El Megáfono - Runrun

MEGAFONO

30% de estudiantes de educación pública cumplieron año escolar vía online
Fallas en internet y masivos apagones son los principales obstáculos de profesores y alumnos

La secretaria de contratación colectiva y reclamos del  Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital,  Gricelda Sánchez, dijo que conforme a reportes recibidos de todo el país solo el 30% de los estudiantes cumplieron con el año escolar a través de la educación a distancia, siendo las fallas en la internet o los masivos apagones los principales obstáculos vividos tanto por profesores como por el alumnado.

“Estas cifras son conocidas por el Ministerio de Educación pero a pesar de esta difícil realidad están promoviendo a grados superiores a los jóvenes sin haber adquirido los conocimientos necesarios”, advirtió.

Sánchez rechazó que se siga manejando la educación a distancia de esta forma, condenando a la población estudiantil al desconocimiento y al estancamiento académico producto de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro.

“Como un maestro puede dictar clases a distancia o el estudiante aprender cuando casi toda Venezuela tiene graves fallas de conexión a internet o en muchos estados pasan hasta 19 horas sin electricidad. Esto sin contar que buena parte de la población muere de hambre y el magisterio no está exento”, sostuvo Sánchez.

La también presidente la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (FORDISI) afirmó que los estudiantes no adquirieron las competencias mínimas para ser promovidos a grados superiores, ya que no cumplieron en sus totalidad con la carga académica.

“El ministro de Educación Aristóbulo Isturiz ha condenado nuestro sistema educativo al atraso total, no dándole respuesta a la necesidades de los estudiantes y mucho menos a la de los docentes. La verdadera crisis no es el Covid_19 sino la pésimas políticas del régimen de Maduro que destruyeron la educación en Venezuela”, concluyó.

 

Prensa al 100%

67 personas fueron asesinadas en protestas durante 2019
A las Faes le atribuyen 1.231 asesinatos en supuestos enfrentamientos el año pasado 

@franzambranor

67 personas fueron asesinadas en el marco de 16.739 protestas durante 2019 según expuso la ONG Defiende Venezuela en el marco de la presentación del informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De acuerdo a Defiende Venezuela, 8 de las 67 víctimas son menores de edad. 

“Las Faes siguen siendo el brazo ejecutor de la violencia armada en Venezuela”, dijo el coordinador de Defiende Venezuela, Simón Gómez.

Según Gómez, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana fueron responsables de 1.231 asesinatos en supuestos enfrentamientos durante 2019. “Curioso que solo dos funcionarios de las Faes fueron muertos durante estos enfrentamientos”.

Gómez alertó que el gobierno de Nicolás Maduro no había acatado la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de disolver las Faes ni tampoco algunos de los otros doce llamados.

“No solo el Estado ha incumplido con su responsabilidad, sino que la situación de los derechos humanos se ha agravado”, dijo Gómez.

Gómez aseveró que en 2019 se produjeron 2.219 arrestos arbitrarios. 

Alertó que para finales de 2019, Defiende Venezuela había contabilizado 448 civiles enjuiciados en tribunales militares.

Dijo que en 2017 se produjeron más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales, 69% en operativos de seguridad y 81% de las víctimas eran menores de 25 años. “También tenemos más de 25 situaciones de torturas documentadas”. 

Según Gómez, el Estado no ha mostrado interés alguno de abrir una oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU en Venezuela. 

Sin acceso a alimentos y medicinas

Otro de los puntos álgidos del informe presentado por Bachelet a comienzos del mes de julio es el concerniente a la crisis de alimentos y medicinas en Venezuela.

“92% de los venezolanos no tienen acceso a la canasta básica”, indicó Gómez.

De acuerdo a la ONU, más de 9 millones de personas no tienen acceso a una alimentación balanceada en Venezuela. “La recomendación son 2.300 calorías diarias para un adulto y en promedio estamos consumiendo 700”, sostuvo Gómez. 

El coordinador de Defiende Venezuela también se refirió a la falta de agua. “En las áreas urbanas, solo en noviembre de 2019 se registró una escasez de agua de 96%”.

Indicó que han documentado más de 100 arremetidas contra organizaciones no gubernamentales. “72 por intimidación a través de medios afectos al gobierno. Quieren deslegitimar a las ONG que luchan por los derechos humanos con la implementación de una ley”. 

Sostuvo que el Estado ha vulnerado los derechos de quienes regresan al país de otras latitudes, especialmente a partir de marzo, cuando se decretó un estado de alarma por la pandemia del coronavirus. “Los han calificado como armas biológicas”.

Denunció que no ha cesado la campaña de desmantelamiento contra la Asamblea Nacional. “A 28 diputados se les ha revocado la inmunidad parlamentaria, 36 están en el exilio y a más de 40 le han iniciado un proceso de carácter penal”. 

Calificó como “deshonrosa” la respuesta del gobierno de Maduro al pasado informe de Bachelet y dijo que esperaba más actualizaciones para el venidero reporte del 15 de julio.

“Venezuela se encuentra en una situación de empeoramiento, pero sigue en el ojo de la comunidad internacional. Los ciudadanos tenemos que seguir visibilizando la grave situación de derechos humanos. En septiembre esperamos un informe más detallado de la ONU”, dijo Gómez.

 

Lea el informe completo de Defiende Venezuela en este enlace 

DDHH olvidados |  “A esa mina yo no vuelvo”
Indígenas cuentan cómo son explotados para sacar oro de los parques nacionales en Amazonas 

@franzambranor

Emiro* tiene cinco hijos y apenas 33 años. Es un indígena Jivi de la comunidad de Platanillal en el estado Amazonas. El licenciado en educación se cansó del miserable sueldo que devenga como docente de media general en una institución de su localidad. Empujado por la necesidad, se fue a una mina con su esposa, una experiencia que dice no volvería a tener, pese a todas las adversidades que vive actualmente. “Más que todo yo lo hice por mis hijos, por mi familia, para ́ver si conseguía algo bueno, pero no, todo está malo por allá”, dijo.

El testimonio se desprende del informe de minería ilegal de comunidades indígenas 2020 de la asociación civil Kap Kap

Emiro y su mujer optaron por ir a la mina Maraya y después se fueron a una llamada 24. “Había conocidos allá en la mina que eran Piaroas. Esas minas quedan en Atabapo, en Yapacana. De Puerto Maraya a mina 24 son cuatro horas caminando y media hora en moto”.

Las jornadas laborales en busca de oro eran extenuantes y poco remuneradas, según Emiro. “En la mina es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un día completo. Yo estaba trabajando como guachimán y galitero, así le dicen a quien le lleva la comida a los que sacan el oro en la mina, pero todo fue en vano porque yo trabajaba en una máquina donde no conseguían oro”.

A Emiro solo le alcanzaba el poco oro que obtenía para pagar la comida. “No nos quedaba para ́nosotros y perdíamos el trabajo”.

Emiro y su esposa duraron mes y medio trabajando en las minas. 

“Estábamos contando con 20 gramos para cada uno que era con lo que queríamos salir de una de las minas para ́poder comprarle ropa a nuestros hijos, pero nunca nos pagaron esos 20 gramos”, relató la esposa de Emiro, quien también trabajó como galitera.

La esposa de Emiro indicó que al final se vieron obligados a trabajar con otra gente para obtener algún beneficio. “Nos tuvimos que mudar para otra empresa y en una semana agarramos 15 gramos entre los dos, con 15 gramos nos tuvimos que regresar, pero todos esos 15 gramos se fueron en transporte y en la ropa de los niños”.

Naturaleza destrozada

Emiro sostuvo que la destrucción ambiental es evidente en el Parque Nacional Cerro Yapacana. “Eso ya no es un Parque Nacional, es una destrucción total de la naturaleza. La tierra, el agua, todo está contaminado, allá cualquier agua que uno bebe te da diarrea, hay mucho niño enfermo”.

En la zona, la moneda oficial es el oro. “Todo se paga con oro. Yo gasté y pagué todo lo que nos comíamos con oro”, sentenció Emiro. 

“Si tú no tienes metal (oro) no comes”, dijo la esposa de Emiro. “En las minas nada es gratis, si te diagnostican malaria tienes que pagar el tratamiento”.

Emiro aseveró que prefiere seguir dando clases. “No volvería más para allá porque fue mucho sufrimiento, me enfermé por el agua. Todos los días trabajaba de 6 a 6, no hay descanso, se labora de lunes a domingo”.

Mientras se recupera, Emiro planea combinar la docencia con la siembra de yuca y la pesca. “El sueldo que estamos ganando no alcanza para nada, solo para 2 kilos de azúcar, nada más”.

 

* Nombre ficticio

DDHH olvidados | El homicidio de Paola Ramírez y la dudosa versión oficial
Darcy Gómez, no cree en la versión que exculpa a los grupos paramilitares que le quitaron la vida a su hija Paola Ramírez  durante las protestas opositoras de 2017 ocurridas en San Cristóbal

El 19 de abril de 2017, Paola Ramírez Gómez, de 23 años, murió luego de asistir a una concentración opositora en la Plaza San Carlos de San Cristobal.  Pese a que la versión oficial presentó  Iván Alexis Pernía como el presunto asesino, sus familiares lo desestiman. Aseguran que hasta el sol de hoy no se ha hecho justicia y su homicidio forma parte de la larga estadística de crímenes en el contexto de manifestaciones políticas.

“No tenemos credibilidad en el sistema de justicia ni en las autoridades que dicen cualquier cosa. Que se haga justicia pero con los verdaderos culpables. Antes de morir ella nos dijo por teléfono: `están disparando los colectivos´. Me cuesta creer  que desde un edifico le hayan disparado”, sostiene su madre Darcy Gómez, en un esfuerzo por reconstruir los hechos fatales que la apartaron de su hija.

Horas después de la marcha, Ramírez y su novio llegaron en moto a la plaza San Carlos, donde el novio la dejó para ir a esconder el vehículo por miedo a los colectivos que se encontraban en la zona, declaró una testigo que observaba la situación y luego pudo conocer lo sucedido, contado por el muchacho en la escena.

Según el relato, un grupo paramilitar se apostó en la esquina de la calle 13 de San Cristóbal. Al observarlos, Paola se ocultó en las escaleras del lugar. Pero sus esfuerzos fueron en vano, pues tres de los colectivos la vieron y se dirigieron hacia ella. La encontraron, la tomaron por el cabello y la halaron, le quitaron su gorra y la cartera negra que llevaba. Un testigo observó el robo y vio como uno de los hombres la empujaba, indicándole que corriera. Paola Ramírez corrió por su vida, atravesó el tramo de la plaza hasta llegar a la calle.

Los paramilitares tomaron sus motos y transitaron hasta la esquina de la escuela Carlos Rangel Lamus. En el momento en que la joven estaba en la calle 12, los colectivos pasaron en paralelo a ella desde la carrera 11. Luego se escuchan aproximadamente 24 detonaciones hechas por los colectivos, según coincidieron los testigos. Es cuando Ramírez cae al piso, muerta.

Nacida el 26 de julio de 1993. Era la segunda de ocho hijos del matrimonio de Joaquín Ramírez y Darcy Gómez, era soltera y no tenía hijos. Vivía con su familia en una zona rural de Capacho Nuevo, municipio fronterizo del Táchira.

Paola había concluido los estudios en el área de administración. Ese día se congregó junto a su novio en las inmediaciones de la plaza San Carlos de la capital tachirense en una manifestación que conmemoraba los 207 años de la Declaración de Independencia. También reclamaban a la Defensoría del Pueblo su ineptitud en la “defensa y vigilancia de los derechos humanos.

Contra el olvido y la impunidad

Según la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, las manifestaciones pacíficas se convirtieron en una forma de denuncia ampliamente extendida por el territorio nacional que lamentablemente, lejos de encontrarse con un Estado dispuesto a escuchar y atender estas denuncias, halló violencia y represión a cada paso. Homicidios, detenciones arbitrarias, golpes y torturas quedaron documentadas en el marco de estos eventos.

Desde 2017 realizan monitoreo y atención a los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones políticas. A través de un proceso de documentación, análisis y sistematización de las circunstancias que los rodean, se empeñan en la visibilización de estas violaciones a los derechos humanos para evidenciar los patrones de actuaciones de los cuerpos de seguridad.

Una imputación que no es creíble

El imputado por los organismos de investigación vivía a una cuadra de la plaza San Carlos, en una casa que da hacia la calle. Desde allí aseguran que disparó hacia los colectivos para defender a la joven y por error uno de los proyectiles habría herido a la joven.

El Comisario Luis Godoy, ex Jefe de la División de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), afirmó a Runrunes en esa oportunidad, que la posibilidad de que el acusado haya podido disparar y encontrar su blanco en la joven que corría, a una distancia de más de 100 metros, con árboles y demás obstáculos en medio, es de una en 100 millones.

El asesinato de esta joven tachirense fue documentado por un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos. Podía constituir un crimen de lesa humanidad, al igual que otros tantos asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas pacíficas.

El caso  es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

DDHH olvidados | Nadie se salva de un disparo de las Faes
Keyber Landaeta recibió el impacto de un proyectil en el tórax que le causó una disminución intensa del volumen de sangre circulante en el cuerpo. Cuando llegó al hospital ya estaba sin vida
Esta repetida versión forense sobre las causas de muerte en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales sugiere que los cuerpos de seguridad del Estado disparan a matar

Siete personas fueron asesinadas en un operativo conjunto de las Faes y la Policía Municipal de Sucre en los barrios José Félix Ribas y Julián Blanco, en Petare.

A través de un parte policial, se informó que el hecho ocurrió luego de que presuntos miembros de la banda de Wilexys se enfrentaran a funcionarios de Polisucre. A raíz de eso, efectivos de las Faes se sumaron al operativo y en una primera incursión mataron a cuatro supuestos delincuentes.

No fue hasta dos días después que familiares de Luis Gerardo Cabello, de 21 años de edad; Keyber David Landaeta, de 18 años; y Gerard Wladimir Torrealba Pinto, de 26 años de edad, pudieron dar su versión de los hechos.

Ya se han hecho frecuentes los operativos de las FAES en zonas populares, donde ocurren supuestos enfrentamientos con bandas armadas que terminan en ejecuciones extrajudiciales. Pero Néstor Landaeta, padre de Keyber, asegura que su hijo no era ningún delincuente. “Era mi único varón, siempre lo crie para que fuera un muchacho de bien; aun así me lo mataron”, dijo.

Ni aun siendo cierto el presunto enfrentamiento se exime de responsabilidad a los cuerpos de seguridad del Estado cuando se dejan de lado principios que rigen la actuación de policías y militares, entre ellos el uso progresivo y proporcional de la fuerza pública.

El miedo silencia

Lo curioso es que Landaeta es de los pocos casos que se atreve a dar su versión.  Según el informe de Proiuris denominado, Las Faes matan con patrocinio del Estado, el temor de los familiares a represalias por denunciar excesos en el uso de la fuerza pública contribuye a la falta de una versión alternativa a la oficial. “De las 139 notas registradas, solo en 12 se refiere la denuncia de algún familiar o testigo, lo que corresponde apenas a 8% de total monitoreado”, señala el informe.

Proiuris ha desarrollado una línea de investigación sobre las amenazas a los derechos a la integridad personal y a la vida en Venezuela. Como en otros casos recogidos por la ONG, la causa de la muerte del joven Landaeta fue shock hipovolémico por el impacto de un proyectil en el tórax. Se trata de una conclusión forense genérica, que no ofrece mayores detalles de interés criminalístico; una disminución intensa del volumen de sangre circulante en el cuerpo; es decir, una hemorragia aguda.

Esta repetida versión forense sobre las causas de muerte en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales sugiere que los cuerpos de seguridad del Estado disparan a matar, lo cual pone en entredicho el uso diferenciado, proporcional y progresivo de la fuerza letal.

Néstor Landaeta aseguró que su hijo no poseía antecedentes penales, ni tenía armas de fuego. “Dijeron que tenía una pistola. Él estaba en casa de un amigo cuando de repente entraron y lo mataron. Lo dejaron en el hospital de El Llanito completamente desnudo”, detalló.

Si tienes antecedentes te matan

Otra de las personas que perdió la vida durante ese operativo fue Gerard Torrealba. Según el testimonio de sus familiares, el joven iba camino a su casa a las 4:00 pm, cuando se desarrollaba el operativo de las FAES en la Zona 5 de José Félix Ribas, en el sector La Cañada. Los oficiales lo detuvieron y lo obligaron a ingresar a su casa, donde le dispararon en el pecho.

“Él nunca se enfrentó contra los funcionarios de las Faes, estaba llegado de su trabajo. Lo mataron y luego se lo llevaron al hospital Domingo Luciani sin vida”.

Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado están obligados por la ley a prestar primeros auxilios a los heridos y a procurar una atención lo más integral posible y sin demora. Sin embargo, en casi todos los casos las víctimas son ingresadas a los hospitales sin signos vitales.

Torrealba era técnico en computadora. Dejó tres hijos de 5 años, 3 años y 6 meses de edad. Cuando tenía 19 años de edad, fue detenido por el delito de robo, estuvo en prisión un año y luego se le dictó medida sustitutiva de privación de libertad. Durante dos años se presentó periódicamente ante el tribunal de la causa. “Gerard terminó su presentación. Cambió su vida y se dedicó a trabajar. De igual forma lo mataron por eso. En el barrio lo sabemos, si tienes antecedentes te matan”, sostuvo uno de los deudos.

N del R.: El caso relatado en esta nota es extraído del informe titulado Las Faes matan con patrocinio del Estado: Ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, elaborado por la ONG Proiuris. Y disponible en este enlace

 

DDHH olvidados

DDHH olvidados | El enero en que todo cambió

 

CLAP: La dieta de cero proteínas
Solo 13 kilogramos de paquetes de azúcar, pasta, arroz y harina precocida contenían las bolsas CLAP que se distribuyeron en Maracaibo durante la segunda semana del mes de junio

Azúcar, pasta, arroz y harina precocida. Eso es lo que distribuyeron los Comité Local de Abastecimiento y Producción en algunas comunidades del oeste de Maracaibo, durante la segunda semana del mes de junio. Solo 13 kilogramos de paquetes de esos productos contenían la bolsa. De estos kilos, siete (7) eran de arroz blanco. En ninguna de las parroquias de la ciudad se distribuyó esta vez aceite, granos o leche, de acuerdo con reportes de ciudadanos en las redes sociales.

A través del Plan Nacional de Cabotaje, los CLAP zulianos han recibido un total de 14.514 toneladas de alimentos, distribuidos en 407.896 cajas y 727.130 bolsas hasta mayo de 2020. 

El buque Manuel Gual, de la estatal Venavega, ha llegado en cuatro oportunidades al puerto de Maracaibo en lo que va de año. La carga más reciente la trajo el 1 de julio: 400 mil bolsas CLAP en 302 contenedores. En el anuncio oficial, se ha mantenido la frecuencia de transporte de los alimentos subsidiados, pero ello no se corresponde con la periodicidad, calidad y efectividad del programa social en Zulia.

La última encuesta de seguridad alimentaria de la Comisión de Derechos Humanos del Zulia, Codhez, publicada en abril, revela que 74,5 % de los hogares de Maracaibo no alcanzó a satisfacer sus necesidades alimentarias en el primer tercio del año.

DDHH olvidados |  El enero en que todo cambió
Gregory Hinds fue víctima de una detención arbitraria. Pese a tener orden de excarcelación, no fue acatada. El Sebin se negó a recibir la correspondencia del tribunal y debió permanecer privado del libertad

Un día de enero de 2018, Gregory Hinds recibe un mensaje. Una de las fundadoras De la Fundación Embajadores Comunitarios ha sido nombrada en un programa de televisión estatal Con el mazo dando.

Su vinculación con Embajadores Comunitarios hace que esto sea una fuente de preocupación. Esta organización se dedica al empoderamiento juvenil usando para ello el Modelo de Naciones Unidas (MUN) con el objeto de mejorar las habilidades de oratoria, negociación, liderazgo y confianza de sus beneficiarios: chamos con edades que oscilan entre los 11 y los 18 años en comunidades populares de Caracas —como La Vega, Antímano, San Agustín del Sur, Filas de Mariche y Petare. Gregory ha sido su director general los últimos cinco años.

El 31 de enero, Gregory está dando clases de inglés en el Colegio Integral El Ávila ubicado en la Universidad Metropolitana de Caracas y es llamado insistentemente. Tan pronto como puede devuelve la llamada. Se trata de una persona del condominio del edificio donde Embajadores Comunitarios tiene su sede quien le comunica con unos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) quienes le dicen que quieren hablar con él personalmente. Al colgar la llamada, se comunica con sus compañeros para pedirles que se pongan a resguardo. Ese día se produjo su detención.

Lo interrogan varias veces, distintas personas, todas con las mismas preguntas relacionadas con lo que hace la organización. La presión aumenta, intenta consultar y un comisario le responde: “Aquí el que hace las preguntas soy yo”. Trata de mantener la calma. Finalmente le pasan su declaración por escrito para que la firme. Hay cosas que no dijo, se omitieron otras, pero como no las considera importantes decide firmar.

Pasan las horas y aunque la luz es artificial Gregory infiere, por la ausencia de los sonidos propios del trajinar caraqueño, que ya es de madrugada. Pregunta si se puede ir a casa, un funcionario se ríe, otro le dice en tono burlesco que es peligroso andar a esa hora por ahí, hasta que le terminan diciendo que está privado de libertad.

Sin muchas explicaciones, un día Gregory es trasladado a tribunales para su presentación. Aunque él no lo sabe con precisión, han pasado cuatro días. El Ministerio Público le precalifica el delito de instigación a delinquir y agavillamiento. Se encuentra con la Directora de Programas de Embajadores Comunitarios quien también está detenida. El Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas decide que continúen su proceso judicial privados de libertad.

Durante el tiempo que permanece en este lugar empieza a comer la comida que le ofrecen. Toma agua del tanque de la poceta. Duerme sentado pues no puede estirarse, no hay espacio. No se ha cambiado de ropa. No puede hacer sus necesidades fisiológicas y su salud se empieza a resentir. Le pide a un comisario que lo traslade de lugar y ante la posibilidad que su estado se deteriore lo consigue.

Dos meses luego de su detención tanto a Gregory como a su compañera de Embajadores Comunitarios, gracias a la incesante presión de organizaciones y las diligencias de sus abogados, el tribunal les otorga una medida cautelar sustitutiva de privación de libertad ordenando su liberación inmediata. Al ser defensores de derechos humanos, sin filiación política alguna, sus casos han generado la indignación de organizaciones de esta naturaleza en el mundo entero. Amnistía Internacional los declara presos de conciencia, Cofavic asume su defensa internacional.

No obstante, aun cuando tienen boleta de excarcelación, la libertad no llega. El Sebin se niega a recibir la correspondencia del tribunal alegando que no tienen sistema. Así, Gregory y su compañera pasan a formar parte de la lista de reclusos de El Helicoide que se mantienen en estas instalaciones en un acto que demuestra un profundo desprecio al sistema judicial.

Con 60 kg de peso, 20 menos de los que tenía cuando ingresó, Gregory recibe, el 1 de junio de 2018, una especie de indulto de parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Trata de negarse a firmar una declaración en la que agradecía el perdón. Le amenazan: “Si no te gusta puedes regresar a El Helicoide”. No le queda de otra que formar parte del show mediático en la Casa Amarilla, edificio sede de la Cancillería venezolana.

Ya en libertad condicionada a presentaciones frente al tribunal, retomar su vida es un proceso lento y tortuoso. Acostumbrarse a la luz es difícil: “Ver el sol me quemaba los ojos”. El miedo, la ansiedad lo atormentan con fuerza los primeros cuatro meses: ver una patrulla, un policía es un hecho que lo lleva al límite. Su entorno lo trata como algo frágil que puede partirse en cualquier momento y esto le dificulta su necesidad imperiosa de cerrar este capítulo.

Aunque hay cambios importantes en él, Gregory trata de mantener su base lo más intacta posible. Unos cuatro meses después va recuperando su normalidad y puede identificar ganancias. “Esta experiencia me hizo crecer de muchas maneras, la resiliencia la desarrollé infinitamente, no me quedó de otra. Siento que después de haber pasado por todo esto no visualizo que pueda haber algo peor, entonces no hay motivo para que pueda ver las cosas de manera negativa”, dice Gregory.

Parte de su recuperación ha sido tratar de levantar la organización. No es ni la sombra de lo que fue: de 100 voluntarios han pasado a tener 10, han cerrado muchos proyectos pero aún queda ese aliento por seguir adelante y reconstruir lo perdido.

N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace

 

Le puede interesar

DDHH olvidados

DDHH olvidados | “Me sacaron en paño y descalza de mi casa para matar a mi hijo”

 

90% de personas con discapacidad auditiva en Venezuela afirmaron no haber recibido información sobre Covid-19
69% manifestó haber sentido una reducción en su acceso a servicios y productos necesarios para atender su condición

90% de las personas con discapacidad auditiva afirmaron no haber recibido información sobre medidas específicas de prevención ante el coronavirus.

“Por esa razón seguiremos velando y defendiendo lo derechos de todas las personas con discapacidad en Venezuela para evitar que se sigan cometiendo atropellos e injusticia con nuestra comunidad”, dijo el presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel De Gouveia.

De Gouveia lamentó la situación que viven los integrantes de la comunidad de sordos en el país y que se ha agravado por la cuarentena.

“Consorven realizó un estudio donde se reflejan las necesidades de las personas con discapacidad, por ejemplo, 69%  de los entrevistados manifestó haber sentido una reducción  en su acceso a servicios y productos necesarios para atender su condición, en lo que se refiere a medicamentos, a rehabilitación física y funcional; también 53,7% señalaron que su acceso a los alimentos  ha disminuido durante la cuarentena nacional”, dijo De Gouveia.