Víctor Salmerón, autor en Runrun

Víctor Salmerón

“El gobierno está atado de manos para manejar la economía”
Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, explica que la dolarización de facto y la caída del ingreso de divisas restan poder a la administración de Nicolás Maduro que teje alianzas con el sector privado. La Ley Antibloqueo atraerá inversiones que buscarán alta rentabilidad en el corto plazo y tendrán un impacto limitado

 

@vsalmeron | Fotos: Manuel Sardá/Comunicaciones UCAB

 

Nicolás Maduro ha ganado fortaleza en el terreno político. La oposición está fragmentada, las sanciones de Estados Unidos no lo desalojaron del Palacio de Miraflores y mediante unas cuestionadas elecciones tiene un parlamento aliado. Pero en el frente económico su gobierno es frágil y no tiene más opción que permitir mayor protagonismo al capital privado.

Luis Zambrano Sequín, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza este escenario, sus implicaciones y las perspectivas a futuro.

La renta petrolera se esfumó, el gobierno es pobre y el sector privado gana espacio: no hay control de cambio ni de precios y la Ley Antibloqueo incluye esquemas de privatización. ¿El resurgir de la lógica del mercado mejorará la calidad de vida visto que el PIB real per cápita en los últimos seis años cayó a niveles de 1940?

La economía se redujo 70% en seis años, al cierre de 2020 el tamaño de la economía de Colombia es casi 5,5 veces la economía venezolana, la de Chile 5 veces, la de Perú 4 veces y la de Ecuador 2 veces. Es un mercado muy pequeño y el empobrecimiento produjo una elevada desigualdad. La torta se convirtió en un ponqué mucho peor distribuido. De haberlo, será un crecimiento determinado por el poco tamaño de la economía y la peor distribución del ingreso.

Un aspecto clave al pensar en un rol protagónico del sector privado es que tiene baja capacidad para generar ingresos en divisas y se enfrenta a problemas de infraestructura de servicios básicos y escasez de combustible. ¿Eso no crea una gran debilidad?

Del lado de la demanda incide el empobrecimiento y la desigualdad, pero hay nichos, hablamos de una economía de 15 mil millones de dólares, hay sectores con capacidad de compra de ciertos productos. Del lado de la oferta hay fallas de servicios básicos, de infraestructura, déficit de gasolina y pérdida de capital humano por la emigración. Empresas del Estado que suministraban insumos al sector privado ya no están. Es difícil decrecer más, se llega a un mínimo y a partir de allí puede haber tasas positivas, pero el límite para crecer y sostener ese crecimiento es muy reducido.

Hay reducción del mercado nacional y un sector privado que difícilmente podrá exportar en el corto o mediano plazo en términos relevantes. ¿Plantas industriales que están utilizando entre 5% y 20% de su capacidad instalada tendrán que achicarse y vender sus máquinas?

La inversión privada en las últimas dos décadas fue mínima y muchas de esas plantas tienen obsolescencia tecnológica porque no hubo actualización de equipos ni innovación. 

La mayoría de esas empresas funcionó, en sus mejores momentos, con subsidios de todo tipo y créditos baratos, estas condiciones ya no existen. El sector privado tiene que jugar un papel protagónico en el futuro, pero prácticamente en todos los sectores tiene que construirse desde cero.

El mantra sembrar el petróleo suponía una identificación entre industrialización y desarrollo. No nos industrializamos, la industria petrolera se desplomó y los combustibles fósiles pierden protagonismo en el mundo. ¿La idea de un país industrializado está enterrada?

El país tiene que redefinirse, estamos en medio de una transición energética y a la energía producida con base en combustibles fósiles le quedan 10 o 15 años para llegar a su máximo y luego viene un proceso de decadencia. También hay una revolución tecnológica. El tema es cómo transitamos hacia una economía distinta. Eso requiere inversiones, cambios estructurales, recursos humanos. Estos temas están ausentes de la agenda de discusión porque estamos empantanados en una crisis política que nos impide avanzar en lo que va a determinar el largo plazo.

¿Hacia dónde caminar en caso de que lleguen condiciones para avanzar en la transición hacia esa nueva economía?

Alcanzar la mayor capacidad de adaptación, tener buenas telecomunicaciones, puertos, energía eléctrica, infraestructura, crear condiciones para que las empresas privadas puedan adaptarse con rapidez y ser flexibles para amoldarse a los cambios del mercado, pero cuando nos hablan de eso creemos que es ciencia ficción. Nuestros problemas son cómo llegar a la semana que viene.

Aparte de los problemas meramente económicos no hay un engranaje del sector empresarial, el sindical y el político bajo una idea clara de hacia dónde conducir al país. ¿Esto no es clave para generar las reformas que necesita una economía de mercado que funcione para la mayoría de la sociedad?

Una condición no suficiente pero necesaria para sentarte a discutir estas cosas y llegar a consensos es estabilidad política y esa condición la hemos perdido. Venezuela tiene un mercado interno muy reducido y para generar bienestar tiene que convertirse en una economía viable en el contexto internacional. El país se había insertado en la economía mundial a través del petróleo, pero esa es una vía que hoy tiene un gran signo de interrogación que obliga a redefinirse.

Pareciera que el gobierno ha perdido el poder de influir sobre la dirección de la economía, por ejemplo, tras el colapso del ingreso petrolero el Banco Central tiene muy pocas reservas para intervenir en el mercado cambiario, no tiene cómo regular el comportamiento del dólar.

El gobierno perdió instrumentos fundamentales, está atado de manos para manejar la economía, la economía es un avión sin piloto. Ciertamente no puede hacer política cambiaria, porque ni el Banco Central ni el gobierno tienen suficientes ingresos en divisas. Pero tampoco puede hacer política monetaria.

¿Se refiere a que el dólar ha desplazado al bolívar y por tanto el Banco Central ya no puede utilizar la cantidad de dinero como una variable para regular la economía?

Tenemos una economía bimonetaria con predominio clarísimo del dólar, la liquidez monetaria en forma creciente está determinada por la masa de dólares que circula y que el Banco Central no controla, no hay capacidad de hacer política monetaria. Además, el sector financiero se ha vuelto enano, sin capacidad para canalizar recursos hacia la actividad productiva. Por esto, las alianzas con los agentes que podrían tener capacidad para dinamizar la actividad económica tienen un lugar privilegiado en la agenda.

Con la Ley Antibloqueo queda claro que el gobierno va a desprenderse de empresas públicas y todo apunta a que los grupos que se beneficiarán de esta transferencia de activos son los más cercanos al poder. ¿A dónde puede conducir este capitalismo que William Baumol llamó de oligarcas?

La Ley antibloqueo es un cheque en blanco para que el gobierno tome decisiones sin rendir cuenta y sin una discusión pública. Busca dar seguridad jurídica a inversionistas que, principalmente, serán grupos con los que el gobierno pueda negociar y asegurarse de que quienes tomen el control de ciertos sectores de la economía sean agentes aliados que no generen problemas para el control político de la sociedad. Serán alianzas con nuevos agentes, muchos vinculados con gobiernos de países afines.

También esperaría que grupos económicos locales busquen un acercamiento.

Pero también están los viejos agentes que están desesperados y necesitan que se les tolere y facilite su actividad interna. Esos viejos agentes e incluso los nuevos agentes ante la debilidad de la oposición venezolana entienden que si quieren hacer negocios en Venezuela es mejor hacerlo de acuerdo con el gobierno.

¿Qué característica tendrán estas inversiones? 

No hablamos de grandes grupos económicos, son inversionistas que, por las circunstancias del país, con inestabilidad política, indefinición de la economía, inviabilidad del sector petrolero, tienen cortos horizontes. Estarán dispuestos a poner capital en inversiones de maduración corta, fácil recuperación y altos retornos. No va a haber inversiones a largo plazo, que son las que se requieren para desarrollar sectores básicos. Podrían crear cierta reactivación en algunos sectores, pero hablamos de un crecimiento muy espasmódico. 

¿Dejar atrás el estancamiento tras la caída brutal que ha sufrido la economía implica que a pesar de la desregulación y el espacio que se le abre al sector privado es vital contar con un gobierno que tenga acceso al financiamiento internacional y soporte de los organismos multilaterales?

Por eso decía que la condición política es necesaria, tener el soporte para asumir compromisos a largo plazo y recuperar el acceso al financiamiento externo y el respaldo de organizaciones internacionales y de otros gobiernos para generar credibilidad. Sin eso no habrá inversiones de largo plazo. 

Retomemos el tema de la dolarización de facto. Una característica de estos procesos es que tienen un avance relevante cuando lo que realmente importa a las empresas y las personas es la tasa de los precios en dólares. ¿Cree que estamos en ese nivel de dolarización?

Creo que si no estamos en ese escenario estamos muy cerca. Hoy en día el interés se centra en los precios en dólares, el precio en bolívares significa nada para muchos y poco para los otros. Lo que interesa es saber cuántos dólares vale algo. En una economía donde avanza la dolarización también la tasa de cambio pierde relevancia. 

¿Formalmente el bolívar sigue existiendo y el gobierno paga sueldos en bolívares, pero la dolarización es más profunda que meramente transaccional?

Es mucho más avanzada que un esquema donde el dólar es meramente transaccional. La dolarización comenzó hace décadas, buena parte del ahorro de los venezolanos está en dólares y hoy en día se utiliza como medio de pago, ya se están dolarizando los depósitos de la banca. Falta por dolarizarse el crédito y tarde o temprano eso va a ocurrir.

¿El gobierno está obligado a permitir una mayor dolarización en la actividad de la banca para comenzar a cobrar impuestos en dólares en un escenario donde tiene un enorme déficit en sus cuentas?

La dolarización tiene un altísimo costo fiscal porque no hay una estructura para gravar las operaciones que se realizan internamente con dólares o en divisas en general. Entonces se busca cómo hacer tributar las transacciones en dólares. Será muy difícil desdolarizar esta economía. Volver a hacer política monetaria, cambiaria va a tomar mucho tiempo, eso no está a la vuelta de la esquina; allí están las experiencias de Perú y Bolivia, son países que les ha costado mucho desdolarizarse a pesar de décadas de reformas y crecimiento.

La escasez de efectivo ahonda la desigualdad en Venezuela
El efectivo solo representa 2% de la liquidez monetaria. La insuficiencia de billetes deriva en un anárquico control de la cantidad de dinero a retirar en las agencias bancarias. El gobierno contempla tarjetas prepagadas para el transporte público

 

@vsalmeron

 

La insuficiencia de efectivo creó dos realidades: los venezolanos que pueden vivir sin billetes de la agonizante moneda nacional y quienes los buscan desesperadamente para pagar el transporte público o comprar en el comercio informal.

El incesante incremento de los precios pulverizó la capacidad de compra de los billetes al punto que el de 50 mil bolívares, el de mayor denominación, equivale al tipo de cambio oficial a 0,03 dólares y no alcanza para un pasaje.

La consecuencia es que el Banco Central no es capaz de proveer las piezas necesarias para aliviar la escasez de efectivo que castiga a la población que no tiene cuenta bancaria, está fuera del sistema de pagos digital o utiliza autobuses y busetas.

En los primeros diez meses de 2020 el Banco Central introdujo 232 millones de nuevas piezas de billetes, pero como por medios electrónicos crea dinero en grandes cantidades para financiar al gobierno y los precios escalan a un ritmo de dos dígitos al mes, el efectivo está muy lejos de la cantidad adecuada.

Al cierre de la semana pasada el efectivo representaba 2% de la liquidez monetaria (que aparte de monedas y billetes incluye los depósitos en la banca que se mueven por medios digitales) y en condiciones normales debería representar entre 10% y 13%.

Racionamiento bancario

La banca aplica un anárquico racionamiento de efectivo dependiendo de la cantidad de billetes que disponga. El martes de esta semana el Banco de Venezuela, la principal entidad financiera del Estado, permitía retirar 300 mil bolívares en cada agencia, pero en entidades financieras privadas otorgaban la mitad.

Algunos bancos permiten retirar un poco más a través de los cajeros automáticos, pero las colas son kilométricas porque la mayoría no tiene billetes.

Ana Martínez vive en el barrio Las Minas en Caracas y trabaja limpiando apartamentos. “Para llegar a mi trabajo debo tomar dos busetas y cada una me cobra 150 mil bolívares. Dejo de trabajar un día de la semana y camino cincuenta minutos hasta el centro comercial más cercano, allí hago colas de hora y media en agencias de los dos bancos donde tengo cuenta y así obtengo el efectivo para el pasaje. Regreso caminando”.

“Me pagan el equivalente a diez dólares por día en los apartamentos que limpio. Si pudiera trabajara los cinco días de la semana, pero solo trabajo cuatro porque tengo que perder un día completo para buscar efectivo”, dice Ana Martínez.

El dólar buseta

La hiperinflación, que estalló en noviembre de 2017, debilitó en extremo al bolívar y originó una dolarización de facto donde el dólar gana espacio en la economía y se emplea para fijar precios, tarifas o como medio de pago.

Pero la mayoría de los venezolanos no tiene ingresos en dólares o gana un salario exiguo. Además, si bien hay dólares en circulación, escasean los de denominaciones pequeñas y son contados los días en que trabajadoras como Ana Martínez reciben su pago en divisas.

Como los bolívares en efectivo escasean los choferes de las busetas aplican un descuento severo para recibir dólares y dar cambio en bolívares. “Hoy el dólar está a un millón y medio de bolívares y si pagas un pasaje de 150 mil bolívares con un dólar te lo reciben a un millón”, dice Ana Martínez.

Carlos González vive en los Valles del Tuy, una localidad a 67 kilómetros de Caracas. “Yo trabajo cinco días a la semana en un comercio donde ayudo descargando mercancía, me pagan ocho dólares por día. Para llegar a Caracas tengo que tomar un autobús y una buseta que ida y vuelta cuestan dos millones de bolívares”.

Explica que le pagan con billetes de dólares que vendedores de comida en el barrio donde vive se los cambian por bolívares en efectivo, aunque con un descuento de 20% respecto al tipo de cambio vigente.

“Prefiero eso a perder un día de trabajo para buscar efectivo en los bancos o pagarles a los choferes con los dólares porque ellos aplican un descuento mayor”, dice Carlos González.

La escasez de billetes también deriva en que si se paga con bolívares en efectivo alimentos básicos como arroz, café o harina de maíz son más baratos en el comercio informal.

Maduro digital

Para aliviar el malestar que genera la escasez de efectivo las autoridades del Banco Central solicitaron a las entidades financieras un plan que permita ampliar los medios de pago digitales, en especial en el transporte público.

El primero de enero el mandatario Nicolás Maduro afirmó que “nosotros vamos, este año 2021, hacia una economía digital más profunda, más en expansión. Yo he puesto la meta: 100% economía digital, que todo el mundo tenga sus métodos de pago en tarjeta de débito, de crédito”.

Banqueros consultados consideran que ir a un esquema donde desaparezca el efectivo es lo moderno y deseable, pero en Venezuela se intenta de una manera desesperada en medio de una economía sumergida.

La lista de inconvenientes para aumentar la digitalización incluye deficiente servicio de internet, constantes fallas en el sistema eléctrico, población no bancarizada en una magnitud relevante y atraso tecnológico en la banca.

En el interior del país a diario hay cortes en el suministro de energía y en Caracas el deficiente servicio de internet produce fallas en los puntos que procesan las tarjetas de débito y crédito.

En el transporte público es fundamental la rapidez en el pago para evitar largas colas y retrasos en el servicio, por eso se emplean tarjetas con un chip y antena incorporada que permiten pagar con solo acercar la tarjeta a un lector. Es lo que se conoce como pago sin contacto.

“Habría que cambiar las tarjetas y la mayoría de los puntos de venta para ir a un sistema sin contacto, actualmente esa tecnología no la tenemos en Venezuela en una magnitud importante eso cuesta dinero”, dice el presidente de un banco mediano.

Tarjeta prepagada

El gobierno planea ir a un sistema con tarjetas prepagadas que los usuarios del transporte público podrán comprar y recargar mediante pago móvil, tarjeta de débito en los puntos de venta o trasferencia bancaria.

La semana pasada comenzó un plan piloto que incluye a cinco mil transportistas de los Altos Mirandinos que recibieron dispositivos para procesar la tarjeta prepagada. Estos dispositivos no necesitan conexión a internet. Además, comenzó la venta de las tarjetas.

El 12 de enero Nicolás Maduro afirmó que “este año vamos a facilitar el uso de medios de pago, en moneda nacional, para el transporte público a través de sistemas de pago que no necesitan conexión en línea”.

Ejecutivos bancarios explican que el inconveniente es que para comprar y recargar las tarjetas prepagadas se requiere internet y servicio eléctrico eficiente para que funcione el pago móvil, las transferencias y las tarjetas de débito.

El gobierno no ha precisado en cuánto tiempo planea masificar esta iniciativa.

Otra reconversión 

La noche del 17 de agosto de 2018 Nicolás Maduro anunció una nueva era: “Vamos a un proceso virtuoso de crecimiento con justicia, con igualdad, con distribución de la riqueza, el programa de recuperación económica es el más completo, mejor concebido y con la mayor pertinencia con la realidad histórica”.

El programa incluyó el lanzamiento del bolívar soberano, tras restarle cinco ceros a la moneda anterior, el bolívar fuerte. Pero el bolívar soberano, que comenzó a circular a una tasa de 60 bolívares por dólar, hoy se cotiza sorbe el millón de bolívares por dólar y la disparada de los precios ha hecho que los equipos informáticos tengan severos problemas para procesar cifras con una larga fila de ceros a la derecha.

Fuentes del Banco Central explican que el gobierno contempla la posibilidad de una nueva resta de ceros durante el primer semestre de este año o la emisión de billetes de mayor denominación, aunque las sanciones de Estados Unidos complican esta alternativa.

“A nuestro juicio, el anuncio del 100% de digitalización prepara el terreno para la reconversión monetaria que inevitablemente ocurrirá en los próximos meses”, dice el informe El Tesorero de la firma Síntesis Financiera.

Sigue el vértigo

Tras no ahorrar durante el período de los altos precios del petróleo, endeudarse masivamente, no realizar las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera y caer en una profunda recesión que merma la recaudación de impuestos, el gobierno se quedó sin recursos para cubrir el gasto y recurrió a la creación de dinero.

En agosto de 2018 Nicolás Maduro admitió que “tuvimos que ir a la emisión de dinero para respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, el sistema de bonos, los aumentos bimensuales de salarios. Diría así es la vida, nos tocó jugar así”.

Inmediatamente prometió “una disciplina fiscal prusiana” para controlar la inflación, pero la caída en la recaudación de impuestos se profundizó y las sanciones de Estados Unidos, que consideran ilegítimas las elecciones en las que Maduro se reeligió como presidente, aceleraron el declive de la producción petrolera.

En este entorno el gobierno continuó y todo indica que continuará financiándose con la creación de dinero, por lo que la inflación seguirá a un ritmo acelerado. Según el último informe de Focus Economics, la firma AGPV proyecta que este año la inflación será de 2.230% y Fitch Solutions estima 2.149%. 

¿Qué le espera a la economía venezolana en 2021?
Las proyecciones de firmas y entidades financieras descartan la posibilidad de un rebote importante y la inflación seguirá a un ritmo de dos dígitos al mes. La renta petrolera se esfumó y comenzó un cambio estructural

 

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En 2013 llegó a su punto más alto la marea de prosperidad que se sostuvo sobre los volátiles precios del petróleo y desde entonces un viento de desastre derrumbó la economía venezolana. El PIB hoy es la quinta parte de lo que fue, la hiperinflación pulverizó el valor del dinero, la pobreza creció velozmente y la mayoría de los analistas no prevé un rebote importante en el corto plazo. Las proyecciones para 2021 esperan un estancamiento en las profundidades, con mínimas variaciones hacia arriba o hacia abajo.

Según el último informe de Focus Economics, Banc Trust pronostica que la economía venezolana, que en 2020 se contrajo en torno a 30%, descenderá 0,5% en 2021. Lo acompañan en las proyecciones negativas Fitch Solutions y Ducker Frontier que esperan una caída de 1%; mientras que Ecoanalítica, Julius Baer y Goldman Sachs anticipan declives de 1,9%, 2,5% y 5% respectivamente.

Entre los que esperan un ligero repunte destacan la firma AGPV y la calificadora de riesgo Moody’s Analytics, que proyectan un crecimiento de 1,9%, mientras que Oxford Economics estima un alza de 2,9%.

Efraín Velásquez, presidente del Consejo Nacional de Economía y director de AGPV, explica que “por la pandemia del Covid el segundo trimestre fue muy negativo, pero durante el tercer y cuarto trimestre la economía se mantuvo, no siguió cayendo”.

Agrega que “en 2021 el nivel de actividad económica lo va a determinar el consumo privado y, las remesas, junto a las transferencias del gobierno, van a sostenerlo”.

Las remesas se han convertido en un elemento esencial para el consumo de los hogares. Este año descendieron a un nivel cercano a mil millones de dólares y en 2021, gracias a que disminuirá el impacto de la pandemia en la economía global, deberían elevarse hasta un mínimo de 1.500 millones de dólares.

“Otro factor a considerar es que ha aumentado la dolarización de los salarios, las empresas están pagando bonos y complementos en dólares, esto también ayuda a que se detenga el declive de la capacidad de compra”, dice Efraín Velásquez.

El oxígeno en el consumo privado principalmente beneficiará a las empresas de sectores esenciales como alimentos y cuidado personal.

Dólar cohete

El descalabro de la producción petrolera, la principal fuente de divisas del país y la caída de la recaudación de impuestos, tras siete años consecutivos en recesión, no han dejado otra opción al gobierno que financiarse creando dinero. La consecuencia, es una inflación galopante que deteriora la calidad de vida.

“La inflación va a mantenerse a un ritmo entre 25% y 30% al mes en 2021, con lo que podríamos esperar 2.000% en el año. Va a ser así porque el gobierno no tiene otra forma de financiarse que aumentando la base monetaria”, dice Efraín Velásquez

Añade que “en cualquier país donde el Banco Central no tiene metas monetarias, sino que las cambia de acuerdo a las exigencias del gobierno, no hay metas inflacionarias o cambiarias de ningún tipo”.

La creación de dinero se traduce en bolívares que el gobierno utiliza para pagar salarios, bonos y deudas con empresas. Una vez ingresan a la economía, una parte se dirige a la compra de divisas e impulsan la cotización del dólar.

El consenso de los panelistas de Focus Economics es que el próximo año la cotización del dólar en el mercado oficial, actualmente en 1.075.000 bolívares, aumentará hasta 12.300.000 bolívares por dólar.

 

Soberano moribundo

En agosto 2018 tras dos años de una inflación desorbitada las cajas registradoras y los equipos informáticos no podían procesar el monto de las transacciones y el sistema de pagos marchaba hacia el colapso. Para evitarlo, el gobierno puso en circulación al bolívar soberano, restándole cinco ceros a la moneda anterior, el bolívar fuerte.

Pero como la inflación ha continuado a tasas exorbitantes el problema reapareció. Nuevamente los sistemas de las entidades financieras tienen inconvenientes para procesar transferencias con una larga lista de ceros a la derecha, el billete de mayor valor no alcanza para comprar un pan y escasea el efectivo para cancelar el transporte público.

Fuentes del Banco Central explican que el gobierno contempla la posibilidad de una nueva resta de ceros durante el primer semestre del próximo año o la emisión de billetes de mayor denominación, aunque las sanciones de Estados Unidos complican esta alternativa.

Alivio petrolero

Tras años de mínima inversión, fallas de gerencia y corrupción rampante, la producción de petróleo, la principal fuente de divisas del país, comenzó a caer en 2017 y en 2019 las sanciones de Estados Unidos aceleraron el descenso. La consecuencia es que el país produce, de acuerdo con las cifras entregadas por el gobierno a la OPEP, 400 mil barriles diarios, un nivel similar al de 1935.

Estados Unidos, al igual que una larga lista de países considera ilegítimas las elecciones de 2018 en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente. En 2019 Donald Trump bloqueó el comercio de petróleo entre Venezuela y Estados Unidos. Además, sancionó a compañías extranjeras que transportan petróleo desde Venezuela a otros mercados y recientemente tomó medidas para restringir los intercambios de crudo por diesel.

Pero Pdvsa, la empresa petrolera del Estado, ha encontrado alternativas para mitigar las sanciones y se espera que el próximo año la producción no siga en descenso e incluso pueda crecer.  Antero Alvarado, director de Gas Energy, explica que “empresas pequeñas con sede en Rusia vienen a Venezuela a buscar petróleo y lo revenden en India, Singapur, Malasia y China”.

Añade que “las sanciones no tienen impacto para estas empresas rusas, son compañías que se adaptan a un ambiente hostil. Si Pdvsa cuenta con estos intermediarios para la venta de petróleo entonces podría disminuir sus inventarios y elevar la producción”.

Fuentes de Pdvsa explican que la capacidad de producción permite incrementar la cantidad de barriles que se extrae diariamente hasta 600 mil barriles diarios, pero la caída de la demanda por la pandemia y las sanciones de Estados Unidos disminuyeron las exportaciones al punto que se coparon los tanques de almacenamiento. Entonces, no quedó otra alternativa que recortar la producción hasta 400 mil barriles diarios.

Ecoanalítica proyecta que de concretarse el alza de las exportaciones el gobierno podría recibir por este concepto alrededor de 7 mil millones de dólares en 2021, una cifra que se traduciría en un aumento de 23% respecto a 2020.

Efraín Velásquez señala que “en el tema petrolero es probable que la Asamblea Nacional apruebe nuevos esquemas de negocios, hay que ver qué ocurre con empresas de China y Rusia”.

Otro factor a tomar en cuenta es que con la Ley Antibloqueo la administración de Nicolás Maduro tendrá amplias libertades para acordar distintos esquemas para la explotación de los campos petroleros.

Lobby en Washington

El gobierno ha intentado acercarse al entorno del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a fin de lograr una flexibilización de las sanciones. Por ahora, analistas no esperan cambios drásticos en este sentido.

La internacionalista Elsa Cardozo explicó en un foro organizado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, que “por lo dicho en la campaña electoral y por voceros vinculados al gabinete de Joe Biden no parece haber un movimiento de eliminación de levantamiento irrestricto de sanciones; mi impresión es que la expectativa que puede haber es la revisión de aquellas sanciones que tienen efectos sociopolíticos indeseados”.

Entre los puntos en los que se busca una negociación urgente está la sanción que restringe el intercambio de petróleo por diésel. El diésel es un combustible esencial para el transporte de carga, el transporte público y las plantas eléctricas que operan en los estados andinos.

Sin la importación de diésel, que Pdvsa paga con petróleo, el país tendrá un déficit y podría enfrentar una crisis a finales del primer trimestre del próximo año.

Petroestado en coma

Durante ochenta años la economía venezolana se sustentó en un esquema donde el Estado repartía petrodólares a través de una moneda enormemente sobrevaluada, excesiva cantidad de trabajadores en el sector público, compras a las empresas del sector privado, mínima carga tributaria y subsidios que, entre otras cosas, incluían la gasolina y la electricidad a precios ínfimos.

Pero la renta se esfumó. De producir 150 barriles por habitante a mediados del siglo pasado hoy solo se generan cinco barriles por habitante, el Estado se empobreció y se financia creando dinero, los servicios públicos colapsan, no hay divisas para estabilizar el mercado cambiario y la economía perdió su base de sustentación.

Efraín Velásquez explica que “cuando analizas la estructura productiva de Venezuela te das cuenta que la metalmecánica depende de las tuberías que hace para el sector petrolero, la mitad de la construcción también son obras para el sector petrolero y muchos servicios también están atados al sector petrolero, entonces petróleo y los sectores relacionados representan 40% del PIB”.

“Esto quiere decir que no produces petróleo en magnitudes relevantes la economía no va a crecer, esta economía con esa estructura, que no va a revertirse en el corto plazo, no puede crecer y no va a crecer de manera importante”, añade Efraín Velásquez.

Pero en el proceso aparecen oportunidades. “Hay empresas que están aumentando sus volúmenes de producción. En una economía que se está reduciendo ese aumento de volumen es porque hay otras empresas que cierran o pierden participación de mercado. Esto quiere decir que las empresas que estén activas, despiertas y tengan capital para financiar sus materias primas tienen una oportunidad”, dice Efraín Velásquez.

Al analizar el mediano y largo plazo sostiene que el debilitamiento del petroestado “es una oportunidad para que el sector privado tome el liderazgo en el proceso económico, eso implica voluntad, esfuerzo y capital. Hay grupos que han comenzado a meter dinero, pero al mismo tiempo tienes otros saliendo. Pero de cinco a diez años adelante no hay otra alternativa que abrirle los espacios al sector privado”.

¿Por qué va a fracasar el plan del gobierno para vigorizar el bolívar?
Analistas consideran que Maduro se verá forzado a permitir una mayor dolarización para cobrar impuestos en dólares. Un estudio de Ecoanalítica indica que al cierre de noviembre 65,9% de las transacciones comerciales se hacen en divisas

 

Víctor Salmerón

 

En la noche del 25 de noviembre Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de economía y finanzas, informó que el gobierno acordó un plan para “vigorizar el uso del bolívar”, la moneda moribunda que los venezolanos sustituyen por el dólar y ya no emplean para calcular precios, pagar en la mayoría de los comercios o ahorrar.

A diferencia de una dolarización formal, donde el dólar reemplaza de manera oficial a la moneda, las autoridades mantienen al bolívar como la moneda del país y el Banco Central sigue emitiéndola, solo que en la práctica se utiliza de manera secundaria porque cada día compra menos.

En los últimos doce meses la inflación acumula un salto de 4.087% y el billete de mayor denominación, el de 50.000 bolívares, equivale a 0,04 dólares al tipo de cambio oficial.

El plan para oxigenar la moneda y frenar el avance del dólar en la economía consiste en que los venezolanos no tendrán inconvenientes para pagar a través de los bancos la montaña de bolívares que necesitan cada vez que realizan una compra: un kilo de carne cuesta cuatro millones de bolívares.

Delcy Rodríguez anunció que los bancos aumentarán continuamente la cantidad de bolívares que las personas y las empresas pueden transferir por vía electrónica a través de la banca o pagar mediante tarjetas de débito. 

Los bancos ya hicieron el primer ajuste y los venezolanos pueden pagar hasta 500 millones de bolívares en cada compra que cancelen con una tarjeta de débito y las empresas están en capacidad de transferir diariamente hasta cinco mil millones de bolívares.

Además, Rodríguez adelantó que las empresas pagarán un impuesto por las transacciones en dólares que realicen a través de los bancos.

Cubitos de hielo

Analistas dudan de que el plan del gobierno aumente el uso del bolívar, en vista de que el problema de fondo no está en los montos de las transferencias bancarias o los límites diarios de las tarjetas de débito sino en la hiperinflación, que convierte al bolívar en dinero fugaz, que pierde su valor y se derrite como cubos de hielo.

José Guerra, exgerente de investigación del Banco Central y diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, explica que “si no se frena la hiperinflación no hay manera de vigorizar al bolívar, el problema es que nadie quiere bolívares”.

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, considera que “probablemente lo que va a ocurrir es que se compren dólares con mayor facilidad porque ahora se puede transferir más bolívares para pagarlos”.

Ambos coinciden en que el impuesto que pagarán las empresas por sus transacciones en divisas a través de los bancos locales, del que todavía no se conoce su tasa, difícilmente va a desincentivar el uso del dólar en un entorno donde el bolívar se devalúa constantemente frente a la moneda estadounidense.

En las últimas seis semanas el bolívar se hundió estrepitosamente y la cotización del dólar en el mercado oficial se disparó 108%.

Economistas explican que la hiperinflación obedece a un gobierno en bancarrota que recurre a la creación de dinero para pagar salarios, pensiones y cubrir gastos de todo tipo. En países sumergidos en la hiperinflación, como Zimbabue, la dolarización formal sirvió de antídoto porque el dólar sustituyó a la moneda propia y el gobierno perdió la facultad de emitir dinero; pero este no es el caso de Venezuela.

La administración de Nicolás Maduro sigue emitiendo dinero para financiarse, por lo tanto, la hiperinflación permanece, aunque cada vez se transa más en dólares porque la dolarización de facto avanza a paso firme.

De acuerdo con un estudio de Ecoanalítica elaborado entre el 23 y 26 de noviembre en las principales ciudades del país (Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, Puerto Ordaz, Porlamar, Lecherías, San Cristóbal) en promedio los venezolanos utilizaron dólares en 65,9% de las compras de electrodomésticos, alimentos, repuestos, ropa, calzado, salud, cuidado personal y electrónica.

El principal medio de pago es el efectivo, que se utilizó en 54,8% de las transacciones en divisas, seguido de plataformas electrónicas como Zelle, tarjetas y Paypal.

Un dato relevante es que el efectivo ha perdido terreno. En un estudio similar realizado en febrero de este año se utilizó en 80% de las transacciones.

Dólares recortados

Aunque el dólar es una moneda que conserva su valor y a diario se fortalece frente al bolívar continuamente los venezolanos se quejan de que necesitan más dólares para comprar los mismos productos.

“Aquí hay inflación en dólares, en el supermercado todos los meses hay que poner más dólares para comprar los mismos alimentos”, dice Carmen González.

José Guerra explica que lo que los venezolanos denominan “inflación en dólares” es un fenómeno típico de los países en hiperinflación. “Hay una sobrerreacción de los precios, los precios aumentan más rápido que la devaluación”.

Mientras el precio de los productos elaborados en el país aumenta velozmente por la masiva creación de dinero que desequilibra la oferta y la demanda o los problemas para producir por las fallas de energía eléctrica, la cotización del dólar se eleva a un ritmo más lento, entonces hacen falta más dólares para comprar lo mismo.

Un factor a tomar en cuenta es que para ayudar a frenar la escalada del dólar el Banco Central recortó el crédito a fin de que las entidades financieras no presten dinero que facilite la compra de divisas.

Para abrir o cerrar la llave del crédito el Banco Central modifica la proporción de los depósitos que los bancos no pueden prestar y tienen que congelar a manera de reserva, es lo que técnicamente se conoce como el encaje. Actualmente de cada 100 bolívares en depósitos los bancos inmovilizan 93 y el crédito está muy restringido.

Pedro Palma, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, precisa que “para comprar lo que se compraba con un dólar en 2019 ahora se necesitan tres dólares y medio”.

 El jugador clave

Al principio, en medio de la hiperinflación que estalló a finales de 2017, los venezolanos utilizaron el dólar para fijar precios. Luego, para pagar en comercios mediante efectivo o plataformas electrónicas como Zelle. Posteriormente, a inicios de 2020, la banca comenzó a guardar billetes verdinegros con un servicio de custodia y en los últimos tres meses amplió el espectro ofreciendo opciones para movilizar el dinero.

Estudios del Fondo Monetario Internacional como Monetary Policy under De Facto Dollarization indican que a mediados de los años noventa en países donde la hiperinflación destruyó la confianza en la moneda como Perú, Bolivia, Nicaragua y Camboya, la dolarización de facto se profundizó, entre otras cosas, gracias a que los depósitos en dólares llegaron a representar al menos la mitad de las captaciones y la banca venezolana inició el proceso.

Bajo el paraguas de la norma vigente, el Convenio Cambiario 1, la mayoría de los bancos venezolanos ya ofrecen a particulares y empresas cuentas en dólares con servicios más amplios que la custodia. Por ejemplo, un grupo de entidades financieras tienen cuentas que permiten transferir y efectuar pagos a través de internet o el teléfono celular a clientes del mismo banco, que también tengan cuenta en moneda extranjera.

Además, ya existen cuentas en dólares con tarjetas de débito que funcionan para pagar en cualquier comercio del país y del exterior; retiro de efectivo en cajeros automáticos de otros países y transferencias de dólares desde una cuenta en Venezuela a una cuenta de otro banco en el extranjero y viceversa.

Las cuentas en dólares con tarjetas de débito permiten pagar en cualquier establecimiento del país mediante un sistema donde al cliente se le debitan dólares, pero el comercio recibe bolívares. 

Pero el proceso, aunque avanza, es incipiente. Todavía los bancos no ofrecen créditos en dólares y no existe interconexión para que, al igual que funciona con el bolívar, empresas y particulares se transfieran divisas de un banco a otro.

Los impuestos

Por ahora, el gobierno no ofrece señales de querer permitir una mayor dolarización en la banca, facilitando la interconexión con una cámara de compensación del Banco Central y autorizando el financiamiento en divisas, pero es probable que las circunstancias lo obliguen.

“El gobierno tiene un problema grave y es que la dolarización de facto implica que deja de cobrar impuestos, una gran cantidad de transacciones no pagan IVA por ejemplo y la única manera que tiene el gobierno de solucionar esto es que avance la dolarización en los bancos”, dice Asdrúbal Oliveros.

Agrega que “el gobierno tiene una disyuntiva complicada: o permite una dolarización profunda del sistema financiero y comienza a cobrar impuestos en dólares o sigue creando dinero en mayor cantidad para financiar gasto y alimenta la hiperinflación. Mi hipótesis es que al final va a permitir una mayor dolarización en la banca. Lo que pasa es que la dolarización financiera es muy difícil de revertir y por eso hay resistencia”.

José Guerra indica que “el problema de la dolarización cuando no es oficial es que se termina matando al fisco porque hay una elusión muy grande del pago de impuestos. Veo inevitable la dolarización financiera”.

El 8 de diciembre Nicolás Maduro afirmó que “en Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda no es, ni va a ser nunca el dólar. Lo que hay es mecanismos de una economía de guerra, de resistencia que busca en otras monedas la forma de intercambiar productos”. 

Maduro recurre a las criptomonedas para mitigar sanciones de EE.UU
El gobierno se prepara para aumentar el uso de bitcoins en sus transacciones y fue inaugurado el Centro de Producción de Activos Digitales del Ejército. La Ley Antibloqueo refuerza el piso para estas operaciones

 

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Al enumerar las armas que le proporciona la Ley Antibloqueo para enfrentar las sanciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro destacó que podrá “usar todas las criptomonedas del mundo, públicas, estatales o privadas, para el comercio interno y el comercio externo” e inmediatamente adelantó que ya tiene “importantes proyectos en desarrollo”.

La administración de Donald Trump, al igual que una amplia lista de países, considera fraudulentas las elecciones que Nicolás Maduro esgrime como piso político para su reelección como presidente y aplicó sanciones que han dejado al gobierno venezolano al margen del sistema financiero internacional.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó en su lista negra a miembros relevantes del gobierno de Maduro y la mayoría de las entidades financieras que facilitan las transacciones en la economía global clausuraron sus servicios. Pero las criptomonedas fluyen por monederos electrónicos y plataformas de intercambio donde las sanciones tienen poco o ningún impacto.

El pasado 5 de octubre el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, admitió en el foro empresarial Consejo de las Américas que “el hecho de que 60% de las criptomonedas del mundo estén en el hemisferio está relacionado a lo que pasa en Venezuela”.

Durante un tiempo el gobierno de Maduro pretendió impulsar el petro, la criptomoneda creada por su gobierno que en teoría tiene el respaldo de recursos naturales, pero la falta de credibilidad y las sanciones de Estados Unidos restringieron su uso obligando al empleo de criptomonedas con mayor aceptación como bitcoin y ethereum.

Fuentes del Banco Central de Venezuela explican que pagos a empresas de países aliados como Irán o Turquía se han realizado a través de bitcoins y la Ley Antibloqueo fortalece el piso legal para estas transacciones al señalar que el Ejecutivo Nacional podrá autorizar “la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero” incluyendo “el uso de criptoactivos e instrumentos basados en la tecnología de cadena de bloques”.

Para comenzar a ampliar el uso de las criptomonedas el gobierno inició un nuevo sistema donde los agricultores reciben insumos y préstamos que pagan con criptomonedas, “no es solamente el petro, es una cesta de criptoactivos”, explicó el pasado 30 de septiembre Tareck El Aissami, vicepresidente de economía.

La semana pasada comenzó a operar Venezuela Exchange, una casa de intercambio respaldada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, que permite comprar bitcoins con bolívares.

“Las operaciones están respaldadas por la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, ente que garantiza operaciones seguras sin ningún tipo de riesgos”, dice la Superintendencia.

Oro digital

A diferencia del dólar o el bolívar, que se imprimen en billetes y monedas, el bitcoin es completamente digital y no está controlado por un banco central. Nació en 2009 concebido por quien se dio a conocer a través del seudónimo Satoshi Nakamoto y posteriormente, el australiano Craig Steven Wright afirmó ser el padre del sistema.

De acuerdo a las reglas, la cantidad de bitcoins en circulación nunca podrá exceder los 21 millones y el sistema ofrece mayor confidencialidad que un banco ya que las transacciones no contienen datos personales.

En el mundo físico la falsificación de los billetes requiere de papel moneda, tinta y máquinas para hacer un duplicado convincente. En el reino digital es posible copiar sin mayor costo y es crucial, aparte de eliminar el riesgo de falsificación, evitar el doble gasto del dinero. Es decir, que en el momento en que un bitcoin está transfiriéndose de una cuenta a otra, la persona que lo envía no lo pueda gastar al mismo tiempo que la otra lo recibe.

Para superar este inconveniente, los inventores del bitcoin diseñaron un modelo que comprueba cada transferencia en un libro de contabilidad público donde las transacciones son agrupadas en bloques. Cuando un bloque entra al sistema, un tejido de máquinas compite por descifrar la información que contiene —encriptada en complicados problemas matemáticos— y agregarla al libro de contabilidad.

Con las máquinas adecuadas cualquier persona en cualquier país puede ser parte del sistema de verificación y cada vez que descifra un bloque recibe bitcoins como pago, es por esto que se les llama mineros: cuando descifran un bloque encuentran oro.

Las minas de las Fanb

El 17 de noviembre fue inaugurado el Centro de Producción de Activos Digitales del Ejército para obtener ingresos a través de la minería. Mediante un video difundido en la cuenta de Twitter de la 61 Brigada Agustín Codazzi, el general Lenin Herrera explica que “se inicia la era de producción digital de criptomonedas en todas las unidades del componente, fuente de ingresos imbloqueables”.

Añade que “estas granjas de minería digital y la línea de refaccionamiento de minadores permite producir en tiempo real venciendo el sistema fiduciario bloqueado y manejado por intereses colonialistas”.

El gobierno contempla alentar la creación de centros de minado con máquinas compradas a fabricantes chinos, pero un detalle a tomar en cuenta es que estos centros tienen un elevado consumo energético, una sola máquina equivale a tener una aspiradora encendida veinticuatro horas al día y se necesitan ventiladores para mantener baja la temperatura.

En Venezuela la energía eléctrica la provee el Estado y el costo es ínfimo, pero el servicio es muy deficiente y en buena parte del país son comunes los apagones.

“Es tal la necesidad de ingresos que se piensa en la minería de bitcoins como una fuente alternativa”, dice una fuente del Ministerio de Finanzas.

Tras años de mala administración, corrupción rampante y el impacto de las sanciones de Estados Unidos la extracción de petróleo, la principal fuente de divisas del país, cayó a 4,5 barriles por habitante, cifra que de acuerdo con Ecoanalítica “equivale a retroceder cerca de 95 años en materia de producción”.

La escalada

La disparada de la criptomoneda incentiva la minería.  En los últimos nueve meses el bitcoin ha experimentado una espectacular alza de 288% desde 4.944 dólares al cierre del 16 de marzo hasta 19.189 dólares el 2 de diciembre, rozando el récord histórico de 20.000 dólares registrado en 2017.

En un entorno donde el rendimiento de inversiones seguras como los bonos del Tesoro de Estados Unidos ha caído a niveles cercanos a cero, la apuesta por mayores beneficios obliga a tomar riesgos y el bitcoin es una de las apuestas más volátiles en el mercado de monedas: así como experimenta alzas centelleantes, sufre vertiginosos descensos.

Otro factor que ayuda al repunte del bitcoin es que crece el temor por una mayor inflación, en vista de que los bancos centrales están creando dinero en grandes cantidades para amortiguar el impacto de la pandemia del Covid e inversionistas, atraídos por el ascenso de los últimos nueve meses, lo eligen como refugio.

También ha habido noticias llamativas que hablan de un mayor atractivo de la criptomoneda. En octubre el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, invirtió 50 millones de dólares en bitcoins a través de su empresa Square, la compañía que en 2018 lanzó al mercado Cash App, una aplicación que permite transferir dinero, incluyendo bitcoins.

Paypal, el principal rival de Square, contraatacó y creó una modalidad que permite comprar, vender y mantener bitcoin en sus monederos electrónicos. Además, anunció que en 2021 permitirá pagos y transferencias a través de Venmo, su servicio de pago móvil.

Por último, fondos de inversión que no apostaban al bitcoin por regulaciones que les impiden hacerlo ahora tienen opciones como Grayscale Bitcoin Trust, un vehículo que permite apostar a las variaciones de precios del bitcoin sin comprar la criptomoneda.

JP Morgan afirmó en un reporte que a diferencia del repunte de 2017, cuando el alza del bitcoin se debió a pequeños inversores muy especulativos, en esta oportunidad la criptomoneda comienza a ser vista como una opción de largo plazo.

Mercado en Venezuela

De acuerdo con datos de Coindance, que utiliza como fuente la plataforma LocalBitcoins, el principal medio para comprar y vender bitcoins en bolívares, la semana pasada se transaron en el país 233 bitcoins, magnitud muy inferior al récord de 2.487 bitcoins negociados en la segunda semana de febrero de 2019.

Operadores explican que el bolívar se ha hundido y el bitcoin se ha disparado, por lo tanto, el número de criptomonedas que se negocia cada semana desciende, pero también hay que tomar en cuenta la dolarización de la economía.

Mientras el gobierno mantuvo un férreo control de cambio el bitcoin se convirtió en un puente para obtener divisas, pero desde que en la economía venezolana avanza una dolarización de facto y la moneda estadounidense se emplea como medio de pago en la mayoría de las transacciones comerciales, la criptomoneda ha perdido protagonismo.

El dólar se disparó 80% en tres semanas: ¿Hasta dónde puede llegar en lo que resta de año?
Para ayudar a la movilización de sus bases y tratar de aumentar la participación en las elecciones del seis de diciembre el gobierno suministra una mayor dosis de gasto público. La inyección de bolívares se traduce en una veloz escalada del dólar que impacta en los precios

 

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En un intento por disminuir la apatía hacia la elección parlamentaria del seis de diciembre Nicolás Maduro triplicó el dinero que reparte entre la población a través de bonos, elevó el monto que deposita a los pensionados y adelantó el aguinaldo en buena parte de la administración pública. Si bien está por verse el impacto político de esta inyección de bolívares, en el terreno de la economía ya hay un efecto palpable: la disparada del dólar.

En las últimas tres semanas la cotización del dólar en el mercado paralelo acumula un salto de 80%, desde 516.881 bolívares hasta 935.017 bolívares, presionado por la mayor demanda de divisas.

El gasto del gobierno activa una cadena que los venezolanos han presenciado en distintas oportunidades: las familias reciben bolívares y rápidamente los gastan en comercios que, a la brevedad, los cambian a dólares porque después de tres años en hiperinflación el bolívar es una moneda moribunda.

Como el dólar se ha convertido en la unidad de cuenta de la economía, en poco tiempo el alza de su cotización se traduce en el incremento del precio de una amplia gama de productos básicos y servicios como consultas médicas o reparación de vehículos.

En los últimos nueve meses la inflación mensual ha estado por debajo de 30% pero entidades financieras calculan que en noviembre superará 50%.

Magia monetaria

Tras la catastrófica caída de la producción petrolera, que ha descendido a niveles similares a los de 1935 y empresas que pagan muy pocos impuestos después de seis años consecutivos de recesión, el gobierno está quebrado pero el Banco Central crea bolívares para que la administración de Nicolás Maduro pueda gastar.

“Es un gobierno en campaña electoral, en cierre de año donde hay más gastos y sin ingresos porque la recaudación de impuestos se ha reducido a medida que la economía se hace más pequeña y el aporte del petróleo se desplomó, entonces solo le queda emitir dinero”, dice Asdrúbal Oliveros director de Ecoanalítica.

Síntesis Financiera indica en su informe El Tesorero que el aumento del gasto del gobierno comenzó a sentirse los primeros días de noviembre: “en la semana que concluyó el viernes seis de noviembre se produjo el salto más importante del año, estimamos que el sector público erogó 75 billones de bolívares casi el triple de lo gastado en la última semana de octubre”.

 El cohete

¿Hasta dónde puede llegar la cotización del dólar paralelo en lo que resta de año? Asdrúbal Oliveros explica que “todo depende de cuánto crezca el gasto del gobierno. Nosotros construimos dos escenarios, uno donde el gasto del gobierno crecía 15% en términos reales en el cuarto trimestre y el dólar cerraba en 960.000 bolívares y otro donde el gasto aumenta 40% y el dólar cierra en 1.700.000 bolívares”.

“Por lo que estamos viendo estamos más cerca del segundo escenario que del primero”, dice Asdrúbal Oliveros.

Síntesis Financiera considera que el gobierno continuará con dosis elevadas de gasto público esta semana y la próxima “buscando que los electores lleguen al domingo seis de diciembre con dinero fresco en los bolsillos. Así, esta semana el precio del dólar pasará la barrera del millón de bolívares y vemos alta la probabilidad de que el rally prosiga en diciembre”.

La firma agrega en su reporte que “Nicolás Maduro anunció la flexibilización continua de la cuarentena durante todo el mes de diciembre. A nuestro juicio, el clima festivo que el gobierno desea propiciar será acompañado de un gasto público vigoroso, si bien este crecerá menos que en noviembre. Estimamos que el gasto público aumentará 50% en diciembre, impulsando una expansión de 38% en la liquidez monetaria y un alza de 45% en el precio del dólar que estaría cerrando el año en 1.400.000 bolívares tras un incremento acumulado de 2.500% en el año”.

La firma Dinámica Venezuela proyecta que el dólar paralelo cerrará este año en 1.279.106 bolívares, a un nivel muy similar del tipo de cambio oficial que, de acuerdo con sus estimaciones, culminará en 1.232.401 bolívares.

Luis Vicente León, director de Datanálisis, considera que “es muy difícil proyectar en una economía volátil, desequilibrada, manipulada, hiperinflacionaria y sobrevaluada. Los números de proyección son sólo referentes generales de tendencias. Lo que sabemos es que la tendencia a devaluación e inflación es imparable pues ambas dependen de la desconfianza en la moneda”.

Frialdad electoral

El boletín del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirma que “iniciamos nuestra campaña electoral el pasado tres de noviembre, respetando las normas de bioseguridad; se puede observar el colorido, despliegue y alto nivel de compromiso de nuestro pueblo con las mujeres y hombres que hoy son nuestros candidatos y candidatas para cambiar esa Asamblea Nacional tan nefasta”.

No obstante, en el país no se respira mayor ambiente electoral y las encuestas apuntan a que el próximo seis de diciembre habrá una participación modesta. “Nuestra encuesta de octubre refleja que quienes dicen estar dispuestos y muy dispuestos a votar en las próximas elecciones parlamentarias son 34% de los electores. Esto indica que el segmento potencial de voto está en este grupo, no necesariamente todos votan, pero difícilmente más de esos votan”, explica Luis Vicente León.

En las elecciones parlamentarias de 2015, cuando la oposición obtuvo dos tercios de los escaños, votaron 74% de los electores. En esta oportunidad los partidos más importantes de la oposición no participan por considerar que no hay condiciones para una elección limpia y una parte del chavismo está desmotivada.

Luis Vicente León señala que la estrategia que implemente el gobierno para movilizar a sus bases y la inyección de gasto público a lo sumo podría lograr que quienes muestran inclinación a votar lo hagan: “en el segmento potencial de voto hay que movilizar, presionar, enamorar, amenazar, para lograr la máxima participación posible. Seguramente no será aumentando este segmento que se tenga algún resultado, sino logrando que ese rango se ubique en los topes máximos”.

“El problema es que en una elección donde el proceso no tiene contra balances porque la oposición mayoritaria no va a participar y no va auditar el proceso con testigos, es difícil verificar resultados. La confianza en las cifras será muy baja”, dice Luis Vicente León.

Un factor a tomar en cuenta es que la inyección de gasto público, que en otros tiempos le sirvió al chavismo para impulsar el consumo y crear un ambiente de prosperidad, en esta oportunidad es muy limitada. Los bolívares que entran a la economía a través de ministerios, gobernaciones y alcaldías aceleran la escalada del dólar porque la oferta de divisas es muy baja, pero no representan mayor cosa a escala individual.

El 16 de noviembre Nicolás Maduro comenzó a repartir el bono Amor por Venezuela con el que le depositó 3 millones 120 mil bolívares a un estimado de diez millones de personas. Al tipo de cambio paralelo de ese día, el bono se tradujo en un depósito de tan solo 4,6 dólares por persona.

Vértigo en 2021

El desequilibrio de la economía venezolana es profundo y por tanto el dólar continuará en ascenso durante el próximo año, con mayor o menor velocidad dependiendo de la cantidad de bolívares que cree el Banco Central para financiar un cuantioso déficit en las cuentas públicas que equivale a 16% del PIB.

La producción petrolera, la principal fuente de divisas, es de tan solo 400 mil barriles diarios -87% menos desde que en 1999 Hugo Chávez inició la era de la Revolución Bolivariana- y las sanciones de Estados Unidos complican la posibilidad de exportar.

“Estamos ante un problema de fondo, un Estado sin recursos para cubrir sus gastos y un Banco Central que por el declive de la producción petrolera no tiene divisas para estabilizar el mercado cambiario”, dice Asdrúbal Oliveros.

Actualmente el Banco Central está vendiendo unos 20 millones de dólares a la semana, una cifra enana si se toma en cuenta que en 2013, el año previo al inicio de la recesión, diariamente se vendían 140 millones de dólares en el mercado cambiario.

En este entorno Latin Focus señala en su último reporte que el consenso de sus panelistas, que incluye a entidades financieras como Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse es que el próximo año el tipo de cambio paralelo ascienda hasta 7. 563. 430 bolívares por dólar y el tipo de cambio oficial hasta 6. 694.741 bolívares por dólar.

Luis Vicente León advierte que no hay manera de detener el deterioro con medidas económicas: “el círculo perverso devaluación-inflación es inagotable mientras no se rescate la confianza, algo inviable sin negociaciones políticas y alcanzar la estabilización del país. El equilibrio cambiario ya no depende de medidas económicas. Eso sólo atrasa o adelanta la crisis”.

Maduro avanza hacia un capitalismo de oligarcas
La Ley Antibloqueo otorga poderes al gobierno para que con la potestad de declarar operaciones como secretas y confidenciales privatice o transfiera la gestión de empresas públicas a grupos seleccionados a dedo. Analistas advierten que está en gestación un capitalismo de élite consistente con una economía pequeña y desigual

 

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Nicolás Maduro permanece en el Palacio de Miraflores, la sede de la presidencia de Venezuela y disfruta del período de mayor estabilidad desde que en 2018 proclamó su reelección mediante unas elecciones que más de cincuenta países consideran fraudulentas. La oposición se debilitó, las sanciones de Estados Unidos no lo expulsaron del poder y el gobierno aumentó su control sobre una población empobrecida; pero su resistencia no es el triunfo del Socialismo del Siglo XXI, al contrario, es la muestra de una promesa exhausta.

Para resistir Maduro ha estado dispuesto a cualquier cosa.  Dejó a un lado el control de precios, toleró la dolarización de facto de la economía, entregó la gerencia de empresas estatizadas a manos privadas, acabó el control de cambio, fomentó la extracción de oro con un gran daño ecológico y con la Ley Antibloqueo, aprobada el pasado 12 de octubre, camina hacia lo que analistas denominan un capitalismo de oligarcas.

La Ley otorga amplios poderes al gobierno para que de forma poco transparente, con la potestad de catalogar como confidencial determinadas transacciones, privatice o incremente la transferencia de la gestión de empresas estatales al sector privado. 

De esta manera, se crea un entorno perfecto para que empresarios locales o de países aliados como Turquía e Irán, dispuestos a tomar el riesgo de negociar con la administración de Nicolás Maduro, aumenten su presencia en sectores como telecomunicaciones, electricidad, cemento, hotelería, manufactura, gas, petroquímica, hierro, acero y agroindustria. 

Omar Zambrano, director de la firma Anova, señala que “vamos a ver la transferencia de activos públicos al sector privado, hay una decisión de achicar al sector público. El país va hacia un capitalismo oligárquico, donde el sector privado opera con algunas reglas de mercado, pero el acceso proviene de la cercanía con círculos de poder”.

Alejandro Grisanti, exanalista de Barclays Capital, explica que “la ley va a producir una transferencia de activos del Estado venezolano a grupos privados y grupos de poder, muy posiblemente con mucha corrupción en el medio”.

Tras la debacle de la producción petrolera, que cayó hasta niveles de 1935, las finanzas públicas están quebradas y no hay cómo mantener la hipertrofia del Estado, plagado de empresas ineficientes: el déficit fiscal se ubica en 12% del PIB a pesar de que ha habido un agresivo recorte de gasto en inversión, salarios y pensiones.

El gobierno justifica la ley como un arma para enfrentar las sanciones de Estados Unidos, que considera ilegítimo a Maduro. En 2017 Donald Trump prohibió a las entidades financieras estadounidenses otorgar créditos al estado venezolano y en 2019 bloqueó el comercio de petróleo entre Venezuela y Estados Unidos. Además, ha sancionado a compañías extranjeras que transportan petróleo de Venezuela a otros mercados.

“La Ley está dirigida, entre otras cosas, a generar ingresos al país”, dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de economía y finanzas. 

Agregó que “Venezuela tiene riquezas y los inversionistas no se acercaban por temor al bloqueo, esta ley ofrece mecanismos para que el inversionista, tanto nacional o internacional, pueda tener un desarrollo seguro de sus inversiones”.

 El texto

Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, resume que “la Ley Antibloqueo tiene como aspectos fundamentales la posibilidad de desaplicar otras leyes, efectuar transacciones de forma confidencial e incorporar cláusulas de arbitraje internacional en los contratos”.

El gobierno podrá decidir, al momento de tomar decisiones de negocios, si aplican o no los procedimientos y aprobaciones que estipulan el resto de las leyes y reglamentos.

La ley indica que “el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” como consecuencia de las sanciones.

La idea de reestructurar el rompecabezas de empresas del sector público queda clara al permitir que el gobierno modifique “los mecanismos de constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado de determinadas empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior” y cuente con la facultad de levantar las restricciones a la comercialización “en actividades estratégicas de la economía nacional”.

La ley abre la puerta para que el sector privado gestione empresas que han sido estatizadas al prever que “los activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial” podrán “ser objeto de alianzas con entidades del sector privado”.

El petróleo

Entre las pocas limitaciones que tendrá el gobierno destaca que las acciones de PDVSA, la empresa petrolera del país, deben permanecer en manos del Estado.

No obstante, Maduro podrá operar con facilidad en el sector de los hidrocarburos. Allan Brewer Carías, doctor en derecho, escribe en un análisis que “el Ejecutivo Nacional podría declarar inaplicable las previsiones de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que exigen la autorización de la Asamblea Nacional para que puedan constituirse empresas mixtas en el sector” o las leyes que reservan al Estado las actividades petroquímicas o los servicios y actividades conexas con la industria petrolera.

Agrega que existe la posibilidad de la “desnacionalización total de la industria petrolera y de la comercialización de los derivados del petróleo – entre ellos gasolina -, con la única y exclusiva limitación que las acciones de Pdvsa, la empresa holding de la industria petrolera, deben permanecer como propiedad del Estado”.

“El resultado de las previsiones de la Ley, es que, todas las empresas del Estado subsidiarias o filiales de PDVSA podrían ser total o parcialmente privatizadas, sin límites, secretamente”, advierte Brewer Carías.

En secreto

Las transacciones pueden permanecer ocultas para la mayoría de los venezolanos ya que “por tiempo determinado” y para contrarrestar el efecto de las sanciones las autoridades “podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”.

Además, “se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto”.

La documentación calificada como confidencial “será archivada en cuerpos separados de los expedientes y con mecanismos que aseguren su seguridad” y tendrá “en su portada la advertencia correspondiente, expresando la restricción en el acceso y divulgación y las responsabilidades a que hubiera lugar para aquellos funcionarios o personas que puedan infringir” la confidencialidad de la información.

La opacidad

Empresarios consultados afirman que lejos de dar seguridad jurídica la Ley Antibloqueo, aprobada por una cuestionada Asamblea Constituyente que el chavismo eligió en 2017 para aprobar leyes sin discutirlas en el Parlamento, genera muchas dudas y solo grupos que deseen operar en el anonimato y de forma poco transparente estarán dispuestos a invertir en Venezuela.

Brewer Carías afirma que se pretende “cambiar la política económica en una forma encubierta, opaca, secreta y poco transparente, desestatizando, desnacionalizando y privatizando la economía, promoviendo y protegiendo la participación del capital privado nacional e internacional, pero solo de aquél que opera en la oscuridad y opacidad que es el que resulta de un marco de total inseguridad jurídica y de secreto”.

Añade que el proceso “a lo que podría conducir es a la transferencia indiscriminada de activos del Estado a particulares nacionales o extranjeros, seleccionados discrecionalmente a dedo”.

Los acuerdos con grupos privados no son nuevos para el madurismo. Bajo la figura de “alianzas estratégicas” ya se ha transferido la gestión de compañías públicas a manos privadas, como es el caso de la Empresa Mixta Socialista Arroz del Alba.

Esta compañía, creada el 22 de noviembre de 2007 con participación de 51% por parte del gobierno venezolano y 49% por Cuba, firmó un fideicomiso de 74 millones de dólares con el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Tras producir muy poco el 19 de diciembre de 2017 el gobierno ordenó su liquidación y el 11 de abril de 2019 el exministro de Tierras, Elías Jaua, se pronunció públicamente señalando que la gestión de la compañía fue entregada a manos privadas.

“Empresa estatal Arroz del Alba. La gestión de sus activos fue entregada a una empresa privada. El busto del comandante Chávez fue removido”, dijo Jaua.

El 17 de abril de 2019 Nicolás Maduro informó que se había reactivado la granja porcina José Leonardo Chirinos en Lara “en una alianza con el sector privado para la cría de cerdos bebes” sin especificar los detalles del trato.

“Sabemos que apoyándose en la Ley de Contrataciones Públicas que prevé las alianzas estratégicas se ha entregado la gestión de empresas a privados, pero nadie ha podido ver cómo son esos contratos”, dice un empresario.

Solo en el sector de alimentos el gobierno controla 200 empresas de carne, leche, pescado, huevos, aceite y silos.

Burguesía roja en expansión

Empresarios cercanos al gobierno explican que la Ley Antibloqueo permitirá transferir empresas públicas al sector privado para “asegurar la sostenibilidad de compañías inviables por problemas de gerencia que antes tapaban los petrodólares”.

 Pero este sistema donde principalmente se beneficia a grupos cercanos al poder, dispuestos a efectuar negocios de manera poco transparente a cambio de grandes ganancias en el corto plazo está muy lejos del capitalismo que genera prosperidad. 

En el influyente libro Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, el economista William Baumol describe el capitalismo oligárquico como un sistema donde “el poder y el dinero están muy concentrados en unas cuantas personas. Es la peor forma de capitalismo, no sólo por la desigualdad extrema de ingresos y riqueza que esas economías toleran, sino también porque las élites no promueven el crecimiento como objetivo central de la política económica. En cambio, los oligarcas fijan las reglas para maximizar sus ingresos y riqueza”.

La desigualdad se ha ensanchado en medio de la depresión de la economía. Datanálisis indica que una pequeña élite de 6% de la población tiene ingresos en dólares que le permiten mantener los hábitos de consumo de la Venezuela petrolera; 40% recibe un ingreso en dólares modesto y 54% no tiene ingresos en dólares y sobrevive con los bonos y las cajas de comida que reparte el gobierno.

Omar Zambrano indica que “el capitalismo que se está gestando es consistente con una economía muy pequeña, sin tejido productivo, donde seguirá habiendo una crisis humanitaria porque la mayoría no podrá insertarse en la franja que va a beneficiarse. A gran parte de la población solo le quedará vivir con lo poco que le transfiere el sector público o emigrar a otros países”.

El petroestado agoniza, los petrodólares que oxigenaron al Socialismo del Siglo XXI tapando la ineficiencia de las empresas estatales y la economía controlada ya no existen. Tras años de mínima inversión, fallas de gerencia y corrupción rampante, la producción de petróleo comenzó a caer velozmente en 2017 y en 2019 las sanciones de Estados Unidos aceleraron la debacle: hoy Venezuela apenas produce 400 mil barriles diarios de petróleo.

Un nuevo sistema está en gestación y Nicolás Maduro no tiene dudas: “El país cree en mí, creen en la ley porque eso lo redacté yo”, afirmó desafiante al recibir el texto aprobado en una sola sesión por la Asamblea Nacional Constituyente, el instrumento que emplea el partido de gobierno para legislar sin someterse al Parlamento controlado por la oposición.

La depresión de la economía tritura a la banca venezolana
Un solo banco de República Dominicana cuenta con un volumen de créditos superior al de toda la banca venezolana que se ajusta a la pulverización del mercado con cierre de agencias y reducción de personal. Analistas consideran que será inevitable un proceso de fusiones

 

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La banca venezolana ha demostrado capacidad para mantenerse a flote en medio de una economía devastada por la hiperinflación y siete años continuos de recesión; no obstante, la crisis la ha convertido en una enana que gestiona un volumen insignificante de créditos, cierra agencias y recorta el número de trabajadores.

De acuerdo al tipo de cambio oficial, el total de créditos que reporta la Superintendencia de Bancos al cierre de julio de este año equivale a 169 millones de dólares, una cifra ínfima que habla de un sistema financiero pulverizado.

En julio de 2013, un año antes de que comenzara el deslave de la economía, el portafolio de créditos de toda la banca equivalía a 45.691 millones de dólares y Del Sur, una pequeña entidad financiera que solo controlaba 0,4% del mercado, gestionaba créditos por 186 millones de dólares: es decir, siete años atrás Del Sur tenía un portafolio de créditos superior al que tiene toda la banca en este momento. *

A escala regional también queda clara la paupérrima dimensión de la banca venezolana. República Dominicana tiene menos de la mitad de la población de Venezuela y una sola de sus entidades financieras, el Banco Popular, gestiona créditos por 5.900 millones de dólares, magnitud que supera 35 veces los créditos de los 29 bancos venezolanos.

El Banco de Loja en Ecuador, una entidad financiera que controla 1,1% del mercado de créditos del país, posee un portafolio de préstamos por 318 millones de dólares que también supera al de toda la banca venezolana.

 La chiquitolina

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, explica que la banca venezolana se reduce por la mezcla de varios componentes: “la hiperinflación genera destrucción de la moneda, la población renuncia a cualquier tipo de ahorro y se empobrece aceleradamente; una economía en depresión que es 80% más pequeña que hace siete años, con empresas que producen al mínimo y unas autoridades con una política restrictiva respecto al crédito”.

La reducción del crédito es una medida deliberada del Banco Central de Venezuela a fin de disminuir los préstamos para la compra de divisas y contener el aumento en la cotización del dólar que, desde el punto de vista de las autoridades, es la principal causa de la hiperinflación porque impacta en el precio de las importaciones y en una amplia gama de productos y servicios.

Para cerrar el grifo del crédito el Banco Central obliga a las entidades financieras a congelar a manera de reservas 93% del dinero que reciben en depósitos. En vista de que disponen de menos fondos para prestar, los bancos reducen el financiamiento a quienes quieren protegerse comprando dólares, pero también a las empresas que intentan producir, a los comercios y a las personas.

“En la mayoría de los países de América Latina el crédito representa 30% del PIB pero en Venezuela no llega a medio punto del PIB, entonces la banca venezolana prácticamente no tiene ningún efecto en variables como el consumo o la inversión”, dice Asdrúbal Oliveros.

Victoria costosa

Fuentes del Banco Central afirman que la estrategia de minimizar el crédito ha dado resultado y resaltan las cifras oficiales: en los primeros nueve meses de este año la inflación acumula un salto de 844%, cifra que si bien sigue siendo alta se traduce en una desaceleración importante respecto a 4.679% en el mismo lapso de 2019.

La mayoría de los economistas emplea la definición de Phillip Cagan según la cual la hiperinflación culmina cuando en un período de doce meses no ha habido un mes con inflación superior a 50% y según las cifras oficiales Venezuela tiene ocho meses por debajo de este techo.

Para el gobierno de Nicolás Maduro la hiperinflación quedó atrás. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de economía y finanzas, afirmó el 18 de octubre que “veníamos de una inflación terrible, hoy todavía Venezuela padece de inflación, pero salimos del mecanismo de hiperinflación”. 

Un detalle relevante es que junto al recorte del crédito el gobierno reduce sus gastos porque tras la debacle de la producción petrolera y el impacto de las sanciones de Estados Unidos, sufre una merma significativa de los ingresos.

 Asdrúbal Oliveros explica que “prácticamente se acabó con el crédito y al mismo tiempo el gobierno recorta sus gastos, entonces por contener la inflación sometes a la economía a una profunda depresión. Y los resultados son mediocres, la inflación sigue siendo de dos dígitos al mes”.

 La dolarización

Como el crédito ha dejado de ser una fuente de ingresos importante, los bancos se han convertido en simples medios de pago para que las empresas y las personas se transfieran dinero unos a otros. 

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello indica en su informe de coyuntura que la banca “ha pasado a depender del aumento de comisiones y tarifas” por servicios.

Pero los pagos con bolívares disminuyen en medio de la dolarización de facto. Formalmente el bolívar sigue siendo la moneda oficial, pero los venezolanos realizan la mayoría de sus transacciones comerciales con dólares, a través de mecanismos que no generan comisiones para la banca.

El analista financiero Francisco Faraco explica que “este es un gran problema para los bancos, prácticamente ya no tienen créditos y su actuación como medios de pago para las transacciones en dólares, que van a seguir aumentando porque el bolívar es una moneda destruida por la hiperinflación, está limitada”.

De acuerdo con la proyección de Datanálisis al cierre de julio de este año, 61,3% de las transacciones comerciales en Venezuela se hacían en dólares mediante efectivo, plataformas tecnológicas como Zelle y tarjetas de crédito de bancos extranjeros. 

Los venezolanos pueden abrir cuentas en dólares en bancos locales, pero no hay una cámara de compensación que permita transferencias de un banco a otro. Además, las autoridades quieren desincentivar la dolarización de facto y prohíben que las entidades financieras ofrezcan facilidades como tarjetas de débito.

 Recorte de nómina

Para obtener rentabilidad los bancos aplican una estrategia de reducción de costos que incluye el cierre de oficinas en todo el país. Las cifras de la Superintendencia de Bancos indican que entre julio de 2013 y julio de este año el total de agencias se redujo 17%, desde 3.630 hasta 3.010 y todo apunta a que el proceso seguirá los próximos meses.

Al mismo tiempo hubo un recorte de 44% en el número de trabajadores, desde 80.843 en julio de 2013 hasta 45.075 en julio de 2020.

Ejecutivos financieros explican que la reducción se ha logrado por la mezcla del cierre de agencias, el ofrecimiento de una liquidación medianamente atractiva a parte del personal y trabajadores que han emigrado a otros países.

La era post petrolera

Durante 80 años la frase “sembrar el petróleo” condensó la discusión sobre economía en Venezuela, la gran pregunta era qué hacer para convertir el océano de reservas en el subsuelo en otras fuentes de riqueza y esa era la respuesta. Hoy, este credo es inservible, el petroestado agoniza y la consecuencia es una economía raquítica, con un mercado muy pequeño para los 29 bancos que operan en el país.

Tras años de mínima inversión, fallas de gerencia y corrupción rampante, la producción de petróleo comenzó a caer velozmente en 2017 y en 2019 las sanciones de Estados Unidos aceleraron la debacle. La consecuencia es que el país produce, de acuerdo con las cifras entregadas por el gobierno a la OPEP en agosto de este año, 397 mil barriles diarios, el nivel más bajo desde 1935.

El ingreso proveniente del petróleo se esfumó y las perspectivas de recuperarlo en términos relevantes lucen mínimas con Pdvsa, la empresa petrolera del Estado, en situación deplorable y una transición energética a escala global que implica un declive gradual en el consumo de combustibles fósiles.

Francisco Faraco afirma que “la economía venezolana perdió su base, entonces estamos ante un proceso que lleva a una reducción sustancial del número de bancos, el beneficio ha caído a niveles ridículos. Podría haber algunas fusiones y actores que saldrán del sistema”.

Las fusiones tienen un alto grado de intervención política porque las leyes obligan a que requieran la autorización del Directorio del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional integrado por cinco funcionarios nombrados por el presidente de la República: el ministro de finanzas, el presidente del Banco Central y tres directores.

“Podría haber intencionalidad en algunos banqueros de ir a un proceso de fusiones y adquisiciones, pero hay que tomar en cuenta la politización de las decisiones, en un entorno donde las decisiones tengan un perfil más técnico se puede estimular ese proceso donde se den fusiones entre bancos y nuevos accionistas tengan incentivos a capitalizar e ingresar a la junta directiva de los bancos”, dice Asdrúbal Oliveros.

Agrega que si se produce un cambio de entorno político y regulatorio “incluso podría haber apetito por bancos colombianos, peruanos o centroamericanos interesados en entrar en Venezuela, pero esas son discusiones que tendrán que darse a futuro”.

*Se emplea el tipo de cambio oficial en 2013 de 11 bolívares por dólar para las subastas del SICAD.