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DDHH olvidados | Perder dos hijos en menos de una semana
Los hermanos Carlos Francisco y Julio César fueron asesinados por agentes de la Policía Nacional en un operativo en Catia en el año 2018
La versión policial señala que el primero de los hermanos Rangel Novais murió en un enfrentamiento, y el segundo en una riña entre reclusos

@ValeriaPedicini 

A María Magdalena Novais le mataron a sus dos únicos hijos en menos de una semana. Uno murió el 10 de julio de 2018 y el otro falleció seis días después. Dos hechos distintos, pero conectados y con los mismos culpables: agentes de la Policía Nacional. Los dos hermanos estaban viendo juntos la semifinal del Mundial de Fútbol cuando los efectivos entraron a la casa y les apuntaron con las armas. 

Carlos Francisco había salido corriendo y saltó entre los techos para huir. A Julio César, que tenía un bebé de cuatro meses, lo agarraron. 

María Magdalena no estaba en su vivienda en Gramoven, Catia, cuando eso pasó a sus dos hijos. Estaba en El Paraíso, en su cita habitual como colaboradora en un ancianato. Una vecina la llamó desesperada para decirle lo que había pasado. 

Cuando llegó, era como si nada hubiera ocurrido porque todo estaba en orden.  Los vecinos se encargaron de contarle lo sucedido y no pudo evitar sorprenderse. “Lo sacaron de mi casa como si fuese un narcotraficante, un matón, un asesino. Nunca vi nada de eso, nada de drogas, como los quisieron acusar. Julio había recibido dos balazos, pero ninguno letal, y cuando se lo llevaban gritaba: ʻTengo un hijo, te amo hijo. ¿A quién estás buscando? ¿A quién? Yo no soy”. 

A Julio César, su hijo menor, los efectivos lo golpearon y sacaron caminando, aunque a rastras, de su casa con un disparo en la nalga y otro en el pie. Estaba vivo. En lugar de trasladarlo al hospital más cercano (había dos, el de los Magallanes de Catia y el Periférico de Catia), finalmente fue ingresado muerto en el hospital Pérez Carreño en Montalbán. 

Los testigos aseguran que el joven salió renqueando, pero vivo, y según se supo, en lugar de trasladarlo al hospital más cercano (había dos, el de los Magallanes de Catia y el Periférico de Catia), fue llevado al hospital Pérez Carreño en Montalbán. Horas más tarde murió con cinco balazos.

Mientras se hacían los arreglos para sepultar al menor de los hermanos, el mayor permanecía detenido. María Magdalena no pudo verlo, no se lo permitieron, pero una prima del joven logró visitarlo y le vio signos de tortura. “Mi hijo vio a quienes asesinaron a su hermano y lo pagó con su vida”.

Carlos Francisco había sido aprehendido luego de una persecución, pero no fue entregado en la jefatura cuya jurisdicción correspondía, sino en San Agustín. Al sexto día, en la jefatura donde permanecía, lo encontraron muerto. El 16 de julio de 2018 le notificaron a su madre que había muerto en un pleito entre quienes estaban ahí retenidos, pero nadie más perdió la vida en la aparente trifulca. 

La versión policial señala que el primero de los hermanos Rangel Novais murió en un enfrentamiento, y el segundo en una riña entre reclusos. “De setenta y cinco presos que había ahí, el único que murió fue mi hijo Carlos. Qué raro ¿no?”, se pregunta la madre. 

Unas 340 personas murieron a manos de la policía en el Área Metropolitana de Caracas durante el año 2019, según cifras del Monitor de Víctimas, un proyecto de Runrun.es y la organización Caracas Mi Convive

La Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU confirmó en septiembre de 2020 la gravedad de los casos de letalidad policial. Dice que hay “motivos razonables” para creer que un número considerable de muertes de civiles ocurridas a manos de la policía entre 2015 y 2020 pueden ser consideradas ejecuciones extrajudiciales. Asegura que estos hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad

La madre le había escrito una carta a Carlos y la envió con su sobrina. La misiva decía: “Hijo mío, nos quitaron a Julio, se acabó el Trío Perfecto, y al hijo de Julio lo vamos a criar entre los dos. Yo sé que vas a salir de ahí. Bendiciones de tu madre que te espera con los brazos abiertos”. María Magdalena casi no puede terminar la frase, no le alcanza el aire: “Pero me dejaron con los brazos abiertos”. 

Aún abatida por la brutal muerte de su hijo menor María Magdalena Novais tuvo que recibir el cuerpo de su hijo mayor, Carlos Francisco. No tuvo fuerzas para velarlo, estaba destrozada y apenas podía mantenerse en pie. Carlos llevaba dos días muerto y ya el cadáver estaba descomponiéndose. “Me lo entregaron negro, del color de esta mesa, de tanto golpe, yo no lo reconocía. Le destrozaron la cabeza. Estaba todo blandito, fétido, y así me le lancé encima”. 

María Magdalena sabe que no va a recuperar a sus dos hijos, a su Trío Perfecto como ella los llamaba. Pero quiere la verdad. “Necesito que se haga justicia para poder decirle a mi nieto, más adelante, explicarle cómo pasaron las cosas”.

El expediente de sus dos hijos es grueso, “parece una enciclopedia”, porque María no ha escatimado tiempo ni diligencias para completarlo. La búsqueda de justicia la sostiene. Ha padecido las propuestas de funcionarios de la Justicia para que abandone, pero para ella insistir es indispensable. “Yo no tengo miedo a nada. Así como se metieron en mi casa, así mismo me meto yo en la Fiscalía y en donde haga falta. Hay que denunciar y no desmayar. Yo les voy a dar hasta el último aliento de mi vida”. 

Confiesa que en dos ocasiones meditó muy seriamente atentar contra su vida, todo había perdido sentido para ella sin sus dos hijos. “No quiero que nadie de mi familia me acompañe, yo soy la que tiene que lograr que se haga justicia, yo los parí. En la casa, el cuarto de Julio está vacío, el cuarto de Carlos también vacío, pero yo sigo siendo mamá, soy su voz”.

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic

DDHH olvidados | Todavía no sabe por qué mataron a José Alejandro
El joven José Alejandro Sánchez falleció en un supuesto enfrentamiento con las FAES en Guatire en 2018
Las FAES son responsables de 45% de las muertes a manos de la policía que ocurrieron en Caracas entre mayo de 2017 y enero de 2021, con un total de 733 casos

@ValeriaPedicini

José Alejandro Sánchez había pasado tiempo sin conseguir trabajo. Por eso cuando su papá le propuso que lo ayudara a cuidar una finca en Higuerote propiedad de un dirigente político, él aceptó. Después de un par de semanas en la zona, se fue con su pareja al barrio El Milagro en Guatire, a pocas cuadras de donde vivía su madre. 

Era 10 de octubre de 2018 cuando el muchacho de 27 años le dijo a su esposa que iba a salir a trabajar, pero no le especificó de qué se trataba. “Él siempre me llamaba al mediodía, siempre. Pero como no me llamó esa vez, me preocupé, pero él no tenía celular, no sabía cómo contactarlo. Una siente, pero yo me convencí de que no había pasado nada malo. Pensé que le había salido un viaje. Cuando regreso a mi casa, escucho unos gritos afuera, salgo y veo un grupo de vecinos, me meto entre la gente y le digo a la muchacha: ʻ¿Qué te pasa, por qué estás así?ʼ. Ella me responde que habían matado a su primo en Valle Arriba. ¿En Valle Arriba? Mira, yo no sé dónde está mi hijo, ¿mi hijo no estaba ahí, verdad?”. 

América Rodríguez aún no sabe por qué mataron a su hijo. El crimen ocurrió a plena luz del día, al aire libre y en un sitio público. Unas personas le dijeron que unos amigos de José Alejandro lo indujeron a cometer un robo. Otros, que fue con sus amigos del barrio a jugar a una cancha ubicada en el sector Valle Arriba. 

Ella no sabe con exactitud. Lo único que sabe es que José Alejandro estaba en ese lugar a esa hora. No ha podido descubrir quiénes lo vieron, si medió palabras con alguien, de qué lo acusaron o si lo confundieron. Lo cierto es que su muchacho recibió cuatro disparos letales y es posible, pero no verificado, que haya quedado con vida. 

“Valle Arriba es un sector que tenía tiempo azotado por el hampa. Un señor, al que antes habían entrado a robarle su casa, vio al grupo de muchachos en la cancha. Yo tengo el nombre de ese señor, pero no han querido citarlo a declarar. A él le parecieron sospechosos, habrá tenido miedo de que fueran los mismos y le pasara otra vez, y llamó a la policía. Los funcionarios de Polizamora llegaron, los requisaron, y yo no sé por qué, eso dicen los periódicos, se los entregaron a las FAES”. 

La mujer se pregunta cómo pudo pasar ese supuesto enfrentamiento con las FAES, en qué momento. Sostiene que las autoridades deberían investigar lo ocurrido porque la directora del hospital adonde fue llevado José Alejandro había renunciado y buscando datos sobre lo sucedido con su hijo, ella recogió un rumor escalofriante: “Las FAES suelen herir a los muchachos, los ruletean, finalmente los ingresan muertos y exigen a quienes estén de guardia dar la versión de que llegaron vivos y se les murieron mientras les practicaban las medidas de auxilio”. 

América dice que sigue trabajando como costurera para evitar pensar, pero sigue haciéndose preguntas que aún hoy no puede contestar. ¿Por qué su hijo pasó de manos de la Policía de Zamora a las FAES? ¿Por qué apareció desnudo, sin documentos y muerto en el hospital de Guatire? ¿Por qué no han interrogado al vecino que denunció su presencia y la de sus cinco amigos? ¿Por qué los mataron en lugar de llevarlos detenidos? ¿Por qué la policía dice que hubo un enfrentamiento y no presenta las supuestas pruebas? ¿Por qué no ha podido tener en sus manos el expediente? 

“Yo quedé en el limbo. Las FAES me quitaron a mi hijo, lo más grande, el único que me ayudaba. No sé cómo ando en este mundo”. Las FAES son responsables de 45% de las muertes a manos de la policía que ocurrieron en Caracas entre mayo de 2017 y enero de 2021, con un total de 733 casos, según cifras del Monitor de Víctimas, un proyecto de Runrun.es y la organización Caracas Mi Convive

Al principio, América rechazó cualquier posibilidad de denunciar, no quería saber nada, pero quizás ver a su nieta, la hija de su hijo, a quien ha criado desde siempre, le fue despertando la motivación: “Yo tengo que sacarla adelante”. 

A esa certeza se fue sumando una progresiva sensación de injusticia, de abuso, y una idea persistente: si la policía hubiese actuado de forma correcta, su hijo, de haber sido hallado responsable de algún delito, podría estar preso, pero vivo. 

Haberse unido al comité de la Organización de Familiares de Víctimas de violación de Derechos Humanos (Orfavideh) la llenó de fuerza: “Ahora ya no tengo miedo”. De una primera reunión con los representantes de la organización salieron otras dos personas decididas a denunciar, pero las presiones para que desistieran empezaron temprano. Durante una de esas diligencias le robaron el carro al padre de uno de los muchachos, y en presencia del fiscal hizo el comentario de que le daba miedo hacer la denuncia. Según América, la respuesta del funcionario fue intimidante: “¿Te da miedo denunciar el robo, pero no a las FAES por lo de tu hijo? Tú no sabes lo que estás haciendo”. 

Al integrarse a Orfavideh, una de las primeras asperezas que se deben asimilar es la resistencia en las instituciones de justicia a allanar el camino de las víctimas, y al mismo tiempo se debe desarrollar un mecanismo de perseverancia. En la Fiscalía 10ª de Guarenas, donde se lleva el caso, la presencia de América se ha vuelto cotidiana. De aquel grupo de familiares dispuesto a llevar hasta el final la lucha contra la impunidad solo ha quedado América, que sigue acudiendo, preguntando, haciendo seguimiento. 

Le han dicho y de diferentes maneras la instan a que abandone. “Claro que tenemos miedo de morir. Pero si quiere, le dije al fiscal, deles la dirección para que me vayan a matar, porque igual ellos están para eso, para matar, pero yo no voy a retirar la denuncia”. 

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic 

Profesores universitarios no tienen para pagar tratamientos médicos
De acuerdo al Observatorio de Universidades 72% de los docentes no logra adquirir medicamentos con regularidad

Jesús Mata Vallenilla dedicó 40 años de su vida a la formación de médicos en el área de psiquiatría en la Universidad Central de Venezuela (UCV). A la par de la UCV, Mata prestó servicios como psiquiatra durante 3 décadas en la Maternidad Concepción Palacios, donde pudo desarrollar una línea de investigación sobre problemas neurálgicos y genéticos de la mente en las embarazadas, un tema poco conocido en el país que le permitió publicar más de 20 artículos.

Cuando le diagnosticaron cáncer de colon en 2017, el profesor Mata se vio obligado a jubilarse de las aulas. No quería hacerlo porque sentía como un deber moral seguir enseñando lo que sabe. Pocos años antes, se retiró de la maternidad.

Luego de tanto tiempo de prestar servicios a su país, con lo que paga el Gobierno por su jubilación de la universidad y la maternidad, más la pensión del Seguro Social, el profesor Mata Vallenilla no puede ni alimentarse ni comprar medicinas para su tratamiento médico.

En el informe comparativo (2018-2019) sobre las condiciones de vida y trabajo de los miembros de comunidad académica, realizado por el Observatorio de Universidades (OBU) en el estado Lara, (la situación socioeconómica en cuanto a ingresos y calidad de vida no varía por estados, ya que los ingresos son los mismos para todo el país), se lee que “en 2018 apenas el 28 % de los profesores indicó conseguir siempre o casi siempre los medicamentos; el 37 % a veces lo conseguía y el 29 %, muy pocas veces. El 6 % nunca. De esta forma el 72% no logró adquirir los medicamentos con regularidad”.

Al año siguiente, la situación no mejoró para los docentes. “En 2019 esta tendencia sigue siendo signi­ficativa debido a que 79 % tiene mayores di­ficultades para conseguirlo, es decir, la mayoría”, dice el referido informe. Aunque en los dos últimos años, sí han aparecido varias de las medicinas que requiere el personal de las universidades, con los salarios que ganan profesores, empleados y obreros no pueden adquirirlas, por lo que se ven obligados a buscar otras formas de ingreso tanto para comer como para atender su salud.

Los sistemas de previsión social son cosa del pasado

Al profesor Mata Vallenilla, quien tiene 79 años de edad, se le han hecho dos operaciones para atacar el cáncer de colon. Una primera en febrero de 2017 y la segunda, en febrero de 2020. En esta última, en vista de que había un adenocarcinoma, le fue extraído todo el colon, lo que trajo como consecuencia una diarrea crónica que limita su calidad de vida. Hace 17 años, Mata Vallenilla presentó una hiperplasia prostática benigna que fue intervenida quirúrgicamente, pero con el tiempo se vio afectado el sistema urinario y la vesícula.

Hubo un tiempo en el que los profesores y demás trabajadores de las universidades contaban con un sistema de previsión social y seguros médicos que garantizaban la cobertura de servicios de atención con especialistas y las emergencias. Nada de eso existe hoy, el sistema centralizado del Sismeu es muy limitado. Mata, o, para ser más precisos, su familia, debe afrontar la pesada carga del tratamiento.

En un informe médico realizado al doctor Mata en enero de 2021, se lee que el paciente presenta múltiples “adenopatías a nivel gangliocervical III, IV y V izquierdo” la de mayor tamaño en este último. También, una “incipiente ectasia de la vía biliar intrahepática izquierda” y un “quiste bosniak I en el polo inferior del riñón derecho”.

El tratamiento que toma para sus problemas prostáticos, gástricos y urinarios le ha generado osteoporosis que está afectando su dentadura, lo cual no es para él un problema tan serio como el de costear sus medicinas, cuyos precios varían de un mes a otro.

“Mi caso es muy bravo, estoy tomando una serie de medicamentos y resulta que eso me causó una periodontitis, los dientes que se me están cayendo”, dice el profesor Mata. En promedio, con sus dos jubilaciones y la pensión del Seguro Social, este docente retirado percibe unos 6 o 7 dólares al mes. Una sola de sus medicinas, la Levosulpirida o el ácido fólico cuestan entre 5 y 6 dólares cada uno. La Levofloxacina, está por el orden de los 11 dólares, mientras que la vitamina D puede conseguirse entre los 3 y 4 dólares.

El doctor Mata no vive de su jubilación, obviamente. Su esposa e hijo le apoyan materialmente en su tratamiento y demás gastos médicos. El profesor tampoco tiene cuenta en dólares. Su amigo, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, ha hecho algunas campañas y sus compañeros de promoción así como algunos ex alumnos que viven en el extranjero han intentado ayudarle, pero no encuentran la manera de transferirle porque para los venezolanos como Mata es prácticamente imposible abrir cuentas bancarias fuera del país.

“Tengo 53 años vinculado a la Universidad Central de Venezuela, primero como estudiante, luego como interno en el Hospital Universitario. Hice la especialidad, y más 40 años estuve dando clases. Me han pasado una cantidad de cosas que nunca me había imaginado”, dice este docente universitario venezolano.

Abr 30, 2021 | Actualizado hace 5 días
Masacre de Cepella: Un año sin justicia
La protesta inició por el reclamo de los presos ante la falta de alimentos y culminó con 49 presos muertos y 75 heridos 

49 presos muertos y 75 lesionados fue el saldo de una masacre en el Internado Judicial de Los Llanos, mejor conocido como Cepella en Guanare, estado Portuguesa.

Este 1 de mayo se cumple un año de la masacre más grande ocurrida en un centro penitenciario durante el 2020, mientras que los familiares de las víctimas no han tenido justicia ni reparación alguna por parte del Estado.

La protesta inició por el reclamo de los presos ante la falta de alimentos y culminó con un baño de sangre ejecutado por funcionarios del Estado.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios aseguró que se trataba de un intento de fuga, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) mantuvo constante contacto con víctimas y sus familiares, quienes constataron que se trataba de una protesta por el suministro de los alimentos, que derivó en un ataque violento contra las reclusos.

Según confirmó el OVP, todos los presos presentaron impactos de bala por presuntas armas de guerra, así como también se conoció que los cadáveres fueron identificados por sus familiares a través de fotografías. Los cuerpos fueron entregados en estado de descomposición.

Se desconoce paradero de imputados

En el mes de mayo del 2020 el Ministerio Público informó que las investigaciones del caso estaban en manos de las Fiscalías 94ª Nacional y 8ª de Portuguesa, ambas con competencia en materia de derechos humanos. Por el caso imputaron a 12 personas, pero solo 10 fueron identificadas.

Hasta ahora OVP desconoce cuál es el paradero de esos supuestos imputados. Sabemos que el Estado no ha dado respuesta sobre el proceso judicial o las investigaciones, mientras que las víctimas ni familiares han sido convocados a rendir declaraciones.

Entre los imputados por parte del Ministerio Público se encontraban cinco efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): el primer teniente Alberto Castro Malaguera; el sargento primero Jesús Manuel Torres Parada; el sargento mayor de tercera Jorgangel Simón Rodríguez Escalona; el sargento primero Jorge David Almeida Gudiño y el sargento primero José Rodríguez García, a quien imputaron por homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.

Carlos Benito Torres Graterol, quien fungía como director de Cepella, fue  imputado por “cómplice necesario” en el delito de introducción de armas de fuego en un centro penitenciario.

De igual manera se informó de la participación de cuatro privados de libertad que fueron señalados como líderes negativos del recinto penitenciario. Se trató de Olivo Antonio Castillo Velásquez, quien era el Pran del penal y Ronald Jesús Camacaro Angulo, Wilmer Vladimir Romero Durán y Douglas Alberto Ramos Lucena, a quienes imputaron por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas.

En la imputación de los funcionarios de la GNB y el director del Cepella, el Estado obvió la cadena de mando, la cual también tiene responsabilidades en estos hechos, además de que nunca informaron cuál era el centro de reclusión de estos imputados.

En cuanto a los presos imputados, estos se encuentran Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocida como cárcel de Puente Ayala. Dicho recinto se encuentra bajo el mandato de líderes negativos, quienes gozan de privilegios y acceso a armas de fuego.

Pasando trabajo

Cuando se registró la masacre de Cepella, la respuesta del Ministerio de Servicio Penitenciario fue la misma técnica utilizada por años: cerrar el recinto y trasladar los presos a otros penales, agravando la situación de hacinamiento en otros recintos.

De Cepella fueron liberados 217 reclusos bajo régimen tutelado y 1.718 presos fueron trasladados a penales con régimen penitenciario, mientras que 380 a penales abiertos, para un total de 2.098 reclusos trasladados según datos del propio Ministerio de Servicio Penitenciarios.

A lo largo de este año los presos y familiares de estos presos se han comunicado con OVP para asegurar que desde que fueron trasladados de Guanare no han hecho más que “pasar trabajo” en otros recintos, donde la escasez de alimentos es el día a día, además de ser maltratados e incomunicarlos.

Varios de estos presos han enfermado y muerto por tuberculosis o desnutrición.  Desde OVP lamentamos las muertes de 49 reclusos y las lesiones causadas a otros 75, pero lamentamos más que este caso quede impune, que las víctimas y sus familiares no sean reparadas y que el Estado continúe con la opacidad sobre lo sucedido.

 

OVP denunció ante Corte Interamericana precariedad de cárceles venezolanas
Hacinamiento en las prisiones es de 120%

“El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes”, denunció Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) durante el 141° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En el marco de la audiencia pública de solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, Girón enfatizó que el hacinamiento en las cárceles es crítico con un 120%; así como también explicó que la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238.

Durante su participación, la directora del OVP recalcó que durante 2020 se registraron 292 muertes, de las cuales 184 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis. Esto representa más de 60% de los fallecidos en los penales venezolanos.

La abogada y defensora de Derechos Humanos explicó ante la CorteIDH que en Venezuela existen dos modalidades de centros: los abiertos que son controlados por presos, y los que permanecen bajo régimen con estricto control del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

“La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento tanto correctivo como preventivo y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos”, indicó Girón.

En ese sentido, recordó que en el país existen nueve centros penitenciarios  que son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por la CIDH: Internado Judicial Rodeo I y Rodeo II, Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y Yare II, Centro Penitenciario de Aragua, Centro Penitenciario Región Oriental Monagas, Internado Judicial Bolívar, Centro Penitenciario David Viloria y el Centro Penitenciario de la Región Andina Mérida, sin que hasta la presente fecha se hayan cumplido los requerimientos.

Sin pruebas de COVID-19

“Durante el estado de alarma por pandemia, decretado el 13 de marzo de 2020, hasta la fecha no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad”, manifestó Carolina Girón, directora del OVP.

De la misma forma, expresó que los hombres y mujeres que están presos en las cárceles venezolanas carecen de atención médica y el acceso a medicamentos es precario, por lo que son los familiares quienes deben suministrarlos y además solicitar los traslados a los centros de salud.

En cuanto a la alimentación suministrada por los centros penitenciarios, sentenció que es mínima y constantemente escasea. Debido a esta situación, son los familiares quienes deben llevar alimentos y agua potable.

Estado viola los derechos de las personas vulnerables

Durante el periodo de sesiones, la directora de OVP también relató la situación de privados de libertad que forman parte de los grupos más vulnerables.

En el país son 2.200 las mujeres que se encuentran recluidas en centros carcelarios. En Venezuela solo existe una cárcel para mujeres que es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en la ciudad de Los Teques a 20 minutos de Caracas, el resto son anexos construidos al lado de los centros penitenciarios para hombres que no poseen la infraestructura necesaria para la atención de mujeres en la condición especial para mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes.

En este penal y los anexos femeninos no se permite la visita de hombres, por lo que los niños no tienen contacto con sus padres.

Si alguna privada de libertad tiene un niño estando en prisión estos permanecen con la madre hasta los 3 años de edad, en algunos casos los entregan a familiares o a una institución de abrigo.

Ante esta situación es evidente que en los centros de reclusión en Venezuela no se cumplen las Reglas Bangkok.

La directora de OVP añadió que las personas LGBTI sufren discriminación, tratos crueles, degradantes e inhumanos, tanto de la población reclusa como de los custodios, es común el abuso sexual y que sean utilizados para labores de aseo y recolección de desechos.

En cuanto  a las personas indígenas, relató que viven como el resto de la población, no hay respeto para sus creencias ni cultura, deben adaptarse a las normas de convivencia del recinto, así como tampoco cuentan con intérpretes dentro de los centros. El momento fue propicio para recordar el caso del preso político Salvador Franco, indígena de la etnia Pemón, a quien lo dejaron morir en la cárcel Rodeo II teniendo orden de traslado a un centro de salud.

En cuanto a los adolescentes infractores, Girón expresó que son sometidos a ejercicios físicos de orden cerrado. En tanto, no se conoce la cantidad de adolescentes detenidos en el país por la opacidad del Estado, y es de conocimiento público que las instituciones no cuentan con el personal necesario para cumplir con los programas socioeducativos individuales.

Recordemos que la legislación venezolana establece que las personas mayores de 70 años de edad no deben ser sujeto de medidas privativas de libertad, pero esta norma no se cumple porque se privilegia la privación de libertad ante cualquier otra alternativa de enjuiciamiento o cumplimiento de pena.

En calabozos policiales la situación se agrava

En otro orden de idea, Carolina Girón recalcó ante la CorteIDH que el padecimiento del grupo vulnerable en los calabozos policiales es peor aún.

Calificó la situación como preocupante y explicó que en estos centros “no hay acceso ni a la alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, ni a servicios médicos, donde el hacinamiento supera el 400% por capacidad instalada. Solo se mantienen separadas a las mujeres en celdas, sin ventilación y sin oportunidad de desplazamiento, mayormente duermen en el piso y en condiciones muy precarias”,  puntualizó Girón.

La directora de OVP pidió ante la CorteIDH debatir la obligación de los Estados a cumplir las decisiones de la Corte y que no queden ilusorios sus fallos a los fines de reparación y/o protección a las víctimas.

ONG aseguran que guerrilla colombiana se instaló en Venezuela
Enfrentamientos entre el Ejército venezolano y grupos armados colombianos han vuelto a poner sobre la mesa denuncias por supuesta presencia de disidentes de las FARC en Venezuela

Tras más de 40 años de ingreso intermitente al país, los grupos guerrilleros colombianos se encuentran instalados de forma permanente en Venezuela, aseguran diversas organizaciones que observan la zona.

Según varias ONG, integrantes de las bandas formadas por exguerrilleros de las FARC que no se acogieron al proceso de paz o del ELN están presentes en, al menos, cinco o seis estados de la frontera terrestre venezolana y “controlan” territorios.

“La presencia de la guerrilla en Venezuela tiene más de 40 años de manera intermitente. ¿Qué tenemos de nuevo en estos momentos? Que parece haberse instalado claramente una guerrilla que puede considerarse binacional”, indicó la experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

La también abogada señaló que estos grupos han tomado fuerza en los cinco estados de la frontera terrestre venezolana, cuatro de ellos limítrofes con Colombia como lo son Táchira, Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar.

Control territorial 

Los grupos guerrilleros se pelean por el control territorial, según la ONG Fundaredes que lleva años observando la conflictividad en la frontera y que contabilizó 555 choques, 1.613 homicidios y 208 desparecidos en 2020.

La particularidad del caso en Apure fue el contingente militar movilizado hasta el estado y la supuesta presencia del grupo élite de la policía, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), sobre el que EFE consultó a fuentes gubernamentales, sin obtener respuesta alguna.

Sobre ese conflicto, son más las interrogantes que las respuestas, al menos desde la perspectiva oficial, pues el Gobierno y la propia Fuerza Armada han evitado, incluso, identificar a los grupos a los que llamó “irregulares armados”.

Según Fundaredes, esto se debe a la “alianza” de Nicolás Maduro, con antiguos miembros de las FARC y el ELN. El mandatario dijo abiertamente en 2019 que los disidentes de las FARC Jesús Santrich e Iván Márquez eran bienvenidos en Venezuela.

“Son sus grandes socios, son un brazo armado en defensa de la revolución, son quienes facilitan el trabajo contaminado de la economía paralela del oro, del diamante, del coltán (…) frente a la destrucción de la empresa petrolera, esta nueva economía facilita a quienes hoy ostentan el poder una forma de sostenimiento financiero”, señaló el director de Fundaredes, Javier Tarazona. Por ello, sostiene que lo ocurre en Apure es contra un grupo determinado que tiene diferencias con los ya disidentes de las FARC a los que Maduro apoya.

“No es un ataque contra las FARC, no es un ataque al ELN porque si fuese así, los otros frentes, por ejemplo, hoy estuvieran siendo reducidos en territorio venezolano, es decir, por ejemplo, en Elozar, en el Nula, en otras partes del propio Apure o estuvieran yendo a otros estados de Venezuela”, apuntó.

Escalada “guerrerista”

Para la directora de Control Ciudadano lo más lamentable de la situación “no es la voluntad del Estado venezolano de combatir la guerrilla, sino la eventualidad de que pueda existir un choque militar entre Colombia y Venezuela”, pues señaló que hay una “escalada” en el discurso “guerrerista” de ambos países sobre el tema.

Maduro asegura constantemente que Colombia busca un conflicto armado con Venezuela para derrocar su Gobierno y que por ello envía a mercenarios y terroristas con planes “desestabilizadores”, mientras que el país vecino reitera que el gobernante venezolano es aliado de paramilitares y narcotraficantes. Recientemente, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que de haber una guerra con Colombia el conflicto bélico ocurrirá en su territorio.

Según el general retirado y exiliado en Estados Unidos Antonio Rivero, contra quien pesa una orden de captura desde 2014 por las protestas antigubernamentales de entonces, detrás de este discurso hay una intención de buscar una “guerra con Colombia”. Sin embargo, Fundaredes sostiene que “no se está planteando un conflicto con Colombia” y que hay “una narrativa” por parte del Gobierno venezolano que busca responsabilizar al país vecino y a EE.UU. del conflicto. 

Demandan transparencia en manejo de Fondo de Liberación de Venezuela
En Transparencia Venezuela aseguran que la gente tiene el derecho al acceso a la información 

Desde el año 2016 los venezolanos desconocen las memorias y cuentas de la mayoría de los entes del Estado, así como las leyes de presupuesto y de endeudamiento porque la gestión de Nicolás Maduro optó por mantenerlas ocultas lo que favorece la discrecionalidad y aumenta los riesgos de corrupción. Ahora, que la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, les recordamos su obligatoria transparencia y rendición de cuentas con datos completos para el país.

A pesar de que el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, aprobado mediante Ley Especial en Gaceta Legislativa del 4 de marzo de 2020, no tiene el alcance de la Ley de Presupuesto Nacional, sí representa la administración financiera del gobierno interino que se nutre con recursos públicos, por lo que todos los venezolanos deben tener acceso a la información que permita comprender objetivos, responsables, proyectos, metas esperadas, fuentes de ingresos y saber cómo se va asignar el gasto, contemplando diversos criterios de clasificación, según las buenas prácticas internacionales.

El manejo de dinero público requiere de mucha disciplina, se necesita la definición detallada de las razones que motivan cada gasto, los objetivos, metas e indicadores precisos a cumplir con esos recursos, máxima publicidad de cada detalle de presupuestos y ejecución, sistemas de control independientes a cargo de órganos formales como la contraloría y una rendición de cuentas de calidad en la que no solo se hable de los esfuerzos realizados, sino que se presenten resultados objetivos y verificables. 

Todo esto no son exigencias exageradas, son procesos formales mínimos para garantizar transparencia y generar confianza. Esto no solo reduce las oportunidades de robo de recursos públicos, sino que sirve como herramientas de gestión, para guiar de la mejor manera a los funcionarios en el proceso de ejecución de recursos y a los ciudadanos en la evaluación de la gestión.

Antes de aprobar recursos, presupuestos de ingresos y de gastos, es conveniente hacer balances, realizar consultas públicas, presentar los informes de rendición de cuentas. 

Los datos publicados en la Gaceta Legislativa N° 33 del 16 octubre de 2020, donde apareció la distribución del gasto por programas del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, aprobada el 17 de septiembre del mismo año, distan considerablemente de cumplir con las buenas prácticas de transparencia fiscal. La distribución del gasto por programas apareció de forma agregada, lo que impidió una valoración objetiva sobre la eficiencia y eficacia de este instrumento para el logro de los objetivos del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia.

En su interés por promover una gestión pública transparente que contribuya a superar la emergencia humanitaria compleja que amenaza la vida de los venezolanos, Transparencia Venezuela presenta a continuación unas sugerencias de contenidos mínimos que deberían incluirse en la publicación del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital:

  • Una exposición de motivos que justifique en términos generales, cómo la distribución de los recursos del Fondo propuesta, permitirá alcanzar los objetivos previstos en el artículo 5 de la Ley de reforma del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, del 26 de diciembre de 2020.
  • Un breve balance de lo logrado en el ejercicio fiscal previo y lo que se espera lograr con el presupuesto del nuevo ejercicio fiscal. Aclarar los periodos de tiempo que abarca cada ejercicio fiscal.
  • Ingresos, discriminados por ramos o fuentes con sus explicaciones.
  • Gastos, discriminados atendiendo la clasificación orgánica o administrativa (que responda a la pregunta ¿quién gasta?); la clasificación económica (que muestra la distribución entre gastos corrientes y de capital); la clasificación funcional o sectorial (que responda a la pregunta ¿para qué se gasta?); la clasificación por partidas, que permite el registro contable.
  • Datos no financieros que incluyan las metas de desempeño de cada programa de gasto y autoridades responsables.
  • Impactos o resultados esperados para la sociedad venezolana en su conjunto.

En marzo de 2021 Transparencia Venezuela dirigió una petición de información a los integrantes del Consejo de Administración del Gasto del Fondo para la Liberación de Venezuela, en la que se solicitó el informe de gestión del año 2020 del mencionado Fondo y aunque hubo respuesta prometiendo la entrega del informe después del 31 de marzo de 2021, aún no ha sido recibido.

A cuatro años del asesinato de Juan Pablo Pernalete
El estudiante fue impactado por una bomba lacrimógena en el pecho durante las protestas de 2017

“Este miércoles 26 de abril, mientras se encontraba en una protesta en Altamira, en la ciudad de Caracas, el joven Juan Pablo Pernalete recibió el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena. Minutos más tarde, murió en un centro de salud cercano”.                                                                                                         

Así reseñó la prensa en 2017 uno de los crímenes más sonados en medio de la represión policial y militar que se desató en nuestro país, tras el levantamiento de enormes protestas ciudadanas que clamaron libertad, justicia y derecho a una vida digna.

La memoria, ese ejercicio cotidiano que nos salva del olvido y alimenta el reclamo de justicia por las víctimas de la violencia política, nos remonta esta semana a aquel agitado abril de descontento y rechazo a la sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, decisión que dejó sin poderes a la Asamblea Nacional legítima electa en 2015 y estimuló la reacción civil que dejó una estela de dolor y luto a causa de la violencia represora.                                         

Visionarios y luchadores

El secuestro de las instituciones reflejado en la usurpación de funciones del Parlamento por parte del TSJ, provocó que miles de ciudadanos, entre ellos el joven caraqueño Juan Pablo Pernalete, reclamaran en las calles el restablecimiento de los poderes al Legislativo y la apertura de un canal humanitario para solventar la crisis económica y sociopolítica que se extiende hasta el presente.                                                   

“Todos los jóvenes valiosos que fueron asesinados durante las protestas realmente eran seres excepcionales, podría decirse que únicos. Ellos lograron visualizar este presente de crisis que estamos atravesando; el tiempo les dio la razón. En el caso de Juan Pablo, debo señalar que mi hijo salió a las calles movido por sus convicciones, por sus ideales, por el dolor y el sufrimiento que veía en la población, más que por carencias personales. El sintió el dolor de la gente y se atrevió a luchar por una Venezuela distinta, por un futuro mejor”, nos confesó José Gregorio Pernalete durante un contacto previo a esta publicación.

Sueños truncados

La visión, el empuje y el carácter de Juan Pablo Pernalete se resumen en 20 años de fructífera existencia: estudiante del segundo semestre de Contaduría Pública de la Universidad Metropolitana, miembro del equipo de baloncesto de esa casa de estudios con beca por excelencia deportiva, miembro de la selección juvenil del estado Miranda, representante del estado Falcón en los Juegos Nacionales Juveniles, participante del programa modelo de las Naciones Unidas para los derechos humanos, activista-rescatista de animales en situación de calle y promotor de la infociudadanía como alternativa a la autocensura o a la imposición de la línea editorial del Estado.                                                                                                     

 “Juan Pablo era un youtuber, tenía su programa llamado ‘No es asunto tuyo’, donde hacía crítica mordaz en clave humorística para denunciar la crisis nacional”, recordó su padre.

Derechos al revés

Tras cuatro meses de manifestaciones y dura represión, más de 160 venezolanos perdieron la vida por abusos y violaciones a los derechos humanos entre abril y julio de 2017.

Diversos cuerpos de seguridad del Estado y bandas paramilitares han sido señalados como causantes de estas muertes, según denuncias de instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Europea (UE) procesadas actualmente por la Corte Penal Internacional. 

La mayoría de los crímenes cometidos se mantienen impunes. “Nosotros, al igual que las familias de los jóvenes asesinados a lo largo de estos años, seguimos luchando y esperando una justicia efectiva, verdadera, sin medias tintas, proporcional a los crímenes cometidos. Sabemos que en Venezuela no hay justicia, que los poderes públicos están sometidos a un poder central, sin embargo seguimos luchando por el rescate del Estado de derecho, para que los poderes vuelvan a funcionar de forma independiente, imparcial”

Si bien la impunidad afecta a los ciudadanos en el quehacer diario a través de la transgresión sostenida de la ley, para Pernalete la impunidad ejercida desde el poder del Estado, particularmente los casos de represión política en 2014, alimentó el ejercicio perverso del poder y propició la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos en 2017 y años posteriores.

“Se trata de un plan preconcebido donde se acosa y persigue a la disidencia, amparándose en la impunidad. Si en 2014 se hubiesen adoptados las medidas necesarias para castigar los crímenes cometidos, otra hubiera sido la realidad en 2017.y otro el destino de quienes murieron en las calles. Tan es así que las terribles consecuencias de esta política obligó a que organismos internacionales de derechos humanos centren su mirada en nuestro país”.