Yeannaly Fermin, autor en Runrun

Yeannaly Fermín

Sistema de trasplantes de órganos cumple cinco años paralizado
Más de 1.200 personas han dejado de recibir trasplantes desde el año 2018. Según cifras de la Organización Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), entre 2016 y 2022 han fallecido 120 personas trasplantadas por intermitencia en su tratamiento y falta de atención oportuna

 

@yeannalyfermin

 

La madre de Juan José Rodríguez*, paciente renal del JM de Los Ríos desde hace tres años, está en la espera de un trasplante de riñón que le pueda devolver a su hijo la calidad de vida que tanto anhela. Sabe que las condiciones del centro hospitalario y la situación del país no son las más idóneas, pero afirma que tiene mucha fe en Dios y confía en que saldrá con bien de todo. Mientras tanto, el pequeño sigue dependiendo de las diálisis para poder vivir. trasplantes

Este miércoles, 1 de junio, se cumplen cinco años de la paralización del sistema de trasplantes de órganos en Venezuela por decisión gubernamental. La medida, que en principio iba a ser “temporal”, fue el comienzo de un viacrucis para todos los pacientes que necesitan un trasplante o diálisis para poder vivir. 

En el año 2014, el trabajo que venía ejerciendo la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), ejecutora del Sistema de Procura de Órganos para Trasplante (SPOT), fue interrumpido abruptamente cuando el Gobierno Nacional creó la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE) y le adjudicó sus funciones. 

Tres años más tarde, a partir del mes de junio de 2017, Fundavene informó la suspensión del programa de donante cadáver (de persona fallecida a persona viva) por “no poder garantizar” el suministro de inmunosupresores, medicamentos que se utilizan para impedir que el cuerpo rechace el nuevo órgano o tejido.

Como consecuencia de esa paralización, la ONTV estimó que más de 1.200 personas han dejado de recibir trasplantes desde el año 2018. Según cifras de la Organización Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), entre 2016 y 2022 han fallecido 120 personas trasplantadas por intermitencia en su tratamiento y falta de atención oportuna. 

La ATV señaló que 2020 y 2021 han sido los años con más decesos -35 y 37- respectivamente por patologías renales. La organización también indicó que, hasta la fecha, al menos 209 personas han presentado rechazo agudo del órgano trasplantado por la escasez de inmunosupresores. 

Por su parte, la ONG Prepara Familia, dedicada a la asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, ha contabilizado el deceso de 67 menores en las áreas de Nefrología y Hemodiálisis del Hospital José Manuel de los Ríos, ubicado en Caracas. 

“Situación preocupante y crítica”

La situación de las personas que necesitan trasplante, que ya están trasplantados o que necesitan diálisis para poder vivir, fue descrita por la médico nefróloga y asesora de la ONTV, Anabela Arminio, como “dolorosa, preocupante y crítica”.

A través de una  videoconferencia, Armino explicó que actualmente en Venezuela no existe un sistema de trasplante de órganos de cadáver a vivo, mientras que de vivo a vivo, prácticamente no se realizan.

“A partir de 2017 se produjo la debacle del programa de trasplante tanto de vivos como de cadáveres porque además las condiciones hospitalarias del país decayeron notablemente a partir de 2014 y los centros de trasplante público también perdieron la capacidad de realizar trasplantes de donantes vivos”, dijo Arminio.

La médico nefróloga resaltó que con la donación de órganos de cadáver a vivo se pueden trasplantar riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino, mientras que de vivo a vivo solo se puede riñón e hígado, lo que deja por fuera a 98% de la población que requiere un trasplante.

Arminio señaló que, hasta el momento, el único centro que dice que puede hacer trasplantes de donantes vivos en el sistema de salud público es el Hospital Militar Carlos Arvelo; sin embargo, este hospital ha realizado muy pocos trasplantes y desde 2018 no atiende casos de pacientes pediátricos.

Huníades Urbina, médico pediatra intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina, apuntó que en la Policlínica Metropolitana de Caracas se pueden hacer trasplantes de hígado y médula ósea de vivo a vivo, al igual que en una clínica privada en Valencia, pero que los precios son muy elevados y no hay quien pueda costear su valor en Venezuela, que puede rondar los 70 mil dólares. 

De acuerdo con la ONTV y los Amigos Trasplantados, hay unos 5000 pacientes en espera de trasplantes de riñón, mientras que 12 a 15 niños, solo en JM de los Ríos, esperan por médula ósea.

Urbina indicó que según cifras del Ivss existen 124 unidades de diálisis tanto públicas como privadas, y hay aproximadamente 15 mil pacientes renales que necesitan diálisis, de los cuales, la mayoría, terminarán necesitando un trasplante de riñón, dependiendo de las condiciones de salud. 

Según cifras de la ATV, el Ivss llegó a contar con más de 2.500 máquinas de riñón artificial para hemodiálisis, pero entre 2018 y 2019, las máquinas se fueron dañando por falta de reparación y repuestos y ahora hay un cementerio de equipos en varios hospitales. 

En el año 2019 Codevida, denunció que 1.283 personas estaban en riesgo de morir por la escasez de insumos y tratamiento médico en las unidades de diálisis de cinco estados del país: 480 en Lara, 368 en Aragua, 264 en Carabobo, 100 en Cojedes y 71 en Mérida.

Datos de la ONG Prepara Familia afirman que la única unidad de hemodiálisis del país que presta servicio a niños que tengan un peso menor a los 10 kilogramos es el JM de Los Ríos y cuenta con 15 máquinas de diálisis, de las cuales, en 2017 funcionaban entre ocho y nueve. Actualmente, solo funcionan siete. 

Por su parte, Médicos por la Salud informó que actualmente un 18,5% de los servicios de diálisis hospitalarios no se encuentran operativos, afectando a los pacientes renales agudos que no tienen posibilidad de movilizarse a ningún otro lugar para recibir el tratamiento.

Derechos vulnerados 

Una víctima de toda la calamidad que tiene que enfrentar un paciente renal es Gineth Gil, la madre de Jeannys Herrera, una niña de nueve años que falleció el pasado 19 de agosto de 2021 en el JM de Los Ríos en espera de un trasplante de riñón.

Gineth siempre visita el hospital a pesar de que su hija falleció. Comentó que la situación del JM ha empeorado desde agosto de 2021,hasta el pasado miércoles, 25 de junio, que llevó a su hija menor porque, al igual que Jeannys, está presentando síntomas de insuficiencia renal.

Aseguró que siente miedo de que le den el mismo diagnóstico que a su hija mayor y por eso le hace un llamado al gobierno a que reactiven los trasplantes y le den prioridad a los niños, para que no sigan muriendo ni vivan dependiendo de la diálisis.

La abogada y directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, señaló que la situación en Venezuela es complicada y el nivel de vulneración de los derechos humanos es exponencial. 

La directora de Prepara Familia explicó que los niños hospitalizados, y principalmente los que están cumpliendo su tratamiento en el JM de Los Ríos, no solo se enfrentan con la situación de estar hospitalizados, sino que además se enfrentan con la falta de agua, fallas eléctricas, el mal funcionamiento o total paralización de las áreas especializadas como laboratorios y rayos x e imagenología, las fallas del banco de sangre y demás equipos, un 85% de los cuales están dañados.  

 Martínez agregó que a todo el problema de infraestructura se le suma el déficit del personal sanitario y de enfermería que está llegando al 80%, lo que impacta negativamente en los menores porque en las noches no hay personal capacitado de enfermería para que suministren un tratamiento. 

“En las unidades de diálisis que deberían tener un personal de enfermería muy especializado en este momento carece de ese tipo de personal”, dijo.

Katherine Martínez indicó que el derecho a la alimentación también está vulnerado porque no se les está dando a los niños una alimentación diversa en calidad y en cantidad. “Es muy duro porque reciben siempre lo mismo, arroz con granos o arepa sola. No cuentan con una alimentación balanceada según la enfermedad que presentan”. 

Sobre las carencias en suministros e insumos médicos, Martínez señaló que son las madres y familiares quienes deben costear todos los materiales, y aunque la situación no es nueva, genera un impacto negativo en los niños porque muchos no cuentan con los recursos. 

A juicio de Martínez, las madres que vienen del interior del país quedan en una situación de indefensión porque no cuentan con los recursos para hospedarse en lugares seguros y accesibles. 

Además de todos estos abusos y atropellos, a los niños hospitalizados con patologías crónicas se les vulnera el derecho a la educación y al entretenimiento, pues no hay espacios destinados para tales fines, como sí existen en otros países. 

Según explicó Anabela Arminio, la actividad de trasplantes en Venezuela en comparación con otros países ha sido baja, pero iba creciendo con el pasar de los años. 

Detalló que el trabajo de la ONTV llegó a su máximo en los años 2000-2016 cuando se realizaron 2.229 trasplantes de cadáver a vivo y 1.648 de vivo a vivo. 

En una gráfica de la evolución de los trasplantes desde el año 2.000 hasta el 2.018 se puede observar la estrepitosa caída que sufrió el sistema a partir de 2014. 

En lista de espera y sin esperanza

Actualmente, se desconoce la cifra exacta de cuántos menores de edad reciben diálisis en el país. Los números que registra la ONG Prepara Familia estiman que 30 pacientes pediátricos están esperando un trasplante renal.

De acuerdo con la ONTV, cinco niños han fallecido esperando que se reactiven los trasplantes en Venezuela en lo que va de 2022, y aunque varios han sido los anuncios del gobierno de Nicolás Maduro sobre la reactivación de los trasplantes en el país, nada se ha concretado; mientras tanto, sigue aumentando el número de víctimas. 

El 1 de julio de 2019 Nicolás Maduro informó que Cuba, “en solidaridad», se ofreció a atender a los niños con enfermedades hemato-oncológicas y a realizar trasplantes de médula ósea; pero la isla, al igual que Venezuela, solo realiza trasplantes autónomos, cuando las células madres se obtienen del paciente, y alogénicos, cuando es un hermano del mismo padre y la misma madre. 

Codevida señaló en ese mismo año que Cuba no cuenta con la infraestructura para realizar injertos de donante no relacionado y que tampoco aparece en los registros de la Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea, la base de datos que agrupa los bancos de células madre de todos los países del mundo.

En marzo de 2021, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó la inauguración de la Unidad de Trasplante Renal en la Clínica Popular El Paraíso, en Caracas, con novedosos equipos tecnológicos y grandes espacios para la atención de los pacientes con patologías renales. 

Meléndez aseguró que “todo estaba todo al 100%” para iniciar la reactivación de trasplantes en Venezuela. “Desde el odontólogo hasta el anestesiólogo están activos para ofrecer todos los servicios de hematología,  y brindarle atención especial a los enfermos renales. Nada que envidiarle a una clínica”, dijo. 

Hasta el momento, nada más se ha sabido del funcionamiento de este centro de salud y las condiciones en el JM de Los Ríos siguen empeorando. 

85% de los magistrados del “nuevo” TSJ están sancionados internacionalmente
Acceso a la Justicia determinó que 2 de 3, o el 66,6% de los magistrados fueron reelectos en la junta directiva, mientras que 3 de 3 de los magistrados en la junta directiva son oficialistas

 

Sobre la reciente designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), realizada el pasado mes de abril, la ONG Acceso a la Justicia indicó que luego de un proceso «plagado de vicios e irregularidades», se pudo constatar que el «nuevo» TSJ no es más que una versión resumida del anterior. 

«Es lamentable cómo las razones políticas han impedido tener un TSJ imparcial e independiente como lo señala la Constitución y, en cambio, se reelige al 60% de los magistrados anteriores y se incorpora como ‘caras nuevas» funcionarios de lealtad comprobada en otros poderes públicos¡», señaló la ONG. 

A través de una infografía, precisaron que 60% de los magistrados fueron reelectos en sus cargos, mientras que solo el 40% fueron nuevos. 

Sobre el total de magistrados reelectos, Acceso a la Justicia indicó que en la Sala Constitucional fueron (4 de 5), en la Sala Político Administrativa (2 de 3), en la Sala Electoral (2 de 3), la Sala de Casación Penal (2 de 3), y en la Sala de Casación civil y Social (1 de 3).

Según señaló la ONG, 2 de 3, o el 66,6% de los magistrados fueron reelectos en la junta directiva, mientras que 3 de 3 de los magistrados en la junta directiva son oficialistas. 

Del total de magistrados electos, la ONG señaló que 85% tenían afinidad con las políticas gubernamentales de Nicolás Maduro. 

Al ser divididos por salas, se puede observar que de la Sala Constitucional (5 de 5), la Sala Político Administrativa (3 de 3), la Sala Electoral (3 de 3), la Sala de Casación Penal (3 de 3) y la Sala de Casación civil (3 de 3), el 100% de sus integrantes son oficialistas. Solo en la Sala de Casación Social (1 de 3) es progobierno. 

La presidente repitiente sabe cómo neutralizar poderes autónomos

Sobre los magistrados reelectos, cabe destacar que uno de los nombres más resaltantes es el de Gladys Gutiérrez Alvarado, quien se convirtió el pasado 26 de abril de 2022 en una de los 12  magistrados repitientes, pero que además cuenta con una amplia trayectoria en el ente de justicia. 

Según el artículo 264 de la Constitución solo permite un período único de 12 años para el ejercicio del cargo de magistrado. Pero esto no ha sido un impedimento para que Gutiérrez repita como togada y, además, para que se anote otro período al frente del máximo órgano de justicia del país. 

La abogada y jueza, egresada de la Universidad Central de Venezuela y nativa de la ciudad de Punto Fijo, Falcón, se ha paseado por distintos cargos durante las gestiones de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre los que figuran: procuradora general de la República, embajadora ante el Reino de España, cónsul de Venezuela en Madrid y ministra consejera de la  Embajada de Venezuela en España. Aquí te contamos más detalles sobre la trayectoria de Gutiérrez dentro de las filas del Chavismo, en una Huella Digital preparada por el equipo de investigación de Runrunes.

Bono anunciado por Maduro discrimina a la mayoría de los jubilados y pensionados
El coordinador del Frente en Defensa de los Pensionados y Jubilados, Luis Cano, rechazó la improvisación del gobierno al anunciar la medida
La situación de los jubilados y pensionados es todavía más delicada si se toma en cuenta las necesidades en cuanto a la salud, alimentación, y cuidados que debe tener una persona que por lo general pertenece a la tercera edad

 

Olga González* trabajó 32 años y siete meses en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Durante su trayectoria por la empresa se desempeñó como recepcionista, asistente contable y finalmente formó parte de la administración. 

Al Inces tiene mucho que agradecerle: gracias a su trabajo pudo tener apartamento y carro. Sin embargo, cuando le llegó el momento de su jubilación, el 31 de enero de 2018, sintió una gran decepción porque el monto que recibió por toda una vida de trabajo no le alcanzaba ni para comprarse dos kilos de carne.

El pasado 1 de mayo, el Gobierno Nacional con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador, anunció el pago para los jubilados de un bono único de 10 mil bolívares (unos 2.227 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela). Pero el beneficio no toma en cuenta a todos los pensionados; ni siquiera a todos los jubilados de la administración pública; solo incluye a 120 mil personas que se jubilaron entre enero de 2018 y mayo de 2022. 

Un día después del anuncio de Maduro, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, explicó que el pago se hará de manera fraccionada (en tres partes) desde este 1 de mayo hasta la misma fecha del año 2023. 

Y hay otras complicaciones. Rodríguez detalló que el mecanismo para cobrar la bonificación será a través del Carnet de la Patria. Indicó que los trabajadores que se jubilaron durante ese período deben dirigirse a la oficina de recursos humanos de la institución donde se jubilaron para solicitar el bono

La funcionaria informó la creación del Banco Digital de los Trabajadores para bancarizar digitalmente a los obreros y depositarles los beneficios en petros; también la construcción de un fondo especial de financiamiento de trabajadores para los que quieran comenzar proyectos o financiar cooperativas o planes laborales por un monto inicial de 100 millones.

Olga González comentó que se sintió muy feliz cuando se enteró del anuncio del pago del bono porque “le entregué a la institución muchos años de mi vida”. Detalló que una amiga se dirigió a la institución en busca de información y le dijeron que ambas aparecían en la lista, pero que no tenían más información, salvo la que había dado el gobernante, por lo que deben esperar a conocer más detalles sobre la fecha del primer pago.

Luego de la reconversión monetaria ocurrida en 2018, las prestaciones sociales de los trabajadores de la administración pública prácticamente desaparecieron, así como los montos de las jubilaciones . “Cuando a mí me pagaron los 17 bolívares de mi jubilación, eso no era nada, capaz en 2014, 2015 sí hubiese podido hacer algo, pero ya para 2018 la inflación era muy alta, por eso este bono me parece justo”, afirmó la entrevistada. 

Raúl Martínez* fue empleado de Corpoelec durante 32 años. Comentó que su jubilación fue en el año 2019 y que el dinero que le dieron por todos los años de trabajo solo le alcanzó para comprar un bulto de azúcar que necesitaba para su emprendimiento, una pequeña empresa de helados artesanales. 

Martinez afirmó tener muchas dudas con respecto al bono “Maduro dice una cosa y la vicepresidenta dice otra”. También, aseguró que, hasta el día de hoy, no hay ninguna noticia sobre el pago del bono. “ Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp de jubilados y nadie ha comentado sobre el pago del bono”.

El jubilado de Corpoelec afirmó que irá a la institución a buscar información sobre el pago del bono cuando se hayan establecido claramente los lineamientos, antes, no. Martínez se mostró incrédulo con el pago del beneficio y resaltó que es posible que cuando el gobierno finalmente pague, la inflación ya habrá devorado el dinero.

Un bono discriminatorio 

Sobre la entrega del bono anunciado por Nicolás Maduro, el coordinador del Frente en Defensa de los Pensionados y los Jubilados, Luis Cano, dejó claro que no hubo un bono para los pensionados y jubilados “lo que hubo fue una indemnización para un grupo de jubilados de la administración pública”. 

Cano explicó que el bono es “discriminatorio y una burla”, porque el beneficio solo va a ser recibido por 120 mil jubilados de cinco millones que hay en el país. 

“Nos parece que la bendita indemnización que el gobierno le está dando a un grupito muy minúsculo de los jubilados es una burla y una falta de respeto para con nosotros que somos personas ya mayores y no merecemos que el gobierno nos esté vejando de esta manera”, argumentó. 

El coordinador del Frente en Defensa de los Pensionados y Jubilados rechazó la improvisación del gobierno al anunciar la medida. 

“El gobierno ni siquiera se pone de acuerdo en el discurso, porque cuando Maduro dice que el bono de 10 mil bolívares lo va a pagar en tres partes, resulta que al día siguiente sale la vicepresidenta diciendo que será en el plazo de un año y a través del Carnet de la Patria y que puede ser en petros”, dijo. 

Cano recordó que hace cuatro años el gobierno dio el “Petroaguinaldo” -un beneficio para todos los pensionados y jubilados de medio Petro en el mes de diciembre- que hasta ahora muchas personas no han podido hacer la conversión del petro a bolívares.

Exigencias ya establecidas en la Constitución

Luis Cano expresó que tanto él, como el frente que representa y demás jubilados y pensionados de otros sindicatos, no exigen nada que no esté contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

“Nosotros no le estamos exigiendo que nos regale nada, ni que no esté dando bonos ni cajitas del Clap simplemente que nos cumpla con el artículo 80 de la Constitución que establece el derecho a tener una vejez digna y a comer tres veces al día. No nos pueden seguir condenando a que nos muramos de hambre o desnutrición”, rechazó.

Otra exigencia que hace el Frente es que cumpla con lo establecido en el artículo 83, en donde se debe garantizar el derecho a la salud pública. 

“En estos momentos, el servicio de salud pública en Venezuela está en el suelo. Los hospitales no funcionan y el seguro social que fue creado para brindarle seguridad social a los trabajadores y jubilados está prácticamente cerrado”, denunció Cano.

El Coordinador del Ufajup considera que el monto de las pensiones debe estar referenciado por el costo de la canasta básica. 

“Nosotros nos queremos morir de viejos como manda Dios, no de hambre ni por falta de medicinas, como nos está condenando en este momento el gobierno”, indicó Cano. 

No solo de pan se vive

Luis Cano hizo mención al aumento de salario que anunció en el mes de marzo Nicolás Maduro. Afirmó que los 28 dólares que ahora reciben se están esfumando porque los precios de los alimentos, principalmente las proteínas, son muy elevados. 

“Nosotros no solo tenemos carencias de comida, de medicinas, nosotros tenemos carencias emocionales porque nuestros hijos y nietos se fueron del país, por eso, muchos hermanos están condenados a la depresión y no cuentan con la ayuda del gobierno para comprar un antidepresivo”, afirmó el coordinador del Frente por los pensionados y jubilados.

El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical en Venezuela registró para marzo de 2022 147 conflictos laborales, de los cuales, 89% fueron realizados por trabajadores del sector público.

Los principales reclamos de los trabajadores estuvieron relacionados con  problemas salariales (63%), malas condiciones de trabajo (8%), incumplimiento de convenciones colectivas (5%), y por violaciones a la libertad personal de los trabajadores (4%).

La situación de los jubilados y pensionados, que por lo general son adultos mayores, es bastante comprometida, si se toma en cuenta las necesidades en cuanto a la salud, alimentación, cuidados y recreación que debe tener una persona de la tercera edad.

El director de la Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabezas, explicó que si bien es cierto que a los pensionados y jubilados se les hizo un aumento de 2.50$ a 28$ mensuales, eso no significa que económicamente estén en mejor situación. 

“El tema es que estaban prácticamente recibiendo nada y pasaron a recibir poco menos de $1 diario. Eso se traduce en que siguen viviendo por debajo de la línea de pobreza, porque según el Banco Mundial, una persona debería recibir para no estar por debajo de la línea de pobreza 1.90$ diario, algo así como $50 mensuales y los pensionados solo reciben $28”, dijo. 

Cabezas sostiene que si a ese monto se le suman los bonos que el gobierno transfiere por la Plataforma Patria -bonos que no le llegan a toda la población de los adultos mayores- el total no llega ni a 32 dólares. 

El director de Convite coincide con el coordinador del Ufajup en que los adultos mayores no solo necesitan llevar una buena alimentación, por lo general, la adultez mayor viene acompañada de enfermedades crónicas que necesitan tratamiento farmacológico de por vida. 

El boletín 54 de la Asociación Civil Convite registró un incremento en los precios de los medicamentos más comunes para tratar la hipertensión arterial con relación a diciembre de 2021.

Convite también registró 40,7% de escasez general de los principios activos que componen la canasta básica de medicamentos esenciales para las seis morbilidades que forman parte del proyecto de Índice de Escasez de Medicamentos.

Según las mediciones de la ONG, las medicinas para convulsiones (52,4%), infecciones respiratorias agudas (47,1%) y depresión (46,1%) son las que se han mantenido con los más elevados índices de escasez de medicamentos.

A juicio del director de Convite, el anuncio del pago del bono para los jubilados a partir del año 2018 deja abierta la especulación por la poca información que existe y también a que después se reduzca el universo de beneficiarios, argumentando la falta de cualquier requisito que limite de manera importante ese beneficio. 

“Es discriminatorio, sin duda, porque no hay claridad en los criterios y no establece un beneficio que sea para quienes más afectados están. ¿Por qué 2018 cuando tenemos más de cuatro años en hiperinflación, por qué no antes que son los más afectados y son los más longevos?, cuestionó Luis Francisco Cabezas. 

Olvidados en el extranjero

La situación de los jubilados y pensionados venezolanos que se encuentran en el extranjero es aún más complicada. Luis Cano señaló que hay aproximadamente 16 mil compañeros a los que, desde el año 2016, el gobierno no les paga su pensión.

El coordinador del Ufajup reiteró que no van a dejar la calle hasta que sean escuchados y se les garanticen sus derechos. 

“Quiero dejar un mensaje de esperanza a esos 5 millones de venezolanos que nos quedamos aquí. Nosotros vamos a seguir en la calle porque pensamos y tenemos la firme convicción de que los mejores años de Venezuela están por venir, y si se nos va la vida en esta lucha, vamos a morir felices para que los que vienen atrás no pasen por lo que nosotros estamos pasando”, finalizó Cano.

*Los nombres reales de los entrevistados fueron cambiados para proteger la identidad

Las 5 observaciones de Cecodap sobre el proyecto de ley de acoso escolar
Cabe destacar que ahora, con la implementación de esta ley, se condenará el acoso cibernético, físico y psicológico

 

Este 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar, y a propósito, los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) realizaron cinco observaciones al proyecto de ley que adelanta la Asamblea Nacional sobre este flagelo que está afectando cada día a más niños y adolescentes. 

Muchas fueron las interrogantes que se plantearon los 12 adolescentes durante la discusión sobre el anteproyecto de la Ley de Convivencia Pacífica para la Prevención y Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra el Acoso Escolar.

La primera observación que realizó Cecodap y los adolescentes consultados fue que hay que hacer énfasis en la comunicación de qué es el acoso escolar, a dónde puede ocurrir y quiénes son los que participan en la situación de violencia. 

La segunda fue aclarar las responsabilidades de los actores en el acoso escolar. 

La tercera observación que se planteó fue que hay que dejar una ruta clara de actuación para que la comunidad educativa sepa cómo actuar y a quién acudir cuando se presenten casos de violencia escolar. 

La cuarta recomendación fue priorizar a las víctimas. Informar sobre cómo actuar ante estos hechos, fomentar lazos de confianza con la institución. 

La quinta fue visibilizar y proteger a las personas con discapacidad y por último, expresaron su preocupación porque no se visibiliza el derecho a opinar y a participar, como parte de la lista de derechos que tienen las víctimas de acoso escolar. 

 

 
 
 
 
 
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El pasado 21 de abril la AN aprobó el primer proyecto de Ley. El ordenamiento que contendrá unos 24 artículos y tres capítulos, busca evitar la violencia en las escuelas, detener el bullyng, promover la buena convivencia y buscar que las familias atiendan estos problemas en conjunto con las instituciones educativas y el Estado.

Cabe destacar que ahora, con la implementación de esta ley, se condenará el acoso cibernético, físico y psicológico.

Este sábado, 30 de abril, el Ministerio Público (MP)informó que ordenará medidas ejemplares en los casos de acoso escolar o bullyng.

A través de su cuenta en Twitter, Tarek William Saab indicó que dictará medidas contra los agresores por comisión y en contra de los directivos por omisión. «Sancionar es prevenir», escribió. 

ONG instan a luchar contra el acoso

A través de su cuenta en Twitter, la ONG Acceso a la Justicia indicó que en este día se busca concientizar a la población mundial sobre los riesgos del acoso escolar, los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo .

Por su parte, el Observatorio de Educación también se pronunció e indicó que el «bullying» debe ser un término de estudio y evaluación por los organismos del Estado venezolano, a fin de restablecer los derechos fundamentales que garanticen una mejor convivencia ciudadana, respetando la libertad de pensamiento.

El Observatorio resaltó que el acoso escolar es visto por muchos como «cosas de niños», pero asegura que en el fondo el problema va más allá y requiere mayor compromiso por parte de los involucrados.

Acoso escolar en la comunidad Lgtbi+

Según un informe presentado por la exdiputada Tamara Adrian, al menos 55% de personas lesbianas, bisexuales y gais sufrieron acoso dentro de sus colegios en primaria y secundaria.

Aproximadamente 50% de jóvenes LGB experimentaron algún acto de discriminación de sus compañeros motivado por su orientación sexual. En la mayoría de los casos, esto ocurrió en la etapa secundaria. 

Sobre las agresiones verbales sufridas, los encuestados reportan haber sido atacados principalmente por otros compañeros de clase y en segundo lugar, por docentes. 

Sobre la violencia física, la mayoría reporta que los principales agresores fueron estudiantes, pero un 29% denuncia que adultos de la institución les agredieron por les/bi/homofobia.

La pandemia truncó la preparación de los nuevos universitarios
“Están egresando bachilleres con grandes dificultades en el dominio de operaciones matemáticas básicas y en el lenguaje”, afirmó el decano de la Unimet
El asesor educativo Carlos Cedeño resaltó que aunque los colegios y docentes hicieron todo lo que estuvo a su alcance para llegarle a los estudiantes, “el déficit en competencias es evidente”

 

@yeannalyfermin

 

Gabriela Figueira no tuvo la fiesta de graduación que siempre soñó. No pudo lucir la toga y el birrete azul rey, ni mucho menos celebrar junto con sus compañeros el logro de haber obtenido el título de bachiller en ciencias. Tampoco supo lo que es cerrar el ciclo del bachillerato para darle paso al nuevo reto que supone una carrera universitaria, y aunque lamenta que uno de los momentos más esperados por ella y su familia no fue como lo planearon, deplora aún más la pérdida de conocimientos y herramientas que, por la suspensión de clases producto de la pandemia por el COVID-19, ahora le generan consecuencias en sus estudios superiores. 

“Cuando suspendieron las clases por la pandemia, todos en mi salón nos alegramos, sentimos que eran como unas vacaciones, pero con el pasar de los meses y la llegada de las clases online ,todo se fue complicando. Sentí que estaba perdiendo mucho contenido valioso e importante, sobre todo de química, porque yo quería estudiar farmacia y esa materia es fundamental en la carrera”, dijo la estudiante. 

Gabriela señaló que ahora que está en la universidad algo le sucede con frecuencia: los profesores, cuando están explicando las clases, le dicen que ese contenido ya debería saberlo porque lo debió haber visto en el bachillerato, situación que le causa estrés y la obliga a buscar ayuda para poder entender la materia. 

Para los bachilleres que egresaron en 2020-2021 y que comenzaron sus clases universitarias bajo la modalidad online, llegó el momento de comenzar la vida universitaria con el regreso de las actividades presenciales. Estos estudiantes ahora no solo deben enfrentarse con las típicas dificultades de adaptación a un nuevo ambiente social con reglas y condiciones distintas a las del colegio; también tendrán que lidiar con las carencias formativas. 

*Puede leer también: #VenezuelaPoscovid l La educación no logró aprobar el examen

Organizaciones como la Red de Observadores Escolares y EducaMiranda en reiteradas ocasiones denunciaron que el sistema de educación estaba debilitado producto de la crisis económica y la emergencia humanitaria compleja; situación que, con la llegada de la pandemia se agravó, y fue el catalizador determinante para que se acentuara la pérdida de aprendizaje.

A juicio de Carlos Cedeño, asesor educativo y miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, la pandemia tuvo un impacto importante en el desarrollo cognitivo, psicológico, afectivo, emocional y social de buena parte de los estudiantes.

“Los muchachos que cursaron el cuarto y quinto año en pandemia y que luego entraron a la universidad no manejan los contenidos ni competencias que se esperan que tenga un adolescente a la hora de egresar del sistema educativo escolar o del bachillerato”, dijo Cedeño. 

El asesor educativo resaltó que aunque los colegios y docentes hicieron todo lo que estuvo a su alcance para llegarle a los estudiantes, “el déficit en competencias es evidente”. 

“Me contaba un profesor de la universidad que los muchachos que están recibiendo son muchachos de tercer año que, aunque tuvieron su prosecución de cuarto y quinto año durante la pandemia, llegaron con desaprendizaje, es decir, con cosas que han debido saber, como sacar porcentaje, divisiones, sumas de fracciones que han olvidado por falta de práctica y de rutina”, comentó Carlos Cedeño.

Deficiencias en la formación

Anthony Prado estaba finalizando el segundo lapso de quinto año cuando suspendieron las clases por la pandemia. Detalló que ver clases de matemáticas a distancia fue muy complicado porque no estaba aprendiendo lo que debería en el grado que estaba cursando.

“No sentí que ese lapso me preparó para la universidad porque no pude avanzar en materias como matemáticas, y ahora que estoy estudiando economía, los profesores tratan los temas como si ya los hubiese visto en el liceo y eso me genera atrasos”, dijo Prado.

El joven universitario comentó que no se sentía preparado para estudiar en la universidad. “Todavía hay muchos temas que no manejo, pero estoy tratando de reforzarlos y aprenderlos por mi parte para desempeñarme en la universidad lo mejor posible”.

Para el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Metropolitana, Pedro Certad, actualmente están egresando bachilleres con grandes dificultades en el dominio de operaciones matemáticas básicas. En cuanto al lenguaje, Certad explicó que los estudiantes leen, pero se les dificulta enormemente comprender y recontextualizar lo leído. 

“El origen de esta situación no es puro, es multivariable, y es el resultado de más de 19 meses sin acudir a las aulas, cuando lo primero que debieron abrir fueron los colegios, pero se prefirió mantener el bachillerato con educación a distancia y virtual con unas conocidas dificultades en la continuidad de servicios públicos e infraestructura tecnológica para la comunicación con internet”, enfatizó Certad. 

El vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Gustavo García, coincide con Certad y asegura que esto no es un fenómeno nuevo. “Tenemos años experimentando un descenso en la calidad de los procesos formativos previos al universitario”. 

Lento proceso de adaptación 

Todos los cambios a nivel educativo generan en los estudiantes diversas emociones. La diferencia de pasar de un proceso pedagógico con carencias a uno totalmente académico es una de las cosas más difíciles de asimilar para cualquier estudiante.

El asesor educativo Carlos Cedeño explicó que a los muchachos que estudiaron el cuarto y quinto año en pandemia les va a costar adaptarse a la universidad porque estuvieron dos años sin la rutina de las clases presenciales. 

 

Por su parte, la psicóloga clínico, Vanessa Nunes aseguró que cada etapa escolar requiere de madurez emocional, social e intelectual y que los jóvenes que cursaron los dos últimos años del liceo en modalidad online, no vivieron ese proceso.

Este cambio puede traer como consecuencia que el proceso de adaptación sea más prolongado y complejo de lo esperado, que se sientan inseguros, que les cueste establecer relaciones interpersonales porque estuvieron aislados casi dos años del ambiente educativo”, dijo Nunes. 

La psicóloga explicó que en los últimos años del liceo, los jóvenes viven experiencias como la labor social, la realización de la tesis y otras actividades típicas del cierre de bachillerato, pero que estas actividades no se experimentaron igual a distancia, o no pasaron. 

Nunes señaló que este cúmulo de experiencias incumplidas y de cierre de ciclos no concluidos podría generar frustración y tristezas en la universidad. 

“Los estudiantes, al frustrarse, pueden perder la motivación y abandonar los estudios al sentir que no pueden gestionar todo lo que amerita la vida universitaria”, afirmó.

Un esfuerzo mayor 

Para las universidades también es un reto recibir no solo a los «nuevo ingreso», los cuales representan prácticamente un 40% de la población estudiantil. Los estudiantes de segundo, tercer y cuarto semestre también lo son, porque no han tenido actividades presenciales.

Es por eso que las casas de estudios deben prepararse para brindar mecanismos que le permitan a los bachilleres continuar con sus estudios superiores y no fracasar en el intento. 

Sobre este punto, el vicerrector administrativo de la Ucab manifestó que en conversaciones que han sostenido con los directivos de varios colegios del Área Metropolitana de Caracas han coincidido en la necesidad de plantearse de forma explícita, procesos de reinserción o de recibimiento de los estudiantes. 

García explicó que en la Ucab se les brinda a los nuevos estudiantes herramientas para nivelarlos y mejorar sus expectativas de éxito en la prosecución de sus estudios.

“En la universidad hay dos grupos, no solamente los nuevos o los que egresaron recientemente de bachillerato; están también los no tan nuevos, pero que tenían dos años alejados del campus. Para el primer grupo, los propios directores de cada escuela se involucran y estructuran charlas a los estudiantes. Para el segundo grupo, preparamos una campaña de recibimiento y la realización de actividades extraacadémicas”, explicó Gustavo García.

Por su parte, el decano de la Unimet señaló que la casa de estudios cuenta con un sistema de ingreso que dispone de tres vías: la prueba de ubicación, el curso de preparación para los estudios superiores y la evaluación integral. 

“Los dos primeros, que son los por los que acceden los bachilleres, ubican al estudiante en una lista junto con otros estudiantes que tienen fortalezas y debilidades similares. En este sentido, hay estudiantes que están preparados para iniciar su carrera directamente y otros estudiantes que requieren un refuerzo adicional bien sea en matemática, lenguaje o ambas y, adicionalmente, en técnicas instrumentales que le ayuden a identificar su mejor forma de aprender”, detalló.

Al ser consultado sobre qué está haciendo la Universidad Central de Venezuela (UCV) para acompañar a los estudiantes que cursaron el cuarto y quinto año de bachillerato en pandemia, el presidente de la Asociación de Profesores, Víctor Márquez Corao, indicó que no conoce la existencia de ningún proyecto. 

El asesor educativo Carlos Cedeño aseveró que, con esta situación, la brecha entre la educación pública y privada se sigue profundizando. Insistió en que debe haber mejoras en las condiciones salariales de los maestros y profesores, en la infraestructura y servicios públicos; pues la escuelas, ni los estudiantes son responsables de la situación actual del sistema educativo. 

Ministerio Público ordenará medidas ejemplares en casos de acoso escolar
Saab aseveró que el Ministerio Público se encargará de “sancionar ejemplarmente los sucesos de acoso escolar que generan traumas psicológicos y deserción en los estudiantes que sean víctimas”

 

Este sábado 30 de abril, el fiscal designado por la Constituyente cubana, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) ordenará medidas ejemplares en los casos de acoso escolar o bullyng.

A través de su cuenta en Twitter, Saab indicó que dictará medidas contra los agresores por comisión y en contra de los directivos por omisión. «Sancionar es prevenir», escribió. 

Caso de acoso escolar en Puerto Ordaz 

Este viernes, 29 de abril, se hizo viral un video donde se ve a un estudiante pateando a otro mientras está sentado en el piso. Por este caso, el fiscal designó al fiscal noveno del estado Bolívar para investigar hechos de violencia escolar en el Colegio Loyola Puerto Ordaz.

Saab aseveró que el Ministerio Público se encargará de “sancionar ejemplarmente los sucesos de acoso escolar que generan traumas psicológicos y deserción en los estudiantes que sean víctimas”.

El pasado 13 de marzo, William Saab, anunció que propondrá a la Asamblea Nacional la creación de una ley para prevenir el acoso escolar en el país.

El fiscal informó que en dicha ley “establece la obligación de las escuelas de tener un protocolo que indique como actuar en estos casos, el desarrollo de programas de prevención contra el acoso escolar y la atención a las víctimas”.

Saab aseguró que la Ley en elaboración también contendrá disposiciones para castigar a quienes induzcan al suicidio infantil y juvenil.

Delitos de odio son la marca de fábrica de regímenes autoritarios
“Ninguna expresión humorística debería ser un causal de privativa de libertad”, afirmó el director de Espacio Público
En Venezuela se aplican distintos métodos de censura y propaganda para contaminar la información y hacer cada vez más difícil el ejercicio de la libertad de expresión
En Cuba existe una ley bastante similar que se llama Ley Decreto 35, así como también en Nicaragua, donde se aplica desde hace un poco más tiempo la Ley de Ciberdelito

 

@yeannalyfermin

 

Hacer un chiste, una denuncia, una exigencia o expresar una opinión crítica que vaya en contra de la administración de Nicolás Maduro, y que además se haga viral en las redes sociales, le puede costar la libertad a cualquier venezolano con la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Fue el caso de la señora Olga Mata, una tiktoker de 72 años, quien ahora tiene medidas cautelares por la dramatización y publicación de un video en la red social en donde mencionaba a los principales líderes del gobierno. Cabe destacar que se trataba de una pista de audio que ya tenía tiempo en TikTok y Mata solo hizo la caracterización del personaje de una mujer que vendía arepas. 

En la parodia, se observa a la señora con delantal y pañoleta y, al ser consultada sobre los rellenos que tenía disponibles, decía: “Tengo la Tarek William Saab rellena de huevo; tengo la Hugo Chávez, rellena de mortadela; la Diosdado Cabello, de perico; la Iris Varela, hecha de harina pran y tengo la viuda que es la Cilia Flores”. En el fondo, alguien le mencionaba: “Pero esa todavía no está viuda”, a lo que la señora respondía:  “Bueno, pero eso es lo que todos deseamos”.

El pasado 14 de abril, Tarek William Saab dictó orden de aprehensión en contra de Olga Mata y su hijo Florencio Gil Mata. Según el fiscal impuesto por la constituyente de 2017, los dos ciudadanos “instigaban al asesinato de las personalidades públicas”.

Aunque el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión”, desde el año 2017 la censura en redes sociales y medios de comunicación social va en aumento con la implementación de una ley paralela e inconstitucional, denominada Ley contra el Odio.

La legislación dice promover y garantizar la tolerancia, el respeto y la paz colectiva y penalizar cualquier discurso que incite al odio, a la violencia o discriminación; pero en realidad es un instrumento que criminaliza el derecho a la libertad de expresión con penas de hasta 20 años de cárcel.

El riesgo de hacerse viral

Las redes sociales en Venezuela se han convertido en las principales fuentes de información a raíz de la censura en medios tradicionales y toda la persecución que ha habido hacia los medios independientes y hacia el ejercicio del periodismo en general por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El informe «Normativa contra el odio: la censura hecha ley», del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), determinó que la Ley Contra el Odio ha sido utilizada como un mecanismo de persecución, censura y autocensura en el país. 

A juicio de la politóloga y directora del Observatorio del Entorno Digital y las Tendencias de Twitter, Probox, Marivi Marín Vázquez, la censura ha venido aumentando a través de la llamada Ley del Odio para contrarrestar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, atropellos y crisis y la Emergencia Humanitaria Compleja, que evidentemente, no le conviene al régimen que salga a la luz, sobre todo si le concierne a la opinión pública internacional.

“Hemos visto cómo el fiscal de la república ha actuado en función de las tendencias en Twitter o los temas que se hacen virales en las redes sociales, pero claramente, ignora otro tipo de violaciones a los derechos humanos y en general de muchos atropellos a la ciudadanía que no son tomados en cuenta porque simplemente no se hacen virales o se busca desviar la atención con otros temas”, señaló la directora de Probox.

La politóloga explicó que en Venezuela se aplican distintos métodos de censura y propaganda para contaminar la información y hacer cada vez más difícil el ejercicio de la libertad de expresión. Marín Vásquez alertó que, además de la Ley Contra el Odio, utilizada para perseguir a las personas que tengan una opinión política contraria a la del régimen de Maduro, actualmente existe y está en discusión un anteproyecto de ley para regular aún más las redes sociales en Venezuela.

El pasado 23 de marzo, Probox denunció que la Asamblea Nacional oficialista desarrolla un proyecto para regular las redes sociales y el contenido digital, lo que implicaría mayor control y restricciones al ciberespacio y la vulneración a la libertad de expresión y al derecho a la información.

El humor no es delito

El director de Espacio Público, Carlos Correa, advierte que desde que el gobierno de Maduro aprobó la ley contra el odio cualquier tipo de expresión con relación a los temas políticos podría ser considerada una expresión de odio y convertirse en un “delito”.

El director de la ONG afirmó que “lo que hay es un ejercicio arbitrario del poder, un ejercicio discrecional que hace que una persona como la señora Olga, por recrear un chiste, esté perseguida por la ley del odio y sea sometida a un proceso judicial”. 

“Ninguna expresión humorística debería ser un causal de privativa de libertad, otra cosa es que a través del humor se pueda difamar a un tercero, entonces ahí sí hay mecanismos, pero no la privación de libertad”, dijo Correa. 

Al ser consultada sobre si un chiste como el que realizó la señora Mata califica como delito, la directora de Probox enfatizó que no, pero que con este tipo de leyes queda claro que cualquier tipo de expresión o disidencia será castigado y tratado bajo la Ley contra el Odio, con el fin de anular e intimidar a cualquier tipo de adversario político. 

Carlos Correa señaló que hay gobernantes en otros países que se han molestado por la publicación de alguna caricatura, pero que la persecución penal o detención por hacer chistes solo se han documentado en regímenes totalitarios o autoritarios.

La directora de Probox explicó que en Cuba existe una ley bastante similar que se llama la Ley Decreto 35, así como también en Nicaragua, donde se aplica desde hace un poco más tiempo la Ley de Ciberdelito

“Al igual que en Venezuela, básicamente estas leyes lo que buscan es no solo amedrentar la libertad de expresión a través de las redes sociales, sino también que se le de causas, o se juzgue de forma penal a las personas por opiniones o mensajes que hayan sido difundidos a través de sus redes sociales”, amplió.

Una actuación selectiva

La abogada Thelma Fernández afirmó que la Ley Contra el Odio deja abierta la posibilidad de que se interprete la norma a conveniencia, debido a que no establece de forma clara una conducta específica por parte del sujeto activo para considerarlo incurso en la comisión de dicho delito.

“Esta ley evidencia una ambigüedad legislativa en materia de libertad de expresión que es altamente nociva para la democracia de cualquier país, por lo que es claro que, además de ser írrita, violenta derechos humanos elementales”, dijo Fernández.

A juicio de Carlos Correa, la Ley contra el Odio no se ajusta a los estándares de la propia Constitución venezolana. “Los delitos tienen que estar previamente establecidos y, en el caso de esa ley que es imprecisa y vaga, y que además está aunada a un sistema que no tiene independencia de poder judicial, genera una dinámica de aplicación arbitraria o discrecional”.

El director de Espacio Público explicó que los estándares vinculados a la libertad de expresión indican que nadie debe ser privado de su libertad por expresarse. 

“En estos casos, lo que indican los estándares internacionales es, primero:  la posibilidad de rectificación o réplica. Segundo, en el caso de que haya daño moral, que se le apliquen sanciones económicas proporcionales y no desproporcionadas que no impliquen la anulación del medio o que generen un efecto inhibitorio”, dijo. 

“La aplicación de una norma discrecional y arbitraria con sanciones muy duras vulnera el debido proceso, la libertad de expresión y el derecho a la participación en asuntos públicos”, aseguró Correa.

Según un conteo que realizó la ONG Espacio Público, desde 2017 hasta 2020, se han registrado al menos 45 casos en los que aplicó la Ley contra el Odio a personas por expresarse.

La ONG apuntó que el año con la mayor cantidad de casos fue 2020 con 21, el segundo es 2018 con 13 casos, el tercero es 2019 con 10 y 2017 con un caso.

Entre los tipos de violaciones a la libertad y al derecho de expresión, el hostigamiento judicial es el principal, con un total de 42 casos. Le siguen la detención (36), censura (10), amenazas (5), hostigamiento verbal (3), intimidación (2), agresión (1) y restricción administrativa (2).

En la comunidad tuitera, Tarek William Saab es conocido como “el fiscal de las tendencias”, esto se debe a que en reiteradas ocasiones, solo ha reaccionado a los sucesos que se vuelven virales y el ruido que causan es difícil de ignorar. 

El caso de la señora Olga Mata no ha sido el único que ha captado la atención del fiscal impuesto por la Constituyente. En una línea de tiempo, Runrun.es recopiló varios otros casos en los que músicos tuiteros, bomberos, escritores, humoristas, médicos y periodistas han sido castigados bajo la Ley Contra el Odio.

 

Concejo Municipal de Caracas aprobó cuestionado cambio de los símbolos de la capital
No es la primera vez que el gobierno oficialista hace este tipo de cambios a los símbolos de la capital, lo que cambia ahora es que estos fueron «elegidos» a través de un concurso, que no contó con la debida difusión en medios de comunicación

 

El activista de Voluntad Popular y concejal de la Unidad en Caracas, Ángel Subero Vásquez, denunció que este 13 de abril, el Concejo Municipal de Caracas aprobó la sustitución del escudo, himno y bandera de la ciudad capital.

«No les importa la historia, atropellan y desconocen porque no les asiste la razón», publicó a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte, el concejal de Acción Democrática, Jesús F. Bolívar, manifestó su preocupación por el hecho de que los nuevos símbolos de Caracas tendrán menos que ver con la ciudad y más con la ideología del chavismo. 

Usuarios de Twitter expresaron su molestia por el cambio de los símbolos de Caracas y aseguraron que no representan la historia de la ciudad.

Por el contrario,denuncian que lo que trata de introducir la Administración Central con estas modificaciones son “temas ideológicos representativos de la llamada revolución”.

Modificación sometida a un discreto «concurso»

Esta no es la primera vez que el gobierno oficialista hace este tipo de cambios a los símbolos de la capital, lo que cambia ahora es que estos fueron «elegidos» a través de un concurso, que no contó con la debida difusión en medios de comunicación.

Sobre este punto, el concejal por Un Nuevo Tiempo, José Gregorio Cáribas, afirmó que el jurado de dicho concurso estuvo compuesto, en su mayoría, por simpatizantes del oficialismo.

Cáribas afirmó que el oficialismo planea someter a votación final de la cámara municipal los nuevos símbolos, el próximo 18 de abril. Se tiene previsto que la presentación oficial se realice el martes 19 de abril.

La concejal de Caracas por la Alianza del Lápiz, Mayerling Occhino, informó que la decisión es un «ataque a nuestra identidad, violando la ley y la Constitución», dijo.

«Como primera fuerza opositora de la capital del país condenamos rotundamente esta violación a la idiosincrasia de los caraqueños», enfatizó.

 

Parte de la letra del nuevo himno

Uno de los cambios que denuncia el político Jesús Armas es una sustitución en la letra del himno de la ciudad capital. La ideología del chavismo se hace presente en su segunda y tercera estrofa donde «meten al Caracazo como parte de la narrativa», dijo Armas. 

Otro cambio que se hizo es que a la bandera de Caracas, que estaba compuesta por el escudo; centrado en un pabellón rectangular de color rojo que conmemoraba la sangre de los caraqueños derramada en los períodos independentistas; ahora tendrá en su centro la estrella de cinco puntas, en color blanco; el cielo y el Ávila de fondo.

Según la ordenanza, el color rojo en la nueva bandera simboliza «lucha y revolución, socialismo, cambios y una decisión rotunda de luchar por la vida y la libertad».

A el escudo se le suma ahora la figura de Simón Bolivar, pero la imagen que reconstruyó el chavismo cuando exhumó los restos del Libertador, y una cinta en color rojo en la parte inferior con el escrito :“Seguid el ejemplo que Caracas dio” acompañado con los años 1810 y 2002, este último, relacionado con los hechos del 11 de abril.

Según información publicada en la cuenta en Twitter de Érika Bernal Echeto, coordinadora Nacional de la Red de Cultura del Movimiento Somos Venezuela, la bandera fue elaborada por María Jiménez y Víctor Rodríguez. Y el nuevo himno «Caracas Vencerá» es letra de Noel Márquez y música de Manuel Barrios.