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Sumo Pontífice es defensor de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, pero no habla de matrimonio por la iglesia  

@franzambranor

El pasado miércoles, 21 de octubre, el lado conservador de la iglesia católica experimentó un estremecimiento al revelarse unas declaraciones hechas por el Papa Francisco en el marco del documental “Francesco”, estrenado en el Festival de Cine de Roma. 

“La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello”, dijo el Sumo Pontífice en el largometraje dirigido por el ruso Evgeny Afineevski.

“Lo que tenemos es que crear una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso”, refiriéndose a la época en la que fue Arzobispo de Buenos Aires, cuando Argentina debatió la legalización del matrimonio igualitario. 

El Papa ha tenido una posición ambigua en torno al tema. En 2018 dijo que cuando la homosexualidad se muestra desde la infancia “hay muchas cosas que se pueden hacer con la psiquiatría”.   

A principios de 2020, Costa Rica se convirtió en el septimo país latinoamericano en aprobar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Ya la unión estaba permitida en Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y algunos estados de México. 

Pese a las peticiones de ONG y movimientos sociales sobre el establecimiento de un marco jurídico para avalar la unión civil entre personas del mismo, el Estado venezolano nunca ha respondido y atendido de manera frontal al requerimiento.

En una entrevista concedida a Unión Radio este 29 de octubre, la diputada de la Asamblea Nacional, Tamara Adrián, dijo que el Tribunal Supremo de Justicia ha bloqueado desde 2015 cualquier iniciativa legal de la oposición. “El chavismo no tiene intención alguna de favorecer a las minorías, Maduro está buscando votos porque sabe que el discurso igualitario mueve gente, así le pasó a Barack Obama en Estados Unidos y a Nicolás Sarkozy en Francia”, sostuvo la parlamentaria. 

En Runrunes entrevistamos a Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela, Ana Margarita Rojas, cofundadora de la Fundación Reflejos y al sacerdote y activista social, Alfredo Infante para tener una visión más amplia de este tema.

¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones emitidas por el Papa en cuanto a la unión civil de homosexuales? 

Quiteria Franco: El Papa tiene dos funciones principales como Jefe de Estado y como cabeza principal de la iglesia católica, que es una de las religiones con mayor influencia en el mundo. En mi opinión ese mensaje está dirigido a los miembros de su iglesia. En muchos países del mundo, el matrimonio es una institución civil que afortunadamente se ha abierto a parejas del mismo sexo desde el año 2000, a pesar de la oposicion de la iglesia católica. Las palabras de Francisco son oportunas, pero tardías. Es un llamado a que la iglesia deje de inmiscuirse en los derechos civiles de los ciudadanos porque es un asunto que ya es imparable. El Papa habla de uniones civiles, no de matrimonios lo cual sigue siendo una distinción entre las parejas, por lo tanto su opinión es discriminatoria. Es un paso, pero no es suficiente. A los Estados les corresponde legislar y esto basado en la declaración universal de los Derechos Humanos y la opinión consultiva 2417 de la Corte Internacional de Derechos Humanos emitida a principios de 2018.

Ana Margarita Rojas: El Papa Francisco está dando su opinión desde el punto de vista laico, debido a su origen Jesuita es un hombre comprometido con las labores sociales. Eso no contradice su posición de fe. Los Estados se escudan en los dogmas de fe para no avanzar en los derechos sociales. Siempre nuestros derechos han estado subordinados a los dogmas de fe. En Venezuela vivimos una paradoja porque las luchas de los homosexuales en Latino America la lleva la izquierda socialista, aquí no. Somos una mancha gris. Lo único es que en Venezuela no se penaliza ser homosexual, de resto no tenemos ningun otro derecho. Hasta en Nicaragua la comunidad LGBTI tiene más derechos. En la escala de priorización somos el último de la fila. 

Alfredo Infante: La homosexualidad es un hecho humano. En el Concilio Vaticano II (1963-65) el Papa Juan XXIII insistió que nada humano nos es indiferente. Francisco es de la línea de Juan XXIII. Si la iglesia tiene vocación maternal acompaña a sus hijos e hijas sin discriminar por la condición. Francisco es consciente del drama existencial que viven las parejas homosexuales que han decidido compartir su vida y no gozan de sus derechos civiles, cuando muere uno de ellos, el otro queda totalmente desprotegido. También cuando hay separación de la unión ocurren grandes injusticias. Las parejas homosexuales están muy desprotegidas y excluidas de los marcos jurídicos civiles. Las palabras de Francisco buscan proteger y hacer justicia.

Nicolás Maduro endosó la responsabilidad de una ley aprobatoria de la unión civil igualitaria a la Asamblea Nacional que comenzará a legislar en 2021. ¿Interés verdadero u oportunismo político? 

QF: Maduro está haciendo lo que sabe hacer, intentar sacar ventaja de unas declaraciones para seguir engañando y manipulando a la población. Maduro tiene un historial terrible de declaraciones y conductas homofóbicas y transfobicas, hemos documentado toda clase de descalificaciones desde que siendo canciller en 2012 se dirigió a la oposición diciéndoles “mariconsones”, ese fue el permiso que le dio el chavismo para atacar a la gente por su orientación sexual. Desde el ano 2008 existe la obligación de la AN para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, establecida en la sentencia 190, que fue un caso de una solicitud de la ONG Union Afirmativa. El parlamento en manos del Psuv no hizo nada, entre 2010 y 2015 volvió a ignorar la petición, hasta finales de 2014 Maduro tuvo una Ley Habilitante y no hizo nada. A partir de 2015 tampoco hubo avance alguno. Es por lo tanto válido asumir que la estrategia de Maduro es para ganar seguidores de cara a las elecciones parlamentarias.

AMR: Ese es el juego de la papa caliente, hace 12 años el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia señalando a la AN como competente en ese tema. Es una actitud obviamente populista y proselitista. El Estado se ha burlado de la comunidad LGBTI por 20 años. Cuando nos ha tocado acudir a las mesas de trabajo en la AN se ríen en nuestras caras. Hay un manejo con tinte político en esta lucha que tenemos por que hagan reconocer nuestros derechos. Cuando se hace la marcha del Orgullo Gay, el Psuv la financia y no nos convocan, es algo que politizaron desde hace tiempo. Tamara Adrian siendo diputada de la AN no tiene identidad, las personas trans en Venezuela no tienen derecho ni a una cédula.

AI: Maduro es un oportunista político y lo hizo para dar la señal de que está de acuerdo con Francisco y al mismo tiempo congraciarse con el movimiento homosexual cuando todos sabemos que el discurso de muchos voceros es homófobo. Pero creo que la conciencia de derechos humanos es progresiva, cada vez se van dando avances en esta línea y el movimiento de DDHH irá conquistando estos espacios. Además, todo los avances tecnológicos y la globalización de la información irá generando estas nuevas sensibilidades.

¿Es posible que en un futuro cercano se redacte un marco jurídico para avalar el matrimonio igualitario en Venezuela? 

QF: Yo tengo la esperanza de que así será. Y con esa esperanza en mente es que seguimos trabajando. Hacemos uso de los recursos legales, los pactos internacionales, declaraciones, acuerdos y todo lo que hemos logrado en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Lo que hace falta es que legisladores, jueces y magistrados actúen como auténticos servidores públicos y pongan de primero el deber de Protección a la Ciudadanía sin discriminación alguna. Les toca mostrar con acciones el respeto a la dignidad de las personas y a las familias conformadas por personas del mismo sexo.

AMR: Me parece que estamos muy lejos de eso. Lo primero es que se debe comenzar por reconocer al otro, a la persona diferente, si no existe ese reconocimiento entonces no podrá haber convivencia. Estamos en presencia de un Estado homofóbico y discriminatorio. No tenemos por qué mendigar tolerancia y aceptación es un derecho que tienen los seres humanos. La mayoría de los partidos políticos en Venezuela pertenecen a la Internacional Socialista y esa instancia tiene un mandato que obliga a estos a tener una secretaría LGBTI, aquí eso no existe. Hacen falta grandes políticas de inclusión, empresas como IBM, Google, Procter & Gamble y Directv las tienen, como entonces es posible que un Estado no las tenga. 

AI: Creo que las uniones civiles son importantes para proteger los derechos humanos de los cónyuges y si la iglesia apuesta por proteger la dignidad de la persona debe reconocer este hecho. Como insiste Francisco es una medida para la convivencia justa y proteger la dignidad de las personas implicadas. Sobre si estamos preparados o no, todo esto son procesos y en el cuerpo social los procesos son diferenciados y quienes no están preparados poco a poco se irán preparando.

La gestión de Nicolás Maduro se ha empeñado en mostrar un manejo perfecto de la pandemia de SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa, COVID-19. Sin embargo, en su afán de control dejaron un cabo suelto: que la curva de decesos evoluciona en paralelo con la de casos positivos, es decir, si aumentan los contagios, aumentan las muertes

Desafiando la lógica epidemiológica, los decesos en Venezuela repiten un patrón constante que se expresa en una franja recta imposible de justificar a menos que se trate de cifras manipuladas. Las muertes oficiales no llegan a 1.000 pero las estimaciones más prudentes las ubican alrededor de los 9.000 casos

Texto @GitiW | Gráficos @Monkda92

Las muertes por COVID-19 en Venezuela tienen una peculiaridad: desde el inicio de la pandemia, el número diario de muertes reportadas por la gestión de Nicolás Maduro ha oscilado invariablemente entre cero y doce fallecidos. Nunca más de 12 y, curiosamente, jamás 11. Este patrón se repite independientemente del número de casos positivos que anuncien. Tras siete meses de pandemia siguiendo a rajatabla esa lógica, las muertes oficiales para el 15 de octubre sumaron 720 personas.  

4/5 A la fecha, en Venezuela se contabilizan 85.469 casos de #COVID19, de los cuales 7.060 se encuentran activos, 77.689 recuperados (91%), 4.655 están en Hospitales, 2.260 en CDI, 145 en Clínicas Privadas y la lamentable cifra de 720 fallecidos. pic.twitter.com/E80gp7mJMA

— Delcy Rodríguez (@drodriven2) October 16, 2020

Entre el 13 de marzo y el 15 de octubre transcurrieron 217 días con reportes oficiales de casos y fallecimientos en el país, ofrecidos por la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la Covid-19. En ese período, fueron más las veces que el gobierno venezolano reportó cero decesos (37,33%). En segundo lugar está el reporte de ocho fallecimientos (8,76%), y en tercero está el reporte de seis muertes por COVID-19 (7,83%).

En contraste a cómo se comporta la COVID-19 en el resto del mundo, en la pandemia que controla el chavismo aunque aumenten los casos positivos, los fallecimientos nunca varían. 

Tabla con cálculos propios de la frecuencia de aparición del número de muertes oficiales por COVID-19 en Venezuela

Este particular fenómeno epidemiológico no es sólo sospechoso, es imposible. “Al hacer un análisis de frecuencia de los números de fallecidos que reporta el gobierno venezolano notas cómo se repite el número 6, el 8 o el 9. Es absolutamente imposible que eso sea efecto del azar. ¿Qué significa que aparezcan 16 veces los números 3 y 4? Que los datos no tienen la distribución armónica de la curva de Gauss que es una distribución normal, en forma de campana. Cuando ves la distribución de cualquier fenómeno natural o biológico siempre tienen esa distribución que es la curva gaussiana”, explicó José Félix Oletta, epidemiólogo y ministro de Sanidad entre 1997 y 1999.

Si bien ningún país puede aspirar a una vigilancia epidemiológica perfecta, esa distribución gaussiana de la curva sí se observa en los países vecinos de Venezuela. El 02 de agosto de 2020, en pleno pico de su pandemia, Colombia notificó 11.470 casos positivos para COVID-19. Veinte días después, el país registró un pico de 400 decesos a causa de la enfermedad. 

El 29 de julio, también en el pico de su pandemia, Brasil reportó 70.869 casos positivos y, en correspondencia, tres semanas después notificó 1.365 fallecimientos. 

El 15 de agosto, el gobierno venezolano reportó 1.226 casos, la cifra más alta de contagios de COVID-19 en el país, sin embargo, las muertes reportadas tres semanas después promediaron 6 decesos. Mientras que en las fotos epidemiológicas de los países limítrofes, el aumento de casos generó una elevación en la curva de decesos, en la gráfica venezolana se mantuvo una franja recta sin apenas variaciones. En otras palabras, en Venezuela nunca hubo un pico de muertes. 

Como ya lo ha hecho con la malaria y el dengue, Oletta también le ha seguido el paso a las inconsistencias epidemiológicas de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. “Esas cifras de decesos son artificiales. De repente hay huecos, picos y valles que no guardan relación con los casos”, argumentó el médico. 

El experto en Salud Pública explicó que si bien los anuncios de decesos no los hacen con la fecha real de muerte sino cuando la Comisión Presidencial lo decide, y que además los casos de contagio los reportan de manera diferida, la falla en el reporte de las cifras se debe a la pérdida del profesionalismo. “Si esos números estuvieran procesados por la Dirección de Epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde todavía existen técnicos profesionales, le hubieran dicho a los hermanos Rodríguez que tuvieran más cuidado”, dijo Oletta. 

La lógica epidemiológica demuestra que las muertes por COVID-19 que anuncia la administración de Maduro no cuadran, pero además, las inconsistencias en las cifras se cuelan a través de las grietas comunicacionales, toda vez que aunque en la plataforma Patria no hay registrada ninguna muerte por COVID-19 en el estado Portuguesa, el gobernador de la entidad, Rafael Calles -afecto al chavismo-, informó el 14 de octubre que los casos positivos llevan tres semanas consecutivas en aumento y que en ese lapso se produjeron 15 fallecimientos a causa de COVID-19. 

El segundo informe sobre el estado actual de la epidemia, publicado en agosto por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), destacó la discrepancia entre el reporte oficial y la realidad: “Las cifras oficiales sólo dan cuenta de menos de 10 muertes por día, por lo que estimamos que existe también un subregistro significativo en el número de decesos atribuidos a la COVID-19”.  

“Desde el principio de la pandemia, las muertes han sido manipuladas ex profeso”, afirmó una epidemióloga que ha hecho un seguimiento riguroso a la pandemia en Venezuela y que pide mantener su nombre en reserva por ser empleada del Estado. 

La experta en enfermedades infecciosas confirmó un dato relevante: “El reporte diario de casos sí corresponde con lo que encuentra el Instituto Nacional de Higiene (INH). Esa fue una sorpresa, por supuesto hay que tomar en cuenta el enorme subregistro y el desfase de los casos. No obstante, esa no ha sido la situación con el reporte de las muertes. Ahí sí se ve que esconder las cifras fue una política desde el principio para dar la impresión de que estaban manejando bien la epidemia”. 

Que la cifra de casos positivos que reporta la Comisión Presidencial sea la que realmente emana del INH delata la manipulación de la data oficial de decesos. “La curva de muertes es una curva parecida al número de casos diarios. La lógica que están siguiendo no responde al comportamiento epidemiológico. Es evidente que siguen un patrón para nunca anunciar más de 10 casos”, dijo la epidemióloga. 

“Cuando se comete un delito y se pretende cubrir todos los detalles, hasta el criminal más detallista comete errores. ¿Cuál es la motivación? Mantener la tasa de casos letales en un valor estable de 0,84%. Este fenómeno viene desde hace meses y es imposible mantenerlo así de forma natural. En un análisis comparativo de los patrones de cualquier país del mundo, de las 213 naciones que tienen casos registrados, no se encuentra nunca el índice de letalidad estable durante meses como lo ha estado en Venezuela desde mayo, eso es imposible. Parece que ellos para poder ajustarse al valor del 0,84% hacen el proceso al revés: no modifican el índice de letalidad y calculan el número de muertes en relación con el número de casos confirmados. Tienen una limitación y es que no quieren pasar de 10 fallecidos y, en consecuencia, hacen una operación imposible desde el punto de vista epidemiológico”, explicó Oletta. 

Muertes por COVID-19 oscilarían entre 2.500 y 9.000

Precisar la verdadera dimensión de la pandemia en Venezuela es como intentar armar un rompecabezas al que le faltan las piezas que ocultó la gestión de Maduro. Sin embargo, hay una premisa sin discusión entre los epidemiólogos consultados: han muerto más personas de las reportadas oficialmente. En su segundo reporte, la Acfiman confirmó esa apreciación: “De acuerdo con las cifras estimadas de nuevas infecciones diarias y los porcentajes de fatalidad reportados en otros países de la región, inferimos un subregistro importante en los reportes oficiales de decesos a causa de la COVID-19”. 

¿Qué tan grande es el subregistro de muertes? He ahí la cuestión. El método para determinar cuántas personas han muerto por COVID-19 en muchos países, entre ellos el Reino Unido, se basa en calcular el exceso de mortalidad, esto es, cuando las muertes en un determinado período sobrepasan el promedio de decesos en ese mismo período en años anteriores. Esa diferencia entre las muertes esperadas y las ocurridas es el exceso de mortalidad. Emplear este método requiere de dos condiciones: que se lleve un registro preciso de las muertes en el período a analizar y que se tenga el registro histórico de defunciones en el país. 

“En Venezuela no tenemos una línea basal que nos permita estimar el exceso de mortalidad”, lamentó la epidemióloga pues la imposibilidad de acceder al histórico de muertes implica que no se puede emplear este método.

Ante la imposibilidad de emplear el método por exceso de mortalidad, otro epidemiólogo consultado por Runrunes para esta nota, quien por temor a la persecución oficial prefirió mantener su nombre en resguardo, apuntó dos alternativas para estimar el número de fallecidos por COVID-19 en Venezuela a partir de las propias inconsistencias de los datos oficiales.

Hipótesis 1: Aplicar el índice de letalidad mundial a los casos oficiales

El índice de letalidad “es el cociente entre el número de fallecimientos a causa de una determinada enfermedad en un período de tiempo, y el número de afectados por esa misma enfermedad en ese mismo período”. El patrón de muertes oficiales dejó en evidencia que el índice de letalidad en la pandemia venezolana “se estancó” en 0,84%, pero en el resto del mundo el promedio para el 15 de octubre era 2,91%, esto es, que del total de personas reportadas como positivo para COVID-19 mueren el 2,91%.

“La relación entre ambos índices es de 3,27 y eso quiere decir que en el mundo mueren por COVID-19 el triple de personas que en Venezuela, dicho de otro modo, un enfermo de COVID-19 en Venezuela tiene tres veces más probabilidades de recuperarse que en el resto del planeta, lo que es totalmente ilógico para un país como el nuestro en el que se invierte menos del 2% del PIB en salud, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud”, argumentó el epidemiólogo.  

“Trabajando exclusivamente sobre los casos reportados de manera oficial es posible obtener un total de muertes distinto al presentado por Maduro. Si a los 85.469 casos acumulados reportados hasta el 15 de octubre le aplicamos el índice de letalidad promedio mundial, en lugar de 720 muertes estaríamos frente a 2.487 decesos. Tomando por buenas las cifras del INH tendríamos una diferencia de 1.767 decesos respecto al número de muertes oficiales”, explicó el epidemiólogo. 

Hipótesis 2: Usar el promedio nacional de la tasa de contagio (R0) sobre los casos oficiales

El valor R0 de una enfermedad es el número de casos que, en promedio, van a ser causados por una persona infectada durante el período de contagio. Dado que entre los métodos de Maduro para “aplanar la curva” están bajar el número de contagios que se reportan -bien sea por la escasez de pruebas, el colapso del INH o por falta de voluntad-, una vía para corregir esa reducción es usar el promedio del valor R0 durante los días que lleva la pandemia.

“El promedio nacional de este índice hasta el 15 de octubre es de 1,06. ¿Qué se hace entonces? Se eleva 1,06 a la 217 (por los días transcurridos de la pandemia hasta el 15 de octubre) y en lugar de los 85.469 casos oficiales hasta ese momento tendríamos un acumulado de 310.007 casos. Al usar esta modalidad de cálculo, la curva de los casos estimados se empareja con la de los casos oficiales para el 18 de septiembre y a partir de esa fecha los estimados comienzan a ser más que los reportados”, explicó el epidemiólogo. 

Si a ese nuevo total de casos acumulados (310.007) se le aplica el índice de letalidad promedio mundial (2,91%), las muertes por COVID-19 en Venezuela llegarían a 9.021. 

Con base en ambas hipótesis, que usan los datos oficiales que de por sí tienen un subregistro importante, las muertes por COVID-19 en Venezuela oscilarían entre 2.487 como límite inferior y 9.021 como límite superior. 

El canario en la mina: personal de salud fallecido por COVID-19

En una investigación global, la ONG Amnistía Internacional reveló que más de 7.000 trabajadores del área de la salud han muerto en el mundo a causa de la pandemia. De ese total, la Organización Panamericana de la Salud señaló que 2.506 muertes por COVID-19 corresponden a profesionales del sector salud en el continente americano. 

México y Estados Unidos encabezan la lista en la región, el primero con 1.744 fallecidos y el segundo con 1.293. Brasil ha reportado 685 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19. Perú, que con 33 millones de habitantes tiene una población parecida a la venezolana, reportó 200 decesos entre su personal de salud hasta el 6 de octubre. 

Desde el 16 de junio, fecha en la que falleció el primer médico venezolano en el estado Zulia, la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) comenzó a llevar una estadística para reflejar las muertes por COVID-19 del gremio de la salud, las cuales no estaban siendo incluidas en los reportes oficiales.

Para el 19 de octubre, la cifra no reconocida por el gobierno de Maduro del personal de salud fallecido en Venezuela era de 231 profesionales, lo cual representa el 31,17% del total de muertes en el país. Con ese porcentaje, el personal de salud venezolano sería por mucho el más afectado por la pandemia en la región. 

En contraste con el manejo de la información oficial sobre los fallecidos en todos el país, Médicos Unidos de Venezuela ha presentado sus datos de manera abierta y transparente, ofreciendo los nombres, fechas de defunción y estado de residencia del personal. “En la curva de casos de fallecidos por COVID-19 del personal de salud vemos que sigue una trayectoria con ascenso, pico y bajada. Así debería ser la de todo el país”, explicó la experta en enfermedades infecciosas. 

Que en Venezuela hayan fallecido 231 miembros del personal de salud no hace sino reforzar las hipótesis presentadas sobre las inconsistencias de los datos oficiales. La sobrerrepresentación del personal de salud en las muertes por COVID-19 en Venezuela podría verse como el canario en lo profundo de la mina, cuya muerte alerta sobre la existencia de una situación peligrosa. 

Los 1.744 fallecimientos del personal de salud en México -de un total de 84.898 decesos por COVID-19 para el 14 de octubre-, representan 2,05%. Asimismo, los 200 miembros del sector salud fallecidos en Perú representan 0,59% del total de muertes (33.820 para el 20 de octubre). Si en Venezuela se diera una relación similar a la de estos dos países, las muertes totales podrían oscilar entre 11.268 (equivalente al 2,05% de México) y 39.152 (equivalente al 0,59% de Perú). 

La curva se aplana haciendo menos pruebas

El 21 de septiembre, Maduro dijo: “Podríamos lograr una situación de control, de equilibrio favorable, es lo que estamos buscando en este mes de septiembre para avanzar en el último trimestre en una situación de efectivo control de la pandemia en octubre, noviembre y diciembre”. 

Dicho y hecho: el número de casos positivos reportados diariamente comenzó a descender. Aquel 21 de septiembre cuando Maduro habló del “control efectivo de la pandemia” se reportaron 787 casos y en menos de un mes, el 16 de octubre, se reportaron sólo 289 casos. 

La proeza de controlar la pandemia en cuestión de un mes puede explicarse por la confluencia de varias circunstancias. La primera es la dramática reducción en el número de pruebas PCR que realiza el Estado, que de por sí era el país de la región que menos pruebas realizaba según consta en el segundo informe de la Acfiman. 

“El régimen informa menos casos pero ahora hace menos pruebas. El número de pruebas se redujo 64,4% entre mayo y septiembre. Si no hacen pruebas no tienen diagnóstico. Así no puede hacerse un seguimiento de la evolución de la epidemia”, dijo Oletta. 

La segunda es la escasez de virocults para realizar el hisopado faríngeo nasal. “El método elegido por el régimen para reducir los casos de COVID-19 es el subregistro y subnotificación de casos confirmados. Para eso se valen de una limitación en el número de pruebas diagnósticas pero además no disponen de suficientes virocults para tomar las muestras nasofaríngeas”, explicó Oletta. 

El experto en Salud Pública señaló que el inventario de virocults al 7 de octubre reveló que estados como Aragua y Táchira no tienen existencia y que otros con gran densidad de población, como Distrito Capital y Miranda, disponen de un máximo de 500 unidades. 10 entidades federales disponen de menos de 50 unidades. Oletta afirmó que la disponibilidad total de virocults es insuficiente para el número de muestras que deberían ser procesadas diariamente para la vigilancia epidemiológica de la pandemia. 

La experta en enfermedades infecciosas explicó que la tercera circunstancia que incide en la reducción de casos es que el principal laboratorio del país para procesar las pruebas sufrió un problema operativo y un procedimiento que se hacía de manera automatizada ahora se hace manual. En consecuencia, en lugar de procesar unas 2.500 pruebas diarias hacen menos. “No tienen para tomar la muestra y además la capacidad de procesar pruebas está limitada. Si el interés es hacer desaparecer la pandemia por razones políticas no buscarán superar estas limitaciones. Es evidente que comenzaron a bajar los casos a propósito porque les conviene que haya un ambiente de normalidad porque hay que ir a votar”, argumentó. 

La epidemióloga dijo que hay otro elemento que quizás sí esté contribuyendo a reducir realmente los casos: la escasez de gasolina. “Podría ser que ahorita vuelva a pasar lo que pasó entre marzo y abril, que la falta de gasolina genere una interrupción en la propagación del virus, es decir, que se rompan las cadenas de transmisión. Al principio de la pandemia este país estaba totalmente inmovilizado, la gente no salía a las carreteras porque no había gasolina. Eso ha vuelto a ocurrir. Si tienes un país fragmentado y con poca entrada externa del virus, es lógico que la pandemia presente un crecimiento más lento”. 

Esconder la pandemia debajo del arbolito

Para confirmar su intención de regresar a la normalidad, el gobierno adelantó el inicio de la temporada navideña para el 15 de octubre. Sin embargo, la época decembrina que describe el segundo informe de la Acfiman pone en duda las pretensiones del chavismo. “Anticipamos un aumento significativo en la demanda de servicios hospitalarios y camas con soporte ventilatorio en los próximos meses (…). En Venezuela, la epidemia de la COVID-19 aún se encuentra en su fase expansiva con un potencial de crecimiento exponencial alto”, dice el informe. 

Oletta lamentó que Venezuela fuera el único país de América del Sur que no consulta a sus Academias científicas. “Cuando el gobierno reportó 46.728 casos el 31 de agosto, la proyección más moderada de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales era de 280.368 casos; para diciembre estimaron un incremento a 14.000 casos por día. La estimación de casos acumulados para diciembre, si no hay cambios en el patrón de crecimiento, estaría en torno a 1.399.000 casos”. 

“Creo que nunca vamos a saber con certeza el número real de muertes por COVID-19 en Venezuela, esa es mi impresión, primero por la dificultad implícita en el problema y segundo porque no hay la voluntad ni la transparencia de los órganos del Estado para hacerlo. Eso no es nuevo con esta pandemia, este gobierno tiene una política de ocultamiento de la información que por ley le corresponde a los ciudadanos. A mí me ha tocado durante los últimos 12 o 13 años poner en evidencia muchas de esas acciones de ocultamiento”, dijo Oletta. 

El ex ministro de Sanidad aseguró que muchas de las muertes por COVID-19 no se dan en los centros de salud sino en la comunidad, y que aunque los médicos tengan la sospecha del virus no pueden anotarlo en los certificados de defunción pues carecen de la prueba confirmatoria. “Lo que están haciendo muchos médicos es colocar entre los factores contribuyentes ´sospecha de COVID-19´ y así no pueden decir nada. En un futuro, cuando tengamos que rescatar muchos de esos casos ocultos podremos recurrir a revisar las actas de muertes y buscar esa información”, explicó. 

La experta en enfermedades infecciosas ofreció una segunda vía para, en un futuro, estimar los casos reales de muertes por COVID-19. “Lo único que nos va a ayudar es hacer estudios de seroprevalencia. Se realiza un muestreo epidemiológico para saber cuál es el porcentaje de la población que tiene anticuerpos para el virus. Eso identifica la tasa de ataque, en otras palabras, permite saber cómo fue la infección en la población. A partir de ese número se puede extrapolar cuántos casos debe haber habido y cuántas muertes. Es un análisis a posteriori. Eso se podrá hacer independientemente del gobierno, posiblemente el próximo año”. 

Cuando ese tipo de análisis se realizó en España y en el Reino Unido, se pudo determinar la presencia de anticuerpos en 5,2% y 6% de la población respectivamente. Actualmente Colombia está realizando un estudio de seroprevalencia a nivel nacional. 

El diputado Olivares, quien funge como comisionado presidencial para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, presentó el 8 de octubre en conjunto con la Universidad de Miami, una plataforma para realizar una “autopsia verbal” con el objetivo de “luchar por la verdad del COVID-19 en Venezuela. La autopsia verbal permitirá generar cifras reales sobre la pandemia en el país”, dijo el diputado. 

Lanzamiento de la Autopsia Verbal con la Universidad de Miami, VAMA, la lucha por la verdad del Covid-19 en Venezuela https://t.co/SmIFG4d95k

— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) October 8, 2020

Olivares explicó que el registro de la información se hará a través de una plataforma a la que se podrá ingresar desde un teléfono y el usuario no tendrá que colocar datos personales. 

Mientras se materializan estas vías alternativas para conocer el verdadero alcance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, la única certeza es que sin las medidas de control adecuadas, los casos seguirán en aumento. Quedará por verse si la que debería ser una curva de fallecimientos normal seguirá manteniendo una línea recta que desafía la lógica epidemiológica, la vigilancia sanitaria internacional y, además, indigna a tantas familias enlutadas cuyos muertos ni siquiera son incluidos en la estadística oficial. 

La consulta popular es la propuesta de la Asamblea Nacional ante las elecciones legislativas que consideran fraudulentas. Con eso se intenta buscar el apoyo de la ciudadanía para que respalde la implementación de mecanismos de presión tanto interna como externa, además de la realización de elecciones “libres” que ponga fin a la presidencia de Nicolás Maduro

Héctor Briceño, analista político, considera que la oposición debe trazar una estrategia para el mediano y largo plazo, porque el país y los dirigentes políticos no “aguantan” caminos a corto plazo que fracasan

@saracosco

“No ofrecemos soluciones mágicas o caminos libres de sacrificio. (…) Así que Venezuela, aquí está la articulación de liderazgo, la suscripción del pacto unitario, pero sobre todo para dirigir y orientar a la solución definitiva de Venezuela, hoy más que nunca reconozco a todos, hoy más que nunca confió en Venezuela”, fueron las palabras del presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la presentación del “pacto unitario”.

Ese acuerdo contemplaba la propuesta de una consulta popular, basado en el artículo 70 de la Constitución. Guaidó aseguró el 9 de septiembre que la consulta no era un fin en sí mismo. “Es un medio de agitación, de presión a la dictadura en este momento y ese es el enfoque que estamos dando (…) No se trata de un día D”, explicó. 

Casi un mes después la propuesta fue aprobada por la Asamblea Nacional, mediante un proyecto de acuerdo y luego fue juramentado el Comité Organizador, aunque por el momento no tiene fecha, Guaidó aseguró que en los próximos días se confirmará esa información y que será “alrededor” del 6 de diciembre, fecha de las elecciones legislativas convocadas por el CNE, y desconocidas por la mayoría de la oposición.

Blanca Rosa Mármol de León, una de las integrantes del Comité Organizador aseguró que esta nueva consulta “no será otra más”. “Esta consulta es un mensaje a la comunidad internacional para hacerles saber que no podemos solos. Llevamos más de 20 años luchando por nuestros derechos, y han sido sistemáticamente arrebatados”, expresó.

Aunque agregó que manejan distintos escenarios, uno de ellos que se prohíba la consulta, que se realice y el resultado no sea permitido por los que mantienen el poder o que se pueda llevar a cabo la consulta y el resultado sea aceptado. 

La movilización lo es todo

La politóloga Maryhen Jiménez considera que la efectividad de la consulta popular se va a desprender de si las metas son realizables o no y eso también dependerá de la movilización y organización de los ciudadanos. 

“En primer lugar creo que no queda muy claro cuál es el objetivo real de la consulta, se dice que se quiere hacer presión en la comunidad internacional. La pregunta es si ese debe ser el énfasis del G4, dado que ya cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, alrededor de 60 países, que ya han dicho en su mayoría que no van a reconocer las parlamentarias del 6D”, agregó.

También señala que en las declaraciones de los dirigentes políticos del Centro de Comunicación del gobierno interino se habla de que la consulta es para generar la presión necesaria para lograr una transición. “Eso significa que estás conectando de cierta forma esta consulta a una transición, si eso no ocurre, nuevamente no habrás cumplido con las expectativas que generaste en la población”.

El analista político, Héctor Briceño considera que la consulta busca relegitimar el liderazgo de la Asamblea Nacional, ante los ciudadanos, al resto de dirigentes políticos y la comunidad internacional. A su juicio, la efectividad de la consulta dependerá de la capacidad de convocatoria, tomando en cuenta la pandemia de la COVID-19, y también de las garantías que tenga el proceso. 

“Que logren las condiciones electorales, que las den a conocer, si los organizadores generan confianza en la ciudadanía, además de la transparencia que se demanda en todo proceso electoral”, indica.

Para Jiménez otro punto clave es el de la viabilidad de la consulta, pues la oposición puede tener la mayoría del apoyo popular, pero si la propuesta no es viable, no generará el músculo, la organización y movilización para lograr el cambio. 

Palabra clave: transparencia

Hasta el momento se conoce quienes son los organizadores de la consulta popular: Enrique Colmenares Finol, Blanca Rosa Mármol de León, Carolina Jaimes Branger, Horacio Medina,  Rafael Punceres, Estefanía Cervó e Isabel Pereira Pizani. Jaimes Branger presentó su renuncia al Comité Organizador informando que fue diagnosticada con hepatitis y el médico le ordenó reposo absoluto.

En la consulta se harán dos preguntas que ya fueron planteadas por la Asamblea Nacional:

La primera pregunta es: ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?.

Mientras que la segunda pregunta se refiere a las elecciones del próximo 6 de diciembre: ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?.

Pero no se conoce hasta el momento cuál será la fecha de la consulta popular. El presidente Guaidó aseguró en el acto de campaña llamado “Venezuela alza su voz” en Caracas, el pasado jueves, 22 de octubre, que entre “mañana y pasado mañana”, el Comité Organizador daría esa información.

Ese mismo Comité ofreció una rueda de prensa el lunes, 19 de octubre, en el que indicaron que la fecha sería cercana al 6 de diciembre. Enrique Colmenares Finol señaló que también están contemplando diversas formas de votación, pensando en la pandemia del COVID-19. Podría ser presencial, electrónico o mixto. 

Colmenares señaló que podría ser un día para el sistema presencial y el virtual en varios días. Igualmente la diputada Olivia Lozano (VP-Bolívar) indicó a Runrunes que se utilizará un sistema mixto de votación entre manual y electrónico. 

También informó que se contratará a una empresa para la votación electrónica y adelantó que 10 compañías hicieron sus propuestas y el comité técnico está en evaluación. “Hasta ahora están en conversaciones con tres de ellas. Una vez presentado el informe a los comités políticos y organizador se dará la buena pro”.

Sobre el nombre de las empresas que están siendo evaluadas, la diputada señaló que es confidencial por “razones de seguridad”. Indicó que el informe sobre las empresas será presentado a los medios de comunicación, “aunque debemos tratar de que no sean objeto de persecución y asedio por parte del régimen”. 

Para el analista político, Héctor Briceño, la gente tiene ganas de manifestarse y expresar su descontento, como se ha visto en las protestas más recientes en Yaracuy, Guárico y Lara. Entonces considera clave el sistema que se utilizará en el proceso de votación, aunque la consulta popular pueda resultar un mecanismo sencillo.

Igualmente considera necesario el uso de testigos electorales, que puedan certificar que los resultados son los que se indican, así como la tasa de participación. Es decir, lo más importante en la consulta es la transparencia. “Que digan cuál es el mecanismo, una buena distribución de centros, donde influyen la pandemia del COVID-19”.

Briceño agrega que vale la pena contar con observadores que sean externos a los organizadores, “que puedan de alguna manera constatar y verificar el proceso, la calidad, la integridad. Es un proceso electoral donde nadie hace campaña en contra (…) sin embargo tiene que haber algún actor que de alguna manera certifique que se dieron unas condiciones de campaña, de que se le participó algo a la gente, o se le trató de transmitir algún tipo de mensaje más allá de una obligación de votar porque sí”. 

El analista no cree que se haga campaña en contra de lo que se propone, como podría pasar en un referendo, aunque el gobierno de Nicolás Maduro puede obstaculizar el proceso, no llamaría a la participación, al igual que el grupo opositor que participará en las elecciones legislativas. “No se van a movilizar para votar que no, porque saben que esa movilización, aunque sea para votar no, legitima el proceso”. 

Sin embargo, explica que parte de la legitimidad de la consulta viene por los altos índices de participación. “En la medida en que sean incluyentes, convoques a más sectores y que logres llevar esta consulta a mayor número de sectores, incluidos aquellos que puedan tener alguna crítica, o estar de acuerdo o no por completo, entonces dividir su votación, apoyar una parte de la votación y otra no, por ejemplo, le dará mayor legitimidad y credibilidad al proceso”. 

Por otro lado, la politóloga Maryhen Jiménez, considera que la consulta se está haciendo en este momento porque lo que se tenía planificado previamente no funcionó. “Tienes que desarrollar este mecanismo para de cierta forma darle un marco a esa política que decidiste el año pasado”.

Además no está segura si las preguntas que están contempladas en la consulta son las más importantes actualmente para los venezolanos y si lograrán unificar a la población y movilizar. “En realidad lo que vemos también es un poco siempre esa anti identidad de la oposición, no representa algo constructivo, propositivo, sino es una anti identidad, el anti fraude”. 

Todo puede depender de si esto representa un hito, si tiene una narrativa y si conecta con la realidad del día a día. “Una de las teorías del voto, es si es racional o no y qué voy a sacar yo de esta elección. La pregunta es entonces bajo esa lógica racional costo-beneficio, cuál sería el costo-beneficio de la población venezolana de participar en este momento en esta consulta, qué le va a dejar. Son las preguntas que nos tendríamos que hacer”.

También considera que el no tener fecha genera incertidumbre, porque no se presenta un plan con unos pasos a seguir, algo concreto, “bajo la excusa de que todo este proceso es complicado, pero al mismo tiempo se tiene que convencer a la población. Si el G4 en las pocas semanas que quedan no logra convencer a la población con un mensaje, una ruta, que hasta ahora no hay, entonces creo que será difícil lograr una alta participación”.

El barco zarpó

Para los analistas la oposición tenía varias opciones antes de llegar a la consulta popular, una de ellas para Jiménez era participar en las elecciones legislativas, si se entendía que eso era parte de la agenda, pero “ya es muy tarde y ya ese barco se fue hace mucho tiempo”.

“Si en enero no se hubiera pensado que esto era cuestión de horas o de semanas, entonces hubiera habido una planificación, una ruta estratégica de corto, mediano plazo”, añade. Cree que ahora la urgencia es una negociación a lo interno de la oposición para encontrar mecanismos de resolución de conflictos, de toma de decisiones, y su transparencia en cuanto a esas decisiones. 

“Ha habido una lógica de vamos viendo sobre la marcha. El gobierno interino no estaba diseñado para gobernar, sino para buscar el cambio político, pero ha tratado de gobernar, pero no lo ha hecho muy bien porque no puede, porque en realidad quien controla el Estado es Maduro”, indica.

El analista Héctor Briceño concuerda con Jiménez en que ya varias opciones pasaron, aunque más allá de eso, “creo que hay que ser consciente de que las opciones todas son bastante malas. Lamentablemente estamos en un escenario en el que seguimos eligiendo malas opciones, a eso ha reducido la lucha política el gobierno”.

Sin embargo expresa que más allá del resultado de una consulta, debe haber una estrategia que sea trazada para el mediano y largo plazo. “El país y la oposición no aguantan caminos a corto plazo que fracasan y son sucedidos por una nueva estrategia a corto plazo”.

Briceño señala que el plan debe tener varias opciones, que se pueda visualizar todo su proyecto, que puede no cumplirse a cabalidad y puede tener reveses, pero que igual permita avanzar. “Hay muchos escenarios electorales todavía en el horizonte, para lo que habría que irse preparando cuanto antes, y creo que es lo peor que ha sucedido este año. Tenemos una consulta que será dentro de un mes y medio, pero todo el mundo sabía hace dos años que había otra consulta (las parlamentarias) para lo cual no se preparó, porque la oposición se preparó para escenarios muy cortos”.  

Entusiasmo moderado

En una encuesta hecha en la cuenta de Twitter de Runrunes, sobre la disposición de la gente a participar en la consulta popular, participaron 6.657 personas de las cuales el 45,1% expresó que sí acudirá a la votación, mientras que el 37,7% respondió que no participará; 11,9% indicó que no conoce las preguntas y 5,4% de los usuarios dijo que participará con dudas.

La usuaria @pelayo_Nolkys expresó que si estuviera en Venezuela participaría, como en 2017, “como ir a marchas, colaborar con comidas, agua, transporte. Cualquier granito de arena que sea por mi país si ayuda, lo hago”.

Igualmente @Mijague respondió que hará todo “sin flojera por quitarnos a este régimen de encima. Es lo peor y lo tengo bien claro. Es el primer paso y luego veremos qué hacer”. Mientras que @Milenys63961187 señaló que con la consulta se convalidarán las acciones que el gobierno interino necesita tomar. “Es una manera formal y pacífica de protesta para activar todo lo que queremos”.

“Hasta cuando lo mismo, no se cansa, que haga cosas concretas, ya ni sé cuántas consultas se ha realizado y la respuesta es la misma, queremos ser libres Dios mío pero al parecer el miedo los hace retroceder cada vez que creemos ver una luz en el camino!”, fue la respuesta de @audemiz. 

También la usuaria @HildredLiendo preguntó qué pasará con los resultados de la consulta. “Yo no he leído: primer paso: consulta. Segundo paso: ¿Sale Maduro?”

📊⬇️.@jguaido reiteró este jueves el llamado a una consulta popular para la que todavía no ha establecido una fecha, pero que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional ¿Participarás?

— Runrunes (@RunRunesWeb) October 2, 2020

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El abogado Juan Carlos Mogollón señaló que el gobierno venezolano debe informar en un máximo de 15 días a partir de que se informó de las medidas cautelares de la CIDH, cómo están cumpliendo las mismas

De acuerdo con el informe Globocan de las Naciones Unidas del 2019, para este 2020 se estimaba que la tasa de mortalidad por cáncer de mama en Venezuela sería de 3.199 mujeres. En el caso de la COVID-19, hasta el 24 de octubre, la administración de Nicolás Maduro registró 770 fallecimientos, desde marzo que se anunciaron los primeros casos

“Mami tiene que estar sana, pero mami no tiene recursos”, dijo María Alejandra Díaz, una de las beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH

@Andrea_GP21 / Foto: Frente Amplio Mujeres Venezuela

El pasado lunes, 19 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 12 mujeres con cáncer de mama en Venezuela, quienes han sido apoyadas por las ONG Funcamama y Senos Ayuda.

Según la resolución, la Comisión hace un exhorto al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias “para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias”.

Además, la CIDH solicita al gobierno que se dedique a esta tarea a través de medidas “inmediatas” que posibiliten a todas las beneficiarias un “tratamiento médico adecuado, incluyendo a los medicamentos”, así como los como los diagnósticos y exámenes que permitan “evaluar de manera regular su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables y con la incorporación de una perspectiva de género”.

En el año 2019, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó que anualmente, en la región de Las Américas, más de 462.000 mujeres son diagnosticadas y casi 100.000 fallecen. En Venezuela quienes padecen esta enfermedad son más vulnerables debido a la crisis humanitaria compleja.

Un ejemplo claro y que llegó a muchos corazones fue el de Elizabeth Salazar, una mujer que con 65 años conmovió a todo el país en el año 2018 al mostrar uno de sus senos gravemente afectado por el cáncer de mama, que tenía en estado metastásico, frente al Ministerio de Salud.

Elizabeth Salazar, es una defensora de derechos humanos de larga data. Es una paciente con Cancer que en 8 meses no ha recibido tratamiento médico. #Venezuela #CrisisHumanitaria (v/ @sincepto ) pic.twitter.com/ckFzAS3sSH

— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) June 5, 2018

Salazar abogó en el año 2019 para que el gobierno de Nicolás Maduro permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela para que personas como ella y con otros problemas de salud, tuvieran el acceso adecuado a tratamientos médicos.

Aunque viajó a Colombia para poder continuar con su tratamiento y esperar una mejoría, lamentablemente falleció el 30 de diciembre del 2019, dejando a millones de personas con una profunda tristeza por dicha pérdida, causada por la crisis humanitaria.

Como Elizabeth hay muchas mujeres en Venezuela en riesgo de perder la vida por falta de tratamientos y medicamentos necesarios para combatir el cáncer de mama, que esperan encontrar la luz que les permita luchar adecuadamente contra esta enfermedad.

CIDH por 12 mujeres con cáncer de mama en Venezuela

El abogado Juan Carlos Mogollón, coordinador de Redes y Activismos, y coordinador académico del Aula Virtual Cepaz, informó en una rueda de prensa donde participaron los representantes de varias organizaciones, que la solicitud fue presentada en junio del año 2019 y que una medida de este tipo se otorga cuando se identifica “un riesgo grave, inminente e irreparable de violación a algún derecho humano”.

“La Comisión tomó en cuenta las graves barreras que enfrentan las mujeres para acceder a un tratamiento médico adecuado, incluyendo la falta de acceso a tratamientos médicos. Esta situación se considera en un punto crítico en Venezuela como resultado de la crisis política, económica y social”, añadió Mogollón.

Además, aseguró que la Comisión manifestó su preocupación por la situación de salud oncológica en Venezuela y la deficiencia de los servicios públicos, al tiempo que agregó que el gobierno venezolano debe informar en un máximo de 15 días a partir de que se informó de las medidas, cómo está cumpliendo las mismas.

“Vamos a seguir monitoreando las medidas. Vamos a seguir su cumplimiento. Y también vamos a promover que si no hay cumplimiento, se está demostrando que hay una violación de los derecho humanos en nuestro país”, afirmó Mogollón.

ONG acompañando a mujeres con cáncer de mama

A propósito de las medidas cautelares que otorgó la CIDH a 12 mujeres venezolanas, Luisa Rodríguez, presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama), intervino en el encuentro y diferentes organizaciones civiles, científicas y la Academia, hicieron una propuesta conjunta motivado al índice de la mortalidad por cáncer de mama, al no existir una respuesta por parte del sistema de salud venezolano, las cuales se presentaron a autoridades del gobierno venezolano.

“En Venezuela el cáncer de mama es la condición de salud oncológica de mayor incidencia y mortalidad. Es alarmante que el gobierno venezolano no haya realizado acciones eficaces y sostenibles para cambiar esta realidad, advirtió.

Asimismo, advirtió que más de 5 millones no pueden pagar los exámenes de detección temprana del cáncer de mama en la red privada, agregando que el sistema de salud pública tiene una capacidad de atender apenas al 0.5% de la población susceptible de padecer cáncer de mama en la fase de diagnóstico.

Por su parte, Nancy Cardozo, gerente general de la ONG Senos Ayuda, comentó que el promedio de muertes por esta enfermedad en Venezuela se ubica entre 54 y 65 años y que, el tratamiento para este tipo de cáncer es uno de los más costosos, señalando que se necesita un presupuesto de 9,000 dólares en promedio.

Asimismo, comentó que para hacer la solicitud a la CIDH sobre estas medidas cautelares, se debía tener el informe médico completo de todas las mujeres, que en principio eran 25, pero el grupo se redujo, pues las actualizaciones de los informes requerían presentar pruebas y exámenes cuyos costos no podían ser costeados por todas ellas.

En ese sentido, el grupo quedó reducido a seis mujeres, más las seis que estaban siendo representadas por Funcamama. Desafortunadamente, de las 12 mujeres que recibieron las medidas cautelares de la CIDH, dos fallecieron debido a las complicaciones de la enfermedad y falta de tratamiento adecuado. “No lograron sobrevivir a la enfermedad y las otras lograron completar su tratamiento con muchas dificultades”, señaló Cardozo.

“La incidencia del cáncer de mama en el mundo va en descenso, pero en Venezuela los índices de mortalidad van en aumento”, advirtió Cardozo.

A su vez, Bolivia Bocaranda, presidenta de Senos Ayuda, comentó que a partir de estas medidas, otras personas pueden plegarse a ellas, al tiempo que felicitó a todas las organizaciones involucradas en este proceso y rindió un homenaje a Elizabeth Salazar, por su lucha incansable contra esta enfermedad.

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Las beneficiarias

Lery Viloria de González y María Alejandra Díaz forman parte del grupo de mujeres beneficiadas con las medidas cautelares de las CIDH. Durante la rueda de prensa de las ONG, ambas ofrecieron su testimonio para explicar cómo han sobrellevado la enfermedad.

En primer lugar, Lery Viloria comentó que le fue detectado el cáncer en el año 2017. En ese momento, sus médicos le indicaron que debía someterse a radioterapia y una terapia química durante cinco años con un medicamento llamado Tamoxifeno.

En innumerables ocasiones, Lery Viloria acudió al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pero, según cuenta, ni siquiera le recibieron su carpeta con los recaudos porque no tenían el tratamiento. Ante eso, buscó en el sector privado, pero tampoco lo conseguía en farmacias comunes ni de alto costo. Durante un año acudió al IVSS, pero no obtuvo ningún resultado, por lo cual, con ayuda de familiares y amigos, comenzó a adquirir el tratamiento desde el exterior.

“Ya el proceso en sí de vivir esta experiencia es muy duro para nosotras como mujeres y es duro estar sometida a la indiferencia de los organismos públicos que de ninguna manera resuelven”, comentó.

Por su parte, María Alejandra Díaz fue diagnosticada en el año 2015 y señaló que fue un proceso doloroso para ella y su familia, pues era algo que no se esperaban. “Los altos costos nos llevan incluso a no hacernos los tratamientos”, dijo.

María Alejandra es madre de dos hijos y se encuentra en una situación difícil en la que tiene que luchar por su enfermedad, pero también por el bienestar de su familia. “Mami tiene que estar sana, pero mami no tiene recursos. Este proceso es bastante doloroso (…) En lo que va de año no he logrado realizarme los exámenes”, lamentó.

Cáncer de mama y COVID-19

De acuerdo con Juan Carlos Mogollón, antes de que iniciara la pandemia muchas mujeres, para poder acceder a los tratamientos necesarios, adquirían los insumos y medicamentos en el exterior, específicamente, movilizándose hacia Colombia, pero debido a las restricciones, como el cierre de la frontera, ha disminuido el acceso.

Asimismo, señaló que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) no está entregando “de manera adecuada” los tratamientos, señalando que hay personas que tienen entre 14 y 36 meses sin recibirlos. “Esto deteriora la salud, hace que la enfermedad avance y les agrava un sufrimiento físico y psicológico a estas mujeres”, dijo.

Runrun.es consultó a una paciente de cáncer de mama que ha sido atendida por Senos Ayuda. Tiene 52 años, reside en Los Teques, estado Miranda y fue diagnosticada con esta enfermedad en el año 2018.

“El proceso fue muy difícil, porque una vez diagnosticada tenía que comenzar rápidamente con la aplicación de las quimioterapias, porque el cáncer estaba empezando a ser metástasis en la columna vertebral”, dijo.

Después de recibir el diagnóstico, acudió al IVSS, pero cuenta que las listas de espera eran muy largas y ella tenía que someterse a sus tratamientos rápidamente. También, señaló que es paciente del Hospital Luis Razzeti, donde pudo optar en principio por realizarse las primeras ocho quimioterapias, pero, al no encontrar cupo posteriormente, con ayuda de familiares y amigos comenzó a atenderse en una clínica privada. Al ver que después no encontraba los medicamentos adecuados, buscó ayuda para traerlos desde Colombia y poder aplicarlos.

Actualmente, debido a la pandemia de COVID-19, en la que se destacan restricciones y problemas de movilidad por falta de combustible, la paciente contrató una enfermera especialista que le pudiera hacer el tratamiento desde su casa, bajo la anuencia de su oncólogo.

“En principio, por la situación económica, y segundo, por la situación pandemia, falta de combustible, el difícil acceso. Yo vivo en Los Teques, para poder bajar a Caracas. En fin, no me quedó otra alternativa que contratar los servicios de una enfermera”, añadió.

Luisa Rodríguez, de Funcamama, refirió que en Venezuela la crisis humanitaria compleja y la pandemia son “la tormenta perfecta” y el efecto del COVID-19 es de “amplio espectro”, señalando las pacientes oncológicas que estaban realizando el tratamiento no lo han podido realizar por limitaciones como “medidas de aislamiento por protección, por no poder movilizarse por falta de combustible, falta de atención en los centros privados de salud y por las constantes interrupciones del servicio eléctrico”.

Por otra parte, señaló que, de acuerdo con el informe Globocan de las Naciones Unidas del año 2019, la mortalidad del cáncer de mama en Venezuela en el 2020 sería de 3.199 mujeres, proyecciones estimadas antes de la pandemia. En comparación con los decesos por COVID-19, hasta el 24 de septiembre, la administración de Maduro registró 770 fallecimientos por complicaciones del virus desde el 13 de marzo, cuando se anunciaron los primeros casos.

Privadas de libertad aún más vulnerables

María Grimán es una interna del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) diagnosticada con cáncer de seno que aún no recibe atención médica. La directiva del centro reclusorio ubicado en Los Teques, se ha negado a trasladarla para recibir tratamiento en un centro de salud.

De acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad, las reclusas de este centro sufren por la falta de atención médica en el mismo. En el caso de Grimán, se difundió un video en donde se ve uno de sus senos severamente afectados y, comentó que desde hace un año le dijo a la directora del penal que tenía dolores.

A Grimán la llevaron a consulta médica en septiembre, después de casi un año haciendo esa solicitud. En el video difundido en redes, la reclusa comentó que le detectaron un tumor maligno en el seno y denunció que la directora del penal, Judith Rengifo, aseguró que eso es un tema “estético y sin importancia”, a lo cual ella mostró su mama izquierda completa, donde se ve llena de pus y completamente enrojecida.

“Me mandan a hacer unas quimio, lo cual no sé si vaya a soportar porque de verdad yo no tengo buena alimentación aquí y esto ya está grave, ya yo no aguanto el dolor (…) Por favor ayúdenme, tengo dos hijos en la calle. Yo no estoy pidiendo libertad, es mi salud, por favor, por Dios, ayúdenme”, dijo la mujer sin poder contener el llanto.

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En España aterrizaron empresarios y exfuncionarios que acumularon fortunas al calor del poder y contaron con asesores fiscales que les ayudaron a establecerse. En el retrato del desembarco, Chavismo INC. identificó 20 empresas mencionadas en investigaciones oficiales y nueve causas judiciales abiertas en el país europeo  

Por: Alberto Alonso y José Bautista

Empresarios venezolanos cercanos al poder político y exfuncionarios de alto rango han protagonizado un exilio dorado en España. No tuvieron las premuras de los millones de venezolanos que han salido de su país por la emergencia humanitaria: llegaron al país europeo en aviones privados o con la discreción de la clase business, luego haber acumulado grandes fortunas durante los últimos años de gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

Chavismo INC. rastreó personas vinculadas al chavismo en documentos judiciales y otros registros públicos de 69 países, con los que se construyó una base de datos que ofrece un retrato aproximado del patrimonio y las relaciones de esas personas en España. 

La investigación Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. El trabajo colaborativo transnacional reunió información que da cuenta de la magnitud de los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.   

Aquí los principales hallazgos del capítulo reservado a España:    

* La vida de lujo, las inversiones y los movimientos bancarios de los empresarios y exfuncionarios despertaron en algunos casos la sospecha de autoridades judiciales españolas que iniciaron al menos nueve investigaciones por presuntos delitos de lavado de dinero, falsedad documental, delito fiscal, soborno, prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda Pública. Solo en seis de esas causas se sigue el rastro de más de 230 millones de dólares del patrimonio público venezolano que quedaron comprometidos.

* La operación de desembarco de capitales se orquestó con patrones que se repiten en muchos casos. El primero fue la constitución de sociedades interpuestas en España y países con políticas fiscales laxas como Panamá, pero también Suiza, Islas Caimán, Malta, Liechtenstein, Andorra y Chipre. A través de esas sociedades, invirtieron en uno de los mercados más especulativos: el sector inmobiliario, especialmente en barrios de lujo, para lavar dinero o generar rentabilidad.

* De acuerdo con la base de datos, Nervis Villalobos es una de las personas con mayor cantidad de sociedades, inmuebles y relaciones. Fue viceministro de Energía Eléctrica durante la gestión de Hugo Chávez y tenía la llave de grandes contratos públicos, especialmente en el sector petrolero y eléctrico. En 2014 se instaló en Madrid con su familia y emprendió una vida de lujos y en poco tiempo compró inmuebles de alto valor en los lugares más caros de España. En su operación, contó con el apoyo de Alfonso Garrido Picón, del despacho B Law & Tax, un consultor español especializado en asesoría fiscal. 

* Una de las empresas clave de Villalobos en España fue Kingsway Europe SL, con la que compró una serie de inmuebles, de acuerdo con documentos de la Fiscalía Anticorrupción de España. En 2017 adquirió dos apartamentos en la calle José Abascal del opulento barrio de Salamanca, en el rincón más caro de Madrid, cada uno de 300 metros cuadrados y con un valor de 1,6 millones de euros; en el mismo año compró un piso de más de un millón de euros en la calle Barceló. Además, en la calle José Ortega y Gasset 44 compró para un familiar un lujoso apartamento valorado en más de medio millón de euros. 

* Villalobos realizó una inversión en Columbus Hills, en Marbella, el destino paradisíaco favorito de millonarios rusos, saudíes y británicos por medio de Columbus Properties One. La sociedad es un vehículo de inversión inmobiliaria que goza de ventajas fiscales, creado por el gobierno español en 2009 para atraer dinero en plena crisis. Estas sociedades no son supervisadas por los funcionarios de Hacienda, sino por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo presidente es nombrado directamente por el gobierno. A los venezolanos relacionados con Columbus Properties One, incluido el exviceministro, les embargaron un total de 115 inmuebles.

* La Audiencia Nacional Española lo vincula con la recepción de sobornos por parte de la empresa española Duro Felguera, contratada en 2008 para desarrollar un complejo de energía en Venezuela. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional lo relaciona con el lavado de 54,3 millones de euros a través de una compleja estructura financiera con nodos en España.  En Estados Unidos un tribunal de Texas le atribuye participación con un esquema millonario de sobornos asociado a la operación de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y más recientemente el Departamento de Justicia le vinculó con lavado de activos del narcotráfico

* En el principado de Andorra, un juzgado menciona a Villalobos como uno de los venezolanos que participó en movimientos de más de 2.000 millones de dólares a través del sistema bancario local. La trama involucra conexiones con una larga lista de países y nombres cercanos al chavismo que incluyen al expresidente de PDVSA y exembajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, y su primo Diego Salazar.  

* Otro de los involucrados es Rafael Sarría Díaz, identificado como testaferro de Diosdado Cabello. El empresario tuvo una carrera meteórica: pasó de vendedor de seguros a integrar el equipo de seguridad de Chávez en la campaña de 1998 y de allí a ser un próspero contratista del Ministerio de Infraestructura, cuando era comandado por el segundo del chavismo. Sarría reunía 15 inmuebles en Florida y Nueva York a su nombre y a través de tres empresas. Poco después le incautaron un lujoso jet de 20 millones de dólares camuflado en un hangar de Florida, en Estados Unidos. En España están registradas compañías con vinculaciones con este empresario sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

* La empresa Nanko Capital está vinculada a Amir Nassar Tayue, abogado del empresario de origen colombiano Alex Saab Moran, que de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos está involucrado en un esquema de desvío de más de 350 millones de dólares desde Venezuela. La empresa tiene sus oficinas en unas de las zonas más caras de la capital española en la calle Conde de Aranda. La firma no ha tenido actividad comercial, de acuerdo con los documentos del Registro Público. Sin embargo, la oficina Anticorrupción española indaga si el abogado actuó como testaferro de Saab Moran y movió dinero a través de diversos fondos de inversión internacionales.

* España también fue escogida como refugio por Luis Carlos De León, un exfuncionario de la Corporación Eléctrica Nacional y Pdvsa, condenado en Estados Unidos luego de confesar su participación en un esquema de sobornos asociado a la petrolera estatal. Estuvo en el país europeo hasta que fue detenido en 2017 por las investigaciones de otro caso de pagos ilegales supuestamente realizados a funcionarios venezolanos por la contratista española Duro Felguera. A su esposa Andreína Gámez Rodríguez la han relacionado con flujos millonarios de dinero: este año en Nueva Zelanda le congelaron bienes por más de 17 millones de dólares. En España, aparece vinculada a una empresa inmobiliaria registrada en Madrid bajo la denominación Sansobino 1977 SL de la que es administradora única y que tuvo como apoderado a José Fraga, asesor en temas fiscales e impositivos y sobrino del fallecido Manuel Fraga, quien fue uno de los fundadores del Partido Popular (PP), ministro durante la dictadura de Francisco Franco y diputado y senador hasta antes de morir en 2012.

* Los negocios también pusieron en el mismo cuadro a grandes empresas españolas señaladas de financiamiento ilegal al PP y de sobornos en Venezuela. Ocurrió con la Constructora Hispánica, que formó parte del consorcio al que el gobierno de Chávez adjudicó obras de rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas en 2008 por más de 1.850 millones de dólares, de los cuales el 4,8% se destinó a comisiones y sobornos, según el Servicio Antiblanqueo español. El consorcio español también estaba integrado por CAF, Dimetronic y Cobra, del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y por dos empresas de Carlos Luis Aguilera Borjas, capitán retirado y quien fue hasta 2002 fue director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), nombre que antes recibía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).  

* El empresario Alejandro Betancourt fue otro de los que logró codearse con la jet set española. En Venezuela se le conoce como un “bolichico” y fue uno de los empresarios favoritos de Chávez, quien le brindó 12 contratos millonarios para construir plantas eléctricas por importes superiores a los 1.300 millones de euros. Los acuerdos de Pdvsa otorgados a la contratista Derwick Associates multiplicaron sus ingresos. Pero en España es más conocido por ser socio de la reconocida marca de lentes de sol Hawkers. Comenzó como una pequeña startup y que en 2015 llegó a ser patrocinadora de Los Ángeles Lakers, una de las franquicias más importantes de la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos. 

* La relación de la aristocracia española con fortunas venezolanas tiene otro ejemplo con el caso de la familia de Víctor Vargas, empresario venezolano, dueño del Grupo Financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), y uno de los pesos pesados de la Lista Falciani que reveló nombres de grandes evasores con cuentas en el banco suizo HSBC. A Vargas se le conoce como “el banquero rojo”, uno de los empresarios más agraciados por el chavismo, hasta el punto de que su fortuna se multiplicó tras la llegada de Chávez al poder. A cambio, este banquero brindó apoyo al gobierno de Venezuela (con Chávez, pero también con Maduro) en sus decisiones económicas. También es suegro de Luis Alfonso de Borbón, aristócrata, empresario español, y bisnieto de Alfonso XIII (abuelo del rey Juan Carlos) y Francisco Franco. Esta vinculación familiar le ha llevado a ocupar la presidencia del patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Aquí puede leer la historia completa sobre España: empresas, mansiones y contactos para mezclarse con la élite. 

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Transportistas urbanos aseguran que es complicado cumplir con las normas contra la pandemia en vista de la falta de unidades en las líneas

@frazambranor 

Rosa vive en el barrio Chapellín y tres veces a la semana debe tomar un transporte colectivo que la lleve al sitio donde trabaja como doméstica en La Candelaria en Caracas.

Suele esperar un mínimo de 20 minutos para que pase la ruta que la conduzca a su destino. Proveniente de Chacaito, la buseta regularmente ya viene repleta de gente. Rosa se monta como puede, si no consigue a alguien que le ceda un asiento le toca ir parada hasta llegar a su lugar de trabajo.

Dentro del transporte no hay distancia social, todos usan tapabocas, pero algunos lo llevan en la barbilla o sobre la cabeza. 

Atrás hay puesto

Hugo Ocando, presidente del Bloque Oeste de Transporte de Caracas, reconoció que el distanciamiento social no se respeta en la mayoría de las unidades. 

“Nosotros le exigimos a los choferes que si una persona no tiene tapabocas, no la dejen ingresar al transporte, pero es complicado el tema de la proximidad entre la gente porque con el Metro trabajando a medias y la escasez de unidades, la gente abarrota las pocas que hay”, dijo Ocando.

El dirigente gremial indicó que en un principio establecieron unas normas de dar acceso solo a 16 personas en las unidades de 32 puestos y a 12 en las de 24 asientos. “Eso no se cumplió, es muy difícil porque la gente no tiene como trasladarse”. 

De acuerdo a Ocando lo ideal es que cada chófer y colector usen un tapabocas N95 a diario, pero la imposibilidad de adquirirlos les obliga a emplear los de tela. “También instamos a los compañeros a desinfectar al menos dos veces al día las unidades, pero todo esto necesita apoyo de las autoridades porque nuestros ingresos no dan para adquirir los productos de limpieza”. 

Peor en el interior

En Mérida, la situación es similar a la del área metropolitana. Giovanny Nieto, secretario de reclamos del Sindicato de Transporte de la entidad, sostuvo que algunos transportistas y usuarios no cumplen con las normas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. “En defensa de los transportistas hay que mencionar que esto ocurre porque existen pocas unidades que laboran diariamente debido a la falta de gasolina. Hay demasiada gente en las paradas y los usuarios entran en las unidades así el conductor les recomiende lo contrario por el poco espacio que hay. Nadie quiere quedarse para tener que caminar trechos largos”. 

Ruben Asis, presidente de la Central Sindical y vocero del Directorio Único de Transporte del Zulia, indicó que la pandemia es un jaque mate para el sector transporte en el estado. “Tiene casi en quiebra a nuestros compañeros transportistas. La mayoría se ve imposibilitado de salir, a eso hay que sumarle la escasez de gasolina. No tenemos dinero para llevar a la casa”.

La batalla por surtirse de gasolina

Hugo Ocando manifestó que los transportistas se han ido adaptando al racionamiento de combustible en Caracas y aseguró que en los últimos 15 días la distribución ha mejorado. 

Dijo que las autoridades deben conseguir un equilibrio entre el suministro a transportistas y particulares. 

“No entendemos cómo en Catia, en la Parroquia Sucre de Distrito Capital, hay nueve estaciones de servicio y  una sola está asignada para el transporte público, el resto a particulares”. 

Giovanny Nieto aseveró que la crisis de la gasolina es peor en el interior del país. 

“Las unidades trabajan uno o dos días a la semana. Tenemos una estación donde surten, pero el número de unidades que atienden es muy bajo por jornada. Tratamos de abastecernos en los distintos municipios que cubrimos y cuando no se logra hay que conseguir el combustible donde y como sea”, dijo Nieto. 

Ruben Asis, gremialista del estado Zulia, sostuvo que hubo una época durante la pandemia donde no había gasolina y ahora que hay no alcanza para todos los trabajadores del volante. 

“Tenemos una sola estación de servicio que surte a los transportistas en Maracaibo y se distribuye un día a la semana por placa. El combustible no es suficiente porque surten 40 o 50 litros por carro”, indicó Asis.

El pasaje que sube y sube 

Tres aumentos de pasaje en el transporte colectivo urbano ha habido durante el periodo de cuarentena en el área metropolitana de Caracas. 

A discreción de los transportistas la tarifa subió de 5 a 10 mil bolívares en julio, posteriormente se elevó a 20 mil Bs. y el pasado 8 de octubre salió en Gaceta Oficial el precio de 30 mil Bs. Todo esto en un país donde conseguir bolívares en efectivo es una tarea titánica. 

El Comité de Usuarios del Transporte Público solicitó este año a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), la dotación de puntos de venta para los transportistas. Aún esperan por la respuesta. 

“La ley dice que cada trimestre deben evaluarse las tarifas y después de diez meses fue que el gobierno acordó poner el pasaje en 30 mil bolívares, eso crea una anarquía porque cada quien cobra lo que le da la gana en el ínterin”, dijo Ocando. 

Para Ocando, la cifra del pasaje urbano debe ser 60 centavos de la tarifa del dólar publicada por el Banco Central de Venezuela. “Nosotros propusimos que podíamos trabajar con 10 centavos más un bono de transporte para la tercera edad y el subsidio estudiantil, pero nada de eso ha sido escuchado”.

Según Giovanny Nieto, la situación del transporte colectivo es un reflejo de lo que sucede en toda Venezuela. “Debe mejorarse la situación económica del país, que haya políticas claras y reales hacia todos los sectores en general, porque en el caso del transporte nada hacemos con hacer ajustes a las tarifas, si los usuarios no ganan lo suficiente para pagarlas, una nación no avanza ni se desarrolla beneficiando a algunos sectores en detrimento de otros”. 

Dolarización en ruedas 

Hugo Ocando sostuvo que la economía venezolana la dicta el dólar paralelo y el transportista tiene que adquirir repuestos, cauchos, aceites y baterías a precios en divisas. 

“Pareciera que la culpa de la crisis de transporte en Venezuela fuera absolutamente de nosotros, pero no es así. El transportista no puede generar ingresos suficientes para mantener las unidades y mucho menos comprar una nueva. Las 17 plantas ensambladoras de vehículos que existen en Venezuela están cerradas y el único que puede importar es el propio gobierno”.

Ocando denunció que de los lotes de autobuses Yutong que llegaron a Venezuela provenientes de China, solo un 5% fue entregado al sector transporte, los demás fueron a parar a manos de entes gubernamentales y consejos comunales. Hoy en día la mayoría de esas unidades que empezaron a importarse a partir de 2015 están en cementerios de vehículos, mientras en ciudades como Caracas el transporte colectivo se defiende con autobuses y busetas que datan de la década de los 70, 80 y 90.  

Giovanny Nieto manifestó que algunos de sus compañeros se han visto en la necesidad de vender piezas de su transporte, repuestos e incluso unidades para poder sortear la crisis económica. “Los insumos y repuestos no se consiguen y cuando se logran ubicar tiene un precio exorbitante. Lo que uno produce se gasta en comida y no se puede guardar nada para el mantenimiento de las unidades”. agregó.

Nieto pidió al Ejecutivo poner empeño para resolver la crítica situación del transporte colectivo a nivel nacional. 

“Los planes que se hagan deben pensarse bien para que beneficien a todos los sectores económicos por igual. En cuanto a lo que es el área del transporte, no solo es tarifas y combustible, hay que poner en práctica la venta regulada de cauchos, aceite y baterías, que  hace años desapareció. Es necesaria una modernización de la flota, aunado a políticas sociales para los transportistas y sus familiares”. 

La relación entre el chavismo y el kirchnerismo se materializó con un fideicomiso que en 12 años llegó a manejar 2.000 millones de dólares con poca transparencia y otros acuerdos binacionales para comercializar productos con sobrecostos. La conexión Buenos Aires llamó la atención de la Justicia donde hay 15 causas estancadas por la falta de colaboración desde Caracas

 Por: Iván Ruíz

Lavado de dinero, soborno transnacional, contrabando y sobreprecios en ventas son parte de los lazos que hizo el kirchnerismo con el régimen venezolano a través de un fideicomiso de unos 2.000 millones de dólares. 

La investigación transnacional Chavismo INC. rastreó los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años. En el capítulo de Argentina, basándose en la recopilación de expedientes judiciales, explican cómo la relación con el gobierno kirchnerista benefició a un grupo de empresarios cercanos a los Kirchner y, consecuentemente, a los funcionarios argentinos que hicieron posible esos negocios.

Hasta la fecha, las investigaciones judiciales continúan su largo derrotero para intentar comprobar distintos ilícitos mientras que los funcionarios involucrados de Venezuela y Argentina no han rendido cuenta alguna ante los tribunales de sus países por estos posibles delitos, ni siquiera son investigados formalmente. 

Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). La investigación muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. 

Aquí los principales hallazgos:  

* El fideicomiso entre ambas naciones, que movió en total unos 2.000 millones de dólares entre 2012 y 2016, era una especie de mecanismo de compensación de Argentina por las facilidades que le entregaba la estatal Pdvsa cuando el país no podía buscar financiamiento en los mercados internacionales. Para equilibrar la balanza, Argentina canalizó la exportación de algunos productos que necesitaba Venezuela, como lácteos o pollos congelados.

* La puesta en marcha y el funcionamiento de este fideicomiso fue obra, sobre todo, del funcionario argentino José María Olazagasti, mano derecha del exministro Julio De Vido, y hombre fuerte de la “embajada paralela” en Venezuela. Así fue como los medios de comunicación calificaron a la fuente de negocios que entabló este ministro argentino con el chavismo, que funcionaba como una relación más influyente que las formalidades diplomáticas: llegaba directo a los Kirchner, de un lado, y a Chávez, del otro.  

* Desde Venezuela, el encargado del fideicomiso era Víctor Aular, entonces vicepresidente de Finanzas de Pdvsa. Él se encargaba de revisar el intercambio y firmaba las conciliaciones por los procesos de pago de los préstamos petroleros que se otorgaban a países del Caribe. Esos préstamos iban atados —en muchos casos— a otros negocios y guiños diplomáticos, tal como reveló la investigación periodística Petrofraude, publicada por Connectas en 2019.

* El kirchnerismo también le abrió las puertas a empresarios locales para hacer negocios con Caracas. Como es el caso del empresario argentino Juan José Levy, quien tenía una pequeña droguería que fabricaba medicamentos en Buenos Aires hasta que se vinculó al gobierno de Cristina Fernández y eso le acercó a un negocio que le cambiaría la vida -y sobre todo aumentaría los números en sus cuentas bancarias-: venderle al Estado venezolano. Sus declaraciones fiscales pasaron de ser cerca de 250 mil dólares en 2011 a 93 millones de dólares en 2016, gracias al blanqueo de capitales. 

* Según información de distintos expedientes judiciales recopilados en Chavismo INC., Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares con Venezuela para venderle desde medicamentos, pasando por decodificadores de TV y hasta suavizantes para la ropa. Sus empresas habían firmado contratos con sobreprecios de hasta el 300% con el gobierno chavista: Laboratorios Esme S.A. vendía suavizante para la ropa en la Argentina por dos dólares, pero al Estado venezolano el precio subía hasta los ocho dólares; exportaba un litro de shampoo para cabello a Chile por 0,67 dólares, mientras que el precio facturado a Suvinca, por el mismo producto, era de 1,87 dólares. Con la ventaja de que Venezuela pagaba por adelantado el 60 % de los contratos. 

* Los vericuetos legales en los tribunales argentinos y, sobre todo, la falta de colaboración de las autoridades venezolanas dejó el caso Levy al borde de su archivo y enterró la hipótesis de que existió un soborno transnacional impulsado por empresarios argentinos para que los funcionarios chavistas defraudaran a Venezuela. Y debilitó la posibilidad de probar un lavado de dinero al no poder establecer el delito precedente. Después de tres años de esperar que llegue una respuesta de los funcionarios venezolanos, el juez Marcelo Aguinsky habilitó una última opción: le pidió al presidente Alberto Fernández que intervenga para que Caracas responda alguna de las solicitudes de información necesaria para continuar con la investigación. Sigue sin respuestas.

* A pesar de los vaivenes y de la frágil situación en los tribunales argentinos, el caso Levy no es el primer expediente judicial vinculado al chavismo con dificultades en tribunales de Buenos Aires, ya que abrió la puerta sobre otras irregularidades dentro del fideicomiso bilateral: fueron decenas las empresas que le vendieron a Venezuela con precios por encima del valor de mercado. En una auditoría de la Sindicatura General determinó que unas 15 compañías argentinas sumaron un sobreprecio total de 235 millones de dólares en los productos facturados a Venezuela. Eso impulsó 15 causas judiciales, cada una destinada a analizar los sobreprecios facturados por las empresas argentinas que vendieron desde leche en polvo y legumbres hasta productos tecnológicos.

* El fiscal argentino Germán Bincaz impulsó diez de esas investigaciones y ya pidió medidas de prueba sobre las operaciones de las empresas Soychú, Cresta Roja, Tres Arroyos y Rasic Hermanos por la venta de pollos congelados que, en total, suman sobreprecios por 42 millones de dólares. Por su parte, la empresa láctea SanCor cobró la leche en polvo un 23% más caro sobre sus valores habituales de mercado, lo que implicó sobreprecios por 95 millones de dólares.

* La empresa argentina Bioart S.A. le vendió arroz por 23 millones de dólares a Venezuela —a través de un acuerdo binacional—, a un precio que duplicaría el valor de mercado. Fuentes judiciales en Argentina sospechan que detrás de esta operación está el exministro del Poder Popular para la Alimentación venezolano, Félix Osorio, quien se desempeñaba como mayor general del Ejército y ahora es viceministro de Educación. Desde hace tres años que la justicia argentina espera que Venezuela responda el pedido de colaboración para continuar con el caso.

* Otro caso emblemático es el de la maleta de Guido Antonini Wilson. Se sospecha que esos 800 mil dólares que el venezolano intentó ingresar en 2007 de manera ilegal a la Argentina eran para financiar la elección presidencial de Cristina Fernández. El caso estuvo a punto de prescribir en 2018, pero finalmente se reactivó casi de casualidad y ahora se prepara el juicio oral en Buenos Aires.

* El fideicomiso bilateral finalizó cuando el kirchnerismo dejó el poder en Argentina, en 2016, pero las investigaciones judiciales continúan su largo derrotero para intentar comprobar distintos ilícitos. Los funcionarios de ambos países por ahora no han rendido cuenta alguna ante los tribunales de sus países por estos posibles delitos, ni siquiera son investigados formalmente.

Aquí puede leer la historia completa sobre Argentina: sobrecostos, lavado y defraudación sin justicia.

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.

Los extrabajadores de Pdvsa ahorraron en un fondo de pensiones para asegurarse la vejez. Explican que si Pdvsa paga los intereses de la deuda que tiene con el fondo podrían cobrar una pensión de $660 al mes en lugar de $0,8.

El pasado 7 de octubre un grupo de jubilados de Pdvsa y Pequiven acudió en representación de los beneficiarios del fondo de pensiones (conocido por sus siglas APJ/PDV) a la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, para exponer la opaca situación del instrumento que debía garantizar una vejez tranquila a 28 mil extrabajadores de la empresa y sus filiales, pero que al contrario de lo planificado, están recibiendo una pensión exigua que no les alcanza para alimentarse apropiadamente o comprar medicinas.

Las pensiones de los extrabajadores de Pdvsa no dependen de las finanzas públicas. En 1993 la empresa constituyó un fondo que a partir de esa fecha se nutrió con el aporte de 3% del salario mensual de los trabajadores y 25% de sus prestaciones sociales. Además, Pdvsa hizo un pago único como compensación por antigüedad.  El dinero se invirtió en inmuebles, terrenos, bonos y acciones en dólares que crearon una cartera administrada por firmas internacionales como Wachovia Securities.

Irma Sosa, abogada e ingeniera y quien formó parte del grupo de extrabajadores, explica que la última información contable que tienen los jubilados de Pdvsa es el balance del fondo de pensiones correspondiente a 2015 auditado por KPMG Rodríguez Velásquez & Asociados, donde quedó registrado que Pdvsa tiene una deuda con el fondo por 2.347 millones de dólares a través de pagarés que reportan intereses anuales a una tasa de 9,5%.

El informe de la firma auditora también señala que el 29 de diciembre de 2016 Pdvsa reestructuró esta deuda y postergó el vencimiento de los pagarés por cinco años hasta 2021, manteniendo la misma tasa de interés, pero la empresa no cancela los intereses, por tanto, los jubilados apenas reciben una pensión mensual que equivale a 0,8 centavos de dólar al tipo de cambio oficial.

La consecuencia es que los jubilados sin hijos que los ayuden o recursos extra transitan la vejez arruinados, alimentándose precariamente con las cajas de comida que Pdvsa reparte de forma irregular y no cubren los requerimientos de una dieta balanceada.

“Estamos exigiendo el pago periódico de los intereses que debe Pdvsa por financiarse con dinero de los jubilados. Cada año los pagarés reportan intereses por 223 millones de dólares que, de ser repartidos de manera igualitaria entre los jubilados como se ha decidido, se traduciría en que cada jubilado recibiría al mes 660 dólares”, dice Irma Sosa.

Al tomar en cuenta todos los intereses atrasados y descontados los pagos efectuados por parte de Pdvsa, los jubilados calculan que al cierre de 2019 la deuda se ubicó en 3.200 millones de dólares.

En otras propiedades el fondo de pensiones posee en Caracas la parcela de terreno y el edificio donde actualmente funciona el Ministerio para el Turismo y 18 oficinas con estacionamiento en el Centro Letonia en La Castellana, que actualmente ocupa Pdvsa sin pagar el arrendamiento debidamente.

La administración

Un aspecto a tomar en cuenta es que la directiva de Pdvsa tiene amplios poderes en la gestión de los recursos. Irma Sosa explica que “estatutariamente, la designación de los integrantes de la Junta Administradora, las políticas de inversión, los cambios en la cartera de inversiones, la modificación de los estatutos y la distribución de los gananciales requieren la aprobación previa del directorio de Pdvsa antes de la aprobación de la Asamblea de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones”.

 A su vez, los estatutos señalan que la Asamblea está formada por los asociados, que son Pdvsa y sus empresas filiales.

Entre 1993-2004 el fondo de pensiones depositó regularmente las ganancias que obtuvo en las cuentas bancarias de los jubilados, mantuvo el acceso a las actas de las asambleas e informó adecuadamente sobre la gestión del dinero. 

A partir de 2005, con la llegada de Rafael Ramírez a la presidencia de Pdvsa, todo cambió: “el documento estatutario es un documento excelente que blinda y protege a ambas partes, empresa y jubilados; el problema no es del documento sino las personas que administran. Las inversiones en el exterior fueron vendidas, Pdvsa tomó los dólares que pertenecen a los jubilados y las reemplazó por instrumentos de deuda de Pdvsa, primero bonos que posteriormente fueron reemplazados por pagarés”, dice Irma Sosa.

Estatutos socialistas

Tras gestiones en el registro público, los jubilados lograron constatar que los estatutos del fondo fueron modificados el 27 de julio de 2009 cuando se modificaron varios artículos, entre ellos el artículo 33. La modificación fue ratificada el 5 de agosto de 2013 en una asamblea extraordinaria a la que asistieron las autoridades de entonces: Rafael Darío Ramírez, presidente de Pdvsa; Eulogio Del Pino, por la Corporación Venezolana de Petróleo; Asdrúbal Chávez, por PDV Marina; Fadi Kabboul, por Pdvsa Ingeniería y Construcción; Ower Manrique por Bariven y Héctor Pernía por Pdvsa Naval. La Asamblea fue presidida por Víctor Aular en su condición de presidente de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones.

El cambio de los estatutos, protocolizado en el registro público el 26 de noviembre de 2014, tiene consecuencias. En la versión anterior a la modificación queda establecido que los haberes del fondo pertenecen a los beneficiarios, es decir, a los jubilados y en la nueva versión se habla de los “haberes de los asociados”, es decir, Pdvsa y sus empresas filiales.

“Fue una modificación de los estatutos para atribuirle a Pdvsa la propiedad de los haberes de los beneficiarios, con lo cual se pretendería eliminar la deuda y legalizar la situación de hecho que venía ocurriendo desde años atrás”, dice Irma Sosa.

Inmediatamente agrega que “la facultad de la Asamblea de efectuar modificaciones a los estatutos, que es el argumento que nos alega Pdvsa, jamás puede ser contraviniendo preceptos constitucionales y legales. Esta modificación estatutaria violenta preceptos contenidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas suscrita por Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo, en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Código Civil”.

El acta de la asamblea extraordinaria donde se modificaron los estatutos, en poder de los jubilados obtenida en la Oficina de Registro Público, explica que el cambio se produjo para “garantizar que la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela pueda instruir libremente a la Asamblea de la Asociación (Administradora de los Fondos de Pensiones) la forma en que serán distribuidos los rendimientos y cualesquiera otros beneficios”.

Añade que la idea es “establecer formas de distribución de los rendimientos (cuando los haya) que respondan a verdaderos principios de justicia social, solidaridad e igualdad” para llevar a cabo el proceso de redistribución del ingreso nacional.

El caso Illaramendi

En noviembre de 2003 Francisco Illaramendi, un venezolano que trabajaba para Credit Suisse, se conectó con el chavismo cuando diseñó para el Ministerio de Finanzas de entonces, bajo la batuta de Tobías Nóbrega, una emisión de bonos en dólares. Posteriormente, Illaramendi comenzó a asesorar a Pdvsa y en 2006 fundó la firma Michael Kenwood Group, en Connecticut.

El fondo de pensiones le entregó a Francisco Illaramendi 380 millones de dólares para que los administrara, pero en 2011 Michael Kenwood Group se declaró en quiebra y las autoridades de Estados Unidos descubrieron un esquema fraudulento. Illarramendi fue sentenciado a trece años de prisión tras declararse culpable en marzo del 2011 de cinco cargos, entre ellos fraude, fraude electrónico, conspiración para obstruir a la justicia y estafa a la Comisión de Valores de Estados Unidos. 

Pdvsa se hizo parte del juicio en Estados Unidos y los jubilados temen que el dinero que pueda recuperarse se extravíe en la caja de la empresa. “Los fondos que pudieran estar bloqueados a Pdvsa por recuperación de activos relacionados al proceso judicial en Estados Unidos contra Michael Kenwood Group relacionados al fondo de pensiones son recursos privados y por consiguiente solo pueden destinarse para los jubilados”, dice Irma Sosa.

Petición a la Asamblea

En un documento entregado a la Asamblea Nacional, los jubilados solicitan que el Parlamento apruebe un acuerdo que reconozca que los haberes del fondo de pensiones les pertenecen y deje constancia de la deuda de Pdvsa.

Además, solicitan “que se tenga presente en las gestiones realizadas por la Asamblea Nacional, relativas a fondos congelados o bloqueados en el exterior” que los dólares recuperados por la quiebra de Michael Kenwood Group solo debe destinarse a cubrir la deuda de Pdvsa con el fondo de pensiones. 

Una parte del dinero del fondo de pensiones podría estar en Novo Banco, una entidad financiera de Portugal, donde la administración de Nicolás Maduro tiene 1.500 millones de dólares bloqueados por las sanciones económicas.

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