Karina Peraza Rodríguez, autor en Runrun

Karina Peraza Rodríguez

#MonitorDeVíctimasLara | Un joven fue amarrado con precintos y ajusticiado cerca del Monumento de la Divina Pastora
Este hombre había huido de Sanare desde diciembre de 2021, tras supuestamente haber cometido un homicidio, y estaba siendo investigado por el Cicpc

@KaryPerazaR

“Un muerto, un muerto”, gritó un hombre, una vez que recobró el aliento tras pasar la mala experiencia de conseguir un cadáver entre la maleza. El hallazgo fue el 24 de mayo de 2022, cuando un grupo de personas realizaba un trabajo de desmalezamiento en la avenida Circunvalación Norte, muy cerca del Monumento de la Divina Pastora, al este de Barquisimeto, estado Lara.

El cuerpo, que fue localizado en horas de la mañana, se encontraba en estado de descomposición, pero tenía las manos y pies atados con unos precintos. Al hacer el levantamiento del cadáver, los funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) no hallaron documentación alguna.

Los detectives determinaron que el sitio donde fue localizado el cuerpo fue el mismo lugar donde se cometió el crimen. La autopsia reveló que la víctima fue asesinada de tres disparos en la cabeza, a quemarropa.

Al día siguiente fue identificada la víctima. Familiares de Ismael José Tamayo Jiménez, de 24 años de edad, se acercaron a la sede del Cicpc al conocer que un hombre había aparecido muerto. Los funcionarios les mostraron fotografías y determinaron que se trataba de un joven nacido y criado en la población de Sanare, que tenía tres días desaparecido.

Una fuente vinculada con la investigación relató a Monitor de Víctimas que este joven era conocido como “Ismaelito”, y había huido de la población de Sanare desde diciembre de 2021, tras supuestamente haber cometido un homicidio, delito por el cual era investigado por el Cicpc. Vivía en Barquisimeto, algunas veces se quedaba en El Cují, al norte de la ciudad, y otras en Cabudare, municipio Palavecino; por esta razón no se alarmaron el primer día que no apareció en ninguna de las casas.

Al segundo día de no saber del paradero de Ismael José, sus parientes comenzaron a indagar y, a través de algunos allegados, conocieron que un grupo de hombres armados se lo había llevado, en horas de la noche del sábado 21 de mayo de 2022. Según indicaron los testigos, el joven fue trasladado en contra de su voluntad por presuntos funcionarios de un cuerpo de inteligencia de la policía.

 

Una fuente del Cicpc vinculada con el caso certificó esa versión y al mismo tiempo confesó que esa era la línea de investigación: están verificando si se trata o no de funcionarios que habrían participado en este homicidio.

Sin embargo, a casi un mes de haberse cometido el crimen, no existe una respuesta para sus familiares. No han identificado a los posibles homicidas, por lo que esta muerte aún figura como un caso no resuelto.

Ismael José Tamayo Jiménez, tenía 24 años de edad. Foto: cortesía

Un ajuste de cuentas

Los funcionarios del Eje de Homicidios que están trabajando en este caso manejan como móvil del crimen “el ajuste de cuentas”. Es de resaltar que en el año 2021, Monitor de Víctimas contabilizó 15 muertes con este móvil.

Sobre el pasado del joven conocido como “Ismaelito”, residentes de la población de Sanare relataron que fue un joven que creció entre la delincuencia, perteneció a la antigua banda llamada “El Seminario”, que era liderada por alias “el Ever”, presunto autor intelectual de la Masacre de Chabasquén, ocurrida en 2008, y por la que fue detenido y encarcelado en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), donde posteriormente se convirtió en el pran del penal.

“Ismaelito” también fue detenido en tres ocasiones: en marzo de 2015, por el delito de porte ilícito de arma de fuego; en mayo de ese año, por tenencia de droga, y en septiembre, por robo de vehículo, delito por el cual estuvo detenido por cinco años.

Botadero de cadáveres

La Circunvalación Norte es una importante vía que abarca desde el este hasta el oeste de la ciudad de Barquisimeto y que desde hace muchos años se ha utilizado para abandonar cadáveres, porque se trata de una vía desolada que carece de iluminación, pero en la que abunda la maleza, en ambos sentidos.

En esta vía se han realizado operativos policiales y también es conocida por ser una zona en la que operan piratas de carretera, pues es el principal corredor de carga pesada.

En mayo de 2022, este fue el segundo cadáver localizado en esta zona. Según el Cicpc, los casos no tienen conexión, pero con este hallazgo se evidencia que también se carece de patrullaje por la Circunvalación.

Un funcionario de la policía de Lara, que no quiso identificarse por temor a represalias, indicó que la zona donde han sido localizados los muertos es un cuadrante que le corresponde a este organismo, pero comentó que esta vía no puede ser patrullada con la regularidad que requiere, porque además de escasear los vehículos para este fin, tan solo les dan 10 litros de gasolina que deben rendir para toda una semana y para patrullar una gran extensión de la parroquia Santa Rosa.

#MonitorDeVíctimasLara | Funcionario del Conas asesinó a un joven y escapó a Colombia
Una mujer, una adolescente y un hombre serían los responsables del crimen de Deglis Barahona, a quien en el mes de febrero quemaron, luego picaron el cuerpo y lo enterraron para desaparecerlo. Ocurrió en el norte de Barquisimeto

@KaryPerazaR / Fotos: Cortesía

 

Deglis Javier Barahona Vargas, de 22 años de edad, estuvo desaparecido nueve días en Barquisimeto. Su familia lo buscó en varios recintos policiales, centros asistenciales y en la morgue; también pegaron carteles con su foto en distintos puntos de la ciudad, pero no pudieron dar con él. Fueron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Subdelegación Barquisimeto quienes, tras lograr una confesión, consiguieron el cuerpo sin vida del joven.

El cadáver de Barahona fue localizado la tarde del viernes 4 de marzo en el patio de una vivienda en el sector El Jayo de Las Veritas, en la parroquia El Cují, ubicada en el norte de Barquisimeto, estado Lara.

El 23 de febrero, Deglis Barahona salió de su trabajo, en una empresa avícola, para Las Veritas. Se vería con su expareja Delmarys Susana Pineda Solano, de 32 años de edad.

Barahona sostuvo una relación con Delmarys por más de tres años. Ella es madre de una pequeña niña de 2 años de edad que padece leucemia y de una adolescente de 15 años. El joven, quien se consideraba un padre para la menor de las hijas de su expareja, acudió ese 23 de febrero a la casa de Delmarys para entregarle un dinero, pues la pequeña estaba enferma.

Ese día Barahona no retornó a su vivienda y esto para su familia era algo extraño, por lo que de inmediato se comunicaron con Delmarys y ella indicó que Deglis había ido a su casa pero que se había marchado ya. Sus familiares lo buscaron por todos lados, pero no dieron con él.

Al pasar las 48 horas desaparecido, en el Cicpc Subdelegación Barquisimeto recibieron la denuncia y entonces comenzó la investigación.

Funcionarios de la policía científica interrogaron en varias oportunidades a Delmarys porque Barahona iba con frecuencia a esa vivienda para llevarle la comida a la niña o simplemente para compartir con ella. Los detectives, además, entrevistaron a residentes de la zona, así como a familiares del joven, y todos los testimonios los llevaban a relacionar a Delmarys con los hechos, por lo que la mujer se convirtió en la principal sospechosa.

En la última entrevista ante los funcionarios se quebró y no pudo sostener más la mentira. Confesó que un joven identificado como Yoiker Daniel Vargas Rodríguez, de 19 años de edad, habría asesinado al trabajador agrícola porque pensaba que Barahona estaba enamorado de su novia, la adolescente de 15 años de edad.

Sobre Yoiker Daniel se conoció que es un funcionario del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), destacado en el estado Guárico, y esa semana estaba de permiso y se encontraba en la región larense.

Cómo sucedieron los hechos

Yoiker Daniel comenzó a sentir que a Deglis le gustaba su pareja y no quería que visitara más la casa, por lo que, en medio de un ataque de celos, discutió con el joven y lo asesinó.

Lo sometió y lo asfixió con una bolsa para torturarlo de esta forma, pero terminó estrangulándolo y, presuntamente, con ayuda de la mujer y la adolescente, picó algunas partes de su cuerpo, le adosaron cauchos para quemarlo y así desaparecer las evidencias. Luego lo enterraron.

Fue la misma mujer quien llevó a los funcionarios hasta donde habían enterrado a la víctima.

En el momento del hallazgo, ella fue detenida, pues tanto su yerno, el funcionario del Conas, como la adolescente estaban prófugos.

Para el domingo 6 de marzo la adolescente fue entregada a los funcionarios del Cicpc para que enfrentara los cargos por homicidio.

Tras más de 50 días de cometer el crimen, Yoiker Daniel continúa prófugo de la justicia y, según fuentes policiales, se encuentra en Colombia. Sus cooperadoras están detenidas.

Familiares de Deglis Barahona esperan que el caso no sea olvidado y que las autoridades venezolanas puedan capturar al castrense. Quieren que se haga justicia por el crimen cometido contra el joven trabajador que deja un hogar destrozado.

Deglis Barahona fue descrito por sus seres queridos como un joven independiente, quien a muy corta edad fue responsable con todos sus deberes. La víctima destinaba parte de su salario a llevar alimentos a la niña que crio con su expareja, pero también ayudaba económicamente a su madre.

#MonitorDeVíctimasLara | Estafadores de Marketplace murieron a manos de sus víctimas
Tres integrantes de una familia viajaron desde Apure hasta Barquisimeto con la intención de comprar un vehículo que vendían a través de la conocida página comercial. Pero la oferta era falsa y para salvar sus vidas mataron a dos presuntos delincuentes

Karina Peraza Rodríguez @KaryPerazaR / Fotos: Cortesía

 

Dos presuntos delincuentes muertos, uno prófugo, una víctima herida, fue el resultado de lo que sería una negociación por un vehículo a través de Marketplace, plataforma de la red social Facebook. El doble homicidio ocurrió el 1 de febrero en horas de la mañana en el barrio Santo Domingo, ubicado en el oeste de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

Una camioneta con un precio llamativo captó la atención de los hermanos González Castillo, quienes comenzaron las conversaciones a través del Facebook y, luego de compartir algunos mensajes, intercambiaron los números telefónicos y decidieron viajar desde el estado Apure hasta Lara para adquirir el vehículo.

Los hermanos González Castillo, de 26 y 33 años de edad, viajaron en un Chevrolet Aveo gris, placas AE977NV. Con ellos venía la esposa del hermano mayor y llegaron a la región larense cerca de las 10:00 de la mañana.

Los supuestos vendedores les indicaron que tomaran la avenida Ribereña, y a la altura de la calle 38 los esperaban tres hombres jóvenes. Se trataba de Servando José Morales Linarez, de 19 años de edad, y Javier Arturo Mendoza Guédez, de 21 años, además de otro joven al que conocen como Brayan.

Uno de estos hombres sacó un revólver calibre 38 milímetros, sometió a los hermanos y la mujer y los obligó a pasar a la parte trasera del vehículo, mientras Servando y Javier se sentaban adelante para tomar control del carro.

Los presuntos delincuentes continuaron por la avenida Ribereña y en la calle 48 comenzaron a subir hacia el barrio Santo Domingo.

José, el menor de los hermanos González, vio la oportunidad y, sin miedo alguno, se le fue encima a Brayan que iba en la parte de atrás con ellos y era quien los sometía con el armamento. Comenzó un forcejeo en el que José resultó herido en el pecho, pero también acabó con la vida de Servando y Javier, que iban en la parte de adelante del vehículo. Así lo relataron las víctimas.

Brayan, al ver que habían sido dominados por los hermanos González y que estos les dispararon a sus amigos, se lanzó del vehículo en marcha y, según relataron los vecinos, se levantó y corrió.

Como el conductor y el copiloto estaban heridos, el carro chocó contra una camioneta que transitaba por la zona, y fue así como las víctimas se bajaron del carro y pidieron ayuda.

José fue trasladado a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, donde fue sometido a una cirugía; mientras Servando y Javier, que eran los presuntos delincuentes, murieron en el sitio de los hechos.

Funcionarios del Eje Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Lara acudieron al sitio de los hechos e hicieron el levantamiento de los cadáveres. Colectaron el revólver que supuestamente cargaban los delincuentes y que resultó que estaba solicitado desde el 2017 en Acarigua por el delito de robo genérico.

Monitor de Víctimas trató de hablar con los familiares de los presuntos delincuentes, pero no quisieron decir nada de lo sucedido, sin embargo, algunos allegados de Javier comentaron que le habían aconsejado que se alejara de la mala vida y, aunque este lo había prometido, no cumplió. Lamentaron la muerte de ambos jóvenes.

Se conoció que funcionarios del Cicpc continúan buscando al sujeto conocido como Brayan.

No es la primera vez

Son varias las personas que han sido engañadas a través de la compra de vehículos por Marketplace. Es una modalidad que usan delincuentes para robar grandes sumas de dinero en divisas a sus víctimas.

En Lara, desde el año 2019 hasta la fecha, se han registrado al menos cuatro casos con víctimas fatales.

El primero fue en marzo de ese año. Se trataba de dos amigos, uno de ellos exfuncionario del Cicpc. Viajaron desde Valencia para comprar un vehículo. Los delincuentes los guiaron hasta el norte de la ciudad, donde una mujer que sirvió de señuelo los llevó hasta donde los emboscaron y asesinaron a Gustavo Rojas Galué, de 29 años de edad.

Un mes después del primer hecho, Rhonal Mandique, de 30 años de edad, viajó desde Puerto la Cruz para comprar un vehículo. El sitio del encuentro era en Cabudare. Allí fue emboscado, lo robaron y asesinaron. En ese mismo lugar ya se habían presentado por lo menos dos casos más, en los que solo robaron a las víctimas.

El tercer caso fue en el mes de julio del 2020 y la víctima fue Yordán José Araujo Briceño, quien viajó desde el estado Trujillo hasta el municipio Torres del estado Lara con la intención de comprar un camión. Él fue guiado por unos delincuentes hasta donde supuestamente estaba el vehículo y allí lo robaron y asesinaron.

Autoridades advierten a los ciudadanos

Múltiples campañas se han realizado para alertar a las personas de que no sigan haciendo negociaciones a través de esta plataforma, y las autoridades han puesto a disposición las sedes del Cicpc para que sirvan como sitio de encuentro para ver los vehículos que quieran comprar.

Esta modalidad que usan los delincuentes ha cobrado ya varias vidas. Miranda, Aragua y Carabobo son algunos de los estados en donde más se han registrado casos, han informado las autoridades.

#MonitorDeVíctimasLara | Femicida de Lissette Pérez continúa prófugo a dos meses del crimen
Con una daga de acero la expareja apuñaló a la mujer y la dejó acostada en la misma cama en la que dormían sus dos hijos pequeños

Karina Peraza Rodríguez @KaryPerazaR / Fotos: Cortesía

“Si no es mía no será de nadie”, esta frase usada por muchos femicidas a lo largo de los años fue repetida por Omar Alejandro Guédez Angulo, conocido también como Chiche, el 20 diciembre de 2021. Horas después, acabó con la vida de su expareja Lissette Carolina Pérez Guédez, una mujer de 34 años de edad con quien mantuvo 10 años de relación y tuvo dos hijos.

El femicidio fue cometido pasada la medianoche, en el sector 1 del barrio Pueblo Nuevo de Los Palmares, en El Tocuyo, la capital del municipio Morán, estado Lara.

Ese día, Omar habría llegado a la casa ebrio. Se recostó sobre una silla en la sala y se hizo el dormido. En la vivienda se encontraban dormidos sus dos hijos, de 9 y 6 años de edad. Lissette estaba en la pieza de su madre, al lado de su domicilio, y decidió buscar a los niños para llevarlos junto a ella, pero se encontró con Omar molesto y empezó una discusión. Mientras eso pasaba, los familiares de la mujer no quisieron inmiscuirse, porque cuando eso sucedía el altercado era mayor, así que esperaron para evitar problemas.

Un rato después todo quedó en silencio. La madre de Lissette se asomó y vio todas las luces de la casa apagadas, entonces creyó que su hija había decidido dormirse con los niños para evitar un episodio más violento.

A la una de la madrugada, un hermano de Omar —de nombre José Luis Guédez— tocó la puerta de la casa de la madre de la mujer con desesperación. Apenas le abrieron preguntó por Lissette y la madre le respondió que estaba dormida. Él le dijo que Lissette estaba muerta. “Chiche llegó a la casa y dijo que la mató. Yo vine a ver si era verdad”, advirtió el hombre.

La madre, asustada y apurada, salió con José Luis hasta la casa, encontró la puerta entreabierta y todo a oscuras. Cuando encendió la luz del cuarto, Lissette estaba en la cama cubierta con una sábana con sus hijos dormidos a un lado. La mamá de Lissette creía que su hija estaba dormida y se negaba a aceptar que algo malo le había ocurrido.

“Está muerta”, dijo José Luis a la vez que la levantaba y se le veía correr la sangre por la espalda. Lissette habría sido apuñalada con una daga de acero que su expareja guardaba con recelo, porque era un regalo familiar.

La madre de Lissette gritó y pidió ayuda. Los vecinos salieron y se acercó el resto de la familia, quienes se encargaron de levantar a los niños de la cama y sacarlos de la casa. El hermano de Omar aprovechó el alboroto para irse y no volvió más, relataron los familiares de la víctima.

Según testimonios de conocidos, Omar Guédez había pasado el día ingiriendo bebidas alcohólicas en la casa de sus padres con su familia. Las mismas fuentes afirmaron que José Luis fue visto en la casa donde fue asesinada Lissette en horas de la noche, y al rato llegó Chiche en su motocicleta, la misma en la que huyó después de la medianoche.

Vivió muchos maltratos

Familiares de Lissette declararon a Monitor de Víctimas que la joven estuvo por 10 años con este hombre. Los primeros cuatro años los parientes de la mujer no sabían cómo era la convivencia entre ambos, porque vivían con la familia del femicida, pero, una vez que construyeron una pieza en los terrenos de la madre de la joven, fueron testigos del trato de Omar hacia la Lissette.

“Primero comenzaron los reproches: a Chiche no le gustaba que Lissette fuera a reuniones familiares o a estar con nosotros, por lo que ella, para evitar alguna discusión, prefería no ir. Después vinieron las prohibiciones y, posteriormente, los reclamos y peleas fuertes; tanto así que la niña mayor de ella, que nació de una relación anterior, prefirió irse a vivir con la abuela. Nosotros creemos que hasta le pegaba, pero ella nunca lo admitió”, reveló un familiar.

La familia de ella notó lo que pasaba y, aunque muchos le hablaban para brindarle su apoyo y le pedían que se alejara de él, ella se apartó de su familia para evitar problemas y les decía que Chiche cambiaría; además, alegaba que era él quien mantenía a la familia porque ella no tenía un trabajo.

Con el tiempo, Omar se hizo más dependiente del alcohol y se tornaba violento, dijo la fuente. Durante una reunión familiar celebrada en 2019, hubo una pelea y Omar golpeó a la madre y a la hermana de Lissette. En esa oportunidad, ellas acudieron al puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del municipio Morán, pero la denuncia de maltrato fue desestimada por los funcionarios que no realizaron reporte alguno.

Lissette siguió con Omar por otros dos años. A los maltratos se sumaron las infidelidades y, justo cuando ella se enteró de que él tenía un hijo con otra persona, decidió terminar con la relación. Aun así, el hombre no aceptaba la decisión y no salía de la pieza construida en el terreno de la familia de ella. Lissette le pidió que se fuera en varias oportunidades, pero este hacía caso omiso. Ella dejó de atenderlo y Chiche solo iba a dormir en la vivienda.

Pasaron al menos dos meses y la joven decidió viajar a Colombia para darse un tiempo y para trabajar por sus hijos. En el país vecino se reencontró con un hermano y al vivir otras experiencias había decidido que quería un futuro mejor para sus niños. Quería regresar a El Tocuyo para buscarlos y llevarlos a Colombia por una temporada.

Paralelamente, Omar seguía viviendo en la pieza de Lissette y la llamaba constantemente para decirle que había abandonado a sus dos niños, que ellos estaban enfermos y que lloraban mucho por ella, y le reprochaba el hecho de que estuviera fuera del país. Esta situación fue negada por los familiares de la víctima, que aseguraron que los niños estaban a cargo de los abuelos y no les faltaba nada, pues la madre enviaba remesas para cubrir sus gastos. “Pero esa era la forma en que Chiche la manipulaba. Él la insultaba y la acusaba de tener un hombre en Colombia”, detallaron.

A finales de 2021, Lissette decidió viajar a Venezuela para pasar la Navidad con sus hijos, y Omar no dejaba de reclamarle por su estadía fuera del país y seguía renuente a dejar la casa. Pese a la intimidación y las presiones de Omar, Lissette tenía la determinación de no regresar con él.

Los familiares de Lissette aseguran que esa decisión y los rumores divulgados por miembros de la familia de Chiche en contra de la mujer fueron los detonantes del crimen. A la vez, denunciaron que el presunto femicida contó con la cooperación de su hermano José Luis para llegar a la casa, y lo responsabilizan de ayudarlo a escapar, por lo que consideran que es tan culpable como el que hundió la daga en el cuerpo de Lissette.

Hoy son tres niños, de 11, 9 y 6 años de edad, que extrañan a su mamá, una familia que llora la ausencia de la joven y sufre por la impunidad que existe. Han pasado dos meses del femicidio y aún no dan con el paradero del presunto criminal. Exigen a las autoridades que se dediquen a buscar a la expareja de Lissette.

En 2021 fueron asesinadas 14 mujeres en el estado Lara. De los casos, 4 fueron femicidios. En el mes de diciembre murieron 2 mujeres. En el mes de enero de 2022, se registró el asesinato de otras 2 mujeres jóvenes que fueron encontradas carbonizadas en un lugar donde quemaban basura. Hasta la fecha no existe ningún detenido por estos últimos hechos.

#MonitorDeVíctimas | 38 presuntos miembros de la banda del “Koki” murieron en operativos policiales posteriores a los tiroteos de julio de 2021
Estas muertes ocurrieron entre el 10 de julio y el 11 de agosto de 2021, muchas de ellas fuera del área metropolitana de Caracas. Días después la operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro en la Cota 905, que paralizó Caracas los días 7,8 y 9 de julio

 

@KaryPerazaR

 

La violencia desatada en los tres días de operativos policiales que se desarrollaron en la Cota 905 entre el 7 y el 9 de julio de 2021, con el objetivo de buscar a los integrantes de la banda criminal del Koki, según informaron las propias autoridades, llevaron a que muchas familias tuvieran que desplazarse de la zona hacia lugares más seguros.

Se supo que algunas madres sacaron a sus hijos para evitar que los mataran en esos operativos de “limpieza” que hacen los cuerpos de seguridad en el barrio, de acuerdo con el relato de los propios vecinos del sector.

Sin embargo, al parecer, también se desplazaron algunos miembros de la mencionada banda para evitar ser capturados. Hay incluso quienes aseguran que lo hicieron para evitar ser asesinados por los cuerpos de seguridad que tomaron la Cota 905 en esos días.

Audios de Whatsapp con la indicación de que a cierta zona llegó “alguien de la Cota”, llamadas, mensajes a través de redes sociales e informaciones provenientes de lo que los uniformados denominan “patriotas cooperantes” hicieron que la búsqueda de los señalados delincuentes se extendiera hacia otras localidades del área metropolitana de Caracas.

Entre el 10 de julio y el 11 de agosto

Según información recopilada por Monitor de Víctimas, esos supuestos rastreos terminaron con la muerte de 38 personas, de las cuales 11 no han sido identificadas. Adicionalmente, de 38, por lo menos 36 fueron señaladas por los cuerpos de seguridad del Estado como supuestos integrantes de la banda que era liderada por alias “Koki”, “Vampi” y “Galvis”.

De acuerdo con el monitoreo que viene realizando Monitor de Víctimas, 30 de esas personas murieron en presuntos enfrentamientos, 6 de los casos fueron denunciados por los familiares de los fallecidos como ejecuciones extrajudiciales.

De los casos en cuestión, dos cadáveres fueron localizados en el río Guaire: un cuerpo tenía una herida de bala y el otro, traumatismos. Con respecto a estos fallecidos, hasta ahora las autoridades no descartan que se hubiera tratado de miembros del mismo grupo criminal. Aseguran que todo parece indicar que eran de la Cota 905. Los hechos son manejados como homicidio.

Estas muertes ocurrieron entre el 10 de julio y el 11 de agosto, pero no hubo fallecidos a diario. Los hechos fueron perpetrados durante 15 días. Hubo un promedio de 2 a 3 personas muertas por jornada.

No solo en el área metropolitana de Caracas

Caracas, Miranda, La Guaira y hasta los estados Carabobo y Anzoátegui han sido escenario de estas 38 muertes. Comisiones mixtas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), PoliMiranda y PoliVargas son los organismos que supuestamente han actuado en estos hechos.

Luis Godoy, comisario de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), explicó que, por lo general, estos operativos de búsqueda se dan como resultado de investigaciones de campo que se realizan a partir de “las capturas o los lamentables fallecimientos en presuntos enfrentamientos”.

“No tengo constancia para poder decir que se trató de casos de resistencia a la autoridad. Se empiezan a generar (las investigaciones) a través de los teléfonos celulares, de lo que se consiguen en las casas o conchas, de la información que se obtiene de quienes pertenecen a la banda, y así se comienzan a identificar a las personas. Posteriormente, se logran las ubicaciones donde pudieran estar escondidos”, señaló Godoy.

El comisario indicó que es normal que los delincuentes busquen salir del barrio para evitar ser aprehendidos.

Eso sí, Godoy advirtió que no existe información fidedigna que indique que se trató de casos de resistencia a la autoridad, así como tampoco de que estos procedimientos hayan estado ajustados a derecho.

De acuerdo con el comisario de la antigua PTJ, ha sido extraño que los familiares de los fallecidos hayan guardado silencio ante lo sucedido. “Normalmente arman mucha alharaca”, dijo.

Los operativos no contribuyen a acabar con la violencia

Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Criminología de esa casa de estudios y miembro de REACIN, Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, indicó que “las víctimas de estos operativos son los jóvenes morenos pertenecientes a los sectores populares. Eso ha sido así en el país por décadas y también sucede en varios países de la región”.

En criterio del investigador, este tipo de operativos no acabarán con la violencia en esas zonas. Informó que desde 2015, a través de varios trabajos sobre las OLP y el uso de la fuerza letal en el país, han explicado que esta violencia institucional de carácter letal, desproporcionada e indiscriminada, no solo termina reconfigurando y empoderando a los grupos delictivos, sino que, además, incrementa las actividades delictivas cometidas por las propias fuerzas de seguridad y genera injustificables costos en vidas humanas.

Ávila agregó que con intervenciones militarizadas reactivas, esporádicas y desproporcionadas solo se benefician las propias fuerzas de seguridad del Estado y los operadores políticos vinculados a estas.

¿Cómo desarticular bandas? Para Ávila, esto se logra con trabajo de inteligencia de alto nivel, respondiendo inicialmente las preguntas más básicas: ¿cómo se articulan?, ¿quiénes las proveen de armas convencionales, armas de guerra y municiones?, ¿quiénes les garantizan protección institucional e impunidad?

“Las bandas grandes y el llamado crimen organizado no pueden surgir ni tener poder sin un mínimo apoyo institucional de policías o militares, fiscales y jueces”, aseveró el investigador.

Debe aplicarse, según el especialista, un trabajo de inteligencia en un doble sentido. Hacia fuera, es decir, hacia la banda y su territorio; y hacia dentro de los propios operadores del sistema.

“Pueden ‘neutralizar’ a algunos miembros o cabecillas de la banda, pero mientras no cese la fuente de protección e impunidad institucional, así como los mercados ilícitos en los que tienen intereses en común, los líderes y miembros de la banda serán rápidamente sustituidos por otros”, explicó el investigador.

Siguiendo con el criterio del investigador, con un serio trabajo de inteligencia se reducen los objetivos y se es más eficiente. Para Ávila, “incluso desde el punto de vista militar, las razias policiales, detenciones y matanzas masivas e indiscriminadas no solamente son un derroche innecesario de recursos, sino que además sus costos sociales y en vidas humanas los hacen injustificables desde todo punto de vista”.

Señaló que, si bien es cierto que en los primeros días de operativos hubo fuego cruzado, porque existe evidencia de que hubo funcionarios fallecidos, también habría que evaluar bien qué sucedió en los días posteriores.

Advirtió  que “tradicionalmente cuando hay funcionarios fallecidos sus compañeros de armas posteriormente se toman la justicia por propia mano, de manera ilegal, desproporcionada e indiscriminada”. Los casos de Kennedy y la torre Viasa son emblemáticos en este sentido, agregó.

“Parte de nuestro trabajo de investigación académica consiste en la elaboración de indicadores de abuso en el uso de la fuerza letal. Internacionalmente se considera que un número superior a 10 civiles fallecidos por cada funcionario muerto es un claro indicador de que la fuerza letal tuvo una motivación distinta a la protección de la propia vida en una situación de emergencia”, explicó.

“Otro indicador, que se encuentra en la literatura médica, es la relación entre heridos y fallecidos. En contextos bélicos se espera que el número de heridos sea muy superior al número de fallecidos; cuando ocurre lo contrario, se puede estar en presencia de masacres. En tercer lugar, se espera que en un Estado de Derecho quienes cometan delitos sean procesados de acuerdo con la ley; así que en estos procedimientos debería procurarse tener más detenidos que fallecidos”, añadió.

“Más allá de la actual coyuntura, lo que hemos observado en nuestros trabajos de los últimos años es que en Venezuela la mayoría de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado «no son producto de enfrentamientos regulares con grupos delictivos equivalentes. Son más el resultado de despliegues de un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal por parte de estos organismos”, señaló Ávila.

Todo fallecido debe ser identificado y entregado a su familia

El comisario Godoy afirmó que las personas que fallecen en procedimientos policiales deben ser identificadas. “Aunque tenga (la víctima) un carnet o un pasaporte encima, eso no significa que es su identidad”, dijo.

El exfuncionario explicó que, una vez que están frente al cadáver, los investigadores del Cicpc deben hacer un trabajo de carácter obligatorio que consiste en tomar las huellas del cadáver. “Es lo que llamamos necrodactilia, y se compara con registros policiales o con las huellas cotejadas en el sistema Saime; incluso, 99 % de las identificaciones se hacen por esta vía. Pero por ley debe estar identificado”, dijo.

En caso de que el Estado esté enterrando a las víctimas sin identificación y en fosas comunes, se estaría incurriendo en un delito, advirtió Godoy. “Todo cadáver tiene un doliente y para ser enterrado y tener un acta de defunción debe estar identificado”, subrayó.

“Cuando quieren controlar un entierro y no dejan que los familiares ni nadie lo pueda ver, no hay otra razón que el hecho de que están ocultando una evidencia que presenta el cadáver como tal, y que no está escrita en el informe del forense”, aseveró Godoy.

“Seguramente, en esos casos el cadáver debe tener una serie de lesiones que son una evidencia y que a alguien le interesa que no se sepa, porque lo lógico es que el cuerpo se entregue al familiar y no que se entierre directamente”, señaló.

En este sentido, el investigador Ávila indicó que en los casos de muertes por intervención de la fuerza pública debe exigirse el cumplimiento del Protocolo de Minnesota, en el cual se establecen todos los procedimientos relacionados con el manejo del cadáver: se incluyen las experticias y actuaciones correspondientes, en procura de la búsqueda de garantías de la imparcialidad de los funcionarios actuantes y de la autenticidad de todas las evidencias físicas.

“El cuerpo es el que finalmente va a revelar lo que realmente sucedió; de allí la importancia de su preservación y riguroso examen forense”, finalizó Ávila.

#MonitorDeVíctimasLara | Hombre murió carbonizado dentro de su vehículo en accidente en Barquisimeto

Fotoleyenda: A David Da Silva, la víctima, no pudieron sacarlo de la camioneta en la que iba porque se prendió en llamas

 

Adid Manuel Chejín, de 18 años, señalado responsable del siniestro, fue imputado por el delito de homicidio intencional y omisión de socorro 

 

@KaryPerazaR

 

El pasado lunes 8 de noviembre David Da Silva, de 37 años de edad, estaba en una reunión familiar, a eso de las 9:30 de la noche decidió regresar a su casa. Se montó en su camioneta, una Silverado Pick Up, mientras que su esposa abordó otro vehículo junto a su hijo de 4 años de edad. Instantes después el hombre iba a morir. El hecho ocurrió en Barquisimeto.

Da Silva se detuvo en el semáforo de la avenida Lara con Bracamonte y en cuestiones de segundos su vida cambiaría para siempre. Una camioneta Fortuner que supuestamente venía a exceso de velocidad impactó la camioneta Silverado y esta, a su vez, fue a dar contra una moto que era conducida por Génesis Álvarez, de 26 años de edad. La camioneta Fortuner dio varias vueltas e impactó contra un árbol. 

Álvarez cayó de la moto y quedó debajo de la camioneta Silverado, la cual se prendió en llamas en segundos. Da Silva quedó atrapado dentro del vehículo. 

Las personas que estaban en el lugar al momento del impacto corrieron para ayudar y sacaron a la mujer arrastrada de debajo de la camioneta. La esposa de Da Silva llegó al sitio, con su hijo en brazos gritaba desesperada pidiendo auxilio. Aunque intentaron abrir la puerta del vehículo para salvarlo, las llamas no lo permitieron. El hombre murió carbonizado. 

A Álvarez, que trabaja en una empresa de Delivery y en el momento del siniestro acababa de entregar un servicio, la trasladaron hasta la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, tras la primera revisión médica constataron que tenía una fractura de tibia y peroné. Un día después del accidente fue sometida a una operación. 

Un joven detenido 

El conductor de la camioneta Fortuner era Adid Manuel Chejín, de 18 años de edad. Según versiones de los testigos, el joven pudo salir del automotor, que también se prendió en llamas. Caminó unas cuantas cuadras y una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo detuvo. 

El estruendo del accidente hizo que los residentes de un edificio cercano salieran y además a esa hora varias personas transitaban por la zona. Muchos grabaron lo que pasaba y las imágenes del accidente comenzaron a ser difundidas a través de grupos y redes sociales. La llegada de Bomberos de Iribarren y Protección Civil Lara fue inmediata.

En uno de los videos se aprecia cuando Beiker Pavón, fiscal superior del estado Lara, llega al sitio del accidente y tras identificarse, les pide a los funcionarios de la PNB que le entreguen a Chejín. Se llamó una ambulancia en la que el detenido fue trasladado a una clínica ubicada al este de la ciudad, donde se mantenían a orden del Ministerio Público. Su diagnóstico: traumatismo torácico cerrado y  una lesión a nivel auricular, según informó una fuente

No había antropólogo que pudiera identificar el cuerpo 

Da Silva era ingeniero y gerente general de una empresa de comercialización de helados en la región. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda por funcionarios de del Instituto de Tránsito Terrestre. 

Familiares del occiso acudieron al siguiente día para retirar los restos. Los cadáveres, como es sabido, deben ser plenamente identificados, pero en este caso, como el cuerpo estaba carbonizado, no pudo hacerse el procedimiento a través de las huellas dactilares, tampoco pudo hacerse por odontología forense debido a que la víctima había perdido las piezas dentales.

La identificación tendría que realizarse mediante las labores de un antropólogo. Se conoció a través de una fuente de la medicatura forense que Lara no cuenta con antropólogo y que entonces se hizo contacto con los de otros estados. Respondió el de Carabobo, quien fue enviado una vez culminó sus labores en la otra región. Supuestamente llegó a las 10:00 de la noche. 

Imputaron homicidio intencional al presunto responsable    

Familiares y amigos Da Silva iniciaron una campaña en redes sociales para exigir justicia. Cuatro días después del accidente, el 12 de noviembre, fiscal, juez se trasladaron a la clínica donde mantenían recluido a Chejín para realizar la audiencia de presentación, pero fue diferida. 

Ese mismo día, en horas de la tarde, Tarek William Saab, Fiscal General de la República, publicó en su cuenta en Twitter que el Ministerio Público imputaría a Chejín por los delitos de “homicidio intencional a título de dolo eventual, lesiones gravísimas a título de dolo eventual y omisión de socorro», y que solicitará la imposición de medida preventiva privativa de libertad.

El mismo 12 de noviembre el caso fue pasado a manos del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Lara.

Un día después fue realizada la audiencia de presentación y efectivamente Chejín fue imputado por los ya mencionados delitos y quedaría privado de libertad en la sede del Cicpc. Así lo ordenó el Juez de Control 2 de la región.

El miércoles 17 de noviembre el hombre tuvo el alta médica y fue trasladado hasta su sitio de reclusión. 

#MonitorDeVíctimasLara | Por asesinato a golpes de un bebé buscan a su papá, un menor de 15 años
El infanticidio se cometió en la parroquia Tamaca, al norte de Barquisimeto, estado Lara. La mamá del pequeño fue detenida y presentada en tribunales

 

@KaryPerazaR

Más de 15 días han pasado desde el asesinato de Jhoander David Pérez Pérez, un bebé de 11 meses de nacido. El presunto autor del infanticidio es el padre del menor. Hasta ahora funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Lara no han podido dar con él.

El suceso ocurrió el pasado 30 de agosto a las 11:30 a.m. Los doctores que estaban de guardia en el ambulatorio de Tamaca, ubicado al norte de Barquisimeto, estado Lara, recibieron al bebé, que en ese momento estaba inconsciente. Murió a los segundos de ser ingresado.

Los médicos observaron golpes en el cuerpo del pequeño, especialmente en el área del pecho, por lo que de inmediato llamaron a funcionarios del CICPC, que interrogaron a Rosalinda Coromoto Pérez Pérez, una joven de 20 años de edad, quien fue la que llevó al niño al centro asistencial e indicó que era su hijo.

La mujer relató que no se encontraba en la vivienda para el momento del hecho. Aseguró que dejó al infante con su padre, un joven de 15 años de edad, y que cuando regresó a casa el bebé estaba como desmayado, no se movía.

Según ese relato, para ese momento ya el joven no se encontraba en la vivienda, por lo que Pérez Pérez corrió buscando ayuda entre los vecinos para trasladar al niño hasta el mencionado ambulatorio.

El cadáver del pequeño fue trasladado a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Una comisión del Eje de Homicidios del CICPC se trasladó hasta la casa de la familia del presunto responsable, pero no se encontraba en ese lugar. Los parientes del menor indicaron que no lo habían visto. Mientras a la mamá del bebé la trasladaron a la sede del CICPC para continuar con las investigaciones.

Fuentes aseguraron que tras algunos interrogatorios a la mujer se supo que el bebé era supuestamente maltratado por su padre. A la mujer la dejaron privada de  libertad. Fue presentada ante los tribunales larenses por el delito de trato cruel contra su pequeño hijo.

El martes 31 de agosto le realizaron la autopsia al pequeño y constataron que tenía traumatismo en el tórax cerrado. Presumen que fue sometido a una fuerte presión en el pecho, determinando así que fue asesinado a golpes.

Se enteran por la radio

El mismo día que hacían la autopsia del infante a la morgue del Hospital Central llegó la abuela materna del pequeño. La mujer, que vive en la parroquia Unión, se enteró por las noticias de la radio que su nieto estaba muerto.

La abuela del bebé relató a Monitor de Víctimas que tenía una semana que no veía a su hija. “Ella llegó a la casa sin el niño, ese día la regañé, le dije que si era loca, que por qué lo dejaba solo”, contó.

La mujer explicó que le había pedido en varias ocasiones a su hija que se quedara en su casa con el bebé, pero que no pasaban más de cinco días con ella y luego regresaba a la vivienda con el adolescente que tenía como pareja.

#MonitorDeVíctimas | Acusan a una misma comisión de las FAES de matar a dos jóvenes en diferentes sitios de Lara
Los hechos ocurrieron en el municipio Jiménez. Familiares de ambos fallecidos aseguraron que sus muertes no ocurrieron en medio de enfrentamientos y que a ambos los sacaron de sus respectivas casas

@KaryPerazaR

Pastor Alexander Freitez Sequera y Luis Eduardo Lucena Ramos fueron asesinados en el municipio Jiménez del estado Lara, entre la madrugada y la mañana del viernes 23 de julio.

Estos crímenes, aunque se registraron en distintos sitios, tienen mucho en común: ambas víctimas tenían 29 años de edad  y en los dos casos los familiares de los fallecidos aseguran que se trató de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por una misma comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

El caso de Freitez Sequera  

Al menos 40 funcionarios que vestían de negro, estaban encapuchados y portaban armas cortas y largas llegaron a las 2:00 de la madrugada al caserío de Guadalupe, ubicado en el municipio Jiménez. Se trasladaron en más de 8 vehículos entre los que se encontraban una camioneta Blazer, una Explorer, una Terios y una Hilux, además de un Corsa y un Ford Ka.

Los hombres eran supuestamente efectivos de las FAES. Según los vecinos del lugar así los identificaban los uniformes que tenían puestos. Aseguraron que  llevaban gorras con las siglas DCDO que significa Dirección Contra la Delincuencia Organizada, grupo que también pertenece a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En ese momento muchas personas se despertaron por el ruido de los vehículos y otros lo hicieron seguido de tres disparos al aire que hicieron los uniformados cuando tomaron toda la comunidad. Así lo narraron personas del sector.

La casa de Freitez Sequera fue rodeada. Dentro de la vivienda se encontraban los padres del hombre, un hermano menor de edad y su hijo de 5 años. El joven, que pertenecía una familia cristiana evangélica, estaba orando en una habitación junto a su madre.

De acuerdo con las versiones obtenidas, cuando los funcionarios irrumpieron, lo apuntaron y sin dar explicación lo obligaron a salir de la vivienda. A la familia la reunieron, la encerraron en el cuarto principal y le indicaron que no podía salir. El grupo quedó bajo la custodia de hombres armados.

Los padres del hombre escucharon más de cuatro detonaciones, que sonaron hacia la parte de atrás de la vivienda. Ante la inquietud de la familia los funcionarios indicaron que no estaba pasando nada.

Se supo que a los vecinos que trataban de acercase para saber qué pasaba, los obligaban a encerrarse a sus casas, bajo la amenaza de que los meterían presos. Solo observaron que en la parte de adelante de la casa estaba colocada un arma, que describieron como una escopeta larga.

Que lo fueran a buscar a la morgue

A las 6:00 de la mañana dejaron salir a la familia de Freitez Sequera de la habitación. Podían movilizarse dentro de la vivienda, pero no salir de la misma.  A las 11:00 a.m. le indicaron a los parientes del hombre que fueran a la morgue a buscarlo. Al dirigirse al Hospital de Quíbor supieron que su cuerpo estaba allí desde las 5:30 de la madrugada.

Los efectivos de las FAES se retiraron de la zona a las 4:00 de la tarde. Según las personas del sector fue a esa hora cuando pudieron transitar en el caserío con libertad.

La familia del occiso aseguró que no se explica por qué lo mataron. Sus parientes indicaron que no tenía antecedentes penales, no había tenido problemas con la justicia ni con nadie.

Freitez Sequera había llegado tres meses antes de Colombia. Desde entonces comenzó a ir a la iglesia con sus padres. Se dedicaba a hacer, vender o cambiar artesanía.

“Eso no fue ningún enfrentamiento porque Pastor no era ningún delincuente ni manejaba ni tenía armas. Lo mataron porque quisieron. Le dieron unos tiros en las piernas, en el abdomen y en el pecho. Además se robaron unos zapatos, un teléfono básico y hasta 8 dólares”, denunciaron los familiares del hombre.

El caso de Lucena Ramos

A las 6:30 de la mañana de ese mismo viernes 23 de julio una camioneta Explorer y una Terios se movilizaron hasta la calle 9A, entre avenidas 28 y 29 del barrio Primero de Mayo de Quíbor.

Los funcionarios, al menos 10, llegaron de forma violenta a la vivienda de Luis Eduardo Lucena Ramos y abrieron la puerta con una patada. El joven estaba durmiendo con su esposa. Los hicieron levantarse. A la par los funcionarios de las FAES ingresaron a la vivienda de a lado y sacaron a una pareja y sus tres hijos menores de edad.

A la familia vecina y a la esposa de Luis Eduardo los montaron en la camioneta Explorer, mientras que al joven lo arrodillaron, lo apuntaron y se lo llevaron detenido. A él lo montaron en la camioneta Terios. Eso fue lo que contaron los vecinos.

Los vehículos arrancaron al mismo tiempo, pero tomaron rumbos distintos. La Explorer se detuvo en la población de Cuara. Allí los bajaron a todos y los dejaron abandonados. La Terios se fue por el barrio Bolívar, cuando la vieron llegar testigos indican que escucharon algunas detonaciones y gritos.

Los familiares de Lucena Ramos fueron advertidos por conocidos que lo habían llevado al Hospital y cuando fueron lo habían ingresado sin vida.

Este joven deja tres niños de 2, 7 y 9 años de edad. Había estado detenido durante tres meses por el delito de robo. A través de los planes de descongestionamiento fue liberado con una medida cautelar de presentación de cada 8 días.

Cuando ocurrieron los hechos el hombre tenía tres días en libertad y su familia asegura que no estaba delinquiendo, que había regresado a su trabajo de jornalero y que se dedicaba a sacar las cebollas de algunas siembras.

Monitor de Víctimas – Cintillo