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OVV registró 72 muertes violentas en Bolívar durante primer semestre de 2021
El Observatorio Venezolano de Violencia identificó a Caroní, Angostura del Orinoco y El Callao como los municipios con más casos entre enero y junio

En comparación con años anteriores, hay una disminución en los casos de homicidios contabilizados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Bolívar. Sin embargo, esto se debe más a las condiciones del contexto pandemia y las restricciones que se aplican en la entidad, que al hecho de que realmente no ocurra este delito, advirtió María Virginia Alarcón, coordinadora del OVV Bolívar.

Durante el primer semestre de 2021 hubo al menos 279 casos de violencia en el estado Bolívar, de acuerdo con el monitoreo en diferentes medios de comunicación de la región. Estos refieren a alguna forma de violencia, derivada de la ocurrencia de un hecho punible que contraviene o viola los límites de la legislación venezolana penal, o de hechos en los que muere una persona a manos de algún órgano de seguridad del Estado.

El análisis ubicó a Caroní, Angostura del Orinoco y El Callao como los más violentos en este período. En Caroní hubo 146 casos, que representan el 52% del total. De esos, 36.3% se identificaron como agresiones graves o leves, el 20.5% son robos, 18.5% homicidios intencionales, 7.5% violaciones y 8.9% intervenciones policiales.

En Angostura del Orinoco fueron 55 los casos contabilizados. 43.6% de ellos son agresiones, 18.2% robos, 12.9% homicidios intencionales, 9.1% violaciones (cinco casos) y el 12.7% corresponde a intervención policial. En El Callao fueron 20 los casos, de los cuales el 33% se trató de agresiones, el 20% fueron homicidios intencionales y el 10% robos.

El informe del OVV Bolívar señala que del total, los diferentes tipos de agresiones (violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes, consecuencias de robos, entre otros) ocuparon el 39.6% de la estadística basada en reportes de prensa. Le sigue el homicidio intencional con 22%, 19.6% robos, 7.2% violación y 4% agresiones sexuales.

En el período de estudio hubo 72 muertes violentas, de ellos 79.2% fueron hombres. La mayoría de las víctimas (58.5%) tenían edades comprendidas en 18 y 40 años. Un 30% de los victimarios fueron familiares o conocidos, 25.6% fue resultado de delincuencia común, 2% a manos de grupos armados y 38.5% ocupan la categoría “otros”.

Sobre los femicidios, en los seis primeros meses de 2021 registraron nueve casos y 12 víctimas. El 60% de ellas con edades entre 18 y 40 años, 30% mayores de 40 años y un solo caso (10%) de 16 años. El 57% ocurrieron en el hogar de la víctima. Los victimarios fueron en 80% familiares o conocidos.

Cambio de patrones

Eumelis Moya, investigadora del OVV, explicó los cambios en los patrones de violencia a consecuencia del contexto pandemia y el confinamiento en la entidad.

Las condiciones de cuarentena aumentaron las denuncias de hurtos a instalaciones educativas públicas y privadas, en estado de abandono o inutilizadas. Entre ellas está el caso de la Universidad de Oriente en San Félix.

Otro patrón que identificaron tiene que ver con la violencia basada en género y contra los niños, niñas y adolescentes. Para el OVV, se trata de un patrón que cada día cobra más fuerza, y cuyos principales victimarios son parientes o conocidos de la familia.

El informe destaca que desde marzo de 2020 se han exacerbado las condiciones de vulnerabilidad asociados a la deserción escolar, situación de calle, el cuidado de terceros, la movilidad irregular hacia otros estados o municipios buscando mejor calidad de vida, intercambio de sexo por alimentos, explotación sexual comercial y trabajo forzado.

Sobre la esclavitud moderna, explotación laboral y sexual, Moya explicó que estos casos llegan a pasar desapercibidos porque “las personas no logran dimensionar que están siendo víctimas de este flagelo, no lo denuncian como tal y sigue sucediendo constantemente”.

La violencia ha ido en aumento en Bolívar. De 2016, cuando el estado ocupaba el sexto lugar entre los más violentos del país, en 2020 subió al segundo lugar con una tasa de 62 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Familiares de reclusos denuncian extorsión por parte de PNB en La Yaguara
Para poder estar en celdas VIP con aire acondicionado los internos o sus familiares deben pagar 20 dólares semanales

Familiares de la población reclusa detenida en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, denunciaron a Una Ventana a la Libertad que desde hace unos meses funcionarios policiales a cargo de la custodia de esa comisaría cobran “causa” a los reclusos VIP. Así le dicen a los reclusos que tienen lujos y beneficios en esa sede policial. 

La madre de un ex recluso de ese CDP relató que para poder estar en las celdas VIP con aire acondicionado los internos o sus familiares deben pagar 20 dólares semanales. “Los jefes de esa delegación son los comisionados Mujica y Rangel. Ellos saben que allí se cobran causas por ciertos lujos, que incluyen hasta traslados de presos a hoteles”, expresó la mujer.

En consultas con madres y esposas de detenidos en la PNB de La Yaguara se confirmó que en este mes de septiembre un recluso, que fue trasladado a un hotel ubicado en El Junquito, iba a escaparse. Pero los funcionarios que lo trasladaron evitaron su fuga. “El traslado a hoteles es otro de los lujos en la PNB de La Yaguara. Para eso los presos deben pagar. Y todos los viernes y sábados los reclusos VIP consumen alcohol”, aseguró una de las fuentes entrevistadas. 

De acuerdo con datos extraoficiales, en la actualidad en la PNB de La Yaguara hay aproximadamente 240 internos. Aunque recientemente la Comisión de la Revolución Judicial visitó ese CDP, ha aumentado la población reclusa en las últimas semanas. 

Misión de la ONU acusa a la justicia de ser testigo y cómplice de crímenes de lesa humanidad
Fueron entrevistadas 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, así como a sus familiares y defensores

Lejos de investigar y sancionar las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados en Venezuela desde 2014, los jueces y fiscales venezolanos han tenido un «papel significativo», casi protagónico, en la ocurrencia de los mismos.

La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su segundo informe sobre la situación del país, el cual presentó este 16 de septiembre al público en rueda de prensa.

En el reporte, el cual fue elaborado a partir del análisis de 183 casos de detenciones a disidentes y críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, ocurridas entre 2014 y 2021, se lee lo siguiente:

«La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad».

La instancia entrevistó a 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, así como a sus familiares y defensores, pero también a 36 personas que trabajaron en el sistema judicial y que revelaron detalles de cómo opera esta rama del Poder Público. Igualmente, la Misión de la ONU trató de obtener información de parte de las autoridades, y para ello envió 17 cartas a Nicolás Maduro, al fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab; al presidente del TribunalSupremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, entre otros funcionarios, pero no recibió respuesta. Tampoco le fue permitido a ninguno de sus miembros ingresar al país y constatar in situ la situación.

Rol de jueces y fiscales

En la versión del informe de más de 200 páginas de extensión, el grupo de expertos designado por la ONU acusa a los jueces y fiscales venezolanos de no impedir las violaciones a los derechos humanos, sino por el contrario de ser cómplices de ellas.

«La Misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial justificándolos a menudo bajo la figura de la flagrancia en contra de lo que habría surgido de los hechos».

También se da cuenta de 19 casos de militares sospechosos de ser críticos al Gobierno que fueron aprehendidos por los organismos de inteligencia sin que hubiera una orden judicial en su contra, y tras permanecer durante horas desaparecidos los jueces emitieron decisiones avalando su captura.

La instancia de la ONU también denunció que la justicia ha actuado en contra de quienes han alzado su voz en contra de la práctica antes descrita. Así destacó el caso de Andreína Baduel, quien el 8 de mayo de 2020 presentó ante la Sala Constitucional del TSJ un habeas corpus para saber dónde estaba su hermano Josnars, del que no tenía noticias desde que el 4 de mayo hubiera sido aprehendido en la llamada Operación Gedeón. El máximo juzgado no solo rechazó la petición, sino que ordenó al Ministerio Público (MP) abrirle una averiguación a la denunciante.   La Misión acusó a los jueces y fiscales de hacer un uso abusivo de la figura de la detención preventiva y de enviar a los afectados a los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), «a pesar de que hubiera riesgo de comisión de actos de tortura, e incluso cuando los detenidos presentaran en la sala de audiencias signos compatibles con torturas».

Y como si ser detenido sin motivo y ser sometido a torturas y malos tratos no bastara, los investigadores de la ONU denunciaron que los constantes retardos procesales se han convertido en una práctica que atenta contra los derechos humanos de los venezolanos.

«La Misión pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detenciones revisadas y encontró diferencias significativas entre los plazos permitidos por la ley y la práctica. El 77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley, y el 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de las audiencias de presentación. Las personas detenidas solían estar incomunicadas y sin supervisión durante este periodo y eran vulnerables a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».

Al respecto, agregó lo siguiente:

«Los retrasos más flagrantes se produjeron entre la audiencia de presentación y la audiencia preliminar. El tiempo promedio entre la aprehensión y la audiencia preliminar fue de 243 días (unos ocho meses). En 102 detenciones documentadas, las audiencias preliminares se aplazaron en numerosas ocasiones. La Misión documentó 16 casos de detención en los que la audiencia preliminar se aplazó durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongaron la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas».

La causa del mal

En el informe se deja en claro que esta situación no habría podido ocurrir sin el proceso de cooptación del Poder Judicial que el chavismo puso en marcha casi desde el mismo momento en que llegó al poder en 1999.

La instancia de la ONU denunció que el proceso de secuestro de la justicia se ha sustentado en el control del TSJ y del MP, mediante la designación de funcionarios afectos al oficialismo. En la actualidad 29 de los 32 magistrados militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fueron ministros o diputados por esa formación o tienen nexos familiares con autoridades gubernamentales. El control del máximo juzgado, por su parte, ha facilitado el dominio del resto del sistema, gracias a la no celebración de los concursos de oposición. Algo similar ha ocurrido en la Fiscalía.

El socavamiento de la independencia judicial ha permitido situaciones como las siguientes:

«Actores judiciales y fiscales de todos los niveles le dijeron a la Misión que habían experimentado o presenciado injerencias externas en un caso y/o que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados casos, especialmente casos políticos. Estas instrucciones provienen tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal, muchas veces actuando de forma coordinada».

Asimismo, la Misión constató que el Gobierno envía instrucciones a la justicia por tres vías: mensajes directos a magistrados, a través de intermediarios o por medio de declaraciones públicas de funcionarios públicos de alto nivel.

DDHH olvidados | Luis Carlos Díaz: “Fueron las dos horas más largas de mi vida porque pensé que iba a morir”
El periodista Luis Carlos Díaz fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzosa y tratos crueles e inhumanos en 2019. Dos años después, las medidas cautelares impuestas siguen restringiendo sus libertades 

@ValeriaPedicini

 

Luis Carlos Díaz acostumbraba ir y regresar de su trabajo en la emisora Unión Radio en bicicleta. El 11 de marzo de 2019 no fue la excepción. Eran alrededor de las 5:30 de la tarde cuando el periodista volvía a su hogar por el Country Club, la misma vía que siempre transitaba, cuando dos vehículos que lo seguían bloquearon su paso y varios hombres armados se bajaron. 

Los carros no tenían placa y los hombres ni siquiera estaban identificados. “No se preocupe, somos del Sebin. Tenemos que llevarte a una entrevista”, le dijo uno de ellos. Lo obligaron a subir a una de las camionetas y le cubrieron la cara con una chaqueta de cuero. 

El también defensor de derechos humanos estuvo desaparecido por más de ocho horas. Ni su esposa Naky Soto ni sus compañeros de trabajo se preocuparon hasta que dieron las 10pm y no estaba en la radio para una jornada especial que haría hasta las 5am.

Luis Carlos no contestaba las llamadas, no había tuiteado, no estaba en la emisora, no estaba en casa. Fue ahí cuando Naky se preocupó, así que hizo pública su preocupación en su cuenta de la red social Twitter preguntando con la etiqueta #DóndeEstáLuisCarlos.

“Perdí contacto con Luis Carlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en Unión Radio desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am. El caso es que Luis Carlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de Unión Radio quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora”. 

¿Dónde estaba Luis Carlos?

Una vez dentro de la camioneta, los efectivos le dijeron a Luis Carlos que lo llevaban a un lugar que no podían revelar. Pero el exdirector del Sebin confirmó después públicamente que los funcionarios lo habían llevado a una de las “casas de seguridad del Sebin”.

Ahí le quitaron todas sus pertenencias, lo amenazaron, le exigieron las contraseñas de su computadora y de su teléfono móvil. Horas después, lo obligaron a entrar a una habitación y le dijeron: “Ahora estás en manos de la Dgcim”. 

A Luis Carlos lo interrogaron y maltrataron durante tres horas. Lo asfixiaron, le golpearon la cabeza mientras llevaba un casco de bicicleta, le apretaron los genitales y le ataron las manos. Contó que también lo amenazaron con romperle los dedos y con utilizar un taladro en su cuerpo.

Efectivos de la Dgcim quisieron obligarle a que grabara un video en el que confesara que él había había recibido dinero para sabotear el sistema eléctrico (afirmación que amenazaron con respaldar plantándole $100.000 dólares) y que había viajado a México la semana anterior para reunirse con el Gobierno mexicano y recibir dinero de éste para provocar apagones eléctricos. 

Asimismo, le dijeron que les acusarían a él y a su esposa de homicidio, diciendo que habían colocado un cadáver en su apartamento. Le comentaron que habían efectuado los disparos desde las manos de su esposa para dejar rastros de pólvora en ella. 

Cerca de la medianoche, funcionarios de la Dgcim le dijeron: “Estamos cansados de ti, te vamos a matar. Te vamos a colgar del techo y te vamos a matar, y le enviaremos el video a tu esposa”.

Lo llevaron hasta un rincón y lo dejaron ahí por dos horas. “Fueron las dos horas más largas de mi vida porque pensé que iba a morir”, relató Luis Carlos.

Después de ese tiempo, le levantaron la capucha y tenía en frente a los funcionarios del Sebin que le habían detenido. Uno de ellos le dijo: “Espero que te hayan tratado muy bien. Todo lo que hicieron, no fuimos nosotros”. Los efectivos lo obligaron a firmar un documento en el que decía que le habían tratado bien.

El supuesto promotor de un apagón nacional

Días antes de su detención, Diosdado Cabello había reproducido  en su programa Con el Mazo Dando un clip de un montaje de video editado con extractos empalmados de un programa del 26 de febrero de 2019 en el canal de YouTube de Luis Carlos Díaz. En el programa original de 22 minutos, Luis Carlos y Naky respondieron a 16 preguntas recibidas de sus seguidores sobre diversos temas.

El 11 de marzo de 2019, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión con base en una Acta de Investigación Criminal de un inspector del Sebin, también de fecha 11 de marzo de 2019. También ese mismo día, 11 de marzo de 2019, el Juez Trigésimo Primero de Control Penal ordenó la aprehensión de Luis Carlos. El Juez de Control se refirió a los argumentos expuestos por el Ministerio Público, con base en la investigación del Sebin.

Los abogados defensores informaron que, según el acta de investigación del Sebin de dos páginas y media, el 7 de marzo de 2019, el inspector inició una investigación en “diferentes redes sociales”, ya que el país sufría cortes de energía eléctrica. El inspector dijo que las investigaciones lo llevaron al video del 26 de febrero, publicado en el canal de YouTube de Luis Carlos. 

El informe no incluía citas directas del programa del 26 de febrero de 2019 ni otras referencias sobre cuándo y cómo supuestamente se hicieron las declaraciones concretas. 

No obstante, concluyó que el vídeo estaba orientado a “llamados a los funcionarios de estado, específicamente al Personal Militar activo, para que desconozcan sus mandos naturales y se sumen a un rebelión, fomentando la violencia extrema para así pretender el derrocamiento del Gobierno”. También, alegó que el vídeo proporcionaba “sugerencias para la difusión de eventos violentos que posiblemente se presentarían con el apagón”.

¿Qué vino después? 

Tras la denuncia hecha por Naky Soto, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia realizaron un allanamiento en su vivienda a las 2:30 am del martes 12 de marzo y se llevaron a Luis Carlos con ellos. Durante la sesión de interrogatorio, miembros de la Dgcim preguntaron si tenía dinero en casa. El periodista les dijo que tenía ahorros de unos 6.000 dólares para pagar una operación quirúrgica para su esposa.

Tras el allanamiento, Soto volvió a entrar en el apartamento y se dio cuenta de que los funcionarios del Sebin se habían llevado el dinero. Ese dinero no aparecía en el informe de investigación del Sebin ni en la cadena de custodia. También, incautaron diversos equipos de computación. Entre los equipos estaban los respaldos médicos de Naky Soto, dispositivos que hasta la fecha no han sido devueltos y afectaron su atención médica. .

Después del allanamiento, a Luis Carlos lo llevaron a El Helicoide. Estuvo incomunicado en una celda sucia con un colchón delgado, sin acceso al baño ni información alguna sobre su detención o el proceso legal que había en su contra. Esto se lo contó a una fiscal del Ministerio Público que se presentó en la sede de la policía política el 12 de marzo en la mañana para tomar sus declaraciones. Cuando se las presentó al periodista para que las firmara, no reflejaban las supuestas violaciones que él le había descrito. 

En horas de la tarde fue trasladado a los Tribunales de Control por funcionarios del Sebin.  Luego de más de dos horas de audiencia pública en las que relató todo lo que le había sucedido desde el día anterior, le imputaron el delito de “instigación pública” del artículo 285 del Código Penal. Además, le dictaron 3 medidas cautelares: prohibición de salida del país, prohibición de declarar a medios sobre su caso, y régimen de presentación cada ocho días.

Dos años después y el sistema de justicia sigue en deuda con el periodista y activista por los derechos humanos. La Fiscalía nunca presentó pruebas en contra de Luis Carlos Díaz; sin embargo, después de vencido el plazo legal del proceso de investigación, el Tribunal le otorgó a los fiscales un año más para recopilar información sobre el caso y entregar su acto conclusivo, a más tardar el 9 de diciembre de 2020.

Tres meses después de vencido el plazo, la Fiscalía aún no ha presentado el acto conclusivo de la investigación ante el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. No obstante, se desconoce la fecha exacta en la que la Fiscalía debe entregar este documento, pues  el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido diversas resoluciones a propósito de la cuarentena por COVID-19 que ajustaron los lapsos de trabajo efectivo del sistema judicial.

La defensa de Díaz, ejercida por Espacio Público, solicitó un pronunciamiento por parte del Tribunal el 09 de diciembre de 2020 y el 12 de febrero de 2021, pero aún no hay respuesta.

Desde el año 2019 no ha podido salir del país, lo que le ha impedido cumplir con compromisos familiares, laborales, y como defensor de los derechos humanos. Por otra parte, la prohibición de hablar sobre su caso es una práctica restrictiva que impone el silencio y la opacidad sobre lo ocurrido.

¿Qué dice la Misión de la ONU? 

El caso de Luis Carlos está reflejado en el más reciente informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Específicamente, en el apartado sobre las discrepancias en la emisión de órdenes de aprehensión, los registros de detención emitidos por los órganos de inteligencia o policías y los documentos preparados por el Ministerio Público.

«Jueces y fiscales desempeñaron un papel directo en las discrepancias observadas en los casos examinados, como la emisión retroactiva de órdenes de aprehensión, o un papel indirecto, como la inclusión sistemática de actas de detención inexactas o engañosas en el expediente judicial, a pesar de que dichas discrepancias fueron planteadas en las presentaciones de la defensa». 

La versión de lo ocurrido con el periodista descrita en el acta de aprehensión hecha por el Sebin no se parece en nada a lo que contó Luis Carlos a la ONU. 

Según el informe del Sebin, el 11 de marzo de 2019, seis efectivos estaban haciendo un «recorrido estratégico” cerca del centro comercial San Ignacio cuando “se logró avistar a un sujeto que reunía las características físicas” del activista. Esa acta afirma que un funcionario se acercó a Luis Carlos para decirle que era objeto de una orden de aprehensión y le leyó sus derechos. 

Entre los hallazgos de la Misión, encontraron que las discrepancias permitían: encubrir la ausencia de una orden de detención al momento en que esta fue practicada así como la falta de presentación del detenido ante un juez o jueza dentro de los plazos legales; dar la impresión de que, durante un determinado período de tiempo, la persona detenida no había estado bajo el control del Estado; y reflejar en las actas que se estaban respetando sus derechos, en contra de lo relatado por estas personas.

En dicho informe, la Misión documentó 19 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de militares, las cuales fueron sostenidas por fiscales y jueces mediante la
emisión de órdenes de aprehensión ex post facto. «En todos los casos, la DGCIM retuvo a las personas detenidas sin supervisión legal durante un período de aproximadamente una semana, durante
el cual funcionarios presuntamente perpetraron graves actos de tortura psicológica, física y sexual durante los interrogatorios en La Boleíta o en lugares clandestinos». 

 

Misión de la ONU denuncia que cuerpos policiales y militares recurren a prácticas totalitarias
En el documento, denuncian que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar habrían amenazado a algunos señalados de participar en la Operación Gedeón de encarcelar a familiares para presionarlos a confesar 

Las torturas, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales son términos lamentablemente utilizados con frecuencia por los órganos internacionales de protección de derechos humanos cuando se trata el caso de Venezuela. Sin embargo, poniendo a prueba nuestra capacidad de asombro, ahora se informa que un patrón de persecución descrito anteriormente tiene sus raíces en una de las más feroces manifestaciones del odio como lo fue el nacionalsocialismo, responsable de una guerra mundial, millones de muertos y la persecución de inocentes solo por su raza, religión y por pertenecer a una minoría.

Así fue denunciado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela en su segundo informe sobre la situación del país, presentado al público el pasado 16 de septiembre. En el documento, el grupo de expertos asegura haber recibido información de que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) habrían amenazado con aplicar «sippenhaft» a disidentes bajo su custodia, en particular a algunos de los señalados de participar en la llamada Operación Gedeón. Esta práctica consiste en encarcelar a familiares de los detenidos para presionarlos a confesar o colaborar con sus planes.

En este sentido, se debe aclarar que el término no es una creación de la Misión, sino que cita lo dicho por los funcionarios, es decir, que los mismos están conscientes que este mecanismo de represión tiene su origen en el nazismo y así lo hacen saber a sus víctimas, seguramente para que el término tenga aún un mayor poder intimidatorio.

En el reporte se señala lo siguiente:

«El 7 de agosto de 2020, uno de los acusados en el caso Gedeón declaró ante elTribunal Cuarto de Control con Competencia en Casos de Terrorismo (…) que, entre la fecha de su detención el 20 de abril de 2020 y la fecha de su audienciade presentación el 8 de mayo de 2020, agentes de la DGCIM supuestamente lo interrogaron bajo tortura, incluso asfixiándolo con una bolsa, resultando necesario en una ocasión que fuera trasladado a un hospital militar para ser reanimado. Dijo al Tribunal de Control que, tras negarse a hacer las declaraciones que le plantearon durante la sesión de interrogatorio, funcionarios de la DGCIM le dijeron que aplicarían el «Sippenhaft» (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis), que consistía en encarcelar a sus familiares como forma de presión. Dijo al tribunal que algunos funcionarios de la DGCIM fueron posteriormente a su casa y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado, quienes fueron retenidos en la DGCIM de Boleíta durante 32 días. En el acta de la audiencia de presentación, no se indica que el Tribunal de Control haya tomado ninguna medida tras recibir esta información».

Este segundo informe fue elaborado tras analizar 183 casos de detenciones a disidentes y críticos ocurridos entre 2014 y 2021 y entrevistar a 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, sus familiares y defensores, pero también a 36 personas que trabajaron en el sistema judicial y que revelaron detalles de cómo opera esta rama del Poder Público. Los expertos trataron de obtener información de parte de las autoridades y para ello enviaron 17 cartas a Maduro, al fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, entre otros funcionarios, pero no recibieron respuesta ni se les permitió ingresar al país para constatar in situ la situación.

Práctica habitual

La Misión expuso el caso del primer teniente Franklin Caldera como otra prueba de las actuaciones irregulares de la DGCIM. El oficial, quien estaba en Colombia desde 2019 señalado de participar en un intento de asalto a una base militar, habría sido secuestrado en febrero de este año por agentes del organismo de inteligencia en la localidad de Cúcuta, según se lee en el reporte.

Como si aprehender a una persona en territorio extranjero no fuera suficiente, los agentes de la DGCIM habrían amenazado con liquidar a los familiares de Caldera si éste no cooperaba con ellos. Así, la Misión reseñó la siguiente información, conseguida tras conversar con abogados y familiares del oficial:

«El Director (de Investigaciones del organismo de seguridad) le dijo a Caldera: “Mi orden es matarte, pero si colaboras, te salvo la vida”. Los funcionarios de la DGCIM llevaron a Caldera a una casa en San Cristóbal, estado de Táchira. Le dijeron que estaba en “la primera fase”, explicándole: “La primera fase es cuando estás vivo, pero si no hablas, te pasamos a la segunda fase, cuando matamos a tu mamá, tu papá y tu hermana”».

Pese a que el oficial denunció este hecho a un juez militar, el funcionario no ordenó ninguna investigación ni tomó ninguna medida para garantizar la vida del denunciante y sus familiares, según se denuncia en el informe.

Para quebrar la voluntad de los detenidos, los cuerpos policiales y militares recurren a otras prácticas contrarias a los derechos humanos.

«La Misión descubrió que, una vez arrestadas, se mantuvieron a las personas detenidas sin ningún contacto con el mundo exterior, durante periodos que iban de días a semanas, mientras que los centros de detención, incluso en custodia del SEBIN y de la DGCIM, negaban información a la familia sobre su paradero».

Al respecto, los investigadores dejaron en claro que las desapariciones forzadas están a la orden del día en Venezuela.

Otra violación recurrente que constató la Misión es la denegación al derecho a la defensa. «De las 183 detenciones que la Misión examinó, 129 (el 70%) revelan claros indicios de injerencia en el derecho de defensa», denunció, al tiempo que indicó que las más frecuentes son la imposibilidad de designar a un abogado privado, impedirles a estos poder prepararse para representar a sus clientes, al negar acceso a su cliente o al expediente; o directamente intimidarlos y amenazarlos.

Impunidad total

La Misión tomó nota de la decisión del Ministerio Público de reabrir los casos del concejal Fernando Albán, el estudiante Juan Pablo Pernalete y del capitán Rafael Acosta Arévalo. Sin embargo, denunció que «el alcance de las investigaciones que se han estado adelantando es limitado, por cuanto no están siendo objeto de investigación todos los delitos graves o bien tan solo partícipes de bajo rango enfrentan procesos penales», y que hasta ahora no se han incluido a «personas en los niveles superiores de la cadena de mando».

Lo anterior pone en evidencia que lo hecho en estos casos no puede ser presentado ante la Corte Penal Internacional como muestra de la supuesta lucha contra la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad, sino que por el contrario alerta sobre la impunidad existente en las cadenas de mando.

Asimismo, el informe reveló que de los 19 casos de la represión selectiva contra opositores, incluidos en su primer informe, en 16 de ellos las autoridades seguían sin adoptar «medidas de investigación tangibles, concretas y progresivas».

La Misión también pone en duda los datos oficiales que indican que entre 2014 y 2021 entre 379 y 397 funcionarios habían sido condenados por la justicia por su presunta participación en violaciones a los Derechos Humanos, pues la ausenciade información pública les impidió a los investigadores de la ONU verificarlos.

Bachelet denuncia que en Venezuela defender los DD. HH. y protestar se paga caro
La exmandataria chilena dijo que Gobierno de Nicolás Maduro  ha hecho escasos progresos para proteger a los defensores de derechos humanos

Pese a que la Constitución garantiza que todos los ciudadanos pueden «dirigir peticiones ante cualquier autoridad», así como «expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión», «participar libremente en los asuntos públicos» y «manifestarse», aquellos que decidan ejercer estos derechos en Venezuela pueden correr el riesgo de ser encarcelados, procesados hasta por tribunales militares, ser heridos e incluso perder la vida.

La denuncia la formuló la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar el 13 de septiembre de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe Situación de los Derechos Humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela.

En el reporte, la exmandataria chilena se queja de los «escasos progresos» realizados por el Gobierno de Nicolás Maduro a la hora de proteger a los defensores de derechos humanos, al investigar «las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos» y al momento de garantizarles «el derecho a participar en los asuntos públicos».

En este informe, que abarca hechos ocurridos desde junio de 2020 hasta junio de 2021, se lee lo siguiente:

«El ACNUDH documentó 17 casos de violaciones de Derechos Humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria. Muchos de los casos documentados iban acompañados de actos de violencia e implicaban la criminalización de actividades legítimas».

Al respecto, recordamos que en lo que va de año cinco activistas de Azul Positivo y tres de Fundaredes han sido detenidos, eso sin contar que desde finales del 2020 las sedes de Convite, Acción Solidaria y Alimenta La Solidaridad han sido allanadas y hostigadas.

«Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas», dijo Bachelet al presentar su reporte al Consejo.

Nadie está a salvo

Aunque ciertamente aquellos activistas que han decidido documentar y denunciar abusos tienen mayores posibilidades de ser agredidos y terminar tras las rejas, eso no quiere decir que el resto de la población esté exenta. Así lo reconoció Bachelet, quien denunció que su oficina documentó ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por su participación en movimientos estudiantiles o en la documentación de violaciones de los derechos humanos.

La alta comisionada expuso lo siguiente:

«Tres casos consistieron en agresiones y hostigamiento contra cuatro miembros de la Confederación de Estudiantes de Venezuela durante la preparación de la Ruta por Venezuela. Su presidente fue detenido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una asamblea frente al edificio de un partido opositor en Maturín (estado Monagas), el 16 de abril de 2021, y dos dirigentes estudiantiles fueron agredidos por miembros de las fuerzas de seguridad, en cuatro puntos de control diferentes, entre los estados Mérida y Portuguesa, en mayo de 2021».

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el mismo período Bachelet informó que también registró nuevas acciones contra miembros de sindicatos:

«Se documentó el enjuiciamiento de siete dirigentes sindicales y seis trabajadores por su defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e incitación al odio, algunos de ellos tras ser denunciados por sus supervisores a las autoridades o tras haber publicado en las redes sociales mensajes críticos contra el Gobierno. Ocho siguen detenidos al momento de este informe. Dos dirigentes sindicales fueron supuestamente despedidos de sus puestos por su defensa de los derechos de los trabajadores».

¿No todo es malo?

Pese a los datos anteriores, la alta comisionada informó al Consejo que ha logrado establecer canales robustos de comunicación y cooperación con las autoridades venezolanas. Como prueba de ello informó:

«El ACNUDH ha remitido casos individuales documentados de detenciones, incluidas de mujeres, que requerían una solución urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, incumplimiento de órdenes judiciales de puesta en libertad, y continuación de la detención a pesar de haber cumplido las sentencias. De ellos, 152 personas habían sido puestas en libertad en el momento de redactar este informe».

Este intercambio también abarcó al Ministerio Público, intervenido por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. La exmandataria chilena atribuyó a estos contactos «algunos avances en las acciones judiciales relativas a casos de graves violaciones de los derechos humanos», en particular destacó el hecho de que setenta y nueve casos de ejecuciones extrajudiciales y 18 muertes ocurridas en protestas estén siendo investigadas en la actualidad. Sin embargo, admitió que “hasta ahora la mayoría de estos casos permanecen en proceso, sin que se haya emitido una sentencia definitiva”.

Las averiguaciones que la Alta Comisionada asegura que la Fiscalía viene conduciendo para esclarecer casos de ajusticiamientos lucen ínfimas, al menos si se comparan con la cantidad de los crímenes presuntamente cometidos y denunciados en esta materia. Un informe publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2020 reveló que desde 2014 en el país 18.093 personas habrían perdido la vida a manos de agentes policiales y funcionarios policiales.

Por su parte, solamente durante la ola de protestas que sacudió al país en 2017 se registraron más de un centenar de fallecidos, de acuerdo con los datos manejados por el propio Ministerio Público.

En 2021 el despacho dirigido por Tarek William Saab reactivó casos como el del concejal opositor Fernando Albán o el del estudiante Juan Pablo Pernalete. No obstante, dichas acciones se antojan como maniobras para intentar escapar a un eventual proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI), porque no hacen justiciarealmente.

Lo que no podía faltar

El grueso del reporte de Bachelet está centrado en la situación económica y social de Venezuela. La funcionaria achacó la persistencia de la crisis humanitaria a la pandemia de COVID-19 y a las sanciones impuestas por gobiernos como los de Estados Unidos y la Unión Europea.

Así, la exmandataria chilena mencionó el impasse ocurrido con las vacunas que el Gobierno adquirió con el mecanismo de la ONU conocido como COVAX. «El proceso de compra fue largo y los fondos para adquirir la vacuna habrían sido congelados durante varias semanas por las instituciones bancarias, según se reporta, debido a complicaciones relacionadas con las medidas coercitivas unilaterales», denunció la alta comisionada, quien sin embargo obvió que el Ejecutivo rompió el acuerdo al que había llegado con la oposición en la materia a principios de año o su negativa a aceptar la vacuna británica AstraZeneca.

Lo anterior fue de unas razones esgrimidas por Bachelet para sumarse al Gobierno de Maduro y solicitar el levantamiento de las medidas. Sin embargo, no aclaró si se refería solamente a las pocas impuestas a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela (BCV), o si también se refería a las que pesan contra funcionarios, exfuncionarios y otras individualidades vinculadas al chavismo.

En este aspecto, Bachelet siguió la línea trazada por la relatora de la ONU sobre medidas unilaterales coercitivas, Alena Douhan, quien visitó el país a principios de año, sin aclarar como lo había hecho en su informe de 2019 que la crisis humanitaria es anterior a las sanciones.

Miranda fue el estado con más femicidios durante primer semestre de 2021
Le siguieron Lara, Bolívar y Carabobo

Hasta agosto de este año, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó al menos 177 feminicidios en Venezuela, de acuerdo con el monitoreo que realizan los medios de
comunicación.

La cifra se expuso durante el Foro Femicidios en Venezuela, organizado por la ONG Defiende Venezuela.

Si bien existe un marco normativo amplio que reconoce los derechos de las mujeres, en la
práctica estas siguen siendo víctimas de diversos actos que violan sus derechos humanos, entre
ellos la violencia de género, cuya máxima expresión es el femicidio.

“No existe política de prevención sobre asesinatos de mujeres”, afirmó Carolina Godoy, abogada penalista, coordinadora de género en CEPAZ. Entre los datos que expuso del informe realizado por la ONG, destaca que durante el primer semestre de 2021 hubo al menos 125 femicidios en Venezuela, y 23 en grado de frustración.

Eso quiere decir que cada 20 horas en Venezuela, durante el primer semestre de 2021, hubo una acción femicida”, señaló Godoy. Además, a consecuencia del asesinato de estas mujeres, aproximadamente 34 mil niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos. Hasta agosto de este año, la cifra de femicidios en el país se incrementó a 177 casos, de acuerdo con el monitoreo de CEPAZ.

Miranda a la cabeza

En los casos registrados, destaca también que el estado con más delitos de este tipo fue Miranda, con 23.1%; seguido de Lara con 15.4%; y en tercer lugar figuran con 11.5% Bolívar y
Carabobo.
En el foro también participó Karla González, abogada especialista en derechos a la información,
fiscalización y combate a la corrupción, quien expuso sobre los estándares internacionales
sobre el repudio al femicidio.
González destacó que, si bien existe un marco normativo amplio que reconoce los derechos de
las mujeres, en la práctica las féminas siguen siendo víctimas de diversos actos que violan sus
derechos humanos, entre ellos la violencia de género, cuya máxima expresión es el femicidio.
De acuerdo con la definición de diversas autorías que acuñaron el término de feminicidio, se
entiende como el asesinato de mujeres por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad
de las féminas.
Fue el caso de asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez, en México, también conocido como el caso de Campo Algodonero, lo que motivó que se hablara del tema en textos académicos. Ese feminicidio se dio en noviembre de 2001. El caso pasó a la Corte Internacional de Derechos Humanos y se condenó a México por no realizar las investigaciones adecuadas.

Violencia mexicana

Esta fue la primera sentencia en un caso de feminicidio de los más de 400 homicidios a mujeres
y menores de edad que se han dado en la ciudad mexicana desde 1993, acotó González. La
sentencia se emitió el 16 de noviembre de 2009. Las víctimas coincidían en que eran jóvenes,
incluso algunas menores de edad, y de escasos recursos.
Aunque los familiares reportaron dentro de las primeras 72 horas que establecen legalmente, la
Corte IDH concluyó que las autoridades minimizaron el caso y manifestaron comentarios
discriminatorios hacia las víctimas, quienes presentaron evidentes signos de violencia física y de abuso sexual.
Además, una vez encontrados los cuerpos, las investigaciones de la Corte IDH también notó
irregularidades y que no se tomaron las medidas necesarias para determinar las
responsabilidades.
González concluyó que todavía existe una discriminación estructural en el acceso a la justicia y
ejercicio de los derechos de las mujeres, y que visibilizan la impunidad y falta de protección de
las féminas por parte de las autoridades para garantizar su vida.

48 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Anzoátegui entre abril y agosto
Codehciu precisó que todos los casos serán presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH 

Al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales se registraron en Anzoátegui entre el 15 de abril y el 31 de agosto del año en curso, informó el director institucional de la Fundación de
Derechos Humanos de Anzoátegui con sede en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, Alcides Magallanes, quien preciso: todos eran hombres entre los 18 y 42 años.

Según investigaciones de la ONG, Magallanes detalló que 26 de estos casos de presunta vulneración a la vida por parte de funcionarios de seguridad, ocurrieron en el municipio Simón Bolívar, 5 en Sotillo y 5 más en Anaco. Asimismo que 6 hombres resultaron muertos en San José de Guanipa y Guanta, 2 en Simón Rodríguez, y 4 casos se registraron en San Juan de Capistrano, Libertad, McGregor e Independencia.

A la vez detalló, que el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el supuesto responsable de la muerte de 18 ciudadanos. Seguido de la Policía del Estado Anzoátegui (PoliAnzoátegui) con 10 presuntas ejecuciones, mientras que 5 fallecieron a manos de comisiones mixtas, 4 por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 3 en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y 8 bajo la responsabilidad de otros cuerpos de seguridad.

Por otra parte señaló, que durante este periodo, junio fue el más sangriento, ya que en este mes al menos 14 ciudadanos perdieron la vida. Finalizó diciendo que todos casos serán presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas.