Monitor de Víctimas, autor en Runrun

Monitor de Víctimas

#MonitorDeVíctimasLara | Responsabilizan a funcionarios de las FAES de matar a 2 hombres en 12 horas en el municipio Iribarren
De acuerdo con los familiares de los fallecidos, cada una de las víctimas se encontraba en su respectiva vivienda cuando llegaron los uniformados

Jorge Luis Camacaro Rodríguez, de 31 años de edad, y Yoelvis Antonio Camacaro, de 22 años, murieron el mismo día, el pasado 10 de septiembre, ambos a manos de miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Esta es la información que ha trascendido hasta ahora con respecto a sus muertes.

Los fallecimientos ocurrieron en hechos ocurridos en sectores diferentes del municipio Iribarren, estado Lara. Sin embargo, los uniformados usaron el mismo patrón: los mataron dentro de sus respectivas casas. Así lo aseguraron allegados de los occiso, que denunciaron que se trató de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Tener un registro policial en Venezuela es una condena de muerte para las personas. A Jorge Luis quieren ponerlo como un azote de barrio y no es así”, sostuvo un familiar del occiso.

 

Camacaro Rodríguez murió el pasado viernes 10 de septiembre. Según relataron testigos, funcionarios de las FAES llegaron a su casa, ubicada en el sector Brisas de Carorita III, al norte de Barquisimeto. El hombre vivía con su esposa. Eran las 5:00 de la madrugada cuando las autoridades tumbaron la puerta y sin ninguna orden judicial irrumpieron en ese hogar. Se supo que sacaron a la esposa de la víctima y la dejaron a varios kilómetros.

Allegados a la familia contaron que fue en ese momento que ajusticiaron a Camacaro Rodríguez, cuyo cadáver presentó un disparo en el tórax y múltiples hematomas.

La versión policial lo señaló como un presunto azote y miembro de banda “Los Pocholos”, dedicada a la distribución de droga en Barquisimeto.

“Hace más de un año salió en libertad plena y actualmente estaba trabajando como barbero. Estaba haciendo sus cosas bien y se estaba portando bien”, comentó un pariente.

 

Familiares del occiso aseguran que antes de matarlo le tomaron una fotografía con un arma en las manos, que luego fue difundida en redes sociales.

Lo reconocieron 4 días después

Doce horas después de la muerte de Camacaro Rodríguez resultó muerto Yoelvis Antonio Camacaro, de 22 años de edad. El muchacho se encontraba en una vivienda ubicada en el sector Indio Manaure, al noreste de Barquisimeto, cuando llegaron los funcionarios de las FAES a quienes señalaron como responsables de su muerte.

Se supo que desde el viernes 10 de septiembre sus familiares no sabían nada de él, pero no fue sino hasta el martes 14 de ese mismo mes cuando lo reconocieron en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda.

El cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición, debido a que las cavas para mantener los cadáveres en ese lugar no sirven.

Monitor de Víctimas pudo conocer que cuando los familiares reconocieron el cadáver de inmediato les indicaron a los trabajadores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) que no tenían como cubrir los gastos funerarios y que por eso no retirarían el cadáver. Ya fue iniciado el proceso en el Registro Civil para que el Estado lo llevara a una fosa común.

 

Según la minuta policial, el joven presentaba registros policiales desde el año 2016 por el delito de hurto. El último data del año pasado.

#MonitorDeVíctimasLara | Joven de 21 años murió luego de ser arrollado intencionalmente
La víctima estuvo agonizando en un hospital de Barquisimeto durante cuatro días. Aseguran que el señalado victimario lo atropelló argumentando que le caía mal

Jonathan José Pérez, de 21 años de edad, murió tras cuatro días de agonía en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. El hombre fue arrollado de manera intencional, en hechos ocurridos en la población de Guárico, municipio Morán del estado Lara.

El domingo 5 de septiembre el joven estaba junto a su primo en la manga de coleo Doña Emilia de Pérez, ubicada en el caserío San José de Guarico. Iba a observar una becerrona, práctica similar a los toros coleados.

Tras unos minutos compartiendo en dicho lugar, se les acercó un hombre contextura gruesa y piel morena, que le dijo al primo de Pérez que este le caía mal. Hubo una discusión y el recién llegado sacó un cuchillo e hirió en varias partes del cuerpo precisamente a Pérez.

Guiado por su primo el herido se iba a retirar del lugar. Familiares detallaron que cuando los dos se estaban alejando el agresor, quien supuestamente es conocido como “Patas Blancas”, caminó unos metros, se montó en una camioneta tipo Machito, color verde, y aceleró, arrollando a ambos primos. Pérez se llevó la peor parte, su pierna quedó destrozada.

 

La víctima fue trasladada al ambulatorio de Guarico, desde donde fue referido al Hospital Dr. Egidio Montesinos de El Tocuyo, ubicado en el municipio Morán. Tanto en ese centro asistencial como en el primero no tenían los insumos necesarios para atenderlo, por lo que fue enviado hasta el referido hospital de Barquisimeto. Había perdido mucha sangre. Murió el jueves 9 de septiembre.

Buscan a “Patas Blancas”

Al parecer existe en contra de “Patas Blancas”, cuyo nombre se corresponde con las siglas L.S., una orden de captura por su presunta responsabilidad en este caso. Hasta ahora sigue prófugo.

Pérez era ayudante de agricultura y trabajaba en sembradíos de café. Sus familiares pidieron justicia y que el Cicpc busque al señalado responsable para que eviten que emigre, pues presumen que pueda irse a Colombia.

 

#MonitorDeVíctimas | Cada 8 días ocurre un suicidio en Táchira
52 % de los ciudadanos que se quitaron la vida entre marzo y julio eran adolescentes o personas mayores de 60 años, según registros de Monitor de Víctimas, que comenzó a cubrir el estado Táchira en marzo de 2021

Monitor de Víctimas Táchira

 

Táchira es uno de los tres estados con más casos de suicidios en el país. Así lo registró un informe realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en 2020. En 2021, Monitor de Víctimas ha contabilizado un suicidio cada ocho días entre marzo y julio en la entidad andina, para un total de 19 casos.

La cifra ha venido en aumento y es considerada alarmante por expertos en la materia. Los especialistas recomiendan que se brinde ayuda profesional a las personas que están atravesando por procesos depresivos, y que la sociedad conozca los posibles factores de riesgo. 

Uno de los casos que causó conmoción en la entidad fue el de una adolescente de 15 años de edad. La joven se mostraba alegre, divertida y enamorada. Poco hacía presagiar que tomaría la decisión de acabar con su vida.

Algunos avisos de lo que haría tuvieron sentido luego de su muerte. En Facebook advirtió el día que concretaría el hecho y así lo hizo un día de julio de 2021. 

La joven es una de los cuatro adolescentes que se suicidaron en cinco meses en Táchira. Los más jóvenes y los adultos mayores de 60 años suman 52 % de los casos registrados por Monitor de Víctimas en ese período de tiempo.

Los expertos coinciden en que los suicidios pueden prevenirse si se detectan las situaciones por las que podría estar pasando una persona cercana. Al observar la presencia de alguna de estas alarmas, es imprescindible buscar ayuda profesional con un psicólogo o médico psiquiatra para tratar de controlar los aspectos emocionales ocasionados por factores externos. 

Cecodap, la ONG dedicada a la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, recomienda: preguntar a su hijo sobre las ideas suicidas para ayudar a la prevención, así como evitar reprochar al niño, niña o adolescente su forma de pensar o actuar. También se aconseja tomar a los menores en serio, sin críticas o desafíos, se deben utilizar frases amables y de respeto, hablar abiertamente de su idea de cometer el suicidio, buscar soluciones y acompañarlo. 

 

Táchira entre los cinco estados con más casos

 

Gustavo Páez, investigador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) Mérida, quien viene estudiando los suicidios en la región andina, explicó que Táchira, Mérida y Trujillo, históricamente han figurado entre las primeras cinco entidades con mayor tasa de suicidios en el país.

Según un informe publicado por el OVV en 2020, Venezuela tiene una tasa de 9 suicidios por cada 100.000 habitantes, y en ese contexto Táchira se ubica como el quinto estado del país con más casos, con una tasa de 5,4 suicidios por cada 100.000 habitantes.

El análisis de los patrones de violencia llevado a cabo por Monitor de Víctimas en Táchira entre marzo y julio de este año arrojó que la tendencia suicida aumentó mes a mes en el estado andino. Incluso durante algunas semanas las muertes violentas sólo se reflejaron en casos de suicidios.

También se identificaron las formas más frecuentes de suicidio: 37 % de los casos fueron de ahorcamiento, 26 % fueron con armas de fuego, en 21 % de los casos se presume que el suicidio fue inducido por consumo de sustancias químicas o fármacos, 11 % de las personas se lanzáron de lugares altos y 5 % utilizó arma blanca.  

En el estado Táchira hubo suicidios en 13 de los 29 municipios que lo conforman, siendo San Cristóbal y Bolívar los que presentaron mayor incidencia en los cinco meses de monitoreo. 

De los 19 suicidios registrados en marzo y abril hubo dos cada mes; en mayo se registraron tres, en junio se documentaron cinco casos y en julio la cifra se ubicó en siete; mientras que 37 % de los casos se presentó durante ese último mes. 

En cuanto al sexo de las víctimas de los casos ocurridos en la región en periodo de tiempo analizado, 79 % eran hombres y 21 % mujeres.

De acuerdo con los registros del Cicpc Táchira, se pudo establecer que 42% de las personas que se quitó la vida tenían una edad comprendida entre 31 y 60 años. El 32 %, entre 61 y 80 años; mientras que 21% de los hechos fue cometido por adolescentes, cuyas edades oscilaron entre 15 y 17 años. Un 5% eran personas entre 18 y 30 años de edad. 

Esto significa que 53 % de las personas que se suicidaron eran adolescentes o adultos mayores. Este porcentaje es casi igual al que arrojan los datos de los reportes de Monitor de Víctimas, que es 52 %.

Además estas cifras, sobre todo en el caso de los adolescentes, reflejan un preocupante aumento de suicidios de menores, situación que no era común en Táchira.

De acuerdo con la criminóloga Anna María Rondón, coordinadora del OVV Táchira, en esta región se solían ver otras formas de violencia, en las que no predominaba la violencia auto infligida.

Las motivaciones

 

Yorelis Acosta, psicólogo clínico y social, investigadora del área política del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) considera importante estudiar los suicidios tomando en cuenta las particularidades del contexto venezolano.

“En el caso venezolano, a lo largo de 10 años ha habido una afectación psicosocial que va debilitando la resistencia emocional y física. A eso se le suma el efecto pandemia. Esta situación llevó a la Federación de Psicólogos de Venezuela, en el pasado, a hacer un pronunciamiento sobre un problema de salud pública en el tema del sufrimiento que había que atender”, explicó la experta. 

Por su parte, Gustavo Páez precisó que el suicidio es un tipo de muerte multifactorial y que es muy difícil buscar explicación de un caso de suicido por un solo factor. 

Aseveró que por lo general estos hechos tienen detrás un conjunto de factores que se entretejen a diferentes niveles: individual, familiar, comunitario, incluso social. “No necesariamente una persona que sufra depresión u otros trastornos mentales se va suicidar. Si bien en más de las tres cuartas partes de los casos pudiese estar presente la depresión, también es cierto que entre 15 y 20 % de las personas que no tienen ese trastorno se suicidan. Una persona que sufra depresión, ansiedad, bipolaridad o esquizofrenia no va a terminar en suicidio de manera obligatoria”. 

El investigador agregó que la violencia también puede ser un factor que ocasione suicidios. Algunos casos ocurren porque la persona está huyendo de la justicia o se encuentra dentro de recintos carcelarios, donde padece los males de una cárcel venezolana, por lo que decide quitarse la vida.

Otras de las causas más frecuentes de suicidios son los problemas de salud, añadió el comisario jubilado Tomás Rodríguez, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). “Las víctimas no disponen de dinero para comprar medicamentos o alimentos ni para pagar consultas médicas, por ello se quitan la vida. También la depresión, ligada a la ruptura del núcleo familiar, enfermedad y desempleo”, dijo. 

Rodríguez también considera que un significativo número de muertes por suicidios se debe a la situación económica del país.

“Si uno hace el seguimiento, la mayoría de los casos se debe a la crisis económica, cierre de empresas, empresarios que no encuentran cómo levantar sus negocios y el sentir que no tiene nada, esto les causa daño psicológico”, indicó.

Según datos extraoficiales obtenidos en el Cicpc, alrededor del 70 % de los suicidios en el estado Táchira tendrían como condicionante la situación económica del país, 10 % estaría asociado a enfermedades físicas graves, 10 % de los casos tienen motivaciones afectivas y emocionales, mientras que las causas del otro 10 % está en investigación. 

Los casos registrados este año por Monitor de Víctimas en Táchira muestran como la mayoría de los fallecidos son adultos mayores. 

La migración también influye

 

En el caso de los adultos mayores la migración de hijos y otros parientes puede ser un detonante. “Los familiares se van del país, ayudan a sus padres enviándoles dinero, pero éstos se sienten solos, sin afecto, se deprimen y dicha situación los conlleva a la muerte”, explicó el comisario Rodríguez.

En este sentido el criminólogo Jesús Alberto Berro apuntó al referirse a los infantes proclives al suicidio que “en los niños, el temor, pánico, incertidumbre, el ver que su familia se está desmembrando, que está atravesando por alguna crisis económica, les puede generar ese tipo de reacción”.

Este último especialista indicó que si a eso se le suman factores heredo-biológicos, genéticos, la situación se vuelve peor.

La psicoterapeuta Luisa Amelia León, egresada de la Universidad Complutense de Madrid, también concordó en que en Venezuela la situación país y las fracturas familiares han sido determinantes en el aumento de las cifras de suicidios.

“En el caso de los jóvenes, muchos han sido abandonados por sus padres por el fenómeno migratorio, viven con la tía, el vecino, la abuela, atraviesan un duelo permanente por estar fuera del núcleo familiar y eso les provoca descompensación, angustia y ansiedad”, advirtió.

León alertó que muchos jóvenes han buscado refugio en las redes sociales y en juegos macabros de competencia. La psicoterapeuta indicó que los menores que están en esta situación permanecen solos en casa la mayoría del tiempo y caen en una gran depresión que los puede llevar a quitarse la vida. 

“Los adolescentes con intención de suicidio no hablan, se refugian en su habitación, buscan personas que estén en la misma situación de depresión, se aíslan, no practican ninguna actividad y hasta maquinan la manera de morir”, advirtió la especialista.

 

 

Atención, amor y comunicación 

 

En este sentido, la psicólogo Yorelys Acosta recalcó que el comportamiento suicida es continuo, va desde la ideación en sus diferentes expresiones, pasando por amenazas, gestos, hasta llegar al acto suicida propiamente. 

“Las ideaciones son los pensamientos que podría tener una persona de desánimo a querer seguir viviendo. La persona podría pensar: ¿Para qué estoy en este mundo? No quiero seguir viviendo, a mí todo me sale mal. Esas son algunas señales de que una persona ya está en sufrimiento”, explicó Acosta. 

Si se logra educar a las madres, familiares y amigos para que estén atentos a las personas que están a su alrededor, para que logren identificar esas señales que manda el pre suicida, se podría detener, ayudar y ofrecer tratamiento a quienes están en alto riesgo.

El Estado debe proveer asistencia psicológica y médica, con centros de atención para los jóvenes que hayan intentado cometer un acto suicida. También debe suministrar fármacos antidepresivos si es necesario, a razón de que en momentos de crisis muy aguda las personas los van a necesitar. 

Según el criterio del excomisario Rodríguez, el Estado venezolano debe garantizar ayuda psicológica y psiquiátrica gratuita, sobre todo en estos tiempos de pandemia, tras el aumento del desempleo y la salida de cientos de venezolanos del país, que cada vez es mayor.

No obstante, a principios de la pandemia, en la Unidad de Salud Mental del Hospital Central de San Cristóbal sólo podían recibir a tres personas, según se reportó en medios regionales, tras la falta de recurso humano para atender a los pacientes con estas patologías.

Un problema de salud pública

 

A juicio de Berro, de no atacarse de raíz los factores que están influyendo en el venezolano, tanto, como para atentar contra su propia vida, podría generarse una sindemia, que no es otra cosa que la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una población con interacciones biológicas, que exacerban el pronóstico.

“El incremento de violencia auto infligida es preocupante porque es un problema de salud pública que amerita todo un programa de acción, plan y política para contrarrestarlo. De lo contrario, podría generarse una sindemia, es decir, la coincidencia de dos fenómenos de salud pública –en este caso, la COVID-19 y el aumento sustancial del suicidio– que puede causar estragos en la población en un período, un espacio, un lugar y un tiempo determinado”, explicó Berro.

La psicóloga Acosta coincide: “Hay que estar muy atento a las crisis económicas, porque pueden provocar en algunos países una reducción del presupuesto sanitario y la salud mental es un campo que ha sido muy olvidado. Esto termina entonces generando un problema mucho más grave, convirtiéndose en un problema de salud pública”, dijo.

Además agregó que “es necesario colocar el tema en la opinión pública, que se hable de ello y que se trabaje. Incluso es necesario trabajar el aspecto de la estigmatización de algún problema mental y psicológico, pues todavía en Venezuela hay personas que les cuesta decir que sufre de ansiedad o depresión”.

La emergencia sanitaria por COVID-19 ha tapado la realidad de otros tipos de pacientes como los psiquiátricos. De acuerdo con la especialista, en lugar de abrirse el compás de ayuda, se ha cerrado, las personas que están atravesando por esto pueden sentirse perdidas, desesperadas y empujadas a tomar esa decisión irreversible.

Gustavo Páez, del OVV Mérida, destacó que en Venezuela existe un subregistro de casos de suicidios, debido a la opacidad informativa del Estado y a la poca información que se muestra en medios de comunicación relacionada con suicidios.

 

La prevención

 

“El Estado tiene una gran responsabilidad para hacer este tipo de promoción, contar con centros de atención, hacer énfasis en lo que está sucediendo, desarrollar planes de vida saludable, así como prácticas de deporte, sexualidad responsable, hábitos no tóxicos, dar recomendaciones sobre cómo usar el tiempo, abordar temas como los factores que pensamos que no están relacionados con el suicidio, pero realmente sí lo están”, sostuvo la psicóloga Acosta.

Mientras que Berro, abogado y criminólogo, analizó que como “ya no son hechos aislados, sino individuales, podemos estar o tener un estado de depresión masivo, generalizado. Esta cifra podría tener tendencia a incrementarse. Hay mucha gente desesperada”.

“En materia preventiva se debe desarrollar una fuerte campaña de información y de formación para, con el colectivo social, explorar la psiquis colectiva, con base en las cifras que puedan arrojar los psiquiatras y los psicólogos, tanto de carácter público como privado. Se debe  saber si han aumentado y cuánto, las consultas por estado de depresión”, propuso Berro como una solución viable. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda formar a los medios de comunicación para que difundan de forma responsable noticias sobre suicidios y fomentar entre los adolescentes las competencias socioemocionales para la vida.

Aconseja detectar tempranamente, evaluar, gestionar y hacer seguimiento de las personas con pensamientos y comportamientos suicidas.

Otras medidas, como restringir el acceso a armas de fuego, reducir el número de comprimidos en las cajas de determinados medicamentos e instalar barreras en los sitios altos desde los que se pueda saltar, también pueden ser de utilidad.

Monitor de Víctimas presents its campaign “No Green Light To Kill”
An interactive simulator and a video that shows the pattern of the extrajudicial killings with the purposes of rescuing the respect for life, and of showing the consequences of police violence in Venezuela

Monitor de Víctimas carries on with the campaign #NoGreenLightToKill, now with two pieces in English, to continue informing and guiding about police violence and its dramatic consequences in Venezuela; especially among the young population of popular sectors.  

Since its creation in 2017, Monitor de Víctimas, a project of the digital media site Runrun.es and the organization Caracas Mi Convive, has promoted the defense of human rights in the media with the purpose of ceasing the normalization of violence in the Venezuelan society, and to emphasize the importance of respecting and valuing life. 

To accomplish this objective, Monitor de Víctimas’ team develops journalist works, analysis and reports. In 2020, the campaign #NoGreenLightToKill began with the intention of pointing out the pattern of police violence, and to ease the understanding of the risks of police brutality, while reaching audiences from different social groups, and denouncing extrajudicial killings’ in Venezuela.

This initiative uses diverse and innovative tools to recount  the events. The informative song told the story of an alleged case of resistance to authority, that according to family members of the victim had been executed. 

An interactive simulator that imitates a target to shoot at, and the citizens progressively discover the irregularities and violations of human rights that surround the majority of the policial procedures with deadly victims. All the information is based on findings and reports of the investigators of Monitor de Víctimas. 

And an animated video produced with illustrations, that describe the pattern of extrajudicial killings committed by the Fuerza de Acciones Especiales (FAES) in Venezuela. 

A context that demands actions 

The gathering of data about homicides in Caracas made by allied journalists of diverse digital media and community leaders shows that between 38% and 40% of these homicides are attributed to policemen and military personnel. 

In september 2020, the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela of the UN confirms the severity of the cases of police brutality in the country. It states that there are “reasonable motives” to believe that a considerable amount of civilian deaths by policemen between 2015 and 2020 can be considered extrajudicial killings. 

The same report concludes that these events can constitute crimes against humanity, furthermore it references some of the cases of extrajudicial killings committed by policemen and military personnel in the last five years, and describes patterns and practices that violate human rights. Moreover it reveals that some of the officials interviewed by the mission affirmed that the police had “green light to kill”.

The document, assembled by experts, highlights that there is “a certain level of public support to a severe approach towards violence. According to a study conducted in 2020 by the Observatorio Venezolano de la Violence, based on a in-person survey of 1.200 persons, more than 30% of the sample stated their support to extrajudicial killings as a mechanism to stop the insecurity; 12,9% claimed “highly agreeing” and 19,4% claimed “agreeing” that the Government has the right to kill delinquents.”

For this reason Monitor de Víctimas raises its voice to reject police violence with its campaign #NoGreenLightToKill. The idea is to continue circumventing governmental censorship and to open new spaces to visibilize extrajudicial killings’ victims, to show their stories, to listen to their families and denounce the pattern of irregularities committed by the security forces. 

International Amnistía Venezuela, Provea, Proiuris, Caleidoscopio Humano, El Pitazo, Crónica Uno and Tal Cual are some of the allies that accompany us in the diffusion of this initiative. 

On another note, to accomplish a goal of zero deaths by the hands of the police requires the adoption of good practices. The State security forces’ officials must RETOMAR one of their essential duties: protecting the citizens. FURTHERMORE, they must recede from a militaristic approach that makes them see people as enemies of war. The policemen should quit acting as executioners, pretending to have a higher power that allows them to decide who lives and who dies. Hence the importance in transparency and diffusion of events of police violence.

The pieces of the campaign #NoGreenLightToKill were created by Ricardo del Búfalo, Rolando Díaz and Ricardo Sanabria. The technological development and design was in charge of Héctor Rodríguez and the editorial coordination was made by Carmen Riera and Ronna Rísquez.

Click here to go to the video with illustrations

Click here to go to the simulator.

#MonitorDeVíctimas | Una pareja y dos de sus hijas murieron a machetazos supuestamente a manos de un hermano de ellas
El señalado responsable es un hombre de 22 años de edad, hijo de la pareja fallecida, quien sufre de esquizofrenia y que al parecer no estaba medicado. El crimen ocurrió en el caserío El Degredo, municipio Andrés Eloy Blanco, Lara

Cuatro miembros de una misma familia -padre, madre y dos hijas ya mayores de edad- fueron asesinados dentro de su propia casa. Según las primeras versiones, el crimen habría sido cometido por otro miembro de ese núcleo familia: un hijo de la pareja, quien padece de esquizofrenia y no está medicado.

El hecho, perpetrado a machetazos, ocurrió la madrugada del pasado viernes 13 de agosto en el caserío El Degredo, Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara.

Las víctimas fueron Antonio Vicente Aguilar, de 56 años; Reina del Carmen Manzano, de 52 años; María Isabel y Yenny Carolina Aguilar Manzano, de 20 y 32 años de edad, respectivamente, quienes estaban durmiendo en otro cuarto.

Se supo que la menor de las hermanas tenía tres meses de embarazo. Poco se le veía el vientre, pero toda la familia estaba feliz porque pronto llegaría un nuevo integrante.

Según la versión policial, el señalado responsable, de 22 años de edad cuyo nombre se corresponde con las siglas J.V.A.M., habría atacado a sus víctimas mientras dormían.

 

De acuerdo con las primeras hipótesis, el primero en ser atacado fue el padre, que recibió heridas en la cara y el cuello. La segunda fue la madre, que tuvo heridas en el brazo derecho y en la cara. Fuentes policiales aseguraron que la mujer terminó decapitada.

Se presumen que Yenny habría escuchado los ruidos y se levantó para ver qué pasaba. Habría sido en ese momento cuando se convirtió en la tercera víctima. Recibió machetazos en la espalda y en la cabeza.

La cuarta víctima fue María Isabel. Personas ligadas a las investigaciones presumen que la muchacha trató de liberarse del homicida, debido a que presentó heridas de defensa en los brazos y acabó sin dedos. Presentaba heridas entre la clavícula y el cuello.

¿Caminaba ensangrentado?

Habitantes del mencionado caserío contaron a Monitor de Víctimas que una vez cometido el crimen, el señalado responsable trató de encubrirlo. Aseguraron que el hombre arrastró los cadáveres hasta una zona boscosa de la finca para tratar de enterrarlos.

“Lo vieron caminar de un lado a otro y su ropa estaba ensangrentada. Tratamos de agarrarlo, pero él tiene mucha fuerza y fue cuando lo golpearon cuando logramos maniatarlo. Dijo que había asesinado a su familia porque los odiaba”, sostuvo una vecina.

 

Cuando el muchacho ya estaba inmovilizado llegó al lugar uno de sus hermanos. Supuestamente le habría dicho que se arrepintiera ante Dios por lo que había hecho, pero al parecer el hombre le contestó que él se había salvado “porque le agarró el día”.

Un conocido de la familia Aguilar Manzano aseguró que hace unos años, un especialista les explicó que el muchacho padecía de esquizofrenia y que con el tiempo podía llegar a ser agresivo, pero que la advertencia no la acataron sus padres, ya que eran una familia del campo y no tenían acceso frecuente a los medicamentos que se requerían.

Lo entregaron a las autoridades

Una vez que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó al caserío, la comunidad entregó al muchacho y quedó bajo custodia del cuerpo policial, para su presentación en tribunales del estado Lara.

Un abogado consultado explicó que si se comprueba que el joven padece de problemas mentales se le calificaría jurídicamente como una persona inimputable, según el artículo 62 del Código Penal Venezolano.

¿Para que no sufrieran?

Douglas Rico, director del Cicpc a nivel nacional, informó a través de su cuenta en Instagram que el joven habría perpetrado el crimen presuntamente porque su padre constantemente agredía a su madre.

Rico destacó que supuestamente una vez perpetrado el ataque contra el padre, el joven habría seguido contra su madre y hermanas, con la excusa de que no sufrieran por la muerte del padre.

*Fotoleyenda: Las víctimas fueron Antonio Vicente Aguilar, de 56 años; Reina del Carmen Manzano, de 52 años; María Isabel y Yenny Carolina Aguilar Manzano, de 20 y 32 años de edad, respectivamente. Todos estaban durmiendo cuando ocurrió el hecho.

Monitor de Víctimas | Pandemia, escasez de gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia
El equipo de periodistas e investigadores de Monitor de Víctimas presentó su informe 2020, con el balance estadístico y las historias de la violencia homicida en Caracas y Lara

 

 

Un año atípico, marcado por el encierro y la escasa circulación de personas en las calles debido a la pandemia y la falta de combustible, culminó con 599 homicidios en Caracas, capital de Venezuela.

El Informe 2020 de Monitor de Víctimas denominado “Pandemia, escasez de gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia” destaca cómo las muertes a manos de la fuerza pública volvieron a estar a la cabeza de las cifras rojas por tercer año consecutivo, con 204 víctimas.

 

 

El confinamiento obligatorio, la escasez de gasolina y la militarización del entorno se convirtieron en una mezcla que alimentó el abuso de la fuerza pública contra los ciudadanos, en procura de garantizar el control social del Gobierno de Nicolás Maduro.

El ejemplo más claro y dramático, que puso de manifiesto el patrón de las ejecuciones extrajudiciales, fue la masacre perpetrada en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, durante un operativo policial que pretendía dar con los miembros de la megabanda del “Wilexis”. En el hecho ocurrido en mayo una de las víctimas fue el basquetbolista Bryan Onel Cedeño Rengifo.

Por otra parte, se pudo identificar que cinco parroquias del Área Metropolitana de Caracas concentran el 52% de los homicidios. Son territorios controlados por grupos armados no estatales.

Se trata de Sucre, El Valle, Coche, Petare y La Vega, donde megabandas y colectivos imponen una forma de gobernanza criminal. Dominan la vida cotidiana mediante el miedo.

 

El informe también contiene un análisis inferencial que explora el comportamiento de la violencia homicida contra la mujer, realizado por un equipo de expertos de Caracas Mi Convive.

Mujeres, niños, niñas y adolescentes: víctimas directas y colaterales

428 niños, niñas y adolescentes (NNA) quedaron huérfanos y huérfanas de padre o madre debido a la violencia homicida en Caracas. 158 NNA perdieron a sus padres a manos de la policía. Eso significa que cada semana, los cuerpos de seguridad dejaron un promedio de tres pequeños sin al menos uno de sus progenitores.

También sobre las mujeres recayó la violencia homicida en Caracas.  52 mujeres fueron asesinadas en 2020 y 17 de ellas fueron víctimas de femicidios.

El caso de Carla Ríos, asesinada por su expareja, destaca y muestra un patrón de impunidad que favorece a los víctimarios.

 

 

 

Los homicidios por “ajuste de cuentas”, por casos de balas perdidas y por robos, también figuran entre los móviles más frecuentes.

En Lara los cuerpos de seguridad son el principal victimario

 El estado Lara registró 125 casos de letalidad policial durante el año 2020, 62 % del total de 201 homicidios que se reportaron entre abril –cuando inició Monitor de Víctimas- y diciembre.

Lo contradictorio es que Lara es una de las entidades menos violentas de Venezuela. Ocupa el lugar 21 en la clasificación de los estados con más homicidios con una tasa de 26,5 por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en 2020.

 

Algunas recomendaciones

Con base al estudio de los datos y los casos, Monitor de Víctimas hizo algunas recomendaciones:

-El Ministerio Público debe emprender investigaciones oportunas y eficaces sobre los homicidios, en procura de brindar justicia a las víctimas y acabar con la impunidad en este delito.

-El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos. Además de prevenir los homicidios, brindar protección y reparación a las víctimas.

-La letalidad policial continúa como la primera causa de los homicidios en Caracas. Los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar y hacer cumplir el artículo 43 de la Constitución, sobre la inviolabilidad de la vida y la inexistencia de la pena de muerte.

-Urge poner fin a los casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones en sectores populares.

-Es necesario diseñar políticas de seguridad ciudadana que atiendan, corrijan y reviertan la delegación estatal de territorios a los actores armados no estatales, como megabandas y colectivos.

-Se deben implementar políticas efectivas de desarme y control de municiones.

-Se requiere la promoción de medidas cautelares de protección y atención psicosocial para los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos y huérfanas producto de la violencia homicida.

-El Estado debe procurar la reparación integral de daños causados a niños, niñas y adolescentes por acciones u omisiones de los funcionarios policiales o militares en el cumplimiento de sus obligaciones.

-Urge que el Estado invierta en un sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia como las casas de abrigo. Estas pueden brindar protección temporal a las mujeres víctimas de violencia y fomentar la denuncia.

 

Puede leer el informe completo aquí 

 

INFOGRAFÍA | 37 muertos en 3 días de tiroteos: el balance actualizado de la violencia en la Cota 905

 

Durante la presentación del informe anual de Monitor de Víctimas se precisó que a esta cifra se suman otros 27 muertos en la presunta «cacería» de supuestos miembros de la megabanda del «Koki»

Los integrantes del equipo de Monitor de Víctimas aprovecharon la presentación de su informe anual este 27 de julio para dar a conocer un balance actualizado sobre los hechos acaecidos en la Cota 905 y sus alrededores.

Durante la presentación del informe “Pandemia, gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia”  se dio a conocer que en el intento fallido del Gobierno por desmantelar la megabanda del “Koki” perdieron la vida 63 personas.

La presentación del informe estuvo a cargo de Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas; Manuel Parejo y Héctor Navarro por Caracas Mi Convive; Lorena Meléndez, periodista de Runrun.es; Liz Gascón, periodista del estado Lara; y como invitada especial la profesora Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares.

Respecto a los sucesos de la Cota 905,  Rísquez detalló que se contabilizaron 37 muertos en tres días  –entre el 7 y el 9 de julio– de enfrentamientos,  que incluye la Operación Indio Gran Cacique Guaicaipuro. 

La cifra de caídos incluye dos mujeres y un niño de 11 años que fueron víctimas de balas perdidas.

 

Además, se precisó también que del total de muertos,  11 víctimas fueron alcanzadas por balas perdidas, 9 eran presuntos miembros de la banda del “Koki”, 10 fueron presuntamente ejecutados por funcionarios policiales y 4 eran funcionarios de cuerpos de seguridad.

A esta cifra se suman otras 27 personas muertas en la presunta “cacería” de supuestos miembros de la megabanda del “Koki” entre el 10 y el 23 de julio, lo que eleva el número total de fallecidos a 63.

 

#MonitorDeVíctimas | Dos hombres murieron en presuntos enfrentamientos con el Cicpc en Lara en tres días
Las muertes ocurrieron en los municipios Iribarren y Morán. Ambos presentaron registros policiales. Parientes de las víctimas se negaron a dar declaraciones a la prensa 

 

Entre el 13 y el 16 de julio de este año dos hombres murieron en medio de presuntos enfrentamientos con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC) del estado. Los hechos ocurrieron en diferentes municipios del estado Lara. Ambos presentaban registros policiales y fueron señalados por las autoridades como presuntos delincuentes.

Según información del Cicpc los dos individuos murieron tras enfrentarse a los funcionarios. Sin embargo, familiares de las víctimas se negaron a dar sus versiones por temor a represalias.

Llegaron de madrugada

Eran las 4:30 de la madrugada del 13 de julio cuando miembros del Cicpc llegaron hasta el sector Palo Verde de El Tocuyo. Se supo que buscaban a Keimert José Flores Gutiérrez, de 24 años de edad, quien supuestamente presentaba múltiples denuncias por el delito de abigeato.

Los uniformados, adscritos a la delegación municipal de El Tocuyo, irrumpieron en la vivienda de Flores y lo hirieron en el tórax, en un supuesto enfrentamiento.

Fuentes aseguraron que el cuerpo del hombre lo montaron en una patrulla del Cicpc y lo trasladaron hasta la emergencia del Hospital Dr. Egidio Montesinos, esto para brindarle los «auxilios», sin embargo, doctores del centro asistencial de forma anónima contaron que el hombre fue ingresado sin signos vitales.

Flores presentaba registros por los delitos de uso indebido de arma de fuego, aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Además lo investigaban por  delitos como hurto, robo, abigeato y lesiones.

Monitor de Víctimas trató de hacer contacto con familiares del fallecido en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda, para que dieran la versión de cómo ocurrieron los hechos. Un pariente explicó que preferían no dar  información por temor a represalias.

Dentro de un rancho

Tres días después de la muerte de Flores, funcionarios del Cicpc volvieron accionar, pero esta vez en una comunidad al oeste de Barquisimeto, específicamente en el municipio Iribarren.

Según el Cicpc, Ember Felipe Principal Marchán, de 30 años de edad, murió luego de resistirse a su detención. Supuestamente disparó contra los funcionarios, generándose un intercambio de disparos en el que resultó sin vida.

 

El hecho ocurrió el pasado 16 de julio dentro de una vivienda tipo rancho, en el barrio La Municipal, al oeste de Barquisimeto. Se rataba de la vivienda del individuo.

Los funcionarios lo señalaron como azote de barrio. Presentaba una solicitud por el delito de homicidio desde el año 2018. El cadáver presentaba un disparo en el tórax.

El pasado fin de semana los familiares de Principal estaban en la morgue del Hospital Central Dr. Antonio María Pineda de Barquisimeto, pero no quisieron aportar detalles sobre lo ocurrido.

Monitor de Víctimas – Cintillo