Alianza Rebelde Investiga (ARI), autor en Runrun

Alianza Rebelde Investiga (ARI)

Investigación ARI | Una nueva piratería navega en el Mar Caribe venezolano
Aunque no es un delito que se denuncie de manera sistemática, la piratería en aguas venezolanas es un fenómeno en ascenso. Cifras no oficiales de siete de las Capitanías de Puerto más importantes de Venezuela, así lo confirman. Pero la anomalía va más allá. Así como el crimen organizado y las grandes bandas buscan el control en tierra, ahora lo hacen con el territorio marítimo para ampliar su rango de acción

La visión, que del mar, tenía el capitán de yate, Mauro Rodríguez, cambió el día  que fue víctima de piratería cuando iba desde aguas de La Guaira hacia la isla de Margarita, zonas turísticas de Venezuela donde se reporta una importante movilidad por navegación. 

Hasta ese día, Rodríguez creyó fielmente en la rima musical que asegura que no hay nada mejor que vivir en el mar. Esa sensación de paz y seguridad también se la robaron los hombres que llegaron en lanchas rápidas y asaltaron al dueño de la embarcación, a sus invitados y a la tripulación.

La historia de Rodríguez, aunque no lo muestran las estadísticas oficiales, es un hecho que se repite en varias zonas de navegación de Venezuela, sean mares, ríos o lagos, conquistados por diversas bandas criminales. Es este fenómeno el que presenta el reportaje “Piratas Al Acecho en el Caribe venezolano”, de la Alianza Rebelde Investiga (ARI),  integrada por los medios TalCual, El Pitazo y Runrunes, en alianza con la plataforma periodística para las Américas CONNECTAS.

La investigación revela que fueron reportados 59 incidentes de piratería en espacios acuáticos venezolanos en 2021, según información extraoficial que se obtuvo de siete Capitanías de Puerto. Esta cifra, que muestra una data parcial de menos de la mitad de las capitanías venezolanas, muestra que el año pasado superó los ataques registrados en 2017, que era considerado por expertos de seguridad, “el año pico en sucesos de piratería”.

El trabajo de campo del equipo de reporteros de ARI, permitió concluir que los actos de piratería fueron ejecutados por organizaciones involucradas en el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando, confirmando la presencia de al menos dos megabandas, un cartel de drogas, dos grupos de crimen organizado que se escudan en una falsa figura de sindicatos y seis bandas criminales que operan en el mar Caribe, el Lago de Maracaibo y ríos como el Orinoco, el Caroní, el Arauca y el Meta.

Las fuentes consultadas aseguran que cada uno de estos grupos pretenden, con sus acciones de piratería, infundir temor entre los navegantes para que las aguas queden libres y sean un canal propicio para sus negocios ilícitos. 

 

La piratería en Venezuela, que es un delito contemplado además en  las leyes venezolanas, no es un mito. Las cifras, los testimonios de víctimas y expertos han permitido presentar una realidad de la que pocos hablan.


Lea más de este especial de ARI y CONNECTAS en el siguiente link

 

https://alianza.shorthandstories.com/piratas-al-acecho-en-Venezuela/index.html


 

Investigación ARI | La inseguridad se enquista en los hospitales venezolanos
Un aumento de robos y violencia se observa en los principales centros asistenciales venezolanos. Agresiones y hurtos al personal de la salud y a pacientes ocurren en una infraestructura hospitalaria en decadencia y por un Estado que no garantiza asistencia social ni seguridad personal

 

Venezuela vive desde 2015 una emergencia humanitaria compleja que, sumado a la crisis económica, ha golpeado con fuerza al sector de la salud y ha puesto en evidencia lo que por años ha sido la falta de inversión en el sistema público. De los recursos con los que puedan contar los hospitales, poco se destina al mantenimiento de la infraestructura y a la seguridad, así lo muestra este especial Hospitales en Venezuela, inseguridad hasta los huesos.  

Trabajadores sanitarios dieron su testimonio para este reportaje de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por TalCual, El Pitazo y Runrunes, en alianza con CONNECTAS y el apoyo del ICFJ. Confirman que el deterioro de los hospitales es aprovechado por los delincuentes para cometer delitos contra los bienes de las personas. Largos pasillos, escaleras y ascensores sin luz y sin cámaras de vigilancia son escenario de diversos ataques.

En diferentes reportes de gremios de la salud y de instituciones académicas se muestra la crítica situación de los centros hospitalarios. En ellos se destaca la precariedad de los servicios públicos que ha afectado significativamente la atención a los pacientes. 

La Federación Médica Venezolana señala que la red hospitalaria, integrada por 301 centros de salud en el país, muestra un cierre técnico de 80% debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, falta de equipos, implementos de trabajo, vigilancia, electricidad y agua.

En un recorrido realizado para esta investigación en varios hospitales en Caracas, se observó que en el Oncológico Luis Razetti, que fue por años un centro de referencia nacional para tratar casos de cáncer, hoy es solamente un lugar que intenta sobrevivir. Aunque tiene capacidad para 432 camas, apenas cuenta con 70 en funcionamiento, algunas en muy malas condiciones y varias de ellas han sido reparadas con partes y piezas de otras camas.

Los robos en este centro de salud son cada vez más numerosos, suceden a plena luz del día y ni los que vigilan se salvan. “Al mismo departamento de vigilancia lo robaron. Picaron todas las cámaras de seguridad que estaban en el estacionamiento y la entrada”, asegura Luis Gómez, trabajador del hospital.

En junio de 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC, el máximo organismo de policía nacional) creó una nueva unidad denominada División de Investigación de los Delitos Contra la Salud Pública. Entre otras funciones, daría asesoramiento a los centros asistenciales para mejorar la seguridad.

En los hospitales visitados no se observaron funcionarios policiales pertenecientes a esta unidad, mientras que personal de la salud aseguró no haber recibido recomendaciones, ni tener conocimiento de los planes de las autoridades para enfrentar la inseguridad que padecen.

Yadira González, bioanalista en el Luis Razetti, comparte su preocupación por la inseguridad que impera en su lugar de trabajo, ya que han sufrido robos en el mismo laboratorio donde acostumbra trabajar. A ella misma le sustrajeron su vehículo del estacionamiento. Dijo que evalúa, junto con otros colegas, contratar un sistema de vigilancia privada para el departamento.

Jaime Lorenzo, de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, indica que los robos son comunes en las áreas de emergencia de los hospitales, pero que además se presentan eventos en los que delincuentes “ajustan cuentas” con otros hombres heridos de bala. Aunque esto escala hacia otros lugares de los hospitales. 

Un ejemplo de ello ocurrió a finales de enero de 2022, cuando varios criminales confundieron a Fabio Simanca con un rival y lo asesinaron dentro del Hospital El Llanito, en el estado Miranda. El joven de 22 años se encontraba internado debido a un accidente de tránsito y, mientras esperaba para ser operado, dos personas ingresaron a su habitación y lo apuñalaron múltiples veces.

A la protesta, amedrentamiento

De los ataques a la propiedad en los hospitales y de los trabajadores, también el personal de la salud sufre de otro tipo de violencia. En cada manifestación, el terror llega para callar las voces que claman por mejoras en la infraestructura hospitalaria y mayor seguridad. 

Los médicos y enfermeros de diferentes instituciones sanitarias son víctimas de amedrentamiento, amenazas y persecución por parte de personas afectas al partido de gobierno PSUV, agrupados en los llamados grupos “colectivos”. 

Las autoridades han sido protagonistas de acciones arbitrarias contra el personal sanitario. Despidos injustificados y arrestos solo por denunciar la falta de insumos médicos, equipos de protección anti COVID-19 o carencias de servicios públicos. La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido utilizada contra médicos y enfermeros, que de acuerdo a la ONG Espacio Público, se ha enfilado contra 18 del sector de la salud.

 


Lea más de este especial de ARI y CONNECTAS en el siguiente enlace: https://www.connectas.org/especiales/hospitales-en-venezuela/


 

Algunos hallazgos clave de la investigación

Aumento de robos

De 45% a 75% aumentaron los robos y hurtos en las instalaciones hospitalarias de Venezuela de 2018 a 2019.

Problemas en las morgues

En 40% de los días de 2021 los centros hospitalarios reportaron alguna clase de problema en sus respectivas morgues.

Fallas eléctricas constantes

En 2018, los hospitales pasaron un promedio de 105,2 horas sin luz. 57% de los hospitales no tenían planta eléctrica o funcionaban a medias.

En 2019, las horas promedio sin luz en los hospitales ascendieron a 350,7. 

Robos y ataques a los hospitales:

La mayoría de las personas transgresoras de la ley que ingresan a los centros asistenciales son delincuentes. Lo hacen principalmente por las emergencias por un ajuste de cuentas contra otro delincuente. También han ingresado para cometer delitos comunes como el hurto o robo. Estos delincuentes suelen pertenecer a bandas criminales, y estar armados.

También, se reportan robos de insumos por parte de funcionarios policiales y de militares, específicamente de guardias nacionales.

En cuanto a los ataques se menciona a los colectivos,  quienes aparecen con frecuencia para amedrentar al personal de la salud durante sus protestas para denunciar fallas en el sistema e infraestructura médica.

Según reportes de rla Fiscalía General y de las autoridades policiales personal de los centros asistenciales han cometido el delito de hurto de medicamentos y equipos médicos.

Ni el Hospital Militar se salva

El Hospital Doctor Carlos Arvelo en Caracas no se ha salvado de las acciones del hampa a pesar de estar custodiado constantemente por funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional (FAN), no se salvó de ser robado. 

Esta institución atiende a funcionarios militares y a sus familiares; además es el centro hospitalario donde falleció el expresidente Hugo Chávez a comienzos de 2013. Fue objeto de robo a mano armada en junio de 2020 y en diciembre de 2021. En la primera ocasión, un grupo de encapuchados con armas de fuego subió hasta el piso 10 donde amordazaron a enfermeras y médicos. Entre lo sustraído había equipos de anestesia, desfibriladores, laringoscopios, máscaras laríngeas y medicamentos.

Silencio o cárcel

Los trabajadores de la salud se quejan porque no reciben respuesta de las autoridades cuando alzan la voz por los hechos de inseguridad o falta de insumos. De hecho, son numerosos los casos de despidos injustificados y arrestos solo por denunciar la inseguridad, falta de insumos médicos o carencias de servicios públicos.

Investigación ARI | En promesas quedaron los $211 millones de dólares que financió el BID para descentralizar El Sistema
La investigación realizada por la Alianza Rebelde Investiga y Connectas pudo determinar que solo se comenzó a construir 1 de los 7 centros  de música que se tenían programados, gracias al financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2007, para la ampliación y descentralización de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.
La revisión de los documentos presupuestarios de Venezuela permitió observar que se presupuestó entre 300% y 800% más del valor inicial del proyecto

 

Alianza Rebelde Investiga y CONNECTAS

 

En 2007, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un  financiamiento de 211 millones de dólares a Venezuela para la ampliación de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, a través del Programa Segunda Fase Acción Social por la Música. El proyecto estipulaba la compra de instrumentos musicales, ampliar la matrícula de estudiantes, capacitar al personal docente y construir siete edificaciones para la enseñanza de música, ubicados en siete ciudades del país: Maracaibo, Maracay, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Mérida, Barquisimeto y Guanare.  

El proyecto establecía que de esos 211 millones de dólares, 150 millones de dólares los daría el BID y 61 millones de dólares correrían por parte del Estado venezolano. La construcción de las siete sedes tenían como objetivo descentralizar a El Sistema en lo administrativo y lo operativo y tener la capacidad para atender el incremento de la demanda que se proyectaba en un futuro. No obstante, en 2009, el contrato es modificado y el centro que se construiría en Guanare es cambiado por una nueva sede en Caracas, lugar donde se edificó el Centro de Acción Social por la Música, en una primera fase del proyecto.

Quince años después de la firma del contrato, solo se inició la construcción del centro de Caracas, pero desde 2020 está paralizada por falta de recursos. En el resto de las ciudades se sigue esperando por los terrenos y la construcción quedó solo en los planos. En el caso de la sede en Barquisimeto, el espacio se utilizará para instalar una feria de comida. 

La Alianza Rebelde Investiga (ARI) pudo conocer esta realidad a través de reportería en campo: hizo recorridos en los lugares donde se construirían los siete centros y entrevistó a profesores, músicos y gerentes de El Sistema en las ciudades de estudio para conocer los beneficios del programa y el estatus de las obras.

Además, el equipo de reporteros visitó los núcleos ubicados en las ciudades donde se tenía planificado construir los modernos complejos de música y el patrón que se encontró es que no se les hace mantenimiento a las instalaciones, algunos núcleos fueron cerrados y la mayor parte de los espacios en donde operan son prestados o alquilados.

Por otra parte, revisó las memorias y cuentas, leyes de presupuesto y leyes de endeudamiento para determinar si los montos reflejados en los documentos presupuestarios de Venezuela no se corresponden con los desembolsos realizados por el banco.

La comparación arrojó que el Estado venezolano ha presupuestado 332,94% más del valor inicial del proyecto, mientras las leyes de endeudamiento reflejan que el país planificó endeudarse por 831,18% más del dinero previsto. La investigación, además, reveló que en las leyes presupuestarias y las memorias y cuentas no hay detalles sobre la cantidad de dinero desembolsado por Venezuela para la ejecución del programa. 


 

Visita el especial multimedia Las notas desafinadas de El Sistema para conocer los detalles de este trabajo


 

Algunos hallazgos relevantes de la investigación

Solo una obra levantada

El Banco Interamericano de Desarrollo transfirió 124 millones de dólares al Gobierno venezolano entre 2008 y 2017 para la construcción de 7 centros de El Sistema en las principales ciudades del país. Pero casi 15 años después apenas se ha levantado una de las obras prometidas, mientras que en algunos de los terrenos asignados se planifican otros proyectos, como la instalación de una feria de comida.

La descentralización nunca llegó

El programa «Centro de Acción por la Música», que el BID le aprobó en 2007 a Venezuela, aspiraba mejorar la vida  de los niños y jóvenes venezolanos menos favorecidos y la creación de oportunidades de empleo. La investigación determinó que el programa inicial presupuestó 109,9 millones de dólares para la construcción de los 7 centros, o 52% de los recursos totales del proyecto. El resto del dinero estaba destinado a la compra de instrumentos y a la capacitación del personal docente.  

Las edificaciones tenían dos objetivos: atender la demanda que se proyectaba para los años siguientes y permitir la desconcentración de El Sistema en lo operativo y administrativo. Contrario a esto, se identificó que las  decisiones financieras evidencian que se concentraron en reforzar aún más la centralización de este programa con la construcción de otro edificio en Caracas. 

La construcción del edificio en Caracas paralizada desde 2020

El trabajo especial de la Alianza Rebelde Investiga y Connectas indica que la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical) es la principal responsable de la ejecución del dinero desembolsado por el BID. 

En la construcción del edificio en Caracas se reportó un avance de 73%,  pero está paralizada desde 2020 por falta de recursos. 

Desde 2017, los desembolsos del BID están paralizados por impago del Gobierno venezolano.  

¿Cuánto aportó el Estado al proyecto?

La dirección sectorial de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de El Sistema explicó, mediante comunicación enviada a los autores de la investigación, lo siguiente: “El aporte local fue ejecutado en su totalidad, proporcionando el Estado recursos financieros adicionales cuando fue necesario en su oportunidad, para cubrir gastos de mano de obra y pago de honorarios profesionales para proyectos especializados”. En el documento se informa que el Estado ejecutó 100% del monto previsto en el proyecto inicial (61 millones de dólares).

No obstante, y tras la revisión de informes del BID y otros documentos oficiales venezolanos, se encontró una contradicción:  «De acuerdo con las leyes de presupuesto encontradas entre los años 2008 y 2017 se ha asignado 332,94% más del valor inicial del proyecto, mientras las leyes de endeudamiento del año 2009 hasta 2022 reflejan que el país planificó endeudarse por 831,18% más del dinero previsto».

ARI entrevistó a Daniel Rosas, abogado y profesor de Derecho Administrativo, Contratación Pública y Anticorrupción, quien explicó que tanto en el presupuesto de la República como en las leyes de endeudamiento se proyectan los montos máximos que se gastarán o de deuda, lo que podría  explicar por qué los montos presupuestados son tan elevados y no se corresponden con los desembolsos del BID, y por qué las cifras del año 2017 y 2021 en las leyes de endeudamiento exceden lo planeado para el proyecto.

Sin embargo, agregó que el análisis deja en evidencia que posiblemente hubo una mala planificación o una mala ejecución del dinero. “No tiene sentido presupuestar un monto tan alto si vas a gastar un monto menor”, afirmó. 

Las falencias materiales que desafinan las notas de «la orquesta más grande del mundo»

Diversas irregularidades fueron reportadas, desde la falta de un salario competitivo para sus docentes hasta  dificultades para ensayar por falta de espacios óptimos.

Se comprobó que los músicos de El Sistema tienen  que hacer malabares para sobrevivir, y comprar sus propios instrumentos es un sueño que no todos logran alcanzar.

ARI visitó 29 núcleos de El Sistema en las 7 ciudades donde se construirían los centros, que representan 42% del total de los núcleos en estas entidades.

La mayoría de los estudiantes ensayan en universidades, escuelas y distintas edificaciones públicas o privadas bajo la condición de préstamo o alquiler. 

Un profesor de El Sistema reveló que recibe un pago de apenas seis dólares al mes por formar a jóvenes músicos. Trabaja en un restaurante medio turno y los fines de semana toca con agrupaciones de música popular para mantenerse. En sus declaraciones, afirmó:. “El Sistema solo da prestigio. Si vieran la cara de mi familia cuando lo cuentan. Yo por dentro digo, si ustedes supieran”, apuntó.

 

 

ESPECIAL | “Pranes” en las Grandes Ligas: Las jugadas del Tren de Aragua y otras bandas en el beisbol de Venezuela
El asesinato de un entrenador, el atentado al dueño de una academia de beisbol, videos con amenazas de hombres armados y una decena de extorsiones a empresarios y figuras ligadas a la pelota oscurecen el proceso de firma de los prospectos venezolanos contratados por los equipos de las mayores, en Estados Unidos. Los jefes criminales que controlan las prisiones y las megabandas entraron por la fuerza en el negocio, y se mueven con la versatilidad de un utility en el diamante

 

Alianza Rebelde Investiga (ARI) y CONNECTAS

El 15 de enero es una fecha especial en el mundo del beisbol. Es el día en que se inicia el reclutamiento internacional de prospectos para las Grandes Ligas en Estados Unidos. Este año, 13 adolescentes venezolanos lograron acuerdos millonarios apenas se abrió el proceso, y en pocos días sumaban 16 jóvenes. Es un día en que centenares de talentos de 16 años de edad y sus familias esperan con anhelo, porque ven en la pelota el pasaporte que los sacará de la pobreza y los llevará directo a vivir el sueño americano.  

La jornada también despierta gran expectativa entre los dueños de las 195 academias de beisbol registradas en Venezuela. Estas organizaciones particulares se dedican a formar a los niños que consideran talentos y se encargan de gestionar las firmas con los 30 equipos de MLB. A cambio, se quedan con el 40 o 50 % del bono en dólares que reciben los peloteros, que en pocos casos oscilan entre 1 millón y 4 millones de dólares.

Pero ellos no son los únicos interesados en este negocio redondo. Los pranes, líderes criminales de las prisiones en Venezuela, esperan con ansias y no pierden de vista el proceso de las firmas. Estos delincuentes, que tienen una arraigada pasión por el beisbol, considerado el deporte nacional, saltaron de las gradas al terreno de juego por la fuerza para hacerse con un porcentaje de los miles o millones de dólares que pagan los equipos de Estados Unidos.

Esta investigación de CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) identificó, al menos, tres formas de extorsión utilizadas por los pranes para quedarse con parte del dinero que reciben las academias. Apostando así a un nuevo filón para alimentar sus finanzas.

Para este reportaje se visitaron más de 25 academias en 5 estados de Venezuela —Lara, Miranda, Anzoátegui, Carabobo y Aragua— y se conocieron casos que muestran cómo la acción de los grupos delictivos pasa por la difusión de videos con amenazas, acoso telefónico, atentados con granadas, hasta el asesinato de un entrenador. 

Funcionarios policiales, entrenadores, periodistas, propietarios de academias, scouts, expeloteros y empleados de algunos clubes de beisbol coincidieron en que la penetración de los pranes en el beisbol es un “secreto” conocido por todos en el medio, pero del que nadie habla por miedo a sufrir algún ataque de los delincuentes. 

Los entrevistados aseguraron que casi todas las academias que hay en Venezuela pagan una vacuna mensual para poder funcionar y garantizar la seguridad de sus instalaciones y su personal. Otras deben entregar a los pranes del 3 al 10 % del monto que reciben cada vez que firman a un pelotero. 

Los pranes, además, ofrecen algo similar a un “servicio” de cobranza de deudas causadas en el contexto de esta actividad deportiva. 

La posibilidad de que algunas academias en realidad sean propiedad de los pranes fue mencionada por expertos y personas ligadas al mundo del beisbol venezolano. Aunque fue imposible confirmar esta versión, no es descabellado que estas organizaciones de crimen organizado busquen sacar provecho a la actividad profesional más lucrativa para los venezolanos en el exterior. 

La cantidad de prospectos criollos que reciben bonos millonarios se multiplicó por cuatro en solo seis años. De 3 peloteros firmados por más de 1 millón de dólares en 2015, se pasó a 16 en 2022 (en 2020 no hubo firmas por la pandemia). El 2021 era el año con más rúbricas de siete cifras, con 14 casos, hasta ahora. Además unos 350 jóvenes sellan cada año acuerdos que van desde 10.000 hasta 900.000 dólares.

Aunque hay otros jugadores en el campo delictivo, la megabanda el Tren de Aragua —el grupo armado no estatal más poderoso de Venezuela—, que opera desde la prisión de Tocorón, es el que domina esta novedosa economía criminal. Para usar una expresión del beisbol, serían: el cuarto bate del equipo y el novio de la madrina.   


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El Corruptómetro registra 316 casos de desfalco al patrimonio público venezolano
En su segunda edición, la herramienta interactiva identifica otros 90 hechos de corrupción originados en Venezuela, que se suman al registro inicial, y recoge 306 bienes que han sido mencionados en los procesos iniciados en EE UU, revisando detalladamente los relacionados con Alejandro Andrade, Raúl Gorrín y la operación Money Flight

 

La magnitud de la corrupción registrada en Venezuela en las últimas dos décadas, con el inventario de los diversos bienes de fortuna comprados por quienes se habrían aprovechado del patrimonio público venezolano queda al descubierto una vez más en el Corruptómetro, la herramienta interactiva lanzada en noviembre de 2020 por Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual, que este mes de diciembre de 2021 estrena su segunda edición con la identificación de nuevos casos de corrupción y sus involucrados.

En esta nueva fase, el Corruptómetro suma otros 90 casos de corrupción que se originaron en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y actualiza los que fueron registrados en la edición previa. La suma de los procesos identificados en ambas ediciones eleva a 316 las tramas de desfalco al patrimonio público venezolano. 

Del total de casos identificados en el Corruptómetro destacan los 108 procesos que han sido iniciados por fiscalías y parlamentos de 21 países, en los que investigan el robo sufrido por Venezuela. Estados Unidos figura como el país con mayor número de causas abiertas por delitos de corrupción perpetrados por redes sofisticadas en 48 tramas criminales. Le siguen Argentina, con 15 casos y otros cinco en España. En cuarto lugar, se ubican Portugal, Brasil y Ecuador, con cuatro juicios abiertos, mientras que en Suiza hay tres procesos. 

Además de la identificación de más casos, en esta nueva entrega el Corruptómetro incorpora a su base de datos la lista de bienes identificados o mencionados en los procesos iniciados en EE UU. Solo en ese país se identificaron propiedades 306 vinculadas a hechos de corrupción venezolana entre 2009 y 2011, es decir, un promedio de 26 por año durante más de una década.

Entre los años con mayor número de afectación de bienes en EE UU, propiedad de los señalados en corrupción con origen en Venezuela, destaca 2019 que registra 106 bienes; le sigue 2021 con 76; 2018 con 55, y el pandémico 2020 con medidas judiciales contra 27 bienes.

La lista de bienes identificados se discriminada en 111 inmuebles (36% del total); 66 casos de dinero en efectivo (21%); 58 cuentas bancarias (19%), 35 relojes de lujo (11%), 17 caballos de salto (6%), 15 vehículos (5%) y 2 yates (0,6%), entre otros. 

 

Grandes fortunas

Son tres las figuras que encabezan la lista de bienes identificados en EE UU por delitos de corrupción: Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas y extesorero de Chávez; el colectivo de 15 involucrados en el desfalco a Pdvsa conocido como Operación Money Flight, y el magnate y bróker del chavismo Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión.

Entre los tres casos, suman 157 propiedades identificadas que representan 51% de los inmuebles y mercancías de lujo contra los que tribunales de EE UU han dictado órdenes de decomiso, valoradas en 277.029.437 dólares aproximadamente, cifra que equivaldría a 19% de los  USD 1.500 millones que se podrían recuperar en incautación definitiva de bienes durante los juicios de corrupción en Estados Unidos, según cálculos de la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), que lidera un grupo de venezolanos-americanos en EE UU.

La información del Corruptómetro, elaborado por Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde (ARI), está basada en causas e investigaciones judiciales iniciadas por organismos oficiales dentro y fuera de Venezuela, como Ministerio Público, Contraloría General, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos dedicados a la supervisión en el manejo de recursos, tanto bancarios como aduanales. Corruptómetro también incluye investigaciones periodísticas que revelan graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos, y datos aportados por reconocidos medios de comunicación, que aún no han pasado a ser objeto de investigación formal por parte de autoridades oficiales.

El valor en dólares de cada uno de los bienes identificados y registrados en la herramienta, fue extraído de las órdenes de decomiso, de protección de activos sujetos a decomiso, y de avisos de causa emitidos por tribunales en EE UU. En el caso de que no estuviese notificado en los documentos judiciales, el precio se calculó a partir de buscadores de mercado de bienes como Zillow, en el caso de inmuebles, y Chrono24, de relojes de lujo.

Has click en la imagen y entra al Corruptómetro para conocer en detalle los casos de corrupción, historias destacadas y bienes incautados vinculados a estos procesos. 

 

Investigación ARI | Los Roques: a la orilla de un desastre ambiental
La Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual explora, en este especial, cómo las nuevas construcciones del archipiélago violan el marco jurídico vigente y amenazan con destruir la belleza de un territorio prístino mediante la activación de complejos de turismo masivo que cumplan los deseos de la nueva elite económica y chavista

Mar de turquesas, aguas cristalinas, arena blanquísima, cielo despejado, sol incandescente, aves que vuelan en el horizonte, soledad. Las postales del Parque Nacional Archipiélago Los Roques suelen mostrar este paisaje paradisíaco que resulta irresistible para tantos turistas que se adentran a conocer el arrecife mejor conservado del Caribe Sur. Pero en los últimos años, hay planes que se encaminan a enturbiar esta imagen, porque lo primero que ven los visitantes que arriban en avión es una laguna marrón con mangles talados.

En El Gran Roque, la isla poblada del archipiélago, hoy se levanta con capital privado una serie de construcciones de concreto bajo el estupor y crítica de habitantes, ambientalistas y la comunidad científica vinculada desde hace décadas con esta área protegida. Esta, no solo rompe con la armonía del paisaje, sino que viola leyes ambientales y transgrede el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del parque nacional, que estipula incluso cuál es el estilo y la altura que deben mantener todas las edificaciones. Como si esto no fuese suficiente, la administración de Nicolás Maduro promueve ruedas de negocios con planes para hacer campamentos de lujo en cayos pequeños y deshabitados que carecen de servicios básicos. 

El primer parque nacional marino creado en Venezuela está en riesgo. Estudios académicos indicaron, desde 2004, que la capacidad de carga estaba al límite y por eso eso se emitió durante años un decreto que prohibía las construcciones. Los expertos coinciden en que modificar apenas una pequeña porción de territorio afectará el perfecto equilibrio que se ha mantenido durante siglos entre manglares, corales y praderas de Thalassia, que a su vez son hábitat y fuente de alimentación de cientos de especies de peces, tortugas, crustáceos, moluscos, mamíferos y aves que hacen vida en el archipiélago.

Este daño de concreto es consecuencia de un conjunto de cambios por los que atraviesa el parque nacional desde varios años. Se persigue transformar la faz de esta área protegida y abrirle la puerta, por un lado, a un turismo masivo y, por otro, a la nueva elite económica y chavista que busca satisfacer sus exigencias de exclusividad, privacidad y lujo al precio que sea. 

Lee el especial “Los Roques: a la orilla de un desastre ambiental” al hacer click en la siguiente imagen.

Vacunómetro: Seis meses de vacunación contra la COVID-19 reflejan la falta de transparencia y desorganización
El monitoreo realizado por el #VacunómetroVen, un proyecto de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), evidencia la falta de transparencia y la desorganización en la inmunización contra el coronavirus en el país. Después de seis meses, ARI hace un balance sobre el plan de vacunación en Venezuela al cierre de un año trastocado por la pandemia 

Jhon Pedraza Rodríguez

Caracas.– En plena recta final del 2021 se observa baja afluencia de personas en los centros sanitarios dispuestos por el Gobierno nacional para la vacunación contra el COVID-19. 

La demanda es tan baja que en algunas jornadas de inmunización contra otras enfermedades como la fiebre amarilla, toxoide y la polio aplicadas a los niños, se incluye la vacunación contra el coronavirus.

Así ocurrió en una jornada de salud que se realizó el lunes 29 de noviembre, con la alianza de FarmaBien, en su sede de La Candelaria, en Caracas, y representantes del Ministerio de Salud. Unas 40 personas entre adultos, adolescentes y niños  aguardaban en la cola para recibir al menos una de las vacunas anteriormente mencionadas. De hecho, una de las vacunadoras contó a ARI que cerca del mediodía habían aplicado unas 50 dosis anti-COVID19.

Esta realidad contrasta significativamente con la evidenciada a finales de mayo, cuando inició la segunda fase del plan de vacunación en el país. Cientos de venezolanos, principalmente en la capital, esperaban hasta 12 horas en colas kilométricas para ser inmunizados y en el peor de los casos muchas personas tenían que regresar a casa sin vacunarse, porque las dosis dispuestas para el día se agotaban.

En la reportería diaria realizada por el equipo de ARI, se evidenciaba una gran desorganización que era ratificada a través de las denuncias por parte de las personas que acudían a los centros de vacunación. Angustia, zozobra, cansancio y molestia eran las principales emociones expresadas.

Los que se vieron más afectados fueron las personas mayores de 60 años, quienes se quejaban reiteradamente de ser irrespetadas como población prioritaria y de alto riesgo. Entre las irregularidades, los menores de 50 años eran citados simultáneamente por mensajería de texto a través del sistema patria. Otros simplemente ingresaban a los centros de vacunación sin previa notificación. Todo esto ocurría cuando apenas habían llegado al país 3.230.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. 

Los nuevos espacios que se sumaban para las jornadas de vacunación pocas veces eran anunciados oficialmente. La población y los medios de comunicación terminaban por enterarse de cuáles eran los puntos de vacunación por lo que informaban los usuarios de las redes sociales.

Para diciembre de 2021, las principales cadenas de farmacias privadas como Locatel y Farmatodo se unieron para servir de sedes en el proceso de inmunización, las instituciones educativas empezaron a vacunar a los estudiantes mayores de 12 años y, además, se han realizado algunas jornadas de vacunación casa por casa. 

En mayo de este año, Nicolás Maduro aseguró que para finales de agosto el 70% de la población estaría vacunada. Luego, la promesa se extendió hasta final de año. Sin embargo, el 2021 está a escasas semanas de concluir y la promesa sigue sin cumplirse en 23 de las 24 entidades de Venezuela, según el monitoreo del Vacunómetro y otros estudios independientes. 

El panorama descrito es el final de un periodo que inició el 13 de febrero de 2021, cuando el gobierno de Maduro anunció la llegada al país de las primeras 100 mil vacunas Sputnik V, fabricadas por el laboratorio ruso Gamaleya, para iniciar el proceso de vacunación contra el COVID-19 como parte de una negociación hecha con Rusia para adquirir 10 millones de dosis en total.

 

Desde esa fecha hasta el presente, la desinformación, inconsistencia, contradicción e improvisación, son el común denominador en el intento por alcanzar lo que muchos países se propusieron para frenar la pandemia: lograr la inmunidad de rebaño en la población. Es decir, consolidar la vacunación mínima del 70% de las personas mayores de 18 años. En Venezuela significa alcanzar una primera etapa de 22 millones de venezolanos.

No obstante, hoy en día los expertos y científicos del mundo enfatizan en la necesidad de vacunar al 100% de la población como un propósito ideal para garantizar plenamente la protección de todas las personas, especialmente por las constantes amenazas que significan las variantes y mutaciones del SARS-CoV-2, COVID-19 que progresivamente han surgido en el mundo.

El coordinador nacional de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, explicó que ante la pandemia del coronavirus cada país estableció una planificación clara y organizada sobre cuál sería su meta inicial, comenzando con los sectores prioritarios como los médicos y enfermeras, seguido de las poblaciones de alto riesgo (adultos mayores).

“Muchos de estos países lograron alcanzar la meta mínima del 70 % en un tiempo prudencial, y luego pasaron a otras etapas dentro de su plan masivo de inmunización para tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas posibles, de todas las edades, incluidos los niños, adolescentes y mujeres embarazadas”, indicó.

En ese sentido, dijo que autoridades sanitarias internacionales han recomendado el suministro de una dosis de refuerzo, frente a los riesgos que implican las variantes del virus. “De hecho, se ha planteado la aplicación de una vacuna anual, que vaya evolucionando a la par de las mutaciones del virus”, añadió.

El #VacunómetroVE

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro reporta parcialmente sobre los avances del proceso de vacunación, la opacidad persiste y las irregularidades en el proceso han sido las protagonistas. Por ejemplo, hay estados que nunca informaron sobre primeras y segundas dosis aplicadas. También se desconoce la manera en cómo se repartieron las vacunas en el país. 

Ante tanto vacío de información, surgió en junio el Vacunómetro, herramienta periodística que monitorea el proceso de administración de vacunas anti-COVID-19 en Venezuela, desarrollada por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), producto del trabajo colaborativo de TalCual, Runrunes y El Pitazo.

El Vacunómetro se fundamenta en una base de datos que se actualiza con la información emitida por organismos gubernamentales: autoridades de salud regionales y anuncios de gobernadores. También incluye los datos recabados en la cobertura diaria que realizan los reporteros de ARI, desde el pasado mes de junio en Caracas y el interior del país.

¿Cómo vamos?

El domingo 17 de octubre, Maduro aseveró que para comienzos de 2022 el país estaría entrando a la fase de reforzamiento de la vacuna anti-COVID-19, con una tercera dosis, como lo han hecho ya otros países. 

Según las totalizaciones del Vacunómetro, que recoge las declaraciones de voceros regionales, hasta  la semana 26 de la segunda fase del plan de vacunación en Venezuela se han aplicado 16.711.649 dosis. Esta cifra es superior a la de dosis distribuidas que de acuerdo con las vocerías oficiales alcanzan las 11.203.979 dosis. Es decir, se han aplicado 47,60% más de las dosis distribuidas.

Tal contradicción es consecuencia de la omisión de información pública por parte de voceros oficiales, que ha impedido llevar un registro claro y constante del ingreso de vacunas al país.

Julio Castro, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, dio a conocer otros balances publicados, el pasado 25 de noviembre, cuyos resultados indican que 13.263.900 venezolanos tenían el esquema completo de vacunación contra el COVID-19.

Castro indicó que, tras un estudio realizado por la organización Encuesta Nacional de Hospitales, en la semana correspondiente al 15 de noviembre, se determinó que el 36,28 % de la población venezolana está vacunada con dos dosis, mientras que el 46,20 % posee al menos una primera dosis.

Castro señaló que se estarían aplicando aproximadamente 850.024 vacunas por semana. De igual manera, refirió que la región con mayor porcentaje de habitantes vacunados con segunda dosis fue Distrito Capital con 47,8 % y el estado con menor cobertura fue Portuguesa con 26,7 %.

Con respecto al tipo de biológicos contra el COVID-19 aplicados en Venezuela, el inmunólogo resaltó en primer lugar a la vacuna china Sinopharm con 81,5 %, seguida de la rusa Sputnik V con 13 %. En tercer lugar se ubica Sinovac, también creada en China, con 2 %, la cual se incluyó recientemente a través del mecanismo Covax.

Frente a este contexto las cifras de contagiados y fallecidos por coronavirus desde el lanzamiento del Vacunómetro, en junio, hasta el cierre de noviembre disminuyeron, pero está lejos de dejar de ser una amenaza. Los balances señalan que en el sexto mes del año, el número total de nuevos casos confirmados por COVID-19 fue de 38.547 y el registro de fallecidos cerró en 561. Mientras, en el mes de noviembre se contabilizaron 24.794 contagios y la lista de fallecidos quedó en 264 decesos. 

Imprecisiones

En agosto el Vacunómetro evidenció la opacidad y contradicción en el discurso oficial. Desde junio hasta ese mes el Gobierno no informó sobre la llegada de nuevos lotes de vacunas anti COVID-19. En las semanas posteriores al 6 de septiembre sí lo hizo y dio cuenta del arribo de otros cuatro nuevos lotes. El 27 de septiembre anunciaron cifras totales sobre todas las dosis recibidas.  

El 26 de junio Jacqueline Peñaloza, presidenta de Fundasalud de Trujillo, informó la aplicación de 78.900 dosis de vacunas contra el COVID-19 en la entidad. La cifra era menor a la que había reportado la semana anterior (18 de junio). Esta situación se repitió en varios estados. 

A partir de julio de 2021, algunos funcionarios gubernamentales empezaron a reportar la aplicación de las segundas dosis. Sin embargo, hasta el 30 de noviembre, solo 17 autoridades regionales rindieron al menos una vez, detalles entre las primeras y segundas dosis aplicadas. Vargas fue el único estado que informaba con frecuencia la cantidad de dosis recibidas y cuántas dosis se habían aplicado de manera discriminada. Incluso, de acuerdo a fuentes de la Dirección del Ministerio de Salud en Vargas, para el 30 de noviembre la entidad alcanzó la meta del 100% de vacunación sobre el 70% de la población.

El 18 de agosto el monitoreo del Vacunómetro evidenció la incongruencia entre las cifras de las vacunas recibidas y las distribuidas, reportadas por voceros regionales. La situación persiste hasta el 30 de noviembre. A partir  del miércoles 4 de agosto, los cálculos del Vacunómetro arrojaron que las autoridades regionales reportaron más vacunas aplicadas que las distribuidas en el país.

 

Entretanto, para el 30 de noviembre Aragua era la única región en la que sus autoridades no habían reportado la cantidad de vacunas aplicadas. 

Las irregularidades van más allá de las cifras. La pretensión del Gobierno central de aplicar candidatas a vacunas, desarrolladas en Cuba, fue denunciada inmediatamente por la sociedad científica de Venezuela. Los fármacos cubanos, Abdala y Soberana 2, han sido aplicados en una parte de la población venezolana, incluso niños. Ninguna ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud, ni certificadas por revistas científicas internacionales reconocidas.

Desconfianza versus importancia de la vacunación

En la vigésima sexta semana del plan de inmunización, el ritmo de vacunación aumentó apenas el 1,83%, lo que demuestra que la inmunización cayó con respecto a la semana anterior, cuando el alza fue de 2,66%.

Sobre esta situación el coordinador nacional de la ONG Médicos Unidos, Jaime Lorenzo, comentó que si bien en todos los países existe una misma realidad, que es la relacionada a las personas antivacunas, destacó la obligación que tienen los gobiernos de garantizar por los mayores medios legales la posibilidad de derrotar y erradicar las enfermedades.

“¿Qué es lo primero que debe hacerse? Que el Estado deje de estar ofreciendo información que proyecte una falsa sensación de seguridad y de que supuestamente estás controlando el COVID-19, porque estamos repitiendo el mismo esquema de las gotitas milagrosas y de una cantidad de promesas desde hace un año que lo que produjo fue el aumento de mayor cantidad de contagios”, expresó.

 

Con apreciaciones similares, Flor Pujol, bióloga e investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), declaró  en  octubre que el motivo por el cual un sector de la población tiene desconfianza en la vacuna contra el COVID-19 es porque desestiman que realmente funcione como medida de protección. “Falta una campaña informativa más intensa por parte del Gobierno. Desde la academia hemos hecho esfuerzos para informar, pero aún observamos que no es suficiente para sembrar confianza”, afirmó.

Señaló que, aunque la mutación del virus baje la efectividad de las vacunas existentes en la actualidad, las dosis todavía pueden reducir el riesgo de enfermedad grave y, por consiguiente, la muerte. “Por eso, la OMS (Organización Mundial de la Salud) no ha recomendado hasta ahora desarrollar nuevas vacunas, ni siquiera una dosis contra la delta, sino seguir aplicando las que existen y no bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas de prevención contra el COVID-19”, añadió. 

Otros representantes de las organizaciones médicas, científicas y académicas de Venezuela coinciden en que el gobierno debe poner nuevamente en la mesa lo planteado para el 2021 con un esquema serio, organizado y planificado, que involucre el trabajo colaborativo de todas las partes vinculadas al ámbito científico y de la salud; información oportuna y responsable, así como la puesta en marcha de mecanismos más efectivos que capten la atención de las personas que no muestran interés por la vacunación o que no han podido acceder a ella.

*También puede leer: Sociedad Venezolana de Infectología rechaza uso de Abdala y Soberana como dosis de refuerzo

Vacunómetro: 76% del personal sanitario del país completó su esquema de dos dosis
El médico infectólogo Julio Castro, anunció que apenas un 76% del personal de salud de todo el país ha recibido su esquema completo de vacunación contra la covid-19. Además, según está encuesta, solo un 36,28% de la población ha sido inmunizada, recordando que la cifra base población a vacunar cambió una vez se incluyó a la población infantil

ARI

 

En la semana del 16 al 23 de noviembre solo voceros de los estados Vargas, Lara y Trujillo dieron cifras actualizadas sobre cómo avanza la vacunación contra la covid-19. 

El domingo 21 de noviembre, a través de su cuenta en Instagram, la presidenta de FundaSalud en el estado Trujillo, Jacqueline Peñaloza, compartió datos sobre cómo avanza la inmunización en la entidad, asegurando que hasta la fecha 316.159 personas han sido vacunadas. 

De acuerdo a sus declaraciones, esta cifra responde al “52,81% de la meta asignada del 70%” de la población, que en el estado Trujillo se traduce a 598.606 personas vacunadas. 

En la misma publicación, Peñaloza anunció el arribo de nuevas dosis de vacunas contra la covid-19 a la entidad. Se trataría de 37.200 nuevas dosis de Verocell fabricadas por el gigante chino Sinopharm y 3.000 dosis de Sputnik V. 

Por otro lado, la presidenta de FundaSalud Trujillo, dijo que se habían recibido 12.000 dosis de Soberana y 8.500 dosis de Abdala, ambas candidatas vacunales creadas en Cuba. La administración de Nicolás Maduro insiste en la utilización de estos biológicos a pesar de que no cuentan con el respaldo de la comunidad médica venezolana, quienes han pedido no suministrar estos fármacos a la población hasta que no se tenga evidencia científica sobre su efectividad. 

En el estado Lara se informaron cifras sobre las dosis que ha recibido la entidad, sin embargo, no discriminaron entre primeras y segundas dosis aplicadas. De acuerdo a este registro 1.660.280 dosis han sido distribuidas.

Por último, tenemos al estado Vargas, donde se han recibido 662.084 dosis de vacunas anti covid-19, se han aplicado 269.196 primeras dosis y 233.485 segundas dosis.

A través del Vacunómetro, una iniciativa de TalCual, El Pitazo y Runrunes, se recogen datos oficiales que señalan que para la semana 25 de vacunación en Venezuela se han aplicado 16.410.790 dosis.

Se han distribuido 11.203.979 dosis entre los 23 estados y el Distrito Capital.

Los datos en cuanto a la vacunación no han estado claros, y es que de acuerdo a las vocerías oficiales se han distribuido 11.203.979 dosis, pero los datos sobre biológicos inyectados es mayor, señalando que se han aplicado 46,47% más de las dosis distribuidas. 

Esto significa que las autoridades estatales no han reportado todas las dosis que han recibido. 

Ritmo de vacunación no aumenta y Venezuela queda atrás 

En la vigésima quinta semana de vacunación aumentó en apenas un 2,66% las vacunas aplicadas, lo que demuestra que el ritmo de inmunización cayó con respecto a la semana anterior, cuando el alza fue de 3,90%. 

20 estados no han actualizado datos sobre el proceso de vacunación en su población y en solo 17 se han dado datos sobre las segundas dosis aplicadas. 

Datos de la organización Our World In Data, señalan que Venezuela ocupa el puesto 15 de 21 países en la región ordenados de acuerdo a su tasa de vacunación. 

Este registro refiere que en el país se ha inmunizado solo al 48% de toda la población. Apenas un 32% habría recibido el esquema completo de vacunación y un 16% tendría la primera dosis y estaría a la espera de la segunda. 

Venezuela está en este registro solo por encima de Paraguay, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Haití, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha enfatizado en que estas dos últimas naciones no llegan ni siquiera al 10% de toda su población vacunada. 

Mientras tanto, los primeros cinco puestos en los países de América Latina y el Caribe con la mayor cantidad de vacunados los ocupan: Cuba, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil.

Solo el 76% del personal de salud ha recibido el esquema completo de vacunación

Este jueves 25 de noviembre el médico infectólogo Julio Castro, publicó la sexta encuesta del sector académico y científico sobre los avances de la vacunación por covid-19 en el país.

Estos datos arrojaron que, al cumplirse nueve meses desde que inició el proceso de inmunización contra la covid-19 en Venezuela, dirigido en sus inicios al personal de primera línea frente a la pandemia, solo un 76% de todo el personal sanitario ha recibido el esquema completo de inmunización, con la que se busca contener que más personas caigan en la fase aguda de la enfermedad.

Mientras que, el 23% de los trabajadores de la salud no ha recibido ninguna vacuna o tiene apenas la primera dosis.

Para esta encuesta se entrevistó a 2.400.000 personas, todas mayores de 18 años.

De acuerdo a lo dicho por Julio Castro, el nivel de confianza de estos datos es del 95% y se proyectan los resultados al total de la población.

Según esta encuesta, solo un 36,28% de la población ha sido inmunizada contra la covid-19, dado que como fue incluida la población infantil en el esquema de vacunación la cifra base para lograr la inmunidad en rebaño cambia.

El mayor porcentaje de personas vacunadas en el país se agrupa en la población mayor de 65 años (59,6%), mientras que el grupo con menor cantidad de vacunados está entre los 18 y los 25 años, con apenas 43,9%.

Las vacunas más utilizadas contra el covid-19 en el país son las de Sinopharm, que se ha suministrado al 81% de toda la población vacunadas, le sigue la vacuna Sputnik V con el 16% y el resto de vacunas o candidatas vacunales abarcan un 0,4%.