Joshua De Freitas, autor en Runrun

Joshua De Freitas

Paraguay promoverá resolución para que se sigan investigando violaciones a DDHH en Venezuela
Mario Abdo Benítez consideró que América Latina debe estar predispuesta «a adoptar posiciones de principio que se alineen con la preocupación por la plena vigencia de los derechos humanos y el autogobierno colectivo»

Con información de EFE

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este 20 de septiembre que su Gobierno promoverá una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que permita seguir investigando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

«No podemos correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas», afirmó el gobernante en su intervención en el 77° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Benítez reiteró su apoyo a la lucha por la democracia en Venezuela en su últimas declaraciones como presidente de Paraguay en Nueva York, Estados Unidos. Su periodo presidencial concluirá en agosto del año próximo.

«Por eso, Paraguay estará liderando en el Consejo de Derechos Humanos, junto con otros países, una resolución que permitirá seguir investigando a profundidad la violación de los derechos humanos en Venezuela», añadió.

El político paraguayo aseveró que «se requiere más que nunca templanza, diálogo y moderación» entre las naciones democráticas.

Maduro ordenaba detenciones y torturas según informe de la ONU

El mismo día que el presidente de Paraguay daba sus declaraciones, la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas publicó su tercer informe sobre la violación sistemática de Derechos Humanos en Venezuela.

«La Corte Penal Internacional debería tener en cuenta, en la aplicación de su mandato de asistencia y cuando se alcance el estadio procesal pertinente, los daños sufridos por las víctimas expuestos en el presente informe», señaló la Misión.

El documento señala explícitamente a Nicolás Maduro, gobernante venezolano, y a Diosdado Cabello, alto dirigente del PSUV, como partícipes y copartícipes de las decisiones de reprimir, detener y  torturar a disidentes políticos en Venezuela. 

“Las investigaciones de la Misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados al azar por individuos desconectados, que actuaron solos dentro del Sebin y la Dgcim. Por el contrario, el Sebin y la Dgcim fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades”, declaró Martha Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación de la ONU en la presentación del informe.

La Misión determinó que las violaciones de derechos humanos en Venezuela, además de constituir crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del gobierno venezolano para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno».

También, se determinó que varios civiles fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual o basada en género desde el año 2014 hasta la ahora.

Restablecer relaciones solo en democracia

Paraguay rompió sus relaciones diplomáticas con la Administración de Nicolás Maduro en 2019, pero Benítez afirmó está dispuesto a restablecer relaciones cuando se demuestre que el Estado venezolano cumple con estándares democráticos y respete los Derechos Humanos sin variaciones a corto y largo plazo

«El primer gran desafío que tenemos consiste en contener los estallidos de proyectos que manipulando la genuina irritación ciudadana avanzan con acciones demagógicas y despóticas», dijo Benítez. «No debe haber cabida a discursos que busquen, con ofertas engañosas, sacrificar la sagrada libertad».

Consideró que América Latina debe estar dispuesta «a adoptar posiciones de principio que se alineen con la preocupación por la plena vigencia de los derechos humanos y el autogobierno colectivo».

 

«Más de la mitad ha retornado»: Maduro pide a Biden que no «manipule» con el tema de los migrantes
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, afirma que «no es racional» deportar a migrantes provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua que llegan al país norteamericano

Nicolás Maduro afirmó que «más de la mitad» de la población venezolana que migró entre 2018 y 2021 ha regresado al país y «tienen mejores condiciones de vida» que las que alcanzaron en las naciones de acogida en este momento.

«Más de la mitad de la población que migró entre los años 2018, 2019, 2020, 2021 ha regresado a Venezuela. Ellos están regresando a Venezuela y son bienvenidos en el Plan Vuelta a la Patria», aseguró este 20 de septiembre durante un acto televisado.

EEUU y sus migrantes venezolanos

Horas antes de la intervención de Maduro en los medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró a la prensa de la Casa Blanca que «no es racional» deportar a migrantes provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua que llegan al país norteamericano. 

Biden aseveró que la situación en la frontera es «totalmente diferente» al periodo del 2017-2021, ya que «llegan menos migrantes de Centroamérica y México». 

El gobernante venezolano respondió a las declaraciones de la Casa Blanca diciendo que el fenómeno migratorio es exagerado.

«Le exigimos al presidente Joe Biden que no manipule con el tema de la migración de América Latina y el Caribe, y menos con el tema de Venezuela, víctima de las más crueles sanciones del imperio norteamericano», subrayó Maduro.

Aseguró que «la campaña en el mundo contra Venezuela es brutal» y que el Gobierno de EEUU «insiste en mentir y atacar a naciones de la región».

«Exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo y después arrancan las campañas mundiales con el tema de la migración para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración y criminalizarla como la criminalizan en Estados Unidos», añadió.

Flujos migratorios

En agosto, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un mecanismo coliderado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ofreció su última actualización en la que determinó que 6,8 millones de venezolanos salieron de su país de origen en los últimos años.

No obstante, el Gobierno de Venezuela creó en 2018 un programa para el retorno de los migrantes llamado «Plan Vuelta a la Patria». Según los datos del gabinete de Maduro, 29.124 migrantes han regresado a Venezuela hasta el 27 de agosto del 2022. 

«Que no se manipule más el tema de migración. La gran mayoría que se fue ha regresado, están trabajando y les va mejor que en otros países», concluyó Maduro.

Con información de EFE

ONU considera que reformas en el sistema de justicia venezolano son insuficientes
El informe general de la Misión Independiente de la ONU identificó al menos 3 instancias donde el sistema judicial venezolano no mantiene una independencia del Poder Ejecutivo septiembre 2021 y enero de 2022

Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), publicado este 20 de septiembre, aseveró que el Estado venezolano no garantiza las reformas legales para establecer un sistema de justicia imparcial, independiente y consecuente con la declaración de los Derechos Humanos 

«Las reformas que han venido anunciándose desde 2021 se han implementado de forma parcial —en el mejor de los casos— y no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad», indicó el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

La misión de investigación especificó que las reformas establecidas por la Asamblea Nacional venezolana entre septiembre del 2021 y enero del 2022 no cumplen con la protección de la población civil. 

Entre las reformas que consideran irregulares, insuficientes o que se están cumpliendo «a medias» destacan:

Las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 19 de enero del 2022. 

La reforma, expresada en la Gaceta Oficial No. 6.684, redujo la cantidad de magistrados de 32 a 20 en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además de la oportunidad de la reelección de magistrados más allá de los 12 años de servicios estipulados en la Constitución. 

«Como resultado, 12 de los magistrados que estaban en activo fueron reelectos y siguen ejerciendo poderes discrecionales sobre los nombramientos y ceses de jueces y juezas provisionales. Además, el nombramiento provisional de fiscales sigue sin resolverse», declara la ONU. 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicado en octubre de 2021. 

«Los plazos de los procedimientos penales, incluida la detención preventiva, se han reducido mediante dicha reforma (…). Sin embargo, en los casos documentados por la Misión, en la práctica, dichos plazos siguen sin cumplirse», establece el informe. 

Desacato a la reforma al Código Orgánico de Justicia Militar realizado por la Asamblea Nacional con vigencia el 17 de septiembre del 2021. 

La Gaceta publicada bajo el número 6.646 establece que ningún civil puede ser juzgado por tribunales militares. Sin embargo, la ONU ha documentado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de diciembre de 2021 que permite que los tribunales militares seguir ejerciendo la jurisdicción sobre personas civiles, con el único requisito de que medie una motivación por parte de un juez militar. 

Antecedentes y preocupaciones

La ONU estableció en septiembre del 2021 que el sistema judicial venezolano tenía una postura «cuestionable» frente a la independencia del Poder Ejecutivo.

«La Misión también llegó a la conclusión de que el sistema de justicia contribuía directamente a perpetuar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y de los delitos, e impedía a las víctimas acceder a recursos legales y judiciales efectivos, y, en ciertos casos, contribuía a la política de Estado de aplastar a la oposición», se lee en el informe de la ONU.

Dentro de los crímenes adjudicados al Estado venezolano dirigido por Nicolás Maduro y el TSJ se encuentran la «falta de investigación y sentencias exhaustivas e imparciales» frente a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a los procesados, incluidas las relacionadas con la violencia sexual y de género. 

Los 17 puntos de torturas de la Dgcim en Caracas que identificó la Misión de la ONU
El tercer informe de la Misión Independiente de la ONU identificó 17 residencias o «casas de seguridad» cerca del área metropolitana de Caracas, lugares clasificados como lugares de detención y secuestro clandestinos o no oficiales
Solo una de las instalaciones de torturas y secuestros no está activa

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela identificó en su más reciente informe al menos 17 centros de «tortura y secuestro clandestino» de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas

«El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual», señaló el tercer informe de la misión de las Naciones Unidas. 

De acuerdo con el documento, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son las principales instituciones que perpetran torturas en el país. 

La actualización del informe del 2022 identificó 17 residencias o «casas de seguridad» cerca del área metropolitana de Caracas, clasificados como lugares de detención y secuestro clandestinos o no oficiales. 

Hasta el momento de la publicación, solo un lugar no estaba participando activamente en las torturas, agresiones sexuales y otros métodos de violación de Derechos Humanos, destaca la ONU. 

Todas las «casas de seguridad» están ligadas a la sede de la DGCIM que se encuentra en una zona industrial de Boleíta Norte, al noreste de Caracas.

Los 17 puntos de detención y secuestro clandestino

Un solar en el barrio de Prados del Este en Caracas;

«Una de las víctimas describió la casa de seguridad del barrio de Prados del Este, en Caracas, como la casa de un antiguo empresario que acabó en manos de militares. Estimó que estaba situada a unos 15 minutos de Boleíta», detalló la ONU. 

Casa Tamanco, cerca del Hotel Tamanco, en Caracas;

Casa La Trinidad, en Caracas;

Casa Galpón, en el barrio de Guarenas, en Caracas;

Un sitio en San Bernardino, cerca del restaurante Crema Paraíso, en Caracas (ahora inactivo);

Una casa en el barrio de Bello Monte, en Caracas;

Una casa en el sector de La Mariposa, denominada “Casa de Granko nº 1”;

Una casa llamada Galpón, en la Mariposa;

Una casa en el sector de Los Naranjos;

Una casa en el sector Lomas de Las Mercedes;

Una casa en la urbanización San José, en Fuerte Tiuna o en sus alrededores, en Caracas;

Un sitio en el Fuerte Tiuna, donde tienen su sede el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Comando del Ejército. 

«Este lugar consta de 12 celdas que son administradas por la DGCIM, separadas de la prisión administrada por la Policía Militar», se lee en el documento;

Un sitio llamado Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos, en el estado Miranda;

Un sitio en la zona montañosa del municipio El Hatillo, en el estado Miranda;

Una casa en Alto Prado, cerca del Centro Comercial Plaza;

Un sitio cerca del aeropuerto de La Carlota;

El “cerro”, situado dentro de Caracas —«a una media hora en coche desde Boleíta»—.

Más de 122 víctimas

Testigos con acceso a información privilegiada le dijeron a la Misión que la DAE (Dirección de Asuntos Especiales) de la Dgcim, dirigida por Granko Arteaga, administra las casas de seguridad.

También, dijeron que dos capitanes, que responden a Granko Arteaga, están a cargo de la gestión de las casas de seguridad, incluyendo la logística y el «suministro de materiales utilizados para llevar a cabo la tortura, los actos de violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes», aclara el informe. 

La misión ha documentado los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, tanto en su sede principal en Boleíta como en una de sus casas de seguridad, y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra políticos opositores, periodistas, manifestantes, activistas y civiles.

La actualización del informe recopiló 471 entrevistas entre enero del 2019 y abril del 2022. Más de la mitad de los casos se recopilaron entre 2020 y abril de 2022.

«A partir de finales de 2021, la gestión de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM en Caracas fue transferida al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario», aclara el documento.

Hasta los momentos, la ONU documentó un mínimo de 16 casos de detenciones arbitrarias ligadas a estas «casas de seguridad». Las víctimas se mantuvieron cautivas sin la supervisión legal entre 48 horas o 2 meses. 

«Durante este lapso, no tuvieron contacto con nadie más que con sus captores y no se les permitió llamar a familiares o abogados/as», recalca la Misión.

Lista de torturas y violaciones

«Tanto el Sebin como la Dgcim hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos (…) Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Las violaciones y los crímenes del Sebiny la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas», asegura la Misión.

La ONU también estableció que «la DGCIM regularmente plantaba, fabricaba y/o manipulaba» pruebas contra opositores  

Algunas de las prácticas violatorias de Derechos Humanos que se documentaron dentro de las «casas de seguridad» son las siguientes: 

  • Fuertes golpes con bates y objetos punzantes;
  • Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, incluidos los genitales;
  • Asfixia con sustancias tóxicas y con agua;
  • Cortes y mutilaciones en distintas zonas del cuerpo, especialmente en las piernas, en la planta de los pies y debajo de las uñas;
  • Esposas excesivamente apretadas;
  • Posiciones de tensión corporal como las «crucifixiones»;
  • Uso de un aparato llamado “señorita”, para levantar y deformar cuerpos y bajarlos a tanques de agua.
  • Violaciones y agresiones de origen sexual y de género con objetos (incluidos objetos punzantes o armas de fuego);
  • Amenazas de violación;
  • Desnudez forzada;
  • Degradación a través de insultos homofóbicos;
  • Condición de detenciones arbitrarias y denigrantes: encierro total por periodos indefinidos de tiempo, privación de alimentos y agua, iluminación u oscuridad completa en el campo de visión de manera constante, privación de inodoros y otros productos de aseo personal, alimentación forzada de heces y vómitos;
  • Privación de tratamientos médicos; 
  • Tortura psicológica: amenaza de muerte y torturas más severas tanto a la víctima como a sus seres queridos (incluidas mascotas);

Distintos orígenes, un mismo destino

La Misión de la ONU identificó que la mayoría de las víctimas que  fueron retenidas en «casas de seguridad» eran llevadas a Boleíta en Caracas.

También, mencionan que los familiares de los detenidos fueron víctimas de agresiones físicas y sexuales por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos. 

El informe detalla distintos orígenes para esas «casas de seguridad». Entre las más destacados, se mencionan que los recintos fueron «casas que habían sido confiscadas a narcotraficantes» o establecimientos que originalmente eran «para la protección de funcionarios y funcionarias en caso de amenazas o golpes de Estado». 

«Al menos uno de estos sitios también funcionaba como centro de entrenamiento para las y los agentes de la Dgcim», agrega el informe. 

La Misión establece que todas las «casas de seguridad» y sus cadenas de mando son administradas por Granko Arteaga, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Los objetivos de estos centros clandestinos de torturas se enfocaban en extraer confesiones, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar a las víctimas. 

La ONU aclaró que, si bien los casos son documentados entre 2017 y 2019, no niegan que existen casos más actuales, impunes y en proceso.

Prepara Familia: El Estado no garantiza inmunosupresores a venezolanos con trasplantes
Afirman que el servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos solo tiene capacidad para atender a 13 pacientes

Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, afirmó que el Estado venezolano no atiende a los pacientes nefrológicos antes ni después de los pocos trasplantes vivo a vivo que se hacen en el país. 

«Hemos recibido testimonios de adultos y niños recién trasplantados a los que les llegan inmunosupresores vencidos por parte del Estado para seguir con su tratamiento nefrológico. Medicamentos que no están en el protocolo», comentó Martínez en una entrevista a Fedecámaras Radio el 19 de septiembre.

«No se pueden hacer trasplantes de ningún tipo si el paciente no tiene garantizado sus insumos para el tratamiento. Es una violación de sus derechos», agregó.  

La activista reiteró que la unidad de diálisis del Hospital de Niños Dr. J. M. de los Ríos solo tiene capacidad para atender unos 13 pacientes, cobertura insuficiente para atender a los jóvenes de la capital y de todo el país.

La punta del iceberg

Desde que se suspendió el programa de trasplantes, en junio de 2017,  han muerto 72 niños y adolescentes esperando por esta cirugía para salvar sus vidas. 

El caso más reciente registrado por Prepara Familia fue el de Stephany Muñoz, de 7 años, el 13 de septiembre del 2022. 

Según la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, al menos 960 personas esperan ser trasplantadas, de ellas 150 son niños y adolescentes.

«Los que nos duele a todos es seguir contando los niños que van falleciendo», dijo. «Es una de las aristas, realmente grave, del sistema de salud venezolano. Ante una situación como esta, el programa de Procuradores es la punta del iceberg». 

El contexto que viven los menores de edad en espera de un trasplante ha sido documentado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en 2018, en 2020 y en 2021. Pero el Estado no ha dado ninguna respuesta ante la situación.

«Esto no es por falta de cobertura y llamados de atención.  Esto ocurre porque al Estado pareciera que no le interesa el tema», dijo. 

Martínez aseveró que la situación de los pacientes infantiles que viven en el interior del país requieren diálisis es más complicada, debido a que las unidades y los centros de salud se encuentran en peores condiciones que el J. M. de los Ríos. Además, los familiares no tienen condiciones sanitarias y económicas para trasladarse.

«Incluso, el Estado venezolano no atiende con inmunosupresores a las personas que en su momento recibieron un trasplante antes del 2017 o los pocos trasplantes de vivo a vivo que se hacen ahora», dijo. 

Registros y silencios

El 30 de junio del 2021, la CDIH registró los testimonios de al menos 10 niños y adolescentes que estaban en la espera de un trasplante renal en Venezuela. De ese grupo ya han fallecido 3. Entre ellos, Niurka Camacho, de 15 años. 

«Desde esos fallecimientos, el Ministerio de Salud se movió para hacer unos que otros trasplantes de vivo a vivo,  que no es el programa de trasplantes que está suspendido desde hace 5 años y 3 meses (el de cadáver a vivo)», agregó. 

«Se debe seguir haciendo los informes e investigaciones sobre estos casos y sobre otras violaciones a los Derechos Humanos. Es la única forma de que, en algún momento, los responsables se lleven a la justicia internacional», concluyó Martínez. 

MSF ha apoyado atención de más de 16.000 pacientes en Amazonas durante 2022
Afirman que su área de cobertura de sanidad pública en la población de Puerto Ayacucho y sus alrededores es de 25 % aproximadamente

Lailyn se acuesta en la camilla y se sube la camisa para que la doctora de guardia pueda examinar su barriga. Con sus 23 años de edad, esta es la tercera vez que está en estado, pero es la primera que acude a hacer control de su gestación. Su embarazo anterior fue riesgoso, sufrió de preclamsia y tuvo que asistir de emergencia a un hospital para dar a luz.

Ahora tiene 18 semanas de embarazo y vive en la zona urbana de Puerto Ayacucho, la ciudad principal de Amazonas, uno de los estados más grandes y, por eso mismo, menos desarrollados de Venezuela.

Caminó alrededor de 25 minutos para llegar al ambulatorio El Escondido, un centro de salud ubicado en el área norte de la capital y que diariamente recibe a pacientes de todo el casco urbano, pero también de comunidades rurales del norte, que buscan atención médica primaria.

Capacitar la salud

El ambulatorio recibe insumos y medicamentos de Médicos Sin Fronteras (MSF) como parte del trabajo articulado que la organización médico humanitaria lleva adelante con a las autoridades locales, para fortalecer el sistema de salud público.

“Nos enfocamos en el acondicionamiento de estos centros de salud que reciben a personas no solo de la zona, sino en ocasiones de localidades rurales que están mucho más lejos. A veces vemos pacientes que caminan durante horas para llegar al ambulatorio”, narró Daniel Hernández, gestor de actividades médicas de MSF en Amazonas. “Además de fortalecer las capacidades estructurales de los centros de salud en los que estamos presentes, para nosotros es primordial robustecer las capacidades técnicas del personal, para que los pacientes puedan recibir una asistencia médica oportuna y de calidad”.

Entre enero y junio de este año, la organización realizó 36 capacitaciones, para fortalecer las herramientas técnicas de 361 personas que conforman el equipo sanitario.

Actualmente, el soporte en el casco urbano está enfocado en los ambulatorios El Escondido y San Enrique y entre ambos, tienen un área de cobertura de aproximadamente 25 % de la población de Puerto Ayacucho y sus alrededores.

Caminar kilómetros por un chequeo

Después de la consulta, Lailyn está más tranquila. Estaba preocupada porque es consciente de que sus antecedentes médicos podrían significarle un embarazo de alto riesgo. Explica que afrontar gastos relacionados con la atención sanitaria en un país que atraviesa una crisis económica como la de Venezuela, es casi imposible.

Por esta razón, no pudo hacer seguimiento a su embarazo anterior, pero ahora supo de los servicios gratuitos del ambulatorio y asistió a la consulta.

Recibió vitaminas y ella y su pequeño hijo de 11 meses fueron vacunados contra la hepatitis y el tétanos. Regresará dentro de un mes para el próximo control, y cuando esté lista para dar a luz, será referida al servicio de alto riesgo de la maternidad estatal. 

“En los últimos meses vemos que las consultas generales han aumentado. Las personas de la comunidad se enteran de que el ambulatorio está funcionando bien y que cuenta con insumos y medicamentos. Entonces, comienzan a venir a sus chequeos médicos”, explica la doctora Andreina Medina, tras concluir su consulta con Lailyn. Solo durante el primer semestre de 2022, 16.717 pacientes fueron atendidos con apoyo de MSF en el estado Amazonas.

Madelyn Rondón tiene 30 semanas de embarazo y es otra de las tantas mujeres que ahora acude a hacer control prenatal. Cuando la doctora le cuenta que escucha los latidos del corazón de su bebé, sonríe. Con solo 23 años, pronto tendrá un segundo hijo. Aunque le preocupa el sustento económico de sus pequeños, le alivia saber que al menos puede acceder a un servicio de salud de calidad.

OSH: Ya son más de 68.000 los venezolanos que han cruzado el Darién en 2022
El Observatorio Social Humanitario estima que 68.575 venezolanos han cruzado la frontera colombiana y panameña a pie en lo que va de año
Se estima que la que la cifra de migrantes venezolanos por el Darién en los primeros 7 meses del 2022 es 24,76 veces más que todo 2021
Acnur y R4V establecen que 53% de los migrantes venezolanos que pasan por Centroamérica  no tienen medios económicos para comprar alimentos
Médicos Sin Fronteras calculó que 70% de los pacientes atendidos en consulta psicológica durante enero y agosto de 2022 en los puestos de recepción a migrantes en San Vicente son venezolanos

El 15 de septiembre de 2022, en un foro del Observatorio Social Humanitario (OSH), se afirmó que 23.000 migrantes venezolanos cruzaron el Tapón de Darién intentando llegar a Estados Unidos solo durante el mes de agosto.

De acuerdo con la institución, esta cruzada expone a los venezolanos a un panorama sin precedentes para la nacionalidad de graves abusos por parte de grupos armados, que cobran vacunas, roban y abusan sexualmente a los migrantes.

Los datos fueron presentados en la videoconferencia «#VenezuelaenEmergencia. Huir de Venezuela: Cruzando el Darién», junto al Centro de Derechos Humanos UCAB (CDHUCAB) y la ONG Alianza VenCR (venezolanos en Costa Rica).

«Una de las razones por las que las personas venezolanas están pasando por la selva del Darién es el tema de las visas», detalla el abogado Carlos Rodríguez, miembro del CDHUCAB. «Panamá y Estados Unidos exigen visa a la población venezolana, documentos que no pueden tener por la grave crisis económica y humanitaria que atraviesa Venezuela».

Rodríguez afirma que a la Emergencia Humanitaria compleja que atraviesa Venezuela se le suma la actual crisis económica mundial producto de la guerra, que ha afectado negativamente a los venezolanos en países como Perú, Ecuador y Chile.

«El venezolano tiene expectativas cuando llega a Estados Unidos, pero no se cumplen. Hemos visto que existe mucha desinformación con respecto a cruzar el Darién», dijo.

Entre las estrategias de desinformación que detectó la CDHUCAB se encuentran ofertas de viaje engañosas, en las que prometen proveer un grado máximo de seguridad a los migrantes; grupos irregulares que no se interesan en describir los riesgos de cruzar la selva, así como promesas de una vivienda y trabajo estable e inmediato cuando lleguen a EEUU.

Aumento exponencial

Rodríguez aseveró que para 2010-2019,  la mayoría de las personas que cruzaban la selva del Darién eran cubanos, haitianos y de otras nacionalidades, específicamente de África y de Asia.

Pero entre el periodo de 2015-2020 empezó el paso de venezolanos. En 2015 solo cruzaron dos. Cuando finalizó 2020, la cifra ascendía a 180. Al cierre de 2021, esta cifra se incrementó a 2.819, situación que se agudizó en enero de 2022, cuando México empezó a exigir visa.

Desde ese momento, el aumento ha sido exponencial y, en lo que va de año, un total de 68.575 venezolanos han cruzado la selva. 

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2.827 venezolanos atravesaron el Darién durante el 2021.

Comparado con las cifras actuales (y en aumento), la diferencia entre 2021 y lo que va de 2022 es de 2.325,71%; es decir, que la cifra de los primeros 7 meses del 2022 es 24,76 veces más que todo 2021.

«Esto pareciera que no va a bajar», dijo Inés Urdaneta, miembro de la Alianza VenCR. «El mayor flujo son los venezolanos: de 102.067 personas que transitaron por el Darién con éxito entre enero y agosto del 2022, 68.575 fueron venezolanas (el 67%)».

Gráfico cortesía de Alianza VenCR y el Servicio Nacional de Migración de Panamá

Urdaneta destacó que la mayoría de los venezolanos, sobre todos los que se encuentran en otros países de América del Sur, no tienen pasaporte por ineficiencia del Estado, lo que dificulta la petición de un proceso migratorio formal.

«Diariamente, en el mes de agosto, 1.001 migrantes ingresaron a Panamá por el Darién, 14% de ellos son menores de edad», aseveró Urdaneta. Y, de esa cifra,762 son venezolanos. «Es un gran reto para los Estados receptores por la logística y los recursos que la situación genera», apuntó.

Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 53% de esa población venezolana no tiene medios económicos para alimentos, 45% no tiene acceso a un techo para dormir y 38% no tiene acceso a utilizar trasporte público o privado.

«Los centros religiosos han tenido un papel importante en la atención a los migrantes», estableció Urdaneta. «Se está trabajando en una sinergia entre distintas organizaciones para atender todas las necesidades de los migrantes».

Vulnerabilidad física y mental

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) estableció que al menos 120 venezolanos denunciaron ser víctimas de abusos sexuales durante su travesía en el Darién.

«La mayoría de los casos de abuso y abandono en la selva no son reportados porque el migrante tiene miedo cuando cruza el Darién. Es probable que existan muchos más caos que quedan impunes», agrega Rofríguez.

Algunos llegan con llagas, moretones, fracturas, dengue, diarrea, infecciones gastrointestinales severas, malaria y deshidratación durante la travesía de más de 5.000 kilómetros de zona boscosa con ríos torrenciales y montañas escarpadas sin atención estatal o humanitaria.

«En el caso de la atención psicológica, es un gran reto. No se puede atender a los casos en masa», dice Urdaneta.

En un informe de MSF presentado a Runrun.es, se encontró que entre enero y agosto del 2022, el 70% de los pacientes atendidos en consulta psicológica en el puesto recepción de migrantes de San Vicente, Panamá, son de origen venezolano (641 personas de 921).

El diagnóstico más frecuente entre estos pacientes es el de Reacción al estrés agudo (45%), que consiste en síntomas que pueden ser relacionados con ansiedad, y con depresión, entre otros, que se producen como reacción a un evento o situación de naturaleza extremadamente amenazante o desfavorable reciente (por ejemplo, desastres naturales o provocados por el hombre, combate, accidentes graves, violencia sexual, agresión).

«Si bien estas reacciones son normales ante tales eventos y suelen disminuir a los pocos días, para el caso de los migrantes expuestos a riesgo de otras experiencias similares durante el viaje, resulta conveniente recibir atención psicológica oportuna con el fin de prevenir el desarrollo de trastornos mentales y complicaciones en el futuro», establece el informe de MSF.

El OSH estableció que los testimonios más frecuentes que reportan los migrantes venezolanos que cruzan el Darién es que ven a personas muertas.

«Hemos registrado testimonios de venezolanos que han tenido que ver cuerpos en descomposición en el trayecto, así como presenciar cuando un grupo irregular abandona a una persona en el camino por estar herida o sin razón aparente», asevera Rodríguez.

Otros diagnósticos frecuentes son: Depresión (18,5%) y Trastornos de ansiedad (6%). De la población atendida, un 11% agrupa diversos diagnósticos con porcentajes bajos, entre ellos Trastorno por adaptación, Estrés postraumático, Duelo y Trastornos psicóticos.

Más allá del destino

«En Estados Unidos recibimos a migrantes que son sobrevivientes, muy cansados, afectados, rotos, cualquier cosa les conmueve y lloran…mujeres brutalmente abusadas sexualmente por tres y hasta siete hombres en violaciones masivas y hay mucho estrés post traumático», dijo Marisela Castillo, miembro de la ONG Humanitarian Action. «Pero en los propios testimonios de las personas que estamos atendiendo, reportan que hay algo peor aún que el Darién: algo que se llama México».

Castillo advirtió que la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos es bastante elevada, ya que no existe una cultura de migración. En la mayoría de los casos, no tienen familiares o redes de apoyo en el país receptor y vienen en condiciones físicas desgastadas por el viaje.

«A todo esto, debemos agregar ahora la estrategia de ciertos políticos estadounidenses de mandar migrantes a las residencias de sus adversarios», destacó Castillo. «Son lugares donde claramente no hay condiciones de refugio para ellos, además de una violación en múltiples sentidos».

La población más vulnerable son los hombres jóvenes que ingresaron al país sin compañía familiar, ya que tienen más posibilidades de quedar en condiciones de indigencia.

«Lo que necesitan los migrantes en estos momentos es un refugio estable. Nuestra preocupación es saber qué pasará después de que llegan, cómo es el proceso de reinserción», dijo.

García Arocha: Gremio universitario demandará al TSJ ante instancias internacionales por caso Onapre
García Arocha exige ante el TSJ explicar formalmente cuáles fueron las razones por las que multaron a los asesores jurídicos y a los rectores de las universidades

El 15 de septiembre, Celilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y Rita Áñez, rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), afirmaron  que los representantes de las universidades públicas de Venezuela demandarán ante organismos internacionales las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que atentan contra el salario de los docentes.

En concreto, se refirieron a la sentencia del 24 de agosto que declaró inexistente el instructivo Onapre y multó a los demandantes. 

En una entrevista radial al Circuito Onda, Áñez aseveró que desde hace mucho tiempo «se está reduciendo el salario de los docentes de forma indiscriminada».

«La multa que recibimos es insólita. Además de que nos quitan lo que ya ha sido admitido antes, ahora vamos a ser multados», reclamó. 

El gremio docente denuncia que desde marzo de 2022, y por el instructivo Onapre,  el salario de los educadores del sector público se redujo entre el 40% y 70%.

Representantes de las universidades públicas del país llevaron el caso al TSJ en julio del mismo año para corregir o anular el instructivo, amparándose en el artículo 91 de la Constitución.

Pero el organismo judicial anuló la petición y multó a los demandantes. 

Retos de la formalidad

García Arocha estableció que, hasta la fecha, ninguna institución ha sido notificada oficialmente de la multa que impuso el TSJ.

«Necesitamos que nos digan formalmente cuáles fueron las razones por las que multaron a los asesores jurídicos y a los rectores de las universidades. A partir de allí, haremos las acciones que se deben hacer», anunció.

Las rectoras dijeron tener «la esperanza» de que el proceso sea llevado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Lo que sí no tengo mucha esperanza es que acá (en Venezuela) repercuta la decisión de las instituciones internacionales», declaró García Arocha. «Lo haremos, claro que sí, pero no sabemos si (el Estado venezolano) acatará las repercusiones».

La demanda contra la Onapre

Desde julio del 2022, profesores de distintos estados del país protestaron por los ajustes salariales expresados en el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

El gremio docente aseveró que el instructivo violenta el punto de partida de la tabla salarial, ya que modifica el tabulador de los obreros. El obrero grado 2 percibía 70% más del salario mínimo, dicho porcentaje fue reducido al 7%, lo que transfigura y vulnera los criterios salariales de titularidad y antigüedad.

El 24 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) multó a los rectores de seis universidades públicas venezolanas y a sus asistentes jurídicos a través de una sentencia que declara inadmisible la demanda hecha en el mes de julio contra la Onapre.

La Sala Político-Administrativa del TSJ, en su sentencia n° 444, declaró que la demanda no tiene validez «por inexistencia del acto administrativo como documento fundamental de la demanda (la Onapre)».

Según el documento, fechado el 11 de agosto, las seis universidades afectadas son: la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo (UC),  Universidad de los Andres (ULA),Universidad de Oriente (UDO), Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel).

García Arocha destacó que la Universidad del Zula (LUZ) no está presente en la multa porque «su rectora y su representante legal no pudieron asistir. Pero las demás universidades decidieron representar el proceso legal en su representación».

La multa impuesta está dirigida a cada uno de los demandantes y a sus representantes en el caso y es de «50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV)».

La ONG Acceso a la Justicia precisó que cada uno de los 20 accionantes deberá cancelar Bs. 350,5.

Si se suman todas las multas, el monto total a pagar al Estado será de Bs. 7.360,50, equivalente a $ 1.050.