Víctor Salmerón, autor en Runrun

Víctor Salmerón

¿Qué dice el proyecto de ley que eleva la tensión en las aseguradoras?
Las empresas deberán cubrir pérdidas y aumentar el capital. La banca podrá utilizar su red de agencias para ofertar pólizas y se reduce el tiempo para el pago a los asegurados. Las normas obligan a invertir las reservas en instrumentos que no protegen el dinero

 

 

 

La Superintendencia de Seguros prepara un proyecto de ley que introduce cambios relevantes. De ser aprobado por la Asamblea Nacional, tal y como hoy está redactado, los accionistas de la mayoría de las empresas tendrán que aportar dinero, la banca se convertirá en un nuevo jugador y los asegurados recibirán sus pagos en menos tiempo.

El proyecto incrementa el capital mínimo para operar y la garantía a la nación. Pero antes de cumplir con estos parámetros las aseguradoras tendrán que cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores, algo que coloca sobre la mesa el impacto del COVID-19.

La pandemia es un evento no previsto en las pólizas; no obstante, las aseguradoras han tenido que responder por el tratamiento a sus clientes con cobertura en el área de salud. De acuerdo con datos que maneja el sector al cierre de marzo, los tratamientos por COVID-19  sumaban 60 millones de dólares y había pérdidas no cubiertas por el orden de diez millones de dólares.

Una vez cubiertas las pérdidas un grupo de aseguradoras tendrán que aportar dinero para cumplir con los nuevos montos del capital mínimo y la garantía a la nación. Estos parámetros, medidos en unidades tributarias en la ley vigente, comenzarían a calcularse en petros.

En el caso de las empresas que se desempeñan en ramos generales y de vida, el capital mínimo más la garantía a la nación suman 6.760 petros, que equivalen a 381.000 dólares.  Esta cifra se traduce en un aumento relevante porque la hiperinflación y la devaluación sepultaron el valor de la unidad tributaria y los montos establecidos en la ley vigente.

Un elemento importante es que el capital mínimo para operar se actualizará cada dos años de acuerdo al valor del petro.

Pedro Raaz, abogado experto en seguros, considera que la coyuntura necesita un trato especial. “Es necesario un acuerdo donde las clínicas, no solo las compañías de seguros, asuman el impacto por el Covid y el Estado deje de cobrar una porción de impuestos durante los próximos tres años. Esto es algo que debería estar en el proyecto de Ley”.

Las compañías de seguros aportan a un fondo público entre 1% y 3% del monto de las primas de las pólizas de salud. Pedro Raaz considera que este fondo debería formar parte de la solución.

Manuel Rodríguez Costa, especialista en derecho administrativo, explica que “el capital mínimo solo debería operar como una barrera de acceso y el legislador debe subirlo o bajarlo en función de si desea que haya más o menos solicitudes para operar”.

Profundiza en este tema y señala que el capital de las empresas que ya están en funcionamiento lo determina el margen de solvencia y no el capital mínimo. El margen de solvencia actúa como un termómetro trimestral que indica si la compañía tiene suficientes recursos propios para respaldar sus operaciones.

Pero hay un factor a considerar. Las normas para el cálculo del margen de solvencia las establece la Superintendencia a través de providencias que fueron modificadas y debilitaron el indicador.  

“Se permite reflejar en el patrimonio propio el 100% de la revalorización de los inmuebles y en los tres primeros trimestres del año el 100% del saldo de operaciones; eso ha traído como consecuencia que el margen de solvencia sea en el caso venezolano técnicamente un saludo a la bandera”, dice Manuel Rodríguez Costa.

“Pero eso es un problema de la forma como se estructuró el cálculo y eso se resuelve con una modificación a la providencia de la Superintendencia para hacer que realmente funcione”, agrega.

La banca en el juego

Desde 2010 la ley de seguros ha mantenido a la banca excluida del negocio, pero el proyecto de reforma abre la puerta para que nuevamente los bancos participen en el juego. Básicamente las compañías de seguros ofrecerían pólizas a través del sistema financiero, que recibiría una bonificación por colocarlas a través de sus 2.974 oficinas en todo el país.

“Suelen ser productos sencillos, muy básicos, con coberturas relativamente pequeñas, primas accesibles que pueden ser financiadas a través del banco o domiciliadas a las cuentas bancarias del cliente; las comisiones son bajas porque la idea es el volumen, es un tema de masificar la comercialización del seguro”, dice Manuel Rodríguez Costa.

El proyecto indica que “retorna la banca seguro como un canal de comercialización necesario a fin de facilitar la incorporación de la población económicamente vulnerable a los contratos de seguros masivos: vida, accidentes personales, funerario, responsabilidad civil de vehículos, entre otros”.

Pedro Raaz considera que debe ampliarse el espectro. “Para masificar el seguro no solo debería permitirse la participación de la banca. En ramos como accidentes personales, funerario y vida debe abrirse la puerta a otros canales como supermercados o empresas que funcionen mediante aplicaciones por internet”.

“Esto nos lleva a la necesidad de impulsar los microseguros, los seguros dirigidos a la población de escasos recursos a través de distintas plataformas”, añade Pedro Raaz.

Pago rápido

El proyecto de ley indica que aumenta la protección a los asegurados “al reducir los plazos de indemnización y respuesta oportuna, con la finalidad de impedir un perjuicio en su patrimonio por el transcurso del tiempo”.

En la ley vigente la empresa de seguros está obligada a cumplir con el pago previsto en la póliza en los 30 días siguientes a la fecha en que el asegurado culmina la entrega de recaudos. En el proyecto, este lapso se reduce a diez días “so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por retardo en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Manuel Rodríguez Costa considera que este lapso es muy corto porque “las empresas necesitan realizar un análisis, es algo que no puedes parametrizar en un sistema. Vas a tener muchos procesos sancionatorios por retardo en los pagos y es algo que no tiene mucho sentido”.

Menos control

El proyecto elimina una polémica facultad con que cuenta la Superintendencia. La ley vigente le otorga al superintendente el poder de ordenarle a las aseguradoras, tras un proceso administrativo, el pago de siniestros.

“Si no había acuerdo entre las partes en un proceso amigable la Superintendencia, según la ley vigente, puede condenar a la empresa de seguros a pagar la indemnización como si fuese un tribunal y además puede indexar el pago. Esta competencia se elimina”, dice Manuel Rodríguez Costa.

El proyecto también le quita al superintendente la facultad de autorizar a las aseguradoras la venta de inmuebles y los restos de vehículos. “Si esto se aprueba las compañías tendrían libertad para disponer de esos activos sin esa alcabala de la autorización previa que en muchos casos es engorrosa y se dilata en el tiempo”, explica Manuel Rodríguez Costa.

Reservas evaporadas

Las compañías de seguros están obligadas a mantener reservas a fin de cubrir el riesgo de sus operaciones y garantizar el pago de los siniestros, pero tanto la ley actual como el proyecto de reforma establecen unas disposiciones que no protegen el valor de este dinero.

Actualmente las aseguradoras están obligadas a mantener 50% de las reservas en bolívares depositados en bancos del país y el proyecto solo rebaja esta porción hasta 40%. En medio de la hiperinflación y las bajas tasas de interés este dinero prácticamente desaparece.

La ley actual y el proyecto mantienen que no menos de 30% de las reservas deben ser “títulos valores denominados en moneda nacional o extranjera, emitidos o garantizados por la República”. El problema es que los títulos en moneda extranjera emitidos por la República están en default.

Además, la ley actual y el proyecto mantienen que no más de 20% de las reservas puede estar en inmuebles y no más de 10% en otros bienes que apruebe la Superintendencia.

Manuel Rodríguez Costa resume que “esas reservas técnicas terminan siendo sal y agua porque el dinero depositado en los bancos con hiperinflación y tasas de interés negativas básicamente se pierde; títulos de deuda pública que en la mayoría están en default e inmuebles que si bien son bienes seguros son de difícil realización”.

El presidente de una compañía de seguros afirma que “no se termina de asumir lo que es evidente: las reservas deben estar en dólares porque el bolívar y los bonos de la República no valen nada”.

El trasfondo

Las empresas de seguros caminan sobre un piso frágil. La población se empobreció, compañías extranjeras les arrebataron una tajada importante de la clientela, la hiperinflación persiste y el coronavirus impacta el flujo de caja.

Las cifras oficiales desnudan que el pago que hacen los clientes cuando compran sus pólizas, técnicamente conocido como primas, no es suficiente para soportar el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores. Cuando esto ocurre, las aseguradoras sufren pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas. 

Datos de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora indican que en 2020, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de diciembre, el sector acumuló pérdidas técnicas equivalentes a 138 millones de dólares. 

En los cuatro primeros meses de este año, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de abril, las pérdidas técnicas equivalen a 99 millones de dólares.

Fondos de inversión aprovechan las gangas en Venezuela
Precios bajos, apertura de la economía y la apuesta por una negociación política exitosa alienta la toma de posiciones en empresas como Corimon. Jugadores locales se preparan para aprovechar la coyuntura

 

@vsalmeron

 

Fondos de inversión arriesgados y a la caza de ganancias rápidas fijan su mirada en Venezuela, una economía deprimida pero con potencial de recuperación y gangas donde invertir. Por ahora, las transacciones en Seguros Caracas, Cargill, Directv y Corimon destacan en la lista de compras que introducen nuevos actores en el sector privado.

El empresario chileno Isidoro Quiroga, repleto de dinero tras vender su salmonera Australis Seafood al grupo chino Joyvio, fue el primero en apostar cuando a finales de 2019 compró Seguros Caracas a Liberty Mutual, asociándose con directores de la empresa. 

Luego en noviembre de 2020 Phoenix Global Investment, un fondo con presencia de capital chino y el grupo Puig movieron el tablero de la agroindustria comprando las plantas de Cargill y sus emblemáticas marcas de alimentos como Pastas Ronco y Aceite Vatel.

También en el agitado noviembre de 2020 Scale Capital, una firma con negocios en Miami, Londres y Chile e inversiones en telecomunicaciones, tomó el control de Directv y actualmente está en marcha la compra de una importante participación en Corimon, compañía clave en el campo de las pinturas a través de sus marcas Montana y Pinco.

Fuentes cercanas a la operación de Corimon explican que el fondo 3B1 Guacamaya, fundado por Eduardo Cisneros y Rodrigo Bitar, compró la mayoría accionaria de la empresa mientras que al frente de la gerencia y con una participación relevante seguirá Carlos Gill, actual presidente de la compañía.

Eduardo Cisneros es nieto de Diego Cisneros y por tanto miembro de la familia que por años controló una amplia gama de negocios en Venezuela como telecomunicaciones, tiendas por departamentos y cerveza; mientras que Rodrigo Bitar es hijo del político chileno Sergio Bitar y director de Toro Advisors, una firma con sede en Nueva York especializada en asesoría de inversiones en Latinoamérica.

Apertura y precios

Urbi Garay, profesor de finanzas en el IESA y miembro de la Academia de Ciencias Económicas, considera que la inversión extranjera en empresas venezolanas va a continuar porque tras el desplome de las exportaciones petroleras y el declive de la economía “existe una mayor apertura a la inversión privada por parte del gobierno”.

La mayoría de las leyes aprobadas para maniatar al mercado siguen vigentes, pero en la práctica Nicolás Maduro está enterrando el socialismo del siglo XXI: no hay regulación de precios, el dólar circula libremente, hay incentivos para las exportaciones y la agenda del gobierno contempla la privatización de empresas públicas.

“En segundo lugar, el precio pagado por las empresas en cuestión ha sido bajísimo si se compara con el valor histórico que llegaron a tener algunas de esas empresas, aunque esos bajos valores de hoy en día son entendibles, dada la situación crítica del país”, dice Urbi Garay.

Agrega que “para los inversionistas extranjeros, estas adquisiciones suelen representar un pequeño o pequeñísimo porcentaje de su portafolio. Por esto se pueden dar el lujo de tomar el riesgo implicado, a cambio de un retorno esperado, que se presenta como muy apetecible en la medida en que se termine de producir una verdadera apertura de la economía. También, apuestan a que habrá una negociación política en el mediano plazo”.

El espejo de Corimon

Como parte de la operación por Corimon la Superintendencia Nacional de Valores aprobó una oferta pública de adquisición que contempla un precio de 0,20 dólares por acción. Este precio indica que la compañía, de acuerdo al total de acciones, tiene un valor de mercado de tan solo 30 millones de dólares.

El monto desnuda el tobogán por el que se ha deslizado Venezuela. Al cierre de 1993, año en que Corimon emitió acciones comunes en la Bolsa de Valores de Caracas, la valoración de mercado se ubicó en 344 millones de dólares, cifra que tras ajustar la inflación equivale a 635 millones de dólares de hoy.

Si bien en el descenso del valor en bolsa incide el fallido proceso de internacionalización que llevó a una reestructuración a finales de los años noventa en la que Corimon se desprendió de filiales en México, Argentina y Estados Unidos, en el declive tiene un peso preponderante el colapso de la economía.

El país acumula siete años consecutivos en recesión, el PIB es un tercio de lo que era en 2013, la hiperinflación pulverizó la moneda y en promedio la industria está utilizando apenas 20,5% de su capacidad instalada.

Fuentes financieras explican que la apuesta de los fondos de inversión es que la apertura de la economía continuará, habrá una negociación política exitosa en el mediano plazo y las sanciones de Estados Unidos se flexibilizarán.

En este contexto de recuperación moderada de la economía, aseguran, la valoración de empresas como Corimon y el precio de compañías emblemáticas en su sector como Seguros Caracas y Cargill se triplicará a la vuelta de tres o cuatro años, permitiendo la toma de ganancias.

Aparte de las pinturas, Corimon posee la franquicia de tiendas Montana y filiales que elaboran empaques flexibles, envases plásticos, resinas; artículos para el pintor como brochas y rodillos, junto a compañías en Paraguay y República Dominicana.

“Los fondos de inversión compran a precios ridículamente bajos participación en empresas que si se profundizan los cambios de entorno van a revalorizarse rápidamente. Por otra parte, a las empresas, como es el caso de Corimon, les entra dinero en la caja, eso tiene sentido”, dice un banquero que conoce la transacción.

En gestación

Para quienes apuestan a un escenario donde la economía respira, las empresas se revalorizan y la crisis política pierde intensidad mediante una negociación entre las partes surgen señales positivas.

Entidades financieras como Credit Suisse indican que este año la economía tocará fondo y crecerá 4%: “La reanimación de la demanda doméstica, que hemos estado notando desde hace ya un tiempo, está comenzando a ser evidente en la data. Venezuela es un país con grandes crisis en muchos frentes y con algunas de las condiciones de vida más retadoras de América Latina. Sin embargo, el PIB muestra números, no emociones”, dice el reporte.

En el frente político el mandatario Nicolás Maduro ha dicho públicamente, al igual que líderes de la oposición, que está dispuesto a negociar. Se nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral y en materia humanitaria comenzará la asistencia del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

En su último reporte la firma Eurasia Group señala que “la continua flexibilidad de Nicolás Maduro en materia de asistencia humanitaria y en el frente político probablemente conducirá a un alivio marginal de las sanciones de Estados Unidos. La prohibición de los intercambios de diesel probablemente sea la primera en desaparecer”.

Los criollos

Grupos locales también buscan aprovechar la coyuntura para crear fondos de inversión que permitan invertir en empresas en el país, sea a través de la compra de una participación accionaria o creando mecanismos de financiamiento.

A fin de evitar que haya préstamos para la compra de dólares que presionan el tipo de cambio el Banco Central obliga a las entidades financieras a inmovilizar 85% del dinero que gestionan, creando una sequía de créditos que abre oportunidades en el mercado de capitales.

 Fivenca ya tiene estructurado un fondo de capital privado que buscará convertirse en un vehículo para invertir. José Gregorio Tineo, director de Fivenca, explica que el fondo cotizará sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas y de esta manera captará inversionistas.

Con el dinero que coloquen los inversionistas el fondo invertirá en empresas o les ofrecerá financiamiento. “Los sectores donde pensamos enfocarnos son pequeñas y medianas empresas, el sector agroindustrial y servicios primarios de la economía”, dice Tineo.

Añade que “inicialmente estamos visualizando que el fondo capte inversionistas locales, pero también va a ser una buena herramienta para inversionistas del exterior. Estamos en un nuevo país donde están pasando cosas y hay sectores que están siendo exitosos”.

“Hay crecimiento en varios rubros de la agroindustria, camaroneras que están exportando; obviamente no es el mismo país de hace cuarenta años pero hay oportunidades”, afirma José Gregorio Tineo.

A fin de captar recursos para ofrecer opciones de financiamiento al sector agroindustrial, un grupo de inversionistas creó Impulsa Agronegocios bajo la idea de que “en este momento la banca está afectada por poca liquidez y se genera una oportunidad interesante para nuevos actores y fuentes de financiamiento”.

Al igual que Fivenca, Impulsa Agronegocios cotizará sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas.

La montaña a escalar

Si bien la economía comienza a moverse Venezuela está muy lejos de comenzar a captar la inversión que necesita para iniciar un proceso sostenido de crecimiento.

Urbi Garay destaca que “la economía venezolana continúa en una situación crítica, al mismo tiempo que la situación política y social, con unos niveles de pobreza récord.  No se ha aplicado un programa económico integral para acabar con la hiperinflación y sentar las bases de un crecimiento económico sostenido”.

“Esta realidad, junto a las sanciones, dificulta la atracción de la inversión extranjera en los montos que requiere el país”, dice Urbi Garay.

Profundiza en este tema y explica que “junto a lo que ocurre en el sector privado está la venta de empresas estatales, o de parte de las mismas o entrega de concesiones, a inversionistas extranjeros. Es un proceso sobre el cual se conoce poco aún y que pudiera atraer a cierta inversión, pero en montos que están muy por debajo de los requerimientos”.

“Algo que preocupa, aparte del tema de la transparencia de ese proceso, es que si uno suma las cantidades posibles que pudieran entrar al país, las mismas están muy lejos de los 20 mil o 30 mil millones de dólares anuales durante diez años que, según los expertos, se requieren para elevar la producción petrolera hasta 2,5 o 3 millones de barriles diarios”, afirma Urbi Garay.

De acuerdo al último reporte de la OPEP la producción de Venezuela en abril se ubicó en 445 mil barriles diarios. Un prospecto de inversión que Pdvsa ha distribuido entre inversionistas busca captar 58 mil millones de dólares para elevar la producción petrolera.

Por ahora la meta luce lejana.

El dólar escaló 30% en abril: ¿a cuánto llegará en lo que resta de año?
La liquidez superó la barrera del billardo. Para tratar de contener el ascenso del dólar el Banco Central asfixia al crédito. El impacto en el sistema financiero obligó a permitir un descuento del encaje

 

@vsalmeron

 

La cotización del dólar en el mercado oficial experimentó un alza de 30% en abril y rompió con la pasividad de marzo, mes en que solo aumentó 4%. La escalada impulsó el precio de productos y servicios, pero lo inquietante es que analistas coinciden en que el ascenso apenas comienza.

El promedio de las proyecciones de los panelistas de FocusEconomics, entre los que se encuentran bancos y firmas como BancTrust, Julius Baer y Oxford Economics, señala que el tipo de cambio oficial, que el seis de mayo inició la jornada en 2 millones 866 mil bolívares, estará en torno a 16 millones 900 mil bolívares al cierre del año.

Leonardo Buniak, analista de riesgo bancario y director de la firma Buniak & Company indica que “nuestra estimación para el cierre del año es un dólar en torno a 13 o 14 millones de bolívares, pero puede ser más alto porque todo va a depender de cómo se comporten los agregados monetarios”.

Entre las proyecciones que estiman un salto mayor destaca la de Ecoanalítica que calcula que el tipo de cambio oficial culminará este año en 18 millones de bolívares por dólar.

El hundimiento del bolívar golpeará con mayor fuerza a quienes no tienen ingresos en divisas y aumentará la desigualdad. De acuerdo con un estudio de Datanálisis realizado en febrero de este año, solo 21,8% de los venezolanos afirma que ellos o algún miembro de su familia recibe algún tipo de compensación laboral en moneda extranjera.

Los pagos indexados no son para la mayoría: solo 27,4% indica que ellos o alguno de sus familiares recibe algún tipo de compensación laboral calculada de acuerdo a la tasa del tipo de cambio paralelo, que suele ser ligeramente superior a la tasa oficial.

Además, el 35,4% de los ciudadanos señala que recibe remesas, pensiones o algún tipo de ayuda desde el exterior.

Reacción en cadena

Tras no ahorrar durante el período de los altos precios del petróleo, endeudarse masivamente, no realizar las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera y generar una profunda recesión que merma la recaudación de impuestos, el gobierno está en bancarrota y recurre a la emisión de dinero.

Sin mayor control, el directorio del Banco Central autoriza la creación de bolívares que financian el gasto de ministerios, institutos, alcaldías y empresas públicas quebradas.

Durante el primer trimestre la administración de Nicolás Maduro contuvo el gasto, pero en medio del incremento de los casos de coronavirus lo aumentó en abril mediante el reparto de bonos a trabajadores del Estado y familias de bajos recursos. Además, el gobierno elevó la compra de insumos.

El gasto del gobierno activó una cadena conocida: las familias recibieron bolívares y rápidamente los gastaron en comercios que, a la brevedad, los cambiaron a dólares porque después de tres años en hiperinflación el bolívar es una moneda moribunda. 

Al mismo tiempo, las empresas que prestaron servicios o vendieron insumos al gobierno también recibieron bolívares que rápidamente cambiaron a dólares para proteger sus ingresos.

Así, el incremento de la demanda de divisas impulsó la cotización del dólar que es la referencia que utilizan empresas, comercios y particulares para calcular sus costos y establecer precios.

El billardo

El aumento de la cantidad de bolívares en la economía alcanzó dimensiones complicadas para la lectura. En la tercera semana de abril, último dato oficial, la liquidez superó la barrera del billardo. Un billardo es uno con quince ceros y equivale a mil billones.

Leonardo Buniak destaca que “por primera vez vemos un billardo como unidad monetaria. Si la liquidez sigue creciendo mensualmente a este ritmo, la estimación para fin de año es que estará en 5,7 billardos de bolívares”.

Además de impulsar el dólar, en términos generales, la inyección de dinero por parte del Banco Central desequilibra por completo la oferta y la demanda en la economía. Leonardo Buniak resume que “se entrega poder de compra para adquirir productos que no se han producido, esto tiene consecuencias inflacionarias”.

De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, entre marzo de 2020 y marzo de este año la inflación registró un salto de 3.012%. 

Descuento y euros

Mientras con una mano el Banco Central crea dinero para financiar al gobierno, con la otra toma medidas para evitar que los bancos otorguen créditos que financien la compra de divisas y den un impulso extra al dólar.

Para bloquear el crédito el Banco Central obliga a los bancos a mantener como reservas 85% de los depósitos que gestionan -el encaje en la jerga financiera-y sanciona con multas severas a las entidades que no cumplen la orden.

Pero en vista de que en abril un grupo de bancos sufrió un problema severo de iliquidez e incumplió de manera reiterada con el monto de los depósitos a inmovilizar, el Banco Central permitió un descuento del encaje que solo se aplicará en mayo.

El descuento varía en cada caso y equivale “al monto de intereses pagados por cada banco por incumplimiento del encaje desde el cuatro de enero de 2021”.

La firma Síntesis Financiera explica en su informe El Tesorero que “es posible que la mayoría de los bancos estén cerca de eliminar su déficit de encaje, gracias a la deducción, pero seguramente habrá algunos que continuarán presentando déficit esta semana”.

Agrega que “lo breve del lapso de vigencia del descuento, apenas un mes, hace pensar que pronto se requerirán nuevas medidas”.

Síntesis Financiera destaca que las autoridades no han creado las condiciones para disminuir el encaje hasta proporciones normales -entre 20% y 30% de los depósitos- a fin de que el crédito fluya “sin presiones indebidas sobre el precio del dólar”.

La firma sostiene que es necesario que crezca la disposición de las empresas y las personas a mantener bolívares en sus cuentas y “lograrlo supone que las autoridades superen el desafío de credibilidad y confianza que permita atraer los capitales que demanda con urgencia la economía venezolana”.

Además de asfixiar el crédito, el Banco Central comenzó a vender euros en efectivo a través de los bancos a fin de aumentar la oferta de divisas y contener el ascenso del dólar, pero la oferta es muy baja y está muy lejos de satisfacer la demanda.

Banqueros consultados indican que desde marzo el Banco Central inyecta al mercado alrededor de 10 millones de euros a la semana, una cantidad que no ha logrado estabilizar al tipo de cambio.

Dólares en depósitos

La pulverización del bolívar alentó la circulación del dólar y la apertura de cuentas en divisas que ganan espacio en el balance de los bancos. Al cierre de marzo de este año las captaciones en dólares de libre convertibilidad ascienden a 270 millones y representan 46% de los depósitos.

Los balances indican que los cinco bancos líderes en depósitos en dólares son BNC, Mercantil, Venezuela, Bancaribe y Bancamiga, con lo que está en marcha una recomposición en el ranking de captaciones.

Un aspecto clave es que los bancos han ampliado las facilidades para movilizar los dólares a través de cuentas que permiten transferir divisas a clientes del mismo banco.

Además, ya existen cuentas en dólares con tarjetas de débito que funcionan para pagar en cualquier comercio del país y del exterior; retiro de efectivo en cajeros automáticos de otros países y transferencias de dólares desde una cuenta en Venezuela a una cuenta de otro banco en el extranjero y viceversa.

Las cuentas en dólares con tarjetas de débito permiten pagar en cualquier establecimiento del país mediante un sistema donde al cliente se le debitan dólares, pero el comercio recibe bolívares. 

Mercado de capitales

El 18 de febrero Fedecámaras le entregó al Gobierno un documento con sus propuestas y necesidades para reactivar la economía. Entre los puntos figura la “reactivación del crédito para financiar capital de trabajo, importaciones y pagos a proveedores”.

A comienzos de este año en vista de que los depósitos en dólares representan una porción sustancial de las captaciones, un grupo de bancos comenzó a otorgar préstamos en divisas, pero la Superintendencia de Bancos y el Banco Central frenaron el proceso.

Las autoridades intervinieron y prohibieron la entrega de créditos en dólares sin autorización previa. Banqueros consultados indican que desde entonces, aunque se han introducido solicitudes, no ha habido aprobación alguna y el crédito a las empresas sigue fuertemente restringido.

En este entorno empresas como Calox, Cargill y Montana Gráfica han aumentado la emisión de bonos a través de la Bolsa de Valores de Caracas y compañías como Impulsa sirven de canal para que el sector agroalimentario obtenga financiamiento. Pero el mercado de capitales es enano y es incapaz de sustituir a la banca.

Si bien la decisión del Banco Central de asfixiar el crédito bancario ha tenido algún efecto de contención en el alza del dólar, el precio a pagar ha sido una economía sin financiamiento a la producción y el consumo.

Fondo representado por Ricardo Cisneros adquiere mayoría accionaria de Corimon
La operación permitirá la recapitalización de la empresa e incluye una oferta pública a los accionistas minoritarios que tendrán 30 días para vender a los mayoritarios a un precio de $0,20 por acción

@vsalmeron

Corimon, grupo emblemático en el sector industrial venezolano, que cuenta con dos mil trabajadores, las marcas de pinturas Montana y Sherwin Williams, junto a filiales en los negocios de empaques, resinas, brochas y rodillos; activó un plan para fortalecerse y permanecer en el mercado.

 El fondo 3B1 Guacamaya, representado en Venezuela por Ricardo Cisneros, comprará la mayoría accionaria y se estima que controlará alrededor de 60% de la compañía y el resto permanecerá en manos de los actuales propietarios liderados por Carlos Gill o los accionistas minoritarios que no deseen desprenderse de sus acciones.

Ricardo Cisneros es miembro de la familia que por años controló importantes negocios en el país en el sector industrial, telecomunicaciones y tiendas por departamentos, entre otros.

La Superintendencia Nacional de Valores aprobó una oferta pública donde los accionistas mayoritarios de Corimon, a través de la empresa Inversiones Tulipan, intentarán comprar las acciones en manos de los accionistas minoritarios al precio de 0,20 centavos de dólar por acción.

Pero el pago será en bolívares, de acuerdo al tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela el día de cierre de la oferta.

Los accionistas minoritarios poseen 14 millones 128 mil acciones y tendrán treinta días hábiles bursátiles para aceptar la oferta a partir del próximo tres de mayo. La oferta será administrada por Merinvest, la casa de bolsa del Grupo Mercantil.

El paquete de acciones en manos de los accionistas minoritarios representa alrededor de 9,42% del total accionario de Corimon. El fondo Guacamaya adquirirá alrededor de dos tercios de este paquete de acciones.

 La capitalización

Fuentes explican que con la entrada del fondo Guacamaya, Corimon recibirá una inyección de capital que estará entre cinco y diez millones de dólares que tienen como objetivo principal garantizar la estabilidad de los trabajadores y activar un relanzamiento en el mercado venezolano.

Debilitada por seis años consecutivos de recesión que han reducido el tamaño de la economía a menos de la mitad, la industria venezolana intenta adaptarse a una fuerte caída de la demanda y a un consumidor empobrecido.

De acuerdo a cifras de Conindustria en promedio las empresas utilizan apenas 20,5% de su capacidad instalada versus 80% en Colombia y 61% en Argentina. No obstante, obligado por las circunstancias, Nicolás Maduro alienta una apertura de la economía que oxigena algunos sectores.

La mayoría de las leyes aprobadas para maniatar al mercado siguen vigentes, pero en la práctica, el mandatario venezolano está enterrando la ilusión en el socialismo del siglo XXI: no hay regulación de precios, el dólar circula libremente, hay incentivos para las exportaciones y la agenda del gobierno contempla la privatización de empresas públicas.

En este contexto Venezuela se ha vuelto un país apetecible para fondos que invierten en países riesgosos en búsqueda de altos rendimientos o que buscan posicionarse a bajos precios ante la expectativa de un rebote de la economía.

Este proceso, al que se suma Corimon, comenzó en noviembre de 2020 cuando Cargill, la multinacional estadounidense productora de alimentos, vendió sus plantas en Venezuela de harina, aceites, grasas y pastas al fondo Phoenix Global Investment y al grupo local Puig.

El salario está en ruinas: ¿va a aumentar en el corto plazo?
La tendencia general es hacia un lento incremento del salario en el sector privado, pero en algunas áreas el alza tendrá más vigor que en otras. Un elemento clave es superar las trabas que limitan la productividad

@vsalmeron

 

Tras la implosión de la economía y la demolición del salario los venezolanos asisten a la cristalización de una sociedad más desigual en la que trabajadores, técnicos y profesionales obtienen una retribución muy baja que los instala en la pobreza, al borde de la misma o en una clase media en declive.

No obstante, forzado por las circunstancias, Nicolás Maduro recurre a la empresa privada y alienta una apertura que oxigena a sectores específicos, mientras otros permanecen en el foso de la crisis. La tendencia, explican analistas, será una mejora lenta y desigual de los salarios.

Desde 2013 el Banco Central oculta el índice de remuneraciones, pero la consultora Anova Policy Research construyó uno con datos recolectados entre octubre de 2020 y enero de 2021, entrevistas a 313 empresas e inspección de las tablas salariales del sector público. 

Si bien el estudio no incluye a los trabajadores por cuenta propia, al sector informal y las empresas del área financiera, desnuda la insuficiencia del salario.

Anova señala que al cierre de enero de este año el salario promedio en el ala privada de la economía, incluyendo en este concepto sueldo, bonos y todo tipo de compensación, se ubicó en 70,1 dólares, una cifra enana que refleja el impacto de siete años consecutivos en recesión y una hiperinflación que estalló en 2017 y pulverizó la moneda.

La comparación con Perú es ilustrativa: en Lima el salario promedio mensual equivale a 420 dólares y permite comprar 212 kilos de pollo o si fuese el caso, 70 Mccombos grandes de cuarto de libra con queso en McDonald’s.

Un trabajador venezolano con el salario promedio en el sector privado tan solo podría comprar 29 kilos de pollo o si quisiera ir a McDonald’s, siete Mc Mccombos grandes de cuarto de libra con queso.

En el sector público la quiebra del Estado golpeó al salario con mayor virulencia que en las empresas privadas. La investigación de Anova, realizada para el Observatorio Venezolano de Finanzas, indica que el análisis de la distribución salarial por cargos de las tabulaciones oficiales señala que el salario promedio es de apenas 4,7 dólares.

Fuentes explican que el gobierno complementa este monto con la asignación de bonos y en el caso del personal mejor calificado, con cajas de comida conocidas como “el CLAP de los VIP” y reparto de euros en efectivo. Pero la gran mayoría de los trabajadores tiene un ingreso muy inferior al del sector privado.

Junto al salario también se han evaporado las prestaciones sociales, un dinero que el trabajador recibía al retirarse de acuerdo a sus años de servicio y que durante su vida laboral podía utilizar hasta 75% para emergencias médicas, gastos de educación y compra o reparaciones en la vivienda.

Aparte del impacto de la hiperinflación las prestaciones también se han difuminado porque están relacionadas al salario y la mayor parte del ingreso que reciben los trabajadores, tanto en el sector privado como público, corresponde a bonos y pagos en especie.

Gerentes apretados

En general los profesionales que han logrado escalar hasta puestos de dirección en la estructura laboral reciben una compensación exigua. Anova indica que en promedio un gerente en Venezuela obtiene a fin de mes una remuneración de 206,4 dólares, un monto que está muy por debajo de la tendencia en la región.

Según los datos del Total Remuneration Survey 2020 de la consultora en recursos humanos Mercer, los salarios más bajos a nivel de gerencia en la región, tomando en cuenta el costo de la vida, correspondieron a Argentina con 3.300 dólares al tipo de cambio oficial. Los más elevados estuvieron en Uruguay y Chile donde superaron los 6 mil dólares.

Enrique Gallardo es ingeniero civil y tiene el cargo de gerente en una empresa de construcción, explica que “mi salario es muy bajo porque este sector está paralizado, trabajamos muy poco, quiero irme de Venezuela junto a mi esposa que es arquitecto, afortunadamente no tenemos hijos”.

Industriales a la espera

Las leyes aprobadas para maniatar al mercado siguen vigentes, pero tras la catastrófica caída de la producción petrolera y de la recaudación de impuestos, el gobierno perdió poder en la economía, relajó los controles de precios y permitió la libre circulación del dólar.

El giro hacia el mercado resucitó a una economía muerta que entre 2014-2020 se redujo a la tercera parte de lo que era en 2013, pero la mejora del salario requiere medidas en distintos frentes.

Anova indica que el mayor ingreso mensual corresponde a los trabajadores de la manufactura donde el promedio es de 89,7 dólares. Luigi Pisella, director de Conindustria, explica que “hace un año el salario promedio en la industria estaba alrededor de 20 dólares y tenemos como objetivo que siga aumentando, pero necesitamos condiciones”.

Los industriales esperan que el gobierno elimine la exoneración de aranceles a productos que se elaboran en el país, a fin de competir en igualdad de condiciones con los importados. Además, necesitan que avance el plan de vacunación contra el Covid-19 para incrementar las horas de trabajo.

La lista también incluye suministro sin interrupciones de electricidad, combustible, mejoras en el acceso al crédito y control de la hiperinflación. De esta forma, el uso de la capacidad instalada aumentaría e impulsaría los salarios. 

Durante la administración del expresidente Hugo Chávez el gobierno estatizó todas las empresas del sector eléctrico y la principal compañía de telecomunicaciones. Años de pésima gerencia han hundido la calidad del servicio, a lo que se añade la caída en la producción de diésel y gasolina por el mal estado de las refinerías de Pdvsa.

Luigi Pisella afirma que “el uso de la capacidad instalada, en promedio, está actualmente en 20%. Si logramos que aumente hasta 40% nuestros salarios podrían duplicarse. Venimos de muy abajo, si el uso de la capacidad aumenta, por ejemplo, hasta 30% puede parecer poco, pero es un incremento de 50% en la producción, es algo que se va a sentir”.

Según dónde estés

El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, considera que la tendencia general es hacia un incremento pausado del salario en el sector privado, pero explica que en algunas áreas el aumento tendrá más vigor que en otras.

“Nuestras proyecciones contemplan un salario promedio en el sector privado de 72 dólares para este año, un aumento hasta 90 dólares en 2022 y otra alza hasta 115 dólares en 2023” dice Asdrúbal Oliveros.

“Veremos estructuras muy desiguales. En las áreas con capacidad de resistencia en la coyuntura actual como alimentos, medicamentos, clínicas, tecnología y telecomunicaciones habrá un ritmo más acelerado en el aumento del salario que, por ejemplo, construcción, educación y sector bancario que están muy deprimidos”, añade Asdrúbal Oliveros.

Un factor a tomar en cuenta es que en determinadas profesiones hay un viento a favor. “Existen ocupaciones donde la presión para mejorar los salarios es mayor por la escasez de personal. En tecnología, por ejemplo, las empresas tienen que ser competitivas porque el personal más calificado puede trabajar para compañías de otros países desde Venezuela”, explica Asdrúbal Oliveros. 

“Otra área es la de finanzas donde cuesta encontrar personal calificado tras la ola de emigración. También mercadeo y ventas, porque desde que se relajaron los controles las empresas han retomado los mecanismos de análisis del mercado. Además, el ajuste del salario va a ser más rápido en el sector informal” agrega Oliveros.

La productividad

La mayoría de los economistas coincide en que los salarios se relacionan con la capacidad de aumentar la producción por trabajador. Omar Zambrano, director de Anova, destaca este concepto y señala que “el salario de equilibrio está relacionado a la productividad y en este aspecto hay limitaciones importantes”.

El estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el IESA sobre las empresas venezolanas, con datos hasta el primer semestre de 2020, da una idea clara de las trabajas para elevar la productividad.

Macroconsultores resume los principales hallazgos del estudio: en el transcurso de un mes, en promedio, las empresas padecen once interrupciones en el servicio de internet, diez cortes de energía eléctrica y seis fallas en la disponibilidad de agua. El acceso al crédito es deficiente y hay escasez de trabajadores calificados por la emigración.

Omar Zambrano indica que “las restricciones, el ambiente macroeconómico, la inseguridad jurídica, colocan un techo bajo a la mejora que podría haber en la producción. Puede haber algunos nichos con mejor desempeño, pero la economía se va a ir atomizando, no hay condiciones para un crecimiento horizontal, de amplia base”.

Dólar e hiperinflación

Técnicamente Venezuela ingresó al túnel de la hiperinflación en diciembre de 2017. Para diagnosticar esta enfermedad la mayoría de los economistas emplea la definición que en 1956 estableció Phillip Cagan: un país sufre hiperinflación cuando la inflación alcanza 50% en un mes y culmina cuando en un período de doce meses no ha habido otro mes de 50%.

Tras no ahorrar durante el período de los altos precios del petróleo, endeudarse masivamente, no realizar las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera y caer en una profunda recesión que merma la recaudación de impuestos, el gobierno se quedó sin recursos para cubrir el gasto y recurrió a la creación de dinero.

La economía es un juego de contrapesos y la inyección de dinero dinamitó el equilibrio entre la oferta y la demanda disparando los precios. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela solo en 2020 la inflación fue de 2.959% y en el primer trimestre de este año ya acumula un avance de 127,8%. 

Ante la pulverización de la moneda las empresas utilizan al dólar par fijar los precios y crecientemente para pagar remuneraciones. Anova indica que en el sector privado 46% de las remuneraciones se cancelan en dólares.

Pero el ingreso en divisas no está vacunado contra la inflación. Mientras los precios aumentan velozmente porque el gobierno crea dinero para cubrir gastos, la cotización del dólar aumenta a un ritmo más lento: Ecoanalítica precisa que en febrero hacían falta 223 dólares para comprar lo que en enero de 2019 se compraba con 100 dólares. 

Muy atrás queda la ensoñación de 2004-2012, cuando el ingreso de los trabajadores y el consumo crecieron a paso firme. La fiesta financiada con petrodólares terminó en pobreza y todo apunta a un largo camino para que el salario se equipare con el del resto de los países de América Latina.

 

Economía hundida y coronavirus: las aseguradoras sobre un piso endeble
En 2020 el sector sufrió pérdidas técnicas equivalentes a 138 millones de dólares. El mercado se achicó por el cierre de empresas, el empobrecimiento de las familias y la competencia de compañías extranjeras

 

@vsalmeron

 

Las empresas de seguros se mantienen a flote a pesar del empobrecimiento de la mayoría de las familias, compañías extranjeras que les arrebatan clientes y regulaciones que agravan la fragilidad; pero el piso se torna más endeble por el impacto de la cobertura a pacientes afectados por el coronavirus y la persistencia de la hiperinflación.

Un termómetro que desnuda el desequilibrio es que el pago que hacen los clientes cuando compran sus pólizas, técnicamente conocido como primas, no es suficiente para soportar el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores. Cuando esto ocurre, las aseguradoras sufren pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas. 

Datos de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora indican que en 2020, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de diciembre, el sector acumuló pérdidas técnicas por 153 billones de bolívares equivalentes a 138 millones de dólares.

Una cascada de eventos desafortunados impacta al negocio. Tras siete años de recesión y tres años en hiperinflación el mercado se achicó violentamente por el cierre de empresas, el empobrecimiento de la clase media, la emigración de cinco millones de personas y el desplome en la venta de vehículos.

Gustavo Mendoza, corredor de seguros, explica que “las tres cuartas partes de mis clientes dejó de renovar su póliza de salud y en automóviles, aparte de que caen las renovaciones, prácticamente no hay nuevos vehículos para asegurar. La clase media se empobreció y ahora el seguro es un lujo”.

El desembarco

El negocio de las aseguradoras se sustenta en que no todos los que compran una póliza sufrirán la enfermedad, el incendio, el choque de su vehículo o la calamidad sobre la cual se protegen y en que la protección, a la hora de un evento, será efectiva.

Pero solo en 2018 la inflación fue de 65.374% y el costo de las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, se disparó como nunca antes y la cobertura de las pólizas prácticamente desapareció.

En este entorno, empresas extranjeras como Best Doctors, Vumi o World Medic Assist detectaron una oportunidad y ofertaron pólizas en dólares en el área de salud y rápidamente se apoderaron de una tajada del mercado.

Las pólizas en dólares, por estar en una moneda estable, mantienen en mejor medida su cobertura a pesar de la hiperinflación. A finales de 2019 las autoridades permitieron que las aseguradoras en el país ofertaran productos en divisas, pero ya habían perdido buena parte de la clientela con altos ingresos.

María Bouffard, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, no menciona empresas en específico pero indica que “parte de la clientela buscaba migrar a pólizas en moneda dura e ingresaron empresas ilegales en el área de salud que tomaron buena parte del mercado”.

“Son ilegales porque no están autorizadas a operar en el país, no se rigen por los requisitos que exige la ley, no constituyen reservas con los requisitos que se exigen en Venezuela. En algunos casos las pólizas no las vende la casa matriz sino una compañía off shore en Bermudas o Islas Caimán”, añade María Bouffard.

Pandemia y clínicas

Para competir en el área de salud las aseguradoras con sede en Venezuela ofrecen facilidades como el pago fraccionado de la prima en doce meses, sin intereses, pero el coronavirus es un nuevo factor en la lista de inconvenientes.

“Por responsabilidad social las aseguradoras están dando cobertura a pacientes con Covid, esto no está previsto en las pólizas. Hay que tener en cuenta que el impacto de las epidemias es muy difícil de medir porque no sabes cuánto va a durar, a cuántos de tus clientes va a afectar y la gravedad que tendrán”, dice María Bouffard.

“Las aseguradoras están utilizando la prima de otros riesgos para darle cobertura al Covid, pero tienen que responder por todos los siniestros, entonces financieramente están poniendo en riesgo su patrimonio y su capital”, explica María Bouffard.

La Superintendencia emitió una resolución donde establece que los pacientes afectados por el coronavirus tienen derecho a una cobertura en petros que, de acuerdo a los valores del Banco Central, equivale a un mínimo de 562 dólares y un máximo de 23.641 dólares.

“Hay clínicas cuyos costos se ajustan a la regulación, pero hay otras donde en las dos últimas semanas de marzo sus costos aumentaron 100% en dólares”, dice María Bouffard.

Entre los desajustes de la economía destaca que los precios aumentan velozmente y la cotización del dólar se eleva a un ritmo más lento, entonces hacen falta más dólares para comprar las mismas cosas. Ecoanalítica precisa que lo que en enero de 2019 se compraba con 100 dólares hoy cuesta 223 dólares.

Si bien existe este desajuste, María Bouffard señala que ha habido aumentos desmedidos en los costos de algunas clínicas. “Cada sector debe hacer un acto de contrición, la pandemia no se puede convertir en un motivo de enriquecimiento. Hay costos que tienes que cubrir, pero hay cosas exageradas”.

“Debe haber un acto de responsabilidad social como lo ha hecho el sector asegurador. La población asegurada es pequeña ¿Y el que no tiene seguro? Tienes el sistema público de salud abarrotado y un sistema privado que la mayoría de la gente no puede pagar”, agrega María Bouffard.

Ganancias concentradas

Las aseguradoras disminuyen sus riesgos a través de empresas conocidas como reaseguradoras. Básicamente la empresa de seguros suscribe un contrato para que la reaseguradora asuma parte o la totalidad de un posible siniestro.

Por recibir parte del negocio las reaseguradoras pagan comisiones a las empresas de seguros y si obtienen beneficios, hay contratos que también contemplan la transferencia de una fracción de las utilidades. De esta forma, el reaseguro puede ser una fuente de ingresos para las aseguradoras.

Gracias a estos ingresos, a las posiciones en divisas que impactan positivamente el balance cuando el Banco Central ajusta el tipo de cambio y a determinadas inversiones, las cifras oficiales indican que en 2020 las aseguradoras acumularon ganancias equivalentes a 21 millones 553 mil dólares.

Aparte de que las ganancias no provienen de la actividad fundamental, están concentradas en pocas manos. Seguros Caroní, Seguros Corporativos, Seguros Caracas y Mapfre contabilizan 88% de los beneficios y 36 empresas se reparten el resto.

En las primas también hay una fuerte concentración. Mercantil, Caracas, Universitas, Pirámide, Oceánica, Mapfre, Hispana, Estar, Constitución y Atrio contabilizan 90,3% de las primas cobradas en 2020.

Reservas diluidas

Cada vez que las aseguradoras reciben el pago de sus clientes por las primas colocan una fracción del dinero en un fondo de reservas para enfrentar contingencias, pero las normas y la hiperinflación evaporan el dinero.

En medio de la inflación más alta de la historia las aseguradoras están obligadas a mantener la mitad de las reservas en bolívares y depositarlos en la banca, donde obtienen un rendimiento exiguo. 

El resto de las reservas puede invertirse colocando no menos de 30% en bonos y no más de 20% en inmuebles. María Bouffard explica que “hemos solicitado que se nos permita colocar parte de las reservas en dólares y se disminuya la porción que obligatoriamente debe estar en los bancos”.

Hasta 2018 las inversiones en bonos de Pdvsa o de la República en divisas eran una opción atractiva para la colocación de las reservas, pero la administración de Nicolás Maduro dejó de pagar la deuda y la mayoría de los títulos están en default.

Impuestos pesados

El cerco regulatorio también incluye una larga lista de impuestos y contribuciones. Las compañías de seguros le entregan a un fondo para el sistema de salud pública entre 1% y 3% del monto de las primas de las pólizas de salud y entre 1,5% y 2,5% de las primas cobradas para el funcionamiento de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

Además 10% del resultado técnico obtenido en los ramos que cubren riesgos catastróficos debe aportarse a un fondo especial y existen 18 impuestos previstos en la Ley de Impuestos Sobre la Renta, Ley de los Cuerpos de Bomberos y Ley Orgánica de Drogas, entre otras.

El 30 de diciembre de 2015 Nicolás Maduro firmó el decreto que modificó la ley que regula a los seguros. Básicamente aumentó la carga de los impuestos, restringió el margen de libertad para invertir las reservas e incrementó el control de la Superintendencia.

La exposición de motivos de la ley sancionada por Nicolás Maduro indica que “la actividad aseguradora en Venezuela en los últimos treinta años ha sido parte de la estrategia implementada en América Latina por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales supeditados al imperio norteamericano consistentes en generar mecanismos de privatización para debilitar las facultades del Estado y favorecer los intereses privados de trasnacionales”.

Por ahora el sector ha logrado surfear la mayor crisis económica en la historia contemporánea de Venezuela. 

El Estado quebró: ¿Es el fin de la universidad pública de calidad?
La ruina del socialismo del siglo XXI deja en el aire el sistema en que la renta petrolera permitía que las universidades funcionaran sin cobro a los estudiantes, poco peso de los recursos propios y un gran número de jubilados, obreros y empleados

@vsalmeron

Tras caer en bancarrota, la administración de Nicolás Maduro aplica un severo recorte del gasto público que impacta, entre otros ámbitos, el funcionamiento de las universidades autónomas que en gran medida dependen del dinero del Estado para ofrecer educación gratuita, financiar proyectos de investigación y realizar labores de extensión.

La ruina del socialismo del siglo XXI deja en el pasado el sistema en que la renta petrolera permitía operar a las universidades sin cobro a los estudiantes, poco peso de los recursos propios respecto a los gastos y un gran número de jubilados, obreros y empleados.

Desde 1958, con la llegada de la democracia, el petroestado venezolano amplió el acceso a la educación superior mediante distintas vías, pero el ensayo más exitoso fue a través del financiamiento de cinco universidades autónomas: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, La Universidad de Los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Universidad del Zulia.

Si bien los años de crecimiento constante en la asignación de recursos y aumento de la calidad, vividos durante 1958-1983, dieron paso a períodos de menos brillo e inestabilidad, los universitarios venezolanos, por muy ancianos que sean, no han presenciado una crisis como la actual.

La debacle de la producción petrolera, que retrocedió hasta niveles de 1935 y el declive de la recaudación de impuestos, tras siete años consecutivos en recesión, evaporaron los ingresos. La consecuencia es un ajuste feroz: Macroconsultores calcula que en términos reales, el gasto del gobierno en servicios de educación, salud, seguridad y defensa cayó 60% entre 2014-2020.

Vivir con menos

El recorte deja a las universidades en el aire: el salario de los profesores es simbólico, la falta de mantenimiento deteriora la infraestructura, desaparece la investigación y la emigración del personal es constante. Al mismo tiempo, la pandemia paraliza las clases en medio de fallas de internet, carencia de equipos y ausencia de bioseguridad.

En febrero los profesores a dedicación exclusiva, el máximo escalafón, obtuvieron un pago equivalente a 10,46 dólares: 2,97 dólares por salario y 7,49 dólares a través del bono Simón Rodríguez que repartió el gobierno.

Según la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) en enero de 2001, cuando Hugo Chávez apenas iniciaba la Revolución Bolivariana, el salario de un profesor titular equivalía a 2.659 dólares.

 

El 8 de marzo Fapuv afirmó en un comunicado que “al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo, razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas”.

La Universidad de Los Andes evidencia la insuficiencia de recursos. Sus 4.583 profesores, entre jubilados y activos, reciben 19 meses de salario al año al incluir pagos extra como aguinaldo y vacaciones. Para elevarles el salario hasta 300 dólares mensuales -menos que el salario mínimo en Ecuador- se requieren 26 millones de dólares al año y el presupuesto asignado para 2021 equivale a 950 mil dólares.

En el transcurso del año es usual que el gobierno aporte recursos extra, pero en una magnitud que solo alcanza para un ínfimo incremento de salario. El presupuesto para investigación o mantener la infraestructura prácticamente es inexistente.

Mundos paralelos

Con el objetivo de que la revolución bolivariana ocupara todos los espacios de la sociedad, el expresidente Hugo Chávez impulsó un sistema paralelo creando la Universidad Bolivariana, la Universidad de las Fuerzas Armadas, la Misión Sucre y convirtiendo en universidades a institutos universitarios y tecnológicos.

Este sistema controlado políticamente, alineado ideológicamente y de menos calidad, también sirvió para darle entrada a la educación superior a miles de jóvenes de bajos recursos que, por recibir una formación deficiente en liceos públicos, no eran capaces de superar las pruebas de admisión para ingresar a las universidades autónomas.

Este brazo paralelo demandó dinero en cantidades crecientes y el presupuesto por alumno en la educación superior pública se redujo, de manera notoria, en las universidades autónomas.

 

Bernardo Méndez, quien se desempeñó como vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela entre 2008-2020, explica que “a partir de 2015 se nos obligó a excluir de nuestra solicitud de presupuesto áreas como proyectos de investigación, formación de personal, infraestructura física, laboratorios y equipamiento de bibliotecas”.

A pesar de que la solicitud de presupuesto excluyó estas necesidades, entre 2015-2019 el monto aprobado para la principal universidad pública del país fluctuó entre 17% y 56% de lo solicitado y para este año apenas representa 2,2%.

En otros casos el presupuesto dejó de existir. Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes, explica que “seguimos haciendo nuestro proyecto de presupuesto pero el gobierno no lo pide, simplemente nos asigna una cantidad”.

Fallas de gerencia

En las cuentas de las universidades sobresale el elevado número de obreros, personal en funciones de administración y jubilados. En la Universidad de Los Andes, por ejemplo, laboran 2.021 profesores, 2.460 empleados y 2.157 obreros; es decir, la cantidad de empleados y obreros supera en 128% a los profesores.

“Nosotros autoadministramos todos los servicios, vigilancia, comedor, aseo, mantenimiento, jardinería; en una universidad norteamericana o europea estos servicios son licitados y los realizan empresas privadas”, dice Mario Bonucci.

“Traté de licitar un comedor y la reacción más virulenta contra la medida la obtuve del Ministerio de Educación Universitaria, era como luchar contra el sistema”, agrega Bonucci.

 

El personal jubilado en la Universidad de Los Andes, que aparte de los profesores incluye a empleados administrativos y obreros, suma 7.009 personas y supera en 371 personas al personal activo.

Bernardo Méndez indica que “en la Universidad Central de Venezuela más de 60% es personal jubilado que permanece en la nómina, eso le da estabilidad al personal jubilado pero el pago de personal absorbe alrededor de 80% del presupuesto”.

Si empresas privadas se encargaran de las labores administrativas y de mantenimiento, las universidades no asumirían los pasivos laborales de obreros y empleados.

Leonardo Carvajal, investigador y doctor en educación, considera que en las universidades hay fallas graves de gerencia: “no se evalúa adecuadamente a los profesores que reciben la mitad del salario por investigar. Además, la jubilación debería ser después de 35 años de servicio y no tras 25 años, es un despilfarro jubilar a un investigador a los 55 años”.

“Muchas carreras podrían cursarse en cuatro años en vez de cinco. Para acabar con la duplicación de esfuerzos y recursos las universidades deberían funcionar integradas en redes regionales y muchas universidades solo trabajan 32 de las 52 semanas del año”, dice Leonardo Carvajal.

Añade que “sin cambios profundos aun si hipotéticamente aumentara la producción petrolera y se disparara el precio del barril, no funcionaría el modelo porque es despilfarrador e irracional”.

Vida propia

Las universidades podrían disminuir la dependencia del gobierno si incrementan los ingresos por asesoría, producción de tecnología y servicios a empresas privadas; pero en medio de la depresión de la economía esta opción es limitada.

De acuerdo con Conindustria, seis de cada diez empresas afirman que no contemplan invertir este año en investigación y desarrollo. En promedio, la industria utiliza la quinta parte de su capacidad instalada y el principal objetivo es sobrevivir a la recesión.

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) contempla que las empresas con ingresos brutos anuales sobre 100.000 unidades tributarias deben pagar entre 0,5% y 2% de sus ganancias para financiar actividades de investigación.

Hasta 2010 las empresas eligieron los proyectos, pero ese año el gobierno cambió la ley y los recursos ingresaron al agujero negro de las finanzas públicas.

Giuseppe Giannetto, quien se desempeñó como rector de la Universidad Central de Venezuela entre 2000-2004, explica que a lo interno también hay limitaciones. “Tras años de poco presupuesto los equipos como los laboratorios de ciencia y tecnología se han deteriorado y sin esa infraestructura no se puede prestar mayor servicio al sector privado”.

Agrega que “la educación de calidad es muy costosa, los gastos son muy elevados. La Universidad Central de Venezuela ha creado una serie de empresas que prestan servicios, pero lo que pueden generar como ingresos es una gota de agua en un océano”.

 

Mario Bonucci indica que “en la Universidad de Los Andes tenemos ingresos propios, pero en conjunto cubren alrededor 5% de los gastos de funcionamiento, sin incluir el pago del personal”.

“Nuestros laboratorios hacen trabajos que permiten reparar algún equipo o reponer algún reactivo. Tenemos dos fincas que producen leche, pero los ingresos alcanzan para el mantenimiento de la finca”, explica Mario Bonucci.

Las regulaciones burocráticas obstaculizan alternativas como dictar cursos o seminarios de manera virtual e impiden obtener ingresos en divisas.

“Podríamos crear un seminario sobre normas internacionales de contabilidad a egresados nuestros que están en Chile. Un profesor nuestro viaja a Chile e imparte cursos de manera presencial y el resto se hace vía online. El costo por estudiante podría ser de 200 dólares, que es bastante accesible”, dice Mario Bonucci.

“Pero por las regulaciones el pasaje aéreo tendría que licitarse, algo que podría tardar tres meses. Además, el manejo de divisas por parte de las instituciones públicas es casi imposible; estas cosas tienen que cambiar”, agrega Mario Bonucci.

Cobrar al estudiante

El artículo 103 de la Constitución sostiene que la educación impartida en “las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario”, pero tras el quiebre del modelo de financiamiento este dogma y los métodos de enseñanza son temas a debatir.

Leonardo Carvajal indica que “no comparto la idea de que la universidad puede autofinanciarse por completo, no se autofinancia el ejército o un hospital, las cosas públicas las financia el Estado. Creo en un autofinanciamiento parcial y creciente hasta cierto nivel”.

Desde su punto de vista una alternativa es el cobro a la salida. “Mantener la gratuidad, pero una vez que el estudiante se gradúa y obtiene empleo que pague un impuesto, podría ser de 1% del salario, en función de las nuevas generaciones”.

Mario Bonucci indica que “el concepto de educación gratuita debe cambiar a un modelo donde el que tiene dinero contribuye: ¿si pagas por tu hijo en un colegio privado por qué no puedes contribuir cuando llega a la universidad?”.

Giuseppe Giannetto señala que “la educación de calidad, el desarrollo de ciencia y tecnología implica una gran inversión por parte del Estado; podríamos estudiar esquemas como becas que el estudiante pague con plazos flexibles cuando termine su educación, pero con el desastre actual no lo veo factible”.

 

El control académico también está en discusión. Mario Bonucci destaca que “el estudiante tiene que entender que se hace un gran esfuerzo en educarlo y debe haber una respuesta apropiada. En las universidades públicas hay estudiantes con diez o doce años dentro de la universidad, el que no rinde debe irse”.

Leonardo Carvajal es partidario de “un tiempo para culminar la carrera, luego del cual el estudiante comienza a pagar. Por ejemplo, si la carrera es de cinco años, transcurridos siete años y medio si no has terminado pagas por el tiempo que falta”.

Mario Bonucci indica que la manera de transmitir conocimientos debe modificarse. “El modelo de universidad tiene que cambiar. Desarrollar la educación a distancia, incluir métodos virtuales, mezclar metodologías. Al igual que formamos a un médico en un hospital podemos formar a un ingeniero civil en una constructora”.

La medicina indica que cuando un miembro es amputado se sigue sintiendo durante un tiempo como si permaneciera en su sitio, es lo que se denomina sensación del miembro fantasma: el sistema en el que operó la universidad pública de calidad desapareció, pero los venezolanos aún no reconocen esta realidad.

La crisis agiganta la desigualdad en Venezuela
La quiebra del Estado y el colapso de la economía dan paso a una sociedad de extremos:muy pocos arriba, muchos descolgados por debajo y la proletarización de la clase media. Se instala una distribución más regresiva de la riqueza.

@vsalmeron

 

Tras el colapso del socialismo del siglo XXI emerge una economía despiadada y contrastante. Se consolida una cotidianidad de pensiones simbólicas, trabajadores públicos con salarios precarios y ausencia de garantías sociales; pero al mismo tiempo, en Caracas, crecen las opciones para el consumo: tiendas repletas de productos importados, nuevos restaurantes y servicio de internet por fibra óptica.

Discretamente, sin modificar leyes, Nicolás Maduro aplica un severo ajuste con recorte sin precedentes del gasto público, liberación de precios, apertura de espacios a la empresa privada y libre circulación del dólar. Quienes pueden subirse al tren de la nueva economía respiran, pero la mayoría siente que la cadena de la prosperidad está rota.

Los pobres se quedan sin oportunidades, la clase media retrocede y aumenta la distancia con los grupos privilegiados.

La moneda oficial es el bolívar, pero luego de tres años en hiperinflación y el fin del control de cambio los precios y las transacciones giran alrededor del dólar. Las empresas usan sus divisas libremente para importar materia prima, cancelar a proveedores y en algunos sectores de la economía, los trabajadores reciben parte del salario o bonos en divisas.

Además, una capa de la población tiene ahorros en dólares que utiliza para complementar sus ingresos, mientras otros obtienen remesas o ayudas de familiares en el exterior.

El acceso al dólar es el ticket para mayor consumo y bienestar. Un estudio de Datanalisis con cifras a diciembre de 2020 precisa que 68,8% de las familias tiene acceso a divisas y 31,2% permanece al margen y solo cuenta con ingresos en bolívares, una moneda moribunda al punto que el nuevo billete de un millón de bolívares equivale a 0,5 dólares.

Pero hay una gran disparidad en los montos de acceso al dólar: según Datanalisis de la porción de la sociedad que obtiene divisas 2,7% de las familias dispone para sus gastos en el país de un promedio de 1.614 dólares al mes, es la capa de alta renta. El 66,1% restante dispone de solo 191 dólares al mes.

Nuevos proletarios

Tras siete años consecutivos de recesión, la economía venezolana se volvió enana y el cierre de empresas, la salida de trasnacionales, una industria que trabaja a la cuarta parte de su capacidad y la destrucción de puestos de trabajo bien remunerados ha desatado un proceso de proletarización de la clase media.

En el recuerdo queda la clase media que viajaba al exterior, compraba vehículos, no tenía problemas para reponer electrodomésticos y cubría sin sobresaltos el costo de las clínicas privadas. Este segmento se empobreció y mira desde más abajo a las familias de alta renta.

“Soy ingeniero de sistemas, tengo 37 años y vivo con mi madre. La empresa para la que trabajo me paga un bono en dólares que complementa mi salario en bolívares, que alcanza para muy poco. Si se daña la nevera no podría comprar otra, tampoco podría pagar una operación quirúrgica en una clínica privada y me queda muy poco de mis ahorros” dice Oswaldo Gutiérrez quien vive en El Cafetal, una zona de clase media en Caracas.

 

El estudio de la firma ORC Consultores con alcance nacional, con datos a diciembre de 2020, es elocuente: el 76% de quienes se califican como clase media afirma que en el último mes el dinero no le alcanzó para reparar el vehículo, a 92% para cambiar o reparar electrodomésticos y a 40% para pagar el servicio de televisión por cable o internet.

En Residencias Lorena, un conjunto de tres edificios situado en Chuao, otra zona de clase media en Caracas, un tercio de los propietarios se atrasa todos los meses en el pago del condominio y por falta de mantenimiento el cerco eléctrico para reforzar la seguridad está roto, las luces de emergencias se fundieron y en las paredes se está cayendo el friso.

Un estudio de la firma Anova Policy Research, publicado en febrero de este año por el Banco Interamericano de Desarrollo, basado en distintas fuentes como el Censo Nacional de Población y Vivienda, la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) que tiene datos hasta marzo de 2020, concluye que hay una “caída abrupta y sistemática en el tamaño de la clase media venezolana”.

Anova utiliza distintas metodologías para cuantificar el retroceso de la clase media. Una de ellas, con alcance relativo, determina que la porción de la población que vive en la franja intermedia de la distribución del ingreso se redujo desde 64,5% en 2012 hasta 41,7% en 2020, es decir, el reparto de la renta desmejoró en la última década. (1)

Otra considera que la clase media son familias en una franja de ingresos que provee protección frente adversidades y cierto grado de estabilidad económica. De acuerdo a este criterio el porcentaje de la población que se ubica en este rango se redujo desde 62% en 2010 hasta 15,5% en marzo de 2020. (2)

Una tercera metodología considera que la clase media son las familias que no son pobres y tampoco son ricas. De acuerdo con este criterio la clase media se redujo desde 72,0% de la población en 2010 a solo 5,3%. (3)

Omar Zambrano, economista principal de Anova, explica que “en la reducción de la clase media tenemos que mencionar el colapso del salario y la mortandad de puestos de trabajo. El sector industrial es el mejor remunerado, allí se concentraba 18% del empleo en Venezuela y hoy es 2% del empleo; eso ilustra lo que ha pasado en el sector productivo”.

Brecha sideral

Una cascada de decisiones desafortunadas produjo un resultado trágico. Tras no ahorrar durante los años en que el barril de petróleo se cotizó a niveles récord, no invertir para mantener la producción petrolera, endeudarse masivamente, malbaratar el dinero y perder el crédito internacional, la revolución Bolivariana evaporó el ingreso de divisas y hundió a la economía en una profunda recesión.

Entonces, ante la caída en la recaudación de impuestos y el declive de los petrodólares el gobierno recurrió a la creación de dinero y estalló la hiperinflación que destruyó la capacidad de compra de la moneda. Luego las sanciones de Estados Unidos, que junto a una larga lista de países considera fraudulentas las elecciones en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente en 2018, profundizaron la debacle.

Quienes dependen del Estado sienten que caen al vacío desde la cima de una montaña rusa, la brecha con los grupos privilegiados ahora es sideral. La bancarrota del gobierno pulverizó las pensiones y el salario de los trabajadores públicos. La supervivencia de las universidades gratuitas está en jaque y se agrava el deterioro de la salud pública.

Los profesores de las universidades públicas reflejan la destrucción del salario. Claudio Briceño es doctor en historia y profesor titular en la Universidad de Los Andes. Explica que “este mes mi sueldo equivale a dos dólares. Para sobrevivir he trabajado como taxista y con un emprendimiento de venta de hamburguesas. Quiero emigrar a Argentina, donde hice mi doctorado, o a Chile”.

De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) en enero de 2001, cuando Hugo Chávez apenas iniciaba la Revolución Bolivariana, el salario de un profesor titular equivalía a 2.659 dólares.

 

El 8 de marzo FAPUV afirmó en un comunicado que “al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo, razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas y llamamos a nuestros agremiados a no aceptar trabajar en condiciones de oprobio”.

La seguridad social es simbólica. Cinco millones de ancianos cobran una pensión mensual que equivale a menos de un dólar, cantidad que el gobierno complementa con bonos que reparte todos los meses y cajas de comida que principalmente tienen carbohidratos como harina de maíz, arroz y pasta.

De acuerdo con Datanálisis 28,4% de las familias no tiene acceso a divisas y mediante salario, bonos y cajas de comida cuenta con un ingreso equivalente a aproximadamente 34 dólares mensuales.

Pero hay quienes viven en peores condiciones: 2,8% de las familias no tiene acceso a divisas y tampoco recibe ayuda del gobierno, por lo que dispone de un ingreso mensual que equivale a menos de 20 dólares proveniente de salario y dádivas.

Tiempos bárbaros

La producción petrolera cayó a niveles de 1940 y el otrora poderoso petroestado se desmoronó. El Estado pobre se traduce en peor educación pública, menos acceso a una sanidad digna, deterioro de las carreteras y mínimas oportunidades para los pobres.

Luis Pedro España, director del Proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello, señala que “el gobierno no tiene cómo planificar la transición de una economía que dejó de ser petrolera, el gasto público es mínimo”.

“Pasamos del control de la economía y la sociedad mediante la distribución de la renta petrolera a un proceso de liberalización obligada donde el Estado no puede controlar nada. No hay políticas de compensación para los perdedores del mercado, para los que no pueden pagar una escuela privada o un seguro privado en dólares”, agrega Luis Pedro España.

Apoyándose en los datos de la última Encovi afirma que el índice de Gini, un número que va de cero, la igualdad perfecta, a uno, la máxima desigualdad, se ubicó en 2020 en 0,51 el más elevado en la región después de Brasil. En 2015 el coeficiente era de 0,42.

Alejandro Grisanti, quien se ha desempeñado como analista de Barclays Capital para Latinoamérica y formó parte de la junta directiva de Pdvsa por el gobierno interino, considera que “los mecanismos de redistribución de la riqueza están muy deteriorados, prácticamente no hay compensación, en alimentación, educación y acceso a la salud”.

“Pasamos de una economía que perseguía al sector privado bajo la consigna del socialismo del Siglo XXI a una de la supervivencia del más apto. El Estado ha sido incapaz de crear arreglos sociales para aminorar la desigualdad”, dice Alejandro Grisanti.

 

Añade que “este año la economía no va a seguir cayendo, debería estabilizarse en el foso, pero un tercio de la población va a mejorar un poco y dos tercios seguirán empeorando. Tendremos una sociedad donde un tercio de la población va a llevarse una porción mayor de la torta y dos tercios se quedarán con una porción más pequeña”.

Los cimientos están destruidos. La magnitud de la debacle apunta a que sea cual sea la salida a las dificultades, lleguen cuando lleguen, por mucho tiempo los venezolanos no volverán al punto anterior al colapso del socialismo del siglo XXI. Toma forma una sociedad de extremos que se alejan del centro: muy pocos arriba y muchos descolgados por abajo.

(1) La franja intermedia son hogares con ingresos per cápita en una banda entre 50% y 150% de la mediana de los ingresos per cápita de la economía.

(2) Este rango tiene un piso de 10 dólares per cápita por día y un techo de 50 dólares per cápita por día, ajustados por un tipo de cambio de paridad de poder de compra que permite comparar cuánto dinero se requiere para adquirir una canasta de bienes y servicios en distintos países.

(3) Esta metodología utiliza como límite superior el utilizado por el Banco Mundial de 50 dólares per cápita por día, ajustados por un tipo de cambio de paridad de poder de compra y como umbral inferior la línea de pobreza moderada oficial de Venezuela hasta 2015 y su ajuste por inflación para los años posteriores.