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Reclusas de la PGV denuncian que pagan para recibir paquetes de familiares
Se estima que la “vacuna” sobrepasa los 10 dólares

Un total de 103 mujeres tras las rejas en el anexo femenino de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en San Juan de los Morros, estado Guárico, denunciaron que además de las condiciones inhumanas a las que sobreviven dentro del penal, también tienen que pagar para recibir la paquetería (alimentos e insumos personales) que les llevan sus familiares.

Según conoció el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las reclusas son víctimas de presunta corrupción por parte de funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, quienes supuestamente cobran a los familiares para permitirles el ingreso de alimentos u otros paquetes, no quisieron revelar un monto exacto, pero se estima que sobrepasa los 10 dólares.

Por su parte, los familiares aseguraron que la mayoría no tienen recursos suficientes para proveer a las mujeres detenidas y lo poco que les llevan es producto de un gran esfuerzo, todo esto aunado al gasto de transporte. Es por esta razón que trasladarse hasta la PGV se ha convertido en un calvario.

De la misma forma aseguraron que las 103 privadas de libertad sufrieron demasiado por la escasez de alimentos, pues su dieta diaria estaba basada en bollos, arepa sin relleno o alguna verdura cocida. Tras varios reclamos, la directiva del anexo femenino ha tomado algunos recaudos para mejorar la situación, pero las reclusas temen que en cualquier momento vuelvan a lo mismo.

En cuanto al agua potable, el equipo del OVP conoció que el líquido es suministrado a través de camiones cisternas.

Visitas restringidas

Por el contexto de la pandemia por COVID-19 en Venezuela, las visitas a los privados de libertad fueron restringidas para evitar la propagación del virus; sin embargo, mucho antes de esto ya las mujeres tenían ciertas condiciones para ver a sus familiares.

Dentro de este penal continúan restringiendo las visitas de hombres, por lo que las reclusas tienen mucho tiempo sin contacto con sus padres, hermanos y parejas. Además tienen derecho a visita conyugal siempre y cuando el Ministerio de Servicios Penitenciarios lo permita tras efectuar un papeleo.

En tanto, los niños solo pueden ingresar en fechas especiales como navidad, día de las madres o día del niño. Desde el año pasado las mujeres privadas de libertad en la PGV no han podido abrazar a sus hijos, situación que se repite en los recintos penitenciarios de todo el territorio nacional.

Niños indígenas de Amazonas sin acceso al Registro Civil
El principal argumento de funcionarios para no atender a la población es la pandemia de la Covid-19

Varias comunidades indígenas están afectadas por la falta de registro y expedición de actas de nacimiento en las comunidades indígenas de todo el municipio Atures. Se trata de una constante en los ejes carreteros norte, sur, y sureste, así como en las comunidades indígenas de las periferias de Puerto Ayacucho.

En el eje carreto norte, Kelwin Martínez, indígena jivi nos informa que tienen alrededor de 50 niños sin partida de nacimiento, específicamente en las comunidades Topocho y Albarical, señala que el principal argumento de los funcionarios del Registro Civil del municipio para no atender a la población es la pandemia de la Covid-19.

En la comunidad El Mangal, sector Alto Carinagua del municipio Atures, denuncian que tienen varios niños con problemas en sus actas de nacimiento por errores del Registro Civil: niños con el apellido mal escrito y otros con errores en cuanto el nombre de los padres.

Pedro Jimenez Ponare, señala que su hija Marylexis fue inscrita en el Registro Civil, con una fecha de nacimiento posterior a la cual fue presentada, es decir, nació en agosto del 2005, fue presentada en septiembre y aparece inscrita como nacida en octubre.

En el eje carretero sur, el activista de derechos humanos, Andry Sarmiento lleva el registro de más de180 niños y niñas sin partidas de nacimiento en las comunidades Platanillal, Rueda, Coromoto, Porvenir entre otras del municipio Atures.

En 2019, la entonces Defensora Delegada del Pueblo en el estado Amazonas, María Daniela Maldonado, declaró haber recibido muchas denuncias en su despacho de padres y representantes, en los municipios del interior del estado porque no estaban funcionando los registros civiles, vulnerando esencialmente a los niños y adolescentes indígenas, situación que según moradores de esos municipios se ha agravado con la emergencia por por la Covid- 19.

A esto se suma el problema de la expedición de cédulas de identidad por primera vez, sobre todo en las comunidades indígenas.

En el año 2020, el SAIME y el Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas anunciaron un plan especial de cedulación indígena, voceros de varios pueblos y comunidades indígenas del estado expresaron su malestar porque tuvieron que esperar varios meses por el tan mentado plan.

Además, les solicitaban varios requisitos como hojas blancas, carpetas, varias fotocopias de la cédula de identidad, acta certificada de nacimiento con su rectificación, todas con gastos que resultan muy elevados para los indígenas, con el agravante de que finalmente el operativo nunca se llevó a cabo.

Denuncian retardo en despachos de comida en internado judicial de Maracaibo
Los detenidos suele comer arroz blanco de almuerzo y cena

Familiares y privados de libertad del Internado Judicial “Doctor Francisco Delgado”, antiguo retén de El Marite, denuncian retardo en el despacho de alimentos al centro de reclusión. Hasta una semana pueden permanecer sin alimentos los reclusos. 

“El Ministerio debe proveerles cada 15 días de comida y no lo están haciendo. Cuando traen les dan arepa con mantequilla no más en el desayuno y cena y de almuerzo les sirven arroz solo. De bebida solo toman agua”, puntualizó una pariente, quien aseguró que cuando los alimentos comienzan a mermar les reducen las raciones diarias. “A veces solo les dan desayuno”.

Un recluso explicó, vía telefónica, que del 16 al 19 de febrero de 2021 ni él ni sus compañeros de celda probaron alimentos. “Comida no hay y tampoco dejan a la familia pasarla. Solo les permiten pasarnos productos de higiene una vez a la semana y más nada, mientras nos morimos de hambre”.

No es la primera vez que durante la pandemia de Covid-19 los detenidos denuncian escasez de comida dentro del penal, la directiva se vio obligada, el 18 de julio de 2020, a flexibilizar su política y permitir el ingreso de alimentos no perecederos al internado judicial.

“Gracias a Dios nos dejaron traerle las cosas (a los privados de libertad) porque se estaban muriendo de hambre, no les estaban dando comida, cuando mucho un plato de arroz solo con agua y estaban a punto de una contaminación por no tener jabón para bañarse ni lavar la ropa, mi hermano ya estaba en riesgo de infección”, era la denuncia en la que coincidían, en ese entonces, los familiares a la puerta del penal.

Nota de Prensa Mar 02, 2021 | Actualizado hace 5 días
Inició campaña #SaludParaTodas
Con la participación de siete organizaciones civiles 

Este 1 de marzo arrancó la campaña #SaludParaTodas, es nuestro derecho, producto de la alianza de organizaciones para promover el derecho a la salud de las mujeres en el país.

Con más de 100 piezas comunicacionales, a través de las distintas redes de las organizaciones que integran esta alianza, y durante mes y medio, se visibilizarán las condiciones de salud que viven las mujeres, se interpelará al Estado como ente regulador, y se interpelará a la práctica médica androcéntrica, y patriarcal del sistema de salud. 

Como parte de la campaña el 18 de marzo, vía zoom, se presentarán las Pautas y Recomendaciones de Atención y Salud Integral de Calidad, construidas colectivamente gracias a la participación de mujeres usuarias del sistema de salud, operadoras en salud, prestadoras de servicios, para brindar mejoras en el acceso y atención a la salud integral a las mujeres venezolanas en tiempos de Covid 19. 

Igualmente, el 7 de abril serán publicados los resultados del estudio La salud de las mujeres en Venezuela: crisis del sistema sanitario y COVID-19, una investigación sobre la situación de niñas, adolescentes y mujeres a través de encuesta y obtención de información de salud en historias clínicas de los servicios de ginecología y mastología de ALAPLAF, en Barquisimeto, estado Lara; de FUNCAMAMA en Valencia, estado Carabobo; y de PLAFAM, en Distrito Capital y estado Miranda. 

La Alianza Organizaciones Salud para Todas, con un objetivo común: las mujeres, está integrada por ALAPLAF, AVESA, FUNCAMA, Las Comadres Púrpuras, MUDERES, PLAFAM, Unidad de Estudios de Género Bellacarla Jirón, y forma parte del proyecto Organizaciones de mujeres venezolanas comprometidas con la igualdad de género como pieza clave para el desarrollo del país, que desarrollan Avesa y Aliadas en Cadena con el financiamiento de la Unión Europea.

Esta alianza es una suma de experiencia, conocimientos y solidaridad a favor del derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una atención en salud con calidad y enfoque de género.

 

DDHH olvidados | Yo misma me dediqué a averiguar la muerte de mi hijo”
El joven Luigi Guerrero fue herido en una manifestación en el estado Táchira el 23 de enero de 2019
Ante la negligencia de los cuerpos de seguridad y de justicia, su madre se encargó de investigar la muerte de su único hijo

Luigi Guerrero nunca había ido a una marcha. Pero el 23 de enero de 2019 se animó a salir a las calles a manifestar. Lo decidió esa misma mañana cuando vio cómo las personas de su comunidad se preparaban para ir al centro de Táchira, donde tendría lugar la concentración. Vio que sus vecinos iban en grupos, familias completas con niños, y le pareció que no habría peligro. 

Como fue de imprevisto y no había hablado con sus amigos para ir a la concentración, fue solo. Le dijo a su madre Julieta Ovalles que a eso de la 1:00pm ya estaría de regreso. Para evitar que lo robaran, dejó su cartera con sus documentos en casa y se fue con un termo de agua y unas mandarinas. 

El reloj marcó la 1 y no había señales de Luigi. Dieron las 3:00 pm… Y nada. Julieta comenzó a preocuparse porque no sabía nada de su único hijo. Desde su casa escuchó en la radio del vecino que en el centro había enfrentamientos, dos muertos y ocho personas heridas. Inmediatamente pensó que a Luigi le había pasado algo. 

“Él era muy responsable y tenía que trabajar en la tarde. Además que él no estaba acostumbrado a la violencia y es una presa más fácil porque no sabría cómo actuar. Yo me lo imaginaba a él atrapado en medio de todo eso sin saber qué hacer”. 

Julieta se acercó al Hospital Central de San Cristóbal acompañada de su madre. El joven no aparecía en la lista de heridos ni en la de muertos. “Como Dios existe, una señora que estaba en la emergencia me dijo que era mentira que hubiera dos muertos, sino cuatro y los tenían en la morgue del hospital”. 

Subieron a la morgue y un muchacho que cuidaba la entrada le dio los nombres de los fallecidos, pero no figuraba Luigi Guerrero. Julieta no se conformó: “Me dicen que aquí hay cuatro muertos. Yo quiero verlos”. No tenía pensado moverse a buscar a su hijo a otro sitio hasta que no le dieran más información. 

De tanto insistir, el muchacho comenzó a hacerle preguntas. Si su hijo tenía aparatos, si tenía tatuajes, si tenía alguna marca característica en el cuerpo. Para todas, las respuestas eran positivas. Y el joven no pudo evitar expresar su sorpresa. Minutos después vio cómo del lugar salía un vehículo con dos hombres “con pinta de matones”. El joven que la había atendido le dijo que eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). 

En la morgue le preguntaron por el número de cédula de su hijo. El muchacho encargado se acercó a ella con un celular. “Señora, le voy a mostrar una foto de los tatuajes para que usted lo identifique”. Ahí estaban: un paisaje y una flor.  

Pero Julieta no se conformó con eso. Quería verle la cara porque sentía que cualquier otro joven podía tener el mismo tatuaje que su hijo. Hasta que le mostraron la foto que ella necesitaba ver, pero no pudo evitar el asombro porque su hijo estaba irreconocible. “Tenía la cara muy golpeada, inflamada. La nariz partida y la boca reventada”. 

No le quisieron entregar el cuerpo de Luigi hasta que no fuera al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). “Cuando me lo entregaron al otro día parecía que un camión le había pasado por encima. Estaba todo golpeado, la cara y el cuerpo. Tenía muchos morados”, cuenta. 

Julieta no pudo ni quiso quedarse de brazos cruzados con todo lo que vio del estado en el que se encontraba Luigi. “Yo misma me dediqué a averiguar la muerte de mi hijo porque fue demasiado sorprendente que me lo entregaran todo vuelto nada”. 

Empezó a averiguar qué había pasado en el hospital. Duró tres meses yendo al centro de salud a hablar con médicos, enfermeras, trabajadores. Quienes recibieron a su hijo, quienes estaban ese día. 

Los doctores le contaron que cuando Luigi ingresó a la emergencia, fue rodeado por efectivos del Sebin y del CICPC. “Mi hijo llegó vivo al hospital, lo atendieron en la sala de emergencia. Hubo un momento en que los médicos se fueron porque alguien dio la orden y lo dejaron solo con los agentes. Fue cuando lo golpearon, estando malherido”, explica Julieta. 

Los trabajadores del hospital detallaron que había llegado al centro de salud con una herida de bala y tuvieron que hacerle una abertura en el costado izquierdo del cuerpo para drenar la sangre porque tenía un derrame interno. Dos orificios. Y sin moretones. “Pero cuando a mi me lo entregaron, él tenía tres huecos seguidos en el costado izquierdo. Estando ahí le dieron otro tiro más”. 

Represión en todo el país

Luigi Guerrero fue a su primera marcha el 23 de enero de 2019, el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela. 

Al menos 33 personas fallecieron entre el 21 y el 24 de enero de 2019, en medio de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado a las protestas contra Nicolás Maduro. En 2017, ese número de muertes solo se había registrado tras 25 días de confrontaciones. 

La ola de protestas de 2019 estuvieron marcadas por la espontaneidad, por haberse trasladado del este al oeste o centro de Caracas y por ocurrir al caer la noche, casi siempre después de las 8:00 p.m. Las Adjuntas no fue la excepción: habitantes de Catia, La Pastora, la avenida Fuerzas Armadas, Altavista, Coche, La Vega, San Martín también salieron a las calles a exigir un cambio político. 

También se registraron saqueos, allanamientos ilegales y enfrentamientos de grupos paramilitares en zonas como Petare, El Junquito o el 23 de Enero. Entre el 21 y el 25 de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1023 protestas en todo el país. 

La represión también arreció. El OVCS identificó a 51 personas muertas durante las manifestaciones, en Caracas y otras ciudades, entre el 22 de enero y 7 de abril, la gran mayoría por impacto de bala. El 68% de los asesinados son atribuibles al uso excesivo de la fuerza pública, siendo la GNB la principal responsable y seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

El 23 de enero fue el día con más víctimas durante protestas en los últimos 20 años. El mismo día que Luigi Guerrero fue a su única y última marcha. 

Una madre que no se rinde

Julieta Ovalles se preocupó por documentar y registrar todo sobre la muerte de Luigi. Fue cientos de veces a denunciar lo ocurrido con su hijo y nadie le prestó atención. El caso de Luigi Guerrero está en Fiscalía, pero no ha avanzado nada desde aquel 23 de enero de 2019. Solo lo que ella se propuso buscar para la reconstrucción del crimen de su único hijo.

“Todo lo que se sabe sobre el asesinato de mi hijo es por la investigación que yo hice, ni la Fiscalía ni el CICPC han hecho su trabajo. Eso quiero que quede bien claro y así lo denuncio. Me pasé entre 8 y 10 meses investigando; la información que manejo es de primera mano”. 

Varias veces ha estado en el sitio donde Luigi cayó herido, visitó los comercios y contactó a las personas que estuvieron ese día en la zona. Habló con el personal médico que brindó los primeros auxilios a su hijo. Ubicó por redes sociales a los jóvenes que participaron en la manifestación, recopiló videos y fotos que la han ayudado a armar el caso.                                    

Sin embargo, con cierta desazón lamenta que todas las diligencias y demandas presentadas han sido desestimadas. Pero no desmaya, su determinación por honrar la memoria de su hijo y  el llamado a las autoridades a garantizar el derecho a la justicia consagrado en la Constitución Nacional, no cesan.

“Han hecho de todo para encubrir el asesinato de Luigi y se han burlado de mí. Yo exijo justicia al Ministerio Público y pido al ente encargado de las investigaciones, en este caso el CICPC, cumpla con su trabajo. Han sido crueles conmigo, con mi dolor de madre, pero Dios me dio esta fortaleza que me acompaña, mientras esté viva seguiré alzando mi voz”.

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón

Denuncian aumento de intimidación a sociedad civil por parte de cuerpos de seguridad
De 2019 a 2020 hubo un incremento del 157%

Cofavic, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional por los Derechos Humanos informaron que 84 ataques a activistas y diferentes ONG se produjeron en 2019 y 216 entre enero y octubre de 2020, lo que significó un aumento de 157%.

Sólo en enero de 2020, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 99 ataques e incidentes de seguridad contra activistas que comprenden detenciones, amenazas y allanamientos a oficinas.

Representantes de la defensa de los derechos humanos en Venezuela dicen que el nivel de acoso no tiene precedentes en el país y el objetivo es reducir el espacio de acción de la sociedad civil para consolidar el control político.

“En la provincia, en los sectores donde la gente está más aislada, pues la situación es mucho más riesgosa”, dijo Liliana Ortega, directiva de Cofavic.

Ortega citó el caso de cinco miembros del grupo Azul Positivo, que trabaja en la prevención del VIH en el estado Zulia; detenidos el 12 de enero por agentes de contrainteligencia militar.

Los detenidos fueron acusados de asociación para delinquir y legitimación de capitales, entre otros, según su abogada defensora, Lisseth Mogollón.

Tras una intensa campaña reclamando su libertad, que incluyó a agencia de Naciones Unidas, fueron excarcelados el 10 de febrero, pero deben presentar a los tribunales cada 30 días, de acuerdo con Mogollón.

“El gobierno lo que intenta es sustituir esa sociedad civil incómoda, neutralizar a los activistas que sean más independientes”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

 

 

 

 

Tuberculosis fue la pandemia de 2020 en centros de detención preventiva
Un informe de Una Ventana a la Libertad devela que 86 de las 208 muertes de reclusos que se produjeron el año pasado, fueron por causa de la enfermedad

La principal causa de muerte en los centros de detención preventiva venezolanos en el año 2020 fueron las enfermedades con un total de 143, es decir, un 68,75 % del total de 208 decesos, de acuerdo a un informe de la ONG, Una Ventana a la Libertad

Aunado a eso, 15 detenidos murieron en riñas, cinco en motines y tres por otras causas. A la crisis humanitaria compleja en el país se le sumó la pandemia del COVID-19 y las condiciones caóticas del sistema de salud se agudizaron.

Las cinco enfermedades que causaron el 87 por ciento de las muertes en los CDP fueron la tuberculosis, con 86 casos, la desnutrición, con 13 defunciones, problemas respiratorios con 12 muertes, problemas cardiacos, con ocho fallecidos y tuberculosis y desnutrición juntas con cinco casos. Los datos nos hablan de que en realidad hubo 91 casos de tuberculosis al sumar los cinco que también presentaron desnutrición. La tuberculosis es la verdadera pandemia en los CDP.

En más del 60 % de las muertes que se registraron en estos retenes policiales se debieron a enfermedades prevenibles y tratables.

Hacinamiento grave 

En segundo lugar, se encuentran las muertes por fugas, 42 ó 20,19 % del total. Estas muertes están básicamente relacionadas al proceso de recaptura que los funcionarios siempre refieren como enfrentamiento. De acuerdo con los registros de UVL, murió solo el 17, 28 % del número de fugados, lo que significa que la mayoría logró permanecer en libertad, aunque su vida esté permanentemente en riesgo.

La sobrevivencia en los calabozos policiales depende de los familiares de la población reclusa, quienes, pese a las limitantes de la cuarentena, a la escasez de combustible y a la falta de dinero en efectivo para movilizarse en transporte público, hicieron peripecias para llevarles alimento a sus privados de libertad.

El número de CDP con problemas de hacinamiento aumentó de 207 a 221 para el final del año, llegando al 80,95% de los 273 calabozos cubiertos por el monitoreo en 19 estados del país.

Para finales de año, de acuerdo con cifras extraoficiales confirmadas por Una Ventana a la Libertad en los 19 estados que tiene investigadores, se confirmó que en estos espacios estaban detenidos 22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22%) detenidas, para un total de 24.218 detenidos, cuando el cupo total disponible en los CDP era de 7.457.

En estos espacios se siguen acumulando hombres, mujeres e incluso adolescentes, muchos de los cuales han cumplido años a la espera de un cupo de traslado a un centro penitenciario y, algunos, hasta cumplen el tiempo de su sentencia en los CDP.

El uso y abuso de estos calabozos como cárceles de larga estadía es una violación de cada una de las personas detenidas que se encuentran en los mismos.

Los datos del informe anual de la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela se obtuvieron con el monitoreo constante (reflejado en alertas y boletines temáticos bimensuales) de 21 investigadores que están en terreno en 19 estados del país: Amazonas, Apure, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital y Área Metropolitana de Caracas, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia. El estado Miranda está dividido en tres sectores, debido a la cantidad de CDP ubicados en esa región: Valles del Tuy, eje Guarenas – Guatire y Altos Mirandinos.

 

Lea aqui el informe completo

Atraem: Comerciantes informales pagan al menos $1 para que los dejen trabajar
Denuncian que lo hacen con la complicidad de los cuerpos de seguridad 

El presidente de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem), Alfredo Padilla,  señaló que se ha venido reportando que “al menos 1$ diario deben pagar por matraca los comerciantes informales en las calles”.

Ante esto, Padilla resaltó que los cuerpos de seguridad “permiten la anarquía para poder cobrar peaje”.

El presidente de Atraem relató que en Catia, donde se observa mayor oferta de productos clasificados en la calle, llegan personas desde Barlovento para intercambiar productos que cosechan.