Víctor Salmerón

El gobierno aplica una política que impacta el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía se debilita y podría encaminarse a una recesión

@vsalmeron

Lo normal en Venezuela es sentir que la moneda es de hielo y se derrite a diario. En octubre del año pasado los venezolanos compraban un dólar con ocho bolívares y a principios de febrero necesitaban 24 bolívares, pero a partir de marzo el Banco Central contuvo el colapso y actualmente el dólar se cotiza en 26,2 bolívares en el mercado oficial.

La mayor estabilidad del dólar, que ayuda a desacelerar el alza de los precios, tiene costos. Para disminuir la demanda de dólares el gobierno y el Banco Central aplican una estrategia que tiene impacto en el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía pierde fuerzas y podría encaminarse a una recesión.

Básicamente el plan consiste en disminuir la cantidad de dinero, en lograr que haya menos bolívares disponibles para comprar dólares. Para alcanzar este objetivo la administración de Nicolás Maduro mantiene controlado el gasto del gobierno a fin de inyectar pocos bolívares por esta vía.

De acuerdo con Síntesis Financiera el gasto público de los primeros cinco meses del año equivale a 3 mil 213 millones de dólares, tan solo 3% más que en el mismo lapso de 2022. En la contención del gasto juega un rol clave la decisión de no aumentar el salario mínimo y en general sustituir el ingreso de los trabajadores por bonos que no tienen incidencia en el cálculo de beneficios como las vacaciones y las utilidades.

En julio del año pasado, al cancelar el bono vacacional a los educadores, el gobierno inyectó bolívares que rápidamente se desplazaron a la caja de comercios que inmediatamente elevaron la demanda de dólares porque tras la hiperinflación y continuos períodos de debacle la confianza en la moneda está rota.

Consciente de este desequilibrio el gobierno se ha negado a aumentar el salario. Síntesis Financiera explica que “no prevemos que se repita en julio el choque cambiario que hubo en agosto del año pasado con el pago del bono vacacional a educadores, pues ese pago está basado en un salario cuyo monto está fijo en bolívares”.

A la contención del gasto público y la sustitución del salario por bonos se suma la restricción del crédito a fin de que no haya préstamos de bolívares que puedan emplearse para comprar dólares. El encaje, la proporción del dinero que los bancos no pueden prestar, se mantiene en 73% el más elevado en América Latina.

La consecuencia es menos bolívares para comprar dólares, pero también poco crédito para las empresas y las familias en momentos en que la economía se debilita. Tras la fuerte devaluación del bolívar a comienzos de año la inflación se aceleró y las ventas cayeron creando un clima recesivo.

El índice de actividad económica que elabora el Observatorio Venezolano de Finanzas experimentó una caída de 8,3% al comparar el primer trimestre de este año con el mismo lapso de 2022. 

Daniel Cadenas, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, explica que “hay una caída de la demanda y un exceso de oferta por lo que estamos en el inicio de una recesión. Como la política del gobierno es de corte recesivo va a agravar el problema”.

Añade que “no tiene sentido restringir el crédito y mantener una política monetaria restrictiva para estabilizar el tipo de cambio y desacelerar la inflación cuando hay un exceso de oferta y una caída del consumo que mitiga el alza de los precios. Estamos viendo promociones por todos lados en la desesperación de las empresas y los comercios por vender”.

Flujo de divisas

A la estrategia para reducir la cantidad de dinero en la economía se añade un mayor margen de maniobra en la oferta de dólares que alimenta al mercado oficial gracias al impacto de Chevron. El gobierno de Joe Biden otorgó una licencia a la petrolera estadounidense para que aumente sus operaciones en Venezuela y la empresa necesita vender dólares para cubrir pagos en bolívares.

Síntesis Financiera estima que en marzo los dólares que vendió Chevron y que aumentaron la oferta de divisas sumaron unos cien millones de dólares que ayudaron a que el tipo de cambio se mantuviera estable. Tesoreros de bancos señalan que en abril y mayo los dólares provenientes de Chevron han seguido ingresando y son un factor que ayuda a la estabilidad.

Otro elemento a tomar en cuenta es que el Banco Central usualmente vende en el mercado oficial alrededor de 50 millones de dólares a la semana, pero en las últimas dos semanas, en las que el gobierno pagó bonos a los trabajadores y aumentó la cantidad de bolívares en la economía, duplicó el monto.

La presión

¿Va a continuar la paz cambiaria? Una pieza clave es que la contención del gasto público podría perder rigor a medida que avance el calendario y el país se acerque a las elecciones presidenciales previstas para 2024 o que aumente la protesta de los trabajadores por incrementos de salarios.

“Cualquier emisión de bolívares crea presiones en el tipo de cambio porque nadie quiere conservar bolívares”, dice Daniel Cadenas.

El tanque de dólares para mantener la oferta de divisas en el mercado oficial también genera dudas. Al cierre del 30 de mayo el Banco Central indica que tiene reservas internacionales por 9 mil 685 millones de dólares, pero de este monto solo tiene disponibles 980 millones en efectivo y 1.700 millones en barras de oro, un monto bastante bajo.

El resto de las reservas internacionales corresponde a Derechos Especiales de Giro que la administración de Nicolás Maduro no puede emplear porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) no lo reconoce como presidente de Venezuela. Otra porción corresponde a oro en litigio depositado en el Banco de Inglaterra.

Reuters reportó que una auditoría a los contratos de Pdvsa reveló que la empresa acumuló cuentas por cobrar por 21 mil 200 millones de dólares y que habría facturas potencialmente irrecuperables por 3 mil 600 millones de dólares.

El tipo de cambio paralelo también influye. El mercado oficial no satisface toda la demanda de dólares y las pequeñas empresas o compradores de montos bajos acuden al mercado paralelo donde se forma un precio que supera al tipo de cambio oficial.

La experiencia indica que si la cotización del dólar en el mercado paralelo se distancia en gran medida de la cotización del mercado oficial se pierde la fe en la estabilidad y aumenta la presión. En mayo la brecha entre las dos cotizaciones aumentó desde 3% hasta 7%.

“El mercado paralelo refleja la inercia de los fuertes desembolsos destinados al pago del aumento en el ingreso mínimo, así como cierta reanimación de expectativas de depreciación” dice Síntesis Financiera.

Daniel Cadenas indica que “los factores que presionan al tipo de cambio van a continuar y es probable que al igual que el año pasado veamos una mayor devaluación en el resto del año. Lo que puede hacer que no haya una desestabilización similar a la de 2022 es que la demanda de dólares para importaciones está cayendo por la caída en las ventas”.

Focus Economics, una empresa que elabora reportes con las proyecciones de veinte bancos y consultoras como Moody’s Analytics y BancTrust indica en su informe de mayo que en promedio se espera que el tipo de cambio oficial culmine este año en 61 bolívares por dólar.

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Dólar

Las proyecciones de Datanálisis contemplan que tras la caída del primer trimestre el consumo se estabilice y recupere el crecimiento para cerrar el año con un alza de 4%

@VSalmeron

El surgimiento de una sociedad con enormes diferencias obligó a Datanálisis a replantearse la manera de evaluar al consumidor y a generar una segmentación que refleje el giro hacia un mercado muy disímil, donde los distintos estratos tienen poco o nada en común.

“Venezuela es una mezcla heterogénea de distintos segmentos con una diferencia tan marcada que ya no tiene sentido referirse a la media. Ya no podemos trabajar tan fácilmente” dice Luis Vicente León, director de Datanálisis.

Para crear la nueva estratificación del consumidor la firma recolectó datos durante el primer trimestre del año y se apoyó en seis variables: acceso a divisas, situación de la vivienda, medios de transporte, servicios médicos y seguro, consumo de alimentos fuera del hogar y acceso a bienes y servicios.

El acceso a divisas o a un ingreso indexado es clave. El dólar desplazó al bolívar y se utiliza para fijar precios, ahorrar y en buena parte de las transacciones, por lo tanto, esta es una variable fundamental para medir la capacidad de consumo.

Un aspecto relevante es que la estratificación por zonas perdió efectividad. “La segmentación se cruzó. Puede haber alguien en un barrio de Petare, por ejemplo, con capacidad de compra en dólares porque tiene un negocio y un profesional universitario jubilado en un apartamento en El Cafetal, una zona de clase media, con una capacidad de consumo muy limitada”, dice Luis Vicente León.

El ingreso

La nueva estratificación segmenta a la población con base a su capacidad actual de compra y consumo. En el estrato alto se encuentra 3,7% de la población que forma parte de familias con un ingreso mensual superior a 5.560 dólares.

En el segundo peldaño está el estrato denominado como clase media emergente. Se trata de 12,9% de la población que pertenecen a familias con un ingreso entre 1.734 dólares al mes y 5.560 dólares.

En el tercer peldaño se ubica el segmento “medio establecido” que representa 22,7% de la población que forma parte de familias con un ingreso mensual entre 673 dólares y 1.734 dólares.

Sigue el estrato “bajo con oportunidades”, que representa a 26,8% de la población que forma parte de familias con un ingreso mensual entre 376 dólares y 673 dólares.

Finalmente está el estrato “bajo excluido”, donde se ubican 8,9 millones de personas, que representan 33,9% de la población y son parte de familias con un ingreso mensual entre 193 dólares y 376 dólares que no les permite alimentarse de forma adecuada.

Los emergentes

Luis Vicente León explica que la clase media emergente, un segmento inédito, incluye a un sector de la población que se adaptó mejor al cambio del mercado y no encaja en el perfil de la clase media tradicional que básicamente agrupa a profesionales con estudios universitarios.

“Esta clase media emergente no tiene una estructura profesional equivalente a la clase media profesional, puede ser un técnico, alguien que se dedicó a actividades comerciales, un joven que desarrolló un negocio por internet o que está vendiendo seguros alternativos. Son jóvenes, la mayoría alrededor de treinta años y se han adaptado mejor a la demanda”, dice Luis Vicente León.

Agrega que “también debemos considerar que en esta categoría puede haber personas con negocios relacionados a actividades ilegales”.

La geografía

Datanálisis construyó un promedio ponderado donde uno es el estrato bajo excluido, dos el bajo con oportunidades, tres el medio establecido, cuatro el medio emergente y cinco el alto para determinar cómo se clasifican las distintas zonas del país en cuanto a su capacidad de consumo.

El resultado es que Caracas con 2,41 puntos se ubica en la parte superior, seguida del resto de la región central con 2,31, Los Andes 2,29, Zulia 2,28, Oriente 2,18, Centro Occidente 2,14, Guayana 2,08 y Los llanos 1,79.

“Arrastrándola un poco Caracas se ubica en el segmento medio establecido. Es una Caracas sin grandes capacidades de consumo, con pérdida de lo que fue su esplendor del pasado, pero en el segmento medio”, dice Luis Vicente León.

Un dato relevante es que Caracas, Maracaibo y Lecherías en Anzoátegui concentran la mayor cantidad de la liquidez en dólares. En la región de Los Andes, Táchira y la actividad de la frontera, elevan el promedio.

El frenazo

Después de un declive que redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte, Venezuela tocó fondo e inició una incipiente recuperación que oxigenó el ingreso y el consumo, pero el colapso de la moneda y la aceleración de la inflación entre el segundo semestre de 2022 y el comienzo de este año impactaron la capacidad de compra y golpearon la confianza del consumidor.

“La pequeña recuperación del consumo en 2022 generó unas expectativas muy altas, el venezolano es pendular. Cuando está en crisis ve todo muy negativo y cuando hay un pequeño respiro sobredimensiona las expectativas. Entonces, con la devaluación se desplomó el índice de confianza y cayó el consumo”, dice Luis Vicente León.

En el primer trimestre de este año el consumo, respecto al mismo lapso del año pasado, cayó 6% y el índice de confianza 22 puntos. No obstante, las proyecciones de Datanalisis contemplan que el consumo se estabilice en el segundo trimestre de este año con una variación cercana a cero y crezca 4,5% en el tercer trimestre y 6,8% en el cuarto trimestre.

Estas proyecciones se basan en que el gobierno tendrá un mayor margen de maniobra para estabilizar el tipo de cambio porque corregirá el flujo de ingresos de Pdvsa, que se vio afectado por la corrupción en la cobranza de los envíos de petróleo y en el ingreso de divisas por las actividades de Chevron.

“En el año, al tomar en cuenta la caída, la estabilización y el aumento de los últimos trimestres, habría un aumento de 4% en el consumo” dice Luis Vicente León.

La caída del consumo se manifestó principalmente en reducciones de compra en ropa, recreación, calzado, salidas a comer y viajes.

Las generaciones

Carlos Jiménez, a cargo del estudio de tendencias digitales en Datanálisis, explica que la estratificación por generaciones en Venezuela es: los baby boomers, nacidos entre 1945-1965, donde se ubica el 13% de la población; la generación X, con los nacidos entre 1965-1980, donde se ubica 18% de la población y los millennial, con los nacidos entre 1980-1995, que representan a 31% de la población.

Siguen la generación Z, que incluye los nacidos entre 1995-2010 y donde se ubica 17% de la población y la generación Alpha, donde están los nacidos a partir de 2010 y representa 21% de la población.

“Los millennials son la mayoría de la población y son los que mayor poder de compra tienen. Pero todos son importantes, por ejemplo, la generación Alpha son los niños y tienen gran influencia en algunas industrias como los alimentos. Por su parte, los de mayor edad, los baby bumers, generan la economía plateada que tiene que ver con los adultos mayores y actividades como servicios de salud”, explica Carlos Jiménez.

“Hay una alta sensibilidad al precio. Entre los valores que los consumidores reconocen en una marca destaca que tenga precios competitivos, que ofrezca productos que resuelven problemas pero que además son accesibles”, agrega Carlos Jiménez.

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El giro en la política de Washington favorece a las empresas e inversionistas que demandan en tribunales de Estados Unidos el pago de la gigantesca deuda contraída por el chavismo

Por: Víctor Salmerón/@VSalmeron

Los acreedores que batallan por recuperar el dinero invertido en Venezuela mediante la compra de bonos o empresas que les fueron expropiadas han logrado nuevos avances en el objetivo de embargar Citgo, el activo en el exterior más valioso del país.

En el propósito de embargar activos de Venezuela los acreedores tienen tres obstáculos: los juicios, las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) y la política exterior de Washington.

En el tablero de los juicios el curso es lento y cargado de apelaciones por parte de Venezuela, aunque la compañía canadiense Crystallex se aproxima a la última casilla. Pero en el caso de la política exterior de Washington y las licencias de la OFAC hay cambios relevantes que benefician a los acreedores.

La administración de Joe Biden, a través de una carta del Departamento de Justicia fechada el 7 de abril, afirmó en la corte de Delaware que no bloqueará la subasta forzosa de acciones de Citgo o la firma de algún acuerdo que permita a los acreedores cobrar lo que se les debe.

Citgo posee 4 mil 200 bombas de gasolina en Estados Unidos, plantas en Luisiana, Illinois y Texas, se estima que tiene un valor que ronda los 13 mil millones de dólares y el año pasado registró ganancias por 2 mil 800 millones de dólares.

En 2018 la administración de Donald Trump, al igual que una larga lista de países, consideró fraudulentas las elecciones que Nicolás Maduro esgrime como piso para su reelección y reconoció como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó, en ese entonces presidente del parlamento.

En 2019, para apoyar una eventual transición política en Venezuela, Donald Trump estableció una estrategia de protección de activos del país que impide embargos sin licencias de la OFAC.

 Fuentes cercanas al proceso explican que en 2023 Washington comenzó a cambiar su política, ante la evidencia de que no ocurrió la transición, ya no existe la figura del presidente encargado y la oposición venezolana se debilitó.

En la carta que el Departamento de Justicia envió a la corte de Delaware se afirma que la OFAC tiene la Intención de implementar una política de licencias favorable a la ejecución de una venta de acciones de Citgo.

El reloj

En la deuda venezolana hay un juicio clave: el de Crystallex en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark. Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) y obtuvo una decisión a favor, que le permite cobrarle a Venezuela 1.400 millones de dólares porque en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana.

Posterior a este fallo Crystallex recibió un pago de 400 millones de dólares por el gobierno de Nicolás Maduro, pero reclama el resto del dinero. Para cobrarlo introdujo una demanda en Estados Unidos y el juez Leonard Stark decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de Pdvsa, PDV Holding, propietaria de Citgo.

Otros acreedores como Rusoro, OI European Group, Northrop Grumman y ACl Investment han logrado decisiones a favor en Delaware. Un aspecto relevante es que en la sentencia del pasado 23 de marzo el juez Leonard Stark esgrime la tesis que tanto la administración de Maduro, en Venezuela, como la del gobierno interino de Juan Guaidó en el exterior, realizaron un manejo de Pdvsa que borró la línea divisoria entre el gobierno y la empresa.

Entre otras cosas la sentencia que reafirmó la tesis de que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad y por tanto los acreedores pueden cobrar a través de una subasta de acciones de Citgo, menciona que la administración de Guaidó utilizó fondos de las filiales de Pdvsa para financiarse y cubrir gastos relacionados a la defensa legal del país.

¿Es inminente el embargo y la subasta de acciones de Citgo?

José Ignacio Hernández, quien se desempeñó como procurador del gobierno interino que presidió Juan Guaidó y antes de serlo actuó como testigo experto en el juicio de Crystallex, por lo que tuvo que inhibirse, explica que esta empresa es el único acreedor con una medida de embargo que ya no es apelable.  

No obstante, estima que el proceso para concretar la venta forzosa de acciones de una empresa en marcha tardaría alrededor de un año.

“Los otros casos son embargos condicionados, apelables. Estos acreedores están en el mismo sitio en que estaba Crystallex en 2018 y Crystallex ha tenido que transitar litigios desde 2018 para estar relativamente cerca del embargo”, dice José Ignacio Hernández.

“Esto es muy importante porque incluso si hoy levantan todas las sanciones mañana no se va a perder Citgo, hay espacio para una defensa judicial, pero todo indica que la situación de Citgo va a estar comprometida en algún momento del año que viene”, explica José Ignacio Hernández.

Los bonos 2020

La presión sobre Citgo también proviene de un grupo de inversionistas. En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro hipotecó a Citgo al emitir unos bonos de Pdvsa por el orden de 3 mil millones de dólares que vencieron en 2020. A diferencia de otras obligaciones, estos bonos están garantizados con el 50,1% de las acciones de Citgo.

El pasado primero de mayo la OFAC aclaró que no actuará “contra ninguna persona por tomar medidas para preservar la capacidad de hacer cumplir los derechos de los tenedores de bonos sobre las acciones de Citgo que sirven como garantía”.

Pero estos inversionistas aún deben superar escollos. El gobierno interino consideró ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse el 50,1% de las acciones de Citgo sin la autorización de la Asamblea Nacional e introdujo una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que todavía evalúa el caso.

La prescripción

La deuda que tiene el país por los bonos emitidos a través del Ministerio de Finanzas y Pdvsa suma 86 mil 317 millones de dólares, incluyendo capital e intereses. En noviembre de 2017 la administración de Nicolás Maduro suspendió el pago. Un detalle clave es que los inversionistas tienen seis años, a partir del comienzo de la mora, para demandar a Venezuela en los tribunales de Estados Unidos.

El lapso para demandar se vence en octubre de este año. Para evitar una seguidilla de demandas el gobierno de Venezuela puede negociar una extensión de esta fecha, pero ¿cuál es el gobierno de Venezuela?

El pasado 30 de marzo la administración de Maduro emitió un comunicado donde notificó a los inversionistas que decidió suspender el plazo en que pueden tomar acciones legales hasta 90 días después de que el gobierno de Estados Unidos retire las sanciones o hasta el 31 de diciembre de 2028.

El problema es que Estados Unidos no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como legítimo y por tanto, no puede representar legalmente a Pdvsa y al país. El pasado primero de mayo la OFAC emitió una licencia donde autoriza a la Asamblea Nacional elegida en 2015, con mayoría opositora, a negociar con los acreedores.

Tras la eliminación de la figura del presidente interino esta Asamblea Nacional nombró un Comité de Administración y Protección de Activos del país en el Exterior que intentará negociar con los acreedores un acuerdo amistoso que incluya la extensión del lapso para demandar.

No obstante, desde la óptica de José Ignacio Hernández, hay un problema legal de fondo: “La renegociación de la deuda de acuerdo con el artículo 236 numeral 11 de la Constitución es una competencia exclusiva del presidente de la República”.

Agrega que al haber dejado sin efecto la figura del presidente encargado, la Asamblea generó un vacío constitucional «que no lo puede llenar ninguna licencia de la OFAC porque eso es un asunto exclusivo de derecho constitucional. La licencia es insuficiente para permitir un proceso de renegociación de la deuda transparente y legal”.

Desde su punto de vista la Asamblea Nacional elegida en 2015 tendría que designar nuevamente a un presidente encargado y nombrar a una comisión autónoma formada por expertos en manejo de deuda. De lo contrario, afirma, los acreedores, tendrán razones para no creer en la legalidad de la negociación.

La bancarrota

Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia, pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la república, disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y la deuda en divisas se quintuplicó a una velocidad centelleante.

Tras no crear un fondo de ahorro, malbaratar buena parte del dinero y sufrir una catastrófica caída de la producción de petróleo, agravada por la corrupción rampante y las sanciones de Estados Unidos, la bancarrota es un hecho.

Entre 2014-2021 la economía venezolana se hundió en la recesión y se redujo a una cuarta parte, las exportaciones se han desplomado y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) estima en su último informe de coyuntura que en 2022 apenas sumaron 14 mil millones de dólares.

La deuda total del país, incluyendo bonos, compromisos pendientes con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, la deuda bilateral con Rusia y China, así como la relacionada con los casos pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial asciende, de acuerdo al informe de la UCAB, a 170 mil millones de dólares.

El monto de la deuda respecto al ingreso proveniente de las exportaciones es un indicador con el que se suele medir la vulnerabilidad macroeconómica. En el caso de Venezuela la deuda supera doce veces al monto de las exportaciones, una relación considerada como crítica por los economistas.

Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores, que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.

Para Venezuela será imposible recuperar su economía sin una reestructuración que de acuerdo con la mayoría de los analistas, necesitará del aval del Fondo Monetario Internacional y un plan sólido de reformas que garantice el crecimiento.

Por ahora, no hay pasos en esa dirección.

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Las irregularidades en la comercialización de petróleo  redujeron el margen de maniobra del Banco Central al disminuir los dólares disponibles para evitar una depreciación violenta de la moneda

Por: Víctor Salmerón/ @VSalmeron

Las irregularidades en la administración de Pdvsa, la empresa del Estado que maneja el negocio petrolero, son un factor relevante en el temblor que sacudió a la economía venezolana durante el segundo semestre de 2022, lapso en el que se desplomó el bolívar, se disparó la inflación y perdió ímpetu el consumo.

El fiscal general de la república nombrado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, reveló la semana pasada que funcionarios vendieron petróleo y “una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa”.

Agregó que la red “utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles”, entre otras modalidades.

A raíz de las sanciones de Estados Unidos, Pdvsa recurrió a una red de intermediarios para vender y colocar petróleo en China que es pagado a través de criptomonedas o efectivo transportado en aviones y barcos rusos.

Fuentes explican que el monto del petróleo vendido y no cobrado que involucra al esquema denunciado por el fiscal se ubica en torno a tres mil millones de dólares, mientras que Reuters reportó que una auditoría a los contratos de Pdvsa reveló que la empresa acumuló cuentas por cobrar, entre enero de 2020 y este año, por el orden de 21 mil 200 millones de dólares.

Del monto por cobrar, explicó Reuters, unos 3 mil 600 millones de dólares corresponde a facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a tanqueros que, violando las condiciones acordadas, abandonaron el país sin pagar por adelantado parte de los barriles. Otra porción corresponde a intercambios con Irán y Cuba.

La principal fuente de dólares del país es la venta de petróleo, por lo tanto, disrupciones de esta magnitud en el flujo de divisas impactan los recursos disponibles para que el Banco Central intervenga en el mercado y estabilice el tipo de cambio.

Los 3 mil 600 millones de dólares correspondientes a las facturas catalogadas de potencialmente irrecuperables, reportadas por Reuters, prácticamente igualan los 3 mil 700 millones de dólares que el Banco Central vendió el año pasado en el mercado cambiario y equivalen a 78% de las reservas internacionales, es decir, las irregularidades y la corrupción en Pdvsa tienen magnitudes macroeconómicas.

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La tormenta

Al apartarse de los postulados del Socialismo del Siglo XXI y dar espacio a la iniciativa privada, el gobierno logró que reaparecieran los productos en los mercados, mientras que las empresas comenzaron a pagar bonos en dólares a los trabajadores. La producción de petróleo dejó de caer y la economía, que se redujo durante todo el período 2014-2021, tocó piso y comenzó un incipiente crecimiento en 2022.

Un factor clave en el ambiente de optimismo es que durante el primer semestre del año pasado el tipo de cambio se deslizó de una manera controlada; pero todo comenzó a cambiar en el segundo semestre.

El precio del petróleo cayó por temor a una recesión en Estados Unidos y Europa, la producción de Pdvsa que había estado aumentando se estancó y Rusia comenzó a competir con crudo de mayor calidad al de Venezuela en el mercado asiático. A estos factores hay que añadir la corrupción y las irregularidades en la cobranza de las ventas de petróleo. 

El resultado es que el Banco Central comenzó a recibir menos dólares y a partir de septiembre, incurrió en un rezago en el desembolso de las divisas.

El presidente de una entidad financiera explica que las empresas  «pagaban los dólares con los bolívares depositados en sus cuentas», pero el Banco Central, que es el que coloca los dólares, «tardaba hasta seis semanas en entregar las divisas; esto disparó el nerviosismo en el mercado cambiario”.

Ante la poca cantidad de dólares para intervenir en el mercado cambiario, la demanda de divisas superó a la oferta y el bolívar se hundió al punto que la cotización del dólar, que al cierre del primer semestre era de 5,5 bolívares, culminó el año en 17,4 bolívares y hoy es de 24,4 bolívares.

“No todo lo perdido por la corrupción en Pdvsa corresponde a 2022 y lo que no se ha cobrado tampoco, son facturas acumuladas por ventas de petróleo en tres años; pero evidentemente, sin estos problemas habría habido fondos para lograr un deslizamiento suave del tipo de cambio y no la depreciación gigante que hubo en el segundo semestre del año pasado”, dice un técnico del Banco Central.

El margen de maniobra era muy bajo porque las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central utiliza para ofertar dólares a la economía, se ubica en mínimos históricos tras la venta de buena parte del oro y el ínfimo monto del efectivo.

Otro factor a tomar en cuenta, explica el funcionario, es que al ingresar menos dólares a la caja de Pdvsa el gobierno le pidió al Banco Central que aumentara la emisión de bolívares para cubrir el déficit en las cuentas públicas, algo que avivó la inflación porque elevó la cantidad de dinero detrás de pocos productos.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, solo en el segundo semestre de 2022, la inflación acumuló un salto de 163% que redujo la capacidad de compra de los salarios y se tradujo en la desaceleración del consumo.

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La consultora Dinámica indica en un reporte sobre lo ocurrido en Pdvsa que “en tiempos de vacas flacas, la extravagante defraudación profundizó el descarrilamiento de la normalización tramada con fines electoralistas y limitó al mínimo la capacidad de maniobra financiera de Miraflores”.

Calma momentánea

Gracias a que existen pocos bolívares en el mercado para comprar dólares, el tipo de cambio se ha mantenido estable durante las últimas seis semanas. Las empresas necesitan bolívares para pagar el impuesto sobre la renta, los bancos están obligados a inmovilizar más de dos tercios del dinero que gestionan y el gobierno no ha incrementado los salarios para mantener cortas las riendas del gasto.

Gracias a la baja demanda de dólares y a que aumentó la oferta con divisas que recibió del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), el Banco Central acabó con el rezago en la entrega de dólares y enfrió al mercado cambiario; pero se trata de una calma momentánea.

El seis de enero Nicolás Maduro destituyó a Asdrúbal Chávez y nombró a Pedro Tellechea como presidente de Pdvsa, quien inmediatamente suspendió las exportaciones de petróleo a fin de poner orden en las irregularidades en la comercialización.

Fuentes explican que actualmente solo se está exportando el petróleo que extrae Chevron y el crudo que se envía a Cuba e Irán. Si la vuelta a la normalidad en Pdvsa se alarga aumentará el riesgo de otra depreciación abrupta del bolívar por la baja oferta de divisas, así como de una mayor austeridad en el gasto del gobierno o de incrementos de impuestos.

En febrero las autoridades del Banco Central se reunieron con representantes de entidades financieras y explicaron que el plan para lo que resta de año es mantener la oferta de dólares en un rango de 250 a 300 millones al mes, es decir, en la misma magnitud que en 2022. Pero creen las dudas sobre si será posible.

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Las variables que limitan a las empresas venezolanas las colocan en desventaja para competir. Distintos sectores pidieron un trato diferencial en materia de aranceles en la revisión del acuerdo Aladi, pero no obtuvieron la respuesta esperada

Por: Víctor Salmerón/@vsalmeron

Nicolás Maduro estrechó la mano de Gustavo Petro en el puente Atanasio Girardot el pasado 16 de febrero y descongeló las relaciones comerciales con Colombia. Si bien este paso ayudó a romper su aislamiento en la arena internacional, desató el nerviosismo en la debilitada industria venezolana.

Tras el colapso del Socialismo del Siglo XXI, Nicolás Maduro reforzó su permanencia en el poder con un giro hacia el libre mercado y tejiendo relaciones con el sector privado, pero esto no basta para que los empresarios venezolanos compitan con los productos colombianos en condiciones de equilibrio.

Sectores de la industria nacional han planteado en reuniones con representantes del gobierno que la desigualdad de condiciones es notoria, porque a diferencia de los empresarios colombianos, tienen poco acceso al crédito, impuestos elevados, inflación anual de tres dígitos, fallas constantes en el servicio de electricidad y difícil acceso a las materias primas.

Pero en un entorno en el que Nicolás Maduro encuentra reconocimiento y proximidad ideológica en la Colombia de Gustavo Petro y el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, la integración comercial recupera protagonismo.

La semana pasada, en un foro organizado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, afirmó que “es muy probable que regresemos a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Mercosur”. Rebosando optimismo aseguró que “estamos preparados para ingresar con todos los hierros a la CAN”.

Venezuela abandonó la CAN en 2011 y en 2017 fue suspendida por tiempo indefinido del Mercosur por “ruptura del orden democrático”. En 2018 una larga lista de países, entre ellos la Colombia que tenía en la presidencia a Gustavo Duque, consideró fraudulentas las elecciones con las que Maduro se reeligió como presidente.

Comenzar a volver

Bajo los acuerdos de la Comunidad Andina, Venezuela y Colombia construyeron un mercado común con reglas claras sobre aranceles, competencia desleal, propiedad intelectual, salvaguardias, aduanas e instituciones para operar.

En 2006, Colombia y Perú firmaron convenios de libre comercio con Estados Unidos. En respuesta Venezuela anunció su retiro de la Comunidad Andina y se adhirió al Mercosur. El expresidente Hugo Chávez dijo que era un paso necesario para evitar que productos estadounidenses “triangulados” a través de Colombia ingresaran a Venezuela.

En 2011 Venezuela quedó formalmente excluida de la Comunidad Andina al concluir el plazo de cinco años para su retiro. Desde entonces entre Colombia y Venezuela solo existe el Acuerdo de Alcance Parcial 28 firmado bajo el paraguas de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

Si bien este acuerdo permite el comercio entre ambos países en la práctica se redujo severamente porque Colombia, ante los problemas de pago de Venezuela y la pugnacidad política, optó por buscar otros mercados para la mayoría de sus productos mientras que Venezuela se hundió en una crisis sin precedentes que pulverizó su capacidad de exportar.

El pasado 16 de febrero, horas antes de que Nicolás Maduro estrechara la mano de Gustavo Petro, el ministro de comercio de Colombia, Germán Omaña y la vicepresidenta Delcy Rodríguez firmaron la modificación del acuerdo Aladi y quedó clara la intención de reimpulsar el intercambio comercial.

Luis Alberto Russián, presidente de la Cámara Venezolana-Colombiana (Cavecol) resume que, tras la revisión del acuerdo, los productos en los que Venezuela sigue siendo competitiva como ron, cangrejos, camarones y cacao podrán ser exportados a Colombia con cero arancel.

“La oferta exportable de Venezuela ahora goza de cero aranceles, Colombia aceptó que esto hacía falta para generar mayor equilibrio. La idea es reconstruir la relación”, dice Luis Alberto Russián.

Para el resto de los productos se establece una rebaja de aranceles de la misma magnitud para Colombia y Venezuela. Pero el problema, explican empresarios venezolanos, es la enorme disparidad entre las condiciones de cada país que los deja con mínimas opciones para exportar y con un alto riesgo de perder espacio en el mercado nacional.

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La asimetría

El colapso de la economía controlada, el endeudamiento irresponsable y el financiamiento monetario del déficit, unido a la debacle de la producción petrolera, condujeron a una recesión de ocho años en la que el PIB de Venezuela se redujo 80%.

La industria de autopartes refleja el impacto de la crisis. Omar Bautista, presidente del gremio que agrupa a estos empresarios, explica que “en promedio la industria de autopartes está trabajando a 25% de su capacidad instalada. El ensamblaje de vehículos, uno de nuestros mercados, es prácticamente cero”.

La venta de repuestos a los tres millones de vehículos que circulan en Venezuela se enfrenta a la competencia desleal. “Una gran cantidad de comercios informales venden piezas importadas sin cobrar impuestos, más baratas, eso ha desplazado la venta de autopartes nacionales”, dice Omar Bautista.

El sector logró exportar el año pasado piezas por un valor de diez millones de dólares, la mayoría radiadores de aluminio, baterías y pistones de aluminio a Brasil, Colombia, Argentina e Italia.

La posibilidad de aumentar las exportaciones a Colombia, tras el reimpulso a las relaciones comerciales, luce muy difícil dada la debilidad de las empresas, el aumento de los costos por una inflación anual de 537% y el poco acceso al crédito por la descapitalización y las regulaciones que limitan a la banca venezolana.

Al contrario, las empresas colombianas se han fortalecido en los últimos años, no tienen restricciones de financiamiento para el capital de trabajo, cuentan con mejores servicios públicos y una inflación anual de 13%. Además, conocen bien el mercado venezolano.

La industria de autopartes solicitó que en la revisión del acuerdo Aladi Colombia le otorgara a los productos venezolanos una rebaja de aranceles superior a la que reciben los productos colombianos en Venezuela, pero se establecieron las mismas condiciones para ambos países.

“Colombia exporta más de 200 millones de dólares en autopartes cada año, su industria trabaja a 80% de su capacidad instalada. Hay una gran asimetría, pero en la revisión del acuerdo se colocaron las mismas preferencias arancelarias para los productos de ambos países cuando en realidad no tenemos las mismas condiciones” dice Omar Bautista.

“Planteamos que hubiese un tratamiento distinto para compensar la asimetría, pero no fue así. Nosotros no vamos a aprovechar ese acuerdo, creo que los colombianos sí lo van a aprovechar”, agrega.

El sector químico planteó que una lista de productos catalogados como sensibles, porque la pérdida de mercado nacional puede impactar severamente a las empresas, no tuviera ninguna rebaja de impuestos a la importación por un tiempo prudencial, pero en la revisión del acuerdo Aladi se les estableció una reducción de aranceles de entre 60% y 80%.

La lista incluía pegamentos, pinturas, lubricantes, artículos de higiene del hogar como detergentes, desinfectantes, cloro y productos de higiene industrial. Además, el sector químico pidió que se equiparen las condiciones para la compra de materia prima, un factor que favorece a las empresas colombianas.

Las empresas químicas de Colombia pagan un impuesto para importar materia prima desde terceros países de entre 5% y 10% mientras que las venezolanas pagan una tasa de entre 10% y 16%, algo que tampoco fue compensado en la revisión del acuerdo Aladi.

En seis meses

Atrás ha quedado el tiempo en que el comercio bilateral alcanzó cifras relevantes. En 2008, el año de mayor volumen, una Venezuela boyante compró a Colombia mercancías por 6.071 millones de dólares, principalmente alimentos, cuero y textiles. A su vez, le vendió bienes por 1.198 millones de dólares, en buena parte acero, hierro, aluminio y petroquímica.

Tras la decisión de Venezuela de privilegiar las compras al Mercosur y el cierre de la frontera, el comercio se redujo violentamente. Las estadísticas de Colombia indican que en 2021 solo exportó a Venezuela bienes por 331 millones de dólares e importó productos por 69 millones de dólares.

En 2008 las ventas a Venezuela significaron 16,2% del ingreso de Colombia por exportaciones y en 2021 apenas 0,7% después de un proceso en que sus empresas buscaron nuevos mercados como China, India y Turquía.

En 2022 comenzó a elevarse el intercambio comercial gracias a que se permitió el paso de camiones por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, tras siete años de cierre parcial y tres de cierre total.

Las estadísticas oficiales de Colombia indican que en 2022 sus exportaciones a Venezuela aumentaron 90% y sumaron 632 millones de dólares mientras que sus importaciones se elevaron 39% y representaron 96 millones de dólares.

El diario colombiano Portafolio indica que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia espera que este año continúe el crecimiento y estima que el intercambio comercial se ubique entre 1.600 y 1.800 millones de dólares, mientras que la Asociación Nacional de Comercio Exterior colombiana (Analdex) proyecta 1.200 millones de dólares.

No obstante, hay temas sobre la mesa como crear medios de pago rápidos y confiables en Venezuela, algo en lo que trabajan los banqueros de ambos países. Por ahora, las sanciones de Estados Unidos han dejado a Venezuela sin bancos corresponsales, pero a través de las sucursales de bancos venezolanos en el exterior está fluyendo el dinero.

Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo a Portafolio que los puntos relevantes para que el comercio siga aumentando son los siguientes: «Un sistema de pagos, los pasos fronterizos, el acuerdo de promoción y protección de inversiones, la profundización del Acuerdo de Alcance Parcial 28 y la admisibilidad sanitaria”.

Difícilmente el comercio retornará a lo que fue, pero en el mediano y largo plazo es una opción para que las empresas venezolanas, capaces de exportar, aumenten sus ingresos y el uso de la capacidad instalada.

No obstante, en el corto plazo la competencia con Colombia amenaza con dar un golpe extra a la industria venezolana. El acuerdo Aladi será revisado en seis meses. Los empresarios esperan obtener protección.

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El bajo nivel de las reservas internacionales y la falta de confianza en la moneda atentan contra la posibilidad de estabilizar el tipo de cambio

En las últimas dos semanas el Banco Central desembolsó 310 millones con los que logró detener el encarecimiento del dólar

Por: Víctor Salmerón/ @Vsalmeron

La semana pasada el directorio del Banco Central de Venezuela (BCV) se reunió con representantes de la banca para explicar las medidas con las que intentará contener el colapso del bolívar que se tradujo en el encarecimiento del dólar, la disparada de los precios y el declive de las ventas.

El primer paso consiste en un inesperado incremento de la oferta de dólares a fin de acabar con el atraso en el desembolso de las divisas y tratar de calmar las expectativas sobre una constante depreciación de la moneda.

A partir del tercer trimestre del año pasado las sanciones a la banca rusa entorpecieron el flujo de dólares que recibe el gobierno por la venta de petróleo en Asia. Esto se tradujo en un retraso en la entrega de los dólares en el mercado oficial: las empresas pagaban por las divisas, pero las recibían tres o cuatro semanas más tarde.

Normalmente el Banco Central coloca en el mercado alrededor de 50 millones de dólares a la semana y en las últimas dos semanas desembolsó 310 millones con los que logró satisfacer la demanda, detener el encarecimiento del dólar y acabar con el atraso.

Un elemento que ha potenciado el efecto del incremento en la oferta de dólares es que hay menos demanda de divisas porque los contribuyentes están almacenando bolívares para cancelar el impuesto sobre la renta.

El representante de una entidad financiera, quien acudió a la reunión con el directorio del Banco Central, explica que además el plan contempla mantener la oferta de dólares en un rango de 250 a 300 millones al mes y no desbocar la emisión de bolívares.

En este sentido la idea es que al menos la mitad del gasto del sector público se financie con la recaudación de impuestos, algo que se traduciría en una relativa dosificación en la cantidad de bolívares que emite el Banco Central para financiar al gobierno.

Los venezolanos perdieron la confianza en la moneda y tan pronto el gobierno inyecta bolívares para pagar salarios o deudas con sus proveedores, inmediatamente aumenta la demanda de divisas y se encarece el dólar. Como los comercios y las empresas calculan sus costos en dólares rápidamente hay un efecto en la mayoría de los precios.

La urgencia del gobierno por tratar de ganar credibilidad es clara: hace cinco meses los venezolanos compraban un dólar con ocho bolívares y hoy necesitan 24,3 bolívares; de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumula un salto de 166% en los últimos cuatro meses y Ecoanalítica señala que las ventas se contrajeron 17,5% en enero de este año respecto a enero de 2022.

Eduardo Fortuny, director de la consultora Dinámica, considera que las autoridades buscan “dejar en claro cuál es el camino que tratará de seguir el gobierno: estos son los dólares que tengo, este es el financiamiento monetario que voy a utilizar. Si el signaling le funciona baja la aversión al riesgo; es una herramienta política importante”.

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Pocas balas

Un elemento a tomar en cuenta es que las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central utiliza para ofertar dólares a la economía, se ubica en mínimos históricos tras la venta de buena parte del oro y el ínfimo monto del efectivo.

El Banco Central indica que las reservas suman 9 mil 425 millones de dólares al cierre del 25 de febrero, pero esta cifra incluye 5 mil 189 millones de dólares en derechos de giro, que no puede utilizar porque el Fondo Monetario Internacional no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y 31 toneladas de oro bloqueadas por el Banco de Inglaterra.

El resultado es que el monto disponible es de 2 mil 500 millones de dólares que en su mayoría son el valor de las pocas barras de oro que permanecen en las bóvedas del Banco Central. La porción en efectivo no supera los 600 millones de dólares.

La debilidad es evidente. Tras el aumento en la oferta de divisas de las últimas semanas las reservas internacionales registran una pérdida de 497 millones de dólares en los primeros dos meses de este año.

Pedro Palma, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, indica que la tendencia del dólar seguirá siendo al alza: “No veo la posibilidad de una normalización. El nivel de las reservas internacionales es muy bajo y nadie quiere mantener bolívares porque la inflación es muy alta y el valor de los bolívares desaparece de la noche a la mañana”.

“Cualquier disponibilidad de bolívares bien sea por gasto público o actividad crediticia se va al dólar, entonces tienes una demanda potencial de dólares muy elevada y una oferta muy restringida. El gobierno está entrampado”, agrega Pedro Palma.

Síntesis Financiera indica que “la estrategia cambiaria del Banco Central requiere más ingresos petroleros” y explica que la caída de las reservas internacionales “denota el alto costo de la intervención cambiaria como instrumento antiinflacionario”.

Llenar el pote

Durante el primer semestre del año pasado, el Banco Central logró estabilizar la cotización del dólar y potenció la imagen de una economía en recuperación, pero el escenario cambió en el segundo semestre a medida que la producción petrolera se estancó y Rusia le quitó mercado a los barriles de Pdvsa en China.

La caída de los ingresos en dólares acabó con la estabilidad cambiaria. Eduardo Fortuny señala que el gobierno «sabe que su enfermedad es la falta de dólares y los está buscando debajo de las piedras”.

El primer paso consistió en lograr que Estados Unidos, que aplica sanciones por considerar ilegítimas las elecciones en las que Nicolás Maduro se reeligió en 2018, le permitiera a Chevron aumentar sus operaciones en Venezuela y elevar la producción de petróleo.

La producción de Venezuela promedió 716 mil barriles diarios en 2022 y la producción de Chevron, que actualmente es de 90 mil barriles diarios, debería aumentar hasta un promedio de 200 mil barriles diarios en el resto del año según fuentes del sector petrolero.

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Pero todavía el camino no luce despejado. Michael Wirth, presidente ejecutivo de Chevron, dijo a agencias de noticias esta semana que en Venezuela “esperaría que fuéramos despacio” debido al riesgo político.

Eduardo Fortuny indica que el gobierno cuenta con petróleo almacenado que intentará colocar vía Chevron sin el descuento que sufre al vender barriles en Asia al margen de las sanciones y busca que Estados Unidos otorgue licencias a otras empresas petroleras como Repsol y ENI.

Otro elemento a considerar es que analistas del sector energético contemplan un alza en el precio del petróleo por el incremento de la demanda tras la reapertura de la economía china, hasta hace poco maniatada por las restricciones para combatir al Covid.

El escenario

Todo apunta a que el gobierno podría contar con un mayor ingreso de dólares en el segundo semestre del año, pero no es posible regresar a la estabilidad cambiaria del primer semestre de 2022.

Consultoras y entidades financieras proyectan un dólar en alza. Ecoanalítica contempla que el tipo de cambio oficial culmine el año en 60 bolívares por dólar mientras que Latin Focus indica que en promedio, las estimaciones de 18 firmas y bancos como Oxford Economics y Credit Suisse, esperan que el dólar culmine en 59,7 bolívares.

Eduardo Fortuny explica que Dinámica contempla que el dólar cierre este año en 62,50 bolívares: “Necesitas más divisas para desacelerar el deslizamiento del tipo de cambio y esas divisas, si se materializa la estrategia, llegarán a finales del primer semestre y en el segundo semestre”.

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La disparada de los precios y el colapso de la moneda instalan un clima negativo. El estudio de opinión pública de Consultores 21 indica que las emociones más recurrentes en la población son angustia, desilusión y enojo

Por: Víctor Salmerón/ @vsalmeron

Al aflojar el control de la economía Nicolás Maduro dio alas a la idea de que era posible una Venezuela más normal, menos asfixiante, sin escasez ni mercados negros, con algo de estabilidad, donde mejorar ya no era inconcebible. Pero se disipa la burbuja.

El último estudio de opinión pública de Consultores 21, soportado por entrevistas realizadas entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2022, refleja el clima negativo. Ante la pregunta: ¿la economía venezolana se está recuperando?, el 75% de los venezolanos se muestra en desacuerdo.

El ánimo ya no es el de un país que respira. El estudio determina que las emociones más recurrentes en la población son angustia, desilusión y enojo. La visión de un futuro más amable se difumina tras la vuelta al vértigo de precios que escalan velozmente, el colapso de la moneda e ingresos precarios.

Durante el primer semestre del año pasado, quienes se sumaban a la idea de la normalización tenían a mano que la inflación se había desacelerado notablemente, que la cotización del dólar se movía lentamente y que el consumo renacía desde el foso; pero hay un giro relevante.

En el tercer trimestre de 2022 el bolívar comenzó a hundirse frente al dólar y la inflación dejó atrás el tiempo de la desaceleración. El impacto se sintió con fuerza en los últimos meses del año y el consumo pisó el freno.

La consultora Dinámica analiza la medición que hace la firma Atenas y explica que “al acumular la variación de consumo semanal y descontarle los ajustes de precios registrados en el mismo período, observamos una disminución del número de unidades promedio adquiridas por los hogares durante los últimos tres meses del año”.

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Ingresos y aspiraciones

Teresa Vargas trabaja como manicurista en una peluquería y dice que su ingreso está alrededor de 180 dólares al mes: «A veces es menos porque cobro un porcentaje por los clientes que atiendo. A duras penas cubro lo básico y cada vez con más dificultad”.

De acuerdo con Consultores 21, en promedio, el ingreso total de los hogares en Venezuela, que incluye salarios, bonos que reparte el gobierno y cualquier otro tipo de remuneración, es de 213 dólares al mes al cierre del cuarto trimestre de 2022.

Visto por estratos el ingreso promedio de los hogares de la clase popular, que incluye grupos muy heterogéneos, es de 193 dólares al mes y en la clase media, empobrecida de manera brutal en los últimos años, es de 266 dólares al mes.

El ingreso varía notablemente de acuerdo a la zona del país. Mientras que en la capital, en promedio, los hogares cuentan con 252 dólares al mes, en Guayana, donde el declive de las industrias básicas es catastrófico, el promedio es de 95 dólares.

El estudio revela lo poco que ganan los venezolanos respecto a sus aspiraciones. Ante la pregunta: ¿cuántos dólares cree usted que le hacen falta para cubrir los gastos mensuales mínimos de su familia?, los hogares de clase baja, en promedio, afirman que necesitan un ingreso de 519 dólares al mes y los de clase media aspiran a 614 dólares.

Miguel Gutiérrez trabaja en el departamento de marketing de una compañía que fabrica envases y explica: «Digo que soy de clase media pero mi ingreso y el de mi esposa no nos permite cambiar el automóvil que tenemos desde 2008 o irnos de vacaciones.  Nos alcanza para los gastos de alimentación y servicios, debemos tres meses de condominio”.

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El temblor

Al apartarse de los postulados del Socialismo del Siglo XXI y dar espacio a la iniciativa privada, el gobierno logró que reaparecieran los productos en los mercados, mientras que las empresas comenzaron a pagar bonos en dólares a los trabajadores. La producción de petróleo dejó de caer y la economía, que se redujo durante todo el período 2014-2021, tocó piso y comenzó un incipiente crecimiento.

El comercio y los servicios para la pequeña capa de alta renta, con ahorros en dólares y los mayores ingresos, se nutrió de nuevos restaurantes de lujo, bodegones repletos de productos importados y tiendas con ropa de marcas reconocidas. A la par, el gobierno cantó victoria y comenzó a hablar de una nueva era signada por la recuperación.

Pero tras los efectos rápidos y positivos de la eliminación de los controles afloró la inestabilidad de un gobierno que cubre buena parte del gasto con la emisión de dinero; de la desconfianza en la moneda y la constante compra de dólares, de la falta de reservas para estabilizar el tipo de cambio y de empresas poco productivas que pagan bajos salarios.

En junio de 2022 los venezolanos compraban un dólar con 5,5 bolívares y hoy necesitan 24 bolívares. La inflación, que se desaceleró hasta un dígito bajo al mes, hizo erupción por la depreciación de la moneda y en los últimos cuatro meses acumula un salto de 166% según el Observatorio Venezolano de Finanzas

La narrativa

En medio de la creciente inestabilidad el gobierno mantiene el discurso victorioso. El 10 de febrero Nicolás Maduro afirmó que el crecimiento de la economía venezolana «perfila proyecciones positivas, con un modelo postpetrolero que comienza a surgir”.

En la Serie del Caribe, recién finalizada, la administración de Nicolás Maduro inauguró un moderno estadio de beisbol que se asemeja a los de equipos de Grandes Ligas y la narrativa se centra en destacar el crecimiento de la economía, dejando a un lado que lo hace desde una base muy precaria.

El crecimiento de la economía en 2022 aún no tiene cifras precisas pero los gráficos del gobierno afirman que “será de aproximadamente 15%”, sin duda una buena noticia pero que por sus características está muy lejos de ser el umbral de una era de prosperidad.

El Banco Central oculta los datos, pero consultoras consideran que durante la gran recesión de 2014-2021 la economía venezolana se redujo en torno a 70%, como si un hombre de cien kilos comenzara a pesar treinta kilos. El crecimiento de 15% significa que este hombre enflaquecido aumentó su peso hasta 34,5 kilos: sigue muy lejos de parecerse a lo que fue.

El ilusionista

La precariedad del ingreso se siente con más intensidad en la administración pública. El gobierno no ajusta los salarios desde marzo de 2022 y en el caso de los maestros, un gremio que comenzó el año protestando en las calles, el salario base equivale a 15 dólares.

Economistas coinciden en que solo con una mayor disponibilidad de dólares el gobierno logrará revitalizar el optimismo y alejar la percepción de crisis, pero el margen de maniobra es limitado: la producción de petróleo es la cuarta parte de lo que era antes de la llegada del chavismo al poder y las sanciones limitan el uso de algunos activos.

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Organismos internacionales y una larga lista de países considera ilegítimas las elecciones con las que Nicolás Maduro se reeligió en 2018 y mantienen sanciones que, por ejemplo, impiden que el gobierno haga uso de los Derechos Especiales de Giro que el Fondo Monetario Internacional repartió a sus miembros.

No obstante, en el segundo semestre del año, podría haber una mejora en la caja. La licencia otorgada a Chevron por Estados Unidos le permite aumentar sus operaciones en Venezuela y se espera un alza en la producción petrolera.

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Además, en las negociaciones con la oposición, se acordó el uso de activos que permanecen congelados a fin de crear un fondo que inyecte recursos para atender a la población en pobreza crítica.

Para Nicolás Maduro es prioritario revivir la percepción de mejoría en el año previo a las elecciones presidenciales previstas para 2024. La incesante propaganda que el gobierno difunde a través de su hegemonía en los medios de comunicación ha tenido efecto, pero aún la mayoría de los venezolanos culpa al gobierno de la crisis.

Consultores 21 indica que ante la pregunta ¿cuál considera usted que es la principal causa de la crisis económica que está atravesando Venezuela?, el 55% señala la mala gestión del gobierno, 15% a las sanciones, 16% a la “guerra económica” y 11% al “sabotaje de la oposición”.

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El exiguo nivel de las reservas internacionales y el insuficiente ingreso de divisas se traducen en pocos dólares para estabilizar el bolívar

En agosto de 2011 el expresidente Hugo Chávez recibió la propuesta del entonces presidente del Banco Central, Nelson Merentes y de Jorge Giordani, quien estaba al frente del Ministerio de Finanzas, de traer a Venezuela en un “plazo máximo de dos meses” las barras de oro que formaban parte de las reservas internacionales de la nación.

La urgencia, como afirmó el gobierno en avisos de prensa después de aprobada la medida, se debía a que el oro, depositado en bancos extranjeros como JP Morgan, Barclays, BNP Paribas y Standard Chartered, corría peligro por “la crisis del sistema capitalista”.

La narrativa se centró en que la economía de Estados Unidos se tambaleaba y crecía a un ritmo muy bajo, mientras que la zona euro era muy riesgosa por el elevado endeudamiento de Portugal, España e Italia.

Once años después, las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central utiliza para pagar importaciones, cancelar la deuda de la república y ofertar dólares a la economía se ubica en mínimos históricos tras la venta de buena parte del oro y el ínfimo monto del efectivo.

Tras no ahorrar durante el tiempo de los altos precios del petróleo, un corrupto control de cambio, cuatriplicar la deuda externa, sufrir una catastrófica caída de la producción petrolera y el impacto de las sanciones de Estados Unidos, la columna vertebral de las reservas internacionales está disminuida.

En marzo de 2021 Julio Borges, en su rol de delegado del entonces presidente interino Juan Guaidó, denunció la venta de oro a Rusia, Mali y los Emiratos Árabes Unidos.

En sus estadísticas el Banco Central añade a las reservas 5 mil 121 millones de dólares que corresponden a Derechos Especiales de Giro que el Fondo Monetario Internacional repartió a sus miembros, pero que la administración de Nicolás Maduro no puede utilizar.

Organismos internacionales y una larga lista de países considera ilegítimas las elecciones con las que Nicolás Maduro se reeligió en 2018 y mantienen sanciones que limitan la capacidad de maniobra del gobierno.

Un detalle importante es que a fin de utilizar el oro como garantía para recibir préstamos, el gobierno dejó en el exterior parte de los lingotes y, de las 69 toneladas que el Banco Central incluye en las reservas, 31 toneladas están en manos del Banco de Inglaterra que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente.

Aparte de las reservas el Banco Central y el gobierno cuentan con las divisas que aportan las exportaciones petroleras, pero tras años de pésima gerencia, corrupción rampante y las sanciones de Estados Unidos, la producción se ha estancado en torno a 700 mil barriles diarios, la cuarta parte de lo que era antes de la llegada del chavismo al poder.

Para aumentar el ingreso de dólares la administración de Nicolás Maduro recurre a la explotación frenética de oro en el Arco Minero del Orinoco desatando un proceso de deforestación y ríos contaminados. A pesar de esta desordenada y costosa estrategia la inestabilidad y la vulnerabilidad de la economía no cesan.

Bolívares derretidos

El ínfimo nivel de las reservas que el Banco Central está en capacidad de utilizar, el más bajo en términos nominales desde septiembre de 1974 y el reducido flujo de divisas, se traducen en pocos dólares para intervenir en el mercado cambiario. Al mismo tiempo, el gobierno le pide al Banco Central que lo financie creando bolívares.

El resultado es un ciclo vicioso en el que la moneda se hunde y los venezolanos se empobrecen: cuando los bolívares que el Banco Central entrega al gobierno ingresan a la economía rápidamente son utilizados por las empresas y los particulares para comprar dólares y, como la oferta es muy pequeña, el bolívar se deprecia continuamente.

Macroconsultores precisa que el año pasado el dinero creado por el Banco Central, en buena medida para financiar al gobierno, creció 563% y el colapso de la moneda es notorio: la primera semana de octubre de 2022 los venezolanos podían comprar un dólar con 8 bolívares en el mercado oficial y hoy necesitan 23,6 bolívares.

En Venezuela, donde las empresas y los comercios calculan costos y precios en dólares, la pérdida de valor del bolívar respecto al dólar tiene impacto inmediato: como los precios están fijados en dólares, rápidamente se comienza a pedir más bolívares por los productos y servicios.

Otro factor a tomar en cuenta es que aparte de elevar la demanda de dólares, la inyección de bolívares por parte del Banco Central se traduce en más bolívares detrás de pocos productos, una dinámica que también impulsa los precios. El resultado es que el país se asoma al precipicio de la hiperinflación.

Según la definición clásica un país se hunde en la hiperinflación cuando los precios aumentan 50% en un mes y según el Observatorio Venezolano de Finanzas la inflación de enero fue de 39,4%, un nivel que enciende las alarmas. El Banco Central oculta las estadísticas oficiales.

José Guerra, exgerente del Banco Central y diputado en el parlamento elegido en 2015, afirma que “si el Banco Central continúa creando dinero al ritmo en que lo está haciendo para financiar al gobierno el país está en riesgo de caer en la hiperinflación”.

El cohete

Gracias a la licencia otorgada a Chevron para que amplíe sus operaciones en Venezuela se espera que la producción petrolera aumente a lo largo del año y que el Banco Central cuente con algo más de caja para incrementar la oferta de dólares, pero las proyecciones apuntan a un dólar que seguirá escalando.

El reporte de enero de Focus Economics, que reúne las proyecciones de distintos bancos y consultoras como Torino Capital, UBS y Oxford Economics, indica que en promedio se espera que el dólar culmine este año en 44,6 bolívares.

Algunas consultoras están ajustando sus proyecciones en vista del entorno actual. En su informe de la semana pasada Dinámica prevé que el dólar culmine este año en 62,50 bolívares en el mercado oficial y en 64 bolívares en el mercado paralelo.

Los trabajadores públicos, que cobran salarios en torno al equivalente a 20 dólares al mes, comenzaron el año protestando en las calles y el gobierno evalúa conceder un bono indexado al dólar.

La idea en estudio es que el bono contra la guerra económica que comenzaron a recibir trabajadores públicos, jubilados y pensionados, por montos equivalentes a 30, 20 y 15 dólares se ajusten de acuerdo al aumento en la cotización del dólar.

Síntesis Financiera afirma en su reporte Briefing Financiero que de concretarse la indexación del bono, para tratar de aplacar las protestas, el gobierno tendrá que recurrir a la emisión de bolívares del Banco Central.

“Con ingresos fiscales ordinarios insuficientes, luce imposible financiar la indexación de las remuneraciones sin recurrir al Banco Central”, dice el reporte y añade que “la indexación exacerbaría la espiral de inflación- devaluación, pero es imposible pensar en mantener niveles de remuneración tan precarios”.

La insolvencia

El exiguo nivel de las reservas internacionales y lo reducido del ingreso petrolero implican que Venezuela tendrá que reestructurar la pesada deuda en dólares que no paga desde 2018. Los atrasos en el pago de capital e intereses por la deuda en bonos del Estado suman 48 mil millones de dólares al cierre de enero de este año.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello calcula que el monto de la deuda por bonos, préstamos de China y los casos pendientes y sancionados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), suma 200 mil millones de dólares.

“Los niveles absolutos y relativos que ha alcanzado la deuda del sector público hacen imposible la sostenibilidad de las finanzas públicas en Venezuela. Es obvio que el país debe afrontar un proceso largo y complejo de reestructuración y negociación de esta deuda, pero esto solo es posible en un contexto de estabilidad política e institucional” dice el Instituto.

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