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Maduro promete eliminar los protectorados pero avanza en la instauración del Estado comunal
El proyecto de ley que la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó crea una estructura social inexistente en la Constitución

Mientras por un lado Nicolás Maduro le coloca “trapo rojo” a la oposición para distraer su atención, anunciando la eliminación de los protectorados, sigue avanzando aceleradamente en la instauración del Estado comunal, alerta este jueves la ONG Acceso a la Justicia en un análisis enviado a los medios de comunicación.

En efecto, el anuncio luce como un intento para convencer a la oposición de participar en las megaelecciones regionales y locales previstas para noviembre próximo. Sin embargo, la oferta también parece un caramelo envenenado, pues mientras anuncia esta medida continúa con sus intentos por consolidar un Estado paralelo, a través de iniciativas como la Ley Orgánica de Ciudades Comunales.

El proyecto de ley que la Asamblea Nacional (AN) controlada por el oficialismo ya aprobó en primera discusión crea una estructura social inexistente en la carta magna, denominada «ciudad comunal». Conforme al artículo 4 del mencionado texto, se trata de una agregación de comunas en un ámbito territorial determinado, es decir, se presenta como una figura que desconoce y desnaturaliza la descentralización y la autonomía municipal y estadal, atentando contra los artículos 2, 5, 157, 158, 159, 168 y 184 constitucionales.

En Acceso a la Justicia han advertido que la propuesta, además de contradecir la descentralización político territorial, se presenta como una estructura prevista para desmontar el sistema republicano del Estado constitucional democrático, que está fundamentado en los principios de supremacía constitucional (artículo 7), de legalidad (artículo 137), de división de los poderes (artículo 136), de la responsabilidad del Estado (artículo 140) y en el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos (artículos 2 y 19).

La ciudad comunal busca vaciar de competencias a los estados y municipios, al tiempo que incrementaría y potenciaría la centralización del poder en manos del Ejecutivo nacional, así como el control social. No hay que olvidar que las comunas, en las cuales se sustentan estas hipotéticas figuras, son organizaciones que serán controladas y dirigidas por este.

Más de una década construyendo un Estado paralelo

Desde 2013 Maduro ha implementado progresivamente un catálogo de figuras contrarias al ordenamiento jurídico, y ha creado organizaciones sociales o asociativas que violan el principio de representación del pueblo y el modelo constitucional de Estado federal descentralizado. Una de las figuras más emblemáticas que ha establecido son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados en 2016 para –en teoría– mitigar la grave emergencia humanitaria compleja que afecta al país, al distribuir alimentos, productos de higiene y medicamentos. Sin embargo, en la realidad ha sido una forma de control social.

Otra invención implementada por el régimen es el Carnet de la Patria, una especie de documento de identidad que regula el acceso a alimentos y artículos de primera necesidad adquiridos a través de los CLAP.

Sin embargo, el Estado paralelo no comenzó con Maduro. Ya Hugo Chávez había tomado medidas dirigidas a desmantelar la institucionalidad. Entre las primeras destacó la eliminación de la estabilidad de los jueces. También los llamados «círculos bolivarianos», una forma de organización popular conformada por entre siete y once personas, para discutir los problemas sociales de la comunidad y buscar su pronta solución. Para Chávez, los círculos bolivarianos eran «el alma del pueblo».

En el discurso de juramentación de los círculos, el 17 de diciembre de 2001, en un acto celebrado en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, el mismo Chávez señaló que con los círculos bolivarianos “profundicemos la democracia participativa y protagónica y aquí está el ejemplo: todo el poder para el pueblo es la consigna de los círculos bolivarianos”.

Chávez crearía nuevas modalidades de organización social, tales como los comités de tierras urbanas, que aparecieron en 2002 por decreto presidencial con el propósito de estimular la participación ciudadana en la regulación de la tenencia de la tierra. Meses después puso en marcha las misiones, concebidas como programas sociales del Gobierno, y los consejos comunales, creados mediante la Ley de los Consejos Comunales en 2006, que en 2010 pasarían a formar parte de la «comuna» y el «Poder Popular», con la finalidad de reemplazar el Estado federal.

Siguiendo el ejemplo de Chávez

Con la muerte de Chávez y la ascensión de Maduro al poder, el proceso de disolución institucional siguió avanzando. Así, Maduro designó en 2013 al derrotado aspirante a la Gobernación de Miranda, Elías Jaua, como protector de esa entidad. El funcionario recibió fondos que ha debido manejar el opositor Henrique Capriles Radonski, quien fue el realmente electo como gobernador.

Esta invención encuentra su antecedente en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuando en 2008 ganó las elecciones de ese despacho el candidato opositor, Antonio Ledezma. En 2009 Chávez, para tratar de desconocer la decisión popular y con el respaldo de la AN controlada por el chavismo, modificó el régimen y administración del Distrito Capital y estableció un Gobierno paralelo a cargo de un jefe que sería designado por el propio presidente de la República, a fin de usurpar las funciones y el presupuesto que tenía asignado el alcalde metropolitano.

Pese a que la Constitución establece que el Gobierno de Venezuela y de las «entidades políticas que lo componen es y será siempre democrático, participativo, electivo», Chávez designó como jefa de Gobierno del Distrito Capital a la dirigente del oficialismo, Jacqueline Farías, quedando Ledezma despojado de sus competencias, hasta que fue detenido injustificadamente en 2015 por la supuesta comisión de delitos políticos.  

El régimen de Maduro prosiguió con la política gubernamental emprendida por su antecesor de desconocer la institucionalidad formal a través de los protectorados, y obviar a los titulares de los órganos constitucionales que habían sido electos mediante la votación popular, por el solo hecho de tratarse de líderes o candidatos de oposición.

Esta política de Estado quedó consolidada en 2017, cuando designó más protectorados en cuatro entidades federales (Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira) en las que había ganado legítimamente la oposición durante las elecciones regionales celebradas el 15 de octubre de ese año.

La figura del protectorado, en definitiva, es una suerte de representante del Ejecutivo nacional para la administración de las gobernaciones y alcaldías, en función de los intereses del poder central, que para nada representa la voluntad democrática de los ciudadanos. Son fórmulas organizativas de carácter territorial impuestas arbitrariamente desde el Gobierno nacional con la intención de desconocer las victorias obtenidas por la oposición en elecciones regionales y municipales.

28 personas han muerto en centros penitenciarios de Lara en lo que va de 2021
El último deceso se registró en la cárcel de Uribana

A un total de 28 ascendió la cifra de privados de libertad que han fallecido en los distintos calabozos o centros penitenciarios del estado Lara. El último deceso se registró en la cárcel sargento David Viloria, mejor conocida como Uribana, cuando un reo de 32 años de edad falleció por insuficiencia respiratoria. 

Según los registros del hospital central Antonio María Pineda, a las 12 y 30 de la medianoche fue ingresado Carlos Luis Cedeño Ortega sin signos vitales luego de presentar insuficiencia respiratoria porque, aparentemente, padecía de tuberculosis. Antes de ser llevado al centro de salud más importante de Barquisimeto, al hombre lo llevaron hasta enfermería del penal, pero a minutos de su atención falleció. 

Carlos era oriundo del estado Yaracuy, estaba detenido por el delito de droga desde el año 2012, pero no fue sino hasta septiembre de 2020 que fue trasladado al Centro Penitenciaria David Viloria  Uribana, donde permaneció recluido hasta su muerte. 

Desde el mes de enero no se registraba una muerte en Uribana y con esta sería la tercera que Una Ventana a la Libertad (UVL) contabiliza en ese penal durante 2021. Los otros dos reos que fallecieron fueron Roiber Alejandro Pereira Mendoza de 25 años de edad quien fue asesinado a tiros el 6 de enero durante un motín y Yelfrín José García Azuaje de 38 años que murió por tuberculosis. 

Proyecto de ciudad comunal acentúa crisis de derechos humanos
123 organizaciones no gubernamentales rechazaron la Ley Orgánica de Ciudades Comunales

Ante las discusiones parlamentarias sobre la introducción del proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, Defiende Venezuela organizó un foro en el cual se explicó cómo el proyecto de ciudad comunal nos adentra más en la crisis de derechos humanos en Venezuela. Dejando claro que en Estados frágiles el récord de violación de derechos humanos es mayor.

Zulma Bolívar, urbanista, docente e investigadora en Iberoamérica, comentó que el proyecto de ley de ciudades comunales ha estado presente tácitamente desde que el régimen asumió la administración ejecutiva del país, ya que las alcaldías han perdido protagonismo. Sobre esto, aseveró que cada vez más se quiere apagar el gobierno local/municipal, otro de los puntos que se evidencian en el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales desde el 2009.

“123 organizaciones desaprobaron esta Ley Orgánica de Ciudades Comunales, ya que no solo irrespeta la Carta Magna, sino que también entorpece la coordinación natural de la gestión pública en las ciudades, la cual ya es bastante complicada”, expresó Zulma Bolivar. 

Por su parte, Cristofer Correia, activista político por la democracia, director general de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional y director ejecutivo de Voluntarios por Venezuela, explicó que lo que se busca con las ciudades comunales es generar mayor control político, lo cual refuerza la vocación autoritaria del régimen venezolano, ya que se seguirán formando estructuras paralelas al Estado formal donde los consejos comunales avanzarán hacia un sistema de control.

Correia aseguró que los consejos comunales no fueron un mecanismo para acercar el poder a la gente, por el contrario, fue un mecanismo para centralizar, para alejar del poder a las comunidades, gobiernos locales y regionales, generando entonces un control total por parte del régimen.

Asimismo, Héctor Fuentes,  abogado, experto en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Director de la ONG Estado Lab, expusó que el proyecto de ciudad comunal nos adentra más a la fragilidad, agravando el problema de violación de derechos humanos en Venezuela, ya que en Estados frágiles el récord de violación de derechos humanos es mayor. Agregó que ‘‘Los derechos humanos sólo pueden ser protegidos y sostenidos por instituciones sólidas, con un sentido normativo claro y compromiso con los principios democráticos de los derechos humanos’’.

Para ejemplificar el punto de la fragilidad que sufre el pueblo venezolano, hizo referencia al gran declive económico, siendo este año la economía 75% más pequeña de lo que era hace 5 años. Otro gran indicador de la fragilidad que se vive, son las 5.2 millones de personas que han dejado el país.

En este sentido, una ciudad fragmentada tiene como consecuencia un aumento de la burocracia y una disminución de la eficiencia, y es ésta la propuesta esencial de esta Ley Orgánica de Ciudades Comunales, que busca nuevamente hacerse del poder a través de vías alternas.

 

 

Zonas de Amazonas tienen al menos 8 años sin luz
A la falta de electricidad, se suman la escasez de agua potable, líneas telefónicas e internet

Kapé Kapé conoció en un abordaje a algunos habitantes de la comunidad de Curiapo, capital de municipio Antonio Díaz, que esa zona está sin luz desde hace al menos 8 años.

Yoraima González oriunda de esa localidad dijo que la falla tan prolongada de este servicio, es una muestra más del abandono a esta comunidad.

A la falta de electricidad, se le suman el servicio de agua potable, líneas telefónicas e internet, servicios con los que contaban hace años.

Jaime Gómez, residente de la comunidad de Boca de Latal, del municipio Tucupita también reveló que desde hace 20 años no cuentan con la luz eléctrica, siendo “la luz de la luna, lo único que les ilumina por las noches”.

Bonoina, Araguaimujo, Guayo y Nabasanuka, comunidades que cuentan con mayor población warao se suman a la falta de electricidad y a la carencia generalizada de los servicios básicos desde hace aproximadamente diez años.

En medio de su necesidad por tener luz, los jóvenes de Araguaimujo se las ingeniaron para crear sus propios bombillos recargables con baterías de las computadoras Canaima.

Este invento que ha impactado a los viajeros que pasan por ese sector y logran ver una luz sin contar con una planta eléctrica, ni combustible.

Alertan que Roland Carreño padece problemas de salud
El periodista tiene hipertensión, glicemia alta y laberintitis

Joel García, abogado del periodista y activista político Roland Carreño, confirmó al equipo de Una Ventana a la Libertad en Caracas que el estado de salud del comunicador social va en continuo deterioro.

En la actualidad Carreño está detenido en los calabozos policiales de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (DIP), ubicada en Maripérez. 

El abogado Joel García informó que luego de ser admitida la acusación contra el periodista Roland Carreño fue pasado a la fase de juicio oral y público. Manifestó a UVL su preocupación por las complicaciones que se suman al estado de salud del detenido: “Su salud sigue afectada por hipertensión, glicemia y problemas auditivos que le afectan el equilibrio”.

Nueve meses lleva detenido Roland Carreño. A juicio de su abogado, las condiciones de salud son bastantes precarias. La defensa ha solicitado dos revisiones médicas que han sido negadas por el juez que lleva el caso. 

El periodista Roland Carreño ha presentado síntomas de laberintitis y, pese a ello, se le niega el derecho a recibir atención médica.

Waraos refugiados desconocen asistencia del Cónsul venezolano en Brasil
Al menos 6.500 indígenas desplazados desde Venezuela no tienen asistencia del consulado venezolano
Los refugiados aseguran que los niños nacidos en Brasil no tienen nacionalidad por falta de registro civil

Venezolanos desplazados hacia Brasil confirmaron a la ONG Kapé Kapé la falta de asistencia del Cónsul venezolano y de los funcionarios de la embajada en los abrigos donde pernoctan los diferentes miembros de las etnias de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, que principalmente pertenecen a los pueblos warao, kariña y jivi.

Esta población sostiene que ameritan la atención del gobierno venezolano principalmente para gestionar documentos de identidad y la inclusión de los niños indígenas en educación formal.

“Sinceramente el consulado venezolano como que no funciona aquí en Brasil. No conocemos, ni sabemos si existe esa institución” asegura el cacique Aníbal Pérez, desde uno de los refugios ubicado en Manaus, en el estado de Amazonas en Brasil.  El representan warao asegura que nunca ha visto el servicio de asistencia a los venezolanos en Brasil, por lo que desconoce si existen representantes del consulado en algún estado del país.

Yovinis Torres tiene tres años como refugiado en Pacaraima y dice que no conoce ninguna ayuda de funcionarios venezolanos o de autoridades del Cónsul a los indígenas ubicados en ese albergue.  “Actualmente vivo aquí en Ananideua, y desconozco la presencia de representantes de las autoridades de Venezuela, ni siquiera he conocido la primera persona en representación del Consulado” asegura.

Por su parte, Leanny Torres, representante Warao de un abrigo, asegura que el Consulado de Venezuela que funcionaba en Boa Vista, estado de Roraima, fue cerrado “funciona una embajada que lleva por nombre Ricardo Delgado y se llama Centro de Atención al Venezolano”. No obstante, desconoce si los representantes de la embajada prestan atención a la población indígena desplazada desde Venezuela.

El dirigente warao José Lisandro Moraleda señala que el año pasado el gobierno venezolano cerró la oficina del Consulado venezolano, y en su lugar empezó a funcionar la embajada de Juan Guaidó en la persona de Teresa Belandria como embajadora, quien sólo tuvo contacto con la población warao de los refugios a través de teléfonos al comienzo de la pandemia.

Al menos 6.500 miembros de pueblos originarios inmigrantes que se alojan en refugios instalados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (Acnur) reciben atención sólo de las autoridades de Brasil y desconocen la asistencia de las autoridades del Cónsul venezolano ni de la embajada de Venezuela.

Los representantes waraos señalan que al menos 1500 niños requieren documentos de identidad para su ingreso a la educación formal y aseguran que los indígenas nacidos en Brasil no tienen nacionalidad por falta de registro civil.

Las denuncias del abandono a los migrantes venezolanos en Brasil por parte de la embajada vienen desde hace 4 años con el repunte de la migración hacia ese país producto de la crisis humanitaria en Venezuela.

DDHH olvidados | “La Fiscalía solo quiere que una se canse”
Carlos Alberto Mora, de 19 años, fue asesinado el 14 de julio de 2006 en Antímano por efectivos de la extinta Policía Metropolitana de Caracas

@ValeriaPedicini

Cuando Dilcia Mendoza habla de su hijo, no lo hace en tiempo pasado. Cuando cuenta la historia detallada de cualquiera de las cuatro fotos que sostiene entre sus manos, siempre lo hace en presente. Las imágenes están unidas con grapa a una hoja carta que la mujer revisa con dolor desde hace más de una década por la ejecución extrajudicial de su hijo.

Carlos Alberto Mora había regresado a vivir a su casa natal en la Parroquia Antímano de Caracas. El muchacho de 19 años estaba decidido a estudiar Criminalística, así que había presentado los exámenes de admisión ante la Policía de Sucre. Mientras esperaba los resultados, trabajaba como mecánico junto a su papá en Filas de Mariches. 

Ansioso porque la respuesta no llegaba, el 14 de julio de 2006 no fue a trabajar y subió al sector La Acequia para ubicar un teléfono y averiguar si lo habían aceptado. 

Eran cerca de las 10 de la mañana. Cuatro horas más tarde, Carlos Alberto estaba muerto. 

Dilcia salió varias veces de casa a recorrer los callejones y escaleras en búsqueda de su hijo. No obtuvo resultados. Pasado el mediodía, angustiada, se asomó por su ventana. Miró hacia la casa de su vecina en la cima de la montaña y desde ahí vio a uno de los policías disparando al aire. 

Todavía Dilcia Mendoza no sabe por qué mataron al joven. Ella misma ha tenido que atar cabos sueltos para saber cómo fue asesinado por agentes de la hoy extinta Policía Metropolitana de Caracas. La versión policial sostiene que murió durante un enfrentamiento con los funcionarios. Pero Dilcia, convencida de su inocencia, ha ido reconstruyendo los hechos a falta de la indagación oficial. 

La mujer supo que cuando su hijo iba de regreso a casa, los efectivos iban subiendo por el barrio. Un conocido de Carlos Alberto  le dice que entren a una casa para evitar encontrarse con la policía. Dentro de la vivienda, se encuentran con un joven que presuntamente había estado implicado en un caso. “Los funcionarios tumbaron precisamente la puerta de esa casa y entraron. Uno de ellos le comentó a otro: ʻAquí ya tengo tres”. 

En sus averiguaciones, ella también ha podido establecer con los años que aquel funcionario, descargando su arma al aire, solo buscaba aplacar los gritos de auxilio y de dolor que las torturas estaban arrancando a su hijo en la casa vecina.

“Yo revisé la casa donde todo sucedió, encontré las medias de mi hijo, su gorra. Supe que de ahí salió vivo, pero con una ropa que no era la suya. Supe que los funcionarios tardaron una hora en llevarlo al hospital, que apenas está a quince minutos del lugar. ¿Qué pasó ahí? Hay demasiadas cosas que no han sido investigadas. En 2010, de la nada, apareció el teléfono celular de mi hijo. Me lo dio la misma vecina que dijo haberlo encontrado donde lo mataron porque una luz estaba titilando. ¿Seis años después un celular va a tener batería?”.

Había que denunciar

El cuerpo de Carlos Alberto todavía estaba tibio cuando Dilcia lo dejó en el Hospital Pérez Carreño y se fue a denunciar lo que había ocurrido. “Reaccioné y le dije a mi esposo que teníamos que ir a denunciar rápido, para que no les diera tiempo de cambiar la versión, de ponerse de acuerdo, para que no se perdiera evidencia ni borraran nada”. 

No estaban seguros a dónde podían ir. Así que subieron al primer taxi que encontraron. El conductor, tío de un estudiante asesinado por la policía, supo exactamente a dónde dirigirse: los llevó a la sede del Ministerio Público y les explicó lo que tenían que hacer. 

“Vengo a denunciar que unos funcionarios de la Policía Metropolitana asesinaron a mi hijo. Hay testigos y quiero que vean su cadáver. Tiene en el pecho un círculo de seis centímetros con un punto del que se desprende la piel, como si le hubiesen puesto aceite caliente y la ampolla se le hubiese estallado. Eso fue que me lo quemaron”. 

Después de tantos años trajinando su caso, Dilcia puede explicar que lo que vio aquel día en el cuerpo de su hijo no era una quemadura, sino el rastro de un disparo a quemarropa.

“Como víctimas, nosotras creemos que por el solo hecho de hacer la denuncia ya se va a hacer justicia. Ya hoy han pasado 21 fiscales en mi caso”, señala Dilcia Mendoza, quien desde 2006, se ha abocado día tras día a empujar los procesos jurídicos necesarios para establecer las responsabilidades en la ejecución extrajudicial de su hijo. 

Ha logrado, incluso, estar frente a algunos de los funcionarios señalados como presuntos responsables de la muerte de Carlos Alberto. “Hoy, me siento orgullosa de verle la cara a esos policías. Cuando me ven, corren como si estuvieran viendo al diablo. A veces me les pego atrás, y les digo: ‘así te escondas bajo las piedras, la justicia te va a agarrar¡”.

Ha comprendido que frente a las disfunciones del sistema solo la voluntad puede marcar la diferencia. “La Fiscalía solo quiere que una se canse. Pienso que al Estado le conviene los casos estancados. Yo iba al Ministerio Público una y otra vez y siempre me decían que esperara, que el fiscal no estaba, que volviera. Yo no sabía nada de la justicia ni qué eran los derechos humanos”. 

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic

Presidente del parlamento venezolano ejerce funciones de otros poderes públicos: el caso de la Cota 905
Jorge Rodríguez aseguró que los sucesos registrados entre el 7 y 9 de julio en la la Cota 905 fueron planificados por sectores de la oposición

Legislar, aprobar créditos adicionales y contratos de interés públicos, y controlar al Gobierno. Estas son algunas de las tareas que la Constitución les asigna a los diputados de la Asamblea Nacional (AN). Sin embargo, en días pasados Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, decidió atribuirse las funciones del Ministerio Público (MP) y hasta de la Defensoría del Pueblo acerca de los sucesos de la Cota 905.

El pasado 13 de julio el legislador oficialista aseguró que los sucesos registrados entre el 7 y 9 de julio en el suroeste de Caracas, cuando la banda de «El Koki» realizó ataques contra sedes de distintos organismos policiales y amenazó con asesinar a vecinos de La Vega, fueron planificados por sectores de la oposición, entre los cuales figuraba el diputado de la AN electa en 2015, Freddy Guevara, junto con el Gobierno colombiano. Guevara fue detenido el 12 de julio cuando conducía su auto por la autopista Francisco Fajardo, ahora Gran Cacique Guaicaipuro.

En una rueda de prensa, en la cual usurpó las funciones de investigación del MP, Rodríguez afirmó lo siguiente:

«Las acciones de las bandas criminales están relacionadas con los mercenarios colombianos debido a que sus actuaciones son típicas de éstos, uno de los principales productos de exportación de Colombia (…) El armamento que le fue incautado a los terroristas, a los delincuentes, fue armamento de guerra, provisto por la Casa de Nariño, por el Gobierno colombiano que se alió con estos malandros para empezar a matar gente en los túneles de La Planicie, en la autopista y generar extrema violencia con armamento de guerra».

Seguidamente el parlamentario oficialista mostró unas supuestas capturas de pantalla de conversaciones que Guevara y otros dirigentes del partido opositor Voluntad Popular habrían mantenido en los últimos meses y las cuales, según él, probarían que estaban planificando hechos violentos. Con esta acción no solo usurpó las funciones de los policías y de los fiscales, quienes son los únicos que deberían tener esta información, sino que además violó al menos dos disposiciones del proceso penal.

Por un lado, Rodríguez habría vulnerado la cadena de custodia, la cual según el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) no es otra cosa más que:

«la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar del hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y forenses, la consignación de los resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso».

En segundo término, el presidente de la AN habría infringido el principio de la reserva de las actuaciones de la investigación penal, previsto en el artículo 286 del COPP. Esta norma solo permite que los imputados, sus defensores y la víctima puedan examinar las evidencias, y además establece que los funcionarios públicos que por un motivo u otro las puedan tener en su poder, no las difundan.

¿Independencia de poderes?

Como si lo anterior no fuera suficiente, Jorge Rodríguez le dijo al fiscal general impuesto en 2017 por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, lo que debía hacer.

«Me imagino que luego de estas imágenes, la Fiscalía General de la República ya debe haber dado órdenes de captura para Gilbert Caro, Hasler Iglesias, Emilio Graterón y Luis Somaza», dijo el diputado tras exhibir los supuestos chats entre los opositores.

Esta afirmación carece de base legal, pues no es el MP el que ordena la detención de alguien, sino que la solicita a un juez, quien es el competente para ello de acuerdo con la Constitución.

Además, a Rodríguez no le bastó actuar como fiscal, sino que también lo hizo como si fuera Defensor del Pueblo al abordar el caso de Freddy Guevara.

«Freddy Guevara no está desaparecido, está preso por planes terroristas y paramilitares en Caracas (…) Freddy Guevara intentó perpetrar hechos en contra de la paz de la República venezolana y la República se defendió», declaró el legislador, saliéndole al paso a las denuncias de que el opositor había sido detenido arbitrariamente y que se había configurado una desaparición forzada de corta duración. Ambas situaciones son violaciones a los derechos humanos, las cuales son asuntos que debe abordar la Defensoría del Pueblo.

Respecto de esta afirmación, cabe hacerse varias preguntas: ¿qué pasó con lapresunción de inocencia?, ¿qué tribunal se atreverá a llevarle la contraria a uno de los máximos dirigentes del oficialismo luego de esta «condena»? Aquí aparece de nuevo el llamado «efecto Afiuni», que tan presente está en los tribunales dejusticia del país.

Los hechos se encargan de corroborar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso de Freddy Guevara: fue aprehendido a plena luz del día mientras conducía su vehículo, con lo cual parece complicado que se reúnan los requisitos para considerar que incurrió en un delito flagrante, en especial en los términos expresados por las autoridades, que lo acusan de incurrir en delitos de terrorismo y traición a la patria. El opositor transmitió mediante sus redes sociales el momento de su captura y se le veía tranquilo y no estaba armado.

Por su parte, la familia y los abogados del opositor no fueron notificados de su paradero y este fue presentado a tribunales cincuenta y ocho horas después de su aprehensión; es decir, diez horas más tarde de lo previsto en la ley venezolana.

En un proceso penal solo pueden actuar los órganos competentes

La actuación de Rodríguez también excedió el ámbito de sus atribuciones como presidente de la AN. El artículo 27 del Reglamento de Interior y Debates de la AN (Gaceta Oficial n.º 42.068 de 12 de febrero de 2021) en ningún caso se le atribuye la facultad de dar órdenes o instrucciones al MP ni a ningún otro organismo para capturar presuntos delincuentes, ni mucho menos manejar o hacer públicas las supuestas pruebas de un expediente.

Igualmente socava el artículo 39, numeral 1 del mencionado reglamento, dado que invade las funciones de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, instancia interna de la AN encargada de conocer sobre los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa integral del país, así como los asuntos concernientes a la posesión y uso de armas de guerra, aparte de los relacionados a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.

La comisión parlamentaria en cuestión sería la facultada para llevar a cabo una investigación de los hechos, pero sin que esto implique facultad alguna para acusar o hacer públicas o manipular pruebas de un proceso que apenas empieza.