Andrea González, autor en Runrun

Andrea González

Comunidad trans sigue reclamando su derecho a la identidad
A pesar de que desde el año 2010 está vigente la Ley Orgánica de Registro Civil, que permite el cambio de nombre, se ha denunciado en múltiples ocasiones que a las personas trans se les ha impedido poder cambiar su identidad
El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ documentó 60 casos de agresiones contra personas de la comunidad entre los meses de enero y abril del año 2023, incluyendo el asesinato a una mujer trans de la etnia wayú en el estado Zulia
“Para una persona trans es difícil por el solo hecho de no tener identidad reconocida el acceder a la salud, a la educación, a la alimentación, acceder a todos los derechos fundamentales y a los servicios públicos que se supone deben estar garantizados para todas las personas en condiciones de igualdad”, indicó Richelle Briceño, abogada y defensora de DDHH

@Andrea_GP21

 

“Mi cédula muestra una identidad que no va de acuerdo con mi apariencia”, cuenta Tristán Key, un hombre trans bisexual de 20 años que vive en Venezuela, quien comenzó publicando videos en TikTok sobre todo su proceso y se convirtió en un activista que defiende los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

Casi al cumplir los 17 años, el joven decidió revelar sobre su identidad de género y cuenta que recibió “mucha aceptación” por parte de sus amistades, quienes en su mayoría forman parte de la comunidad LGBTIQ+.

A sus padres les había revelado ser bisexual unos años antes, lo que significó que se volvieran “más abiertos” respecto al tema. Esto generó que, cuando decidió revelar que es un hombre trans, su madre lo aceptó rápidamente pese a que no entendiera muy bien todo lo que eso significaba. Su papá, por su parte, sí estuvo más reacio con su identidad, pero después de acudir con una psicóloga, un paso requerido para iniciar un tratamiento hormonal, y que esta efectivamente confirmara que sí es trans, comenzó a aceptarlo más.

Acceder a tratamientos hormonales es “un privilegio”

Tristán estaba por cumplir los 19 años cuando comenzó el tratamiento hormonal. Para ese momento, dice, ambos padres estaban convencidos de su seguridad con respecto a su identidad. “Me aceptaban plenamente”.

A pesar de que Tristán es plenamente aceptado por su familia y amigos, el poder llevar a cabo su tratamiento hormonal ha sido muy difícil, “llegando incluso a ser un privilegio”, dice. Considera que acceder a las hormonas es muy difícil para la población trans venezolana.

Pero, además, señala que no solo se necesitan los tratamientos hormonales, que no se consiguen en todos lados, sino que además debe realizarse con frecuencia controles médicos que no son económicos.

Los controles a los que asiste Tristán los recibe de parte de médicos asociados a la Fundación Unitrans.

En el caso contrario está Liohan Delgado, una mujer trans no binaria de 21 años, también activista, quien no ha podido iniciar sus tratamientos hormonales debido a que le es imposible costearlos.

“Actualmente no estoy en tratamiento hormonal y la razón es precisamente por lo difícil que es mantenerlas, lo costosas que son aquí y lo irregular que puede ser el servicio para ofrecerlas”, declaró en entrevista con Runrun.es.

Liohan explicó que además de las hormonas, se necesitan diferentes estudios y exámenes médicos que garanticen una transición exitosa y saludable y, aunque conoce personas que han iniciado este proceso “sin el debido asesoramiento”, tiene temor de poner su salud en riesgo.

Sin acceso a la identidad

Desde el año 2010 está vigente la Ley Orgánica de Registro Civil que permite el cambio de nombre. Sin embargo, a las personas trans se les ha impedido poder cambiar su identidad para que vaya acorde con la que poseen.

En noviembre de 2022, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro se comprometió a exhortar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a aplicar el artículo 146 de dicha ley, que establece en parte de su escrito que:

“Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.

 

Sin embargo, la abogado y activista Tamara Adrián, afirmó que el cambio de nombre a personas trans “no es un reconocimiento de identidad”.

“Esto no es suficiente, esto no es un reconocimiento de identidad. Es un simple cambio de nombre, no implica el cambio de sexo en la documentación”, aclaró Adrián.

En esa misma línea, Tristán Key señala que su identificación todavía lo mantiene con el género que le fue asignado al nacer. “Mi cédula muestra una identidad que no va de acuerdo con mi apariencia”.

Aunque confiesa que nunca ha tenido que vivir discriminación para tramitar este documento en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), conoce muchas personas a las que sí.

Tristán Key frente al Saime de la avenida Baralt de Caracas / Foto: Cortesía

Elegir no trabajar presencial por temor a la discriminación

Liohan Delgado cuenta que dejó de buscar empleos presenciales para “huir de la discriminación” desde que comenzó su transición, pues siente miedo de exponerse constantemente a las personas en la calle “a la ignorancia y a la transfobia”.

“Antes de empezar mi transición estaba en un trabajo y a mí me estaba matando por dentro no poder ser yo y expresarme libremente en el trabajo”, relató.

Liohan es modelo y actriz, pero señala que en el medio en el que trabaja también se ve la discriminación.

“No ha sido tampoco fácil encontrar oportunidades y también ha habido ciertas amenazas a mi salud mental en esos aspectos, porque el medio de la actuación siempre usa a las personas trans para que su rol sea ser trans, entonces nunca tengo el rol de ser una mujer”, contó.

 

Para Liohan, siempre existe una presión de tener que cumplir constantemente “con el estándar femenino y cis heteronormado de la mujer”. Precisamente, ese estándar es difícil de cumplir, dice, pues al no ser una mujer trans con muchos ingresos, se hace cuesta arriba mantenerlos y siempre estar “bajo el yugo de un afeitadora, un láser estar constantemente cuidándote la cara cuando lo que quieres es evitar que te salga más pelo”.

“He mantenido un poco mi distancia de mis otras oportunidades laborales en lo que me gusta, precisamente porque a pesar de todo siempre hay una amenaza para la comunidad trans y para las mujeres trans”, señaló.

60 casos de violencia contra personas LGBTIQ+

El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ documentó 60 casos de agresiones contra personas de la comunidad entre los meses de enero y abril del año 2023.

«Hasta la fecha, tenemos documentados 60 casos contra personas LGBTIQ+. Es importante destacar que, adicional a estos 60 casos, 21 se encuentran en proceso de indagación para determinar si, efectivamente, los mismos corresponden a las características de nuestra documentación», señaló Gloria Pérez, integrante del observatorio.

De acuerdo con las cifras de la organización, marzo de 2023 fue el mes con más casos de violencia registrados, entre los cuales destacaron los discursos de odio y el lenguaje discriminatorio emitidos por funcionarios del Estado o figuras públicas.

En este periodo, la organización documentó el asesinato a una mujer trans de la etnia wayú y el caso de otra mujer trans wayú, que “resultó violentada y con lesiones físicas graves”, ambos casos en Zulia.

Una de las peores situaciones de Sudamérica

Richelle Briceño, educadora, abogada, activista de DDHH y política, comparó la situación de las personas trans en Venezuela con la de otros países de Sudamérica como Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. “Es de las peores situaciones que podemos encontrarnos”, advirtió en entrevista concedida a Provea.

Según señala Briceño, las personas trans en Venezuela siguen “sin identidad, irrespetadas, no reconocidas por el Estado”, a la par de que tampoco son protegidas al no ser reconocidas.

“Para una persona trans es difícil por el solo hecho de no tener identidad reconocida el acceder a la salud, a la educación, a la alimentación, acceder a todos los derechos fundamentales y a los servicios públicos que se supone deben estar garantizados para todas las personas en condiciones de igualdad”, indicó Briceño.

 

Sin embargo, considera que no se puede desmayar la lucha contra la discriminación, pues erradicarla en la sociedad genera una “mejor calidad de vida, una sociedad más respetuosa, más incluyente, donde las diferencias no sean motivos para marginar o segregar poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

“Nos corresponde a cada persona hacernos eco de la importancia de la defensa de los DDHH y asumir la tarea de educarnos y formarnos, y a través de la pedagogía formar a otras personas”, añadió Briceño.

Piden aumentar la participación de personas trans en cargos públicos

La ONG Caleidoscopio Humano instó el pasado miércoles 17 de mayo a que el Estado venezolano aumente la participación de personas trans en cargos públicos.

Para la organización, es importante que cada vez más personas trans puedan aspirar a cargos públicos en Venezuela, “a pesar de la fuerza de los grupos radicales que están en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+”.

En el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al gobierno venezolano para que tome medidas efectivas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+.

Cepaz: Cada 16 horas una persona u organización fue perseguida o criminalizada en Venezuela
Nicole Hernández, investigadora de Cepaz, denunció que en Venezuela son perseguidos y criminalizados aquellos que se conciban como «enemigos del gobierno de Nicolás Maduro»
La investigadora de Cepaz Nicole Hernández advirtió que el oficialista Diosdado Cabello fue «uno de los que más amenazó a los líderes políticos de la oposición» a través de su programa Con El Mazo Dando

 

La organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz (Cepaz) presentó este miércoles, 24 de mayo, su monitoreo de persecución y criminalización durante el año 2022.

De acuerdo con las cifras de Cepaz, el año pasado se registraron 523 casos de persecución y criminalización. Los periodistas y medios de comunicación figuran como  las principales víctimas.

Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, explicó que la organización ha monitoreado estos crímenes desde el año 2014 y señaló que la persecución ahora es más «sofisticada».

Durante una rueda de prensa virtual, Borges señaló: «Hemos podido reconocer algo que hemos llamado el perfeccionamiento. Aun cuando la población en el espacio cívico sigue siendo perseguida, el Estado ha tratado de dar una apariencia de legitimidad».

En ese sentido, advirtió que el Estado invisibiliza que en el país sigan ocurriendo «graves violaciones a los derechos humanos».

Cada 16 horas una persona u organización fue perseguida o criminalizada

Nicole Hernández, investigadora de Cepaz, denunció que en Venezuela son perseguidos y criminalizados aquellos que se conciban como «enemigos del gobierno de Nicolás Maduro».

Al tomar la cifra de 523 casos que documentó Cepaz el año pasado, Hernández indicó que «cada 16 horas una persona u organización fue perseguida o criminalizada en el país».

Las principales víctimas fueron los trabajadores de la comunicación, que registraron 239 casos (46 %), seguidos de la población con 148 (28 %), personeros políticos con 106 (20 %), organizaciones no gubernamentales con 24 (5 %) y universidades con 6 (1 %).

Con relación a la disgregación por género, Nicole Hernández detalló que 259 víctimas fueron hombres (49,5 %), 68 mujeres (13 %) y en 196 casos no se pudo hacer tal disgregación porque podía incluir ambos géneros, o pudo identificarse de manera particular.

A pesar de que la mayoría de las víctimas son hombres, Hernández explicó que hombres y mujeres no son perseguidos de la misma manera, pues aun cuando en el caso de ellas no ocurra en razón de su género, «sobresalen actitudes discriminatorias y violencia que sí están infundadas en el género».

Por otra parte, el patrón más utilizado fue el de hostigamiento y amenazas. «Hay una elevada cifra en otros patrones, como el cierre de emisoras, detenciones arbitrarias, irregularidades en procesos judiciales, entre otros», advirtió Hernández.

Hernández advirtió que en 2022, el gobierno de Nicolás Maduro «hizo uso indebido e ilegítimo del poder del Estado».

También, señaló que aunque el año pasado se registraron menos casos que en 2021, cuando se reportaron 818, este año podrían aumentar los casos de persecución debido a los venideros procesos electorales.

 

«Disminuyeron porque no estuvo en juego la pérdida de poder del gobierno (…) En el primer trimestre de 2023 ya documentamos más de la mitad de los casos documentados en 2022. Lo que se avecina es un escenario más complejo que el año pasado«, dijo.

«El ejercicio del periodismo se ha convertido en una profesión riesgosa»

Según el monitoreo de Cepaz, trabajadores de la comunicación desempeñaron su labor en un entorno de «criminalización, represión y censura», por lo que se convirtieron en las principales víctimas de estos ataques.

«Los 239 actos documentados contra los trabajadores y trabajadoras de la comunicación dan cuentan de que el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha convertido en una profesión riesgosa», explicó Nicole Hernández, investigadora de Cepaz.

El patrón que más se utilizó para atacar a los medios fue el cierre de emisoras, seguido de la criminalización de la labor periodística con amenazas y hostigamiento.

Población, activistas y familiares

Cepaz documentó 148 actos de persecución y criminalización contra la población, activistas sociales y familiares de personas víctimas de los actos de persecución y criminalización.

El patrón más utilizado para perseguir y criminalizar a esta categoría de víctimas fueron la emisión de órdenes de aprehensión contra agentes de la Fuerza Armada Nacional.

En total, se contabilizaron 93 órdenes de aprehensión, 23 detenciones arbitrarias, 11 hostigamientos y amenazas, 11 irregularidades en procesos judiciales y 2 despidos injustificados.

Personas vinculadas a la política

El año 2022 desde Cepaz se documentaron 106 actos de persecución y criminalización contra la personas vinculadas con la política venezolana.

Las irregularidades en procesos judiciales fue el patrón más utilizado (41 %), seguido de amenazas y hostigamiento (38 %).

La investigadora de Cepaz Nicole Hernández advirtió que el oficialista Diosdado Cabello fue «uno de los que más amenazó a los líderes políticos de la oposición» a través de su programa Con El Mazo Dando.

Ataques contra ONG

Cepaz registró 20 casos de hostigamientos y amenazas contra organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos.

Además, se documentó una prohibición de salida del país, dos bloqueos de páginas web y una irregularidad en procesos judiciales.

Los actos de criminalización contra esta categoría de personas víctimas fueron perpetrados principalmente por funcionarios públicos que llevaron a cabo los actos de hostigamiento.

Asimismo, personas reconocidas en el ámbito público y adeptas al gobierno de Nicolás Maduro han perpetrado de «forma sistemática actos de hostigamiento y criminalización contra las organizaciones de la sociedad civil venezolana».

Más del 60 % de las protestas registradas en abril fueron por derechos laborales
Las manifestaciones de los trabajadores ocuparon el primer lugar de exigencias por sus derechos laborales, representando el 61 % del total registrado
El agua potable es el servicio que más exigen los ciudadanos por las constantes fallas en la distribución del mismo en zonas urbanas y rurales

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 489 protestas durante abril de 2023, lo que representa una disminución del 36 % con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se computaron 768 manifestaciones.

De todas las protestas contabilizadas en abril por el OVCS, 398 se relacionaron con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo que representa 81 %.

Para este periodo, según detalló la organización, las principales exigencias fueron derechos laborales, seguridad social y servicios básicos.

A su vez, las exigencias relacionadas con los Derechos Civiles y Políticos (DCP) alcanzaron 91 protestas, equivalente a 19 % de la cifra total.

Con respecto a la distribución geográfica, el OVCS señaló que las protestas destacaron en: Bolívar (59), Sucre (58), Carabobo (43), Anzoátegui (35) y Lara (33).

Las entidades con menos registros de manifestaciones fueron: Apure (2), Delta Amacuro (4) y Cojedes (5).

Caracterización de las protestas

Las manifestaciones de los trabajadores ocuparon el primer lugar de exigencias por sus derechos laborales, representando el 61 % del total registrado.

También, se realizaron protestas creativas. Durante el asueto de Semana Santa, trabajadores, jubilados, pensionados y vecinos reclamaron sus derechos a través de un viacrucis temático y las quemas de Judas. 

El sector educación también estuvo activo en abril. Padres y representantes se unieron al gremio para exigir mejoras salariales y mejoras en las infraestructuras de las instituciones educativas.

Por su parte, vecinos y grupos políticos rechazaron casos de corrupción realizados por funcionarios gubernamentales.

Las protestas por servicios básicos se mantuvieron: agua potable y electricidad fueron los servicios básicos más exigidos por los vecinos. 

Asimismo, los mineros de diversas zonas de Bolívar protestaron contra el desalojo de las minas.

Cañicultores de Cumanacoa, estado Sucre, realizaron una huelga de hambre para exigir respuestas sobre deudas de 2021 frente a la Gobernación del estado.

Además, durante abril, hubo denuncias en 11 estados por fallas en la distribución del combustible y la baja calidad del mismo causando daños en los vehículos.

Miembros de partidos políticos, jóvenes y la sociedad civil también protestaron para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la activación de nuevos puntos de registro electoral que promueva la actualización de datos e inscripción para próximos eventos electorales.

Finalmente, en el área de la salud, pacientes oncológicos denunciaron la paralización de radioterapias en centros asistenciales.

Protestas combinadas

De acuerdo con el OVCS, de las 489 manifestaciones documentadas durante abril, 228 fueron combinadas, es decir, los ciudadanos exigieron más de un derechos durante una misma protesta.

Un ejemplo de ello son las protestas en las que la ciudadanía denuncia fallas en los servicios básicos y, adicionalmente, exigen más seguridad ciudadana en sus localidades. 

También, precisó la organización, hay acciones donde los trabajadores exigen mejores salarios y reparación de centros sanitarios y dotación de medicinas.

Derechos más demandados

Las protestas por los derechos laborales encabezan la lista de manifestaciones documentadas durante abril de 2023. De acuerdo con el OVCS, de 489 protestas, un total de 300 fueron por estos derechos.

En abril de 2022 se registraron 312 manifestaciones por esta misma razón, lo que a juicio del Observatorio indica que «el conflicto laboral ha repuntado a pesar de la disminución general de protestas durante este 2023″.

De esas 300 manifestaciones por derechos laborales, en al menos 192 participaron docentes de todos los niveles educativos acompañados de personal administrativo y obreros, lo que representa un 64 %.

Vale acotar que las exigencias del sector educación se incrementaron en 149 % en comparación con abril de 2022 cuando se registraron 77, según los datos del OVCS.

Protestas por servicios básicos

Durante abril de 2023, de acuerdo con el OVCS, en unos 15 estados del país se reportaron inundaciones, deslizamientos de tierras, entre otros problemas que complejizan la situación de comunidades vulnerables.

El agua potable es el servicio que más exigen los ciudadanos por las constantes fallas en la distribución del mismo en zonas urbanas y rurales. Por este servicio, el OVCS contabilizó al menos 45 protestas.

En segundo lugar figuran las protestas por el servicio eléctrico, con 16 documentadas en abril.

protestas en abril

A las fallas en el servicio eléctrico le siguen las protestas por gas doméstico en todo el territorio nacional. Se documentaron 4 durante el periodo mencionado.

Por otra parte, el OVCS también contabilizó protestas de vecinos que exigieron a las autoridades la reparación de vialidad (9), recolección continua y adecuada de residuos sólidos (7) y falta de mantenimiento en los canales de aguas servidas (6).

Protestas por gasolina

Durante el periodo, el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.

El índice de protestas por este motivo lo lidera el estado Zulia (5), seguido de Barinas (4).

protestas en abril

Otros derechos

En abril de este año, el OVCS contabilizó 53 movilizaciones por parte de los jubilados y pensionados quienes exigieron sus derechos junto a trabajadores activos de educación, salud y otros gremios de la administración pública.

Con relación a derechos civiles y políticos, los más demandados fueron el derecho a la justicia (75) y el derecho a la participación política (47). 

protestas en abril

Represión

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció que el Estado «continúa ejerciendo la represión contra las manifestaciones pacíficas y reivindicativas».

Durante el mes pasado, la organización documentó 4 protestas reprimidas en 4 estados del país.

protestas en abril

Además, se registraron 13 protestas denunciando abusos y arbitrariedades cometidas por integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado.

protestas en abril

Urgen al Estado a reactivar el programa de trasplantes tras seis años paralizado
Anabell Arminio, asesor médico de la ONTV, aseveró que el tema de los trasplantes está directamente relacionado con los Derechos Humanos, pues se compromete la salud y esta es necesaria para desarrollar un proyecto de vida
“Queremos que se termine de decidir el Estado y de reactivar el sistema de salud, que funcionen todas estas condiciones. No podemos exigir un personal de calidad que reciba unos salarios de hambre sin dignidad”, señaló Katherine Martínez de Prepara Familia

Tras casi seis años de paralizarse el programa de trasplantes de donante cadáver en Venezuela, defensores de los derechos humanos exigen al Estado venezolano que invierta en políticas públicas para la reactivación de este programa.

De acuerdo con la doctora Anabell Arminio, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), no existen cifras oficiales sobre la cantidad de personas que están en diálisis y tampoco las hay sobre quienes necesitan trasplante.

Según Arminio, se estima que existen unos 7.000 pacientes en diálisis, de los cuales el 40% podría necesitar un trasplante, aunque no es posible precisar una cifra debido a la opacidad que mantiene el Estado.

Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, señaló que desde la paralización del programa de trasplante cadáver, en 2017, hasta el año 2022, murieron unos 70 niños, que aunque no se sabe si todos fallecieron a la espera de un trasplante, muchas de esas muertes eran “evitables”.

“No tenemos acceso a las cifras de otras unidades de diálisis donde conocemos que han fallecido personas. Este año llevamos cuatro niños fallecidos, tres en el JM de los Ríos, y otro niño que se volvió joven falleció esperando una salida”, denunció Martínez.

Unos pocos centros activos para trasplante de donante vivo

Durante una rueda de prensa del Observatorio Social Humanitario, Anabell Arminio señaló que actualmente, en Caracas, solo está habilitada la Clínica Popular de El Paraíso para hacer trasplantes de donante vivo.

“Este año han hecho 36 trasplantes, pero los resultados no se conocen. Es un solo centro y solo donante vivo”, aclaró la especialista.

Asimismo, indicó que en el Hospital Coromoto de Maracaibo, estado Zulia, también se han realizado trasplantes, así como en el Hospital de Niños JM de los Ríos, que se realizó uno en noviembre de 2022, y en el Hospital Militar de Caracas, pero sigue siendo insuficiente para la necesidad que existe en el país.

Por su parte, Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, señaló que el sistema de procura de órganos se suspendió desde junio de 2017 y, aunque se realizan trasplantes de donante vivo, “las operaciones que se están realizando son muy contadas”.

“En todos hay un impacto en la población que presentan una enfermedad crónica y que están a la espera de alguna solución, algunos casos el trasplante”, señaló Martínez.

No todos pueden acceder a un donante vivo

La doctora Anabell Arminio explicó que no todos los pacientes que requieren un trasplante tienen la disponibilidad de un donante vivo, recordando que la legislación venezolana permite el trasplante vivo con familiares hasta el quinto grado de consanguinidad.

“Están permitidos también trasplantes entre parejas cuyo nexo se pueda comprobar e inclusive padres e hijos adoptivos”, indicó Arminio.

Asimismo, recordó que en Venezuela no está permitido, como sí ocurre en otros países, que un amigo o persona cercana al paciente sea el donante. Está impedido por las leyes venezolanas.

Un tema de DDHH

Anabell Arminio, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes (ONTV), aseveró que el tema de los trasplantes está directamente relacionado con los Derechos Humanos, pues se compromete la salud y esta es necesaria para desarrollar un proyecto de vida.

La especialista señaló que, aunque el programa de procura de órganos se suspendió desde el 2017, ya desde el año 2014 muchos centros hospitalarios reconocidos por realizar trasplantes se vieron obligados a suspender estas operaciones por las precarias condiciones del sistema de salud.

“Se suspendió el programa de trasplante de donante cadáver porque no había seguridad de obtención de medicamentos que asegurara el tratamiento. El Seguro Social se comprometió a que esto sería solventado en dos o tres meses, pero ya van seis años y seguimos en lo mismo, con el programa suspendido”, denunció.

Katherine Martínez recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para el Servicio de Nefrología del JM de los Ríos, así como otros 13 servicios del centro de salud, pero el Estado no las ha cumplido.

“La respuesta del Estado ha sido negar la situación o culpar a las sanciones. En el caso de los trasplantes, esto ocurrió mucho antes de las sanciones. No hay inversión, no hay políticas públicas serias. No tenemos información, todo lo hacemos a ciegas”, añadió.

Un Estado que no cumple con sus responsabilidades

Enfatizando en el caso de los pacientes en diálisis, Anabell Arminio señaló que, si no se conoce la cantidad de pacientes de diálisis que hay, no es posible saber cuántos necesitan un trasplante. 

“Además de garantizar trasplantes, el Estado tiene que garantizar la calidad de diálisis. Números oficiales no hay, los números se obtienen por los canales verdes”, cuestionó la especialista.

En ese sentido, señaló que el Estado venezolano debe recuperar la actividad de trasplante de donante cadáver. Sin embargo, aclaró que esta es una tarea difícil, pues se requiere entrenamiento del personal.

También, consideró necesario que el programa se reactive y se mantenga como una constante, además de resaltar la necesidad de que la sociedad entienda “que es un problema que no se resuelve de hoy para mañana”.

Arminio lamentó que, debido a las condiciones de los centros de diálisis, “la única posibilidad que tiene un paciente de salir de diálisis, si no tiene trasplante, es fallecer. Es costoso y no hay personal”.

“Queremos que se termine de decidir el Estado y de reactivar el sistema de salud, que funcionen todas estas condiciones. No podemos exigir un personal de calidad que reciba unos salarios de hambre sin dignidad”, añadió Katherine Martínez de Prepara Familia.

DDHH Olvidados | Los padres de Juan Pernalete ponen sus esperanzas en la CPI para encontrar justicia
Los padres de Juan Pablo Pernalete han tenido que alzar sus voces en instancias internacionales después agotar todas las vías internas en la búsqueda y exigencia de justicia por el asesinato de su hijo
El gobierno de Nicolás Maduro tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana
José Pernalete manifestó que su familia tiene esperanzas de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI), institución que adelanta una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

@Andrea_GP21

 

“Al día de hoy el asesinato de nuestro hijo se encuentra en completa impunidad”, relata Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, el estudiante que fue asesinado cuando tenía apenas 20 años el 26 de abril de 2017, después de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho en el Municipio Chacao de Caracas durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Juan Pablo Pernalete era estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Metropolitana (Unimet), donde también perteneció al equipo de baloncesto y tenía una beca por excelencia deportiva. El joven daba clases de baloncesto a niños de las comunidades de Petare y formaba parte de una fundación protectora de animales.

Su mamá, Elvira, asegura que su vida y la de su esposo, José Pernalete, cambió “radicalmente”, pues no solo perdieron a Juan Pablo. En 2019, María Gabriela Pernalete, hermana del joven, falleció luego de librar una dura batalla contra un cáncer hepático.

 

“Como madre, vivir sin Juan Pablo y María Gabriela es un desafío diario porque el primer pensamiento al levantarme, y el último al acostarme, es para mis hijos. Es lo más duro que he tenido que enfrentar, aprender a vivir con sus ausencias físicas”, contó la señora Elvira en entrevista concedida a Runrun.es.

Dejar una vida de familia para luchar por la justicia

Los padres de Juan Pablo Pernalete tuvieron que dejar de vivir una rutina de padres dedicados a sus hijos y a sus proyectos de construir un futuro de vida. Desde el 26 de abril de 2017 tuvieron que levantarse con ese dolor irreparable que es perder un hijo.

Además, la partida de hija María Gabriela fue otro duro golpe para su familia. La señora Pernalete afirma que fue “producto de su depresión por la muerte de su hermano y su lucha contra un cáncer hepático”.

“Para nosotros la muerte de María Gabriela es un daño colateral por el asesinato de Juan Pablo, ella nunca superó la depresión”, señaló Elvira Pernalete.

 

Ambos padres han tenido que alzar sus voces en instancias internacionales después agotar todas las vías internas en la búsqueda y exigencia de justicia por el asesinato de su hijo.

Aunque abunda el dolor por la pérdida de sus hijos, Elvira Pernalete asegura que son Juan Pablo y María Gabriela el impulso que tienen cada día para “seguir luchando y apostando por esa Venezuela bonita, que Juan Pablo soñaba para él, para su hermana, para nosotros sus padres, para todos los venezolanos”.

Familia Pernalete Llovera / Foto: Cortesía

De padres de familia a activistas

Desde que ocurrió el asesinato de Juan Pablo, la familia Pernalete, tal y como ocurrió con los familiares de otras personas asesinadas en las protestas del 2017, sentían dolor, confusión y desorientación, pues se sentían “utilizados” por actores de la política nacional “para sus intereses partidistas y personales”y porque también se enfrentaron “a un sistema, el cual está estructurado para callar la disidencia, a la sociedad civil”.

Elvira Pernalete aseguró que todas las familias se han sentido vulnerables y desprotegidas, por lo que decidieron unirse y alzar sus voces y transformar ese “dolor en acción”, entrelazando las luchas en una sola causa: “el solo propósito de buscar justicia”.

Elvira Pernalete en una actividad frente al Ministerio Público / Foto: @Andrea_GP21

“Hemos mantenido la bandera de lucha por la defensa de los derechos humanos y la justicia. Nos hemos mantenido alzando la voz, buscando espacios para mantener la memoria histórica, y lo vamos a seguir haciendo a nivel nacional e internacional para que estos”, señaló la señora Elvira.

Recuerda la madre de Juan Pablo que han sido víctimas de tratos degradantes. Uno de ellos ocurrió cuando acudieron a buscar respuestas sobre el caso de su hijo y uno de los fiscales dijo: “Búscame el expediente del guarimbero”.

Revictimizado por falsas matrices de opinión creadas por el gobierno

La versión inicial de la muerte de Juan Pablo que dio el oficialismo es que el joven había fallecido por el disparo de una pistola de perno cautiva, supuestamente accionada por sus propios compañeros. Además, algunos voceros del chavismo lo tildaron de “criminal”,, algo que su padre, José Pernalete, rechaza y manifiesta que causó mucho dolor a su familia.

“Como padres nos sentíamos afectados por el dolor de que nuestro hijo fuese tildado de esa manera, porque lo que ellos decían no correspondía a lo que era Juan Pablo. Sentíamos impotencia”, declaró el señor Pernalete.

Fue Ernesto Villegas, que ese momento era ministro de Comunicación, quien aseguró en VTV, en compañía de Delcy Rodríguez, que Juan Pablo podría haber sido asesinado con una pistola de perno cautiva. El funcionario chavista aseguró que las personas que auxiliaron a Pernalete lo dejaron “abandonado”.

“Hicieron referencia sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que estaban hablando aquí cuando describían lo que era una pistola de perno y trataban de sembrar esa matriz de opinión”, criticó José Pernalete padre.

Para el señor Pernalete, todas las declaraciones emitidas por voceros del oficialismo generaron falsas matrices de opinión y los revictimizaba constantemente mientras sufrían la pérdida de su hijo.

“Y hoy aún lo estamos viviendo, porque ninguno de los personeros y medios del gobierno, que trataron de sembrar esa matriz de opinión falsa desde la primera noche, diciendo que lo asesinaron, se han retractado a pesar de que los hemos denunciado”, reclamó el padre del joven.

Precisamente por esas acciones, una de las causas que lleva la familia Pernalete por el “asesinato moral” de Juan Pablo. Se trata de una denuncia que hicieron en 2017 ante el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia contra los funcionarios chavistas, así como medios de comunicación afiliados al gobierno, “por crear y apoyar una matriz de opinión falsa, afectando la credulidad pública y por el daño moral y psicológico a sus padres”, señaló José Pernalete.

 

El gobierno de Nicolás Maduro tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana.

Una causa totalmente impune

La causa del asesinato de Juan Pablo está a cargo de la Fiscalía 62 y se han cambiado los fiscales en múltiples ocasiones.

La señora Elvira Pernalete señala que, a seis años después del asesinato de su hijo, el caso se encuentra “en completa impunidad”, señalando que los 13 guardias nacionales involucrados no están en prisión ni pagando condena. Tampoco se ha tocado la cadena de mando.

“Solo dos de los 13 GNB imputados fueron acusados por el fiscal 62 del Ministerio Público, Leo Amarista, y ya no se encuentran en la Guardia Nacional Bolivariana. Se desconoce su paradero y ni el Ministerio Público ni el Tribunal 42 de Control hacen lo necesario para ubicarlos y traerlos a juicio a pesar de que nosotros lo hemos solicitado”, señaló.

 

La madre de Juan Pablo Pernalete critica que el Ministerio Público no haya ejercido las acciones ordinarias y extraordinarias de requerir información al comando de la GNB durante estos años.

“Como víctimas, realizamos una acusación particular propia a estos GNB y la jueza 42 de control Ángela Carrillo, después de diferirnos en 10 oportunidades (…) la audiencia preliminar desestimó nuestra causa el pasado 10 de noviembre del 2022 y retiró la orden de prohibición de salida del país a estos GNB. Nosotros apelamos la decisión de esta jueza, pero ya se cumplieron los lapsos procesales en la Corte de Apelaciones y, a la fecha de hoy, no tenemos respuestas”, relató la señora Elvira.

José y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete / Foto: Cortesía

Además, la señora Elvira Pernalete indicó que el último fiscal, Leo Amarista, es el que ha tenido el trato “más hostil”. “A este fiscal nosotros lo recusamos este y se nos fue negada la recusación por parte del Ministerio Público”, denunció.

Por su parte, el señor José Pernalete denunció que les han cambiado los fiscales 11 veces, enviando la causa a tres Fiscalías simultáneamente. “Lo único que han hecho es someternos a declaraciones, a exámenes psicológicos en la unidad de criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales del Ministerio Público, donde los mismos informes arrojan diagnósticos que aparecen como consecuencia la imposibilidad de hacer un cierre del proceso de duelo de nuestro hijo”, señaló el señor Pernalete.

Confianza en la CPI

José Pernalete manifestó que su familia tiene esperanzas de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI), institución que adelante una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“En Venezuela, bajo este sistema de gobierno que juega a cansarnos, a burlarse de nuestro dolor y mantener la impunidad en los asesinatos de nuestros familiares, nunca vamos a obtener justicia genuina y menos a los responsables materiales e intelectuales”, señaló.

Para el señor Pernalete, en el país el sistema judicial tampoco actúa sobre la cadena de mando, para que estos “paguen por los crímenes cometidos a los venezolanos” que han sido víctimas durante todos estos años.

“Por eso es que nuestra esperanza es que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorice al fiscal Karim Khan para que continúe las investigaciones en el caso de Venezuela I y se incluyan los asesinatos de nuestros hijos en las investigaciones”, dijo.

José y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete / Foto: Cortesía
Seis años sin justicia: Familiares de víctimas de protestas de 2017 exigen investigación a las cadenas de mando
A propósito de las declaraciones de Jorge Rodríguez, en las que  condicionó el diálogo en México a la suspensión de la investigación que adelanta la CPI,  el activista de DDHH Marino Alvarado, declaró que dicho proceso “no es negociable”
Familiares de las víctimas de la represión en 2017 entregaron un documento en la Fiscalía, donde exigen investigar las cadenas de mando “de quienes tienen responsabilidades en los asesinatos” ocurridos en las protestas

@Andrea_GP21

 

A seis años del asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete, ocurrido el 26 de abril del 2017 durante las protestas antigubernamentales, familiares de 19 víctimas de la represión de ese año acudieron al Ministerio Público, en Caracas, para exigir al fiscal general impuesto por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, que se adelanten investigaciones certeras sobre los casos donde murieron hijos y familiares.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), desde el 1 de abril al 31 de julio de 2017 se contabilizaron 6.729 manifestaciones y 163 muertos. El Ministerio Público reconoció solo el fallecimiento de 129 personas.

En el encuentro, integrantes de la Alianza de Familiares de Víctimas de Venezuela (ALFAVIC-VZLA) entregaron un documento en la Fiscalía, donde además exigen investigar las cadenas de mando “de quienes tienen responsabilidades en los asesinatos” ocurridos en las protestas.

Foto: @Andrea_GP21

Asimismo, instaron al Ministerio Público a actuar con la “debida diligencia para que los crímenes perpetrados no queden impunes”, conforme al memorándum de entendimiento firmado en noviembre de 2021 por el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.

José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete, declaró que ese escrito es para pedir al gobierno de Maduro que se “aboque” a llevar adelante esas investigaciones con el fin de que los perpetradores sean juzgados.

Foto: @Andrea_GP21

 

La investigación de la CPI no es negociable

El pasado lunes, 24 de abril, el gobierno de Nicolás Maduro condicionó el avance del diálogo con la oposición a la suspensión de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en el país.

Al respecto, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento oficialista, comentó que ante cualquier instancia de negociación llevarían cinco puntos  «a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad».

A propósito de esas declaraciones de Rodríguez y la actividad que realizaron los familiares de las víctimas de las protestas del 2017, el activista de DDHH Marino Alvarado, declaró que la investigación de la CPI “no es negociable”.

“La investigación que adelanta el fiscal Khan en la Corte Penal Internacional no es negociable y no hay posibilidad de que esa investigación entre en cualquier proceso de negociación, ya sea el que por iniciativa adelanta el presidente (Gustavo) Petro de Colombia o la mesa de negociación en México”, señaló en entrevista exclusiva ofrecida a Runrun.es.

Alvarado señaló que la CPI es un “órgano totalmente independiente”, el cual tiene el deber de “combatir la impunidad de crímenes que se cometen en el mundo y los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela no deben quedar impunes”.

“Es una falsa ilusión de parte del gobierno de Nicolás Maduro pretender que, mediante el diálogo político se pueda suspender la negociación (…) Esto es lo único que demuestra es que hay una gran preocupación de parte de la cúpula que gobierna en Venezuela (…) Ellos saben que tienen responsabilidad y saben que si se abre un caso por parte de la CPI a algún integrante de esa cúpula que está gobernando va a tener que rendir cuenta ante la Corte Penal Internacional”, añadió.

Foto: @Andrea_GP21

Absoluta impunidad

Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, recordó que a su hijo lo asesinó un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y lamentó todas las muertes ocurridas en el 2017 en el contexto de protestas contra el gobierno de Maduro.

“Se encuentran en total impunidad la mayoría de los casos (…) El 90% de los casos de nuestros seres queridos se encuentran en absoluta impunidad. No hay justicia, no hay verdad de los hechos que ocurrieron”, declaró Elvira Pernalete ante los medios.

Para la madre del joven, se “pretende ocultar y olvidar” lo ocurrido en el 2017. “Pretenden que los venezolanos y el mundo se olvide”, señaló.

Foto: @Andrea_GP21

Por su parte, Dexy González, madre de Rubén Dario González Jiménez, asesinado por la GNB en el sector 5 de La Isabelica, estado Carabobo, reclamó que los acusados por la muerte de su hijo fueron absueltos.

“Fuimos a un juicio que duró un año. Absolvieron a los seis guardias. El teniente que asesinó a mi hijo está fugado, nunca se presentó. Hicieron un juicio a ‘silla vacía’ (…) Ni el Ministerio Público ni los tribunales hicieron nada”, declaró González.

En ese sentido, señaló que está a la espera de la sentencia de lo que ocurrió durante el juicio, que inició el año pasado, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.

 

“Un caso complicado”

Luis Alejandro Sosa, padre de Manuel Sosa, víctima de la represión del 2017, señaló que el caso de su hijo es “complicado”, pues a los 15 días de su asesinato había un ciudadano imputado por ser el presunto asesino del joven.

“Ese ciudadano tenía una orden de captura a nivel nacional que todavía no se ha hecho efectiva (…) El expediente está casi en los recaudos que se hicieron en el año 2017”, dijo.

Asimismo, señaló que el expediente de Manuel Sosa, asesinado en mayo de 2017 en Cabudare, estado Lara, fue trasladado a Caracas en el año 2018 y desde ese momento, los familiares no han tenido “ninguna información acerca de lo que está sucediendo con el expediente en la Fiscalía 34”.

 

El mismo caso de traslado de expediente ocurre con Augusto Puga, asesinado a sus 22 años por funcionarios policiales del estado Bolívar al violar la autonomía universitaria de la Universidad de Oriente (UDO), donde estudiaba medicina.

Foto: @Andrea_GP21
CIDH destaca el deterioro de la situación de DDHH en Venezuela en su informe anual
La Comisión y Redesca advirtieron que, pese a que la pandemia ha tenido unos impactos significativos en el sector salud y en la población, «las serias afectaciones del sistema precedían la emergencia sanitaria»
Entre las «sistemáticas violaciones» de DDHH, la CIDH destaca las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual del 2022, donde resaltó el deterioro de la situación de los DDHH en Venezuela.

En el capítulo IV del informe, publicado el pasado jueves, 20 de abril, se destacó «una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana».

Para Humberto Prado, defensor de los DDHH, que Venezuela aparezca en el informe de la CIDH junto a Cuba, México, El Salvador, Honduras, Brasil, Nicaragua y Guatemala «es como estar en lista negra de países mas violadores de derechos humanos de la región».

A continuación, los aspectos más relevantes sobre la situación en Venezuela del informe.

Administración de justicia correcta e independiente

De acuerdo con el informe de la CIDH, en Venezuela no existe la independencia judicial por la «alta provisionalidad de personas operadoras de justicia», entre otros factores.

Con respecto al Poder Judicial, la institución considera que, en lugar de ser un garante de legalidad de actos de otros poderes, este «ha profundizado la crisis institucional que atraviesa el país».

Asimismo, recordaron que en el 2022 el Estado «adoptó tímidas e inefectivas medidas en aras de fortalecer la independencia judicial».

Por otra parte, señalaron la reducción de 32 a 20 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), «sin prohibir la reelección de magistradas y magistrados cuyos períodos están próximos a finalizar».

 

La CIDH alertó también que el aumento de diputados en el comité de postulaciones «tiende a profundizar la crisis institucional porque en el país no hay garantías para realizar elecciones libres ni justas15».

También, la Comisión considera que el Estado «no ha adoptado medidas idóneas, efectivas y prácticas para fortalecer la independencia del Poder Judicial».

Poder Electoral, adelanto de elecciones y derechos políticos

Según el informe de la CIDH, en Venezuela «no existen garantías democráticas para la participación política en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación».

Destaca entre los principales desafíos el nombramiento irregular de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por más de 20 años; las inhabilitaciones políticas impuestas por órganos administrativos; y posibles cambios arbitrarios en el cronograma electoral por parte del Ejecutivo.

 

Respecto al CNE, señalan que este «ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, que lo señalan de no brindar garantías de imparcialidad».

Además, recordaron que en 2022 continuaron las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría, destacando que al menos 30 personas fueron impedidas de presentar candidaturas para aspirar a cargos públicos.

En ese sentido, la CIDH reiteró que el ejercicio de los derechos políticos es «un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos».

Asimismo, señala que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución.

Recordó que en octubre de 2022, Nicolás Maduro anunció que no descartaba un adelanto de elecciones presidenciales. Al respecto, la CIDH resalta que la mera realización de eventos electorales «no certifica que existan garantías democráticas o elecciones competitivas».

Urgente necesidad de una transición hacia la democracia y el estado de derecho 

A juicio de la Comisión, los desafíos en materia de DDHH en Venezuela «denotan la necesidad de procesos de diálogo dirigidos a restablecer la institucionalidad democrática, promoviendo la real, efectiva y práctica independencia de los poderes públicos y la consolidación de un sistema de pesos y contrapesos».

También, destacan la importancia de que los procesos de diálogos tengan como parámetro estándares interamericanos e internacionales, así como la «verdad, la justicia y la reparación de las víctimas».

Consideran fundamental que se involucre efectivamente a la sociedad civil en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación.

Ejecuciones extrajudiciales

Entre las «sistemáticas violaciones» de DDHH, la CIDH destaca las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza.

Al respecto, recordaron que el 20 de septiembre de 2022, la Misión de la ONU publicó su tercer informe sobre Venezuela, donde reiteró que en el país se cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, incluyendo violencia sexual.

Aunque la Misión se abstuvo de hacer determinación de hechos en la región del Arco Minero del Orinoco, resaltó que allí se vive una grave situación por cuenta de la criminalidad generalizada, la impunidad y la falta de gobernabilidad.

Los hallazgos de la Misión coinciden con los de la CIDH al señalar que la situación continúa siendo grave y que «existen motivos razonables para creer que estas graves violaciones de DDHH se cometieron como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel».  

Detenciones arbitrarias y tratos crueles

La CIDH documentó detenciones arbitrarias de personas que hacen público su disenso con el régimen, restricciones indebidas a la libertad de expresión y actos de persecución contra las personas y organizaciones que defienden DDHH.

En ese sentido, destacaron que según organizaciones de la sociedad civil, se registraron 348 presuntas detenciones arbitrarias, al menos 25 con fines políticos (24 civiles y 1 militar); 22 presuntos casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y 4 de desapariciones forzadas por cortos periodos de tiempo.

 

La CIDH resaltó que la Misión de la ONU encontró que en los primeros días de detención, se suelen llevar a cabo actos de tortura «con el intento de extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes».

Inflación e impacto en personas con menos recursos

De acuerdo con la CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), la mejoría de algunos indicadores económicos «no se ha traducido en el bienestar de la población en general».

Al respecto, destacan que los altos niveles de la inflación, la perdida creciente de la capacidad adquisitiva y la dolarización de facto «han tenido un efecto diferencial y desproporcionado sobre las personas con menores recursos económicos y sobre quienes no pueden acceder a los dólares, acentuando de esta manera la desigualdad». 

 

En ese sentido, la vulneración de los derechos económicos, así como la seria dificultad para adquirir la canasta básica de alimentos y medios suficientes para una vida decorosa, «constituyen una constante transversal a pesar de una perspectiva un poco más favorable frente a la situación económica».

Deterioro del sistema de salud

La Comisión y Redesca advirtieron que, pese a que la pandemia ha tenido unos impactos significativos en el sector salud y en la población, «las serias afectaciones del sistema precedían la emergencia sanitaria».

Sobre lo anterior, la CIDH identificó, en su Informe de País de 2018, que en Venezuela «existe escasez y desabastecimiento de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico».

Esa situación, advierten, se ha venido agravando desde el 2014, frente a la que es importante resaltar que «se ha llegado a reportar un colapso del sistema de salud ante su persistente precarización, lo que habría sido exacerbado por la pandemia».

También, recordaron que desde hace más de siete años no se publica el boletín anual epidemiológico y durante la pandemia tampoco se habría provisto información sobre las pruebas diagnósticas.

Asimismo, advirtieron sobre la precarización de las condiciones del personal de salud, que no tiene un salario digno y está «sometido a un alto riesgo por la falta de condiciones seguras para llevar a cabo sus labores».

“Preparó su acción junto a EEUU”: Gobierno de Petro defiende su actuación contra Guaidó
El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, aseguró que la salida de Guaidó de Colombia fue una acción «preparada con Estados Unidos»
Migración Colombia informó que se abrió un «proceso administrativo» contra Juan Guaidó porque «ingresó a territorio colombiano por vías irregulares»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la actuación de su gobierno contra el dirigente opositor Juan Guaidó, quien había ingresado a ese país pero tuvo que salir porque, supuestamente, entró de forma «inapropiada».

A través de su cuenta de Twitter, Petro se refirió a lo dicho por Guaidó en sus redes sociales, donde comentó que salió de Colombia rumbo a Estados Unidos: «Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia», señaló el opositor.

 

Frente a esas declaraciones, Petro aseguró que, si Guaidó entraba con su pasaporte y pedía asilo, «con mucho gusto se le hubiera ofrecido».

«No tiene porque entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EEUU voló hacia ese país», añadió Petro.

Para el gobernante colombiano, «obviamente un sector político quería perturbar el libre desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela».

«Una acción preparada con Estados Unidos»

Por su parte, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, aseguró que la salida de Guaidó de Colombia fue una acción «preparada con Estados Unidos».

En declaraciones a la prensa, Leyva señaló que el opositor cruzó la frontera de Colombia «sin conocimiento» del país.

Ante eso, dijo, Migración Colombia «se cuestionó» lo que había acontecido y que se supo «por boca de un alto funcionario de los Estados Unidos en dónde estaba»

Según el canciller, esa información «permitió que Migración se acercara y naturalmente le pidiera que se permitiera ser conducido a El Dorado para efectos de salir al exterior prontamente».

 

«Fue acompañado por agentes de EEUU todo el tiempo en El Dorado y el pasaje fue suministrado por EEUU (…) Fue conjuntamente una acción elaborada, preparada, con Estados Unidos”, afirmó Leyva.

Migración abrió procedimiento administrativo

Migración Colombia informó vía Twitter que el 24 de abril abrió un «proceso administrativo» contra Juan Guaidó porque «ingresó a territorio colombiano por vías irregulares».

“El procedimiento contó con todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa» señaló el director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva.

Asimismo, el funcionario de Migración señaló: «La apertura del proceso no constituye una sanción en contra del señor Guaidó Márquez, quien se encontró en buena salud durante su corta permanencia durante el acompañamiento adelantado por Migración Colombia”.

 

Finalmente, señalaron que una vez notificado, «el presunto infractor a la norma migratoria, abandonó el país».