Monitor de Víctimas - Runrun

MONITOR DE VICTIMAS

#MonitorDeVíctimas | Denuncian que funcionarios del CICPC asesinaron a un técnico en refrigeración
“Fue un ajusticiamiento lo que hicieron, porque él ni siquiera antecedentes tenía”, aseguró una hermana de la víctima

Anderson Piña Pereira @AnderPinap

“Un momento, esperen que yo abra la puerta, yo no tengo nada que ver, si quieren me revisan”, fueron las palabras que dijo con las manos alzadas, Carlos Julio Linarez Vargas, de 27 años de edad, antes de ser ajusticiado el pasado 2 de julio, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), en el sector Los Rastrojos del municipio Palavecino en el estado Lara.

De acuerdo a las versiones policiales, Linarez Vargas era parte de una red de extorsión con artefactos explosivos que se encarga de buscar “objetivos” entre los comerciantes larenses, especialmente dueños de concesionarios de vehículos.

Sin embargo, su hermana Glendys Vargas, quien se encontraba en la morgue del hospital central Antonio María Pineda, de Barquisimeto, desmintió que Carlos Julio perteneciera a la mencionada banda y que hubiera muerto al enfrentarse a la comisión, como se leía en la minuta policial.

Vargas narró que los funcionarios llegaron a la residencia de su mamá a las 6:00 am, donde estaba su hermano. Posteriormente lo arrodillaron y esposaron, a pesar de las súplicas de su madre, quien decía: “Por favor, no me le vayan hacer nada, está la niña (hija de Carlos) adentro”.

Minutos después, sacaron a su mamá de la casa y a Carlos Julio se lo llevaron hacia la parte de atrás de la vivienda, donde “los policías hicieron su show, porque golpearon la puerta y simularon el enfrentamiento, lo mataron y le colocaron un revólver, que no era de él, porque él era un muchacho trabajador y no tenía armas”, dijo la mujer.

Linares Vargas, conocido como El Niño, era técnico de refrigeración y todos los días se levantaba a las 6:00 am para salir a trabajar, oficio con el cual mantenía su hija de siete años de edad y a su madre.

Glendys también aseguró que cuando llegó a la sede del CICPC no firmó la declaración, porque decía que Carlos Julio se enfrentó a la comisión, cuando los hechos no ocurrieron así. “Fue un ajusticiamiento lo que hicieron con mi hermano, porque él ni antecedentes tenía”, afirmó.

Un sobrino de Carlos Julio quien también fue testigo del hecho, contó que a él, junto a la hija de su tío, los encerraron en cuartos diferentes, mientras en la casa se escucharon varias detonaciones. Luego un funcionario le dijo que saliera y sacara a la niña de siete años de edad y, al observar por el pasillo que da al patio trasero de la casa, pudo ver cómo estaba su tío tirado en el piso boca abajo

#MonitorDeVíctimas | Decapitan a recluso en una riña ocurrida en calabozo del CICPC de Lara
Es el segundo preso asesinado en un mes en centros de detención preventiva de Barquisimeto, estado Lara

Liz Gascón

Un arma blanca fue utilizada para decapitar a Jhonny José Rodríguez Silva, de 28 años de edad, durante una pelea por comida ocurrida este martes 7 de julio, en un calabozo del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Barquisimeto, estado Lara.

Según la minuta policial, los funcionarios iniciaron una requisa después del suceso.

El cuerpo de Rodríguez fue trasladado a la morgue del hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto y seguía sin ser reconocido por sus familiares hasta el mediodía de este martes. Estaba preso en el centro de detención preventiva desde mayo de 2018.

En el Eje de Homicidios del CICPC en Barquisimeto hay 190 presos en cuatro celdas. Según familiares, no todos los detenidos se alimentan diariamente porque sus allegados viven fuera de la ciudad, tienen problemas para trasladarse a la sede o no cuentan con los recursos para cubrir esos gastos. También denunciaron condiciones de hacinamiento en los calabozos.

Inician averiguaciones

El general José Santiago Moreno Martínez, comandante de la Zona Operativa de Defensa (ZODI) del estado Lara, informó en cadena regional que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público iniciaron las averiguaciones para precisar quién fue el homicida. Atribuyó la riña a «problemas de convivencia» entre los reclusos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió a las autoridades esclarecer este hecho que calificó como dantesco.

Segundo asesinado en un mes

Jhonny José Rodríguez Silva es el segundo recluso asesinado en un centro de detención preventiva de Barquisimeto en un mes. El 7 de junio en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Pat’e Palo mataron de una puñalada a Ángel Gustavo Crespo Durán, de 25 años de edad, quien llevaba tres meses privado de libertad por robo.

El OVP reportó en junio de 2020 que en esta sede de la PNB hacían “coliseos” una vez a la semana. “Se trata de una pelea entre presos en la que usan armas blancas y es efectuada un día a la semana para saldar disputas entre ellos. Es de resaltar que esta práctica fue instaurada en la cárcel de Uribana en Barquisimeto y actualmente se ha trasladado a los centros de detención policial de la región”, alertó la organización.

#MonitorDeVíctimas | Mujer celosa mató a su marido de dos cuchilladas
La pareja estuvo consumiendo licor desde la noche de viernes hasta la mañana del sábado. Se desconoce el paradero de la homicida

 

@SandraGuerrero1 | Foto: Carlos Ramírez

 

Annie González, de 42 años de edad, le quitó la vida a su pareja, Juan José Sánchez, de 35 años. Dos cuchilladas, en la tráquea y un pulmón, fueron suficientes para dejarlo herido de muerte. El crimen ocurrió a las 8:00 am del sábado pasado, en el domicilio donde convivían, ubicado en el sector González Cabrera, kilómetro 8 de la carretera a El Junquito, municipio Libertador.

Desde la noche anterior, ambos habían estado consumiendo licor junto con amigos, en el porche de la casa. A las 8:00 am del sábado entraron a la vivienda y González inició una discusión por motivo de celos. González se alteró, fue a la cocina y tomó un cuchillo con el cual agredió a Sánchez y huyó. Al parecer las peleas eran frecuentes entre ellos.

El portazo que dio al salir llamó la atención de una hermana de la víctima que al ver a Sánchez herido pidió ayuda para llevarlo al hospital Pérez Carreño, pero murió en el trayecto.

La homicida, cuyo paradero se desconoce, tiene seis hijos de uniones anteriores y trabajaba como ayudante de cocina en un colegio de la zona. Sánchez trabajaba como técnico de celulares y tenía una hija de 16 años de edad.
La relación entre víctima y victimaria comenzó hace un año y medio.

 

el futuro de la juventud en sectores populares

#MonitorDeVictimas / Mataron a un comerciante informal en La Hoyada
Desconocidos le propinaron un golpe en la cabeza y murió cuatro días después

Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografía: Carlos Ramírez

De un traumatismo severo en la cabeza falleció el pasado martes 30 de junio, Raúl Díaz, de 66 años de edad. 

Su hermana Nelly Díaz, en la morgue de Bello Monte, aseguró que personas desconocidas atacaron a Díaz con un objeto contundente el pasado sábado 27 de junio a las 3:00 am en las inmediaciones de La Hoyada.

Fue llevado a un centro asistencial donde murió cuatro días después.

Díaz era comerciante informal del Mercado de Coche y vivía solo en una pensión en el centro de Caracas.

Dejó a una hija mayor de edad que emigró a República Dominicana.

 

el futuro de la juventud en sectores populares

 

 

 

#MonitorDeVíctimas | Caracas - Río de Janeiro, hermanadas por el terror policial, por Héctor Navarro y Guillermo Sardi 

@miconvive 

Alfredo Espinoza, de 23 años, fue buscado por la policía en su casa en horas de la madrugada mientras dormía. Los funcionarios llegaron tocando la puerta de su hogar a las 6:00 a. m. en un operativo antinarcóticos en su comunidad.

Vinieron encapuchados, lo único que se le veían eran los ojos y sus armas largas, me preguntaron por una foto de un muchacho que se parecía a mi hijo, pero no era él, supuestamente lo estaban buscando por tráfico de drogas” comentó María de 55 años, madre de Alfredo quien vivía con él en una casa de dos habitaciones.

Dos ciudades bajo el terror de Estado

Alfredo muere en las escaleras fuera de su casa en manos de la policía. Los funcionarios alegaron haber encontrado en su cuarto sustancias ilícitas, armas y que se había resistido al arresto. María fue sacada a la fuerza de su hogar mientras que los funcionarios buscaban a su hijo. Lo próximo que supo de Alfredo es que llegó al hospital sin signos vitales.

La historia de Alfredo, lamentablemente, la han vivido cientos de jóvenes. En Latinoamérica en especial, destacan los casos ocurridos en Caracas y en Río de Janeiro, dos lugares con cuerpos de seguridad altamente letales.

La anécdota previamente descrita es una reconstrucción a partir de diferentes testimonios que se escuchan a diario en estas dos ciudades. Urbes cuyos habitantes difieren en cultura y lenguaje, pero que comparten experiencias muy similares con sus cuerpos de seguridad.

De acuerdo con Monitor de Víctimas, en 2019 fueron registradas 340 muertes violentas en manos de fuerzas de seguridad del Estado. En Río de Janeiro, 1814 fueron asesinadas por estas mismas razones el año pasado. Sus tasas de homicidio a manos de la policía por cada 100.000 habitantes son similares: 11.6 en Caracas y 11 en Río.

La muerte se ceba en los jóvenes

En ambas ciudades, las circunstancias donde usualmente ocurrieron este tipo de sucesos fueron similares. Petare fue, en el caso de Caracas, el lugar donde ocurrieron con mayor frecuencia estos eventos. En esta parroquia está el mayor conjunto de asentamientos espontáneos dentro de la ciudad. En la zona norte de Río de Janeiro, también conformado por comunidades populares, es donde ocurren la mayoría de las muertes en manos de la policía.

A su vez, en ambas ciudades la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de entre 15-29 años que viven en este tipo de comunidades. Tomando en cuenta estas similitudes, también observamos coincidencias y diferencias en la manera como los discursos de las autoridades, y la conformación de las fuerzas de seguridad están concebidas en estas dos ciudades.

En ambas, las autoridades hacen referencias reiterativas a enemigos internos, justifican el uso de la fuerza a toda costa para garantizar un “orden” y “paz” y arman a los funcionarios con equipamiento de guerra.

El discurso de las autoridades: entre los criminales y la “paz”

Cuando observamos declaraciones de las autoridades detrás de los 1814 cariocas y 340 caraqueños que perdieron la vida a manos de la policía en el 2019, vemos dos formas distintas de comunicar las violaciones de derechos humanos.

De las autoridades brasileñas Wilson Witzel, gobernador del estado de Río de Janeiro, y de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, escuchamos declaraciones directas y confrontativas como las siguientes:

“Un criminal bueno es un criminal muerto”

“Los delincuentes morirán como cucarachas”

“Cavaremos sus tumbas de ser necesario”.

Por otra parte, desde Venezuela, Néstor Reverol y Nicolás Maduro hacen las siguientes afirmaciones:

“Nuestra premisa inquebrantable fue, es y será siempre garantizar seguridad ciudadana y la paz social, respetando los derechos humanos”

“Hay que fortalecer al grupo FAES para defender al pueblo, para construir la seguridad del país junto al, los consejos comunales, vamos a fortalecerla, ampliarla, expandirla y profesionalizarla cada vez más”

Como podemos notar, en Venezuela el discurso pareciera apuntar a mantener una institucionalidad, búsqueda de garantía del bienestar ciudadano y correcto proceder, para garantizar la “paz del pueblo”. Observamos, de esta manera, la convivencia de dos ideas que parecieran incongruentes: una paz a través de lo bélico.

A pesar de las diferencias entre las declaraciones de los diferentes funcionarios, parece haber una conclusión identificable: sin importar si el discurso es confrontativo o busca mantener una mentira con una paz bélica, se busca justificar el uso de la fuerza como forma de proceder en la seguridad ciudadana.

Cuerpos policiales armados para la guerra

En Río o en Caracas, al escuchar términos como: “escuadrones de la muerte”,  “el batallón de la muerte” o “el terror de los delincuentes” para ningún ciudadano quedan dudas de a quién se refieren: al Batallón 41 de la Policía Militar o a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), respectivamente. Ambos han sido los responsables de la mayor cantidad de casos de letalidad policial en Río y Caracas.

Al evaluar sus formas de actuar, encontramos muchas similitudes que traen como consecuencia violaciones sistemáticas de derechos humanos.

A nivel interno, la situación de las FAES es preocupante. Se tiene conocimiento incluso de que funcionarios previamente condenados como delincuentes forman parte sus filas. De acuerdo a Monitor de Víctimas, en 2017 la proporción del uso de armas largas apenas era de 1 %. En 2020, asciende hasta el 20 %.

En Río de Janeiro, hay múltiples denuncias que apuntan al deficiente entrenamiento de los funcionarios y, ademas, la Policía Militar ha hecho propio el uso del ParaFAL, un fusil de combate. Con capacitación deficiente, ningún tipo de filtro a lo hora de elegir sus integrantes y haciendo uso de armas propias de una guerra, estos cuerpos de seguridad son los encargados de “proteger y salvaguardar la paz” en sus respectivas ciudades.

Trabajos periodísticos, investigaciones y cientos de testimonios de familias brasileñas y venezolanas son prueba de lo antes descrito.

Las FAES y el Batallón 41 son muestra de cómo las fuerzas policiales asesinan indiscriminadamente en Caracas y Río con armas usadas para la guerra.

Ya sea en un barrio o en una favela, la policía mata. Y el ciudadano está vulnerable ante ella.

Se rompe el nexo entre Estado y ciudadanía

El desarrollo de este tipo de discursos y políticas públicas trae como consecuencia aumentar la desconfianza de la población hacia el Estado, sobre todo en las comunidades donde mayor se concentra el crimen.

Hacer referencia a la seguridad ciudadana con un lenguaje bélico, como si fuera una guerra de las fuerzas del Estado contra sus propios ciudadanos, y armar a la policía con armas largas para subir a comunidades populares, tapándose la cara, con la excusa de buscar delincuentes, genera miedo y rompe los lazos de cooperación entre los ciudadanos y los funcionarios.  

Según los últimos resultados de ENCOVI, en Venezuela el 64 % de la población no denuncia cuando es víctima de un delito y el 57 % califica la labor de la policía como mala o muy mala. En Brasil, de acuerdo con la Fundación Getúlio Vargas, apenas el 35 % de la población confía en los funcionarios policiales.

Esto significa que al menos 6 de cada 10 víctimas de crimen en nuestro país nunca llegan a ser reconocidas por el Estado y recibir la justicia que merecen. Adicionalmente, si las fuerzas policiales nunca se enteran de cuáles son los crímenes, aunque tengan la intención de darle respuesta, no tienen manera de prevenirlos o presentar a los culpables ante la justicia.

En el 2018, el equipo de Caracas Mi Convive realizó una investigación con familiares de personas que fueron asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado. Un padre, con mucho dolor y rabia, nos comentó lo siguiente acerca del rol de las policías:

De verdad que son peor que el hampa, porque al menos el hampa no se mete en tu casa… Roban, secuestran por ahí, pero no se meten en tu casa, estos tipos sí.” 

Esta frase nos refleja la dura realidad de las familias que viven en las comunidades más afectadas por la violencia.

Viven en medio de una guerra de la cual no forman parte, pero son las principales víctimas. El terror policial rompe el nexo entre ciudadanía y Estado.

Necesitamos transformar la cultura policial, a una policía aliada de la comunidad. Que en vez de sacar un arma de fuego, escuche a la gente honesta y trabajadora para protegerla.

#MonitorDeVíctimas | Creyeron que lo detuvieron por andar sin tapabocas, pero fue hallado muerto
Una comisión de las FAES se lo llevó de su casa el día anterior en una patrulla blanca sin placas de la que se bajaron al menos cinco hombres

Karina Peraza Rodríguez/ @KaryPerazaR

El 24 de junio, a las 9:00 am, fue ingresado el cadáver de Dubian Valencia Barboza, de 41 años de edad, a la morgue del hospital central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara. Tenía un disparo en el pecho.

La versión policial indicaba que a las 6:00 am, en un galpón de la comunidad Simón Rodríguez, ubicada al oeste de la ciudad, se había generado un presunto enfrentamiento cuando Valencia Barboza vio unos funcionarios y les disparó con un revólver calibre 38. Los policías fueron más rápidos y Valencia Barboza murió.

Así mismo decían que el hombre era apodado El Valenciano y pertenecía a la banda de Santanita, cuyos integrantes son señalados de ser los autores de varios atentados con granadas hechos contra concesionarias de automóviles en la región larense.

Mientras el cuerpo llegaba a la morgue, familiares de Valencia Barboza, que no quisieron identificarse por temor a represalias, recibieron una llamada de los vecinos del sector La Concordia, ubicado al oeste de la ciudad, para decirles que la vivienda de la víctima estaba abierta y sola.

“Nosotros fuimos hasta la casa donde vivía Dubian, encontramos todo abierto y, cuando comenzamos a preguntar los vecinos contaron que el día anterior de una patrulla blanca sin placas se bajaron al menos cinco hombres de las FAES y detuvieron a Dubian”, relataron. Aseguraron que éste no opuso resistencia y se fue con los funcionarios.

 

Venía de la casa de un vecino y no cargaba tapabocas y, por este último detalle, pensaron que estaba detenido por incumplir el decreto regional que ordena la prohibición de circular después de las 3:00 pm sin tapabocas.

Dubian Valencia Barboza

“Cual fue nuestra sorpresa cuando, después de mediodía, escuchamos en las noticias que habían asesinado a una persona que tenía su nombre, decían que era de una banda y que se había enfrentado. Dubian ni armas manejaba y tampoco frecuentaba esa comunidad”, agregaron.

Hoy sus seres queridos no le encuentran lógica a lo sucedido, piensan que se lo llevaron por el incumplimiento de la cuarentena y al saber que tenía antecedentes lo asesinaron.

Valencia Barboza estuvo más de doce horas en manos de la comisión, pero se desconoce a dónde lo llevaron. Aunque no procreó hijos, era un hombre muy dedicado a su esposa y a los hijos de ella. Desde hace cinco años laboraba en el terminal de pasajeros como vendedor de boletos a los estados Anzoátegui y Táchira, pero había dejado de trabajar por la cuarentena y se mantenía en su hogar.

Estuvo preso en 1998 y 1999 por el delito de hurto genérico. Este pasaje de su vida le permitió acudir de vez en cuando a los penales a predicar el evangelio.

No han reclamado su cadáver

El 25 de junio a las 7:30 pm, una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), disparó a Yorman Eduardo Martínez Alvarado, de 32 años de edad.

El cuerpo presentó un impacto de bala en el tórax, con orificio de salida por la espalda, que le produjo la muerte de manera inmediata.

El crimen ocurrió en el sector Las Tunas de la parroquia Tamaca, al norte de la ciudad.

Martínez Alvarado residía con su novia en Barquisimeto, pero no era oriundo del estado Lara. Hasta el fin de semana su cadáver no había sido reclamado por ningún doliente. Según la versión militar, este hombre, a quien apodaron El Caracas, también es señalado de ser integrante de la banda de Santanita.

el futuro de la juventud en sectores populares

#MonitorDeVíctimas | Las FAES se adaptaron a la cuarentena y en mayo mataron casi al doble que en marzo
Mientras en marzo las FAES dieron muerte a 45 personas, en mayo fueron 84 las que fallecieron luego de participar en supuestos enfrentamientos con ese cuerpo policial

@xabiercosco/TalCualdigital.com

Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) siguen actuando con cada mes mayor letalidad provocando la muerte de 84 personas durante el mes de mayo, 18 de ellas habrían sido ejecutadas, según denunciaron familiares, amigos o vecinos, siendo los municipios Iribarren -Barquisimeto- y Libertador -Caracas- donde sus actuaciones provocaron casi la mitad de los decesos.

Es parte de la información recabada en diversos medios web venezolanos, que dan cuenta de las actividades de este cuerpo policial. Como es costumbre, 38 de los muertos fueron heridos en el lugar del supuesto enfrentamiento y trasladados a un hospital donde todos fallecieron. Las FAES provocaron muertes en 14 de los 24 estados del país.

En las informaciones recogidas se da cuenta de que 38 de las 84 personas muertas, tenían antecedentes penales, lo que para algunos justifica su muerte, pero hay que recordar que en Venezuela la pena de muerte no está contemplada en ninguna ley. Los 84 muertos son hombres y de 30 de ellos se conoció sus años de vida arrojando un promedio de edad promedio de 28 años.

La letalidad de las FAES había disminuido como consecuencia de la cuarentena decretada para enfrentar el covid-19, pero todo indica que este cuerpo policial ha venido adaptándose a esa limitación, pues en el tercer mes del aislamiento dio muerte a casi el doble de personas que en marzo.

En lo que va de año, las FAES ha dado muerte a 396 personas, su actuación sigue siendo apoyada por la administración de Nicolás Maduro, quien ignora las peticiones de disolución de este cuerpo policial hechas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y por las organizaciones de defensa de los DDHH venezolanas.

#MonitorDeVíctimas | Cicpc mata en Lara a seis hombres en 72 horas
El cuerpo policial los vinculó con la banda de Santanita. Familiares aseguraron que los sacaron de sus casas y los asesinaron

Entre el 18 y el 20 de junio, funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Lara, asesinaron a seis hombres en diferentes hechos. A todos los señalaron de ser presuntos miembros de la banda del Santanita, un delincuente buscado en todo el país por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio.

Según información de las autoridades del CICPC, los seis hombres murieron al enfrentarse a las comisiones mixtas, pero esta versión fue desmentida por los familiares de tres de los seis fallecidos quienes afirmaron que los funcionarios llegaron a las viviendas sin ninguna orden de allanamiento y tumbando las puertas.

No conocía a Santanita

Eran las 6:30 am del jueves 18 de junio, cuando funcionarios de la policía científica llegaron a buscar a Nerys José Peraza Tona en su vivienda ubicada en el sector Los Rastrojos, municipio Palavecino del estado Lara. Con los rostros tapados y sin ninguna orden de allanamiento ingresaron a la casa y preguntaron por el joven de 21 años de edad.

Relató un familiar que, en ningún momento, los uniformados mostraron un documento que les autorizara a ingresar a la vivienda. Al padre del joven lo sacaron de la casa, se lo llevaron en una patrulla y lo dejaron a pocos metros del lugar, pero al regresar a la casa no pudo ingresar porque estaba custodiada por los funcionarios. No sabía qué pasaba ni por qué buscaban a su hijo, quien solo había tenido un registro policial por riña. De lo que sí estaba seguro era de que “cuando a él lo sacaron, Nerys estaba vivo”.

A las 9:00 am, dos horas y media después, los familiares se enteraron que el cadáver del joven estaba en el ambulatorio Don Felipe Ponte, del municipio Palavecino.

Autoridades del CICPC aseguraron que Nerys era un extorsionador y que estaba involucrado en un ataque con artefactos explosivos que tuvo lugar en una vivienda en Los Rastrojos.

Los funcionarios dijeron que la orden del procedimiento venía desde Caracas porque Nerys era miembro de la banda de Santanita.

“Eso no es así. Nerys no lo conocía (a Santanita) ni a nadie de La Carucieña”, una comunidad ubicada al oeste de Barquisimeto, municipio Iribarren, donde suele delinquir Josué Ángel Santana, comentó otro familiar.

De la justicia divina nadie se salva

Una hora antes de que mataran a Nerys, en el kilómetro 11 de Pavia, al oeste de Barquisimeto, municipio Iribarren, funcionarios del CICPC repitieron el mismo patrón. Entraron a la fuerza y sin ninguna orden judicial a la vivienda de la familia Suárez Mujica, preguntaron por José Luis, de 29 años de edad, y le ordenaron a los otros cuatro integrantes de la familia que salieran de la casa.

Los familiares fueron escoltados por funcionarios y, cuando se iban alejando, escucharon las detonaciones. Supieron que a José Luis lo habían matado.

“Siempre dicen lo mismo, que fue un enfrentamiento, pero no fue así. De la justicia divina nadie se salva”, sentenció un familiar de Suárez.

 

José Luis era bachiller y actualmente vendía chinchorros para mantener a sus padres y a un hijo de 9 años de edad.

Cuatro huérfanos

Pocos minutos después, al oeste de la capital larense, en el sector El Mamón de Pavia, murió Asdrúbal José Yajure Mendoza, de 26 años de edad. Los uniformados llegaron a la vivienda y, como las puertas tenían candados, las tumbaron y al entrar apuntaron a los seis miembros de la familia, entre ellos una adolescente de 13 años de edad.

Igual que en otros procedimientos, los obligaron a salir de la vivienda, mientras que a Asdrúbal lo tenía otro funcionario. A una mujer que se resistía a abandonar la casa, la halaron por el cabello y la sacaron.

A todos los montaron en un carro particular y se los llevaron hasta la sede de la División Antiextorsión y Secuestro, ubicada al este de Barquisimeto. Aseguraron que Asdrúbal estaba vivo cuando ellos tuvieron que abandonar la casa, por lo que desmienten la versión de que se haya enfrentado a la comisión.

Doce horas después a los familiares los dejaron libres.

La víctima trabajaba en una fábrica de galletas. Deja huérfanos a cuatro niños.

El día culminó con una cuarta víctima, Hildemar José Negrete Gutiérrez, de 32 años de edad, quien se habría resistido a ser detenido. Los funcionarios lo mataron dentro de su casa en el sector Nueva Esperanza de la parroquia Tamaca, al norte del municipio Iribarren. Los familiares no quisieron hablar por temor a represalias.

48 horas después

Transcurrieron dos días para que los funcionarios del CICPC volvieran a actuar. El viernes 19, Carlos Luis Crespo Navas, de 24 años de edad, fue la víctima. El crimen ocurrió en el sector La Morenera del municipio Palavecino. Según las autoridades policiales Crespo Navas murió al enfrentarse a una comisión.

El sábado 20, a las 3:00 am, murió Ricardo Angulo, conocido como el Gordo Ricardo, en un presunto enfrentamiento con funcionarios en El Garabatal, comunidad vecina a La Carucieña, donde éste residía.

Según el reporte policial, estas dos últimas víctimas también eran miembros de la banda del Santanita y, supuestamente, lanzaron las granadas a los concesionarios de Barquisimeto.

Se conoció que en el estado Lara se instalaron comisiones mixtas de la División Antiextorsión y Secuestro del CICPC de los estados Zulia, Carabobo y Distrito Capital.