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Convite presentó a indígenas de Maripa plan de seguridad alimentaria
El Consejo de Ancianos Indígenas de Maripa asistió a la presentación del proyecto de seguridad alimentaria, wash y promoción comunitaria de la higiene de la ONG Convite

 

La Asociación Civil Convite presentó al Consejo de Ancianos Indígenas de Maripa (estado Bolívar) el proyecto de Seguridad alimentaria, wash y promoción comunitaria de la higiene; plan que tiene como meta atender a 1.820 personas de la localidad.

El cronograma de exposición e información del proyecto se prolongará por seis meses en los caseríos de los municipios Sucre y Angostura de la entidad suroriental, indicó la organización a través de cuenta en Twitter.

“La debida información, respeto a las costumbres, formas organizativas comunitarias y ancestrales es eje central de nuestro accionar humanitario, lo compartimos con nuestros aliados y lo hacemos parte de nuestro trabajo en red”, aclaró la organización que trabaja junto con la ONG Kapé Kapé.

Maripa se ubica al noroeste del municipio Sucre y del estado Bolívar, y al este del río Caura. Comunidades indígenas yekwana y piapoco residen en esta localidad.

En julio de 2021, diez familias yekwanas de Maripa quedaron bajo el agua por la crecida del río a causa de las intensas lluvias.

Asociación Civil Convite (Convite A.C.) es una organización sin fines de lucro creada el 2 de febrero de 2006. Tiene como finalidad “luchar por la justicia e igualdad” y visibilizar las violaciones de los derechos humanos a sujetos o grupos vulnerados.

DDHH olvidados | Los goles que dejó de parar Luis Guillermo Espinoza
Luis Guillermo Espinoza fue herido de bala el 5 de junio de 2017 cuando funcionarios adscritos a la GNB reprimían una protesta en San Diego. El muchacho solo tenía 15 años
Luis Guillermo salía de una práctica de fútbol cuando se encontró de pronto en medio de la represión. Él corrió, pero se tropezó, cayó y un funcionario le disparó en la parte derecha de su rostro

 

Luis Guillermo Espinoza soñaba con ser futbolista profesional. No por nada sus amigos que compartieron con él su pasión por el balompié por más de ocho años lo llamaban “Totti”, como el conocido jugador italiano Francesco Totti. 

Desde muy temprana edad mostró su gusto por el fútbol. Ya a los cinco años se paraba en medio de los arcos de la portería para impedir que el equipo contrario hiciera gol. No mientras estuviera ahí cuidando el marcador. Su equipo confiaba en él. 

Su futuro era prometedor, pero nadie podrá saber nunca en qué se hubiera convertido: el 5 de junio de 2017 fue herido de bala cuando funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezaron a reprimir la manifestación antigubernamental.

El árbitro en la vida de Luis Guillermo Espinoza sonó el silbato para siempre. El muchacho solo tenía 15 años.

Ese día la oposición había convocado a una protesta  en el sector Los Tulipanes en San Diego, estado Carabobo. Cerca del colegio de Luis Guillermo. Su madre había llamado al Colegio Buen Pastor, donde el joven estudiaba cuarto año de bachillerato, para verificar si habría clases. Le respondieron que sí y entonces le dejó dinero suficiente a su hijo para que tomara el autobús. Ella se fue a trabajar.

En horas de la tarde, Luis Guillermo salía de una práctica de fútbol cuando se encontró de pronto en medio de la represión. Él corrió, pero se tropezó, cayó y un funcionario le disparó en la parte derecha de su rostro.

“Totti” fue trasladado de emergencia para la clínica Los Arales, de allí lo llevaron hasta el centro clínico Valle de San Diego, después a la Policlínica la Viña y por último a la CHET. Ahí fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia. 

Zulmith estaba de regreso a su casa, al sur de Valencia, cuando su hermano la encontró y le dijo que se montara en el carro porque su hijo estaba en el hospital. No le dio más detalles. 

Al principio pensó que se trataba de una lesión durante la práctica de fútbol, hasta que le dijeron que fue herido en una manifestación. «Igual yo nunca imaginé que era tan grave, sino que tenía algunas heridas de perdigones en las piernas, quizá».

Pero era mucho más serio. En la tomografía que le practicaron los doctores se evidenció que había sufrido una herida por arma de fuego y que tenía una esquirla de la bala alojada en el cerebro que le produjo un edema cerebral. 

El médico forense confirmó horas más tarde que se trataba de una bala. A eso se sumó que, por el impacto, Luis Guillermo perdió la visión en ambos ojos.

El muchacho estuvo 21 días en coma inducido mientras le suministraban el tratamiento para disminuir el tamaño de los hematomas que le surgieron.

Sus familiares vivieron de cerca la crisis de salud. Su madre vio pacientes desangrarse, muchos que entraban y morían al poco tiempo, otros que ingresaban con alguna lesión y se complicaban con bacterias hospitalarias.

El estado crítico en el que se encontraba el hospital no contribuyó a la recuperación del joven. «No le daban la comida a mi hijo que yo entregaba, tampoco le administraban el tratamiento como se debía, y una vez hasta lo conseguí desconectado del respirador mecánico. Cuando mi hijo murió estaba desnutrido y eso no se justificaba. Por eso yo no dejé que nadie lo viera y se le rindieron sus honores fúnebres con la urna cerrada».

Sin embargo, en medio de tantas precariedades, las personas que se enteraron del caso de Luis Guillermo les donaron medicinas o los ayudaron económicamente.

El 6 de junio lo ingresaron a quirófano para hacerle una limpieza de los restos de pólvora, al menos eso le explicaron los especialistas a la madre. “Él se movía, él escuchaba. Me dijeron que había evolucionado”, recuerda.

Luis Guillermo estuvo dos meses y ocho días luchando por su vida. “Él estaba bien”, comentaron sus familiares. En algún momento mejoró tanto que “lo subieron a piso” el 8 de agosto, pero a los pocos días le dio un primer paro respiratorio y fue devuelto a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Pero no aguantó un segundo paro respiratorio: el domingo 13 de agosto falleció. 

Irregularidades

Zulmith ha tratado de llevar una vida normal, pero la muerte de su único hijo ha sido difícil de procesar. «En ocasiones simplemente quisiera no existir más».

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: en abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

El dolor de perderlo se suma a la frustración de tener que buscar justicia en Venezuela. Cuando su familia decidió tomar las riendas de la investigación del caso tuvieron que enfrentar irregularidades desde el principio.

Le informaron que no había registro de los resultados de la primera tomografía, en la que se veía la esquirla de la bala alojada en el cerebro del joven, lo que se traduce en la desaparición de evidencias. Asimismo, en el informe de la autopsia, procedimiento al que se le prohibió la entrada, se estableció que no había esquirla.

Por otra parte, las solicitudes que se ha hecho ante la Guardia Nacional para que envíe a fiscalía la lista de los funcionarios que participaron en la represión del 5 de junio de 2017, la única respuesta que se recibe es que hacia San Diego no se mandó a uniformados de ese cuerpo castrense, pese a que hay videos que indican lo contrario y que testigos del hecho vieron claramente que eran ellos quienes dispararon, y que a Luis Guillermo fue uno en particular quien lo abordó para herirlo en la cabeza.

Es por esto que Amnistía Internacional denunció graves irregularidades en el transcurso de la investigación penal del caso de Luis Guillermo Espinoza, así como múltiples obstáculos para lograr la identificación de los funcionarios involucrados.

“El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos investigaciones imparciales e independientes, especialmente cuando se trata de posibles actuaciones arbitrarias por parte de miembros de cuerpos de seguridad estatales contra el derecho a la vida de las personas”, denunciaron. 

Cinco años después, la investigación penal no ha culminado ni se han identificado a los responsables. 

En medio de la incertidumbre, Zulmith tiene algo claro: «Solo lograremos justicia cuando este gobierno cese, porque Tarek Wiliam Saab no hará nada para que se esclarezca el caso de mi hijo y de todos los demás que aún son un limbo jurídico».

DDHH olvidados | “Para la justicia es como si nada hubiera ocurrido”
Anyelo Rafael Quintero Rivas luchó siete meses y 17 días por su vida, tras recibir un balazo en la cabeza disparada por funcionarios de la GNB que reprimían una protesta en Mérida
El joven no estaba manifestando. Iba caminando por la calle, cuando diversos efectivos de seguridad irrumpieron en el lugar en el que se encontraban un grupo de vecinos

 

Anyelo Rafael Quintero Rivas estuvo siete meses y 17 días luchando por su vida. Una bala disparada por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Estatal de Mérida impactó en su cabeza cuando empezaron a reprimir una manifestación antigubernamental de 2017.

El joven de 29 años ni siquiera había ido a protestar. 

15 minutos antes de resultar herido, estaba visitando a su hijo de un año. Era 26 de junio y las calles de Ejido, en el estado Mérida, estaban revueltas por las protestas callejeras. Anyelo iba caminando por la calle San Isidro del sector El Trapichito cuando diversos efectivos de seguridad irrumpieron en el lugar en el que se encontraban un grupo de vecinos. 

Cuando la bala lo atravesó, una doctora que se encontraba en el lugar se acercó a darle primeros auxilios y fue apuntada por unos funcionarios de la Guardia Nacional con una escopeta. 

El disparo que recibió Anyelo fue a tan corta distancia que se le encajó en el pariental derecho y le destrozó toda la región occipital. Le causó muerte cerebral, según declararon los médicos que lo recibieron en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula). En el centro de salud sometieron al muchacho a una operación quirúrgica.

Durante los casi ocho meses que estuvo hospitalizado en el centro de salud, fue intervenido en múltiples oportunidades. 

Para los familiares del muchacho fue difícil enfrentar lo ocurrido. No solo tuvieron que hacerle frente al hecho de que Anyelo fuera gravemente herido, sino que también tuvieron que sobrellevar las precarias condiciones en las que se encontraba el hospital. 

La familia tuvo que sacar el dinero de sus bolsillos para poder asumir todos los gastos de medicinas e insumos quirúrgicos. Diferentes organizaciones sin fines de lucro y personas se solidarizaron con la situación  y donaron insumos para su recuperación. 

Pero el estado de desnutrición que tenía Anyelo era severo y contrajo bacterias en varias ocasiones por la falta de higiene del lugar. 

El 12 de febrero de 2018, Anyelo falleció en el mismo hospital. Es la víctima número 11 de personas que protestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

“El asesinato de Ányelo sigue impune. En medio de la confusión de aquel día, nadie sabe quién disparó. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados. Tampoco hay testigos del hecho, porque al parecer cedieron ante las amenazas y prefirieron guardar silencio. ¿Qué te puedo decir? Para la justicia es como si nada hubiera ocurrido. Para ellos todo se olvidó”, expresa Yurlexy Rivas, hermana del joven. 

El secretario general del Gobierno de Mérida, Gerardo Molina, desmintió que Ányelo haya sido atacado por los cuerpos de seguridad del Estado. Dijo que los funcionarios de la GNB no llegaron al lugar del hecho durante “el plantón” convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones.

Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: en abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

Asimismo, el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones. 

Meses después de lo ocurrido, familiares manifestaron recibir presión e intimidación por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Incluso un representante de la GNB en Mérida negó la presencia de este cuerpo en el lugar donde Anyelo fue herido.

La hermana del muchacho afirma no haber recibido respuesta por parte de las autoridades. En ningún momento fueron informados de los avances en la investigación.

A tres  años de aquellas protestas, Yurlexy renovó su llamado al Estado venezolano para que investigue de forma transparente el asesinato de su hermano, a fin de determinar las responsabilidades y las sanciones.

“Fue un guerrero, en plenas facultades vitales y también mientras estuvo en agonía. Siempre luchó por su vida y por las cosas que quiso. Fue un trabajador incansable. Se dedicó al ramo de la construcción y la electricidad. Cuando muere, estaba proyectando construir una vivienda a su hijo, pero la crisis económica del país era un inconveniente, cosa que no ha cambiado”, comentó.

 

DDHH olvidados | A Augusto Puga lo recuerdan como lo que era: un héroe
Augusto Puga tenía 22 años cuando murió por un tiro en la cabeza recibido durante la represión de las protestas de 2017

@ValeriaPedicini

“Héroe” es la palabra que se lee en el mural en homenaje a Augusto Puga. Eso era para sus familiares, amigos y compañeros de clases.

Al lado de esa palabra, hay otras cuatro: “Asesinado por la dictadura”.

Cinco años han pasado desde que funcionarios policiales del estado Bolívar acabaron con la vida del joven estudiante de medicina en la Universidad de Oriente.

Augusto tenía 22 años cuando perdió la vida a causa de un tiro en la cabeza. El 24 de mayo de 2017 los uniformados allanaron la autonomía universitaria de la UDO, sede Ciudad Bolívar, dejando un saldo de, al menos, siete heridos.

Aunque todo empezó con una protesta estudiantil, poco después de las 4 pm, las bombas lacrimógenas dieron paso a las armas de fuego.

Entre ellos estaba Augusto, quien se encontraba dentro del recinto universitario, específicamente en el área de decanato. Querían llevarlo a un centro de salud, pero no podían salir del decanato de la UDO porque la policía les disparaba. 

Ahí le dieron primeros auxilios por más de una hora. Le colocaron solución fisiológica e intentaron detenerle el sangrado. Pero no podían hacer nada más. Ni estaban preparados ni tenían las condiciones para atender heridos de bala. 

 

Aunque testigos que estaban en el lugar cuando a Augusto le dispararon cuentan que había masa encefálica en el suelo, sus compañeros no se daban por vencidos. 

Lo reanimaron cinco veces. En el sexto intento de reanimación, Augusto se fue. 

Con todo en contra y la represión acechándolos, los paramédicos lograron trasladar al muchacho al hospital Ruiz y Páez, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció.

A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad cinco funcionarios de la policía del estado Bolívar y un sargento 2° de la Milicia Bolivariana por su presunta vinculación con la muerte de Augusto.

Los fiscales imputaron a los oficiales Annel Medina Delgadillo, Gabriel Centeno Navas, Luis Contino Freides, Edduar Infante Guzmán, Derquis Pérez y al sargento Cristhiam Arzolay como coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, trato cruel en detrimento del otro estudiante, así como uso indebido de arma orgánica.

Tales tipos penales están previstos en el Código Penal, y las leyes Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

Aunque por este caso se designó a los fiscales del Ministerio Público para una investigación, para el concejal Álvarez no se ha hecho justicia.

Nada pasó

A cinco años de su muerte, un grupo de jóvenes integrantes del partido Voluntad Popular, acompañados del concejal Jhorvys Álvarez, quisieron rendirle homenaje.

Con un motivo mural en la zona de Alta Vista, en Puerto Ordaz recordaron al joven como un “héroe”. 

Augusto era un estudiante de la UDO, quien como muchos de nosotros en ese año, 2017, salimos a protestar en contra de la sentencia del TSJ que anuló las competencias de la Asamblea Nacional electa en 2015. Que exigíamos un cambio de gobierno, que permitieran a los venezolanos elegir libremente su destino. Poco se nos hizo caso y la respuesta de las autoridades de ese entonces, como el exgobernador Rangel Gómez, fue reprimir todo tipo de protesta que se realizara en Bolívar”, expresó Álvarez.

El concejal considera que para muchos, el caso fue olvidado. Pero ante la mirada de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, puede ser una buena oportunidad para buscar justicia”. 

“Muchos de los familiares de los asesinados tienen que ir a instancias como la Corte Penal Internacional a denunciar todo lo que aquí ocurrió y sigue ocurriendo, las violaciones de derechos humanos, para ver si afuera consiguen la justicia que aquí lamentablemente se les niega”, dijo el concejal Álvarez.

“Augusto era parte de esa juventud que soñamos con una mejor Venezuela, estamos seguros que la vamos a conquistar, para que no tengamos que emigrar”, afirmó.

 

 

 

Conclusión de la Fiscalía de la CPI revela que el monitoreo internacional sí funciona
El fiscal Karim Khan ha presentado una solicitud para continuar investigando los crímenes de lesa humanidad en Venezuela 

 

La vigilancia y el monitoreo que las instancias internacionales de derechos humanos hacen sobre la situación de Venezuela ni es tiempo perdido ni esfuerzo malgastado. Así quedó claro en la solicitud que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha presentado para continuar investigando los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y en la cual ha citado a distintos organismos del sistema interamericano y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para justificar su opinión de que las autoridades nacionales no han mostrado genuina voluntad para castigar dichos hechos.

En el documento que el jurista británico presentó el pasado 1 de noviembre a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) se menciona catorce veces informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en unas cuarenta ocasiones cita los tres reportes que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela ha emitido desde el año 2020.

«Esto es una buena noticia», afirmó Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, quien durante una entrevista radial agregó: «Esto demuestra que eso de que los informes terminan en una gaveta y que nadie los estudia no es verdad».

Buscando culpables

Tras recordar que la MDH «ha presentado unos casos contundentes, muy rigurosos y unos análisis exhaustivos y con fuentes directas de víctimas, abogados y familiares de las víctimas», Daniels precisó que las indagaciones de este grupo se hacen con una perspectiva «criminalística», es decir, busca individualizar a los responsables.

En el tercer, y último reporte, publicado en septiembre, la MDH denunció que el Gobierno utiliza a los servicios de inteligencia para «silenciar, desalentar y sofocar a la oposición». Asimismo, acusó a la justicia de no hacer nada para castigar los abusos.

Daniels también recordó que ya en el pasado la Fiscalía de la CPI y otras instancias internacionales han colaborado para intentar castigar determinados hechos, y puso como ejemplo el caso de Myanmar, país al que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también le aprobó una Misión similar a la que hay para Venezuela y las investigaciones de este órgano dieron insumos para que la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, iniciara una averiguación por los delitos previstos en el Estatuto de Roma.

Asimismo, saludó que Khan tome en consideración los pronunciamientos de la CIDH, por cuanto es el organismo internacional de protección de derechos humanos que más seguimiento ha hecho a la situación del país.

La CIDH ha publicado tres informes dedicados especialmente a Venezuela desde el año 2003, además de sus informes anuales. En este último tipo de informes, desde el año 2002 el país aparece en su capítulo IV, en el que figuran los países de la región en los que «hay una violación grave de los elementos fundamentales y de las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos».

La soberanía es excusa

El codirector de Acceso a la Justicia le salió al paso a las denuncias que viene haciendo el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en relación con que la Fiscalía de la CPI forma parte de una «guerra legal» contra el Estado y de que «no hay necesidad» de que ella investigue nada.

«La CPI no está colonizando a nadie, ni siquiera es un país (…) No es colonialismo (lo que está haciendo Khan), porque eso implica que un país se apodere de un tercer país. Eso ocurre en Ucrania, pero no aquí», explicó.

También aprovechó para negar que la soberanía se pueda esgrimir como arma para evitar la actuación de La Haya. ¿Por qué? Según explicó Daniels:

«Venezuela es parte del Estatuto de Roma y lo firmó libremente. Pero no solo lo firmó, sino que formó parte del grupo de países que contribuyó a que se firmara en 1999. Y este gobierno (se refiere al de Hugo Chávez) hizo el último paso necesario, con su ratificación, para que Venezuela se adhiriese al Estatuto con su publicación en la Gaceta Oficial. El Estatuto es parte del derecho interno venezolano, es derecho en Venezuela y, por lo tanto, no se puede alegar intromisión de un órgano al que se adhirió soberanamente».

Por último, consideró que los datos suministrados por las propias autoridades demuestran que en el país no se están investigando los crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, puede operar el principio de complementariedad que permitiría actuar a la CPI. Así, por ejemplo, mencionó que, de los 893 procesos que el Ministerio Público dijo tener abiertos por graves violaciones a los derechos humanos, el 67% se encuentra en fase preliminar, pese a que la mayoría ocurrió en 2017, y que en el 85% de los mismos todavía no se ha identificado a los sospechosos.

Igualmente, destacó que Khan no pasó por alto que solo el 7,61% de los casos investigados los fiscales aplicaron algunos de los delitos previstos en el Estatuto de Roma, mientras que en el restante 93% aplicaron otros menos graves.

En 200% aumentaron robos en Amazonas durante primer semestre de 2022
30 sucesos fueron documentados por el Observatorio Venezolano de la Violencia en la región, lo que representa casi el 17% de los delitos contabilizados 

 

En un 200% aumentó el número de robos en el estado Amazonas en el primer semestre de 2022 en comparación con el año anterior, expuso el Observatorio de Prensa del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).

Según el OVV, en los primeros seis meses de 2022 hubo 30 sucesos calificados como robos, equivalentes al 16,9% de los 157 delitos contabilizados

La parroquia Fernando Girón Tovar concentró el mayor número de víctimas por hechos de robos con 18, seguida de la parroquia Luis Alberto Gomez con 10 casos y por último la parroquia Platanillal con 2.

La mayoría de las víctimas fueron del sexo masculino con un total de 17, mientras que 13 fueron del sexo femenino.

21 de las víctimas fueron interceptadas en la vía pública, cinco cerca de sus viviendas y cuatro en sus residencias.   

 

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Los robos fueron protagonizados por victimarios con edades comprendidas entre 19 y 30 años, de acuerdo con el OVV Amazonas.

En 21 de estos casos fueron empleadas armas de fuego, mientras que en 9 armas blancas.

Entre los sucesos más destacados, sobresale el de una mujer de 47 años que forcejeó con dos delincuentes a bordo de una motocicleta para no ser despojada de su cartera y recibió un disparo en un brazo. El hecho se produjo en la urbanización Carinaguita.

Igualmente destacó el robo a un celular a un periodista de la región por parte de un individuo armado que posteriormente fue capturado por las autoridades en la parroquia Fernando Girón Tovar.

“Esta situación pudiera estar asociada a la persistencia de la crisis económica, el debilitamiento del sistema educativo y la consecuente falta de oportunidades lícitas de ocupar el tiempo, que afecta a la juventud, que evidencia el bajo impacto de las políticas públicas dirigidas hacia este grupo etario, mayoritario en la demografía regional”, señaló un comunicado del equipo del OVV Amazonas.

Más de 400 trochas contabilizó Fundaredes en la frontera entre Colombia y Venezuela
Entre Táchira y el norte de Santander hay más de 250 trochas

A pesar de que Venezuela y Colombia oficializaron hace algunas semanas el restablecimiento de sus lazos comerciales, la ONG del Observatorio de Violencia de Fundaredes informó recientemente que aún hay más de 400 pasos fronterizo irregulares entre ambos países.

Edixon Figueroa, coordinador del Observatorio de Violencia de Fundaredes, precisó que entre Táchira y el Norte de Santander hay más de 250 trochas, mientras que en toda la zona fronteriza se contabilizan más de 400.

Desde otro punto de vista, Figueroa, mencionó que él habita en Táchira, pero que hasta la fecha no ha evidenciado ningún cambio positivo por la reanudación de los lazos comerciales entre Colombia y Venezuela, un tema que fue expuesto con mucho énfasis por parte de Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

«Una apertura no hay. Estamos hablando de un cierto paso económico de unas gandolas que solamente circulan de dos a tres horas por el Puente Internacional Simón Bolívar. Pero no hay más nada. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Maduro cerró las fronteras en 2015 para evitar que los venezolanos salieran y hoy quieren venderse como un gobierno que sí respeta los DD.HH, pero eso no existe», dijo el coordinador de la ONG.

 
 
Situación de los presos políticos en Venezuela es de extremo cuidado
La ONG Justicia Encuentro y Perdón estima que en las cárceles venezolanas se encuentran 314 presos políticos actualmente privados de libertad

 

En medio de las inmensas dificultades por las que día a día atraviesan los venezolanos, se corre el riesgo de que en el país se vaya perdiendo la sensibilidad respecto a la dramática situación en la que se encuentran los presos políticos en Venezuela. Ello no solo pondría en mayor riesgo la integridad física y mental de los detenidos, sino que además sería un incentivo para extender aún más el uso del sistema penal como instrumento de control y represión política en el país.  

Evitar que ello ocurra ha sido una tarea que ha asumido un grupo de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en Venezuela. A pesar de los riesgos que actualmente conlleva, estas organizaciones no gubernamentales han venido prestando apoyo desde hace varios años a las víctimas y junto con algunos de los pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en el país visibilizan, monitorean y documentan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los perseguidos y presos políticos en Venezuela.

La defensora de derechos humanos Martha Tineo, abogada cofundadora y coordinadora general de la organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón, señala al respecto que «el gobierno nacional, a través de su poderoso aparato comunicacional, quiere convencernos a los venezolanos y a la comunidad internacional que el país ha venido superando la profunda crisis en la se encuentra sumido desde hace varios años, cuando en realidad es todo lo contrario».

«Esto lo afirmo con absoluta responsabilidad porque somos una organización de víctimas, una organización donde estamos en permanente comunicación con ellas y por ello tenemos información de primera mano. A partir de ese conocimiento digo con responsabilidad que lejos de superarse la crisis o de avanzar en la superación de la crisis, la situación en nuestro país se agrava cada vez más, y eso se hace sobre todo evidente en el caso de los presos políticos», continúa.

«Hoy en día, los presos políticos están en una situación peor de desamparo y nos preocupa que en el marco que va, entre los 200 y 300 presos políticos, ya pareciera que es un tema que se ha normalizado en el país. Hablamos de presos políticos en Venezuela, como hablamos de presos políticos en Cuba y en Nicaragua, casi como un lugar común”, agrega.

Cifras de presos políticos en Venezuela

Justicia Encuentro y Perdón estima que en las cárceles venezolanas se encuentran 314 presos políticos actualmente privados de libertad. De ellos, 23 (8.1 %) son mujeres y 291 (91.9 %) hombres. Casi la mitad, 141 (48 %), son miembros de las Fuerza Armada Nacional, 125 (43 %) proceden de la sociedad civil, 15 (4.7 %) son miembros de cuerpos policiales, siete de partidos políticos (2,2 %) y uno es periodista (0.3 %). Según Tineo, «estas son unas cifras referenciales, debido a la total opacidad que existe en cuanto a información sobre esta materia por parte del Estado venezolano. Por otro lado, existen familias de detenidos políticos que no denuncian por temor a represalias, por hostigamiento, por amenaza, porque creen que si no se visibiliza su caso tal vez puedan ser liberados en un momento determinado. Por ello hablamos de una cifra de al menos 314 detenidos políticos, pero cada día nos enteramos de otra”.

 

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