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Fragmento del libro sobre el Tren de Aragua, de Ronna Rísquez
La publicación “El Tren de Aragua. La megabanda que revolucionó el crimen organizado en América Latina” sale con el sello de la Editorial Dahbar y con la firma de la periodista venezolana y coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

@ronnarisquez

 

Yandris salió de Tocorón a finales de 2020, luego de pagar una condena de 15 años de cárcel por un homicidio que, según él, no cometió. Pero antes de abandonar la prisión recibió una oferta de trabajo.

—¿A dónde quieres ir: Colombia, Chile, Perú, Ecuador…? Donde tú prefieras —le dijeron los principales del Tren de Aragua, con la naturalidad de un empresario cuando contrata a sus empleados. Le explicaron que tenían “plazas”, como llaman los territorios donde controlan el microtráfico de drogas, las extorsiones y la prostitución en esos países, y le ofrecieron trabajar como parte de la organización en una de esas plazas. 

Propuestas similares reciben casi todos los privados de libertad cuando dejan la Casa Grande, pertenezcan o no a la megabanda. Ya el comisionado Marcos Pérez nos había hablado de esta modalidad, pero nos parecía poco creíble, como mucho de lo que se le atribuye al Tren de Aragua. “Buscan a las personas que han estado presas en Tocorón, les ofrecen dinero para abrir negocios aquí (en Venezuela), comercios y ventas de comida, luego les piden que los ayuden a recibir el dinero de las extorsiones y después les dicen que necesitan que se vayan a alguno de los países donde tienen sus negocios”.

Así es en el caso de las personas que no forman parte de la organización, y el oficial conoce varias historias similares. Pero con Yandris fue diferente. Él sí pertenecía a la pandilla cuando estaba en prisión. Por eso la oferta fue inmediata y directa, privilegian la posibilidad de contar con alguien que conoce los códigos de la organización, porque saben que eso es garantía de confianza y lealtad. Los que han vivido en la Casa Grande saben lo que pasa si se “comen la luz”.

La lógica de los jefes de la megabanda es simple. Las personas que salen de una prisión —al menos en Venezuela— no tienen recursos, muchos fueron olvidados por sus familias y carecen de oportunidades laborales. ¿Quién le ofrece trabajo a un exconvicto? Bueno, es allí, en ese otro bache del Estado y la sociedad, donde los papás del Tren de Aragua encontraron una cantera para reclutar la mano de obra que necesitan para sus operaciones en Venezuela y el exterior.

Las funciones que desempeñan estos expresidiarios en las plazas son diversas y varían según el grado de vinculación y confianza, y de las habilidades de cada persona. A los más cercanos al pran, generalmente luceros de la alta, se les entrega una plaza para administrar; son los jefes de plaza. Luego hay cobradores, administradores, pegadores (los que matan, secuestran, cobran las extorsiones y hacen las tareas violentas) y sicarios, entre otros “cargos”.

Todos reciben pagos según la función que desempeñan. Como corresponde a un expatriado, a los jefes de plaza también les pagan el viaje y les dan recursos para montar la operación y abrir los negocios fachada. En la estructura también hay mujeres, con funciones variadas. En algunos casos gestionan la relación y los cobros a las chicas víctimas de trata. “En todos los negocios se va necesitando más gente y muchas veces no son expresidiarios, sino personas que se contratan y al trabajar para el grupo ya son parte de la banda”, explicó Yandris, quien insistió en que no todos los presos de Tocorón son parte del Tren de Aragua.

Sin embargo, la prisión es la principal fuente de personal para la megabanda. La Casa Grande ha llegado a tener más de 7.000 presos, aunque el flujo de ingresos y salidas de privados de libertad en los últimos años no es tan masivo como antes, la movilidad de prisioneros es constante. En Venezuela el número de privados de libertad oscila entre 30.000 y 40.000 personas. De esta manera, la organización opera en el exterior con células que reportan directamente al Niño Guerrero en Tocorón. Son lideradas por luceros de la alta, que tienen bajo su mando a expresidiarios y a personas que son contratadas para trabajar en los negocios, que generalmente son fachadas para encubrir actividades ilícitas y lavar dinero. Como el caso de las 100 motos compradas por miembros del Tren de Aragua en la localidad de Tarapacá, en Chile, para ser arrendadas a inmigrantes venezolanos desempleados, que ingresaron de forma irregular y las utilizan para trabajar como delivery. La organización les promete ingresos hasta por US$600, pero les quita un porcentaje por el alquiler de los vehículos. Eso dice un informe de octubre de 2022 de la Fiscalía chilena.

Los ingresos de manera legal a Chile de Larry Changa y alias Estrella, con un pasaporte a nombre de una persona que no existe, Carlos González Vaca, muestran otra arista del proceso de expansión. ¿De qué modo estas dos personas obtuvieron pasaportes venezolanos antes de mediados de 2021, mientras millones de connacionales esperaron años para conseguir ese documento de identidad?

Las otras preguntas son: ¿qué dicen los registros de antecedentes penales de estos exconvictos? y ¿cómo los obtuvieron? Esto lleva a suponer la existencia de una estructura de corrupción que les facilitaría los pasaportes y limpiaría sus antecedentes. Aunque no hay nada que pruebe que políticas gubernamentales exprés para descongestionar las prisiones (Plan Cayapa y Régimen de Confianza Tutelado) tengan algo que ver con la internacionalización del grupo delictivo, en junio de 2021, la ONG Una Ventana a la Libertad publicó que 1.410 reclusos fueron puestos en libertad desde que se inició la pandemia hasta junio de 2021.

Según Yandris, es falso que los presos sean enviados a otros países, a los pueblos costeros de Sucre o a las minas de Bolívar. “No son presos; los presos no podemos salir. Son personas que ya consiguieron su libertad y se van a trabajar para allá”, aseguró. No sabemos si Yandris aceptó la propuesta; la última vez que hablamos con él dijo que estaba en Colombia.

No hay una fecha exacta de cuándo comenzó la expansión internacional del Tren de Aragua, pero los testimonios, reportes de prensa y datos recopilados en esta investigación apuntan a que 2017 fue clave. Fue el año de mayor conflictividad política, social y económica del país, y cuando comenzó la tercera gran ola migratoria, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020. Y está claro que, en su internacionalización, la megabanda siguió la ruta de los migrantes venezolanos.

Para comprender lo que para muchos es una sorprendente y veloz expansión internacional de esta organización criminal es necesario tomar en cuenta tres factores fundamentales que hemos mencionado: el deterioro económico del país desde 2013, la migración masiva de venezolanos y las equivocadas políticas penitenciarias y de seguridad. En realidad, y si lo simplificamos al extremo, la expansión internacional del Tren de Aragua ocurrió, estrictamente, por razones económicas; tácticas más que estratégicas, pues sus miembros se estaban quedando sin trabajo.

La depresión económica de Venezuela disminuyó la distribución de renta por parte del Estado. Es decir, todo el mundo comenzó a ganar sensiblemente menos. Esto llevó a la quiebra de muchas empresas y comercios, el retiro de empresas transnacionales que ya no encontraron compensación suficiente para sus pérdidas y el empobrecimiento general de grandes capas de la población.

Y así se agudizó la migración, que desde la llegada de Chávez al poder había sido gradual, pero creciente. En el caso de los grupos delictivos, comenzó primero una migración interna, hacia los centros rurales donde se movían las economías ilícitas más rentables: Bolívar, con el oro, y Sucre, con el tráfico de drogas; luego vino el salto al exterior.

* Ronna Rísquez es coordinadora de la alianza ARI, plataforma que agrupa a los medios de comunicación venezolanos Runrunes, TalCual y El Pitazo. También es miembro de la plataforma de investigación latinoamericana #CONNECTASHub. Especializada en temas de violencia, derechos humanos y crimen organizado, es licenciada en comunicación social de la Universidad Central de Venezuela y fue becaria del programa Ochberg del Dart Center For Journalism & Trauma, de la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia. La Editorial Dahbar destaca sobre ella: “Mediante su trabajo con organizaciones internacionales, medios de comunicación y think tanks ha sido una de las primeras en comprender y documentar el surgimiento de nuevos actores criminales entre las llamadas megabandas de Venezuela”.

Volker Türk: Oficina de Derechos Humanos de la ONU permanecerá dos años más en Venezuela
En una rueda de prensa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas aseveró que se deben liberar a todos los presos políticos
Aseveró que el Proyecto de ley para regular ONG y afines es una restricción fragante a la libertad de asociación en Venezuela

Foto: EFE

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, culminó su primera visita a Venezuela este 28 de enero anunciando una prórroga de dos años a la presencia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país.  

En una rueda de prensa en el Aeropuerto de Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, el funcionario de las Naciones Unidas dijo que en su estadía de 3 días en el país pudo conversar con más de 125 representantes de la sociedad civil venezolana, incluidos a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, a familiares de las víctimas y a defensores de Derechos Humanos. 

«Me alienta la decisión del Gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros dos años para que puedan continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos en el país», dijo.

Türk informó que se reunió tanto con el diputado Jorge Rodríguez y la magistrada Gladys Gutiérrez como los miembros de la Plataforma Unitaria sobre el proceso de diálogo en México. «Reitero nuestro apoyo y asesoría en el proceso de diálogo venidero, enfatizando la intervención de los testimonios de las víctimas (de violaciones a Derechos Humanos) en el proceso político». 

«En mis discusiones con Nicolás Maduro, él me expresó públicamente su disposición para mejorar el sistema judicial», aseveró el Alto Comisionado de la ONU. «Esto es un tema de suma importancia para reformar y la Oficina reitera su apoyo y experticia para lograr ese objetivo».  

Justicia para los presos políticos y los torturados

Durante su discurso, el funcionario y abogado de origen austriaco expresó su preocupación por los presos políticos venezolanos y los familiares de las víctimas por ejecuciones extrajudiciales. 

«En mis reuniones con el presidente y los ministros reiteré por la liberación de todas las personas que están detenidas arbitrariamente», denunció. «También, entre otros temas, planteé limitar el uso extenso y prolongado de la prisión provisional o preventiva y la necesidad de reformas (los estatutos) relacionados con las personas privadas de libertad». 

Afirmó que la ONU le entregó a Maduro una lista detallada de los presos políticos que esperan ser liberados. Entre ellos mencionan a Emirlendris Benítez, Ángela Expósito, el teniente coronel Igbert Marín y el profesor Javier Tarazona.

«Habrá una consideración especial y la Oficina está en este momento sobre esos casos», reiteró. 

Türk indicó que el gobierno de Nicolás Maduro «prometió que se atenderían las denuncias de torturas, que serán investigadas plenamente y que los responsables serán llevados ante la justicia». Reiteró que ese compromiso iría bajo la renovación de la Comisión Nacional contra la Tortura y la ratificación de la Convención Internacional sobre Detenciones Forzadas.

«También llamo a que ratifiquen su participación con la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el acuerdo regional de Escazú sobre el medioambiente», agregó.

Del mismo modo, dijo que se debe tomar con más seriedad el tema de las ejecuciones extrajudiciales y escuchar a los familiares de las víctimas para lograr justicia. «Esto lamentablemente continúa perpetrándose y hay trauma en las personas».

Preocupaciones por Ley de regulación de ONG

El funcionario de la ONU mencionó su preocupación por el reciente Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, discutido el pasado 24 de enero. Reiteró que se estaría reduciendo el derecho a la libre asociación. 

«La reacción del gobierno fue de comprometerse junto a nosotros, porque siempre hay preocupación por la restricción al espacio cívico. Recomiendo urgentemente que las autoridades tomen en consideración nuestras preocupaciones», indicó. 

Türk también denunció que el gabinete de Nicolás Maduro debe reformar las «restrictivas disposiciones legales sobre el aborto», así como el Código Orgánico de Justicia Militar. 

«Mi equipo tuvo acceso a algunos documentos judiciales y tuvimos la oportunidad de dar algunas recomendaciones sobre las conductas de investigación y del procesamiento desde una perspectiva de Derechos Humanos», dijo sin especificar cuáles archivos fueron consultados. 

Crisis social y restricciones

El representante de la Oficina de Derechos Humanos denunció que no pudo atender a todas las demandas sobre la condición de vida de los privados de libertad. Aseveró que se pudo tomar un panorama de las restricciones de agua, electricidad y sanidad en los centros penitenciarios. 

«Como señalé a las autoridades, (las visitas e investigaciones) debe incluir todos los centros de detención, incluidos las prisiones militares», dijo. 

El abogado expresó que los representantes que se reunieron con él reiteraron que se necesita el apoyo internacional y de las Naciones Unidas para sobrellevar la emergencia humanitaria compleja y el impacto de las sanciones económicas.

«Si bien las raíces de la crisis económica son anteriores a las sanciones, sí han desmejorado y agravan la situación», aseveró mientras solicitaba el levantamiento formal de las sanciones impuestas desde el 2018. «Es importante superar las divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos y entre otros países e instituciones».

Volker Türk, solicitó al Gobierno venezolano que tome las acciones pertinentes y apoye a las agencias de la ONU para la protección de los venezolanos migrantes y retorno seguro a su propio país.

Al mismo tiempo, concluyó que las entrevistas atendidas por el Alto Comisionado reiteraban la intervención de la comunidad internacional en reparar «la fragmentación, división y fractura de confianza» entre las distintas facciones sociales y políticas del país. 

La antigua Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet visitó el país en 2019 y constató las restricciones y atropellos a las libertades de la población venezolana, donde se especificaron actos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, torturas y su vinculación con los cuerpos de seguridad de Venezuela. 

3x3 | Proyecto de ley para fiscalizar ONG busca retrasar investigaciones de la CPI en Venezuela
La directora interina de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, afirma que el proyecto de ley «tendría un impacto sumamente negativo no solo para quienes defienden Derechos Humanos (…), sino también para las víctimas que han recibido su apoyo y acompañamiento»
Miguel Pizarro: «El proyecto de ley busca criminalizar cualquier asociación que busca defender los Derechos Humanos»
La ONG Promedehum afirma que más del 70% de las asociaciones civiles venezolanas ya presentaban restricciones para formalizarse jurídicamente

Diosdado Cabello propuso discutir una ley de regularización para las ONG en Venezuela. Casi 18 años después de su planteamiento, la Asamblea Nacional oficialista aprobó un Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.

Los esfuerzos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por retener las acciones de la sociedad civil en el país no son nuevas, desde el año 2005 se plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. En 2021 se intentó implementar un mecanismo de fiscalización a la sociedad civil que fue rechazado. Pero las declaraciones del diputado Diosdado Cabello este 24 de enero son el primer paso para hacer realidad las restricciones. 

Los dirigentes del chavismo argumentan que algunas organizaciones trabajan «exclusivamente con fines políticos» para «desestabilizar el país» bajo el financiamiento de países como Estados Unidos y el Reino Unido. 

 

Distintas instituciones dentro y fuera de Venezuela advocadas a los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y la ONG Acceso  a la Justicia, advierten que la ley, de ser aprobada, degradará a la sociedad civil a «cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal» parecidas a gobiernos autoritarios como el de Nicaragua

Para Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas en Human Rights Watch, la aprobación de esta ley responde a uno de los «picos de la política de represión del gobierno» como patrón estatal frente a los comicios presidenciales del próximo año. 

Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria en Venezuela de la Asamblea Nacional de Venezuela del 2015 y comisionado presidencial ante la Organización de las Naciones Unidas, expresó que el proyecto de ley «intenta degradar las oportunidades de un proceso de justicia transicional o que se elimine y se evite la rendición de cuentas de quienes perpetraron violaciones de Derechos Humanos». 

El director de la ONG Promedehum, Rigoberto Lobo, expresó que de aprobarse esta ley «estaríamos hablando de una forma de controlar de manera absoluta y arbitraria la existencia y el trabajo de las organizaciones para lo que esté permitido por parte del gobierno».

 

En un panorama de emergencia humanitaria compleja, el gobierno de Nicolás Maduro aún enfrenta una investigación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese aspecto, la ONG Trasparencia Venezuela junto a EsPaja.com advierte que la sociedad civil es una de las pocas ventanas informativas y críticas frente a la opacidad sobre la violencia estatal venezolana

Mientras la asamblea nacional oficialista discute el proyecto de ley, el Alto Comisionado de las ONU, Volker Türk, visitó Venezuela para seguir la investigación por crímenes de Lesa Humanidad auspiciado por el gobierno de Maduro.

Runrun.es consultó a tres expertos para analizar el impacto de la propuesta de ley de regulación de ONG y afines en la sociedad venezolana. 

¿Cómo afectaría la propuesta de «ley de regulación de ONG y afines» al proceso de investigación de la ONU sobre los crímenes de lesa Humanidad en Venezuela?

Tamara Taraciuk Broner: 

«Recientemente, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte ha invitado a las víctimas —incluyendo a familiares de quienes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, individuos arbitrariamente detenidos y aquellos que han sido torturados por las fuerzas de seguridad— a enviar sus opiniones y observaciones. Muchas de estas personas cuentan con el apoyo de una organización no gubernamental por detrás y su cancelación tendría consecuencias nefastas».

«Intentar limitar el trabajo de estas organizaciones no parece ser más que un intento burdo por acallar no solo a voces que cuestionan la represión, sino a aquellas que han sido esenciales para el avance de cualquier mecanismos internacional de rendición de cuentas».

Miguel Pizarro: 

«La ley tiene como objetivo controlar, inhibir e incluso destruir la cooperación internacional y la capacidad de la sociedad civil. Primero, busca asustar a los activistas y que sientan que denunciar, decir la verdad, documentar y llevar un trabajo de incidencia podría llevar desde multas hasta la ilegalización de las organizaciones». 

«Luego busca afectar a las víctimas, a sus representantes e indirectamente a los prestadores de ayuda humanitaria que han venido construyendo el expediente de violaciones a los Derechos Humanos del régimen de Maduro». 

«Ahora, también, este tema jurídico, como esta “Ley de regulación de ONG y afines”, tiene frente de sí una realidad: el sistema de Naciones Unidas tiene muy claro cuál es el contexto en Venezuela. De hecho, la Corte Penal Internacional ya va por la etapa de recabar los testimonios directos de las víctimas, igual que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU está renovada por dos años más y siguen aumentando su capacidad de investigación. A pesar de la amedrentamiento, no creo que en las Naciones Unidas se pueda creer que en Venezuela ya no se cometen crímenes de lesa humanidad». 

Rigoberto Lobo: 

«Afectaría en específico la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque es eso: es una presencia, no es una oficina en Venezuela. La Oficina no tiene capacidad de cubrir el país y de lograr documentar las violaciones en los derechos humanos y acceder a todas las víctimas. Todo este trabajo lo realiza apoyándose sobre la sociedad civil venezolana, sin ellas sería bastante difícil lograr documentar lo que sucede a lo largo y ancho de Venezuela. Las asociaciones civiles son las que tienen conexión en las comunidades». 

«Que aprueben esta ley no afectaría directamente y literalmente a las Naciones Unidas, pero en conclusión terminará afectando lo que sostiene sus investigaciones. Sin un tejido social, un tejido asociativo sobre el cual apoyarse, el trabajo sería bastante difícil, por no decir imposible». 

¿Qué tanto se restringiría la libertad de asociación en Venezuela y el alcance que pueden tener la sociedad civil para las víctimas o la población vulnerable de cara al 2023 y la posible aprobación de la «ley de regulación de ONG»?

Tamara Taraciuk Broner:

«Aprobar esta ley es un esfuerzo burdo para darle apariencia de legalidad a una persecución que lleva años. Es tan burdo que será el propio Ejecutivo el encargado de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las ONG y podrá disolver de oficio a las organizaciones que, en su criterio, permiten «actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional». Este lenguaje es sumamente amplio y puede prestarse abusos, como ocurre con la Ley contra el Odio».

«Con elecciones presidenciales programadas para 2024 y elecciones legislativas y regionales para 2025, Venezuela encara un periodo electoral que en el pasado ha resultado en picos de la política de represión del gobierno. Las organizaciones son las que, en el pasado, han monitoreado e identificado patrones de represión del gobierno y cualquier intensificación en su ofensiva contra el espacio cívico».

«Ya en mayo, junto con otras organizaciones, habíamos expresado nuestra preocupación por un proyecto de cooperación internacional que se presentó a la Asamblea Nacional que permitía la cancelación arbitraria de la personería jurídica de las organizaciones por promover o participar en actividades contrarias a intereses del gobierno. En ese entonces manifestamos que el proyecto tendría consecuencias aún más devastadoras para las personas en situación de vulnerabilidad, cerrando el acceso al apoyo que ofrecen las organizaciones para la protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria; lo mismo puede ocurrir ahora».

«En un contexto como el actual, la aprobación de esta nueva propuesta de ley dejaría a las víctimas más solas, sin el apoyo de quienes han estado a su lado en todos estos años».

Miguel Pizarro: 

«Creo que puede afectarse mucho, y creo que una de las cosas responsables que debemos hacer todos es no disminuirlo solo por narrativa heróica, sino ser muy francos: las organizaciones sin capacidad de recibir financiamiento se van a ver afectadas, las organizaciones sin capacidad de tener protección para poder cumplir con su labor —con su trabajo— en el medio de un asedio del régimen sin duda alguna va a generar dificultades». 

«Lo vimos antes con los medios de comunicación y luego con los partidos políticos. Es parte de una política de hegemonía dentro de Venezuela, donde el poder y el Estado son lo único que está en pie y lo único que decide qué es correcto y qué es incorrecto». 

«Además, esto no apunta solo al corto plazo. El régimen está bajo diversas formas de investigación y busca el desgaste diplomático y el desgaste político en el mediano y largo plazo para tener un control férreo de la vida social, política e institucional del país que los lleve a tener una realidad diferente y tratar de engavetar las investigaciones y de paralizarlas». 

«El antídoto contra esto es mantener más incidencia, mantener más capacidad de alzar la voz. Aquí lo digo un poco como reflexión desde el mundo político: cuando esto ocurrió en el mundo político no hubo la misma cohesión de respuesta para defenderse de los ataques que venían ocurriendo pensando que puede afectar más a unos que otros. Pero también es una gran oportunidad para la sociedad civil y para todos nosotros como venezolanos de apoyar su labor de defender y de tratar de salvar su espacio de acción sin criminalización y represalias». 

Rigoberto Lobo: 

«Lo que sabemos, porque no es realmente publica una versión del proyecto de ley, es que podría dejar a las organizaciones en un limbo, imposibilitando la regulación de las mismas bajo criterios arbitrarios y discrecionales. También busca anular la libertades y autonomías propias de las organizaciones para definir a qué se dedican, cuándo hacen incidencia y cómo trabajar». 

«Esto reduciría el trabajo de las organizaciones a solo lo que esté permitido por parte del gobierno, y eso le restaría total autonomía y quitaría la independencia en su imparcialidad». 

«La imparcialidad no impide que se puedan hablar sobre la situación de de Derechos Humanos en el país, sino simplemente que la asistencia humanitaria es para todas las personas, contrario a lo que puede ser un plan social del gobierno, que va dirigido a las personas susceptibles a ser sujetos (de su medida ideológica) y no a sus necesidades». 

«Lo que quizás es menos visible, pero es más importante, son todas esas personas que son beneficiarias de las organizaciones de Derechos Humanos, bien sea por asistencia humanitaria como tal, pero también por servicios de asistencia jurídica y acompañamiento de casos». 

«Previo a esto ya se vieron unas restricciones de facto: registrar una asociación civil sin fines de lucro en Venezuela que contenga en su acta constitutiva y en su objeto las palabras Derechos Humanos es motivo de rechazo inmediato. Muchas organizaciones se han inscrito de alguna manera cambian esas palabras para poder pasar estos bloqueos de facto que no están en las leyes». 

«Hemos visto muchos registros de asociaciones civiles que expresan que su inscripción ha sido suspendida. En una investigación que hicimos a 53 asociaciones civiles en Venezuela constatamos que más del 70% nunca habían podido constituir el registro, y el resto, que ha podido formalizarse, consiguieron obstáculos para renovar sus juntas constitutivas y cambios de objeto».

«En años anteriores ha sucedido una serie de restricciones a partir de la Providencia 001 y 002, que, si bien no fue aprobada en curso, trajo arbitrariedades individuales por parte de ciertos funcionarios».

«Hay que insistir que ONG no es un término jurídico en Venezuela, es un término que se utiliza a nivel internacional y que sí puede ser la clasificación en otros países. El término ONG se comenzó a usar con el presidente anterior como una etiqueta para estigmatizar a las organizaciones que son realmente autónomas del Estado. Cuando hablamos de “ONG y afines” en este proyecto de ley estamos hablando de un control social a cualquier tipo de asociación que ellos crean que no complace sus criterios». 

¿Cómo describiría el panorama de los Derechos Humanos en Venezuela desde el año 2021, cuando se tuvo el intento más reciente de regular las ONG, hasta ahora?

Tamara Taraciuk Broner: 

«Hay una falsa idea de que las cosas han mejorado en el país, pero la realidad es que el panorama de Derechos Humanos sigue siendo de enorme preocupación, y lo que ocurrió esta semana —con la propuesta de ley para regular a las organizaciones de la sociedad civil— lo demuestra»

«Venezuela es uno de los pocos países donde podemos ver tres crisis simultáneas: una crisis de derechos humanos, una crisis humanitaria y una crisis migratoria que tienen un impacto devastador en los derechos de los venezolanos. Hay más de 7 millones de personas que se vieron obligadas a salir del país, una de las crisis migratorias más grandes del mundo, y otros 7 millones que requieren ayuda humanitaria. Y cómo si fuera poco, se cometen una larga lista de abusos contra los Derechos Humanos con total impunidad». 

Miguel Pizarro: 

«Venezuela ha tenido un ataque progresivo contra el espacio cívico, contra la capacidad de asociación, la capacidad de organización, la capacidad de expresarse, la capacidad de militar o de activar en distintos tipos de movimiento. Esto ha tenido diversas expresiones: desde la represión masiva en protestas del 2017 y como eso derivó en más de 100 asesinados en el marco de las manifestaciones, la ilegalización de los partidos políticos, la construcción de poderes supraconstitucionales, y muchas otras más». 

«Tal como lo han determinado diversas investigaciones y reportes de tanto de la OEA como de la ONU: el Estado venezolano busca destruir cualquier forma de disidencia, de callar o eliminar cualquier forma de organización y reclamo. Todas estas acciones, como el proyecto de ley, buscan criminalizar la asociación y organización que defiende los derechos».

Rigoberto Lobo: 

«Es una continuación e incremento del retroceso que vemos desde el año 2013 en el caso de Venezuela». 

«Cuando hablamos del término amplio de la libertad de asociación vemos que ya ha sido bastante golpeado: los partidos políticos y los sindicatos y los gremios que estuvieron mucho tiempo acaparados por el oficialismo hasta hace poco. Además de los atropellos de violencia física y estructural de las instituciones críticas al gobierno y dedicadas a los Derechos Humanos». 

«Tenemos un contexto de libertad de asociación bastante deteriorado en Venezuela. Todo indica que no será un panorama para seguir trabajando de la mejor manera».

Gobierno no tiene cómo hacerle frente a exigencias salariales 
Economistas consideran que la administración de Maduro carece de fondos para honrar las peticiones de los trabajadores venezolanos, quienes aspiran un sueldo promedio de $400 mensuales 
Coinciden en que es necesario un aumento salarial, pero lo importante es ponerle freno a la inflación 

@franzambranor

 

Apenas arrancó el año escolar, el pasado 9 de enero, los docentes venezolanos se lanzaron a las calles a exigir un salario justo. Aprovechando el ímpetu y la inconformidad de los educadores, también personal de la salud, empleados públicos, jubilados y pensionados se unieron a la protesta para solicitar al régimen de Nicolás Maduro un incremento del sueldo mínimo que desde marzo de 2022 está fijado en 130 bolívares, el equivalente hoy en día a cerca de 7 dólares mensuales.

Voceros de las manifestaciones, como Gricelda Sánchez, del Sindicato de Maestros, y Ana Rosario Contreras, del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, revelaron que los funcionarios adscritos a la nóminas del Estado están demandando un salario cónsono con la canasta básica alimentaria, que en diciembre de 2022 costaba 371 dólares, de acuerdo con Observatorio Venezolano de Finanzas.

Básicamente, los empleados públicos solicitan la dolarización de sus sueldos, en vista de que el bolívar pierde cada día su capacidad de compra de forma vertiginosa.

Tanto Sánchez como Contreras coincidieron en que el sueldo del trabajador venezolano debe oscilar entre los 300 y 400 dólares mensuales

¿Está en la capacidad el gobierno chavista de asumir ese pago?

Según los economistas Luis Oliveros, Asdrúbal Oliveros y Tamara Herrera, el Estado no tiene capacidad para asumir el pago exigido por los trabajadores. 

“El gobierno no tiene los recursos suficientes para hacerlo, en años anteriores hacía aumentos de salarios con frecuencia y ahora no los hace con la misma regularidad porque entiende que no puede, sabe que eso generará mayor inflación”, dijo Luis Oliveros.

Por su parte, Asdrúbal Oliveros sentenció que el Estado venezolano carece de los fondos para pagar un salario de $400 mensuales

Para cubrir sueldos y pensiones que oscilen entre 350 y 400 dólares, el gobierno tendría que desembolsar casi $30 mil millones, eso es equivalente al 50% del Producto Interno Bruto de Venezuela y el ingreso estimado del Estado para este año es de $27 mil millones”, indicó Asdrúbal Oliveros en un programa de Unión Radio la mañana de este miércoles 25 de enero.  

Herrera sentenció que un sueldo de $400 al mes es difícil de honrar en Venezuela hasta en el sector privado.

“Es complicado que el gobierno pueda fijar el salario mínimo que cualquier trabajador se merece, menos aún el equivalente a una cesta alimentaria familiar. Tampoco los privados pueden establecer un sueldo básico de ese nivel”, indicó la economista.

Luis Oliveros sostuvo que tampoco el gobierno está en la capacidad de dolarizar la economía como lo exigen la mayoría de los trabajadores del sector público en Venezuela. Las sanciones económicas que pesan sobre la administración de Maduro por parte de Estados Unidos son una razón de peso.

“Siempre que los países se dolarizan deben tener algún tipo de contacto con la Reserva Federal estadounidense por temas de asistencia y sabemos que las relaciones con esa nación no están bien”, argumentó. 

También, aseguró que el gobierno venezolano no tiene suficientes divisas para dolarizar.

A Maduro no le conviene dolarizar, no puede dar bonos a cada rato y no puede aumentar el gasto público. Una cosa es tener déficit fiscal en bolívares y otra tenerlo en dólares, la única manera de cubrirlo es con más dólares y Maduro no tiene la máquina para imprimir dólares como lo hace el Banco Central de Venezuela con los bolívares”, explicó. 

De acuerdo con Asdrúbal Oliveros, el gobierno tuvo recursos suficientes en el pasado para hacer un ajuste salarial considerable, pero ahora ese incremento rondaría a lo sumo los $50.

“El Ejecutivo tiene las herramientas con las cuales pudiese realizar un ajuste, ya vamos para un año sin aumento de sueldo, nadie puede sobrevivir con menos de 10 dólares mensuales, es probable que el salario se lleve a $50 y buena parte de ese aumento podría ser en bonos”, opinó. 

Luis Oliveros sentenció que noviembre y diciembre de 2022  fueron episodios de una inflación alta en Venezuela y por ello es perentorio un aumento de salario para la masa laboral.

Creo que el gobierno va a aumentar el sueldo, pero yo no esperaría un incremento muy grande, considero que estaría en los 30 y 50 dólares”.

 

LEA  Protestas laborales amenazan con reventar la burbuja  

Frenar la inflación es urgente

Para Asdrúbal Oliveros, el mejor premio que se le puede dar a un trabajador venezolano, además de un aumento salarial, es detener la inflación.

“Es necesario construir un plan macroeconómico, de nada sirve aumentar el sueldo sin controlar la inflación, los precios en dólares han subido más de 50% en los últimos meses, la propia vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, dijo que 2022 cerró con 234% de inflación”. 

Herrera indicó que los salarios deben subir sustancialmente, pero ello debe planificarse con un esquema que corra en paralelo con el fortalecimiento de la economía.

“Solo una economía fuerte es capaz de dar empleo, solo una economía fuerte puede pagar tributos razonables para dar sostenibilidad a la gestión fiscal y seguridad social”, abundó. 

Herrera añadió que el fortalecimiento de la economía es posible incluso en medio de las sanciones.

“El fortalecimiento de la economía implica cambios de fondo para parecernos más a países que atraen inversiones en cantidades considerables”.

La economista indicó que el gobierno de Maduro debería aprovechar la flexibilización de las sanciones producto de la mesa de diálogo en México para corregir el entuerto económico.  

“El país necesita transparencia sistemática en toda la gestión pública y desempeño económico; un sistema de seguridad jurídica sin riesgo para arbitrariedades; acuerdos comerciales y de inversión sólidos; respeto inequívoco y sin ambigüedades de la propiedad privada y desarrollo de un mercado de capitales profundo, que financie tanto al sector público como al privado”.

Conflicto seguirá por exigencias salariales 

Para Freddy Cañas, coordinador del Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), las protestas por mejoras en los sueldos continuarán.

“Las manifestaciones van a seguir, ya que el gobierno, el cual es el máximo empleador en Venezuela, no ha aportado ninguna solución, por el contrario continúa con su política de amedrentamiento contra aquellos que salen a la calle a protestar”.

Según Asdrúbal Oliveros, es evidente el deterioro del salario en la administración pública.

“Los trabajadores tienen que tener un aumento, el sueldo es precario y creo que si no se toman los correctivos, los niveles de conflictividad se van a mantener”.

Herrera consideró que el tiempo apremia para quienes devengan un sueldo mensual inferior a 10 dólares. “Todos los actores lo deberían tener presente, tanto los que negocian en México (gobierno y la plataforma unitaria) como el resto de la sociedad”. 

Denuncian ataques e intimidación contra dirigentes y trabajadores que han protestado en las últimas dos semanas

Promesas de Maduro sobre servicios públicos quedaron en el olvido
Un informe de Cedice Libertad indicó que solo el 1% de la población venezolana recibe agua de forma continua por sistema de tuberías los siete días de la semana, mientras que 61% tiene el servicio cada tres o cuatro días
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) realizó dos estudios de percepción ciudadana en el año 2022: el primero en febrero de 2022, donde la calidad negativa fue de 42,4% (el valor más bajo entre las mediciones desde noviembre de 2021); mientras que para mayo de 2022 fue de 43,2%
La apreciación general de los usuarios, tomada mediante una encuesta que hizo Runrun.es en Twitter, es que durante el mes de enero el funcionamiento de los servicios públicos en el hogar (agua, electricidad, internet y gas doméstico) es de regular a malo

@Andrea_GP21

En agosto del 2022, Nicolás Maduro se comprometió a que al finalizar el año, los servicios públicos mejorarían, asegurando que su gobierno debía dar “respuestas claras a los problemas de las comunidades”. Pero el gobernante no cumplió con dicha promesa  el año pasado y tampoco se ve una mejoría empezando el 2023.

A mediados de enero, habitantes de la parroquia Sucre y 23 de Enero, en Caracas, denunciaron tener dos semanas sin servicio de agua. Mediante las redes sociales se publicaron múltiples denuncias al respecto:

 

Según datos de la firma ORC Consultores, durante el año 2022, las protestas por problemas con el suministro de agua ocuparon el tercer lugar de la conflictividad en ese periodo, con 637 manifestaciones contabilizadas.

Y no solamente es la intermitencia en el suministro de agua. Con respecto a otros servicios, las fallas eléctricas generaron 436 protestas durante todo el año pasado, mientras que hubo 96 manifestaciones por problemas con el suministro de gas.

El problema es para largo

De acuerdo con un informe del Monitor de Servicios Públicos de Cedice Libertad, elaborado por el economista Raúl Córdoba Arneaud, se requiere una inversión de  17.670 millones de dólares en el corto y el mediano plazo para optimizar servicios básicos como electricidad, agua, transporte y telecomunicaciones en el país.

El resumen del año 2022 de este informe señala que el servicio eléctrico es el peor valorado por los venezolanos. Los estados Zulia, Mérida y Nueva Esparta figuran como los afectados por las constantes fallas en el servicio, con un promedio diario sin suministro eléctrico de 16, 14 y 12 horas.

 

Según el informe de Cedice Libertad, “el 78% de los ciudadanos percibe que la gestión actual es ineficiente y no hay indicios de que mejore. 66% asegura haber perdido un electrodoméstico como consecuencia de algún corte de luz”.

Siguiendo la línea del servicio eléctrico, el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP), reportó a finales de noviembre del 2022 que durante el año, la opinión negativa sobre la calidad del servicio de energía eléctrica en los hogares alcanzó un 47,1% para febrero de 2022, mientras que en el último estudio de la organización, hecho en el segundo trimestre de 2022, este valor ascendió a 62,4%.

Sin electricidad, una completa desidia

Adriana Ramírez vive en Filas de Mariches, municipio Sucre del estado Miranda. Para ella, la situación con el servicio eléctrico “es desastrosa”.

“Presentamos cortes de luz por lo menos tres o cuatro veces por semana. A veces hemos durado hasta seis y siete horas sin luz. Otras veces pareciera que lo hacen por sabotear, porque en un día va y viene como 12 veces, lo que pone en riesgo todos los artefactos eléctricos, porque si alguno se daña es muy difícil reponerlo y ningún ente se va a hacer responsable”, declaró en conversación con Runrun.es

Casi finalizado el primer mes del año 2023, Ramírez asegura que el suministro no ha mejorado y siguen las fallas, lo que comprueba el incumplimiento de la promesa de Nicolás Maduro.

“Los primeros días de enero hubo aproximadamente seis cortes en una semana. La semana pasada hubo un día que se fue desde las 11 de la mañana y regresó en la tarde. Según información de otros vecinos, ese corte se debió a que estaba realizando unos trabajos de mantenimiento, pero esto lo hacen sin previo aviso para uno tomar sus previsiones”, denunció.

 

Según el reporte de Cedice Libertad, con respecto al servicio eléctrico, aproximadamente 83% de los encuestados asegura que pueden pagar tarifas más altas si esto contribuye a mejorar el servicio eléctrico.

Por su parte, el Comité de Afectados por Apagones reveló el pasado 8 de enero que las fallas del servicio eléctrico en Venezuela aumentaron 22 % en 2022 con respecto a 2021. El país registró, en 2022, al menos 233.298 interrupciones de este servicio, cuando en 2021 se contabilizaron unas 190.006 fallas eléctricas, indica el informe.

Cargar bidones desde la calle 

Los primeros días del mes también sorprendieron a los habitantes de Catia, parroquia Sucre del municipio Libertador de Caracas, y no para bien. Si normalmente reciben suministro de agua entre dos y tres días a la semana, han tenido que pasar hasta dos semanas sin servicio y sin respuestas por parte de Hidrocapital.

Adela Torres vive en Pérez Bonalde. En su casa viven su madre, su hija y su yerno. Ella declara que el servicio de agua nunca ha sido constante en su sector, pero en las últimas semanas ha padecido el terror de no recibir el suministro por más de dos semanas.

“Estuvimos dos semanas sin agua. Dijeron que había problemas con una válvula en La Silsa y que era muy difícil repararla. Nunca tardamos tanto tiempo para recibir agua y por la poca presión solo llegaba a las viviendas que están en plantas bajas”, dijo Torres en declaración a este medio.

 

En su informe, Cedice indicó que solo el 1% de la población venezolana recibe agua de forma continua por sistema de tuberías los siete días de la semana, mientras que 61% tiene el servicio cada tres o cuatro días.

Por la falta del suministro de agua, los estados más afectados, según Cedice, son Carabobo, Falcón, Miranda y Nueva Esparta, pues se reportan “localidades que pueden estar una semana sin suministro de agua”.

Además de la falta de suministro de agua, también se ha reportado en múltiples ocasiones que esta llega en malas condiciones a los hogares. Durante septiembre y octubre del año 2022, los caraqueños denunciaron que recibían por las tuberías era turbia, de color casi marrón y con un olor desagradable, muy similar a la del río Guaire. 

Desconectados

Los problemas con la empresa Cantv para proveer el servicio de ABA ya son bien conocidos y, aunque se vendieron algunas acciones de la compañía y eso generó la esperanza de tener una mejora, parece seguir estancado el servicio.

Sobre la prestación de servicios de internet, el informe de Cedice señala que “80% de los venezolanos asegura que a diario se presentan entre cinco y ocho caídas del sistema ABA de Cantv, imposibilitando el normal desarrollo del trabajo, las clases o demás actividades (…) La velocidad percibida de la red es cada vez más deficiente; 76% de los ciudadanos asegura disponer de más tiempo en la solución de tareas sencillas”.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) hizo dos estudios de percepción ciudadana en el año 2022: el primero en febrero de 2022, donde la calidad negativa fue de 42,4% (el valor más bajo entre las mediciones desde noviembre de 2021); mientras que para mayo de 2022 fue de 43,2%.

Durante los primeros días de enero, los usuarios de Cantv denunciaron las constantes fallas en el servicio de ABA. Algunos incluso recordaron que tienen años sin el servicio.

 

 

VenApp soluciona pero… ¿a qué costo?

En mayo de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de la red social VenApp, que ofrece la Línea 58 para canalizar denuncias ciudadanas. A través de esta plataforma, se pueden reportar fallas en los servicios públicos.

Daniela Torres vive en Catia, Caracas. Estuvo casi cuatro años sin servicio de ABA Cantv y, a finales del año pasado, el teléfono fijo se quedó sin tono. Desde que falló el servicio de Internet, hizo los reclamos a través de diferentes canales, como la página web de Cantv y en las agencias físicas, pero nunca le dieron respuesta a sus solicitudes. 

“Desde hace más de dos años hice el reclamo por Internet. En 2022 me di cuenta de que el reporte lo cerraron y no resolvieron. Cuando perdimos el tono en el teléfono, intenté hacer otro reclamo por la página de Cantv, pero como había otro abierto, no me permitió hacerlo”, declaró Torres a Runrun.es.

 

La joven comentó que un conocido le sugirió hacer el reclamo por VenApp. Aunque desconfiaba, decidió reportar a través de esta plataforma para ver si tenía alguna respuesta. No solo tuvo comunicación, sino que al día siguiente fueron restablecidos ambos servicios. 

“Hice la denuncia por VenApp un viernes y el sábado había tono, pero como teníamos deuda, no podíamos llamar ni teníamos conexión a Internet. Llegado el lunes, después de pagar el saldo deudor, ya teníamos Internet y teléfono. Esto es muy raro e increíble, porque hice múltiples denuncias en diferentes medios y me negué a contactar algún técnico que me cobrara un dineral. Aunque fue resuelto el problema, la aplicación te pide muchos datos personales y no me genera confianza. Tampoco sé cuánto va a durar el servicio funcionando”, añadió la joven.

Desde la creación de la red social  en 2022, diferentes organizaciones alertaban sobre sus posibles intenciones de fondo. En agosto del mismo año, el Observatorio Digital Probox advertía que el gobierno venezolano buscaba recopilar datos de los ciudadanos a través de esta aplicación. 

En un trabajo publicado por el diario Tal Cual en junio de 2022, se especificaba que para descargar la aplicación en cada teléfono, se le solicita acceso al usuario para utilizar la geolocalización en tiempo real, así como también a su cámara, micrófono, para añadir y modificar calendarios, modificar o eliminar contenido de una tarjeta SD, evitar que el dispositivo entre en modo de suspensión y hasta enviar correos electrónicos sin el conocimiento del dueño de la cuenta.

En el referido reportaje Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, alertó que aunque VenApp dice que solo recopila datos básicos como nombre y apellido, correo electrónico; también recaba información demográfica del usuario a través de los datos de perfil, tales como cookies y Google Analytics.

“Tiene una intención política cuando te das cuenta de que recaban datos como ciudad, municipio, parroquia, entonces sabes que tiene intención de segmentar a la población de acuerdo a su ubicación, por ello puede estar dirigido a distintas estrategias electorales», advirtió esa ocasión el experto.

Enero con valoraciones negativas de los servicios

Runrun.es consultó a sus usuarios mediante dos encuestas en la red social Twitter para conocer la apreciación de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios públicos en el hogar: agua, electricidad, internet y gas doméstico.

En la primera encuesta, se le preguntó a los usuarios cómo valoran, en general, el funcionamiento de estos servicios en lo que va del primer mes del año. Con un total de 1.209 votos, los resultados fueron los siguientes:

En la segunda encuesta, se le consultó a los internautas cuál es el servicio que peor valoran en su hogar, y el del agua fue el que tuvo peor valoración. Con un total de 6.012 votos, los resultados son:

 

Además de participar en las encuestas emitiendo un voto, se le pidió a los usuarios que dejaran sus comentarios sobre la valoración que le dan a todos los servicios públicos. Algunas respuestas a continuación muestran el descontento con la situación y revelan que, para garantizar una mínima calidad, han tenido que buscar soluciones privadas, porque las empresas estatales no responden. 

“Cantv, ni se diga. Perdí la línea después de 38 años. Innumerables reclamos y fue imposible hacer que la reconectaran”, comentó el usuario @JoseGGonzalez.

“En Paraguaná no les bastó con enviar agua por tubería a los sectores cada 35 o 40 días, ahora la envían sucia y maloliente. Esto es más que una desgracia para el pueblo”, señaló la tuitera @yolyeduarte.

“El agua ha sido lo peor, casi 7 años sin agua por tubería. Internet tengo porque es privada, sin CANTV desde hace 3 años. Electricidad tenemos porque hemos pagado cableado y gas, ahora es cuando mejora pero nunca será como cuando era privado el servicio”, acotó el usuario @marabino2.

¿Qué implica el plan del gobierno para aumentar el crédito en la banca?
El aumento de los préstamos indexados tendrá un efecto limitado como fuente de financiamiento e impactará al  mercado cambiario, la banca y las empresas

Víctor Salmerón / @vsalmeron

En medio de una severa escasez de financiamiento que limita el incipiente crecimiento de la economía, el gobierno aplica un plan para impulsar el crédito a las empresas que impactará a la cotización del dólar, presionará a los bancos y tendrá resultados modestos.

La estrategia consiste en incrementar desde 10% hasta 30% la porción de los depósitos en dólares que los bancos pueden usar para prestar, pero con una serie de condiciones que tendrán consecuencias.

Como la administración de Nicolás Maduro quiere forzar el uso del bolívar, la debilitada moneda nacional que nadie atesora, los bancos venderán los dólares en el mercado cambiario oficial y prestarán los bolívares que reciban.

Los créditos serán indexados: el banco presta bolívares pero fija la deuda en dólares. Por ejemplo, registra en sus libros un crédito a tres meses de plazo por diez dólares y entrega al cliente 207 bolívares porque el tipo de cambio oficial es de 20,7 bolívares por dólar.

Si en tres meses el tipo de cambio oficial aumentó, como podría suceder, hasta 30,7 bolívares, el cliente tendrá que pagarle al banco diez dólares pero al nuevo tipo de cambio, es decir, tendrá que cancelar 307 bolívares.

Esto pone en marcha distintos efectos. Síntesis Financiera calcula que si los bancos se deciden a prestar todo lo que pueden venderían 300 millones de dólares en sus mesas de cambio, durante los próximos tres o cuatro meses y aumentaría la oferta de divisas en el mercado oficial.

La mayor oferta de dólares ayudaría a contener la cotización del dólar en el mercado oficial pero hay que tomar en cuenta que el monto no es muy relevante. Los 300 millones de dólares que podrían vender las entidades financieras equivalen a lo que vende el Banco Central en cinco semanas.

También, es probable que crezca la demanda de dólares. Tesoreros explican que como el monto a pagar por el crédito se incrementa en la medida en que aumenta la cotización del dólar, la manera de disminuir el riesgo es comprar dólares.

“El crédito es indexado, yo tengo que pagar más bolívares si el tipo de cambio aumenta, entonces la forma que tengo de disminuir el riesgo de un salto en la cotización del dólar es comprar dólares con los bolívares del crédito y trabajar con las divisas”, dice el tesorero de una empresa de alimentos.

Este potencial aumento de la demanda le restaría impacto al incremento de la oferta de dólares, por lo que operadores cambiarios son cautos al momento de calibrar el efecto que podría haber en el tipo de cambio durante las próximas semanas.

El desbalance

En la acera de los bancos hay un tema crucial con los créditos indexados: venden dólares de sus clientes, prestan bolívares a las empresas y las empresas le pagan el préstamo con bolívares. ¿Cómo reponen los dólares de sus clientes?

Los bancos no pueden comprar dólares en el mercado oficial por lo que se les podría generar un desbalance en el que habría pocos dólares para respaldar los depósitos en divisas de los clientes.

“Como está planteado el tema hay que ser cuidadoso con el monto a prestar, estar seguro de que se va a seguir captando dólares para evitar un descalce importante”, dice el presidente de un banco.

La idea es que el banco reponga los dólares que vendió para prestar con nuevos depósitos de dólares, pero se trata de una situación poco estable porque siempre habrá una porción de los depósitos que no estará cubierta.

El año pasado los bancos estaban autorizados a utilizar 80 millones de dólares para créditos indexados y solo utilizaron 30 millones porque la mayoría de las entidades financieras consideró que había un riesgo elevado en el proceso.

Los bonos

El gobierno contempla otra modalidad para aumentar el crédito bancario que consiste en que las empresas le vendan bonos en dólares a los bancos, pero al igual que con los créditos indexados hay una serie de detalles a tomar en cuenta.

Lo primero es que es necesaria una reforma legal porque los bancos, salvo que lo hagan a través de los fideicomisos, no están autorizados a comprar bonos de empresas. Solo pueden adquirir los bonos que están emitidos o avalados por el Estado.

El tema aun está en discusión pero se estudia la posibilidad de que, con parte de los depósitos en dólares que podrán utilizarse para créditos, los bancos compren los bonos de las empresas una vez se arregle el tema legal.

Banqueros explican que aún no está claro si el gobierno permitirá que los bancos compren bonos en dólares utilizando directamente los dólares o si los obligará a vender las divisas y a utilizar bolívares como en el caso de los créditos indexados.

“Hay una gran indefinición, no se sabe si se trataría de bonos en dólares que el banco va a poder comprar con dólares directamente y que al vencimiento del bono la empresa pagará también con dólares. Este sería el esquema adecuado pero no está definido”, dice un banquero.

La sequía

Aparte de los créditos indexados, el financiamiento está muy restringido. Para la administración de Nicolás Maduro es crucial tratar de estabilizar el tipo de cambio y para evitar que haya más bolívares para comprar dólares obliga a los bancos a dejar bajo llave 73 de cada 100 bolívares que tienen en depósitos.

La consecuencia es que pocas empresas tienen financiamiento y la mayoría tienen que trabajar con el dinero propio para comprar materia prima o maquinaria, algo que limita la producción y el crecimiento.

De acuerdo con datos de Global Scope, al cierre de diciembre, el total de créditos en la banca equivalía a 737 millones de dólares, una cifra enana si se toma en cuenta que de acuerdo con Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, el sector necesita financiamiento por el orden de cinco mil millones de dólares que serían utilizados como capital de trabajo.

Las familias también sienten la restricción a través del mínimo financiamiento al consumo. Las tarjetas de crédito, en su mayoría, tienen poca utilidad porque no cubren la compra de un par de zapatos, un mercado y mucho menos algún electrodoméstico.

“Mi MasterCard es prácticamente inservible. En este momento tengo un límite que al tipo de cambio oficial equivale a catorce dólares. Evidentemente tengo que arreglármelas sin la herramienta del crédito para cubrir mis gastos”, dice el abogado Enrique Castillo.

El desequilibrio

Banqueros y empresarios consultados consideran que la mejor opción es permitir que los bancos presten directamente en dólares y abrirle la puerta a una mayor dolarización de la economía: los venezolanos ahorran en dólares, usan el dólar para fijar los precios y en una parte relevante de sus transacciones.

Además, una porción importante de los depósitos de la banca está en dólares pero el gobierno ha frenado el proceso impidiendo los préstamos en dólares y las transferencias en divisas a través de la banca.

El plan del gobierno es forzar a un mayor uso del bolívar, pero tras ocho años con inflación de tres dígitos o más, tan pronto ingresan bolívares a la economía, las empresas y los particulares buscan deshacerse de ellos comprando dólares o cualquier cosa.

A pesar de la asfixia del crédito, la falta de confianza en la moneda y la constante emisión de dinero para cubrir el déficit en las cuentas públicas se traduce en una demanda de dólares que supera la oferta.

A comienzos de 2022 los venezolanos podían comprar un dólar con 4,5 bolívares. Hoy necesitan 20,7 bolívares si van al mercado oficial o 22,5 bolívares si acuden al mercado paralelo.

El gobierno mantendrá su estrategia. El pasado cinco de diciembre la vicepresidenta y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con empresarios y afirmó: “Nuestra política monetaria está dirigida a consolidar y fortalecer al bolívar”.

 

La nueva Venezuela: una economía enana centrada en el comercio

Protestas laborales amenazan con reventar la burbuja  
86% de las 480 protestas que se llevaron a cabo apenas en los primeros 16 días de este año corresponden a reclamos laborales 
Bolívar fue el estado donde se produjeron más manifestaciones con 65
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 28 protestas este 17 de enero, más de una por hora 
Docentes y personal de la salud son los principales protagonistas de las movilizaciones de calle 

 

@franzambranor

 

Enero comenzó caliente en las calles de Venezuela. El frío de diciembre y la algarabía que se respiraba en el último mes de 2022 parece haberse esfumado con las protestas de miles de trabajadores de la administración pública en este recién iniciado 2023.

Con el fantasma de la hiperinflación amenazando con una nueva cabalgata, los venezolanos despertaron de la siesta decembrina con los bolsillos rotos y clamando por un sueldo digno que les acerque a los 371 dólares que costó la canasta alimentaria a finales de 2022, de acuerdo a estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas.

De Coro a Maturín, de San Cristóbal a Ciudad Bolívar, la mayoría de las ciudades venezolanas se unieron al clamor de los trabajadores que no toleran más un sueldo mínimo de apenas 130 bolívares, el equivalente a siete dólares mensuales.

De acuerdo a un mapa de conflictividad social elaborado por la empresa ORC Consultores, hasta el 16 de enero de este año, se contabilizaron 480 protestas, de las cuales 413 fueron por reclamos laborales, es decir el 86%

Le siguieron protestas por agua (16), gasolina (12), justicia (6), política (5), infraestructura (5), aseo (4), salud (3), electricidad (3), aguas negras (3), gas (3), estudiantes (2), otros servicios (2) y telecomunicaciones (1). 

Bolívar fue el estado donde se produjeron más protestas, con 65, secundado por Aragua (42), Miranda (33), Falcón (28), Barinas (27), Guárico (27), Mérida (23).

En la lista también están Portuguesa (23), Táchira (23), Sucre (22), Lara (22), Cojedes (17), Carabobo (16), Zulia (16), Trujillo (13), Monagas (12), Distrito Capital (12), Delta Amacuro (12), Apure (12), Anzoátegui (9), Yaracuy (9), Nueva Esparta (6), Vargas (6) y Amazonas (5). 

Las 480 manifestaciones que se produjeron en la primera quincena de enero de este año duplicaron a las 211 que se llevaron a cabo en 2022 durante el mismo periodo.

De 69 protestas exigiendo mejoras salariales del 1 al 16 de enero de 2022, Venezuela saltó a 413 este año, una escalada de más del 2 mil por ciento.

 

LEA  «¿Dónde está el presidente, no está viendo las marchas?»: Diputada chavista del Zulia se desahoga en reunión del PSUV

 

Olla de presión a punto de estallar

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social solo este 17 de enero se produjeron 28 movilizaciones de calle, es decir, más de una por hora, y en 2022 se contabilizaron 2.649 protestas laborales, la mayoría protagonizadas por trabajadores de los sectores educativos, salud y administración pública. 

En el inicio de 2023, maestros, personal sanitario, profesionales, técnicos, obreros, trabajadores de las empresas básicas del Estado como Sidor (Siderúrgica del Orinoco) y la CVG (Corporación Venezolana de Guayana), universitarios, empleados públicos, jubilados y pensionados no han escatimado esfuerzos para salir a la calle a clamar por sus reivindicaciones.   

“El año 2022 fue un año de luchas, quizás no con la misma intensidad con la que hemos iniciado el 2023, un año parecido al 2018, donde tuvimos que apelar a un paro indefinido porque los salarios no alcanzaban”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta de la junta directiva del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital.

Gricelda Sánchez, presidenta de la ONG Formación de Dirigentes Sindicales, manifestó que este enero fue particularmente intenso para los docentes porque querían hacer ruido en la conmemoración del Día del Maestro, el pasado 15 de enero.

“El lunes 16 de enero salimos a las calles y le exigimos a la coalición sindical nacional del sector educativo que entregue el pliego conflictivo al Ministerio del Trabajo, hay que darle carácter administrativo a este reclamo”, expuso Sánchez.

La dirigente sindical aseguró que las protestas de docentes este año han tenido lugar en los 23 estados del país.

“No solo maestros y profesores activos, también jubilados, personal administrativo y obrero, y hasta padres y representantes”, aseguró.

Sánchez manifestó que los educadores están exigiendo un salario base de 600 dólares.

“Maduro prometió que el sueldo iba a estar anclado al petro, entonces que cumpla su palabra, no queremos bolívares devaluados que se los come la inflación”, indicó.

Por debajo de la franja de la pobreza

Durante un acto proselitista en los Valles del Tuy, estado Miranda, Nicolás Maduro volvió a esgrimir la carta de las sanciones para escurrir la responsabilidad de los sueldos ínfimos en Venezuela.

“Basta de torturas y persecución criminal contra la clase obrera venezolana”, dijo.

Sánchez desestimó las declaraciones de Maduro: “Cuando llegaron las sanciones ya nuestros sueldos venían en picada y se habían violado una serie de contrataciones colectivas. Estamos así por las políticas de hambre del gobierno, no por las sanciones”.

El líder chavista prometió un sueldo acorde con las necesidades del venezolano. “Más temprano que tarde pasaremos de esta fase de parto y de resistencia, a una fase de mejoría sostenida de los ingresos de la clase obrera y trabajadora”. 

Maduro no dijo de dónde sacaría los recursos para honrar a los empleados. “De mil maneras lo haremos, ¿Pariendo recursos?, pariremos. ¿Produciendo?, produciremos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó a quienes, según él, consideran que un aumento salarial resolverá los problemas estructurales en escuelas y hospitales.

“¿Ustedes creen que nosotros podemos resolver a punta de realazos (sic) todos los problemas? ¿Cuántos millones de dólares debemos tener para resolver los problemas de infraestructura? ¿Mil, dos mil millones?”, esbozó. 

Contreras considera que el Estado es el principal responsable de fomentar un salario digno para los trabajadores.

Cuando Maduro dice que no hay dinero para aumentar a los empleados es una falta de respeto, porque los trabajadores no podemos seguir asumiendo las consecuencias de una crisis que no generamos”, dijo.

Según Contreras, los profesionales de la salud escasamente devengan 15 o 16 dólares mensuales.

“Y, por supuesto, eso es insuficiente para hacerle frente a una canasta básica alimentaria que supera los 300 dólares. Los trabajadores de la salud que viven en la periferia de Caracas tienen que pagar 50 bolívares diarios en transporte, no tenemos siquiera para pagar un pasaje y menos para comer”, indicó la enfermera.

Contreras hizo un llamado a dolarizar la economía venezolana. “Que terminen de hacerlo de una buena vez, ya no podemos seguir cobrando en bolívares cuando todo está en divisas. Nos encontramos en el umbral de la extrema pobreza porque no tenemos un salario básico que esté por encima de los dos dólares diarios como dice el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Contreras aseguró que los grupos afectos al gobierno denominados colectivos y que amenazaron a los manifestantes con amedrentarlos si continúan en las calles, no representan mayor obstáculo.  

A pesar de la estrategias para desmovilizar la protesta, no nos han podido intimidar, ni los facinerosos ni los bonos devaluados nos van a desviar del objetivo”, aseveró Contreras.

Sánchez también criticó la bonificación de 580 bolívares (alrededor de 30 dólares) que recientemente hizo el gobierno a los empleados del sector educativo a través del sistema Patria.

“Nosotros lo que queremos es la recuperación real del salario, que los 500.000 docentes que hay en el país y el millón de empleados que tiene el Ministerio de Educación salgan beneficiados”.

Contreras manifestó que no es justo que mientras los gobernantes exhiben camionetas blindadas con escoltas y joyas el pueblo tenga que conformarse con una limosna.

“Hoy parece que estamos haciendo labor social ad honoren, nuestra petición es que se homologuen los salarios al costo de la canasta básica y por eso es que vamos a seguir en la calle, somos esenciales para los pacientes, pero invisibles para el Estado”, concluyó.

 

Violencia y minería ilegal se recrudecen en Amazonas tras operativo militar en el Yapacana
Organizaciones civiles de la entidad registran un repunte de la violencia en esta área protegida
Las víctimas son aborígenes de diversas etnias que están vinculados con la defensa de sus territorios

 Por: Lorena Meléndez G. @loremelendez y Joshua De Freitas @joshuadfh 

Imagen de portada: SOS Orinoco

 

“Cuando se reporta una desaparición en Yapacana se espera lo peor”, afirmó Nelson Cayupare, coordinador del Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, cuando se le preguntó por las muertes y desapariciones registradas en las últimas tres semanas en el parque nacional de Amazonas donde la minería ilegal ha devastado más de millar y medio de hectáreas.

El 6 de enero de este año, el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, publicó en sus redes sociales el hallazgo del cadáver maniatado de un indígena venezolano en el Yapacana. Guarulla dijo que la víctima podría ser Alejandro Rojas, de la etnia jivi, quien había desaparecido dos semanas atrás.

Tanto el exgobernador como las ONG SOS Orinoco y Control Ciudadano presumen que los responsables del asesinato y la desaparición de los líderes indígenas son los grupos de guerrilla colombiana que hacen vida en territorio venezolano. 

“Entre el último trimestre del 2022 y lo que va del 2023 van cinco muertos en la zona, pero no hay duda de que haya un subregistro. Existe un miedo inmenso entre las comunidades a denunciar y registrar tanto las muertes violentas como las que ocurren dentro de las minas por deslizamientos de tierra dentro de las fosas”, advirtió Cayupare.

Recordó que el cadáver se consiguió el mismo día que la comunidad protestaba por la desaparición de varios de los líderes indígenas que habitan la zona, entre ellos, Wilberto Ángel Camico Menare, quien está desaparecido desde el 28 de diciembre de 2022. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, el joven de 36 años y coordinador del comité de indígenas baniva de Yacapana, fue visto por última vez con miembros de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Venezuela en la zona de Sabana Grande, cerca del parque nacional. 

“La versión que manejamos relaciona la desaparición con el operativo militar en Yapacana en noviembre para ‘limpiar la zona de minas’: una represalia por parte de los disidentes de las FARC”, señaló Cayupare.

Wilberto tuvo roces con miembros disidentes de las FARC por los derechos de los mineros en uno de los campamentos. Al parecer, él acompañó a los miembros de la Fuerzas Armadas Nacionales en la quema de los equipos de la mina controladas por las FARC. La última vez que se vio a Wilberto fue en una reunión con los grupos armados irregulares”, agregó Cayupare por teléfono mientras viajaba a Puerto Ayacucho con la esperanza de llevar el caso al Ministerio Público. 

Para el coordinador del comité de Derechos Humanos, la carencia de servicios públicos es una de las trabas para llevar los casos ante la justicia. La electricidad llega dos veces a la semana y solo en la capital, del estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, existen locales que brindan internet. Para ir desde Atabapo hasta Puerto Ayacucho se tarda mínimo un día en bote. La moneda de uso es el peso colombiano. 

Los cinco comités dedicados a la defensa de los pueblos indígenas del municipio Atabapo, donde está el Parque Nacional Yapacana, coinciden en que el aumento de la violencia en la zona se remonta a 2016, cuando Nicolás Maduro decretó  la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. “Pese a quedar a kilómetros de distancia, los grupos armados irregulares han tenido mayor presencia en el país para montar campamentos mineros desde entonces”, agregó Cayupare. 

Retrato de Wilberto Ángel Camico Menare. Foto cortesía: Waka Noticias

El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) denunció el incremento de la deforestación por minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana en 49% entre 2021 y 2022. A través de imágenes satelitales, MAAP pudo calcular cerca de 1.537 hectáreas de zonas intervenidas solo en las cercanías del Cerro Yapacana debido a la extracción ilícita de oro y otros minerales. La pérdida de cobertura vegetal amazónica en esa zona protegida por el Estado venezolano fue de 757 hectáreas en un año. Del total de deforestación acumulada, 17 hectáreas son de la cima del tepuy sagrado. 

En los informes del MAAP, las imágenes satelitales demuestran que los campamentos de minería dentro del parque nacional, y específicamente dentro del Cerro Yapacana, no han sido completamente desmantelados después del operativo militar. 

“Dada la escala masiva de la actividad minera ilegal en el Parque Nacional Yapacana, está claro que una sola operación no es suficiente para desmantelar miles de campamentos mineros y retirar a miles de mineros ilegales. Se necesitan esfuerzos a gran escala y a largo plazo”, concluyó el MAAP en su informe publicado este 16 de enero. 

Mapa de la evolución de la minería en el Parque Nacional Yapacana entre 2021 y 2022. Autor: Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP)

Mientras los comités indígenas en Atabapo denunciaron que las autoridades no han hecho procedimientos de búsqueda para Camico, un menor de edad murió el pasado 8 de enero en las fosas de la mina Cacique, sector Platanillal del Yapacana. Su nombre era Cleubulo Henríquez.

De acuerdo con el comité de Derechos Humanos de Platanillal, citado por el portal Waka Noticias, Henríquez fue un deportista y estudiante que vivía en el sector Humboldt de la ciudad de Puerto Ayacucho. El joven visitó a su madre en las minas y, mientras trabajaba en una de las fosas, una piedra le cayó encima. 

El silencio como constante

A Eligio DaCosta se le quiebra la voz cuando habla del asesinato de Virgilio Trujillo, el indígena piaroa y coordinador de los guardianes territoriales Uwottüja del municipio Autana, en el estado Amazonas, a quien mataron el 30 de junio de 2022 con varios disparos en la cara en un barrio de Puerto Ayacucho, capital de la misma entidad.

“Virgilio estaba con nosotros en la organización ese día”, relató DaCosta, indígena baniva que coordina la Organización Regional De Pueblos Indígenas De Amazonas (ORPIA), institución que formó a los 30 guardianes territoriales que, como la víctima, protegen la cuenca del río Sipapo. “A media hora de salir de la reunión, nos enteramos de que le habían disparado. Eso fue un impacto fuerte, porque él era mi amigo. Yo lo ayudaba muchísimo porque él estaba comprometido con su territorio, con la defensa de la naturaleza”.

Armados con un bastión, una herramienta de madera para su protección, los guardianes territoriales fueron formados con el fin de resguardar los territorios indígenas y proteger la biodiversidad, por eso, quien ingresa a la zona que custodian, deben pedirles permiso. Semanas antes del asesinato de Virgilio Trujillo, grupos armados invadieron su territorio.

“Ellos estaban haciendo ese trabajo, protegiendo, buscando la forma de mediar con los mineros y que se salieran de allí los indígenas que también estaban trabajando. Pero como intervienen otros elementos externos, se genera el asesinato”, afirmó el coordinador de ORPIA.

El crimen, según DaCosta, dejó conmocionados tanto a los otros guardianes como a la comunidad del Alto Sipapo, donde vivía Virgilio. “Eso fue tan impactante para nosotros que dejamos de trabajar casi tres meses. Estábamos en zozobra, porque después amenazaron a otros compañeros”. 

El hecho, dijo el coordinador de ORPIA, también generó conflictos entre los pueblos indígenas, porque muchos miembros de las comunidades participan de la minería que azota la zona. Fuentes vinculadas al activismo ambiental confirmaron a Runrun.es que los grupos guerrilleros que explotan oro con maquinarias en los márgenes del río están vinculados con el asesinato. 

Se presume que en el hecho están involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar el territorio nacional. Trabajaremos sin descanso para esclarecer el crimen que ha causado conmoción en el estado Amazonas”, escribió en Twitter el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, pocos días después del asesinato. Pero casi siete meses después del crimen, el Estado no ha dado ninguna respuesta sobre el hecho.

Vulnerables en su propio territorio

Según el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) entre 2015 y 2020 se registraron 102 hechos victimizantes contra los campesinos defensores del derecho a la tierra en territorios venezolanos. La ONG calculó que 37,25 % de los casos se refieren a detenciones arbitrarias, mientras que 14,71 % han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 13,73 % fueron asesinatos selectivos.

Cifras aportadas por la ONG Provea revelan que desde 2010 al menos 47 indígenas de los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados tanto por uniformados como por actores no estatales.

“Durante el año 2022, se produjo un incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, sobre todo en el estado Amazonas, donde la minería está legalmente prohibida”, dijo el coordinador de Odevida capítulo Venezuela, Raúl Cubas. “Sin embargo, bandas de la delincuencia organizada han tomado el control de vastos territorios indígenas, imponiendo sus reglas violentas de juego, que son las responsables de asesinatos de indígenas en Amazonas y Bolívar”, continuó. 

Del grupo de indígenas asesinados por temas relacionados a la minería registrado por la sociedad civil venezolana, 25 casos se vinculan al sicariato o a miembros de organizaciones guerrilleras. En 15 casos, los señalados son los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Un elemento en común en todos estos casos es la falta de resultados de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, por lo que hasta el día de hoy no hay ningún imputado, en todos estos hechos que enlutan a las comunidades indígenas de la Amazonia-Orinoquia venezolana”, agregó Cubas. 

El 11 de enero el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró en su cuenta de Twitter que Venezuela muestra “éxitos” contra la minería ilegal y la deforestación, luego de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, denunciara que en el Parque Nacional Yapacana se está destruyendo el medio ambiente. 

“En materia de protección ambiental existe un retroceso sin precedentes, cuando Venezuela históricamente fue un pionero en esta materia”, contrastó Cubas. Indicó que mientras el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, “impulsa políticas protectoras del ambiente y de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, en Venezuela el gobierno ignora el Acuerdo de Escazú —que acaba de aprobar el Congreso de Colombia—, que garantiza los derechos a la participación, información y justicia en materia ambiental”.  

Para el abogado especializado en derecho indígena e investigador responsable del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar, los indígenas son más vulnerables ante todo lo que ocurre en la Amazonía. Es allí donde están sus territorios ancestrales y sitios sagrados, además de ser el espacio donde practican la caza, pesca y recolección. “Frente a la expansión macabra del extractivismo y sus lógicas perversas (minería ilegal, narcotráfico, pistas clandestinas, grupos armados irregulares, etc) los pueblos indígenas están en la primera línea de desprotección”, aseguró. 

Los indígenas, recalcó Aguilar, como los garantes del bosque y la selva Amazónica,  son quienes enfrentan a los actores irregulares y grupos armados que invaden sus territorios. “El asunto es que la confrontación es asimétrica. Mientras que unos tienen armamentos sofisticados los indígenas solo tienen arcos y flechas. Paradójicamente, ante la ausencia del Estado, los pueblos indígenas son los custodios de las fronteras y del territorio nacional”, sentenció Aguilar.

El Estado tiene una deuda de más de dos décadas con los pueblos indígenas porque todavía no ha delimitado la mayoría de sus territorios, un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999. Líderes como DaCosta opinaron que si sus tierras estuviesen demarcadas, protegerlas sería más sencillo. En esto también coincidió Aguilar. “Los pueblos indígenas tendrían una razón mayor y más contundente para salvaguardar y defender sus territorios. Sería un mecanismo de contención de la lógica extractiva que ha inducido a una ínfima minoría de los indígenas a tener que practicar la minería ilegal, a la prostitución o al contrabando de combustible en algunos espacios”, apuntó el abogado. 

Estos títulos de propiedad, como documentos legales, les permitirían “accionar a nivel de tribunales nacionales e internacionales por el derecho a la vida (mediante la garantía del derecho al territorio), incluyendo la posibilidad de que se configure contra funcionarios del Estado (incluso contra miembros de grupos irregulares armados), responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, por estar en presencia de lo que el catedrático español Bartolomé Clavero denominara una suerte de genocidio cultural silencioso”, señaló Aguilar.