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DDHH Olvidados | Wilmer González: un retrato de cinco años sobre la desaparición forzada
Los familiares del fotoperiodista del Correo del Caroní, Wilmer González, reclaman justicia y celeridad por su búsqueda 
Lucy, esposa de Wilmer, ha denunciado que los cuerpos de seguridad del Estado no llegaron a un conclusión firme, sino a comentarios sobre su presunta muerte a manos de los jefes de bandas de delincuentes en las minas de Delta Amacuro

Desde 2018 el Estado venezolano no sabe qué le pasó a Wilmer Ignacio González Pláceres. El fotoperiodista del medio venezolano Correo del Caroní se adentró un 16 de febrero a las minas de oro clandestinas en la ciudad de Piacoa, en el estado Delta Amacuro, y no regresó. 

Tras cinco años sin saber su paradero, Lucy, esposa de Wilmer, aún presiona al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y al Estado venezolano para saber oficialmente qué ha pasado. 

«Mientras no vea un cuerpo, no puedo decir que está muerto», dijo en su testimonio al portal periodístico La Vida de Nos

Desde la comunidad de San Félix en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Lucy aún espera una llamada que confirme oficialmente el estado de su esposo

Retratar  la violencia y el impacto ambiental del Arco Minero

Wilmer González nació el 10 de octubre de 1977 y gran parte de su vida transcurrió en Ciudad Bolívar. Trabajaba como taxista hasta que se hizo chófer para el Correo del Caroní en el año 2008. 

Mientras estaba en el diario acompañando a los periodistas, Wilmer exploró el ejercicio del fotoperiodismo y años después se curtió en la carrera como profesional. 

Uno de sus primeros trabajos destacados fue la cobertura del accidente aéreo el 13 de septiembre de 2010, cuando el avión ATR 42-320 matrícula YV 1010 de Conviasa colisionó en el patio de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor)

Durante las protestas contra Nicolás Maduro en el año 2014, González retrataba una manifestación opositora en Ciudad Bolívar cuando fue amenazado de muerte por «grupos oficialistas» si seguía registrando la dispersión de las protestas, reseñó el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela.  

Su dedicación e inclinación para retratar temas periodísticos sobre violencia y derechos humanos lo llevó a colaborar con medios internacionales como The New York Times, la agencia de noticias Associated Press (AP) y El Confidencial, de España. 

Las pautas que más realizaba entre 2016 y 2018 consistían en visitar el Arco Minero del Orinoco para registrar el impacto socioambiental que el proyecto estatal ocasionó (y sigue promoviendo) a la amazonia venezolana. 

El 15 de enero del 2018 publicó junto al periodista Bran Ebus el reportaje «Explorando el Arco Minero» con el portal periodístico Infoamazonia. 

«El último trabajo que él tuvo con el Correo del Caroní fue una cobertura en el Amazonas (en el oeste del Estado Bolívar) dos semanas antes de su desaparición»,  recordó María de los Ángeles Rodríguez, periodista del Correo del Caroní. Desde ese momento el equipo no tuvo más contacto directo con él.

Autoridades no dan respuesta

El último contacto que tuvo Wilmer con su esposa fue una llamada telefónica desde Piacoa. Dijo que estaba haciendo «un trabajo», pero nunca especificó si era una cobertura periodística o extraer oro desde las minas de la zona para subsistir. 

Debido a la emergencia humanitaria que vive Venezuela oficialmente desde el año 2016, distintas personas del oriente del país se han dedicado a extraer oro y otros materiales desde las fosas mineras para cubrir gastos de alimentación y medicinas. En esas zonas de la Amazonía Venezolana distintas ONG han reportado actos de esclavitud moderna, control de bandas delictivas (comandadas por figuras conocidas como «pranes») y la explotación sexual de mujeres y menores de edad

En marzo de 2018, al pasar un mes, Lucy y sus cuatro hijos empezaron a buscar a Wilmer. Familiares del fotoperiodista llamaban a su teléfono y un desconocido los atendía y decía que obtuvo esa línea telefónica en una compra. 

Cuando Lucy fue a denunciar al CICPC la desaparición de Wilmer, le dijeron que «podía haberse escapado con una amante» o que «los pranes ya lo habían matado en las minas»

«Me quisieron extorsionar y todo eso. Me amenazaron», dijo ella cuando se referían a llamadas anónimas que le aseguraban que Wilmer estaba secuestrado. 

Lucy tardó otro mes para levantar su caso en los medios de comunicación. Ella admite que tenía miedo a las represalias estatales y «entorpecer» la investigación del CICPC. 

Pero, a cinco años de la desaparición de Wilmer, las autoridades no dan una respuesta. 

Desaparición forzada: gente sin una conclusión oficial

Wilmer es parte de una lista de personas que han sido catalogadas como víctimas de desaparición forzada, una violación de los derechos humanos en la quie las autoridades se niegan a reconocer o investigar la privación de libertad y, en la mayoría de los casos, ocultar la información sobre el paradero de las víctimas. 

Provea ha identificado 216 víctimas de desaparición forzada en el contexto de detenciones de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En 2022, la ONG FundaRedes reportó 334 desapariciones y secuestros en las regiones fronterizas del país (donde se encuentra Bolívar y Delta Amacuro). 

Lucy y sus hijos siguen pidiendo justicia en su caso. La esposa de Wilmer empezó a investigar por su cuenta sobre el paradero del fotoperiodista y le dijeron que lo habían matado. «En algún momento debo tener una versión oficial de lo que pasó», aspira.

Agradecimientos a Clavel Rangel Jiménez y María de los Ángeles Ramírez

DDHH Olvidados | Los padres de Juan Pernalete ponen sus esperanzas en la CPI para encontrar justicia
Los padres de Juan Pablo Pernalete han tenido que alzar sus voces en instancias internacionales después agotar todas las vías internas en la búsqueda y exigencia de justicia por el asesinato de su hijo
El gobierno de Nicolás Maduro tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana
José Pernalete manifestó que su familia tiene esperanzas de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI), institución que adelanta una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

@Andrea_GP21

 

“Al día de hoy el asesinato de nuestro hijo se encuentra en completa impunidad”, relata Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, el estudiante que fue asesinado cuando tenía apenas 20 años el 26 de abril de 2017, después de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho en el Municipio Chacao de Caracas durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Juan Pablo Pernalete era estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Metropolitana (Unimet), donde también perteneció al equipo de baloncesto y tenía una beca por excelencia deportiva. El joven daba clases de baloncesto a niños de las comunidades de Petare y formaba parte de una fundación protectora de animales.

Su mamá, Elvira, asegura que su vida y la de su esposo, José Pernalete, cambió “radicalmente”, pues no solo perdieron a Juan Pablo. En 2019, María Gabriela Pernalete, hermana del joven, falleció luego de librar una dura batalla contra un cáncer hepático.

 

“Como madre, vivir sin Juan Pablo y María Gabriela es un desafío diario porque el primer pensamiento al levantarme, y el último al acostarme, es para mis hijos. Es lo más duro que he tenido que enfrentar, aprender a vivir con sus ausencias físicas”, contó la señora Elvira en entrevista concedida a Runrun.es.

Dejar una vida de familia para luchar por la justicia

Los padres de Juan Pablo Pernalete tuvieron que dejar de vivir una rutina de padres dedicados a sus hijos y a sus proyectos de construir un futuro de vida. Desde el 26 de abril de 2017 tuvieron que levantarse con ese dolor irreparable que es perder un hijo.

Además, la partida de hija María Gabriela fue otro duro golpe para su familia. La señora Pernalete afirma que fue “producto de su depresión por la muerte de su hermano y su lucha contra un cáncer hepático”.

“Para nosotros la muerte de María Gabriela es un daño colateral por el asesinato de Juan Pablo, ella nunca superó la depresión”, señaló Elvira Pernalete.

 

Ambos padres han tenido que alzar sus voces en instancias internacionales después agotar todas las vías internas en la búsqueda y exigencia de justicia por el asesinato de su hijo.

Aunque abunda el dolor por la pérdida de sus hijos, Elvira Pernalete asegura que son Juan Pablo y María Gabriela el impulso que tienen cada día para “seguir luchando y apostando por esa Venezuela bonita, que Juan Pablo soñaba para él, para su hermana, para nosotros sus padres, para todos los venezolanos”.

Familia Pernalete Llovera / Foto: Cortesía

De padres de familia a activistas

Desde que ocurrió el asesinato de Juan Pablo, la familia Pernalete, tal y como ocurrió con los familiares de otras personas asesinadas en las protestas del 2017, sentían dolor, confusión y desorientación, pues se sentían “utilizados” por actores de la política nacional “para sus intereses partidistas y personales”y porque también se enfrentaron “a un sistema, el cual está estructurado para callar la disidencia, a la sociedad civil”.

Elvira Pernalete aseguró que todas las familias se han sentido vulnerables y desprotegidas, por lo que decidieron unirse y alzar sus voces y transformar ese “dolor en acción”, entrelazando las luchas en una sola causa: “el solo propósito de buscar justicia”.

Elvira Pernalete en una actividad frente al Ministerio Público / Foto: @Andrea_GP21

“Hemos mantenido la bandera de lucha por la defensa de los derechos humanos y la justicia. Nos hemos mantenido alzando la voz, buscando espacios para mantener la memoria histórica, y lo vamos a seguir haciendo a nivel nacional e internacional para que estos”, señaló la señora Elvira.

Recuerda la madre de Juan Pablo que han sido víctimas de tratos degradantes. Uno de ellos ocurrió cuando acudieron a buscar respuestas sobre el caso de su hijo y uno de los fiscales dijo: “Búscame el expediente del guarimbero”.

Revictimizado por falsas matrices de opinión creadas por el gobierno

La versión inicial de la muerte de Juan Pablo que dio el oficialismo es que el joven había fallecido por el disparo de una pistola de perno cautiva, supuestamente accionada por sus propios compañeros. Además, algunos voceros del chavismo lo tildaron de “criminal”,, algo que su padre, José Pernalete, rechaza y manifiesta que causó mucho dolor a su familia.

“Como padres nos sentíamos afectados por el dolor de que nuestro hijo fuese tildado de esa manera, porque lo que ellos decían no correspondía a lo que era Juan Pablo. Sentíamos impotencia”, declaró el señor Pernalete.

Fue Ernesto Villegas, que ese momento era ministro de Comunicación, quien aseguró en VTV, en compañía de Delcy Rodríguez, que Juan Pablo podría haber sido asesinado con una pistola de perno cautiva. El funcionario chavista aseguró que las personas que auxiliaron a Pernalete lo dejaron “abandonado”.

“Hicieron referencia sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que estaban hablando aquí cuando describían lo que era una pistola de perno y trataban de sembrar esa matriz de opinión”, criticó José Pernalete padre.

Para el señor Pernalete, todas las declaraciones emitidas por voceros del oficialismo generaron falsas matrices de opinión y los revictimizaba constantemente mientras sufrían la pérdida de su hijo.

“Y hoy aún lo estamos viviendo, porque ninguno de los personeros y medios del gobierno, que trataron de sembrar esa matriz de opinión falsa desde la primera noche, diciendo que lo asesinaron, se han retractado a pesar de que los hemos denunciado”, reclamó el padre del joven.

Precisamente por esas acciones, una de las causas que lleva la familia Pernalete por el “asesinato moral” de Juan Pablo. Se trata de una denuncia que hicieron en 2017 ante el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia contra los funcionarios chavistas, así como medios de comunicación afiliados al gobierno, “por crear y apoyar una matriz de opinión falsa, afectando la credulidad pública y por el daño moral y psicológico a sus padres”, señaló José Pernalete.

 

El gobierno de Nicolás Maduro tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana.

Una causa totalmente impune

La causa del asesinato de Juan Pablo está a cargo de la Fiscalía 62 y se han cambiado los fiscales en múltiples ocasiones.

La señora Elvira Pernalete señala que, a seis años después del asesinato de su hijo, el caso se encuentra “en completa impunidad”, señalando que los 13 guardias nacionales involucrados no están en prisión ni pagando condena. Tampoco se ha tocado la cadena de mando.

“Solo dos de los 13 GNB imputados fueron acusados por el fiscal 62 del Ministerio Público, Leo Amarista, y ya no se encuentran en la Guardia Nacional Bolivariana. Se desconoce su paradero y ni el Ministerio Público ni el Tribunal 42 de Control hacen lo necesario para ubicarlos y traerlos a juicio a pesar de que nosotros lo hemos solicitado”, señaló.

 

La madre de Juan Pablo Pernalete critica que el Ministerio Público no haya ejercido las acciones ordinarias y extraordinarias de requerir información al comando de la GNB durante estos años.

“Como víctimas, realizamos una acusación particular propia a estos GNB y la jueza 42 de control Ángela Carrillo, después de diferirnos en 10 oportunidades (…) la audiencia preliminar desestimó nuestra causa el pasado 10 de noviembre del 2022 y retiró la orden de prohibición de salida del país a estos GNB. Nosotros apelamos la decisión de esta jueza, pero ya se cumplieron los lapsos procesales en la Corte de Apelaciones y, a la fecha de hoy, no tenemos respuestas”, relató la señora Elvira.

José y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete / Foto: Cortesía

Además, la señora Elvira Pernalete indicó que el último fiscal, Leo Amarista, es el que ha tenido el trato “más hostil”. “A este fiscal nosotros lo recusamos este y se nos fue negada la recusación por parte del Ministerio Público”, denunció.

Por su parte, el señor José Pernalete denunció que les han cambiado los fiscales 11 veces, enviando la causa a tres Fiscalías simultáneamente. “Lo único que han hecho es someternos a declaraciones, a exámenes psicológicos en la unidad de criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales del Ministerio Público, donde los mismos informes arrojan diagnósticos que aparecen como consecuencia la imposibilidad de hacer un cierre del proceso de duelo de nuestro hijo”, señaló el señor Pernalete.

Confianza en la CPI

José Pernalete manifestó que su familia tiene esperanzas de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI), institución que adelante una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“En Venezuela, bajo este sistema de gobierno que juega a cansarnos, a burlarse de nuestro dolor y mantener la impunidad en los asesinatos de nuestros familiares, nunca vamos a obtener justicia genuina y menos a los responsables materiales e intelectuales”, señaló.

Para el señor Pernalete, en el país el sistema judicial tampoco actúa sobre la cadena de mando, para que estos “paguen por los crímenes cometidos a los venezolanos” que han sido víctimas durante todos estos años.

“Por eso es que nuestra esperanza es que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorice al fiscal Karim Khan para que continúe las investigaciones en el caso de Venezuela I y se incluyan los asesinatos de nuestros hijos en las investigaciones”, dijo.

José y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete / Foto: Cortesía
DDHH Olvidados | Luis de la Sotta cumple cinco años detenido, sin juicio y sometido a torturas
La hermana del capitán detalló que De la Sotta ha conocido todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataud” y la “Casa de los sueños”

Al capitán Luis de la Sotta lo detuvieron el 18 de mayo de 2018 en la estación naval Bahía de Turiamo, en el estado Aragua, por presuntamente instigar y liderar el golpe de Estado denominado “Operación Armagedón”.

Según el medio oficialista Misión Verdad, la “Operación Armagedón” se gestó en 2017 y tenía como objetivo tomar la Base Aérea de la Carlota en Caracas, evitar la reelección de Maduro en las presidenciales de 2018, y finalmente, el magnicidio del gobernante. 

La versión que ofreció el medio oficialista cuenta que la operación estuvo supuestamente integrada por efectivos militares, civiles, así como también por Oswaldo Álvarez Paz, del partido Copei, y la dirigente política de Vente Venezuela, María Corina Machado. Aseguran también que contó con el financiamiento de Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, esto nunca se llegó a comprobar.

En contraparte, Molly de la Sotta, hermana del capitán de navío, afirmó que el caso de su hermano es una venganza por haber denunciado a su jefe. 

“Mi hermano denunció a su jefe, Edwar Ojeda Sojo, porque utilizaba al personal militar para construir su casa en la playa, también reclamó que le robaba la comida a la tropa y lo acusó de ladrón”, dijo. 

Junto a De la Sotta, otros 32 militares resultaron detenidos e imputados sin pruebas por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra decoro militar.

Víctima de torturas

Cuenta la hermana del capitán Luis de la Sotta, Molly de la Sotta, que desde el primer día que lo detuvieron en Turiamo  fue golpeado por cuatro hombres con palos de madera, asfixiado con una bolsa plástica, y que le aplicaron descargas eléctricas en los pies y polvo lacrimógeno en los ojos para que confesara más detalles del supuesto plan. 

Luis de la Sotta llegó a su audiencia de presentación con la misma ropa que lo detuvieron: sucio, ensangrentado, con olor a orine y con evidentes signos de tortura. Aún así, se declaró inocente y además denunció que había sido torturado, acusación que el juez desestimó.

Cuatro días después de ser detenido, De la Sotta tuvo su audiencia de presentación y luego lo mantuvieron recluido en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas. Fue examinado por un médico forense, quien dictaminó que gozaba de buena salud, pese a los signos de tortura que tenía en todo el cuerpo

Desde el 21 de mayo, la familia del capitán de navío duró 32 días sin saber nada de él. Lo mantuvieron aislado, incomunicado, con prohibición de visitas de sus familiares o de un abogado. 

“Mi hermano duró 32 días en una total oscuridad, durmiendo en el suelo, evacuando en bolsas plásticas, con poco alimento y agua”, dijo Molly de la Sotta. 

La hermana del capitán detalló que De la Sotta ha conocido todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataud” y la “Casa de los sueños”. 

A los recluidos en la “Casa de los sueños” no se les permite ningún tipo de electrodoméstico, no tienen permiso siquiera para leer o escribir. Las celdas tienen un tamaño de 2.50 x 1.90 metros y, por lo general, hay más de dos detenidos en cada una. “El espacio es el mismo para todas las actividades: donde evacúan, ahí mismo comen y duermen”, aseguró la hermana del capitán

El 16 de septiembre del 2020, el Informe de la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reseñó que en los centros de detención en Venezuela se aplican métodos de tortura a presos políticos y opositores al gobierno. 

Para ese año, la Misión señaló que investigó más de 77 casos en los que la Dgcim ha torturado a militares, civiles y dirigentes políticos. Entre ellos, el capitán De la Sotta, caso que no pasó desapercibido y fue reseñado como una de las víctimas de torturas y tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte del organismo de seguridad del Estado. 

“Después de conocerse y hacerse público los resultados del informe de la ONU, la Dgcim encerró a mi hermano en un cuarto de 60 x 60 centímetros llamado ‘el Ataúd’, con las manos esposadas hacia atrás, en donde solo se puede estar de pie, y con prohibición de alimentos, agua y aseo personal”, dijo Molly de la Sotta. 

Según un estudio publicado por la ONG Provea, la Dgcim fue el organismo que más torturó en 2018. A pesar de la poca información y de la censura que reina en el país, la ONG logró registrar al menos 488 casos individualizados de torturas desde 2013 hasta 2018. 

Desde marzo de 2022, Luis de la Sotta se encuentra detenido en las instalaciones de la Dgcim en Fuerte Tiuna, Caracas, aislado en una celda de 2×2 sin actividades recreativas, deportivas ni religiosas. “Pasa sus días sin hacer ningún tipo de actividad, el radio y el televisor que les pusieron cuando fue la Misión de la ONU, se los quitaron”, dijo la hermana del capitán de navío.

Cinco años sin juicio 

De la Sotta no ha tenido ninguna otra audiencia, ni ningún otro juicio desde que lo detuvieron en el 2018 en las costas de Aragua. Aunque se han presentado denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, no se obtuvo ninguna respuesta. 

Cuando el capitán cumplió dos años y nueve meses en prisión se introdujo un amparo constitucional para solicitar el decaimiento de la medida de privación preventiva de libertad debido a que la salud de De la Sotta ya estaba bastante comprometida, por lo que solo se le practicaron unos exámenes por un médico forense. 

El capitán está próximo a cumplir cinco años en prisión preventiva sin juicio y sin pruebas que lo acusen de su participación en la “Operación Armagedón”, comentó su hermana. 

La última reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), realizada en septiembre de 2021, indica que el tiempo máximo para una “detención preventiva” es de hasta tres años, pero a pesar de esto y de las solicitudes realizadas por el abogado del capitán, el tribunal militar ha desestimado dichas solicitudes y ha ratificado la privación “preventiva” de libertad, y su custodia bajo el Dgcim.

Molly de la Sota precisó que a consecuencia de todas las torturas, las condiciones insalubres de reclusión y la falta de atención médica, la salud del capitán está seriamente comprometida. 

“En diciembre de 2022 un médico forense lo evaluó y determinó que mi hermano sufre de hipertensión, deficiencia renal crónica grado 1, vértigo y mareos, depresión, insomnio, pérdida de audición en un oído debido a los golpes recibidos, cálculos renales, problemas respiratorios por secuelas del COVD-19 e infecciones dermatológicas, entre otras”, dijo Molly de la Sotta.

La hermana del capitán, quien vive en Estados Unidos, comentó que la única que puede ver al capitán de navío es su madre, una señora de 83 años, y su abogado, cuando se lo permiten. 

Agregó que solo en contadas ocasiones se le ha permitido hablar con su esposa y sus hijos a través de Zoom, quienes por miedo se fueron del país desde hace algunos años. 

Organismos internacionales silentes 

Molly de la Sotta es politóloga y desde que detuvieron a su hermano se ha dedicado a luchar para lograr la liberación del capitán. Asegura que le ha tocado la puerta a todos los organismos internacionales, pero no ha obtenido respuesta.

“Los organismos internacionales de derechos humanos me han dejado sola. Nadie ha hecho nada por mi hermano, uno grita y denuncia, pero no pasa nada”, dijo. 

El caso de Luis Humberto de la Sotta Quiroga no solo ha sido reseñado por la Misión de la ONU. El Grupo de Trabajadores sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas también se pronunció sobre el caso y consideró que la aprehensión del militar es ilegal, por lo que instó al gobierno de Maduro a que lo liberara “inmediatamente”. 

El 3 de octubre del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares que hasta la fecha no se han cumplido. 

El 27 de agosto de 2018, el cónsul de Perú (De la Sotta tiene doble nacionalidad) envió numerosas notas a la Cancillería de Venezuela solicitando la libertad de De la Sotta y solicitando su repatriación al Perú, pero no ha recibido respuesta. 

El 10 de enero 2023, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en derechos humanos del Ministerio Público del Perú, inició una investigación por las torturas y detención arbitraria de Luis De La Sotta en base a la Justicia Universal. 

DDHH Olvidados | Hugo Marino cumple cuatro años de desaparición forzada
El paradero del buzo profesional sigue siendo desconocido y los requerimientos de información de su familia se hunden ante el silencio oficial
Al menos 201 personas son reportadas bajo la desaparición forzada en Venezuela bajo temas políticos según Provea

 

«A ojos del Estado parece que la desaparición de mi hijo no existe. Quieren que uno se canse de exigir justicia», dice Beatriz Salas, madre de Hugo Enrique Marino Salas. Desde hace cuatro años se desconoce dónde está su hijo, si sigue con vida. La última vez que se supo de él fue cuando estaba en Caracas, el 20 de abril del 2019. 

Ni el Ministerio Público ni las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le han dado información sobre las presuntas investigaciones del caso. 

Hugo Marino es un investigador marino y buzo profesional ítalo-venezolano. Sus allegados lo consideran un experto en el área de salvamento, análisis y rescate de accidentes aéreos. Es director de la empresa Servicios Electrónicos Acuáticos (SEA) y miembro de la empresa de especializada en búsqueda submarina a profundidad Andi Latinoamérica.

Desde la distancia, en Estados Unidos, su familia exige conocer dónde está Marino.

Testimonios de allegados a la familia de Marino precisan que Hugo fue detenido por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el aeropuerto Simón Bolívar, en La Guaira. Pero a los abogados en Venezuela les niegan corroborar la información que recibieron.

«Todos los días exijo en redes sociales a los funcionarios de Maduro, pero no me responden», reitera Salas. «En Twitter me bloqueó Tarek William Saab, Diosdado Cabello aún no. Pero no me voy a rendir: yo tengo que saber qué pasó con mi hijo. Me tienen que decir dónde está», sentenció.

Sobre el caso de Hugo tiene conocimiento la ONU y, desde el 23 de julio del 2020,  la Procuraduría Italiana le exige al gobierno venezolano la institución judicial de habeas corpus, que obliga la presentación de las personas detenidas . Pero el Estado venezolano mantiene su silencio.

«Yo seguiré exigiendo una rendición de cuentas. Si no me la dan a mí, si no llego a verla, se la deben dar a la justicia internacional», dice Salas. «Se equivocaron de madre si pensaron que dejaría de insistir». 

Este 20 de abril de 2023, al cumplirse cuatro años de la desaparición de Marino, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió una fe de vida. «La comunidad internacional no puede mirar para otro lado ante crímenes de lesa humanidad como este», opinó. 

El último paradero de Hugo Marino

El buzo migró de Venezuela junto a su familia para vivir en Miami en 2016. Sin embargo, lo contrataban para investigar el paradero de aviones que sucumbieron ante el Mar Caribe. Las autoridades de Venezuela e Italia lo habían contratado para investigar sobre dos siniestros aéreos cerca del archipiélago de Los Roques, en territorio marítimo venezolano. 

El primero, el siniestro de un bimotor LET-140 de fabricación checa, siglas YV2081, de la empresa Transaven, marcó el inicio de un periodo de búsqueda que se extendió por cinco años. El vetusto aparato desapareció el 4 de enero de 2008 con catorce personas a bordo, entre tripulación y pasajeros: cinco venezolanos, un suizo y ocho italianos.

El segundo vuelo era otro bimotor, un BN-2 Islander de fabricación británica, con matrícula YV2615, de la empresa Transaéreo, que cayó al mar el 4 de enero del 2013. En ese avión iba el director ejecutivo de la casa de moda italiana, Vittorio Missoni.

«A Hugo Marino lo conocí como experto en investigación submarina que había vivido en Los Roques. Desde el primer día que hablé con él en la Fiscalía sus palabras fueron de pésame y confianza», relató Manuel Alcalá para el medio Armando.info, padre de la venezolana Patricia Alcalá y suegro del suizo Alexander Nierman, una pareja que viajaba en el vuelo que Marino investigaba. 

Ambos aviones se localizaron en el mismo mes: en junio del 2013. Alcalá recordó que el director de la SEA denunciaba al gobierno y las fuerzas armadas por no tenían los equipos necesarios para las investigaciones forenses ni para las labores especializadas de rescate y salvamento. 

La evidencia que recogió la empresa SEA son los únicos registros públicos que puede relatar la prensa. Para acceder a la información de la empresa ahora se debe usar la herramienta digital WayBack Machine porque su página web fue suspendida

 

Un tercer caso ocurrió el 19 de agosto de 2017: un avión privado marca Lear Jet 25 y con matrícula YV3191 despegó del aeropuerto Simón Bolívar y se encontró sus restos en las costas de Naiguatá, estado La Guaira. A bordo de ese vuelo estaban un empresario cercano al chavismo, Luis Napoleón Picardi Flores, y Miguel Ángel Pérez Oubiña, hijo del exministro de exministro de Comercio e Inversión Extranjera de Venezuela, Miguel Pérez Abad. 

Contrataron a Hugo Marino para investigar el caso. Dos semanas después del incidente, el buzo hizo público que contenía información sobre el vuelo. 

 

Marino tuvo que investigar otros casos en Argentina antes de volver a Venezuela. Regresó al país en 2019 a petición de otra investigación. Sus últimas apariciones públicas en redes sociales revelaron su apoyo al político venezolano Juan Guaidó. 

Hasta ahora, el Ministerio Público debe culminar la investigación sobre la causa de los tres siniestros. Al igual que como ocurre con el de Hugo Marino, estos casos se pierden en las profundidades de la opacidad. 

Clamor que se hunde en el silencio

«Fue gracias a varios amigos cercanos a los cuerpos de seguridad que tuvimos la versión sobre la detención de Hugo por parte de la Dgcim», recuerda Beatriz Salas. «Pero siempre llegaban a un punto donde nos decían que ‘no podían acercarse a él’ ni averiguar más del asunto». 

El caso quedó bajo la custodia del Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. Los abogados de distintas ONG exigían el habeas corpus al Estado venezolano. Ninguno de ellos pudo validar la información que sus clientes manejaban sobre Hugo Marino.

«Lo extraño en el caso de Hugo Marino es que nadie lo ha visto», dijo la abogada Tamara Sujú a los medios de comunicación. «Ninguna autoridad dice algo al respecto». 

Poco después de reportar la desaparición de Marino, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al buzo y exigió al Estado venezolano que informara si él se encuentra bajo su custodia. 

Salas rememora los últimos dos años como las últimas migajas de información extraoficial. «En 2021, uno de los abogados dijo que lo encontró en una clínica militar durante la cuarentena por COVID-19. Días después me volvió a contactar para decir que se «había equivocado»». 

La familia Marino también contactó al periodista Vladimir Villegas para entrevistar al fiscal general, Tarek William Saab y que le preguntara sobre el tema, pero no obtuvieron información precisa.

«Allí dijeron que el caso se estaba haciendo, que el Ministerio Público estaba en el proceso. Eso es pura mentira. Hasta el juez del Tribunal 31 de Control también guarda silencio, no dice nada desde hace años», comenta la madre de Hugo Marino. 

Más de 201 desapariciones forzadas 

El caso de Hugo Marino es considerado como una desaparición forzada. Su denuncia aparece en los informes que en julio de 2020 y 2021 presentó Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas en esa época, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

«La Oficina recibió información sobre las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, en septiembre de 2018, y de Hugo Enrique Marino Salas, un civil que había trabajado como contratista del Ejército en abril de 2019. Sus familiares no han recibido respuesta a las solicitudes de habeas corpus presentadas en julio y mayo de 2019, respectivamente, y su paradero sigue siendo desconocido», cita el documento.

Al menos 201 personas están catalogadas bajo la desaparición forzada entre los años 2000 y 2019, según Provea. Activistas de la organización no gubernamental venezolana afirman que el número ha subido considerablemente en los últimos tres años. Todos los casos tienen relación con conflictos con dirigentes chavistas. 

Durante 2022, alrededor de cuatro personas por día fueron reportadas como desaparecidas en el país, según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia.

«Hasta que no se dé el paradero de mi hijo no voy a descansar. En Venezuela hacer justicia es muy difícil, pero no pierdo la fe: yo tengo que saber qué pasó con mi hijo», dice su madre.

Beatriz Salas aún recuerda el último mensaje que le envió su hijo ese 20 de abril del 2019. Era las 12 del mediodía y él se encontraba en el aeropuerto de Maiquetía. 

«Mamá, ya estoy en Caracas», le escribió. 

Ella aún espera que su hijo regrese de las profundidades de Venezuela.

DDHH Olvidados | Tres expolicías metropolitanos pagan las culpas del 11 de abril de 2002
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Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, falleció a sus 83 años el 10 de septiembre del 2019, debido a un paro respiratorio. Toro estaba enfermo y su tratamiento se dificultó ante la escasez y el alto costo de medicinas para pacientes oncológicos. La madre del PM murió en 2013. Ninguno pudo volver a ver a su hijo en libertad

@Andrea_GP21

Ya han pasado 20 años desde que en abril del 2003 fueron detenidos nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana por los hechos de Puente Llaguno, ocurridos el 11 de abril de 2002. Aunque varios ya salieron de la cárcel, huyendo o con libertad otorgada, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar permanecen en prisión y sus familiares claman para que sean liberados.

La condena de los exfuncionarios fue la primera contra personas enjuiciadas de forma arbitraria por motivos políticos de la era chavista.

Fue la jueza Maryorie Calderón quien sentenció a Rovaín, Molina y Bolívar a 30 años de prisión, como también lo hizo con los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lazaron Forero y el sargento Julio Rodríguez.

Desde 2011 esperan que se les otorguen medidas alternativas al cumplimiento de la pena, esto según lo señalado por quien fuere la titular del tribunal 1 de ejecución del estado Aragua, Ada Marina Armas. Esas medidas, a 20 años de la detención de los expolicías metropolitanos, no se han cumplido.

Una tragedia incipiente

El 11 de abril de 2002 se produjo un intento de golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez. 

Para ese día se convocó una marcha opositora que tendría como objetivo recorrer los alrededores de Parque del Este, acabando en PDVSA Chuao, pero terminó con los manifestantes dirigiéndose hacia el Palacio de Miraflores en cuyos alrededores estaban simpatizantes del oficialismo desde dos días antes. Los opositores se encontraron con chavistas en Puente Llaguno, donde se desató una ráfaga de disparos que terminó con 19 muertos y múltiples heridos.

Héctor Rovaín, inspector en jefe de la PM, salió de su casa ese día en la madrugada sin saber lo que le esperaría para su vida después. A bordo de la unidad conocida como “la ballena”, el exfuncionario tuvo que interponerse entre los manifestantes y los pistoleros que dispararon desde Puente Llaguno. El vehículo en el que iba Héctor Rovaín quedó repleto de balas.

 

El funcionario fue condenado a 30 años por homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, lesiones personales graves y leves en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego.

Esa misma condena se les aplicó al agente Erasmo Bolívar y al distinguido Luis Molina. En el caso de Bolívar, este se encontraba en una ambulancia de la PM socorriendo a los heridos hasta que tuvo que abandonar el vehículo en la Avenida Urdaneta tras verse sometido al tiroteo en Puente Llaguno. Su arma de reglamento nunca fue disparada.

Tampoco fue disparada la de Molina, pero eso no fue impedimento para recibir una condena por los hechos del 11 de abril de 2002, al igual que los otros funcionarios, por las muertes de Rudy Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez, dos de las 19 personas fallecidas ese día, ambos simpatizantes del chavismo y los únicos por los cuales hubo juicio.

Presos políticos en cárcel de presos comunes

Hasta el 22 de octubre del 2021, los tres funcionarios de la PM estuvieron recluidos en la Cárcel Militar de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, hasta que en horas de la madrugada de ese día fueron trasladados a la cárcel Fénix, en el estado Lara.

“La vida de ellos corre peligro en cárceles comunes. ¿Hasta cuándo tanta maldad en su contra?. Les corresponde libertad tras 18 años y cinco meses presos”, denunció en ese momento Laura Pérez, esposa de Luis Molina.

Según cifras de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, este centro penitenciario está plagado de enfermedades y malos tratos. Incluso, según la ONG, en poco más de 14 meses fallecieron unos 30 reclusos.

Los padres de Héctor murieron sin poder ver a su hijo en libertad

Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, falleció a sus 83 años el 10 de septiembre del 2019, debido a un paro respiratorio. Toro estaba enfermo y su tratamiento se dificultó ante la escasez y el alto costo de medicinas para pacientes oncológicos.

En la última entrevista que le realizaron a Toro, recordó además que su esposa, la madre de su hijo, murió el 7 de junio del 2013 “sin poder ver la libertad de su hijo”.

“Mi nieto, su único hijo, tenía apenas siete años cuando se produjo la sentencia. El sueño de todo padre Héctor no pudo cumplirlo: llevar a su hijo de la mano al preescolar, a la primaria, no pudo asistir a su graduación para verlo con toga y birrete”, declaró Toro en el año 2017.

Beneficios procesales negados 

Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina debían gozar de los derechos procesales contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Con la mitad de la plena cumplida, el destacamento de trabajo permite a los reclusos salir a laborar y regresar al centro de detención cada noche. Sin embargo, este beneficio no ha sido otorgado.

En este régimen abierto, se envía al recluso a un centro de tratamiento comunitario, donde trabaja y pernocta de lunes a jueves; mientras que los días viernes, sábado y domingo duerme en su casa. Se otorga luego de cumplirse los dos tercios de la pena impuesta.

Asimismo, la libertad condicional establece medidas de presentación periódicas ante el tribunal y de ella se goza a partir de las tres cuartas partes de la pena. También, el confinamiento permite al detenido vivir a 120 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos.

Pese a que en la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal se eliminó la condición de confinamiento, los policías metropolitanos preservan sus derechos ya que fueron juzgados con el código anterior, reseña un artículo de Carolina González publicado en El Pitazo.

 

Pero además, los tres policías metropolitanos están amparados por la Ley de Redención Judicial de la pena que otorga un día en prisión por cada dos días de estudio o trabajo. Ese tiempo redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de esta.

Familiares exigen que se cumplan medidas alternativas a la condena

María Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, pide que el caso de su sobrino no sea olvidado, aunque también sabe que detrás de la condena de los policías metropolitanos llegaron muchas otras.

“Hoy pido nuevamente su libertad, que los dejen volver a casa, y a la gente que no deje de recordar que ese fue el punto de partida de la existencia de presos políticos en esta etapa que le ha tocado vivir al país”, exigió la tía del funcionario que está condenado a 30 años de prisión.

 

Además, María Bolívar recordó que los tres funcionarios están alejados de sus familiares, quienes residen en los estados Miranda y La Guaira. Los funcionarios están presos en la Cárcel Fénix de Barquisimeto con muy pocas visitas permitidas y sin alimentos, pagando una condena por crímenes que, aseguran, no cometieron.

Acceso a la Justicia: Estado venezolano no convence a la Fiscalía de la CPI al no mostrar avances en sus investigaciones
El Estado aseguró que la CPI carece de competencia para analizar lo ocurrido en Venezuela

 

Ningún efecto han tenido los numerosos documentos remitidos por el Gobierno venezolano, para frenar las investigaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, por el contrario lejos de alcanzar este objetivo pareciera estarlo reforzando, de acuerdo con el criterio de la ONG. Acceso a la Justicia.

Al menos este es el sabor de boca que dejó el informe de 22 páginas que el fiscal Karim Khan presentó el pasado 30 de marzo a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado internacional y en el cual respondió a las «observaciones» que las autoridades venezolanas consignaron respecto a su actuación.

El Estado venezolano aseguró que la CPI carece de competencia para analizar lo ocurrido en Venezuela, entre otras razones porque no se produjeron crímenes de lesa humanidad «ni siquiera superficialmente», sino algunos «hechos individuales y aislados de abuso policial», y que los mismos ya están siendo conocidos por los tribunales nacionales. Por último, acusó a la Fiscalía de esa instancia no garantizar el debido proceso.

Khan refutó las afirmaciones de las autoridades venezolanas; para ello empleó las afirmaciones e informaciones que ellas suministraron al juzgado.

«Las alegaciones del Gobierno de Venezuela de que “no se cometieron crímenes de lesa humanidad […], ni siquiera superficialmente” y que “no se cumple el criterio de gravedad” porque “solo se registraron incidentes individuales y aislados de abuso policial” respaldan la conclusión de que las autoridades de hecho no están investigando y enjuiciando los presuntos delitos».

En noviembre de 2021 la Fiscalía de la CPI consideró tener una «base razonable» para creer que desde 2017 en Venezuela se cometieron «de manera sistemática y generalizada» crímenes de lesa humanidad castigados en el Estatuto de Roma, tales como detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y malos tratos, violaciones y persecución por motivos políticos. Dichos crímenes dejaron miles de víctimas.

Puras palabras, pocas pruebas

Otro de los motivos por los cuales Khan considera infundados los señalamientos de las autoridades venezolanas es que estas han sido incapaces de probar que en realidad están castigando a los responsables de los hechos.

Khan denunció lo siguiente:

    «La Fiscalía sostiene respetuosamente que el Gobierno de Venezuela no ha satisfecho esta carga ya que la totalidad del material proporcionado no corrobora la existencia de investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía».

Además, puntualizó:

    «Los patrones y políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, los procesos internos se concentran exclusivamente en miembros de bajo rango de las fuerzas de seguridad del Estado (aparentemente autores materiales o directos), y una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto».

El Estatuto de Roma deja en claro que las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos no deben limitarse a los autores materiales, sino que han de incluir las presuntas responsabilidades en las que han podido incurrir altos mandos y superiores jerárquicos.

Sin embargo, en el caso venezolano esto no ha ocurrido hasta ahora, a pesar de que instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela recabó información que apunta a que altas autoridades ordenaron o permitieron la comisión de los crímenes constatados por la Fiscalía.

Si lo anterior no fuera suficiente, Khan denunció que los datos aportados por las autoridades no aportan información contrastable y verificable.

    «La Fiscalía no puede evaluar adecuadamente si ha habido un cambio procesal relevante en los casos individuales porque la terminología empleada por el Gobierno de Venezuela para referirse a su estado es ambigua e inconsistente. Por ejemplo, el Gobierno emplea términos tales como casos que están siendo “enjuiciados” o procedimientos “instituidos” sin más especificación de la acción investigativa o procesal precisa que implican estos términos bajo la ley aplicable. En otros casos, los términos se usan indistintamente, aunque no necesariamente son sinónimos, como “acusación” y “cargos” o “condena” y “condenado”».

Asimismo, consideró que el número de casos abiertos no reflejan la gravedad de la situación.

    «La Fiscalía encontró que había una base razonable para creer que, al menos, miles de opositores percibidos o reales fueron arrestados y detenidos sin base legal; varios cientos fueron sometidos a actos de tortura; más de un centenar fueron objeto de diferentes formas de violencia sexual y de género, y que dichas víctimas también fueron perseguidas por motivos políticos».

Las autoridades han informado que tienen 893 investigaciones abiertas por hechos ocurridos desde 2017. No obstante, la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la CPI recibió más de 2.000 documentos y videos de presuntas víctimas y sus familiares.

Guerra de dimes y diretes

Khan también defendió la actuación de su despacho y negó que haya incurrido en alguna violación al debido proceso, tal y como lo sostiene el Gobierno venezolano. Recordó que ha mantenido constante contacto con, lo cual «involucró extensas comunicaciones escritas y personales».

De la misma manera, explicó que su decisión de abrir una investigación sobre lo ocurrido en Venezuela no solo fue producto de la denuncia de un grupo de países que remitieron el caso en 2018, sino de un «extenso y exhaustivo» estudio de casi tres años y para el cual se revisaron cientos de informaciones y documentos remitidos por gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

La respuesta no sentó bien al Gobierno, que a través de la Cancillería emitió un comunicado el 3 de abril pasado, en el que acusó a Khan de «instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos».

Aunque, por un lado, el Estado fustigó la actuación de la Fiscalía, por el otro le solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares tiempo para contrarréplica el informe de Khan. La instancia aceptó la solicitud y le dio hasta el 20 de abril para presentar sus nuevas observaciones en un documento que no debe superar las 10 páginas. Se trata de la misma fecha en la que la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la CPI debe presentar su informe sobre lo presentado por las presuntas víctimas en relación a si consideran que el caso debe continuar o no ante la Fiscalía de la CPI.

DDHH Olvidados | A cuatro años del asesinato de Luigi Guerrero todavía no hay respuestas
Luigi Ángel Guerrero Ovalles de 24 años, fue una de las víctimas de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado el 23 de enero de 2019
Pese a que su propia madre se dedicó a investigar la muerte de Luigi durante ocho meses, aún no se ha hecho justicia y el caso sigue totalmente paralizado

 

El año 2019 inició con multitudinarias protestas antigubernamentales en todo el país. Unas controvertidas elecciones presidenciales que fueron calificadas como fraudulentas por la oposición y varios países del mundo, fue el detonante para que venezolanos en todo el país salieran a las calles para exigir la renuncia de Nicolás Maduro. Luigi Guerrero

Mientras Caracas estaba atónita y enérgica por el juramento de un líder de oposición que le devolvía al país la esperanza de un cambio, en San Cristóbal estado Táchira, arreciaba la cruel represión en contra de los manifestantes que exigían un cambio de gobierno. 

Una de las víctimas de ese 23 de enero de 2019 fue Luigi Ángel Guerrero Ovalles de 24 años, un joven estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes (ULA) que por primera vez salía a la calle para ejercer su legítimo derecho a la protesta. 

Julieta Ovalles, madre de Luigi, lo describe como un joven pacífico y miedoso, incapaz de hacer algo malo y mucho menos violento. Ese día ella no sabe ni siquiera qué motivó a Luigi a ir a la marcha porque “a él no le gustaban esas cosas”. 

Según la ONG Foro Penal, entre el 21 y 27 de enero de 2019, 35 venezolanos fueron asesinados en diferentes manifestaciones y protestas, en distintas ciudades del país.

 

“Dios me decía que lo buscara ahí”

En horas de la tarde comenzaron a rodar las noticias de heridos en las protestas y Julieta al ver que su hijo no llegaba, impulsada por su instinto maternal y su inquebrantable fe en dios se lanzó al Hospital Central de San Cristóbal sin saber si su hijo estaba ahí. 

Julieta llegó al hospital y se adentró hasta la emergencia buscando a su hijo en la lista de heridos y fallecidos, pero no lo encontró. Nadie respondía a ese nombre ni a esa cédula de identidad. Según su testimonio, “la situación en el hospital era una locura por la cantidad de heridos que llegaban golpeados, heridos de bala y de perdigones”.

Desesperada por no encontrar a su único hijo, una señora la vio tan angustiada la miró y le dijo que buscara en la morgue porque no eran solo dos muertos los que habían llegado, sino que eran cuatro. 

Para descartar que se trataba de Luigi, Julieta subió hasta la morgue acompañada de su mamá, pero cuando intentaron ingresar un efectivo militar la detuvo en seco y le dijo que ahí no había ningún muerto con ese nombre ni con las características que ella decía. 

Julieta no se dejó amilanar y siguió insistiendo en querer saber quiénes eran los cuatro muertos que habían ingresado a la morgue. “Yo quiero ver a los muchachos que tienen ahí”, le dijo Julieta, pero el militar se puso furioso y comenzó a gritarle y a decirle que se fuera. 

Pasado un tiempo, Julieta y su madre permanecían apostadas en la morgue, hasta que el mismo militar empezó a preguntarle si su hijo tenía brackets, si tenía tatuajes y si tenía alguna cicatriz, a lo que Julieta respondió que sí a todo. 

“Yo que apenas le respondí todas las preguntas, él se va a hablar con unos tipos que eran del Sebin y del Cicpc, cuando los tipos se van, me muestra una foto y era la cara de mi hijo”, dijo Julieta.

“Me tocó investigar la muerte de mi hijo”

“Luigi llegó vivo al Hospital Central de San Cristóbal”, solo tenía un impacto de bala en el intercostal izquierdo, pero él llegó vivo”, dijo Julieta. 

“Cuando me entregaron el cadáver de Luigi, yo le pregunté al forense si había llegado vivo y él me respondió: “señora debió haber llegado vivo porque aquí a la morgue me lo trajeron calientico”, me dijo que traía una vía y un tubo, dijo Julieta. 

La madre de Luigi Guerrero afirmó que ella misma se tuvo que poner a investigar la muerte de su hijo en vista de todas las contradicciones que había en el expediente. “A los ocho días de haber enterrado a mi hijo me puse a investigar”, dijo. 

Después de eso se dedicó a entrevistar a médicos y enfermeros que atendieron a Luigi cuando llegó herido. Todos le confirmaron que había llegado vivo con un impacto de bala y que ellos, por un procedimiento para salvarle la vida, le abrieron otro orificio para drenar porque tenía hemorragias internas. 

“Los doctores me dijeron que lo estaban atendiendo cuando llegaron varios efectivos policiales del Sebin y del Cicpc y lo rodearon e impidieron que los médicos hicieran su trabajo”, agregó que por todo el desastre que había en ese momento en el hospital, los doctores dejaron a Luigi solo con los efectivos policiales.

Julieta aseguró que en la muerte de su hijo están involucrados funcionarios del Faes, Sebin, del Cuerpo de Investigaciones Científicas y además colectivos infiltrados en la protesta que les pagaron para que reprimieran la protesta.

“Cuando el médico forense me entregó el cuerpo de Luigi, tenía la nariz partida, la boca reventada, hematomas en los brazos y en todo el cuerpo, parecía que le había pasado un camión por encima, pero además tenía tres orificios en el intercostal izquierdo”, dijo Julieta.

“A mi hijo lo golpearon, lo torturaron y además lo remataron, le dieron otro tiro cuando aún estaba en el hospital. A estas alturas, cuatro años ya han pasado y no se ha investigado nada, pese a que yo presenté muchas pruebas en la fiscalía”, agregó Julieta Ovalles. 

Sin avances en la investigación 

Julieta Ovalles expresó que todos los casos de los muchachos que asesinaron en protestas los tienen olvidados. Explicó que el caso de su hijo está totalmente paralizado. “Cuando pasaron dos años de la pandemia fui nuevamente a la fiscalía a ver qué había pasado con el caso, pero todo sigue igual en la Fiscalía 20”. 

“Ellos -los de la fiscalía- buscan bajarle la moral a uno para después llamar y decir: “mire han pasado 4 o 5 cinco años usted da la autorización de cerrar el caso porque así hicieron con un señor aquí que le mataron a su hijo”, dijo. 

Julieta indicó que el caso de su hijo lo ha denunciado ante instancias internacionales. Recientemente se sumó a la convocatoria que hizo la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela a través de un formulario online. 

La CPI informó que recibió más de 7 mil casos en donde hubo violación a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Julieta confía que tarde o temprano se hará justicia en el caso de su hijo.

 

 

*Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de Justicia, Encuentro y Perdón

 
Investigan muerte de un privado de libertad en cárcel Yare III
César José Bohorquez Peralta sufrió una caída y luego convulsionó 

 

Funcionarios del Eje del Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy indagan la muerte de un privado de libertad que estaba recluido en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda. El deceso ocurrió la tarde del miércoles 29 de marzo. 

El fallecido fue identificado como César José Bohorquez Peralta, de 23 años. El mismo estaba preso desde el 2 de marzo de 2022. 

Las primeras investigaciones adelantadas por el Cicpc dan cuenta que Bohorquez Peralta sufrió una caída que ameritó su traslado a un centro asistencial de la entidad. De este lugar fue referido al hospital Victorino Santaella de la ciudad de Los Teques. 

Una vez de alta, el privado de libertad fue regresado al penal, y llevado a su celda. Allí empezó a convulsionar y falleció de manera inmediata. El cuerpo fue ingresado a la sala de cadáveres del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia de ley.