Andrea González, autor en Runrun

Andrea González

La Contraloría no da tregua y aumenta la lista de políticos opositores inhabilitados

En el año 2025 son las elecciones regionales, locales y legislativas. Parece que el gobierno de Nicolás Maduro se está preparando para ir a este proceso electoral con la menor cantidad de contrincantes posible a través de nuevas inhabilitaciones de políticos opositores.

Este miércoles, 24 de abril, la Contraloría General de la República notificó la inhabilitación política de cinco dirigentes opositores, entre los que incluso se encuentran personas ejerciendo cargos públicos en la actualidad.

Tras revelarse las nuevas habilitaciones, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia señaló que esta acción es una muestra más «de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país».

Por su parte, la Plataforma Unitaria publicó un comunicado en donde «condenaron y repudiaron» las inhabilitaciones publicadas «por la Contraloría del régimen de Nicolás Maduro, dirigidas a miembros de las fuerzas democráticas».

«Desde el régimen insisten en seguir violando los derechos humanos y políticos de la dirigencia democrática y de todos los ciudadanos venezolanos, pero no podrán apartarnos de la ruta electoral con la que conquistaremos, este próximo 28 de julio, el cambio tan anhelado por los venezolanos», añadió la Plataforma Unitaria. 

 

Entretanto, la ONG regional Transparencia Electoral rechazó el uso de la Contraloría General de la República «para violar el derecho político de los venezolanos a través de las inhabilitaciones ilegales».

«La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021 recomendó ‘suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa'», recordaron en una publicación en la red social X.

Las nuevas inhabilitaciones

Aunque en noviembre de 2023 Noruega divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, instituciones del Estado como la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han hecho caso omiso, y se ha seguido inhabilitando a opositores con probables aspiraciones de ejercer un cargo público. 

A  finales de enero, el TSJ levantó esta sanción al periodista Leocenis García y al exdiputado Richard Mardo. Ambos se sometieron al mecanismo de revisión de casos acordado entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria. Pero no corrieron con la misma suerte María Corina Machado ni Henrique Capriles Radonski, y tres meses después, la Contraloría notifica de nuevas inhabilitaciones. 

Y abril se aproxima a su final con un nuevo listado de inhabilitaciones políticas. Uno de ellos es el vicepresidente de asuntos políticos del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, a quien inhabilitaron para ejercer cargos públicos durante 15 años, según la página web de la Contraloría.

Además de ser militante de PJ, Guanipa ha sido diputado de la Asamblea Nacional (2015-2020) y fue embajador de Venezuela en Colombia designado por el extinto gobierno interino que presidió Juan Guaidó.

Mediante su cuenta de X, Guanipa manifestó que la Contraloría no le notificó de esta inhabilitación, «como todas las otras veces».

«Pero eso hoy no es lo importante, lo indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que están negados a vivir en la miseria», escribió el dirigente político en su mensaje.

Otro afectado es  Carlos Ocariz, exalcalde del municipio Sucre, quien también figura en la lista de la Contraloría de nuevos inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 15 años.

A través de su cuenta de X, Ocariz señaló que la respuesta ante esta inhabilitación que no le fue notificada es «Edmundo para todo el mundo», refiriéndose al candidato unitario Edmundo González Urrutia. Agregó que el 28 de julio los ciudadanos habilitarán todos los «derechos» con el voto.

 

A la lista de inhabilitados sumaron a Juan Carlos Caldera, miembro de la dirección de la Plataforma Unitaria Democrática. Según la publicación de la Contraloría, no podrá ejercer cargos públicos durante 12 meses.

Al conocer este anuncio, solo se limitó a responder en su cuenta en X lo siguiente: «Algo hice bien, #EdmundoPaTodoElMundo».

Alcaldes en ejercicio inhabilitados

Se difundió también que el alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda -en su segundo período- Elías Sayegh también ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, es decir, hasta el 2039.

Sayegh fue militante del partido político Fuerza Vecinal, del cual se deslindó en el año 2023 y decidió crear la organización política Cambio en Paz.

Por su parte, José Antonio Fernández López, conocido como ‘Josy Fernández‘, fue inhabilitado por la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, al igual que Sayegh.

Fernández es actualmente alcalde del municipio Los Salias, también de Miranda. Está en ese cargo desde el año 2013, tras obtener la victoria en las elecciones regionales. También militó en Fuerza Vecinal y ahora está en Cambio en Paz, al igual que Sayegh. Hasta ahora, ni Sayegh ni Fernández han emitido declaraciones sobre estas inhabilitaciones.

La inhabilitación que impidió inscripción de Machado

Las inhabilitaciones de políticos opositores han sido denunciadas en los informes del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y el Parlamento Europeo, entre muchas otras instituciones, gobiernos y organizaciones, por «socavar el Estado de Derecho» y «profundizar la crisis política» en Venezuela. 

Recientemente, académicos de la UCV denunciaron la «permanente intervención del Tribunal Supremo de Justicia», a través de sus salas electoral y constitucional; «usurpando funciones legislativas, interviniendo la dirección de los partidos políticos, confirmando inhabilitaciones y modificando las reglas de los procesos electorales».

Justamente el pasado 26 de enero de 2024, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) notificó a María Corina Machado que está inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Según el TSJ, el recurso que introdujo Machado el 15 de diciembre de 2023 sobre su inhabilitación “no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos” en el acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición el año pasado.

La Sala Político Administrativa alegó que la inhabilitación de Machado ocurre, entre otras cosas, por propiciar las sanciones internacionales y la presunta trama de corrupción que habría encabezado Juan Guaidó durante el interinato.

Esta inhabilitación le impidió a Machado inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidata presidencial, a pesar de haber tenido una victoria arrolladora durante la primaria opositora del 22 de octubre de 2023.

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, entre las irregularidades que presenta este caso se destaca que la Sala Político Administrativa incurrió en la «omisión de publicar los textos completos de sus decisiones».

«En lugar de ello, se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web. Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan», señaló la ONG en un reporte.

Capriles, inhabilitado después de dos candidaturas presidenciales

El mismo día en que Machado recibió la notificación que ratificaba su inhabilitación, también salió una sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ que ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda.

El TSJ consideró improcedente la solicitud de Capriles sobre esta inhabilitación porque, según el máximo tribunal, tampoco cumple con los requerimientos firmados y exigidos en el acuerdo de Barbados  “y en consecuencia” está inhabilitado por quince años.

Capriles está inhabilitado desde el año 2017 “por irregularidades administrativas” presuntamente ocurridas mientras era gobernador del estado Miranda. Esa inhabilitación le impidió competir en las regionales de ese año y en las presidenciales de 2018. 

Tras esta decisión, el dos veces candidato presidencial se pronunció en su cuenta de X donde señaló que el «sentimiento de cambio» no se podrá inhabilitar.

Leopoldo López, el primer inhabilitado

Fue en el año 2008 cuando el alcalde de Chacao, quien gozaba de una gran popularidad y tenía aspiraciones de postularse a la alcaldía metropolitana, se convirtió en el primer dirigente opositor con fuerte arraigo popular inhabilitado por la Contraloría General de la República por seis años debido a supuestas irregularidades administrativas en su gestión. En esa ocasión, otros dos dirigentes opositores también fueron inhabilitados: Enrique Mendoza y Antonio Barreto Sira. 

La inhabilitación le impidió participar en las regionales y municipales de ese año. El caso de López fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque la instancia falló a favor de López en 2011,  el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la  medida de la corte como “inejecutable”.  Al vencerse la inhabilitación, López fue detenido en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014. 

Otros casos sonados de inhabilitaciones opositoras

En el 2021 se celebraron las elecciones regionales y municipales, el período que está a punto de finalizar. Ese mismo año, el 23 de febrero, la Contraloría inhabilitó a 28 integrantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 por negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.

Para aquel momento, la lista incluía a los dirigentes Juan Guaidó, Julio Borges, Juan Pablo Guanipa, Carlos Paparoni, Luis Florido, Germán Ferrer, Tomás Guanipa, Rafael Veloz, Américo De Grazia, Ismael García, Freddy Guevara, Gaby Arellano, Carlos Berrizbeitia y Julio Montoya.

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos «forma parte de los instrumentos de asedio empleados por el Gobierno nacional desde hace tiempo para sacar del camino a sus rivales».

Ese mismo año,el dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano fue candidato a las elecciones regionales en el estado Barinas. Las proyecciones del Consejo Nacional Electoral favorecían a Superlano frente al oficialista Argenis Chávez. El conteo final y la lectura de los resultados fueron suspendidos por sentencia del TSJ.​ En dicha sentencia, se anunció que Superlano quedó suspendido de ocupar cargos públicos, por lo que no pudo ser proclamado ganador y se tuvieron que repetir las elecciones en esa entidad. 

Por su parte, Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo, también estuvo inhabilitado desde agosto de 2014 hasta que la Sala Político Administrativa del TSJ levantó esa sanción en octubre de 2017. Después de eso, obtuvo la victoria en la Gobernación del Zulia en 2021.

Unos declinan y otros se cambian: Así quedaron los candidatos y sus tarjetas electorales

Finalizó el plazo para hacer las sustituciones de candidatos a las presidenciales, para que estas se vieran reflejadas en el tarjetón electoral durante las elecciones del 28 de julio.

Varios cambios se hicieron durante este proceso, lo que incluye la declinación a la aspiración presidencial de varios candidatos y con ello, la correspondiente adhesión a otros postulados, de acuerdo con las decisiones de cada organización política.

Después de este plazo, los cambios que se realicen ante el Consejo Nacional Electoral no se verán reflejados en el tarjetón en el que se votará el 28 de julio. 

A continuación se presenta un recuento de cómo quedaron los candidatos a las elecciones presidenciales y sus respectivas tarjetas electorales:

El candidato “tapa” que ya no es “tapa”

El diplomático Edmundo González Urrutia fue inscrito como el candidato “tapa” el pasado 25 de marzo por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ante la imposibilidad de inscribir a la académica Corina Yoris, quien había sido designada por María Corina Machado como su sustituta.

Después de que se confirmó la inscripción de González Urrutia con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) faltaba decidir si sería sustituido y por quién. Esa decisión llegó el pasado 19 de abril, cuando luego de un complejo proceso de conversaciones en el seno de la unidad, el embajador fue elegido como el candidato unitario en una reunión donde participó Manuel Rosales, María Corina Machado, Corina Yoris y la PUD. Allí, se acordó que Rosales apoyaría la candidatura de González Urrutia y su partido haría la correspondiente adhesión.

Durante dos días, los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Movimiento por Venezuela (MPV) -que apoyaba a Rosales– intentaron hacer la adhesión a la candidatura de Edmundo González para que se viera reflejado en el tarjetón electoral, pero el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral (CNE) no lo permitía.

Finalmente, ambos partidos pudieron realizar esta adhesión el martes 23 de abril, unas horas antes de que finalizara la prórroga que anunció el CNE. Así pues, Edmundo González Urrutia será el candidato que aparecerá en las tarjetas de la MUD, UNT y MPV.

Maduro y su tren de partidos

El gobernante que busca su segunda reelección a la presidencia tiene representación en 13 tarjetas electorales.

De acuerdo con el tarjetón electoral, la cara de Nicolás Maduro aparecerá en las tarjetas de las siguientes organizaciones políticas:

  • Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
  • Tupamaro
  • Patria Para Todos (PPT)
  • Somos Venezuela
  • Organización Renovadora Auténtica (ORA)
  • Por la Democracia Social (Podemos)
  • Enamórate Venezuela
  • Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)
  • Futuro
  • Partido Comunista de Venezuela (PCV)
  • Unidad Popular Venezolana (UVP)
  • Movimiento Político Alianza para el Cambio
  • Partido Verde

De los 13 partidos que apoyan a Maduro y están incluidos en el tarjetón electoral, seis fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trata de PCV, PPT, Podemos, MEP, UPV y Tupamaro.

Además, la conformaciones de los partidos Verde, Futuro Venezuela y Enamórate fueron aceptadas de forma exprés el pasado mes de marzo por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La alianza de Ecarri

Antonio Ecarri, integrante del partido Alianza Lápiz, aparecerá en seis tarjetas electorales del tarjetón.

Hasta este martes su candidatura era respaldada por  los partidos Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (Min Unidad), Cambiemos Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista (AP) y el Movimiento Ecológico.

En un cambio de último momento, el partido Fuerza Vecinal decidió también adherirse a la candidatura de Ecarri. Este partido apoyaba inicialmente a Manuel Rosales, pero como el líder de UNT declinó y su partido hizo la adhesión a Edmundo González, se esperaba la decisión de Fuerza Vecinal, que fue precisamente irse al bando de Ecarri.

Se juntaron los intervenidos

Representando a la Acción Democrática judicializada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -y que ahora dirige Bernabé Gutiérrez-, Luis Eduardo Martínez tenía representación en cuatro tarjetas: Acción Democrática (intervenida), Movimiento Republicano (MR), Bandera Roja (intervenida), UNE.

Pero, este lunes 22 de abril, los candidatos presidenciales Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido) y Luis Ratti (Derecha Democrática Popular), declinaron sus candidaturas para adherirse a la de Martínez. Ahora está respaldado por seis partidos. 

El diputado “alacrán”

El conocido “diputado alacrán” se inscribió como candidato a las presidenciales y cuenta con las tarjetas de Primero Venezuela, Venezuela Unida, Unidad Visión Venezuela.

A esta lista se le podría sumar Primero Justicia (intervenido), luego de que la Sala Constitucional del TSJ devolviera el control del partido a José Brito para que la junta directiva que preside organice la reestructuración de la organización.

El martes 23 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a Brito un plazo de 48 horas para decidir a qué candidato se va a adherir la tarjeta intervenida de Primero Justicia.

 

Una sola tarjetica

Enrique Márquez, quien militó en el partido Un Nuevo Tiempo y fue rector del Consejo Nacional Electoral, inscribió su candidatura el 25 de marzo casi cuando finalizaba el plazo para hacer las postulaciones a las presidenciales. Hasta ahora Márquez solo cuenta con la tarjeta electoral del partido Centrados, con la cual inscribió su candidatura.

Por su parte, el pastor evangélico Javier Bertucci, quien fue candidato presidencial en las elecciones del año 2018, dispone de la tarjeta electoral de su propio partido, El Cambio.

Con una sola tarjeta también quedan Benjamín Rausseo ( inscrito por la Confederación Nacional Democrática, Conde); Daniel Ceballos, con la del partido Arepa Digital y Claudio Fermín con la de Soluciones.

Como se observará, el tarjetón electoral será completamente masculino, ya que no hay ni una sola representante femenina en la contienda tras los bloqueos a las inscripciones de María Corina Machado y Corina Yoris.

@Andrea_GP21

Comunas no lograron activar toda la maquinaria para llenar centros de votación de Catia en consulta popular

Una consulta popular nacional se organizó en las comunas para este domingo, 21 de abril, para la cual se habilitaron más de 15.000 centros de votación en todo el país. El evento tiene como objetivo aprobar proyectos sociales en 4500 circuitos del país y podrían votar electores desde los 15 años.

Desde tempranas horas de la mañana, miembros del consejo comunal de la zona de Catia en la que reside Eliana, comenzaron a enviar cadenas y constantes mensajes pidiéndole a la gente que saliera a votar.

«Ya activo todo en el colegio», «ya pueden venir a votar», «vengan todos a votar», son algunos de los mensajes que recibió Eliana desde la mañana. Aunque ella no está interesada en participar de esta actividad, pues considera que es una «estrategia» del gobierno para buscar votos en las elecciones presidenciales.

Foto: @Andrea_GP21

El equipo de Runrun.es hizo recorrió tres centros de votación en Catia para evaluar el movimiento de los electores. Lo que se encontró fue recintos con papelógrafos en la entrada, pero que estaban completamente vacíos. A pesar de las cadenas que se enviaron por WhatsApp y los constantes anuncios publicitarios en redes sociales del Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales, no parece haber sido suficiente para activar a todos los vecinos.

Catia siempre fue conocida como «zona revolucionaria», por el apoyo que siempre recibió el gobierno chavista, desde la época de Hugo Chávez, de los habitantes de este lugar de Caracas.

Por el contrario, para este evento electoral, según lo evidenciado en el recorrido, algunas personas pasaban por los centros y leían los papelógrafos, que indicaban cuáles son los proyectos por los cuales podrían votar. Otros, por su parte, pasaban de largo para seguir con sus actividades del día, como hacer mercado o simplemente caminar por la zona.

Foto: @Andrea_GP21

Esta consulta popular en las comunas contó con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), a diferencia de la primaria opositora donde sí se reportó bastante afluencia de electores en los centros de votación que se instalaron de forma autogestionada.

Foto: @Andrea_GP21

En El Valle tampoco se movió la maquinaria

En la parroquia El Valle, otra de las zonas populares de Caracas, tampoco se vio afluencia de electores en los centros de votación.

Las instituciones educativas U.E.N. «Fray Pedro de Ágreda» y UED «Miguel Sanz» no tenían gente en cola, a pleno mediodía. Hacia adentro de las instalaciones tampoco se veían electores.

Foto: Ricardo Machado
Foto: Ricardo Machado
Foto: Ricardo Machado

Una consulta que busca ganar votos para las presidenciales

Resulta interesante que esta consulta en las comunas se realiza en medio de la campaña electoral del gobernante Nicolás Maduro para las presidenciales. Algunos creen que es una manera del chavismo de ganar votos a través del control social.

Así lo señaló Camila Oropeza, directora de la ONG Mi Convive, quien indicó que los proyectos que se presentan en esta consulta comunal buscan atender problemas de servicios públicos, que son competencia de las autoridades.

«Curiosamente ahora hay recursos para atenderlas y son esas estructuras que se dedican, sobre todo al control social, las que se supone que arreglarán las cosas”, comentó Oropeza en entrevista con Runrun.es.

Detrás de la candidatura de González Urrutia está el trabajo del liderazgo femenino

La construcción de una alternativa electoral por parte de la oposición venezolana comenzó hace poco más de un año cuando se aprobó un cronograma para realizar la elección primaria que elegiría el candidato unitario. De allí en adelante han sido varias las mujeres que han tenido un rol decisivo hasta llegar a la candidatura de Edmundo González Urrutia acordada la noche del 19 de abril.

La participación de la mujer en estas elecciones nuevamente había quedado como un “cero a la izquierda” pues, en las 13 candidaturas postuladas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ninguno de los nombres fue el de una mujer.

A pesar de ello, un grupo de mujeres llevó a cabo incontables tareas para alcanzar este acuerdo, revertir el desánimo y construir la alternativa de la Plataforma Unitaria Democrática.

María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora; Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano; María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia; la académica Corina Yoris, entre otras, fueron parte fundamental del trabajo hecho para llegar al acuerdo de mantener a Edmundo González como el candidato unitario.

Machado hasta el final 

María Corina Machado fue electa como la candidata a las presidenciales en la elección primaria del 22 de octubre de 2023 por una mayoría abrumadora. Fue reconocida por millones de venezolanos como la opción para representarlos en la contienda electoral que se hará el 28 de julio. Sin embargo, cada paso que daba se encontraba con un obstáculo.

En primer lugar, todos los ataques de los que fue víctima en sus visitas a las regiones. Sus seguidores en el interior fueron víctimas de actos violentos en varias ocasiones, pero a pesar de ello,  no dejó de salir a las calles y la gente tampoco dejó de acompañarla.

Por otra parte, se encontró con la principal negativa del Estado a que participara en las elecciones, pues la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le notificó de una inhabilitación para ejercer cargos públicos y aunque lo intentó, no logró concretar su candidatura.

Aún cuando muchos suponían que llamaría a la abstención, se mantuvo en la ruta electoral, siguió visitando las regiones, compartiendo con sus seguidores y recibiendo el apoyo de parte de la comunidad internacional. Y aunque no se tenía certeza de si participaría de un acuerdo, Machado acudió a reunirse con la Plataforma Unitaria y Manuel Rosales, donde decidieron apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia. Su apoyo a esta decisión fue fundamental y será clave en el devenir de la campaña electoral.

Trabajar por la unidad

Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, fue la persona que más información oportuna brindó sobre todo este proceso político que resultó en el acuerdo de apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia.

Solórzano participó activamente en reuniones con diferentes personalidades de la política opositora, incluyendo a la propia Machado. Y aunque en varias ocasiones le pidieron que se postulara como candidata, dejó muy claro que su labor era la de alcanzar un pacto unitario y no aspiraba a la presidencia.

Cuando los rumores y la información engañosa se hacía presente en las redes sociales, era Delsa quien aclaraba todo para que no se siguieran haciendo virales esas informaciones.

Y no fue solo su trabajo como aquella que conversó con diferentes factores de la oposición e informaba sobre los avances del proceso, sino que también fue ella la anfitriona de la reunión realizada este viernes, 19 de abril, donde participaron María Corina Machado, Manuel Rosales y la Plataforma Unitaria, pues la misma se llevó a cabo en la sede del partido de Solórzano.

Tras alcanzar ese acuerdo entre todas las partes, Delsa se mostró complacida, donde reconoció que fue un trabajo duro, pero que valió la pena. “

Solórzano destacó también la labor de otras mujeres como Adriana Pichardo, dirigente nacional de Voluntad Popular; Deyalitza Aray,  directora nacional de política del Proyecto Venezuela y Andrea Tabares.

Otras labores que acompañaron el proceso

María Beatriz Martínez, presidenta del partido Primero Justicia, también participó activamente en este proceso. Así como Solórzano, Martínez acudió a diversas reuniones con dirigentes políticos y brindó información sobre el proceso en medio de la desinformación.

Dos días previos a la reunión donde se acordó la candidatura unitaria, María Beatriz Martínez informó que María Corina Machado y Manuel Rosales se reunirían horas después.

Del otro lado también está la académica Corina Yoris. Ella fue designada como candidata sustituta de María Corina Machado. No estaba inhabilitada, pero aún así siguió adelante con la tarea que le encomendaron. Se activó en redes sociales, acudió a reuniones y ruedas de prensa para actualizar el estatus de su candidatura, aunque esta finalmente no se pudo concretar por las trabas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Yoris también fue miembro de la Comisión Nacional de Primaria, organización que llevó adelante la preparación de esa elección y que se hizo de forma autogestionada, ya que no contó con la asistencia técnica del CNE. Por parte de la Comisión Nacional de Primaria también se destaca la labor de Mildred Camejo, quien fue vicepresidenta de la organización.

Tras acordar la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia, Corina Yoris aseguró que esta contó con su apoyo y se mostró complacida por la decisión.

La labor de Yoris fue reconocida por el Frente Amplio de Mujeres, organización que consideró que la académica es un»digno ejemplo de la mujer venezolana que no se rinde y lucha por su país incondicionalmente».

La participación igualitaria es tema pendiente

El pasado 18 de marzo, La Red Electoral Ciudadana (REC), una coalición de las ONG Cepaz, Voto Joven y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, informaron que el Estado venezolano, pese a tener ciertos avances sobre la participación de la mujer en la política nacional, aún viola los derechos civiles y políticos de la mujer de cara a las elecciones presidenciales del 2024. 

«Podemos decir que en materia de regulación se observa una tendencia progresiva, pero insuficiente, para garantizar la participación política paritaria de las mujeres», afirmó REC en su informe Derechos Políticos de las Mujeres en Venezuela.

De acuerdo con la coalición, Venezuela no tiene un marco legal que proteja e incentive la paridad de género en los partidos políticos.

La participación política de las mujeres en Venezuela es muy baja, por eso la importancia de que sean las mujeres quienes trabajaron en liderar este proceso.

@Andrea_GP21

Vuelven las comunas y van a consulta popular

Un poco más de tres meses antes de la elección presidencial donde Nicolás Maduro buscará la reelección, la administración oficialista se prepara para llevar a cabo una “consulta popular” en las comunas, la cual se realizará en todo el territorio nacional.

Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 21 de abril y, de acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, el objetivo es aprobar diferentes proyectos sociales en 4.500 circuitos comunales.

“Participaremos en la elección de proyectos para mejorar la vida en colectivo que serán financiados por el Gobierno Bolivariano y ejecutados por las propias comunidades organizadas”, señala el Ministerio.

Guy Vernáez, ministro de las Comunas y Movimientos Sociales, explicó que hay más de 27 mil proyectos registrados y de esa cifra, en esta primera etapa, se seleccionarán y financiarán 4500.

A diferencia de lo que fue el proceso de la primaria opositora del 22 de octubre del 2023, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) no prestó su asistencia técnica, este proceso sí lo tendrá, así como lo tuvo el referéndum consultivo sobre el Esequibo, realizado en diciembre del año pasado.

Impulsada por Maduro en plena campaña

El pasado lunes, 15 de abril, el gobernante Nicolás Maduro se reunió con representantes del Poder Comunal para dar a conocer los detalles de esta consulta, que es impulsada por él, casualmente, en tiempos de campaña electoral por las presidenciales.

Durante su programa televisivo “Con Maduro +”, el líder oficialista señaló: “El pueblo tiene el poder donde se desarrolla la democracia directa, social, participativa que hay que expandir en cada momento, en cada actividad, el próximo domingo 21 de abril hay elecciones allí en las bases, en tu barrio, en tu Consejo Comunal en tu circuito comunal”.

Maduro afirmó que, a medida que mejore la economía y se obtengan recursos, su administración invertirá en las diferentes misiones, así como en las mejoras de ingresos de los trabajadores, cuyo salario se mantiene invariable desde hace más de dos años.

“Los recursos deben llegar directamente a los Consejos Comunales para los proyectos directos de educación, salud, aguas servidas, agua potable, vialidad, caminerías y cultura”, expresó Maduro.

Otra vez las comunas

En el 2021, la Asamblea Nacional buscaba darle rango constitucional a la Ley Orgánica de las Ciudades Comunales. En su artículo 11, la ese proyecto de ley señalaba que la misma “establecerá un sistema de administración descentralizado y desconcentrado con la participación del resto de los gobiernos comunitarios y comunales instituidos en su jurisdicción”.

En su momento, dirigentes de oposición así como expertos en política rechazaron esta propuesta, dado que crearía una estructura paralela a la de las alcaldías y causaría la mengua de los gobiernos regionales, dándole más poder a las comunas.

Esa no era una propuesta nueva, pues en 2007, el fallecido presidente Hugo Chávez intentó acelerarla a través de una consulta popular, pero no tuvo éxito, perdió en un referendo. Pese a ello, Chávez por medio de una Ley Habilitante y con la Asamblea Nacional a su favor logró que se aprobara la Ley Orgánica de las Comunas.

La convocatoria de los consejos comunales

Carlos vive en Catia, municipio Libertador del Distrito Capital. El 10 de abril en su consejo comunal llegaba el servicio de gas y, cuando se disponía a retirar la bombona de su hogar, se tuvo que quedar en un lugar determinado por la persona encargada de entregar las bombonas.

“Nos dijeron que nos darían una información a toda la comunidad y que teníamos que estar todos los vecinos. Yo llegué y esperé un rato, pero me tenía que ir a mi casa. Cuando le dije eso al señor del gas, me dijo que no me daría la bombona hasta que él diera la información. Tuve que esperar como una hora bajo el sol hasta que él quiso hablar”, contó Carlos.

Cuando por fin se decidieron a comunicarle de qué se trataba, el encargado del gas indicó que, en efecto, el 21 de abril se realizará esta consulta y que deben acudir a los centros de votaciones de cada consejo comunal para votar. Sin dar muchos detalles, el señor dijo que era para aprobar proyectos para la comunidad.

“El señor nos dijo que tenemos que votar todos porque van a aprobar proyectos que beneficiarán a la comunidad. La verdad yo no creo en eso porque aquí tenemos años con alcantarillas en mal estado y son los comerciantes quienes las arreglan”, contó.

Carlos dice que no participará en esta consulta porque le parece proselitismo político de parte de la administración de Nicolás Maduro para ganar votos en las venideras elecciones presidenciales. “Es todo parte de una manipulación”, manifestó.

Vecinos tienen poca información de la consulta

Camila Oropeza, directora de la ONG Mi Convive, señaló que son pocas las comunidades donde se maneja información amplia o se habla de esta consulta. Incluso, dice, hay muchas que no tienen información al respecto.

“En varias de ellas solo se han difundido flyers o información por grupos de Whatsapp, sin espacios de asambleas para conocer los proyectos que se están proponiendo o el proceso de elección como tal”, contó Oropeza en entrevista con Runrun.es.

Además, indicó que en las comunidades donde se han realizado reuniones, la participación de los vecinos ha sido bastante baja y “se politizan las discusiones”. También, tiene conocimiento de encuentros que se realizan a puerta cerrada entre los representantes de los consejos comunales y no se permite la participación de un grupo diverso y amplio de vecinos.

“Muchos (vecinos) creen que son acciones en el marco de la campaña electoral, no tiene mucha credibilidad ante la comunidad. Lo perciben como un esfuerzo más para recuperar el apoyo de la gente. Además, les preocupa cómo serán administrados los recursos de los proyectos ganadores”, añadió Camila Oropeza.

Una estrategia de Maduro para buscar votos

Camila Oropeza consideró que es bastante clara la relación entre esta consulta y las elecciones presidenciales, además que “no hay una intención real de mejorar la situación del estado actual de nuestros hospitales, de los servicios públicos y del sistema educativo”.

“Si existiese dicho propósito ya se hubiesen observado esfuerzos reales y acciones efectivas para responder a los diversos y complejos problemas sociales y económicos que afectan a los venezolanos, y que han provocado una de las migraciones más importantes de nuestra región”, añadió.

Además, se preguntó que si la intención de esta consulta realmente es promover la participación ciudadana en asuntos públicos “¿por qué no se utilizaron esos recursos para permitir, promover y motivar el registro electoral de forma más amplia, eficiente y extendida?”.

Oropeza recordó que las comunas reciben apoyo directo del Ministerio de las Comunas y los Movimientos sociales, que otorga recursos para desarrollar proyectos dentro de las comunidades. “Lamentablemente, poco o nada aportan en el día a día de los sectores. Suelen centrarse en ser un brazo del partido de gobierno para organizarse y entregar las bolsas CLAP”, señaló.

Finalmente, dijo que a medida que se acercan los procesos electorales, “suelen aparecer proyectos con recursos que se destinan directamente a estas organizaciones y terminan gestionándolas sin ningún tipo de seguimiento o auditoría”. 

“Hoy los proyectos que se presentan en las comunas buscan atender problemas de servicios públicos que son responsabilidad de las autoridades. Curiosamente ahora hay recursos para atenderlas y son esas estructuras que se dedican, sobre todo al control social, las que se supone que arreglarán las cosas”, añadió.

Proceso de votación

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de las Comunas, en cada centro de votación que se habilite para el proceso habrá un papelógrafo con las siete propuestas de la comunidad y los electores votarán para escoger una de ellas. En total, según se puede leer en la página web del Ministerio de las Comunas, se habilitarán 15.617 centros electorales para dicha consulta.

En este proceso podrán participar vecinos de los consejos comunales a partir de los 15 años.

Tal y como ocurre en todos los procesos electorales, los votantes acudirán a sus centros de votación y entregarán su cédula de identidad a los miembros de mesa, se registran y se certifican los resultados.

Posteriormente, el responsable de mesa hará entrega de la boleta electoral, se explica al votante que debe escoger uno de los siete proyectos propuestos por la Comuna, indica el número del proyecto en la boleta y lo deposita en la urna.

Las propuestas van desde la recuperación de aceras, bulevares, centros deportivos y culturales, entre otros.

@Andrea_GP21

Marino Lugo, el segundo detenido de la purga madurista que muere por ahorcamiento

La tarde de este miércoles, 17 de abril, el Ministerio Público informó el fallecimiento del coronel Marino Lugo Aguilar, quien estaba detenido por su presunta vinculación en la trama de corrupción «Pdvsa-Cripto».

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público señaló que funcionarios especializados en patología, medicina forense y criminalística confirmaron la muerte de Lugo Aguilar «por ahorcamiento».

También, añadió el organismo que un médico forense acudió al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses a practicar autopsia de Marino Lugo Aguilar.

Horas antes de confirmarse el deceso de Marino Lugo, el periodista Eligio Rojas informó en su cuenta de X que el detenido estaba siendo sometido a un interrogatorio en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Según el Ministerio Público, a Marino Lugo se le imputarían los delitos de «apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, evasión de procedimientos, controles o restricciones en licitaciones; legitimación de capitales, traición a la patria y asociación».

La detención de Lugo no se dio a conocer por los canales regulares del Ministerio Público, como suele hacerlo con los arrestos ejecutados por esta trama de corrupción.

Segundo fallecido en la purga madurista por «ahorcamiento»

Marino Lugo Aguilar es el segundo detenido por el caso «Pdvsa-Cripto» que muere por presunto ahorcamiento mientras estaba bajo custodia del Estado. El primero fue Leoner Azuaje, presidente de la estatal Cartón de Venezuela, quien falleció justo hace casi un año, el 18 de abril de 2023 mientras estaba bajo la custodia del Estado en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El 21 de abril del año pasado, Rosalía Urrea y Mónica Azuaje (madre y hermana de Leoner) revelaron que el hombre de 39 años estuvo seis días desaparecido. «Fuimos al Sebin, a la Fiscalía y al Ministerio Público, y nos cerraron la puerta en la cara», dijo Rosalía Urrea en aquel momento.

La versión del Ministerio Público indicaba que Azuaje utilizó unas sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido. El fiscal general, Tarek William Saab, reveló entonces que se encontraron  «varias cartas dirigidas a su familia haciendo mención de la decisión de atentar contra su vida y en donde asumía el error cometido«. 

La opinión pública comentó las similitudes del caso Azuaje con el de Fernando Albán, concejal de Primero Justicia, quien murió en la sede del Sebin de Plaza Venezuela y cuya primera versión oficial apuntó hacia un suicidio. 

Respecto al caso Azuaje, Runrun.es publicó un trabajo especial en esa ocasión en donde especialistas cuestionaron la versión del suicidio. En la foto del cadáver de Azuaje que circuló en redes se apreciaba parte del pecho y la cara. Los ojos estaban semiabiertos al igual que su boca. La tez blanca de su piel se mantenía igual en todas partes, pero se observaba un leve cambio de coloración en el lado izquierdo. En su cuello se veían dos marcas finas e incompletas. La primera y más oscura, de color marrón rojiza, a pocos centímetros de la barbilla. La segunda, mucho más clara y de color rosa, está en el cuello, justo a la altura del hueso hioides.

Un anatomopatólogo y forense consultado por Runrun.es, que prefirió mantener su identidad oculta, explicó que en la foto del cadáver de Leoner Azuaje se podía apreciar un «surco típico», marca que deja un ahorcamiento, que no bordea todo el cuello. 

Mientras que el abogado especialista en criminalística y derechos humanos, Zair Mundaray, coincidió con el análisis del forenseAñadió que en un caso de ahorcamiento, el surco de compresión o la marca por ahorcadura, tiene que ser oblicua (que se desvía de la línea horizontal o vertical) porque el cuerpo se desplaza hacia abajo por razón de la gravedad. 

Sin embargo, el análisis del abogado apunta que si no hubo desplazamiento, la ubicación de esa marca en el cadáver de Azuaje no coincide con el patrón regular de estos casos.

«Si el nudo es mucho más grande que el cuello y no desliza, entonces deja un surco parecido al que tiene Leoner Azuaje, pero este lo tiene muy adelante, por eso es que habría que analizar (cómo quedó colgado) pero eso no se hizo porque el Sebin quitó el cuerpo del vínculo (esto es, la sábana colgada o lo que haya usado para suicidarse) y se lo llevó al hospital clínico», dijo. 

Leoner Azuaje

Juan Almeida murió en su residencia por enfermedad del hígado

En la lista de muertes de procesados por la purga madurista también está la de Juan Almeida, cuyo deceso se reportó el 16 de mayo de 2023, a poco más de un mes de su detención.

Almeida, a quien se conocía como «el  hacker número 33 o N33″ y quien era operador digital de Tareck El Aissami cuando este gobernaba Aragua, murió en su residencia luego de que se le otorgara una medida humanitaria.  

La muerte del cercano a El Aissami no se produjo por suicidio, sino por una delicada enfermedad, según versiones oficiales. Tarek William Saab reveló en ese momento que Almeida «sufría desde hacía tiempo de una enfermedad terminal diagnosticada: cirrosis hepática».

El fallecido había sido detenido el 5 de abril de 2023 por la Policía Nacional Contra la Corrupción (Pncc) en su residencia en el estado Aragua.  Lo señalaron de ser el operador tecnológico de los actos de supuesta corrupción de Petróleos de Venezuela S.A. y la Superintendencia de Criptoactivos. Junto a él fueron aprehendidos también sus hermanos Jorge Luis Almeida Morgado y Carlos Jesus Almeida Morgado.

En la recta final de la jornada de actualización del Registro Electoral el llamado es a inscribirse

Se aproxima el cierre de la jornada de actualización del Registro Electoral, un proceso que aunque ha registrado irregularidades y retrasos, ha contado con iniciativas para incentivar la participación.

María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, hizo un llamado a los jóvenes a acudir a los puntos que habilitó el CNE para inscribirse en el Registro Electoral durante estos últimos días de la jornada, que finaliza el 16 de abril.

«Chamos, les quedan cinco días, cinco días para inscribirse en el Registro Electoral. Hoy tienes tú la oportunidad de ser parte de esto, de que tu voz cuente», señaló Machado en un video que difundió en redes sociales este jueves 11 de abril.

Machado recordó su experiencia al participar por primera vez en unas elecciones. «Me temblaban las piernas, porque yo sentía que estaba ejerciendo mi ciudadanía, que yo podía decir algo acerca del destino de mi país», señaló.

«Tú sabes que tu voto cuenta y que al final estamos haciendo historia por eso yo te pido, te necesitamos, tú tienes que ser parte de esto. Apúrate, chamo, inscríbete ya», apuntó Machado en el audiovisual.

Y a propósito de los chamos, la organización no gubernamental Voto Joven informó que logró impulsar la inscripción de más de 1.600 jóvenes en el Registro Electoral (RE) durante marzo.

Mediante una nota de prensa, la ONG identificó al estado Zulia como el epicentro de la acción de Voto Joven, pues impulsó más de 15 movilizaciones que lograron la inscripción de 400 jóvenes. Además, en Lara la organización llevó a cabo 215 jornadas de inscripción.

No obstante, aunque prepararon una minuciosa logística, el proceso estuvo marcado por largas esperas y dificultades, especialmente en Lara, Cojedes y Táchira, donde fallas en el sistema eléctrico complicaron la actividad.

 

No solo fue la tardanza para iniciar la jornada, sino que también se reportaron denuncias de que en algunos países solicitaban requisitos «exagerados» a los venezolanos para inscribirse.

Piden una semana de prórroga al CNE

Esta semana, el abogado José Morón acudió ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitarle al ente que se otorgue una semana de prórroga de la jornada de actualización del Registro Electoral.

“El operativo especial del CNE no llega a darle cobertura a la población que habita en las 1136 parroquias que forman los 335 municipios del país”, señaló Morón en un video difundido en redes sociales.

El abogado se refirió a casos puntuales como Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Miranda y Carabobo, donde se habilitaron pocos puntos para la jornada y que incluso quedaron por fuera ocho de las 22 parroquias del municipio Libertador.

La solicitud de esta prórroga de siete días se entregó en la taquilla de recepción del CNE. El solicitante consideró que se debe garantizar el derecho a los venezolanos, especialmente a aquellos que están en el exterior.

«Reiteramos sea desaplicado el artículo 26 del reglamento de la Ley de Procesos Electorales porque esta norma jurídica atenta contra el derecho al sufragio de millones de venezolanos en el exterior», añadió Morón.

A propósito de la cantidad de puntos, el medio Arepita elaboró un mapa que muestra cómo se disminuyó en un 60% la cantidad de puntos de inscripción desde las elecciones regionales del 2021 a las de este 2024.

De acuerdo con las cifras de Arepita, para la elección de hace casi tres años, el CNE habilitó 783 puntos de inscripción, pero este año fueron apenas 315.

¿Máquinas itinerantes en casa de dirigentes políticos?

Entre las irregularidades que se han denunciado en las redes sociales está la existencia de máquinas itinerantes del CNE en viviendas de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Según la denuncia, esto habría ocurrido en una vivienda ubicada en el municipio Rosario de Perijá, estado Zulia.

A juicio de la iniciativa HolaTúInscríbeteRE, que busca alentar a los jóvenes a inscribirse en el Registro Electoral, esto ha ocurrido violentando el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).

Los venezolanos no se rinden ante la «operación morrocoy»

Argentina es uno de los países en los que el proceso comenzó con un gran retraso. De acuerdo con el periodista Gabriel Bastidas, para este viernes 12 de abril, al menos un centenar de venezolanos estaban en fila en la Embajada de Venezuela para intentar inscribirse.

Según lo que manifestó el comunicador, los asistentes denunciaron que los funcionarios de la Embajada «aplican operación morrocoy» y que en una hora solo se atendieron a cinco personas.

Ante esas complicaciones, organizaciones de la diáspora venezolana en Argentina solicitan a la Embajada de Venezuela extender por al menos una semana más el operativo del Registro Electoral.

Horarios reducidos y requisitos restrictivos

Desde Uruguay, Elisa Trotta, defensora de los derechos humanos, denunció que la Embajada de Venezuela en Montevideo está exigiendo requisitos restrictivos para inscribirse en el Registro Electoral.

«Se están violando nuestros derechos ciudadanos. La Embajada solo permite registrarse desde las 9:00 a 1:00 de la tarde y con un requisito adicional y prácticamente imposible de cumplir para la mayoría de los venezolanos en Uruguay», señaló Trotta en un video.

Trotta señaló que en la Embajada exigen a los venezolanos tener el documento uruguayo tenga «al menos un año de vigencia y por lo menos tres años antes de que se venza».

«Eso solo lo pueden cumplir los venezolanos que ya tienen el estatus de ciudadanos, porque en los que están como residentes, el documento solo tiene un año de vigencia», añadió la defensora de DDHH.

Una situación similar ha ocurrido en Colombia, donde los venezolanos también denunciaron trabas para inscribirse en el Registro Electoral.

De acuerdo con una nota de Voz de América, en un cartel visible en el consulado de Venezuela en Bogotá indican que para poder realizar la inscripción y actualización en el Registro Electoral durante la jornada, es preciso tener 18 años o más, contar con un documento de residencia emitido por el país de acogida (Visa de residente, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería) con vigencia de al menos tres años y que se haya expedido mínimo con doce meses de antelación.

Además, según señala el artículo, también es obligatorio tener cédula vigente o vencida y pasaporte venezolano vigente o en trámite.

«¿Por qué me van a pedir a mí una visa colombiana, me van a pedir cédula de colombiano para ejercer el derecho de Venezuela. ¿Para qué? Si para ejercer el derecho de Venezuela lo máximo que me tienen que pedir es mi cédula, ni siquiera el pasaporte”, relató el venezolano Arcángel Pérez.

A pesar de las dificultades, en varias embajadas los venezolanos siguen asistiendo diariamente con la intención de inscribirse en el Registro Electoral y ejercer su derecho al voto el 28 de julio.

PERFIL | Samark López, el presunto testaferro de El Aissami detenido por el caso Pdvsa-Cripto

Samark López Bello, recién detenido por las autoridades venezolanas al ser vinculado a la trama «Pdvsa-Cripto», es un economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y empresario del sector alimentos y construcción.

Nació el 27 de julio de 1974 en Tucupita, estado Delta Amacuro. De acuerdo con la base de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), ejerce su derecho al voto en el municipio Girardot del estado Aragua.

López es uno de los venezolanos que han sido sancionados por el Departamento de Estado por presunto narcotráfico. Fue señalado de tener vínculos comerciales con el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, algo que negó y alegó ser un «empresario legítimo».

Toda su trayectoria profesional como empresario se ha visto afectada, dejando atrás vínculos con empresas en Florida y otros negocios cuestionados.

El martes 9 de abril, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la Constituyente, anunció su detención junto a El Aissami y Simón Zerpa. El funcionario dijo que al empresario se le imputarán los delitos de «apropiación o distracción del patrimonio público», «alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias», «legitimación de capitales» y «asociación».

Según Saab, los recientemente detenidos, además de estar vinculados con «corrupción petrolera», en una «conspiración para implosionar de manera absoluta la economía venezolana» utilizando la modalidad digital. 

Trayectoria como empresario

Samark López figura como propietario de numerosas empresas. Según un reportaje publicado por el periodista Roberto Deniz en Armando.InfoLópez vendió kits para los programas de construcción del gobierno venezolano, pinos navideños y alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Esa misma investigación señala que el empresario también es propietario de las empresas Postar Intertrade Limited, Profit Corporation y Yakima Trading Corporation -estas dos últimas figuran en la lista de activos que el gobierno estadunidense le bloqueó-.

Además, también el sitio web de Profit Corporation, C.A. indica que sus principales clientes eran Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio de Interior y Justicia.

Profit Corporation C.A. fue contratada por Pdvsa Gas, S.A. en 2010 para obras civiles y electromecánicas, pero el avance de los trabajos, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), solo llegó a 46% y 16%, publicó Poderopedia.

Asimismo, entre 2002 y 2004 ocupó el cargo de director de Planificación y Presupuesto de la Gobernación de Mérida, durante la gestión del exgobernador Florencio Porras.

López Bello ha sido un alto gerente corporativo y esas gestiones se extienden hasta Florida, Estados Unidos, con las compañías -actualmente inactivas- MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC.

A continuación podrá ver una lista de algunas de las empresas donde estuvo López:

Buscado por la justicia estadounidense

En octubre del 2020, López Bello fue designado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, como un objetivo del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.

De esta manera, Samark López se convirtió en miembro de la lista de “los más buscados”, con una recompensa de USD 5,000,000 para quien suministre información sobre su paradero.

De acuerdo con el ICE, esta designación se hizo en el marco de «un esfuerzo para erradicar la corrupción y la criminalidad vinculada con el régimen de Maduro en Venezuela».

Los Equipos de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado de HSI Nueva York y HSI Miami realizaron la investigación.

Ficha de búsqueda de Samark López/Fuente: ICE

Basándose en las investigaciones por parte de HSI Nueva York y HSI Miami, López fue acusado formalmente en marzo de 2019 y marzo de 2020 en el Distrito Sur de Nueva York «por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por la OFAC».

Sanciones de la OFAC

En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a López Bello y a Tareck El Aissami, “como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional”.

La OFAC identificó a López como  “representante clave” de El Aissami, gestionando acuerdos comerciales y asuntos financieros que generaron ganancias significativas como consecuencia de las «actividades ilícitas» del exministro de Petróleo.

Una nota publicada por el portal Suprema Injusticia indica que, según información oficial, la OFAC identificó 13 empresas propiedad o controladas por Samark López Bello, en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, EEUU y Venezuela.

Después de esto, López Bello demandó a la OFAC para que se anulara la sanción en su contra, que mantiene congelados sus bienes en Estados Unidos, porque, según sus alegatos, violaba sus derechos bajo la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

El empresario alegó que la decisión de la OFAC fue “arbitraria y caprichosa y excede su autoridad porque, en el momento en que estaba ayudando materialmente, brindando apoyo o servicios a, o actuando para o en nombre de El Aissami, El Aissami aún no había sido designado como SDNT (narcotraficante)”.

Sin embargo, un tribunal de Estados Unidos consideró que este argumento no encontraba base «en la ley o la lógica”, porque sería ir contra los objetivos la Ley Kingpin, fundamento de las sanciones de la OFAC, que es “llevar a la bancarrota las operaciones de narcotráfico mientras minimizando el riesgo de fuga de activos”.

También, rechazaron el argumento de López, según el cual se ejecutó una “incautación ilegal” de sus bienes. La Corte consideró que sus alegatos fueron insuficientes “para demostrar que la OFAC debería haber obtenido una orden judicial antes del bloqueo sus bienes”.

Otros problemas legales

El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría General de Justicia de República Dominicana informó sobre un operativo conjunto con la agencia antinarcóticos local para detener a López Bello, a quien señalaban de pertenecer a una supuesta red de narcotráfico.

Durante el operativo, se allanaron propiedades vinculadas a López y detuvieron a varias personas para su investigación. Una casa lujosa fue allanada en esta operación.

López también protagonizó controversias por su participación en el sector de los medios de comunicación, especialmente con relación a la venta del grupo editorial Cadena Capriles en 2013, que generó críticas por falta de transparencia.

A Samark López también se le vinculó a la transacción para el cambio de dueño de El Universal, en la que la mayoría accionaria sería del operador financiero Rafael Sarría, publicó El Pitazo.