsar los microseguros, los seguros dirigidos a la población de escasos recursos a través de distintas plataformas”, añade Pedro Raaz.

Pago rápido

El proyecto de ley indica que aumenta la protección a los asegurados “al reducir los plazos de indemnización y respuesta oportuna, con la finalidad de impedir un perjuicio en su patrimonio por el transcurso del tiempo”.

En la ley vigente la empresa de seguros está obligada a cumplir con el pago previsto en la póliza en los 30 días siguientes a la fecha en que el asegurado culmina la entrega de recaudos. En el proyecto, este lapso se reduce a diez días “so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por retardo en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Manuel Rodríguez Costa considera que este lapso es muy corto porque “las empresas necesitan realizar un análisis, es algo que no puedes parametrizar en un sistema. Vas a tener muchos procesos sancionatorios por retardo en los pagos y es algo que no tiene mucho sentido”.

Menos control

El proyecto elimina una polémica facultad con que cuenta la Superintendencia. La ley vigente le otorga al superintendente el poder de ordenarle a las aseguradoras, tras un proceso administrativo, el pago de siniestros.

“Si no había acuerdo entre las partes en un proceso amigable la Superintendencia, según la ley vigente, puede condenar a la empresa de seguros a pagar la indemnización como si fuese un tribunal y además puede indexar el pago. Esta competencia se elimina”, dice Manuel Rodríguez Costa.

El proyecto también le quita al superintendente la facultad de autorizar a las aseguradoras la venta de inmuebles y los restos de vehículos. “Si esto se aprueba las compañías tendrían libertad para disponer de esos activos sin esa alcabala de la autorización previa que en muchos casos es engorrosa y se dilata en el tiempo”, explica Manuel Rodríguez Costa.

Reservas evaporadas

Las compañías de seguros están obligadas a mantener reservas a fin de cubrir el riesgo de sus operaciones y garantizar el pago de los siniestros, pero tanto la ley actual como el proyecto de reforma establecen unas disposiciones que no protegen el valor de este dinero.

Actualmente las aseguradoras están obligadas a mantener 50% de las reservas en bolívares depositados en bancos del país y el proyecto solo rebaja esta porción hasta 40%. En medio de la hiperinflación y las bajas tasas de interés este dinero prácticamente desaparece.

La ley actual y el proyecto mantienen que no menos de 30% de las reservas deben ser “títulos valores denominados en moneda nacional o extranjera, emitidos o garantizados por la República”. El problema es que los títulos en moneda extranjera emitidos por la República están en default.

Además, la ley actual y el proyecto mantienen que no más de 20% de las reservas puede estar en inmuebles y no más de 10% en otros bienes que apruebe la Superintendencia.

Manuel Rodríguez Costa resume que “esas reservas técnicas terminan siendo sal y agua porque el dinero depositado en los bancos con hiperinflación y tasas de interés negativas básicamente se pierde; títulos de deuda pública que en la mayoría están en default e inmuebles que si bien son bienes seguros son de difícil realización”.

El presidente de una compañía de seguros afirma que “no se termina de asumir lo que es evidente: las reservas deben estar en dólares porque el bolívar y los bonos de la República no valen nada”.

El trasfondo

Las empresas de seguros caminan sobre un piso frágil. La población se empobreció, compañías extranjeras les arrebataron una tajada importante de la clientela, la hiperinflación persiste y el coronavirus impacta el flujo de caja.

Las cifras oficiales desnudan que el pago que hacen los clientes cuando compran sus pólizas, técnicamente conocido como primas, no es suficiente para soportar el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores. Cuando esto ocurre, las aseguradoras sufren pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas. 

Datos de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora indican que en 2020, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de diciembre, el sector acumuló pérdidas técnicas equivalentes a 138 millones de dólares. 

En los cuatro primeros meses de este año, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de abril, las pérdidas técnicas equivalen a 99 millones de dólares.

Vacunación contra la COVID-19 no inmuniza contra la improvisación
Desde finales de mayo comenzó la segunda fase de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, cuya primera semana fue dominada por la falta de información
Algunas personas acudieron a los centros de vacunación sin recibir la notificación para inmunizarse y lograron que les aplicaran la vacuna
“El proceso para vacunarme fue un golpe de suerte porque fue una colaboración que me dieron”, contó A.F, médico radiólogo
De acuerdo con un informe de la ONG Monitor Salud, hasta el 30 de mayo, 32.839 trabajadores de la salud entrevistados en dicho estudio, habían sido vacunados contra la COVID-19

@Andrea_GP21 – Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

 

El pasado viernes, 28 de mayo, el ministro de Salud chavista, Carlos Alvarado, anunció el inicio de la segunda fase de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, para lo cual serían habilitados nuevos puntos en el país.

En ese momento, Alvarado informó que para ese fin de semana se contaría con 27 puestos de vacunación en todo el territorio nacional y a partir del lunes, 31 de mayo, se activarán 77 puntos, los mismos tienen gran capacidad para vacunar entre 600 y 1.000 personas.

Para poder vacunarse, Alvarado informó que el proceso de selección se hará de forma aleatoria a través del Sistema Patria, donde las personas recibirán un SMS indicando la fecha, hora y Centro de Salud dónde será vacunado. 

También, el ministro chavista informó que a través del Ministerio de Salud sería habilitada una sección de registro, donde se solicitará información personal a los ciudadanos, para no tener que registrarse en el Sistema Patria, si no lo deseaban así.

Desde que comenzó esta nueva fase, la incertidumbre, la desorganización y la falta de información se hicieron parte del proceso. En Caracas, el punto más céntrico habilitado en el Municipio Libertador se ubica en el Hotel Alba Caracas, donde se han registrado largas colas de personas que esperan poder vacunarse. 

Según los reportes publicados en redes sociales, en el Hotel Alba hay tres colas: la de las personas que recibieron una notificación vía SMS para vacunarse, para las personas de la tercera edad y para los del sector sanitario, que hasta ahora no ha sido vacunado en su totalidad.

Todo menos un plan

Un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que, para poder llevar a cabo un plan de vacunación, primero deben establecer actividades que se integren en el marco de la atención primaria de salud, que incluye: microplanificación, fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, capacitación para la introducción de una nueva vacuna, establecimiento de nuevos puntos de contacto para la vacunación, adopción de sistemas y tecnologías de trazabilidad para garantizar la eficacia e integridad de las cadenas de suministro, mejorar la vigilancia integral de la enfermedad y realizar actividades integradas de promoción y comunicación, entre otros.

En el caso de Venezuela, las autoridades sanitarias y el mismo gobierno solo han brindado información sobre una fase de vacunación que inició en febrero, donde, según señalaron, se comenzaría a inmunizar a los integrantes del personal de salud y otros sectores esenciales. Más tarde, a finales de mayo, luego de meses que expertos en el área de salud exigieron que se publicara un plan de vacunación, fue que el Ministerio de Salud informó sobre el inicio de la segunda fase, cuya convocatoria se realizará a través del Sistema Patria y dicho organismo.

La primera semana de vacunación contra la COVID-19 fue dominada por la falta de información. Algunas personas acudieron a los centros de vacunación sin recibir la notificación para inmunizarse y lograron que les aplicaran la vacuna. Otros no tuvieron tanta suerte.

A través de Twitter, la periodista Ivanna Laura reportó que una señora, identificada como María, de 80 años, recibió el mensaje de vacunación el jueves, 3 de junio. La señora reside en Los Valles del Tuy, estado Miranda, y acudió al punto de vacunación que le indicaron, en la parroquia 23 de Enero.

“Se vinieron desde allá a un supuesto punto en el 23 de Enero porque esa era la dirección que indicaba el texto. Llegaron a la 1:00 pm. No había vacunación, no había nada (…) Ni siquiera los voceros comunales de la zona sabían algo de la jornada”, reveló la comunicadora.

La información anterior va de acuerdo con el testimonio que dio la señora Ana Silva, de 47 años, quien se vacunó en el 23 de Enero el día sábado, 5 de junio. “Ellos habían citado a la gente el día anterior, pero las vacunas no habían llegado y le dijeron a la gente que fuera al siguiente día, por eso había gente desde muy temprano”, dijo.

Silva acudió a este punto tras recibir un SMS. Se registró a través de la página del Ministerio de Salud y el día viernes, 4 de junio, recibió la notificación. “Hubo un poco de desorganización al principio, pero después nos organizaron en fila”. Asimismo, señaló que llegó a las 8:00 de la mañana y ya a las 10:00 había recibido la vacuna.

 

Un dato resaltante que comentó la entrevistada, es que ella recibió el SMS tras registrarse en el Ministerio de Salud, pero no llevó su celular el día que se vacunó. “No había manera de constatar. A mí me llegó el mensaje pero yo no me llevé el teléfono. Igualito yo me anoté. Ellos no tenían una data que constatara que a ti te llegó el mensaje”.

Pero no en todos los casos es igual. La señora B.G recibió el mensaje del Ministerio de Salud, pese a que está registrada en el Sistema Patria por ser pensionada. Se vacunó en el pueblo de Baruta, estado Miranda. “El proceso fue relativamente rápido. Ellos citan a las 8:00 de la mañana un grupo grande, a las 11:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde. En total citaron a 500 personas en el punto del pueblo de Baruta”.

B.G señaló que varias personas en Baruta se confundieron, pues los citaban en el Concejo Municipal y, aunque en el pueblo de Baruta hay una sede, a la cual debían acudir era a la de Las Mercedes.

“Fue relativamente rápido. Yo estaba citada a las 8:00 de la mañana y me atendieron a las 10:00. Me dieron un numerito, me dijeron cédula en mano y llegaron unos muchachos a tomarme la tensión, la temperatura y la oxigenación”, dijo.

Distinto en Catia que en Los Dos Caminos

A pesar de tratarse de un operativo nacional, no había un estándar en los procedimientos de los centros de votación. El viernes, 4 de junio, algunas personas que fueron convocadas a vacunarse en Propatria, municipio Libertador de Caracas, se encontraron con la noticia de que el punto sería en la Escuela Robinsoniana de la avenida Sucre de Catia. Así lo dejaron ver algunos reportes en redes sociales.

“Después de seis horas en la cola nos dijeron que no había vacunas para los adultos mayores convocados y que asistamos el lunes haciendo la misma cola a ver si llegan las vacunas”, denunció el usuario Marco Anseume en Twitter.

La usuaria @Belvier63 también se quejó de la misma situación: “Mi prima además de adulta mayor tiene movilidad reducida. Vive en Propatria y la envían a vacunar a la avenida Sucre. ¿Cómo se supone que llegue hasta allá si no tiene a nadie que la lleve? Vive con su hermana que es mayor que ella, es una locura”, denunció.

A su vez, el domingo, 6 de junio, hubo cierta tensión en el punto de la Plaza Miranda de Los Dos Caminos, municipio Sucre del estado Miranda, para las personas que estaban desde temprano en la mañana para poder vacunarse.

“Nuestro derecho. Vacunas ya”, decían los ciudadanos que acudieron a este punto de vacunación, luego que reportaran que la cola para las personas que desearan llegar sin previa cita o registro no fue habilitada el día señalado.

El interior empezó con muchos desaciertos

Los alrededores de Corposalud Aragua, ubicado en Maracay, tuvo una gran aglomeración el pasado miércoles, 2 de junio, pues desde la madrugada de ese día cientos de residentes acudieron al lugar con la intención de ser vacunados.

De acuerdo con información publicada en Twitter por la periodista Gregoria Díaz, en el mencionado lugar se registraron largas colas de vehículos y ciudadanos, tan aglomerados que incluso las vías de acceso hacia el norte de la capital de Aragua se vieron colapsadas.

Díaz señaló que a través de cadenas difundidas en WhatsApp se compartieron mensajes falsos que convocaban a jornadas de vacunación contra la COVID-19 en varios lugares en Maracay, como el parque Las Ballenas.

El ciudadano Omar Molina, de 73 años, declaró a la periodista que, desde el lunes 31 de mayo fue al lugar y le indicaron que fuera el miércoles. Al llegar el día, anotarse y recibir el número 400, los encargados de la vacunación le indicaron que no recibirían las dosis porque no tenían el anuncio del Sistema Patria.

“Por todas las redes nos ofrecieron a los viejitos que nos iban a vacunar. Hoy vinimos aproximadamente 3.000 personas acá y esto es un abuso, y esto no se hace”, dijo el señor Molina quien instó al gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres, a tomar cartas en el asunto.

¿Qué ha pasado con el personal de salud?

El día miércoles, 2 de junio, la ONG Monitor Salud publicó un informe sobre el personal de salud que ya ha participado en el proceso de vacunación contra la COVID-19.

De acuerdo con el informe, hasta el 30 de mayo, 32.839 trabajadores de la salud entrevistados en dicho estudio, habían sido vacunados contra la COVID-19. Por otra parte, 4.639 trabajadores del sector sanitario apenas han recibido la primera dosis, representando un 6,16% de la muestra total.

Como sumatoria total, la ONG encontró que 37.478 trabajadores de la salud fueron vacunados, lo que evidencia que ha inmunizado un 49.84% del personal sanitario.

Pese a que estos datos no alcanzan a todos los trabajadores de salud, “sí puede ser usado como evidencia para demostrar que las declaraciones ofrecidas por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en las que aseguraba se había inmunizado al 90% del personal sanitario, son totalmente falsas”, señala el reporte.

Runrun.es contactó a dos trabajadoras de la salud que ya fueron inmunizadas contra la COVID-19 para conocer cómo fueron seleccionadas. La primera es la médico radiólogo A.F, quien trabaja en cuatro centros de salud privados en Caracas y de ninguno de ellos recibió información para ser vacunada.

“El proceso para vacunarme fue un golpe de suerte porque fue una colaboración que me dieron”, contó la médico, quien prefirió no revelar la institución en donde se le aplicó la vacuna. Solo comentó que recibió las dos dosis de la vacuna Sinopharm y fue en un hospital centinela de Caracas.

 

A.F contó que tuvo COVID-19 en noviembre del año pasado y pudo hacerse la vacunación contra esta enfermedad en abril de este 2021. Recibió la primera dosis y la segunda le fue aplicada tres semanas después.

“Empezaron como en marzo. Actualmente están vacunando gente de los centros privados. Una amiga se vacunó esta semana por ser personal de la Clínica Metropolitana”, agregó.

Por su parte, la enfermera E.H, de 26 años, contó a este medio que ya cuenta con las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V. La primera la recibió el 31 de mayo y la segunda el 27 de abril.

“Me hicieron un llamado a través del grupo del trabajo. Nos indicaron que cada trabajador de la salud debía acudir en su turno correspondiente y día de guardia. Fue en el ambulatorio Dr. Carlos diez del ciervo en Chacao, centro del IVSS”, dijo.

E.H contó que primero vacunaron al personal médico, de enfermería, personal administrativo, a las camareras y al personal de seguridad. “Afortunadamente todos tuvieron aseguradas las dosis correspondiente. El proceso tardó un mes y medio ya que al estar en distanciamiento, el centro evitaba aglomerados y personal no esencial, por eso hicieron el llamado en días de trabajo específicamente para ser vacunados”, dijo.

En el exterior todo es diferente

Venezuela está bastante atrasada en cuanto a la vacunación contra la COVID-19. Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro lleva adelante un plan de vacunación, que se anunció después de meses que los especialistas en salud la solicitaron, ha sido confuso y desorganizado.

Este proceso de vacunación en Venezuela contrasta mucho con el de otros países de América, la región más afectada por la COVID-19, pues muchos países llevan el procedimiento de otra manera que, incluso para los migrantes venezolanos, ha sido más sencillo.

La joven Melanie Delgado, de 30 años, oriunda de Caracas y que actualmente reside en Santiago de Chile, contó a Runrun.es su experiencia para ser vacunada contra la COVID-19. “Se pueden vacunar todos los extranjeros. De hecho pusieron una ley que permite que todos los extranjeros se vacunen”, relató.

Delgado comentó que como ella ya está residenciada, solo tuvo que dar el número de su Registro Único Tributario (RUT) y esperó dos horas en la fila para recibir la vacuna china Sinovac. “Aquí han estado vacunando por edades. Empezaron por los adultos mayores, las personas que tienen patologías y personal esencial. Y fueron bajando por edades”.

“El proceso no ha sido nada engorroso. Sí he visto casos de extranjeros que se han visto afectados porque la ley está un poco confusa con respecto a los extranjeros y la institución a la que fueron no les había llegado la notificación de que podían vacunar a los extranjeros que no estén regularizados”, agregó.

 

Por su parte, Miguel Ángel Rangel, de 36 años, reside en Montevideo, Uruguay, desde hace dos años, y se vacunó con el antígeno chino Sinovac. El hombre contó que se registró en una agenda que iba por fases, comenzando con el personal médico, ancianos, personal esencial y después bajaron por franjas etáreas.

“Yo con 36 años me pude vacunar antes, porque en Semana Santa hicieron una agenda especial para las personas que no fueran a viajar, se vacunaran de una vez. La primera dosis me la pusieron el 31 de marzo y la segunda el 28 de abril (…) No te piden nada, solamente te registras con tu cédula, te asignan la cita y vas al vacunatorio, que lo están haciendo en los hospitales y en el Antel Arena (…) Me quebranté por dos días, tenía el brazo inútil, pero no me pasó nada”, reveló.

Rangel acotó que en Uruguay están vacunando a los ciudadanos con los antígenos Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Dijo también que al recibir la primera dosis, las personas firman un acuerdo en el que exime al gobierno de cualquier efecto adverso, aunque él asegura que hasta ahora no se han presentado casos de ese tipo. Añadió que su esposa, de 28 años, también se vacunó.

 

Certificado de vacunación de Miguel Ángel Rangel, venezolano residenciado en Uruguay

Este medio también consultó a la joven M.M, de 23 años, quien reside en Caracas, Venezuela, pero viajó a Estados Unidos para poder vacunarse. Recibió la vacuna de Pfizer y se vacunó en el estado de Florida.

Después de planificar durante al menos dos meses su viaje, averiguar si podía agendar una cita, M.M recibió información de una amiga, quien le comentó que hay varios sitios donde, sin una cita previa, podía llegar y vacunarse. Así pues, se dispuso a viajar y, luego de llegar al aeropuerto, acudió al estadio de Hard Rock Café.

“Era un estacionamiento grande. Te recibía en la entrada un primer grupo de personas. Lo primero que te preguntan es quiénes se van a vacunar y te anotan un primer número en el carro. En la segunda estación me pidieron mi identificación, me pidieron solo el pasaporte, anotan el número, tu nombre, tu apellido y empiezan con preguntas médicas”.

 

Tras responder a las preguntas, el encargado de hacerlas anotó todo en un teléfono el cual imprimió una etiqueta con los datos de la joven y un código de barras, que se adhirió al brazo en el que se iba a vacunar y pasó a una tercera estación en la cual le aplicaron la vacuna.

“En la tercera estación primero escanean el código de barras, te pinchan y luego te ponen la vacuna y después te dan tu tarjeta de vacunación. De ahí pasas a la última estación. Todo esto fue dentro del carro. Yo nunca me bajé del carro. Después te dicen que te estaciones de un lado y tienes que esperar 15 minutos a ver si la vacuna tiene alguna reacción. Todo ese proceso duró 20 minutos porque tuve que esperar a ver si tenía alguna reacción a la vacuna, cosa que no tuve”.

*Algunas identidades se resguardaron a petición de los entrevistados

Ciclismo en el Ávila: una amenaza al patrimonio natural con aprobación de Inparques
Las bicicletas en el  Waraira Repano están prohibidas con justificación: degradan y deterioran el Parque Nacional, sostienen los ambientalistas. A pesar de ello, Enduro Series Venezuela se encargó de organizar una competencia que contaría con la participación de 150 ciclistas y la aprobación Inparques. ¿Qué intereses hay detrás de la competencia prohibida?

María Josefa Maya y Valeria Pedicini

La carrera de bicicletas montañeras que se realizaría en el Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila) a mediados de marzo de 2021 se tropieza con varias contradicciones.

No solo se trata de un evento deportivo que subvierte el reglamento que rige al monumento natural sino que también cuenta con la aprobación de las autoridades de Inparques, organismo oficialmente encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y proteger a la montaña que identifica a Caracas. 

En el camino, el organismo ha aprovechado la competencia para agilizar las discusiones para modificar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (PORU), saltándose procedimientos contemplados en la ley y con la evidente intención de permitir a los ciclistas en la zona sin importar el daño que su existencia causen en la naturaleza. 

*La carrera ciclística fue organizada por una empresa privada, cuyos propietarios reconocen la ilegalidad del uso de las bicicletas en la montaña caraqueña pero defienden su formalización para dejar de prestar servicio a unos pocos y convertirse en un bien común, alegan. Se trata de una compañía con un nombre de pasado dudoso: fue fundada por un empresario prófugo de la justicia venezolana imputado por corrupción, un militar del Ejército contratista del Estado y un comerciante de insumos médicos.

¿Qué se pretendía hacer? 

Una carrera de bicicletas de montaña, organizada por Enduro Series Venezuela, pretendía poner a competir en la primera válida a 150 ciclistas por más de cuatro horas en 20 kilómetros de recorrido en el Parque Nacional Waraira Repano el viernes 19 de marzo de 2021. Serviría como clasificatorio para participar en el mundial de Enduro World Series (EWS)

Las inscripciones de 80 dólares se agotaron días antes de la competencia, mientras que una decena de patrocinantes como Scott Venezuela, Pedal Power, Redbull, Gatorade y Alimentos Mary adornaban los afiches de promoción del evento.

A ninguno parecía importarle que las bicicletas están prohibidas en El Ávila.

Según el decreto 276 del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el artículo 28.b numeral 9 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (PORU), el uso de bicicletas no está permitido en el Waraira Repano. La medida está respaldada por la resolución N.° 00012 del 4 de marzo de 2011 del Ministerio del Ambiente que prohibió la actividad en parques nacionales y monumentos naturales.

Ecologistas denunciaron que todo un sendero fue ampliado para la carrera y se crearon plataformas cerca del Hotel Humboldt. Raíces, árboles, y cualquier elemento del entorno que fuese obstáculo fue eliminado. 

 
 
 
 
 
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Aunque la carrera fue pospuesta, nadie sabe hasta cuándo, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, el Observatorio de Ecología Política y grupos ecológicos como Café Naiguatá y Acampar Ávila señalaron que los ciclistas siguen rodando en el parque nacional a sus anchas con conocimiento de todos, incluso de las autoridades. 

En El Ávila es la cosa

Un mapa del Ávila decora una de las paredes de la tienda Scott Venezuela, ubicada en Las Mercedes, Caracas. En él están identificadas las zonas más emblemáticas de la montaña: Papelón, Refugio Matamoros, Pajarito, Piedra El Indio, Cachimbo, No te apures. Pero lo que más resalta del dibujo son las figuras de objetos que corresponden a la naturaleza del lugar: pequeñas bicicletas en una montaña en la que, en teoría, están prohibidas. 

Los dueños del negocio están al tanto de esta prohibición, pero eso no les ha impedido subir al Ávila en bicicleta cientos de veces desde hace un par de años. No solo lo han hecho como deportistas, sino que desde hace un tiempo promueven que cambie la ordenanza para que las competencias de ciclismo de montaña resulten beneficiadas.   

La carrera de ciclismo en el Ávila pospuesta fue planeada por Enduro Series Venezuela (ESV). Su portal web señala que es una organización con siete años de experiencia que se encarga de llevar a cabo una serie de carreras de montaña en modalidad de Enduro que sirven de trampolín para participar en el Mundial de Enduro. 

Enduro Series Venezuela y Scott Venezuela tienen algo en común: el mismo dueño, Sergio Martínez, quien también tiene una empresa más a su nombre: Pedal Power. 

La historia del nombre Pedal Power tiene como inicio el año 2005, cuando Francisco José Blasini, Juan Alberto Guerrero Martín y Nerni Johan Gamez Laya registraron la empresa Pedal Power C.A. La crearon con el objetivo de realizar la compra y venta al detal y mayor, importación y exportación de artículos deportivos, bienes y mercancía, según indica su expediente de registro mercantil.

Blasini es el accionista mayoritario con 3.400 acciones, equivalentes a 3.400.000 bolívares. Mientras que Gamez y Guerrero poseen 3.300 acciones cada uno, equivalentes a 3.300.000 bolívares. 

 
 
 
 
 
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Además de Pedal Power C.A, otras cuatro empresas están registradas bajo el nombre de Francisco Blasini: Chocodreamer Limited, Terre Primitive LTD, Montelmo Holding LTD, Droguería Corporación Medicatel C.A. 

Pero el empresario parece distar del espíritu deportivo: es un prófugo de la justicia venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el 21 de diciembre la solicitud de extradición a Italia del venezolano Francisco José Blasini De Velazco, acusado de varios delitos relacionados con presunta corrupción en Petromonagas, una de las empresas mixtas que forman parte de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El caso que involucra a Blasini se basa en investigaciones hechas por el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades con la empresa Mabca 2001 C.A. Esta empresa estaba representada, entre otros, por Blasini y formó parte del proceso licitatorio efectuado bajo la modalidad de contratación directa relacionado con una adquisición de cabezales integrales de producción para la campaña de pozos nueva generación 2016 del Centro Operativo Petromonagas.

El segundo socio de Pedal Power C.A es el teniente coronel de la Fuerza Armada Bolivariana Juan Alberto Guerrero Martín, quien fue  director general de Administración y Finanzas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en 2007 y contratista del Estado. 

Guerrero es el vicepresidente de Inversiones GVE C.A que tiene como objeto principal la compra-venta, importación, exportación, elaboración, comercialización e inversión, planificación, supervisión de todo lo relacionado con la industria de la construcción y metalúrgicas. El estudio y construcción de obras civiles, eléctricas, mecánicas, metalúrgicas, sanitarias e hidráulicas, movimientos de tierra, carreteras, acueductos, puentes, vialidad, aceras, brocales, cloacas, parques, jardines, canchas, piscinas, urbanismos y viviendas. Esta empresa debe participar en el fondo social de PDVSA.

Nerni Gamez Laya es el tercer socio de Pedal Power C.A, quien  forma parte de la empresa Suministros Brío, C.A, una compañía de ingenieros consultores en Caracas que tiene como objeto la compra y venta, al mayor y al detal, de productos de computación y artículos de oficina en general. 

En el Registro Mercantil aparece otra empresa con similar nombre: Pedal Power Import C.A, creada en 2013 por Sergio Martinez y a Ricardo Rojas Rivero. Fue registrada con un capital de 200 mil bolívares y 20 mil acciones. Según Martínez, esta compañía fue disuelta en 2018. “En un momento importamos bicicletas. La cerramos hace como tres o cuatro años. No tiene que ver nada con Enduro Series. Enduro Series es una empresa que funciona por sí sola”, señaló. 

¿Cuál es la relación de Pedal Power C.A con la carrera del Ávila? Martínez señaló a Runrun.es que él compró la marca de Pedal Power “a sus antiguos dueños” a Blasini  y pasó a convertirse en Pedal Power Group. El portal web señala que es una empresa que se dedica a la importación y ventas al mayor de bicicletas, repuestos y accesorios relacionados con el ciclismo desde 2007. Además son los distribuidores exclusivos de la marca Scott en Venezuela. 

Documentos del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) indican que no existe ninguna marca en Venezuela registrada bajo el nombre de Pedal Power. Tampoco se encontró una marca registrada bajo el nombre de “Enduro Series Venezuela”. 

Martínez aseguró desconocer que los dueños originales de la empresa que lleva el nombre de Pedal Power, “la marca” que compró, eran Blasini, Guerrero y Gamez. 

Sin embargo, el número telefónico de contacto que aparece en el portal web de la carrera de Enduro Series Venezuela es el mismo de la tienda de bicicletas Scott Venezuela, ubicada en Las Mercedes. Y el RIF que muestra la puerta del local comercial pertenece a la empresa de Blasini y compañía.

Desde el 18 de mayo de 2021, pocos minutos después de que Runrun.es conversara con Martínez, no se puede acceder al portal de Enduro Series Venezuela, www.enduroseriesvenezuela.com. Hasta el momento de publicación de este trabajo, la página web continúa fuera de línea. 

Rodar más allá del asfalto

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, Vilisa Morón, indicó que el ciclismo montañero se caracteriza por ser una actividad que requiere rutas de variada dificultad para que sean atractivas a los usuarios. Algunos ciclistas prefieren transitar por senderos ya demarcados, anchos y cómodos para disfrutar del paisaje y del aire libre. Otros buscan nuevos caminos con mayor inclinación y curvas de ángulos cerrados para mayor desafío. 

Sin embargo, estos nuevos caminos no se encuentran en cualquier montaña. En ciertos casos, ni siquiera existen tales rutas. Morón señaló que los ciclistas arman rutas y no necesariamente es un ingeniero quien las diseña. 

“Las rutas deberían ser trazadas por un especialista para que cuente con la inclinación adecuada y los ángulos correctos en las curvas”, indicó Morón. 

Un factor importante al momento de crear estas rutas, es tener en cuenta que este deporte no puede realizarse en cualquier espacio por el impacto que puede causar en el terreno. Uno de estos lugares es el símbolo de la capital de Venezuela, el Parque Nacional Waraira Repano, mejor conocido como “El Ávila”. Es la referencia principal de la ciudad de Caracas y fue decretado Parque Nacional el 12 de diciembre de 1958. Cuenta con una superficie inicial de 66.192 hectáreas que en 1974 fue ampliada a 81.900 hectáreas.  Está ubicado en la zona central de la Cordillera de la Costa, al norte de Venezuela, y comprende el área montañosa entre el Mar Caribe y los valles de Caracas, Guatire, Guarenas y Barlovento. 

A pesar de que las áreas naturales protegidas de Venezuela abarcan cerca de 34,45% del territorio, según la Dirección de Áreas Naturales Protegidas (Anapro), la insistencia de hacer la carrera de bicicletas en el parque nacional no cesa. El Ávila como el verdadero trofeo de la competencia. “El Ávila es el escenario ideal para este evento de calidad mundial. Es el mejor lugar para hacerlo por muchas razones”, expresó Martínez.

Doblemente ilegal

El PORU señala que la circulación de bicicletas es una actividad prohibida en El Ávila. A pesar de ello, la idea de una carrera ciclista en el ícono caraqueño no es nueva: Enduro Series ha organizado dos carreras de ciclismo en este espacio. Una de ellas se llevó a cabo en 2019, otra estaba programada para 2021, pero fue suspendida hasta nuevo aviso debido a la pandemia de COVID-19. Ambas han contado con la aprobación del ente rector, Inparques, adscrito al Ministerio de Ecosocialismo.

 
 
 
 
 
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En 2019, la competencia contó con 100 atletas y abarcó 14 kilómetros del parque nacional. Fue la segunda válida de una serie de carreras por todo el país. 

Martínez aseguró que Enduro Series sí obtuvo la autorización  para realizar la carrera, en la espera de la modificación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. “El permiso se otorgó por una vía de excepción. No se ha violentado ninguna ley”, dijo. 

La autorización otorgada por Inparques para realizar la carrera fue solicitada a Martínez. Hasta el momento de publicación de este trabajo, no se ha recibido el documento solicitado. 

Sin embargo, Edgar Yerena, biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB) sostiene que el problema es que la vía de excepción no se otorga por cualquier cosa. “Desde el punto de vista legal jurídico, se tiene que justificar que se va saltar una norma. Los PORU existen para que nadie se salte la norma. Para que todo esté en blanco y negro y el administrador, en este caso Inparques, no haga mas que simplemente verificar, chequeando el reglamento, si lo que están pidiendo se puede o no se puede”, indicó.

Yerena explicó que para otorgar un permiso por una vía de excepción, se amerita que sea algo extraordinariamente importante para la sociedad. El experto agrega que este tipo de competencia deportiva no tiene ningún interés general y que bien puede realizarse en cualquier otro lugar que no sea un parque nacional. “Hay alternativas, y si hay alternativas, no se justifica la vía de excepción”, reiteró.

La polémica sobre aquella competencia subió de volumen luego de que el logo de Inparques apareciera en la publicidad del evento entre los patrocinantes, respaldando la competencia. 

Desde ese momento se activaron las alarmas de ambientalistas y defensores del parque, quienes rechazaban y buscaban ser escuchados para lograr la cancelación del evento. 

José Gregorio Matute y Marlene Sifontes, secretarios del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos de Inparques (Sunep-Inparques), entregaron una carta dirigida al presidente de la institución Josué Lorca Vega expresándole que la carrera no podía celebrarse. 

Contra todo pronóstico, la carrera de bicicletas de montaña fue pospuesta para el 19 de octubre de ese año y se llevó a cabo. Inparques no emitió palabra alguna al respecto. La empresa organizadora amarró cintas a los árboles para identificar la ruta, colocaron un puente colgante para las bicicletas, pusieron vallas publicitarias, vendieron bebidas alcohólicas en el monumento Boyacá, en la autopista Cota Mil que bordea la montaña y hasta subieron camionetas 4×4 hacia los senderos para recoger las bicicletas que se habían accidentado. Guardaparques y personal de Inparques estaban a lo largo de toda la ruta, resguardando la carrera. 

Trabajadores de Sunep-Inparques recogieron las pruebas de la realización de la carrera y fueron hasta el Ministerio Público en octubre de 2019 para hacer la solicitud de una medida cautelar para la suspensión de las carreras ciclísticas en el Waraira Repano por la violación continuada y sistemática del PORU. Asimismo, pidieron al entonces ministro de Ecosocialismo Oswaldo Barrera la destitución de Lorca Vega. 

“Ha habido denegación de justicia porque hasta la fecha no han recibido respuesta de la Fiscalía”, indicó Sifontes.

La respuesta de Inparques en ese momento fue anunciar que se retomarían las discusiones para la revisión y actualización del PORU. La promesa fue que para la cuarta reunión presentarían el diagnóstico del parque nacional, pero eso no pasó. Durante dos años no se volvieron a hacer reuniones para la discusión del PORU, hasta abril de 2021 cuando se anuncia la segunda carrera de Enduro Series.. 

El diagnóstico es el estudio y uno de los requisitos técnicos que permite conocer las condiciones del sitio contemplado en la la Constitución de Venezuela y en la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

En un documento realizado por Elides Sulbarán,  ingeniero forestal con maestría en Ordenación y Territorio y profesor ad honorem de la Universidad de los Andes, sobre las consideraciones para la modificación del reglamento explica que “someter a consulta el proyecto de PORU o su revisión y actualización, previa información de sus contenidos, en un proceso amplio de participación ciudadana, es un derecho constitucional que debe exigirse y defenderse”. En la consulta se deben dar las facilidades, garantías y oportunidades para que los ciudadanos puedan analizar, discutir y proponer ideas, las cuales deben ser consideradas y aprobadas si son viables técnica, social y legalmente. 

“La consulta no es el simple cumplimiento de un requisito, de una formalidad o concesión; es la garantía de que el documento resultante goce de viabilidad en todos los sentidos”. 

El experto plantea que la revisión y actualización del PORU sea un proceso planificado, ordenado en una programación de acciones, a cargo de un equipo técnico. Pero se desconoce en qué fases o estructuración del proceso, quiénes lo integran y cuántas mesas de trabajo lo integran.

Asimismo, una vez elaborado el documento se someterá a consulta pública para garantizar el derecho de participación de las personas. Sin diagnóstico y consulta pública no habrá modificaciones.

Denuncias de asistentes a las discusiones de modificación del PORU señalaron que las autoridades no consultaron sobre el diagnóstico -que no fue presentado- sino que se limitaron a informar que la reforma del reglamento va, justificando que los ciclistas hacen vida en el parque nacional desde hace muchos años, a pesar. Incluso, en esas reuniones, Inparques presentó una serie de rutas propuestas para los ciclistas en horario comprendido entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m.

Cárcavas, erosión y pequeños deslaves

Las bicicletas en el Waraira Repano están prohibidas con justificación, rezan los expertos: degradan y deterioran el Parque Nacional. 

“Sostenemos que el impacto que genera la bicicleta es muy bajo en comparación al que generan los senderistas”, reiteró Martínez.

Sin embargo, Vilisa Morón contrasta esta defensa con la siguiente explicación: a medida que las bicicletas ruedan sobre la montaña se compacta el suelo, y por ende, se generan deslizamientos de tierra, que ocasionan que se formen muchas cárcavas en esos caminos. Con el tiempo y uso, esas grietas se profundizan cada vez más si no se realiza el mantenimiento adecuado a las rutas destinadas para el ciclismo. 

La también bióloga indicó que si se quita la cobertura vegetal, queda expuesto el suelo y con la lluvia, es más fácil que el agua corra por donde no hay vegetación, es decir, por el camino de los ciclistas en este caso. “Cuando se ven las rutas de ciclistas, uno se da cuenta que no hay ese mantenimiento requerido”, dijo. 

“El ciclista está acostumbrado a la adrenalina de la montaña pero no a la responsabilidad que implica mantener esa ruta de ciclista. Ese es el comportamiento usual, no de todos pero, de la mayoría de los ciclistas”, expresó Morón. 

La bióloga reiteró que el agua no va a correr uniforme, si no por donde fluya más rápido “lo que va generando cárcavas y con el pasar de las bicicletas por el camino, se profundizan. En el cerro El Volcán (el pico más alto del municipio El Hatillo) se puede evidenciar. Hay zonas donde es difícil caminar porque están estas grietas abiertas y profundas”, dijo. 

“Hay procedimientos ingenieriles donde se puede disminuir la velocidad con la que se generan estas grietas. Eso le da más vida útil a la ruta y evita que los ciclistas tengan que irse a otro lugar porque las cárcavas no les permite rodar”, reiteró Morón.

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) también alerta sobre estos daños a los ecosistemas. En un comunicado explica que la práctica de ciclismo y el uso de bicicletas de montaña dentro del Parque Nacional Waraira Repano debe estar terminantemente prohibida.

Señalan que el uso de bicicletas con fines recreacionales, deportivos o de competencia, es incompatible con el sentido, razón de ser y concepto de un parque nacional.

“El ciclismo de montaña, MBK o MTB, como también se le conoce, es una actividad elitista que sólo puede ser practicada por personas que tienen un relativamente alto poder adquisitivo. Es excluyente de los peatones, excursionistas y observadores de aves, por ser ruidosa, por perturbar la experiencia natural a las que estos últimos tienen el mejor derecho, y por ser además un riesgo a la seguridad por los consabidos sobresaltos y accidentes por atropellamiento que con frecuencia ocurren en senderos donde ambos concurren”, reza el comunicado. 

A pesar de que Martínez aseguró que El Ávila es el único lugar idóneo para la práctica del Enduro, por tener descensos largos, los científicos consultados señalaron que el impacto que causaría el ciclismo en un área protegida como El Ávila no es menor: erosión el suelo, amplía el ancho de los senderos, se multiplican las picas bicicleteras, produce efecto “capas de cebolla” (surcos profundos), aleja a la fauna, genera barreras físicas, deteriora el paisaje, genera pasivos nunca pagados a la gestión del parque nacional, atrae delincuencia e impide el disfrute de los caminantes. 

Las especies silvestres también son afectadas

Además de causar cierto impacto sobre el suelo y la vegetación, la práctica del ciclismo en el Parque Nacional El Ávila también afecta a especies silvestres de la zona. Lapas, picures, roedores y felinos pequeños, como cunaguaros, son algunas de las especies presentes en el Parque Nacional. 

Especies Ávila de Runrunes

Un permiso que no es válido

El 16 de marzo de 2021, tres días antes de la competencia, Enduro Series Venezuela pospuso el evento. Alegaron que se apegaban a la semana de cuarentena radical por el coronavirus, decretada por Nicolás Maduro.

La cuenta de Instagram de Enduro Series Venezuela borró todas las publicaciones en las que aparecían los logos de los patrocinantes. Algunas de las marcas indicaron que el logo fue usado sin permiso, como Gatorade y Hammer. Alimentos Mary  respondió a un usuario de Instagram que la marca no respaldará ninguna actividad que afecte al ambiente. Por lo que decidieron revisar de nuevo la permisología presentada por el organizador de la carrera. 

Enduro Series Venezuela publicó un comunicado el 19 de marzo, día en el que se haría la carrera, que en 2019 realizaron una carrera en el Waraira Repano porque contaban con el permiso de Inparques. “Hecho que fue posible por la presentación antes y después del evento de estudios e informes que demostraron el máximo cuidado y ninguna alteración natural de este Parque Nacional”. Según señalan en la publicación, para la competencia de 2021 también tenían “permiso oficial”.

Desde Sunep-Inparques asistieron a principios de marzo de 2021 al despacho de Tarek William Saab para consignar “prueba útil y pertinente” para establecer responsabilidad penal sobre los ilícitos ambientales cometidos en El Ávila. Hasta la fecha, no han recibido respuesta. 

Enduro Series Venezuela afirmó que han participado en las mesas de trabajo para la actualización del PORU, “con la intención de adaptarlo a los tiempos actuales y a todos los usuarios del parque, en procura de una reglamentación y normativa de uso acordes con todos los grupos que hacen vida en el Waraira Repano”. 

Después de más de un año sin mencionar las discusiones para la modificación del PORU, el 22 de marzo Inparques publicó un comunicado en el que afirmaban que “debido a la preocupación mostrada por distintos grupos”, se daría inicio al proceso de actualización del PORU. Ni una palabra de la carrera de Enduro Series Venezuela ni de los permisos. 

Las mesas de trabajo iniciaron en el mes de abril, tres semanas después de la suspensión de la carrera. El presidente de Inparques Josué Lorca inició la reunión vía Zoom del 9 de abril explicando que, aunque el encuentro estaba planificado para el segundo semestre de 2021, fue adelantado por “premura ministerial ante la presión de un grupo”. 

En esa misma reunión, el coordinador de El Ávila, Ramón Campos, informó que en 2019 Inparques emitió una autorización a la empresa Enduro Series para usar “algunas rutas del parque” para una carrera de bicicletas a través de una “vía de excepción” que fue firmada por las altas autoridades de la institución. Permiso que no se ha hecho público. 

 
 
 
 
 
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Elides Sulbarán explicó a Runrunes que el uso de bicicletas está prohibido en todo el parque y que no puede ser objeto de autorización. “El que da las autorizaciones es Inparques. No puede darlo porque la norma lo prohíbe. Si existe cualquier autorización, es nula de nulidad absoluta. El agravante de esto es que en la Ley Penal del Ambiente, si un funcionario otorga autorizaciones contra las normas, es objeto de sanciones. Aquí hay un delito porque no puede permitirse algo que legalmente está prohibido, eso es algo que debe quedar absolutamente claro”. 

El biólogo, abogado y ambientalista Edgar Yerena, quien fue jefe de planificación en la Dirección de Parques Nacionales, menciona que los funcionarios de Inparques que firmaron esa autorización para la carrera podrían ser sometidos a una sanción, amonestación o escrito por parte del Ministerio de Ambiente o la Contraloría. 

“El permiso tuvo que haber pasado por al menos cuatro manos de Inparques: consultor jurídico, el que puso la firma, el director y el coordinador del parque nacional. La sanción más obvia es anular el acto y recae al administrador, al que permitió la carrera, pero también al de la firma. No creo que sea sanción penal, pero sí de tipo administrativo que quedan en el expediente del funcionario”, señala. 

Para Marlene Sifontes del sindicato de Inparques, no queda clara la intención de la actualización de la ley. “¿Quién está haciendo la modificación del PORU, las mismas autoridades que han permitido las carreras de bicicletas? ¿Por qué en todo este tiempo no se había hablado de la modificación? ¿Cómo es que existiendo toda una problemática en el Parque Nacional, Inparques diga que se va a revisar el PORU por la carrera? Llama poderosamente la atención”. 

En caso de realizarse la modificación del PORU, ocurriría lo mismo cuando un delito deja de existir: no habría ilegalidad por parte de Inparques, la ley no es retroactiva. “En el momento en el que el PORU sea cambiado, lo que hoy es un hecho sancionable, que es haber dado un permiso, deja de ser un acto ilícito. “Es una forma de lavarse la responsabilidad”, expresa Yerena. 

Para Sifontes, la noticia del nombramiento de Lorca Vega como el nuevo ministro de Ecosocialismo los deja más desamparados que antes. “Le habíamos pedido al ministro la destitución del director de Inparques y ahora él es el ministro. ¿A dónde vamos a acudir nosotros si el que viola la norma es el mismo? ¿ A qué instancia puede acudir el ciudadano para defender a su parque? 

Al cierre de esta investigación, Inparques aún no ha mostrado el diagnóstico para la modificación del PORU. El 2 de junio, publicó el anteproyecto de la modificación del PORU que efectivamente pretende incorporar a las las bicicletas en el Parque Nacional Waraira Repano. Si deseas leer el anteproyecto ingresa aquí. Además de publicar anteproyecto, Inparques llamó a consulta pública para discutir la normativa, que estará disponible para su revisión hasta el 2 de julio. 

 

 

 

Megabanda de “El Coqui” consolida su gobernanza criminal a solo 4,5 kilómetros de Miraflores
Las últimas balaceras protagonizadas por supuestos miembros de la megabanda que opera en la Cota 905, al suroeste de Caracas, demuestran cómo uno de los grupos de crimen organizado más peligrosos de Venezuela ha fortalecido su poder y el control territorial durante el confinamiento por COVID-19

@ronnarisquez 

 

Paralizar el suroeste de Caracas, cerrar la principal autopista de la ciudad, tomar las adyacencias de importantes dependencias militares y policiales, disparar armas de alto calibre contra vehículos blindados de la PNB, apoderarse del club social de la policía, robar la moto de un médico desvalido, y luego devolvérsela –en un gesto de aparente bondad– con la supuesta instrucción de difundir el acto reivindicativo en redes sociales, muestra cómo la megabanda de “El Coqui” ha logrado fortalecer su gobernanza criminal en el último año, sin sufrir los efectos de la pandemia por COVID-19 en Venezuela.

Este jueves 22 de abril,  las redes sociales se estremecieron nuevamente con videos que mostraban a funcionarios policiales desvalidos y aterrorizados, mientras una lluvia de balas de fusil caía sobre sus vehículos oficiales. Supuestos miembros de los grupos criminales que operan en la Cota 905 y El Cementerio (parroquias El Paraíso y Santa Rosalía) atacaron a comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que circulaban por la autopista Norte-Sur, que conecta con tres importantes autopistas de la ciudad:  Francisco Fajardo, Valle-Coche y Caracas-La Guaira.

El tiroteo registrado esta semana es el quinto de gran magnitud protagonizado por la megabanda de “El Coqui” en Caracas, en lo que va de 2021, y el séptimo desde 2020. El 30 de marzo se apoderaron de las instalaciones del Club El Pinar, antiguo Club de la Policía Metropolitana y el 19 marzo bajaron de los barrios de la Cota 905, El Cementerio y El Valle, y se apostaron las calles de las parroquias El Paraíso y Santa Rosalía, a solo 4,5 kilómetros del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno Nacional. Impidieron la circulación de vehículos y peatones, y mantuvieron en vilo a los habitantes de Caracas durante horas. 

En redes sociales circularon todo tipo de versiones sobre el hecho. Sin embargo, es irrelevante si el grupo delincuencial pretendía robar baterías antiaéreas del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, si los jefes de la megabanda ejecutaron a cuatro de sus miembros en represalia por haber actuado “de su cuenta” (hecho del cual no hay reportes oficiales, ni registro de ingreso en la morgue de Bello Monte), o si pretendían “humillar” a los funcionarios de la policía judicial en la emboscada del pasado jueves (la mayoría tienen formación y trayectoria). Tampoco importa si los líderes mostraron su humanidad al perdonar la vida de un médico y devolverle su moto (aunque horas antes lo habían convertido en protagonista de su propia película de horror)… El punto no es si  El Coqui” es bueno o es malo. 

Se trata de que la megabanda de “El Coqui”,  que en realidad está liderada por Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias “El Vampi” o “El Gordo”, y no por Carlos Luis Revete –como se había creído hasta ahora– es un grupo armado no estatal que ejerce cada vez con más fuerza una forma de gobernanza criminal en una importante porción de territorio de la capital de Venezuela. 

Su dominio va desde la Cota 905 hasta Coche y abarca cinco parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Paraíso, El Valle, Coche y La Vega. Este espacio territorial tiene en su interior, al menos siete, importantes dependencias policiales y militares; y se podría llegar caminando al Palacio de Miraflores en menos de 45 minutos.

El grupo impone sus reglas de convivencia a los habitantes de las zonas que controla; se involucra en la repartición de alimentos del programa estatal; imparte “justicia”; desarrolla actividades económicas ilegales; somete a los cuerpos de seguridad, aunque tendría alianzas con algunas autoridades, reemplaza las instituciones y limita la vida de todos los ciudadanos de Caracas desde hace siete años. 

 

 

Gobernanza criminal: a través o a pesar del Estado

La gobernanza criminal consiste en la regulación o imposición de normas de conducta que los grupos criminales aplican a los residentes de las zonas que ellos controlan. Los “sometidos” son personas que no pertenecen a la organización delictiva y la “dominación” podría ser incluso sobre bandas más pequeñas.

El concepto de gobernanza criminal ha sido abordado y analizado por investigadores y expertos en temas de violencia como Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, quien ha estudiado el fenómeno de las pandillas en Centroamérica, Río de Janeiro (Brasil) y Medellín (Colombia). “La gobernanza criminal florece en focos de escasa presencia estatal, pero en los que los Estados generalmente puede ingresar a voluntad”,  escribió el académico. 

En este caso, la megabanda de “El Coqui” es un grupo de crimen organizado que viene ejerciendo una forma de gobernanza criminal en un territorio desde comienzos de 2015, cuando una política gubernamental le entregó esa “zona de paz”

La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) interrumpió brevemente este dominio entre julio de 2015 y abril de 2017. Pero en agosto de ese mismo año, se habría concretado un nuevo acuerdo entre funcionarios del gabinete de Nicolás Maduro, y la megabanda de “El Coqui”. La reducción de los secuestros y el control social de estas zonas, en momentos cuando se desarrollaba una ola de protestas contra el Gobierno, eran parte de la negociación.

Aunque no hay documentos o imágenes que permitan afirmar las condiciones del acuerdo, funcionarios de la policía judicial han denunciado en varias ocasiones que tienen prohibido, por órdenes superiores, ingresar a la zona que controla la banda. 

Runrun.es tuvo acceso a un video de mediados de 2018 de un juego amistoso de baloncesto en la cancha de la Cota 905. Los equipos estaban integrados por: funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB y por presuntos miembros de la megabanda. El encuentro deportivo parecía sellar una tregua entre ambos grupos armados. 

La profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, Sandra Ley, explicó durante una presentación académica, que estos grupos no buscan tomar el control del Estado, como en el pasado lo hicieron los grupos guerrilleros. Sino que buscan operar a través o a pesar del Estado. 

“No es la captura criminal del Estado en sí, es más bien la captura criminal de todas las estructuras sociales de una comunidad. En esta lógica de gobernanza criminal, estos grupos están ejerciendo no solo un control sobre el mercado criminal sino sobre la población local, sobre políticos y sobre la economía”, señaló Ley. 

La investigadora también dijo en una conferencia sobre el  caso mexicano: “Esta gobernanza criminal propicia controles de facto en donde los grupos criminales ejercen su fuerza no solo sobre el mundo criminal sino sobre la sociedad y el Estado”.

Hay cuatro controles que se ejercen dentro de la gobernanza criminal: control territorial (es el espacio donde opera la organización), control económico (son los negocios ilícitos del grupo), control social (regulan la participación y conducta de las comunidades, además del suministro de algunos servicios), y control político (está referido a la influencia que ejercen estos grupos en los procesos electorales locales de algunos países). 

Sin embargo, no siempre tiene que haber todas estas formas de control para hablar de gobernanza criminal. 

 

Así es que se gobierna en la Cota 905

El incidente ocurrido en Caracas el 22 de abril pudiera ser una demostración de control territorial. En un audio que recoge una conversación por radio entre dos de los supuestos delincuentes, uno de los hombres dice: “Lo que no saben ellos es que tenemos toda Caracas controlada, toda Caracas dominada”. 

En otro mensaje de voz enviado a grupos de policías, uno de los funcionarios víctimas del ataque relata que las comisiones de la División de Vehículos del CICPC acababan de salir del barrio El 70 de El Valle (uno de los bastiones de la megabanda) en 11 patrullas. Se dirigieron hacia la autopista y “antes de entrar al túnel estos malditos comenzaron a efectuar disparos de todos los ángulos, desde el túnel, de las dos alas, por la parte de atrás y por la parte de El Cementerio a los dos laterales… nos disparaban con fusiles, únicamente fusiles”.

En ese hecho cuatro funcionarios del CICPC resultaron heridos, dos vehículos de este cuerpo policial fueron desvalijados por los delincuentes, mientras que una unidad blindada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue atacada a balazos. Los disparos salían desde los barrios ubicados en las montañas que rodean la autopista, que son controlados por “El Coqui”. 

La balacera del 19 de marzo, pudiera obedecer también a la lógica del control territorial. En esa ocasión los miembros de la banda impidieron la circulación de vehículos por una autopista y tomaron los accesos al barrio desde la intersección entre las avenidas Victoria y Nueva Granada. Sus balas acabaron con la vida de Deisy Rivas, una mujer que vivía en un apartamento en El Paraíso.

En enero de 2021, un grupo de hombres supuestamente pertenecientes a la banda de “El Coqui” comenzó a verse en la parte alta de La Vega, lo que motivó una violenta intervención policial, conocida como la masacre de La Vega, en la que murieron, al menos, 15 personas. La presencia del grupo criminal en esta zona fue interpretada por algunos analistas como un intento de expansión territorial de la megabanda con el objetivo de aumentar y diversificar su control económico y sus rentas criminales (extorsiones, entre otras), que posiblemente se habían visto disminuidas por la pandemia.

 

 

Al inicio del confinamiento en marzo de 2020, circularon fotos de un hombre, que supuestamente era “El Coqui”, repartiendo comida a los habitantes de la Cota 905. También se ha dicho que entrega juguetes a los niños de la comunidad y ejerce cierto control sobre la venta de alimentos del programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). En otra ocasión, residentes de la misma zona solicitaron la ayuda de “El Coqui” para la resolución de conflictos vecinales. Adicionalmente las personas que desobedecen las reglas de la megabanda son asesinadas y lanzadas por un ducto de basura.  Estas acciones constituyen una forma de control social, que busca ganar la lealtad de la gente, por las buenas o mediante el uso de la violencia.

 

¿Qué pasó en la autopista Norte-Sur? 

Aunque todo lo anterior pareciera indicar que las instituciones del Estado han fracasado en el control del monopolio de la fuerza y su responsabilidad de proveer seguridad a la ciudadanía, se ha demostrado que en caso venezolano algunas teorías tienen sus variaciones y no todo es como parece.

La supuesta relación y cooperación entre grupos armados no estatales e instituciones del Estado venezolano ha sido denunciada con frecuencia. Incluso en 2018 la Fundación InSight Crime realizó una investigación que mostraba la convivencia del gobierno de Venezuela con una diversidad de estructuras criminales: colectivos armados, pranes (líderes delictivos de las prisiones), exguerillia colombiana (disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares (Rastrojos), sindicatos mineros y megabandas. 

Un funcionario de la policía judicial, que pidió no ser identificado, ofreció su versión sobre los hechos protagonizados por la megabanda de “El Coqui” en los últimos meses. “Se sabe que son delincuentes y los colocan frente a la sociedad como líderes negativos, pero nunca se adoptó una política criminal para acabar con ellos. La razón es que son organizaciones armadas que utilizan para hacer estupideces y así tapar noticias que de alguna manera le van a afectar la imagen al Gobierno”.

El policía, con más de 15 años de carrera, considera que lo ocurrido el jueves fue un espectáculo con un alto componente político detrás. “Un circo que se va a montar entre semana y siempre será el mismo resultado: funcionarios heridos y por parte de ellos (los delincuentes)  ningún tipo de bajas. A ellos se les aplaudió que le entregaran la moto a un médico, como si fueran héroes. Simplemente a los ojos del que sea son delincuentes y hay que verlos de esa manera”.

La situación confusa y escandalosa que se registró en mayo 2020 con la megabanda de “El Wileixis” encajaría también en la práctica descrita por el funcionario.