El Megáfono - Runrun

MEGAFONO

Indígenas de Sifontes cocinan a fogón, mientras revendedores comercian el gas en oro
Bolívar fue el tercer estado con mayor número de protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

Desde hace 5 meses no llega el gas doméstico a las comunidades indígenas del municipio Sifontes. En julio, Bolívar fue el tercer estado con mayor número de protestas, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la mayoría de ellas por gas doméstico.

Habitantes de la zona afirman que desde 2018 comenzaron las fallas que han venido en aumento, hasta la total desatención en la actualidad.

La denuncia fue formulada por las comunidades indígenas de los pueblos y comunidades pemon, akawaio, kariña y arawako del sector IV Kuyuni, entre ellas Utamo, Sororopan, Santa Lucia de Inaway, Araimötüpü, Joboshirima, San Juan de Venamo, Patawaparu, Pawarupay, Aramene, San Miguel de Betania, San Flaviano, Warumapatte, Apanao, San Antonio de Roscio, Paruruwaka, San José Km 16, San Martin de Turumban, Santa María de El Vapor, Kamaria, Soroma, San Luis de Morichal y La Cucharilla.

La molestia crece porque además de no recibir las bombonas en sus comunidades a través de los canales regulares, en la vía terrestre de la troncal – 10 la carretera internacional se ve floreada de gas y gasolina para la  venta a precio en oro.

Indígenas y no indígenas recalcan que el uso del fogón empeora la salud de los niños, jóvenes y adultos que vienen presentando casos virales con complicaciones respiratorias.

 

Kape Kape 

Familiares de Albán: Toda la cadena de mando del Sebin debe pagar
La familia nunca recibió copia del expediente del caso. Tampoco se realizó una autopsia independiente

A casi dos años de la muerte del concejal Fernando Albán, sus familiares agradecen a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que haya verificado que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son responsables del asesinato ocurrido el 8 de octubre 2018.

“El informe de la misión de la ONU ratifica lo que hemos pensado desde un principio: que fue un asesinato y no un suicidio, y que toda la cadena de mando del Sebin es responsable y debe pagar. Sí estamos avanzando en el camino a la justicia”, expresó Meudy Oslo, esposa de Fernando Albán, a través de una conferencia de prensa virtual.

En el informe de la misión de la ONU se señala que hay motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en la muerte de Albán, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida.

“La Misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”, se lee en el informe.

Para los familiares del concejal esto representa un aliciente y usarán el informe para impulsar la denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH).

El abogado del concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, consideró que el informe de la misión de la ONU no solo es relevante, sino también contundente.

“Considero que el informe es relevante y significativo en comparación a los anteriores. Este es un informe de determinación de hechos y, en ese sentido, tiene naturaleza probatoria. La misión busco documentos y hasta le dio oportunidad al régimen para que se defendiera”, señaló Aguilar.

 “Con este informe podemos insistir más en el caso. En el informe se precisaron las grabaciones en el piso 10 del Sebin, donde interrogaban a Fernando.  Tarek (William Saab, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente) dice que no hay imágenes en las cámaras, pero la misión aseguró existen mecanismos probatorios para mostrar lo que ocurrió”, ratificó.

Sin acceso al expediente

Beatriz Borges, del Centro de Justicia y Paz, recordó que el caso del concejal Albán estaba plagado de irregularidades, debido a que no se llevaron a cabo las actividades básicas en la investigación por parte del Ministerio Público.

“Los familiares nunca recibieron copia del expediente del caso. Tampoco se realizó una autopsia independiente, a pesar de ser solicitada por la CIDH, poco después de la muerte del concejal”, señaló.

Claudio Grossman, profesor de la Academy on Human Rights, señaló que la Fiscalía no tuvo disposición para comunicarse con los familiares Albán para hacer la autopsia independiente.

“Los familiares fueron perseguidos y hasta el abogado del concejal Fernando Albán tuvo que salir de su país; precisamente por insistir en la investigación en la muerte del concejal. Esta más que claro que existe una una responsabilidad de las autoridades superiores en este asesinato y en la persecución que existe”, expresó Grossman.

El jurista sostuvo que la falta de acceso a las pruebas y expedientes por parte de la familia y abogados del concejal “hablan por sí solas”.

DDHH olvidados | Geraldine Chacón: “No soy completamente libre”

@ValeriaPedicini

 

Llegaron de madrugada. Eran aproximadamente las dos de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando tocaron con fuerza la puerta de la casa de Geraldine Chacón. La joven pensó que se trataba de un secuestro cuando vio afuera de su hogar a unos cuantos hombres vestidos de negro de pies a cabeza, pasamontañas y armas largas. Pero todo quedó claro al ver el logo que llevaban los encapuchados en la ropa: el del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Contrario a lo que se podría pensar de una escena así, un funcionario preguntó amablemente por ella y pidió entrar a la vivienda. Como pensó que no tenía nada que esconder, los dejó pasar. Se pasearon por cada rincón del apartamento y tomaron fotos de todas partes, hasta del baño. 

Los efectivos del Sebin le dijeron que necesitaban entrevistarla pero no podía ser ahí, debía irse con ellos. Esa era la orden. “Nos tomará máximo tres o cuatro horas, te traemos de vuelta al culminar”. No mostraron orden de allanamiento ni detención. Geraldine tampoco se molestó en preguntar porque sabía que no tenían. Así que, sin muchas opciones, se vistió, agarró su celular y las llaves de su casa. Intentó calmar a su madre antes de salir: “Quédate tranquila, yo vengo ahorita”. 

La llevaron a El Helicoide, en el centro de Caracas. Al llegar, le quitaron el chip de su teléfono justificándolo como parte de un protocolo de rutina para entrar al sitio. Tomaron sus huellas dactilares y unas fotografías con un cartel que tenía su número de cédula. Funcionarios de distintos rangos le cayeron a preguntas: “¿Eres directora en Embajadores Comunitarios? ¿Conoces a los otros directores? ¿Dónde están? ¿Conoces a Víctor Navarro? ¿Qué hacen en la organización? ¿Quiénes son los donantes?”. La grabaron mientras la interrogaban. 

También le preguntaron por su afiliación política. Ella, irritada, respondió: “Si te sirve no pertenezco a ningún partido político, a ningún movimiento político, no soy activista política de ninguna naturaleza, ni siquiera del centro de estudiantes de la universidad”. Y era la verdad.

En ese momento, Geraldine estudiaba Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana y trabajaba en el Banco Central de Venezuela como asesora legal. Además, dedicaba más de 50 horas a la semana a su trabajo como Directora de Programas de la Fundación Embajadores Comunitarios, una organización no gubernamental educativa que trabajaba en el empoderamiento de jóvenes de zonas populares de Caracas usando el Modelo de las Naciones Unidas (MUN). Empezó ahí para cumplir el servicio comunitario obligatorio de su casa de estudios, pero terminó enamorada del proyecto y se quedó para formar parte del tren directivo. 

Horas antes de su detención, durante el día, había recibido tres noticias: habían apresado a un joven que formaba parte de Embajadores Comunitarios llamado Víctor Navarro, una comisión del Sebin se encontraba en la sede de la organización y que el director general Gregory Hinds había decidido ir voluntariamente a El Helicoide porque efectivos de la policía política le querían hacer preguntas. 

Había intentado comunicarse con él, pero no había tenido suerte. No sabía que horas después le tocaría a ella. 

A Geraldine la llevaron a una pequeña oficina. No tenía forma de saber la hora porque no había ni una pequeña rendija por donde pasara luz natural. Ahí estuvo casi dos días encerrada. Lloraba, gritaba, pegaba el oído a la puerta para ver qué lograba escuchar. Pero nadie hablaba con ella. Se sentía indignada, furiosa, asustada, desesperada. “Pasé por todo el espectro de emociones humanas en menos de 48 horas”.

Una doctora le hizo un chequeo médico básico. Al finalizar, le entregó un informe que pidió que firmara pero Geraldine se negó: en el lugar destinado para su firma decía “detenida”. Quedó atónita hasta que llegó un comisario del Sebin y le soltó un montón de preguntas. Él solo le contestó: “Lo que pasa es que tú estás privada de libertad”. Sin dar mayor explicación ni una razón. 

El funcionario le pidió firmar un papel titulado “Derechos del imputado” aun cuando le había sido violentados todos ellos: fue detenida sin orden judicial, no sabe de qué la acusan, está aislada, sin contacto con familiares o abogados, le han quitado sus pertenencias. De nuevo, Geraldine se negó.

Al día siguiente fue trasladada a los tribunales del Palacio de Justicia junto a su compañero Gregory Hinds para la presentación. En el camino hablaron poco, ambos tenían miedo. La audiencia fue pospuesta, pero Geraldine pudo abrazar por poco tiempo a su familia sin saber que pasarían muchos meses para volverlo a hacer.

La desesperación de una injusta detención

A Geraldine la recluyeron en la única celda de mujeres de El Helicoide. En esos 40 metros cuadrados había 26 detenidas, menos de dos metros cuadrados por reclusa. La mayoría estaban acusadas de delitos comunes. “Había de todo. Solo una estaba cumpliendo condena. Las demás eran procesadas. Fue una realidad desgarradora para mí, mujeres que tenían más de cuatro años sin ir al tribunal luego de su primera presentación”.

El desafío más grande de vivir en ese hacinamiento fue la falta de agua porque casi nunca llegaba a la celda de las mujeres. Eso iba por cuenta de los familiares, quienes se encargaban de enviarles semanalmente. Por esa razón el sitio estaba lleno de tobos, envases y botellas por todos lados. 

Moverse por las instalaciones con pocas restricciones era un privilegio reservado solo para los hombres. Sus captores les decían que tenerlas encerradas las protegía de eventuales asaltos sexuales. “El desprecio a la dignidad de la mujer era terrible, era pisoteada una y otra vez tanto por los funcionarios como por los presos, la violencia verbal y psicológica era impresionante”. Aunque no fue maltratada físicamente, escuchaba las golpizas que les propinaban a otras mujeres de su celda.

Geraldine sentía que su vida se había detenido. El aislamiento era desesperante. Pero entre las cosas que empezó a recibir de su familia, había algo muy valioso que pasó a significar todo para ella: las cartas. En medio de tanto caos, la ayudaban a sentirse menos desamparada. “Esas cartas eran mi esperanza de que no iba a desaparecer sin que alguien lo supiera, porque mi familia estaba afuera esperando, preguntando todos los días por mí, cada cinco minutos”.

Geraldine Chacón fue acusada de instigación pública y agavillamiento. Su familia, que se encargó de manejar el caso, fue asesorada por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional que la declaró presa de conciencia. A los dos meses de detención, le otorgaron una medida cautelar sustitutiva de libertad y ordenaron su liberación inmediata. Pero eso no sirvió de mucho: el Sebin hizo la vista gorda y pasó dos meses más en El Helicoide. 

En mayo, ocurrió lo impensable: presos políticos y comunes tomaron el control de las instalaciones para exigir revisión de sus casos y la liberación de aquellos con boleta de excarcelación. Y aunque el motín fue controlado, los detenidos tuvieron miedo de las represalias.

Pero Geraldine fue por más: junto a sus compañeras decide hacer una huelga de hambre. Las amenazaron, trataron de dividirlas, enviaron un autobús para trasladarlas al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) como último recurso de amedrentamiento. 

Cuando las obligaron a ponerse el uniforme de este centro penitenciario, Geraldine sufrió un ataque de pánico y se niega. Los efectivos, sin embargo, se lo ponen a la fuerza. Y aunque las demás abandonaron la huelga, ella siguió. 

La aislaron. Estuvo alrededor de una semana en una oficina, acostada en una camilla, sintiéndose débil. Cada día le tomaban fotos con los platos de comida que rechazaba y un cartel con fecha y hora.

El 1 de junio le dijeron lo que tanto había querido escuchar. “Hoy te vas de aquí, come”. No les creyó, pero decidió hacerlo. La montaron en un autobús que la llevó hasta el centro de Caracas. Le cuesta ver: era la primera vez que veía directamente al sol después de cuatro meses. 

En la Casa Amarilla, sede de la cancillería, se encuentra con otros presos políticos. Les explican que serían liberados por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Fueron obligados a firmar una declaración relacionada con su compromiso a la no participación en hechos violentos. Nadie se niega, ni siquiera Geraldine. No había otra opción. 

Libertad a medias

El Foro Penal Venezolano registró, entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 fueron selectivas y el resto se desarrollaron en el contexto de protestas. 

El caso de Geraldine Chacón fue mencionado por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas en su informe publicado el pasado 15 de septiembre. En el mismo se documenta la situación de derechos humanos en Venezuela y de todo el panorama general relacionado a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en la nación desde el año 2014.

“La Misión investigó 33 casos (donde las víctimas fueron 21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró fundamentos razonables para creer que el SEBIN arrestó, detuvo y / o torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos”. Además, aseguraron haber encontrados “motivos razonables para creer que agentes del Sebin torturaron o sometieron a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Y registraron que en varios casos investigados, funcionarios de la policía política no cumplieron con la liberación de los tenidos a pesar de las órdenes judiciales que aprobaban dicha liberación, como fue el caso de Geraldine. 

En el documento se analizó detalladamente el caso de la joven, un testimonio que ayuda a comprender las graves violaciones a los derechos humanos contra las mujeres durante su detención. La Misión de la ONU señaló que según los relatos recibidos por Geraldine, la práctica más común de tortura “consistía en colgar a las mujeres de las manos, vendarles los ojos y golpearlas por todo el cuerpo, mientras las llamaban ‘perras’ y otros insultos. Otras recibían choques eléctricos. La Sra. Chacón sabía que al menos una mujer intentó suicidarse en El Helicoide (…) Algunos funcionarios se dedicaban a lo que describían como relaciones con las detenidas a cambio de privilegios”. 

A pesar de haber sido puesta en libertad, Geraldine debe presentarse mensualmente ante el tribunal que lleva su caso como parte de la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad que aún pesa sobre ella y no puede salir del país. Hasta la fecha, sigue esperando su audiencia preliminar y el fiscal aún no ha presentado la acusación formal, en violación del plazo establecido por la ley, según explicó la Misión de la ONU.

“Me gustaría decir que con esa Geraldine se fue el miedo pero no puedo decirlo, la verdad. Yo no soy completamente libre, me siento vigilada. Tengo miedo de que me vuelvan a detener porque además es un expediente que no se ha cerrado, es un caso que pueden resucitar. Yo amaba los aeropuertos, amaba viajar, ahora no puedo acercarme a uno de ellos porque tengo pesadillas recurrentes de que me van a detener”. 

Tras lo ocurrido, también tuvo que afrontar el duelo que significó el desmantelamiento de Embajadores Comunitarios. Muchos miembros de la organización huyeron del país. “¿Qué hizo el Estado? Cerró muchas oportunidades, les tiró la puerta en la cara a todos estos muchachos en condiciones de pobreza y exclusión. En dos días acabó con una organización con más de 10 años de trabajo. No solo me da rabia, me da dolor ¿Cómo es posible esta brutalidad?”.


N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace

Geraldine Chacón Geraldine Chacón Geraldine Chacón Geraldine Chacón Geraldine Chacón

Codhez: Indígenas de Zulia en situación de desamparo de sus DDHH
Codhez señala que más del 80% del sector laboral y comercial se paralizó en la Guajira a partir del segundo trimestre de 2020, afectando a los indígenas

Foto: EFE

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó un nuevo boletín, donde señalan que el confinamiento por COVID-19 ha empeorado la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en esa entidad.

En dicho informe, se documentan las condiciones de vida de las personas de estos pueblos indígenas, que habitan en las zonas de Guajira y Perijá.

Específicamente, se destaca el deficiente suministro de servicios de luz eléctrica, agua potable, gas doméstico, salud, educación, y transporte público.

Asimismo, resaltan que las dificultades que tienen estos pueblos para acceder a los alimentos se ha agravado desde el mes de marzo con la aplicación de las medidas restrictivas relativas a la cuarentena colectiva y social.

Codhez señala que más del 80% del sector laboral y comercial se paralizó en la Guajira a partir del segundo trimestre de 2020, debido a medidas anunciadas por los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Guajira sin luz y en sequía

En el transcurso del año han sido comunes las denuncias por fallas eléctricas o cortes prolongados que se extienden más allá de las horas de racionamiento. El boletín de Codhez resalta la situación del 19 de agosto, cuando 80 comunidades de Paraguaipoa, es decir, más de 50.000 personas, quedaron sin servicio eléctrico debido a fuertes lluvias que provocaron una caída de guayas y cinco postes.

Al respecto, las autoridades manifestaron no contar ni con las herramientas ni el combustible necesario para trasladarse a atender las averías, y varios habitantes debieron organizarse para suministrar combustible a los camiones de Corpoelec. Sin embargo, esta circunstancia persistió varios días.

Inseguridad alimentaria que persiste

Apenas 15 días después de la declaratoria del estado de alarma y la subsecuente aplicación de medidas restrictivas, los habitantes de la región Guajira afirmaban que “no nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre”, dado el cierre de los puntos fronterizos donde, normalmente, compraban sus alimentos.

La inseguridad alimentaria entre los indígenas en el estado Zulia ha sido una problemática sostenida en el tiempo, pues tanto la accesibilidad como la disponibilidad de los alimentos necesarios para la nutrición de estos pueblos no han sido garantizadas por el Estado venezolano.

Perijá en riesgo por falta de combustible

La escasez de gasolina pone en riesgo la salud del pueblo yukpa. El 1° de mayo un niño mordido por una serpiente falleció por no contar con gasolina para trasladarlo oportunamente a un centro de salud que queda a 6 horas de su comunidad Santa Catalina. En junio se reportaron fallecimientos de personas yukpas por Covid-19. Los caciques yukpas solicitaron la venta de gasoil para el transporte del sector, pues sus pueblos se encuentran aislados y en una posición más vulnerable frente a cualquier tipo de afección contra la salud.

Boletín completo:

Codhez – Boletín agosto 202… by Andrea González Parra

Nota de Prensa

Una Ventana a la Libertad: Presos de la policía estadal piden reanudar visitas familiares en Carúpano
Desde el 17 de marzo, están suspendidas las visitas familiares en el centro de detención preventiva por la cuarentena decretada por el Gobierno de Nicolás Maduro, para prevenir la propagación del COVID-19

Foto: AFP

Los 146 privados de libertad que están detenidos en el Centro de Coordinación Policial Gral. Jefe José Francisco Bermúdez en Carúpano, estado Sucre, solicitan reanudar visitas familiares. La petición la realizaron ante los medios de comunicación y redes sociales, el sábado 12 de septiembre.

Mediante el texto enviado sostienen que desde hace seis meses no tienen contacto con sus familiares sólo reciben algunas correspondencias que les hacen llegar los funcionarios policiales.

“Nuestras familias se están destruyendo a consecuencia de la falta de contacto. Necesitamos que nos permitan recibir nuevamente visita de nuestros parientes “, apunta el texto.

Una Ventana a la Libertad contactó a familiares de los detenidos este domingo, 13 de septiembre, quienes detallaron que desde la llegada de la pandemia no saben cómo están dentro del centro de detención. Además, se suma el cierre de los tribunales que retrasó los procesos judiciales.

“Yo vengo desde otro municipio para traer alimento a mi hijo y no siempre puedo venir. Cuándo es radicalización no puedo pasar, no sé cómo está ni cómo resuelve cuándo no le traigo alimentos . Queremos también que los tribunales reanuden sus actividades “, refirió una de las madres de los detenidos.

 

Los familiares manifestaron que necesitan saber las condiciones de los presos y por qué en la sede policial no ofrecen detalles de los reos a pesar de solicitarla.

También, es de destacar, que desde el 17 de marzo están suspendidas las visitas en los centros penitenciarios por la cuarentena decretada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Una Ventana a la Libertad

Provea: 1.611 personas fueron asesinadas por policías y militares de enero a junio de 2020
El estudio reveló que la FAES-PNB es el organismo policial más letal

 

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en un trabajo conjunto con el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas (Centro Gumilla), alertó que durante los primeros seis meses de 2020, los cuerpos de seguridad del Estado asesinaron a 1.611 personas, con un promedio de nueve muertes diarias.

Según la investigación de Provea y el Centro Gumilla, quienes desde 2019 iniciaron un procedimiento de contraloría social respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares, la mayoría de las víctimas son jóvenes de bajos estratos en edades comprendidas entre los 18 y los 30 años de edad.

De acuerdo a la ONG, las víctimas de este tipo de violencia «son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista».

En ese sentido, enfatizó que los efectivos actúan con libertad porque saben que su conducta no será investigada ni será objeto de sanciones disciplinarias, aunado al respaldo que éstos tienen por parte de los gobernadores, alcaldes, ministros y otros funcionarios públicos.

Alertó Provea que existen casos donde las autoridades actúan con discriminación y celeridad, como fue el caso de los periodistas en el estado Zulia que fueron asesinados a manos de los funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ya que sugiere que como eran adscritos al partido de gobierno, se trabajó con rapidez.

Sin embargo, aquellos sin «padrino político» viven una situación distinta porque se toma como cierta la versión que ofrecen los cuerpos de seguridad, que por lo general refieren que hubo un enfrentamiento, y por ello el Ministerio Público no investiga. Además, advierte que «en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública se presume la realización de ejecuciones extrajudiciales».

El estudio reveló que la FAES-PNB es el organismo policial más letal, ya que de las 1.611 personas asesinadas de enero a junio de 2020, el 25,8% son atribuidos a ese cuerpo de seguridad. En otras palabras, son responsables de la muerte de 417 personas.

Mientras, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tiene en su haber unos 400 asesinatos, lo que equivale al 24,8%, mientras que las policías estadales se les atribuye el deceso de 399 personas, siendo la del estado Zulia considerada la más letal al ser responsable de 122 muertes; seguida por PoliAragua con 65 y PoliCarabobo con 54.

La Fuerza Armada Nacional (FAN) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional (GN), y de acuerdo a Provea y el Centro Gumilla, de las 55 presuntas ejecuciones que se perpetraron en 2019 y que se le atribuye su presunta participación, en el primer semestre de 2020 se incrementó en 403%.

Las policías municipales por su parte, fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.

*Vea el informe completo AQUÍ

DDHH olvidados | “Tu muerte no va a ser en vano”

 

La muerte de Miguel Fernando Castillo Bracho fue instantánea. Después de ser herido, alrededor de las 2:30 p. m. del miércoles 10 de mayo de 2017, unos compañeros lo trasladaron en moto a la Policlínica Las Mercedes pero llegó al sitio sin signos vitales. 

Una radiografía que le hicieron a su cuerpo sin vida apenas fue ingresado reveló la causa: una esfera de cristal había entrado y salido por su brazo izquierdo para después perforarle el pulmón y alojarse en su corazón. 

La primera de la familia en llegar al centro de salud fue su hermana Luisa. El extraño malestar que la había acompañado durante el día tuvo sentido cuando supo que a Miguel lo habían lastimado. 

Cinco minutos después, la segunda en pisar la clínica fue Carmen Bracho, la madre de ambos. Era directora de recursos humanos de la Policía de Baruta y para el momento tenía acceso a un radio en el que comunicaban información de las protestas callejeras en Caracas. Había escuchado que habían herido a un joven, pero por su cabeza nunca alcanzó a imaginar que se trataba del menor de sus tres hijos.

Los médicos la estaban esperando. “Miguel no aguantó”, le dijeron. Carmen se derrumbó. Y Luisa, que estaba viendo todo a través de unos ventanales de la clínica, comprendió lo que había pasado: su hermano se había ido.  

Todo cambió. 

Miguel era efusivo, bromista, inquieto. Su torbellina presencia acostumbraba a retumbar con fuerza y ternura en cada rincón de la casa que compartía con su madre, su abuela y su hermana por quienes desarrolló un instinto protector. “Amaba la vida, amaba vivir”. Pero donde antes había alboroto y risas, desde ese día de mayo solo reina un silencio desgarrador. 

Luisa sintió que le quitaron el piso mientras caminaba. Atravesar el duelo de su hermano al que consideraba “gemelo de alma” no ha sido tarea sencilla. 

En ocasiones siente que lo ocurrido es una película de terror y que en cualquier momento su hermano entrará por la puerta. Pero ha logrado mantener el vínculo de una forma particular: los sueños. “Deja la lloradera que estoy bien”, le dijo la primera vez que lo vio mientras dormía. “Eso me ha ayudado muchísimo porque siento que a través de los sueños él me ha llevado por un camino de recuperación. Me ha fortalecido y me ha permitido seguir”. Cada semana sueña al menos una vez con él. 

Los primeros días después de su muerte, Carmen solo lloraba. Le costaba pronunciar palabra. Le atormentaba el hecho de que su hijo hubiera sufrido. Asistió a muchos de los homenajes que hicieron en su nombre. La Universidad Santa María, donde el joven de 27 años estudiaba Comunicación Social, le concedieron la orden en la primera clase de dicha casa de estudios. 

También se destacó como un gran deportista. “Jugaba fútbol, baloncesto, todo lo que tuviera una pelota de por medio”. Pero lo suyo era el béisbol, donde jugaba la posición de campocorto. En una oportunidad lo evaluaron para ser incorporado a las ligas menores norteamericanas. 

Miguel se fue sin cumplir sus sueños. Entre ellos estaba combinar sus dos grandes pasiones: quería estudiar una especialización en periodismo deportivo en Argentina. Su madre lo piensa y se lamenta. “¿Cómo es posible que un muchacho tan joven, tan lleno de vida, lo maten así?”.

El camino de la impunidad

Desde que se enteró que su hijo había fallecido, Carmen le pidió a Dios que no dejara que el odio entrara en su corazón: “Así no puedo resolver nada”. Una petición que sería más que necesaria porque el camino para encontrar justicia por la muerte de su hijo ha sido largo y escabroso. 

Al regresar a casa de la funeraria, Carmen vio cómo en televisión nacional pasaban una versión oficial de la muerte de su hijo ocurrido hace pocas horas en el programa “Con el mazo dando”. La misma tesis fue respaldada por otros representantes del gobierno y por Nicolás Maduro, quien mostró en cadena la supuesta esfera de plomo que había servido como munición.

La versión del gobierno era que a Miguel Castillo lo habían asesinado sus propios compañeros de protesta, porque la metra había sido disparada a pocos metros de distancia de donde él se encontraba. A pesar de los múltiples videos y testimonios que servían de pruebas, aseguraron que en el sitio no había funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El mismo día de su muerte, varios manifestantes recogieron cartuchos de perdigones que habían sido alterados para aumentar su letalidad.

Esto fue documentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). “Las fuerzas de seguridad emplearon armas de fuego con municiones más dañinas, tales como perdigones, metras y piezas de varilla metálica”. Registraron la muerte de al menos 14 manifestantes que fueron impactados con este tipo de municiones durante las protestas antigubernamentales de 2017.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala. 

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

Carmen vive con la necesidad de que el culpable de la muerte de su hijo sea identificado. Aunque un fiscal del Ministerio Público se acercó al lugar donde falleció Miguel y se hicieron las diligencias de rigor, hasta la fecha no se sabe nada. El caso aún se encuentra en etapa de investigación y el organismo no ha dictado acto conclusivo.

“Esto realmente es muy duro, sobre todo porque tú no ves por ningún lado que se haga justicia porque lo del Miguel está totalmente trancado”, expresa. Las mentiras del discurso oficial en torno a la muerte de su hijo la han lastimado profundamente.

Vive atormentada por una sed de justicia que más de tres años después no llega. Pero ella le hizo una promesa a Miguel: “Papi, yo me muero el día que consiga justicia por esto, porque tu muerte no va a ser en vano”.

Acceso a la Justicia:
El uso de la criptomoneda creada por el régimen de Maduro para evadir las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, es ajeno a la regulación del sistema financiero y monetario del país

 

Pese a que la Constitución en sus artículos 164.4 y 179 les otorga a los estados y municipios potestades en materia tributaria, el llamado “Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal”, que 308 alcaldes suscribieron con el Gobierno central por mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha oficializado el golpe contra la descentralización administrativa y el modelo federal previsto en la Carta Magna.

En virtud de ese acuerdo, el máximo juzgado, mediante sentencia n.º 118 del 18 de agosto de 2020, ordenó a los alcaldes firmantes del texto que adecuaran sus ordenanzas municipales relativas a los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inherentes a las actividades económicas, de industria y comercio e índole similar, así como las atinentes a inmuebles urbanos y periurbanos.

Pero como si esto no fuera suficiente, el TSJ en su decisión también instruye a los veintisiete mandatarios locales que no suscribieron el mencionado acuerdo a que lo hagan en los siguientes quince días, pero sin precisar qué medidas podría adoptar contra aquellos que se negaran a hacerlo.

Con esta decisión la Sala no solo reitera su golpe a la autonomía tributaria de los municipios, sino que avala un instrumento normativo elaborado y presentado por el vicepresidente del área económica, una instancia absolutamente ajena para ejercer la función legislativa, con el propósito de coordinar y armonizar las potestades tributarias de las distintas entidades político territoriales del país, algo que conforme al ordinal 13 del artículo 156 del Texto Fundamental corresponde a la Asamblea Nacional (AN).

El acuerdo además vulnera el principio de la legalidad tributaria, de acuerdo al cual no hay tributo sin una ley que lo regule, previsto en el artículo 317 constitucional y desarrollado en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, que configura un límite al poder tributario del Estado. Asimismo, el texto del TSJ prescinde del principio federal al quedar los municipios del país sometidos a un sistema tributario centralizado que tiene como rector al Ejecutivo nacional con el aval del máximo tribunal.

El convenio en cuestión contiene importantes aspectos que para Acceso a la Justicia contradicen los postulados constitucionales del Estado federal descentralizado venezolano. A continuación se resaltan tres temas en ese sentido:

1.- La creación de una “instancia de trabajo y comunicación entre la comisión de Economía Productiva y Tributos del Consejo Bolivariano de Alcaldes-Alcaldesas y la Vicepresidencia para el Área Económica, a fin de coordinar de manera conjunta los estímulos fiscales que tenga a bien aplicar el Gobierno Nacional sobre cualquier rubro de la economía”.

Con esto se crea un modelo o esquema destinado a centralizar el poder tributario de los municipios, a cargo del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas y la Vicepresidencia para el Área Económica, ambas instancias dependientes del Ejecutivo nacional, especialmente el consejo, figura creada con fines políticos por el régimen de Maduro en enero de 2019, lo que sin duda es una formalización de la supresión de la autonomía de los municipios y, en consecuencia, de la descentralización territorial contemplada en el texto constitucional. 

2.- El empleo del petro “como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los tributos y sanciones, cobrando exclusivamente a partir de su equivalente en Bolívares Soberanos pero con el firme propósito de avanzar en su uso como criptoactivo para fortalecer este ecosistema”.

El uso de la criptomoneda creada por el régimen de Maduro para evadir las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, es ajeno a la regulación del sistema financiero y monetario del país, cuya competencia también corresponde a la AN conforme a los artículos 156.11 y 187.1 de la Constitución, y además es contrario a esta, porque la Carta Magna establece claramente que la moneda nacional es el bolívar.

La imposición de este medio de pago a las administraciones tributarias locales configura otra vulneración a la autonomía de los ayuntamientos. Cabe destacar que el petro como unidad de cuenta comenzó a implementarse en alcaldías controladas por el partido de gobierno en 2018, especialmente en los municipios Vargas (estado La Guaira)  y  Maracaibo (estado Zulia) luego de que sus alcaldes impusieran el empleo de este medio de pago a los contribuyentes ante diversos impuestos, tasas y contribuciones en sus respectivas geografías. Paulatinamente se ha ido extendiendo a otros ámbitos a nivel nacional, lo que no ha hecho sino hacer aún más engorrosos los trámites al no ser una moneda de curso legal, ni real en el país.

3.- La creación de un “registro único de contribuyentes municipales” por parte del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, para “que funcione como herramienta digital de consulta, intercambio de información y monitoreo en tiempo real de empresas con sucursales en distintos municipios, evitar la doble tributación del sector industrial y verificar cualquier declaración presentada en una Alcaldía como declarada y pagada en otra”.

Esta disposición también contradice la conformación del Estado federal y desconoce los principios de descentralización territorial y de autonomía del poder municipal contemplados en el texto constitucional, tras encomendar al Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, una instancia del Ejecutivo Nacional para controlar y manejar el área de tributación municipal de todo el país.

Es indudable que la creación de ese registro tiene un carácter centralizador, ya que concentrará todo el poder tributario de los municipios en manos del Ejecutivo Nacional por intermedio del Consejo Bolivariano, que en realidad se trata del propio gobierno central, con el objeto de someter, vigilar y fiscalizar la actividad tributaria de las entidades locales.

Por otro lado, causa también perplejidad la situación de los estados, por cuanto la Sala Constitucional guardó absoluto silencio en el fallo número 118, a pesar de que estos aparecen incluidos en la sentencia original, por lo que podría pensarse que el TSJ proseguirá próximamente con ellos, en su rol de “legalizador” de lo que decide el Ejecutivo nacional en su estrategia de control y dominación con miras a desmontar el Estado federal y fortalecer aún más el presidencialismo.

 

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