Andrea González, autor en Runrun

Andrea González

El rayo madurizador amenaza con arreciar en las redes sociales
En noviembre del año 2017, Maduro aseguró que los dueños de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter lo tienen vetado
«Es más fácil dicho que hecho, especialmente si se quiere regular cómo funcionan las redes sociales, que es lo que tratan de dar a entender», declaró Andrés Azpúrua, director de VE Inteligente

@Andrea_GP21 – Foto: EFE/Rayner Peña

Nicolás Maduro sugirió a la Asamblea Nacional (AN) oficialista este miércoles, 28 de julio, aplicar “regulaciones bien estrictas” a las redes sociales, en las reformas que están discutiendo sobre la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte).

Durante una intervención que tuvo en el programa Con El Mazo Dando, que transmite VTV, Maduro expresó: “En la ley Resorte perfectamente entran regulaciones bien estrictas para que esas empresas trasnacionales, que abusan de los pueblos, tengan que cumplir estrictamente con esas regulaciones».

A juicio de Maduro, en el mundo existen regulaciones en las redes sociales que son «mucho más severas» de las que el chavismo espera aplicar en Venezuela.

“Les toca a ustedes tomar cartas en el asunto, estudiar la legislación, la proyección y el patrimonio que hay en el mundo. Van a decir que como somos una dictadura, vamos a poner regulaciones”, dijo.

 

Este nuevo exhorto de Maduro llegó luego de que se conociera la suspensión de la cuenta de Twitter de Con El Mazo Dando (@ConElMazoDando).

Al ingresar al perfil,  aparece un mensaje que informa que la cuenta se suspendió por incumplir las reglas de Twitter.

«Suspendieron la cuenta del Con el Mazo Dando. ¿Qué habremos hecho? Si ya estamos sancionados por la UE. ¿Nos va a frenar eso? No nos conocen. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana», advirtió Diosdado Cabello en la emisión del programa.

Cuenta de Con El Mazo Dando suspendida – Foto: Captura de pantalla

Posibilidad e implicaciones

En conversación con Runrun.es, Andrés Azpúrua, director de VE Inteligente, organización que lidera proyectos como VE sin Filtro y Conexión Segura, reiteró que no es la primera vez que en Venezuela se habla de aplicar regulaciones a las redes sociales.

«Es más fácil dicho que hecho, especialmente si se quiere regular cómo funcionan las redes sociales, que es lo que tratan de dar a entender», detalló Azpúrua a este medio.

Asimismo, consideró que a la administración de Maduro «se le hace muy difícil» presionar a empresas como Twitter y Facebook, que no están en Venezuela, para «operar bajo las leyes o normas venezolanas, cuando estas están sujetas a las normas de los países donde sí están establecidas».

«En parte, por estos estas razones, el gobierno nunca termina de decir cómo quieren regular las redes sociales», añadió.

 

En tal sentido, señaló que este tipo de acciones representan un riesgo para los ciudadanos, «porque lo que sí pueden hacer es darle justificación y expandir a algo que ya está ocurriendo, que es consecuencia, legales o no, por el ejercicio legítimo de nuestras libertades al usar RRSS».

Una amenaza recurrente

En noviembre del año 2017, Maduro aseguró que los dueños de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, lo tenían vetado.

Durante una jornada de trabajo realizada en Fuerte Tiuna, Maduro expresó en ese momento: «Me tienen vetado de las redes sociales», dijo.

En aquella oportunidad, también aseguró que plataformas digitales como Twitter y Facebook le tiene prohibido pagar publicidad para desmentir una supuesta campaña internacional que había contra su administración.

Asimismo, indicó que al menos 80% de los venezolanos poseen alguna cuenta en una de estas plataformas, por lo que reprochó que a los funcionarios de su administración y a su persona no se les permita utilizar estas redes como a cualquier persona.

Por otra parte, el 30 de marzo de 2021, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, dijo que presentaría ante la AN oficialista una propuesta para regular las redes sociales.

“En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso, vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”, dijo Ñáñez en declaraciones a Telesur.

Este anuncio llegó luego de que Facebook bloquease la cuenta oficial de Maduro por publicar información falsa sobre la COVID-19.

Según Ñáñez, estas modificaciones pretenden “blindar” la libertad de expresión de Maduro y de los ciudadanos que, a su juicio, ahora no tienen acceso a “información veraz” del gobernante en la red social.

Venezuela, uno de los países menos libres

En su informe más reciente publicado en marzo de 2021, Freedom House, ONG con sede en Washington DC que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, incluyó a Venezuela entre los países menos libres.

De acuerdo con el texto, Venezuela ha disminuido 40 puntos dentro del conteo de la ONG en los últimos 15 años.

Pese a que surgió alguna esperanza en 2019 cuanto el opositor Juan Guaidó asumió la presidencia interina y de la Asamblea Nacional, en el año 2020, Maduro recuperó la ventaja. 

«A pesar del boicot de la oposición, se llevaron a cabo elecciones de la Asamblea Nacional fuertemente controladas, creando un nuevo organismo con una mayoría del partido gobernante. La vieja legislatura liderada por la oposición se mantuvo en un estado debilitado», señala el texto.

Tomando en cuenta todos estos aspectos y los anuncios de Maduro, a juicio de Andrés Azpúrua, «no se debe aceptar ninguna regulación que vulnere los derechos a la libertad de expresión, información, asociación ni la privacidad de los usuarios».

El club de países que violan la libertad de Internet

Freedom on the Net, que evalúa la libertad de Internet en 65 países de todo el mundo, informó que la pandemia de COVID-19, «está acelerando un dramático declive en la libertad global de Internet».

Por décimo año consecutivo, los usuarios han experimentado un deterioro generalizado de sus derechos y el fenómeno está contribuyendo a una crisis más amplia de la democracia en todo el mundo.

El informe señala al régimen de China como el pionero en este campo y «el peor abusador mundial de la libertad de Internet por sexto año consecutivo«.

Precisa que el régimen comunista ha bloqueado por mucho tiempo los servicios extranjeros populares y la «infraestructura técnica centralizada para permitir el control y filtrado generalizados de todo el tráfico que ingresa al país».

Por otra parte, denunciaron que  autoridades rusas aprobaron una legislación para aislar al país de Internet internacional durante emergencias nacionales.

También, refieren que el puntaje de libertad de Internet de Myanmar se redujo en cinco puntos, ya que un apagón de Internet que ordenó el gobierno dejó al menos a 1,4 millones de personas casi sin acceso continuo desde junio de 2019.

Por su parte, de acuerdo con el informe, el gobierno de Irán limitó las conexiones para ocultar la respuesta violenta de la policía a las protestas masivas a fines de 2019.

De acuerdo con el informe, cuando la disidencia política y organizaciones cívicas se desbordan del ámbito en redes sociales en ciudades como Minsk, Jartum y Caracas, «los dictadores cierran las redes para sofocar cualquier llamado a una mayor democracia y derechos humanos».

Otro país que recurrió al bloqueo del internet y las redes sociales recientemente en el marco de una crisis política fue Cuba.

Desde el 11 de julio (fecha en la que estallaron históricas protestas contra el régimen cubano) y hasta el 14 del mismo mes el servicio de internet móvil quedó interrumpido

Después de esa fecha, aún hay dificultades constantes para acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea con datos móviles como Whatsapp.

La periodista y activista Yoani Sánchez denunció el pasado 26 de julio un nuevo «apagón» en el internet de Cuba, en un contexto de la muerte de cinco generales en nueve días. 

Mientras que en Venezuela, los bloqueos selectivos a páginas web informativas, servicios de streaming  y redes sociales en momentos de alta tensión política no son de extrañar.

Es constante ver reportes de bloqueos de las redes, Youtube y otras páginas en días de noticias políticas impactantes, o cuando el líder de la AN opositora del 2015,  Juan Guaidó, transmite sus discursos en streaming.

El pasado 4 de junio de 2021, la organización VE sin filtro, documentó un «aumento importante en bloqueos de internet» contra medios de comunicación.

En el texto, calificaron este hecho como «otro ataque contra la libertad de información y el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital».

Al respecto, precisaron que los nuevos bloqueos afectaron a sitios que antes habían sido bloqueados como  La Patilla y Caraota Digital, Alberto News.

Acotaron que el régimen ha recurrido al bloqueo de dominios alternativos de estos y otros medios y que sus tentáculos de censura se han expandido.

«No sólo han bloqueado los sitios web de medios no afiliados con el Gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos años, también han bloqueado plataformas de multimedia, de streaming y redes sociales en aras de limitar el acceso a las noticias», advirtieron. 

La organización comparte constantemente alternativas a los ciudadanos para evadir los bloqueos del régimen al internet.

En el marco de esta ola de bloqueos, el gobierno de Maduro también ha restringido el acceso a sitios pornográficos, lo que el periodista y ciberactivista, Luis Carlos Díaz, calificó el pasado mes de abril como un tema de censura importante «tanto por el conservadurismo, como por la discrecionalidad».

*Puede leer el informe completo de Freedom on the Net aquí

CLAVES | Los hallazgos más relevantes del informe anual de Monitor de Víctimas
Durante el año 2020, en la ciudad de Caracas se contabilizaron 599 homicidios, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas
En el estado Lara se contabilizaron 201 muertes violentas durante los nueve meses analizados. El municipio más violento fue Iribarren
El informe anual de Monitor de Víctimas determinó que 428 menores de edad quedaron huérfanos de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas

@Andrea_GP21

 

Este martes 27 de julio el equipo de Monitor de Víctimas, iniciativa de Runrun.es y la ONG Caracas Mi Convive, presentó su informe sobre los homicidios en Caracas y Lara durante el año 2020.

“Pandemia, gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia”, fue el nombre del informe, que refleja las características de la violencia homicida en 2020, periodo que estuvo marcado principalmente por las medidas de restricción ante la pandemia de COVID-19 y la escasez de gasolina.

En la presentación participaron varios ponentes como Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas; Manuel Parejo y Héctor Navarro por Caracas Mi Convive; Lorena Meléndez, periodista de Runrun.es; Liz Gascón, periodista del estado Lara; y como invitada especial la profesora Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares.

De acuerdo con los hallazgos del informe de Monitor de Víctimas y en el caso de Caracas, el perfil de la víctima común son jóvenes entre 15 y 29 años, quienes no tienen servicios básicos, acceso a educación ni oportunidad de involucrarse en mercados laborales, lo cual “empeora la manera en que se comporta la violencia en el país”, explicó Héctor Navarro.

La violencia en Caracas

La periodista Lorena Meléndez ofreció un balance sobre las cifras de víctimas de la violencia que registró la ciudad capital durante el periodo estudiado.

La comunicadora inició su ponencia recordando el caso de Bryan Onel Cedeño Rengifo, de 24 años, quien fue asesinado en el Barrio José Félix Ribas de Petare el 8 de mayo de 2020.

Meléndez recordó que a Cedeño Rengifo lo mataron los cuerpos de seguridad durante un operativo policial en el que se buscaba a presuntos integrantes de la banda delictiva del “Wilexis”. Aunque familiares desmintieron que el joven estuviera vinculado con este grupo criminal, funcionarios de seguridad del Estado lo asesinaron porque supuestamente era uno de los miembros.

En ese contexto, la comunicadora expresó: “Conseguimos familiares que están denunciando que los muchachos que matan no tienen nada que ver con delitos o no estaban cometiendo delitos en ese momento, sin derecho a defenderse, ni a hablar o ser arrestados”.

Móvil de las muertes

La comunicadora detalló que en Caracas se contabilizaron 599 muertes durante el 2020 que estuvieron relacionadas con la violencia, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas. 

De esas muertes, 204 son adjudicadas a la letalidad policial / ejecuciones extrajudiciales, por lo que este se convierte en el móvil principal de las muertes violentas en Caracas.

Además, citando al informe de Monitor de Víctimas, Meléndez señaló que el segundo móvil de las muertes violentas fue el robo, con 93 víctimas; ajuste de cuentas o venganza, con 73; riñas o peleas, con 50; violencia de género, con 17; enfrentamiento entre bandas, con 15; balas perdidas, con 14; entre otros.

 

Señala además que, lejos de creer que por las restricciones de la pandemia se redujo la violencia, durante la primeras semanas de cuarentena los homicidios se incrementaron. 

En ese sentido, explicó que durante el primer trimestre, antes de que la administración de Nicolás Maduro decretara la cuarentena, hubo 51 homicidios. Más adelante, entre la mitad de marzo y principios de junio, se contabilizaron 63 víctimas, en lo que fue el periodo más letal del año.

Mientras que en el siguiente trimestre se contabilizaron 56 víctimas. En conclusión, Meléndez consideró que “había mayor letalidad policial mientras había cuarentena radical”.

Letalidad policial por parroquias

En este caso, la parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda registró la mayor cantidad de víctimas con 46 homicidios, seguida de la parroquia Sucre del municipio Libertador de Caracas, con 31 asesinatos en el periodo estudiado.

Según Meléndez, a través de las investigaciones, se determinó que las fuerzas de seguridad del Estado más represivas fueron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La violencia en Lara

Para detallar las cifras de violencia en esta entidad, que también estudia Monitor de Víctimas, tomó la palabra la periodista Liz Gascón, quien detalló que durante los nueve meses analizados se contabilizaron 201 muertes violentas en el estado Lara y el municipio más violento fue Iribarren.

Además, Gascón explicó que, entre abril y diciembre del 2020, más del 60% de los asesinatos registrados fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, según el informe, se totalizan 151 víctimas de la letalidad policial, asesinadas en su mayoría por funcionarios de las FAES.

Detalló además que, en promedio, hubo 23 homicidios por mes; y  en 7 de cada 10 casos, solo hizo falta una bala para acabar con la vida de las víctimas, las cuales eran, en su mayoría,  jóvenes en edad productiva.

 

“El equipo de Monitor de Víctimas pudo constatar que las muertes a manos de los cuerpos de seguridad en Lara tienen los mismos patrones de actuaciones que los ejecutados en el Distrito Capital”, reza parte del informe.

Los siguientes móviles de muertes detectados por el Monitor de Víctimas en Lara que aparecen en el informe y fueron citados por Gascón son el robo, ajuste de cuentas, riña, bala perdida, abuso o maltrato infantil, violencia de género y linchamiento.

Búsqueda de Santanita

La periodista también explicó que 30% de las ejecuciones extrajudiciales registradas en los nueve meses analizados fueron justificadas con el argumento de la búsqueda de Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, y líder de una banda que es señalada de estar presuntamente vinculada con alias “Niño Guerrero”, líder de la megabanda el Tren de Aragua.

Además, señaló que 89% de los homicidios vinculados a Santanita ocurrieron en el municipio Iribarren. Una de las víctimas fue el propio padre del presunto delincuente, quien fue asesinado en una vivienda. 

Sobre este hecho, la familia descartó que el padre de “Santanita” estuviera relacionado con alguna banda o que tuviera algún contacto reciente con él.

 

Masacre en Torres

La periodista Liz Gascón hizo referencia al caso del asesinato de seis personas en la finca La Polonia, del caserío Cerro Alto del municipio Torres, que está identificado como un ajuste de cuentas o venganza.

Tres niños y tres adultos de una misma familia fueron asesinados por el agricultor. Jesús Concepción Arriechi Carrasco, señalado como el presunto homicida. El hombre había sido despedido un año antes por el propietario de esas tierras por quedarse con las ganancias de unos sacos de caraotas que habían cosechado en el lugar.

Un año después, Arriechi volvió a la finca y mató a machetazos al propietario del lugar, Octaviano Antonio Serrano Vargas, de 60 años, junto a su hermano, Noval Ramón Serrano Vargas, de 44 años; su cuñada, Liliana Rafaela Mavare Colmenárez, de 44 años, y tres sobrinos de 6, 8 y 14 años de edad, el sábado 28 de noviembre de 2020, en horas de la tarde.

Mujeres vulnerables

Héctor Navarro, integrante de Caracas Mi Convive, explicó que la mujer se ha convertido en “una víctima completamente vulnerable ante las autoridades”, al señalar que no existen mecanismos de prevención, reducción de la violencia ni investigación de los hechos.

“Es necesario una colaboración de toda la sociedad para apuntar a mecanismos que protejan a la mujer”, sostuvo Navarro.

Asimismo, indicó que se analizaron las víctimas femeninas de violencia a partir del análisis de tres factores: tipo de arma, victimario y el contexto del homicidio.

También, se realizó el test del chi-cuadrado, que compara los casos observados con la distribución esperada que deberían tener los datos cuando no existe asociación. Además, establece si las categorías son independientes.

 

“Es necesario una colaboración de toda la sociedad para apuntar a mecanismos que protejan a la mujer”, sostuvo Navarro durante su intervención.

De acuerdo con el informe de Monitor de Víctimas, durante el 2020 se contabilizaron 52 asesinatos de mujeres y la mayoría de las víctimas fue asesinada por su condición de ser mujer.

En este sentido destacó el femicidio de Carla Ríos, de 39 años, quien fue asesinada por su pareja. En este caso, la víctima había denunciado previamente a su agresor, pero no hubo justicia que la protegiera y esa situación facilitó que el agresor consumara el crimen. 

 

De igual forma, el texto detalla que las mujeres tuvieron limitaciones para denunciar o pedir ayuda durante la cuarentena, a lo que se le suman las fallas en el servicio eléctrico, de internet y de telefonía móvil que disminuyeron las posibilidades de ayuda para las afectadas.

“Estos obstáculos traen como consecuencia que las mujeres desistan en la búsqueda de justicia y esta situación solo favorece al agresor. Pero además, y lo que es más grave, incide en el incremento de los femicidios”, explica el informe.

Niños huérfanos por la violencia

La periodista Lorena Meléndez puntualizó que 428 menores de edad quedaron huérfanos de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas.

Citando al informe, precisó que 57,95 % de los huérfanos de la violencia se concentra en las parroquias Petare, Sucre, La Vega, Antímano y Coche. Además, se detalla que solo en la parroquia Petare, 24,77 % de los niños, niñas o adolescentes perdió a uno de sus progenitores.

Por otra parte, 71,26 % de los niños, niñas o adolescentes huérfanos de la violencia corresponden al municipio Libertador de Caracas.

Gobernanza criminal

Héctor Navarro explicó que en parroquias como El Cementerio, que es constituida como una zona de paz, el control total lo tienen las bandas delictivas, señalando que en muchas ocasiones, la confianza de los habitantes de estos lugares no está hacia el Estado, sino hacia la banda delictiva.

Sin embargo, aclaró que no es que la banda termine siendo un elemento para admirar, “sino algo que da a las comunidades más tranquilidad que el propio Estado”.

Por su parte, Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas, definió este tipo de situaciones como “gobernanza criminal”, puntualizando que no se trata de que las comunidades apoyen a las bandas, sino que están obligadas a convivir bajo las reglas de estos grupos delincuenciales.

“La gente de los barrios está en el medio. Las bandas imponen unas reglas que las comunidades se ven obligadas a cumplir, mientras que los cuerpos de seguridad cuando entran al barrio matan a los jóvenes y agreden a las personas de las zonas populares”, explicó Rísquez en su intervención.

 

En ese contexto, también intervino Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares, quien indicó que las comunidades no protegen al delincuente. “No les queda otro remedio que estar bajo un poder arbitrario, como lo es el poder malandro”, expresó.

Asimismo, indicó que se debe entender la forma de vida delincuencial, que es “estructural y consentida”, señalando que el delincuente es coherente con su práctica, toma una decisión de fondo y, a partir de esa decisión, actúa.

“¿Qué hace la comunidad frente a un delincuente? Está en medio de dos estructuras violentas: Estado y delincuentes”, puntualizó.

Por último, Pérez consideró que cuando hay un sistema que permite la autonomía de la delincuencia y que esta comience a actuar. En ese marco, la comunidad queda en medio de “dos procesos que parecen insolubles”.

“La comunidad no puede lidiar con el Estado ni con los delincuentes. El lenguaje hacia el que está afuera probablemente sea de preferencia. Hay que analizar si esa preferencia no significa más bien tolerancia”, sugirió.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

  1. La periodista Ronna Rísquez detalló que las cinco parroquias que registraron más de 52 % de los homicidios tienen megabandas y colectivos: Petare (Municipio Sucre), Santa Rosalía, El Valle, Coche y Sucre (Libertador).
  2. Además, explicó que los casos de letalidad policial se han mantenido proporcionalmente al 2019, pese a las denuncias.
  3. También, los casos de balas perdidas no son investigados y en la mayoría de los casos prevalece la impunidad. Y se han triplicado los casos de balas perdidas en 2021 en comparación con 2020.
  4. Rísquez añadió que los familiares de las víctimas son “revictimizados por funcionarios” cuando intentan buscar la justicia.
  5. Las mujeres se vieron obligadas a quedarse aisladas con sus victimarios debido a la cuarentena, lo que obstaculizó la posibilidad de movilizarse para denunciar.
  6. Por último, los niños huérfanos se mantienen con un importante porcentaje y sin ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades.

Recomendaciones

  1. Rísquez enfatizó que el Estado debe cumplir con su deber de garantizar el derecho a la vida en vista de que “la letalidad policial continúa como la primera causa de muertes en Caracas”.
  2. Además, recordó la campaña “Sin luz verde para matar”, que busca concientizar sobre la letalidad policial. “Urge poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones”, añadió la comunicadora.
  3. Señaló también que debe haber atención integral a los jóvenes, “porque sienten que no tienen oportunidades ni futuro”. Opinó que los ciudadanos deben ser concientizados sobre entender el valor de la vida “para desterrar la cultura de la muerte”.  
  4. Finalizó recordando que se ha validado la muerte como una solución a la delincuencia y no lo es. “Hay que promover y defender la vida”, consideró, y diseñar políticas de seguridad ciudadana integrales.

Acnur busca un tercer país que reciba al boxeador Eldric Sella tras competir en Tokio 2020
El padre del atleta reveló que el boxeador que compitió en el Equipo Olímpico de Refugiados no podrá retornar a Trinidad y Tobago

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

El venezolano Eldric Sella se convirtió en el primer deportista latinoamericano que compite en el Equipo Olímpico de Refugiados y lo hizo para los juegos de Tokio 2020. Sin embargo, fue eliminado por el dominicano Euri Cedeño.

Sella, de 24 años de edad, salió de Venezuela en el año 2018 debido a la crisis humanitaria compleja, con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida.

Su destino fuera de su país natal fue Trinidad y Tobago, adonde viajó para participar de un torneo de boxeo. Una vez en el lugar, pidió asilo y ya no retornó a su tierra, convirtiéndose en uno de los 5 millones de migrantes venezolanos que contabiliza la Agencia para los Refugiados (Acnur).

Tras ser eliminado de la competencia olímpica, el joven ahora no puede retornar a Trinidad y Tobago, según reveló su padre, Edward Sella.

En una entrevista que ofreció a VPI, el padre del atleta señaló que Trinidad y Tobago «le negó la posibilidad de entrar al país».

Asimismo, el padre del boxeador indicó que tanto Eldric como su familia llegaron a ese país por avión con sus pasaportes vigentes, pero que los documentos se les vencieron estando allá.

«El gobierno de Trinidad y Tobago dice que no tiene un documento válido para otorgarle la visa», agregó el progenitor del joven, quien indicó que Eldric pudo viajar a Japón porque recibió una visa americana que le permitió hacer el tránsito por Estados Unidos hacia el país asiático.

 

Por otra parte, comentó las dificultades que han tenido para tramitar la renovación de sus pasaportes.

Acnur estaría trabajando en el caso de Eldric para buscarle un país que pueda recibir tanto al atleta, como a su novia y su padre.

«Yo tengo esperanzas de que Acnur consiga un tercer país donde él pueda ir inmediatamente y nosotros ir con él», agregó Edward Sella.

No logró avanzar en las Olimpiadas

Tras perder el encuentro contra Euri Cedeño por knockout y bajar del cuadrilátero, la periodista Andreina Solórzano abordó a Eldric Sella para recibir sus impresiones y que enviara n mensaje a Venezuela. 

«Disculpa«, fue lo que se escuchó decir al joven atleta.

Al recibir esta respuesta, la comunicadora que lo abordó manifestó tristeza por su derrota: «Conociendo su historia, me partió el alma. Aún cuando no fue bajo su bandera, pide disculpas».

Boxeando en Trinidad y Tobago

Durante su estancia en Trinidad y Tobago, Sella se rebuscó realizando trabajos de jardinería y de construcción.

“Mientras mezclaba el concreto o cuando cortaba el pasto, pensaba en cómo eso me ayudaría en mi carrera como boxeador”, contó en una entrevista con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos.

Pero a pesar del trabajo duro, el joven nunca dejó el boxeo de lado.

 
 
 
 
 
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En calidad de amateur, el atleta siguió peleando y tras ganar una pelea organizada por la Asociación Nacional de Boxeo sin tener la preparación adecuada, se entendió que sus condiciones estaban por encima de la media.

De acuerdo con un artículo de Infobae, tras enterarse de que podría ser apadrinado por el Comité Olímpico, buscó contactarse con los organizadores para que lo ayudaran a llegar a Tokio.

Así pues, en diciembre de 2020, la solicitud de Eldric Sella fue aprobada y le dieron una beca del COI.

“Cuando recibí la aprobación para ser parte del programa, sentí que de vuelta estaba en mi camino, me sentí vivo”, sostuvo.

Hostigar a defensores de DDHH es un patrón de Estado
El Centro para los Defensores y la Justicia registró 374 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos, que comprenden hechos de estigmatización, intimidación y hostigamiento, amenazas, judicialización, detenciones arbitrarias, ataques digitales y allanamientos
Entre los casos más denunciados este 2021 se encuentran la detención de activistas de la ONG Azul Positivo, ocurrida en enero y que fueron liberados posteriormente con medidas cautelares; y la detención de tres directivos de FundaRedes, que incluyen a su director Javier Tarazona

@Andrea_GP21

 

El Centro Para los Defensores y la Justicia reportó que durante el primer semestre del año 2021 se documentaron 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender DDHH, lo que representa un incremento del 243% en comparación con el mismo período del año 2020, en el cual se registraron 109 situaciones.

Las acciones de persecución y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos (DDHH) en Venezuela se han agudizado durante este año 2021, en un momento en que el país está en la mira de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI).

A su vez, en su último informe presentado a inicios de julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, manifestó que su oficina registró 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las acciones que más impacto han causado este año se destacan las detenciones de integrantes de la organización no gubernamental (ONG) Azul Positivo, ocurrida en enero; y la más reciente, con los directivos de FundaRedes, incluyendo a su director, Javier Tarazona.

 

En el caso de Azul Positivo, los activistas Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez, Alejandro Gómez y Luis Ferrebuz fueron detenidos el 12 de enero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras ser señalados de “asociación para delinquir”. Fueron liberados con régimen de presentación el 11 de febrero, luego que organizaciones nacionales e internacionales exigieron su liberación.

Por su parte, en cuanto a FundaRedes, el pasado 3 de julio detuvieron a su director, Javier Tarazona, junto a otros dos directivos de la ONG: Omar de Dios y Rafael Tarazona. A todos se les decretó medida privativa de libertad.

Agresiones radicales y flexibles

En el mismo informe del Centro para los Defensores y la Justicia, enfatizan que durante un año de pandemia, mientras se profundiza la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, “se consolidan las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria”.

Los 374 ataques e incidentes de seguridad que documentó la ONG durante los primeros seis meses de 2021, se reflejan en varios patrones de agresión: 

 

Informe del Centro Para los Defensores y la Justicia by Andrea González Parra on Scribd

 

“En este año, lejos de minimizarse, los ataques contra la sociedad civil crecieron. Las detenciones arbitrarias por manifestaciones por servicios públicos, aumentaron, así como contra periodistas, sindicalistas, contra defensores de DDHH que se han convertido en un patrón de Estado. Pero hay un compromiso tremendo con seguir en el país haciendo la labor”, advirtió Lexys Rendón, directora del Laboratorio de Paz.

Derecho a defender DDHH

En conversación con Runrun.es, Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, indicó que los defensores de derechos humanos ejecutan acciones que se enmarcan en el Cuerpo Jurídico Internacional, “tanto del derecho internacional de DDHH, como el derecho internacional humanitario, que promueve y reconoce las distintas actividades que estos grupos realizan”.

Además, Romero detalló que, a través de distintos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establecen una serie de derechos como la “libertad de asociación y reunión pacífica, de expresión y de opinión”.

Recordó además que, en el año 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó lo que se conoce como la “Declaración de Defensores”, que establece una serie de derechos relativos a la defensa de DDHH y que impone obligaciones internacionales para el Estado que deben cumplir.

“El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, garantizar y promover el derecho a la defensa de DDHH”, por ende debe “abstenerse de criminalizar, perseguir, imponer obstáculos y limitaciones arbitrarias o indebidas, al ejercicio de estas actividades”, aclaró.

Un intento de silenciar las voces

De acuerdo con Lexys Rendón, activista y directora del Laboratorio de Paz, el Estado venezolano se ha encargado de ir silenciando las voces de quienes disienten y denuncian las arbitrariedades que se cometen en el país.

A juicio de Rendón, el objetivo del estado es “lograr controlar, callar e imponer la política del silencio en las organizaciones de DDHH y los defensores”.

En ese contexto, explicó que el Estado venezolano comenzó con buscar la hegemonía comunicacional, al lograr obtener el control “del espacio público y silenciar voces en todo el espectro radioeléctrico del país”.

Posteriormente, fueron por los partidos políticos, los cuales, según explica Rendón, “están muy diezmados y disminuidos y han abandonado el espacio que tenían copado, por persecución y hostigamiento”.

En tal sentido, tras lograr en un gran porcentaje el silencio de partidos políticos, “ahora la mirada se posa sobre la sociedad civil independiente”.

“Una vez que este espacio está controlado, ahora quienes quedan en la mira del gobierno como parte crítica, con credibilidad nacional e internacional, se les ha tildado de enemigos”, comentó Rendón refiriéndose a los defensores y activistas de DDHH.

 

A pesar de esta campaña, la activista asegura que al Estado no le ha funcionado. Comenta que la denuncia y el acompañamiento que han tenido defensores a los que ha tenido acceso, el monitoreo y sistematicidad “ha permitido llegar a las Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo”.

“Se logró la mirada de todos los organismos, como la CPI, la oficina de Bachelet, la Misión de Determinación de Hechos. Hay organismos vigilantes de DDHH en Venezuela (…) Ha sido un logro de la sociedad civil organizada y defensores”, remarcó.

Se profundiza la criminalización

Marianna Romero señaló que existe una política de criminalización desde hace varios años, lo cual “tiene implicaciones en el marco del derecho internacional, porque existen procedimientos y mecanismos internacionales, que se abocan principalmente a la protección de defensores de DDHH”.

Consideró además, que lo que hace el Estado con el recrudecimiento de la criminalización y la represión a defensores de DDHH, “tiene repercusiones, porque hay una responsabilidad internacional que el Estado no está cumpliendo”.

Por otra parte, Romero resaltó que estas detenciones arbitrarias, como la de los activistas de las ONG Azul Positivo y FundaRedes, “ocurren en el marco de las restricciones al espacio cívico y democrático”, que además comprenden otras acciones como allanamientos, campañas sistemáticas de estigmatización, creación e implementación de leyes como la Ley Antiterrorismo, detallando que hay una serie de instrumentos que se suman a estas agresiones.

“Durante este año ha aumentado la criminalización y no pareciese que esto fuese a disminuir, por eso, reiteramos que es necesario que el Estado cese la criminalización. Defender los DDHH no es un delito. El Estado está obligado a generar entornos propicios y seguros para la promoción y la defensa de DDHH y el ejercicio de la acción humanitaria”, puntualizó.

 

En medio de este escenario hostil, Marianna Romero recordó la necesidad de entender que defender DDHH no es un delito, porque se constituye como un derecho humano. “Son acciones necesarias para promover la existencia de sistemas democráticos sólidos”, dijo.

En ese mismo orden de ideas, Lexys Rendón consideró que desde el año 2020 hay un aumento significativo de las detenciones arbitrarias y este año, “está claro que el Estado venezolano quiere ahora lograr el control y el silencio de la sociedad civil, y lo está haciendo a través del miedo, el terror, las mismas prácticas que hizo con el movimiento político, que es tratar de generar fracturas y que personas se inhiban”.

Los defensores de DDHH siguen trabajando

A pesar de las detenciones, allanamientos y el hostigamiento del cual son víctimas activistas y defensores de DDHH, según Romero, “las organizaciones han seguido de forma resiliente trabajando para realizar sus actividades, aunque esto represente una labor de riesgo”.

“Lo que estamos es en evidencia de un Estado que pretende que este trabajo sea desprestigiado, pero, aun cuando el estado recrudece esta política de criminalización, las organizaciones han seguido trabajando”, agregó Romero.

 

Por su parte, Lexys Rendón coincide con esto, pues considera que, en el caso de las organizaciones que defienden derechos humanos, “no es a través de las detenciones arbitrarias o el hostigamiento que se va a lograr que se desarticule el acompañamiento y la denuncia en materia de DDHH”.

“Esto es un compromiso que va más allá de reivindicaciones de carácter político, cargos políticos o dinero”, agregó Rendón.

Desmovilizar la sociedad civil

De acuerdo con Lexys Rendón, todas estas acciones del Estado genera que los defensores de DDHH tengan que defenderse a sí mismos, antes que seguir haciendo su labor de documentar y denunciar.

Por otra parte, reconoce que el miedo que generan estas arbitrariedades pudiera causar que muchos piensen en emigrar y hacer su trabajo desde el exterior.

“Se busca desmontar una red muy fuerte de sociedad civil, que es lo que ha hecho que la mirada del mundo esté aquí, por las denuncias de DDHH (…) Sabemos que es un Estado autoritario, que no tiene la voluntad política de respetar el estado cívico, sino de control, que va a seguir tratando de ejercerlo”, apuntó Rendón.

Comenta además que, en lugar de resquebrajarse el movimiento, ha habido una respuesta de solidaridad y que, contrario a muchos sectores políticos, los defensores de derechos humanos se articulan, entendiendo que estos defensores pueden ser periodistas, sindicalistas, trabajadores de la salud, gremialistas, maestros, estudiantes y aquellos cuya labor está dentro de una organización que acompaña víctimas.

“Creemos que si el Estado quiere controlar quienes disienten, que la información salga, atemorizar a la sociedad civil, pudiera haber nuevas detenciones y nuevas formas de reducir el Estado cívico”, alertó Rendón.

 

“Estamos claros que ahorita la mirada está sobre la sociedad civil no partidista. Estamos en un año de elecciones, donde la CPI podría pasar a una nueva fase. Estamos en un año muy importante en materia de DDHH. Esperamos un próximo informe de la Misión de Determinación de Hechos.

Reino Unido impone sanciones a Alex Saab por “privar al país de recursos vitales
Las sanciones implican la congelación de activos y prohibiciones de viaje a los señalados

Dominic Raab, secretario de Estado para las Relaciones Exteriores y Mancomunidad del Reino Unido, informó este jueves 22 de julio que su país sancionó al empresario colombiano Alex Saab por “privar a un país en desarrollo de recursos vitales».

En una publicación en la página web del gobierno de Reino Unido, señalaron que, junto a Alex Saab, también fue sancionado Álvaro Enrique Pulido Vargas, otro empresario colombiano que, según un trabajo publicado por Connectas, ha «amasado» una fortuna como contratista del gobierno de Venezuela.

De acuerdo con la nota del gobierno británico, Saab y Pulido fueron sancionados por «explotar dos de los programas públicos de Venezuela que se establecieron para proporcionar a los venezolanos pobres alimentos y vivienda asequibles».

Además, señalan que los sancionados «se beneficiaron de contratos adjudicados incorrectamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados».

«Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos que ya estaban en la pobreza, para su propio enriquecimiento privado», añade la nota del gobierno británico.

 

Las sanciones implican la congelación de activos y prohibiciones de viaje a estas personas, «para garantizar que ya no puedan canalizar su dinero a través de bancos del Reino Unido o ingresar al país».

Luego de difundirse la noticia, Raab publicó un mensaje en Twitter, donde manifestó que el gobierno de su país hará todo lo posible para «luchar contra la plaga de la corrupción y perseguir a aquellos que se llenan los bolsillos a expensas de las naciones en desarrollo».

Reacciones a las sanciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se hizo eco de este anuncio y felicitó al Reino Unido por imponer las sanciones correspondientes.

«Felicitamos a nuestros socios en el Reino Unido por sancionar a las personas corruptas. Juntos, defenderemos el buen gobierno para los pueblos de las naciones plagadas de corrupción», escribió Blinken en Twitter.

Por su parte, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante EEUU designado por Juan Guaidó, resaltó el hecho de que Saab, a pesar de ser sancionado por hechos de corrupción, es «el diplomático que Nicolás Maduro defiende en Cabo Verde».

«El Reino Unido reafirma que los delitos de Saab por su enriquecimiento privado causaron más sufrimiento a los venezolanos», agregó Vecchio.

Asimismo, cuestionó que la administración de Nicolás Maduro culpe a las sanciones por los problemas del país. Opinó que, en realidad,  «su corrupción ha saqueado el dinero de los venezolanos a favor de sus mafias».

«La corrupción no solo roba dinero, sino también derechos sociales y el futuro de millones. Deben ser detenidos por sus crímenes», sentenció Vecchio.

Para finalizar, agradeció a Dominic Raab y al gobierno británico por apoyar al pueblo venezolano: «La acción multilateral del la comunidad internacional contra la dictadura de Maduro y sus mafias fortalece la lucha de los venezolanos por nuestra libertad y democracia».

Otros sancionados

En la publicación del gobierno británico, también se informa sobre la imposición de sanciones contra personas de otros países por corrupción:

Teodoro Obiang Mangue

Es vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del actual presidente. Se le sanciona «por su participación en la apropiación indebida de fondos estatales en sus propias cuentas bancarias personales, acuerdos de contratación corruptos y solicitud de sobornos, para financiar un estilo de vida lujoso inconsistente con su salario oficial como ministro del gobierno».

Kudakwashe Regimond Tagwirei

Fue sancionado por «beneficiarse de la apropiación indebida de propiedades cuando su empresa, Sakunda Holdings, canjeó letras del Tesoro del Gobierno de Zimbabwe hasta diez veces su valor oficial».

De acuerdo con el gobierno británico, las acciones de esta persona «aceleraron la deflación de la moneda de Zimbabwe, aumentando el precio de los productos básicos, como los alimentos, para los ciudadanos de Zimbabwe».

Nawfal Hammadi Al-Sultan

Señalado de estar involucrado en «graves actos de corrupción» en su papel de gobernador de la provincia de Nínive, Irak, donde, según el gobierno británico «se apropió indebidamente de fondos públicos destinados a los esfuerzos de reconstrucción y para brindar apoyo a los civiles, y adjudicó indebidamente contratos y otras propiedades estatales».

Respecto a todos los sancionados, el canciller Dominic Raab manifestó: «La acción que hemos tomado hoy está dirigida a personas que se han llenado los bolsillos a expensas de sus ciudadanos. El Reino Unido está comprometido a luchar contra la plaga de la corrupción y hacer rendir cuentas a los responsables de su efecto corrosivo. La corrupción agota la riqueza de las naciones más pobres, mantiene a su gente atrapada en la pobreza y envenena el pozo de la democracia».

 

Lo bueno, lo malo y lo feo de la detención de una mujer y tres hombres de la banda del “Koki”
Es bueno que se haya detenido a estas personas, en lugar de ejecutarlas. Pero es mala la ausencia de información oficial detallada y es muy feo que se estigmatice e hipersexualice a la mujer capturada. En este último aspecto, también el Estado tiene responsabilidad, explicó Gabriela Boada, defensora de derechos humanos

Fotos: @BegvGeneral

Funcionarios de la Brigada Especial Contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron este martes, 20 de abril, a cuatro ciudadanos presuntamente vinculados a la banda del “Koki” que opera en la Cota 905. Los sujetos fueron capturados en un edificio de Fuerte Tiuna y en Las Adjuntas.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista de sucesos Lysaura Fuentes detalló que los funcionarios capturaron a la ciudadana identificada como Carla Dorianny Díaz Torrealba, Alias “La Pelúa” en Fuerte Tiuna, donde también detuvieron a Óscar Eduardo Gómez Durán, según la BEGV.

Además, Fuentes detalló que también fue detenido un presunto integrante de la banda de El Koki en Las Adjuntas, calle Santa Cruz, identificado como Jender Edwin Díaz Rodríguez. El último sujeto no fue identificado.

Lo bueno

La detención de los presuntos miembros de la banda del Koki, entre ellos Carla Dorianny Díaz Torrealba, conocida como alias “La Pelúa”.

También se ve positivo porque Díaz Torrealba, Gómez Durán y Díaz Rodríguez serán presentados ante un tribunal de control y serán sometidos a un proceso judicial, como establece la Constitución de Venezuela.

Un hecho importante a resaltar es que estas personas no fueron ejecutadas extrajudicialmente por cuerpos de seguridad, un patrón que ha sido habitual desde el año 2015 con la Operación Liberación del Pueblo, y luego con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en los casos de persecución a presuntos miembros de bandas o grupos delictivos.

En este caso, se podrán determinar las responsabilidades de los detenidos en hechos delictivos y  sus vínculos con organizaciones criminales, además se les impondrán las sanciones que contemplan las leyes del país. 

Lo malo

Que las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, y el Ministerio Público no suministren información oficial sobre la detención de estos presuntos delincuentes y sus roles dentro de la organización criminal que paralizó Caracas entre el 7 y 9 de julio con hechos violentos que causaron 37 muertos y más de 20 heridos.

Aunque en esta ocasión se tuvo conocimiento de la identidad de los detenidos y no solo de sus apodos -que es lo común- se desconocen detalles sobre el prontuario delictivo de los aprehendidos, de qué delitos puntuales se les señala, con qué hechos específicos se les relaciona y cuáles son los elementos que permiten afirmar que son miembros de la banda de Carlos Luis Revete, alias “Koki”.

Tampoco se ha explicado cómo es que miembros de un grupo criminal tan peligroso se encuentran escondidos en una vivienda ubicada en el interior de una instalación militar.

Lo que sí circuló rápidamente fueron fotos de la mujer detenida, posando con armas, en traje de baño y desnuda.

Lo feo

La estigmatización e hipersexualización de Carla Dorianny Díaz Torrealba, detenida por su presunta vinculación con la banda del “Koki”.

De acuerdo con una nota publicada por El Pitazo, Díaz Torrealba tiene 19 años y estaba solicitada por presuntamente ser cómplice directa de los líderes de la megabanda de la Cota 905. Fuentes policiales detallaron que la detenida, a quien se le conoce con el alias “La Pelúa”, presuntamente cobraba las extorsiones y rescates de secuestros, además,  administraba los pagos de la venta y distribución de drogas.

Tras conocerse la noticia de la detención de Díaz Torrealba, rápidamente los medios de comunicación y los ciudadanos la viralizaron en las plataformas digitales. Sin embargo, el principal motivo por el cual se convirtió en tendencia este hecho no fue en sí por las detenciones.  

Muchos de los comentarios y notas difundidas hacen mayor énfasis en la figura de Carla Dorianny Díaz Torrealba, a quien han señalado como presunta “garitera” de la Cota 905.

Entre los principales comentarios encontrados en Twitter, se denota un énfasis particular en Díaz Torrealba, resaltando, sobre todo, sus características y atributos físicos y el hecho de ser una mujer integrante de una banda delictiva.

En conversación con Runrun.es, Gabriela Buada, defensora de derechos humanos y fundadora de la ONG Caleidoscopio Humano, consideró que al relatar la noticia de la detención de Díaz Torrealba desde ese enfoque se perciben “elementos de discriminación, estigmatización y violencia de género”, porque se profundizan estereotipos.

“Hablar de una vez de esos elementos, que podría pasar por el hecho de ser mujer, revela que existe una profunda estigmatización de ella. La forma en la que se ha visibilizado la noticia también, porque no es lo usual que una mujer participe en estas bandas, y que además se resalten las condiciones físicas desde una hipersexualización y no se detalle lo que realmente es la información, es lo que nos hace suponer que hay una profunda estigmatización por sus condiciones de género”, explicó.

 

Desde la perspectiva de Buada, la responsabilidad no recae únicamente en los medios de comunicación por la forma en que se visibiliza el hecho, tampoco en la opinión pública, sino principalmente en el Estado.

“La  hegemonía comunicacional, las barreras que viven los medios para acceder a las fuentes, ya son muchos años que ningún periodista de sucesos va a la morgue, o no tienen acceso a cifras oficiales”, señaló Buada.

En ese sentido, recordó también que las últimas cifras que detallan estos temas de violencia y seguridad ciudadana se emitieron en el año 2015, cuando estaba al mando del Ministerio Público la exfiscal Luisa Ortega Díaz.

“No hay acceso a ninguna fuente que haga que la labor del periodista sea menos intuitiva, menos investigativa y de análisis. Por ello, muchas veces corren el riesgo de exponer a las mujeres en los titulares para darle  visibilidad a las notas”, explicó.

En tal sentido, señaló que el Estado no tiene campañas informativas ni discursos apropiados en cuanto a temas de género y cómo se pueden comunicar. .

“Esto conlleva a que esa persona pueda estar expuesta a todo lo que tiene que ver con estos estigmas, estos hechos que de alguna forma pudiesen colocar en riesgo su integridad física y moral”, aclaró.

Como consecuencia de toda esta falta de educación en cuanto al tema, “se infunde una opinión que va más allá de la investigación y que no está respetando ni la presunción de inocencia, ni otros parámetros que también se deben respetar y que los medios deberían tener claros”.

Para concluir, reitera que la hispersexualización de todo lo que representa Díaz Torrealba pudiera ser responsabilidad del Estado, pues a falta de educación sobre estos temas, “se profundizan estos errores, quedan en la mente de la opinión pública y se forjan esas opiniones machistas, discriminatorias y discriminantes que normalmente vemos”. 

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, manifestó preocupación por el “manejo sensacionalista, frívolo y rayando en la apología del delito”, que han tenido algunos medios de comunicación y periodistas con respecto a la captura de Díaz Torrealba.

A juicio de Himiob, “es un irrespeto a las víctimas”, agregando que “idealizar y banalizar crímenes y criminales nunca es bueno”.

Economía venezolana ha perdido cerca de 70% de su tamaño según Luis Oliveros

 

Oliveros considera que Venezuela «ha vivido una tragedia macroeconómica, una destrucción de la economía».

Luis Oliveros, economista y profesor universitario, advirtió este lunes 19 de julio que la economía venezolana «ha perdido cerca del 70% de su tamaño».

En una entrevista ofrecida a Román Lozinski en Éxitos, Oliveros advirtió que la economía del país ha reducido su tamaño, a pesar que hace cinco años Nicolás Maduro habló sobre «motores productivos».

«Ahora es más pequeña, no pudiéramos hablar de ningún sector que haya crecido (…) Ciertamente, la economía venezolana hoy es muy pequeña, una economía que si la mides por ingreso per cápita, es una economía más pobre que Haití«, puntualizó.

De acuerdo con Oliveros, si se hace un balance desde que Maduro llegó a la presidencia (sin hablar de sanciones, porque para ese momento no había), «ciertamente es una economía más pequeña y más pobre”.

Respecto a sectores que pueden haber aumentado su peso dentro del Producto Interno Bruto (PBI), detalló al de comunicaciones: «Y no es que haya crecido, sino que se ve así porque todos los otros sectores han caído estrepitosamente (el sector construcción ha caído 90%, igual que el sector bancario)».

“Seguimos teniendo una economía de 20% a 25% respecto al año 2013 pero con 27 y 28 millones de personas que se tienen que distribuir lo que se produce en esta pequeña economía”, señaló.

 

A juicio de Oliveros, la economía venezolana se ha dolarizado «de manera informal y transaccional»y de forma desigual, «porque quien no tiene acceso a esas divisas, está teniendo una caída importantísima en sus ingresos”.

“Es una economía, trágica, enana, con muchos problemas, que ahora pareciera que se está estabilizando, pero se está estabilizando en ese pequeño tamaño, lo cual es muy mala noticia para quienes son pobres o no están viviendo una situación medianamente holgada o decente”, remarcó.

Por otra parte, consideró que el crédito bancario, base importante para el crecimiento económico, ha sido utilizado por el gobierno como «un arma antiinflacionaria», al tratar de «disminuir la presión del dólar bajando el crédito bancario».

«Se ha disminuido el ritmo de crecimiento y variación del tipo de cambio, pero el costo ha sido que la empresa privada se quedó sin crédito y sin financiamiento. Y una economía que necesita crecer para sacar a gente de la pobreza, se quedó sin crédito bancario”, agregó.

Posibles soluciones

Oliveros señaló que se debe comenzar a pensar en mejorar la economía venezolana desde el punto de vista integral, empezando, a su juicio, por el sector petrolero, ya que es el que genera las divisas «para empezar a aceitar los demás motores».

«Pero puedes empezar a quitar el encaje legal, o disminuirlo, para que la banca tenga facilidades de crédito. Pudiera empezar también a disminuir las trabas y tratar de darle un palazo a la cabeza a la hiperinflación para que el sector comercial tuviera dinamismo”, añadió.

 

Lamentó que en un país como Venezuela, donde el sector manufacturero hace ocho años representaba el 16% del PIB, hoy no alcance ni 5%; al igual que el sector construcción, que no llega a 1%.

Oliveros consideró que es necesario aceitar esos dos sectores, para lo cual se necesitan créditos y condiciones como seguridad personal y jurídica para que haya inversión.

«Tienes que sentarte a generar empleo con el sector construcción y manufacturero, abrir esa economía, y pensar en privatizaciones. El Estado tiene más de 1.000 empresas, el mismo Nicolás Maduro lo ha dicho. Empieza a vender esas empresas, reduce tu déficit fiscal, logra ese equilibrio macroeconómico”, explicó.

Hiperinflación y PIB

El experto advirtió que Venezuela va en camino a 48 meses de hiperinflación. Al respecto, recordó que la hiperinflación más larga la tuvo Nicaragua, con 56 meses.

«Venezuela va en camino, si las cosas salen mal en el próximo trimestre del año con el tema de las elecciones y aumento del gasto público, a posiblemente ser el campeón mundial de la hiperinflación más larga», alertó.

Además, señaló que al comparar la hiperinflación de Venezuela con Nicaragua, la venezolana es más alta por los promedios anuales.

«No hay ningún país en el mundo, exceptuando a Venezuela y Sudán, que entra en guerra civil de vez en cuando, que tenga inflación de tres dígitos. La inflación promedio en la región, quitando a la de Argentina que es de 50%, es de 4% 5% al año, Venezuela tiene 4% ò 5% en una semana», lamentó.

 

Por otro lado, resaltó la caída del PIB por octavo año consecutivo. «No hay ningún país en la historia con una caída del PIB tan prolongada en momentos de paz, Venezuela no está en ninguna guerra, más allá de la estupidez de la guerra económica», dijo.

A fin de cuentas, Oliveros considera que Venezuela «ha vivido una tragedia macroeconómica, una destrucción de la economía».

«Me gustaría decirte que este sí es el año en el que la economía que va a crecer, pero no tengo ningún mensaje optimista que darle a los venezolanos a pesar de que hay sectores que pueden estar mejorando en algo, pero en términos generales, esta es una economía que sigue cayendo, que sigue teniendo problemas, y que no se vislumbra, en corto o mediano plazo, una recuperación para empezar a pensar que vamos a sacar a gente de la pobreza y que vamos a estar mejor todos”, concluyó.

Venezuela registra 1.192 nuevos casos de COVID-19 y 12 fallecidos este #17Jul
De acuerdo con las cifras que presentó Ñáñez, Venezuela contabiliza 291.716 casos confirmados, 274.522 personas recuperadas (94%).

Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información del oficialismo, informó este sábado, 17 de julio, que en las últimas 24 horas se registraron 1.192 nuevos casos de COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, Ñáñez indicó que todos los 1.192 casos son de transmisión comunitaria, es decir, que no se registran contagios «importados».

Los casos por estado se dividen en: Zulia 254, Monagas 168, Caracas 97, Mérida 96, Yaracuy 89, Nueva Esparta 68, Miranda 64, Carabobo 61, Lara 57, Trujillo 52, Falcón 46, Amazonas 21, Anzoátegui 19, Vargas 18, Sucre 17, Delta Amacuro 16, Táchira 14, Guárico 12, Portuguesa 9, Aragua 5, Apure 4, Cojedes 3, y Barinas y Bolívar con 1 caso cada estado.

También, informó el fallecimiento de otras 12 personas por COVID-19, con lo que el número de muertes a causa del virus en el país asciende a 3.362. Se dividen de la siguiente manera:

Dos mujeres de 75 y 79 años, y dos hombres de 57 y 83 años de Anzoátegui.

– Cuatro hombres de 71, 76 y dos de 52 años de Táchira.

– Dos mujeres de 57 y 66 años de Zulia.

– Un hombre de 57 años de Caracas.

– Un hombre de 42 años de Sucre.

De acuerdo con las cifras que presentó Ñáñez, Venezuela contabiliza 291.716 casos confirmados, 274.522 personas recuperadas (94%).

Además, se reportan 13.832 casos activos, de los cuales 8.235 se encuentran en hospitales centinela, 5.068 en Centro Diagnóstico Integral (CDI) y 529 en clínicas privadas.

Hasta la fecha 7.329 pacientes se encuentran asintomáticos, 5.138 con Insuficiencia Respiratoria Aguda leve, 960 con Insuficiencia Respiratoria Aguda Moderada y 405 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por último, Ñáñez instó a la ciudadanía a participar en la encuesta del Sistema Patria para responder interrogantes sobre la sustitución del método 7+7 por una mayor flexibilización.