Víctor Salmerón, autor en Runrun

Víctor Salmerón

Se enfrían las perspectivas de crecimiento de la economía

Por: @vsalmeron

Todo parecía más despejado para la economía venezolana: el acuerdo de Barbados prometía una salida negociada a la crisis política, Estados Unidos había flexibilizado las sanciones y por ser un año de elecciones presidenciales se esperaba que el gasto público impulsara el consumo, pero no ha sido así y las expectativas decaen.

Tras la inhabilitación de candidatos y pocos avances en las condiciones electorales Estados Unidos implementó nuevamente las sanciones, la campaña electoral es sumamente corta y el consumo sigue deprimido.

A pesar de estas condiciones se espera que la economía crezca, pero menos. Ecoanalítica, que esperaba un crecimiento de 10% en su escenario base, ahora pronostica 5% y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, que esperaba 5,5%, disminuyó su estimado a 4,5%

Igualmente Oikos Research, que esperaba crecimiento en un rango de 3-6%, ahora señala que su escenario base es 3% “y ello sujeto a que se dé una recuperación del consumo de los hogares, el cual aún no se ha materializado finalizando el mes de abril”.

Las sanciones

Washington anunció que no renovará la licencia 44 emitida hace seis meses, el instrumento que le permitió al gobierno de Nicolás Maduro vender petróleo a precios de mercado, sin intermediarios que aplican un descuento de hasta 30% para evadir las sanciones y transportar el crudo hasta Asia.

Las compañías afectadas por la cancelación de esta licencia tendrán hasta el 31 de mayo para apagar las operaciones en curso, un lapso con el que la administración de Joe Biden espera no generar “efectos indeseados”.

No obstante la medida dejó abierta la posibilidad de que las empresas que hayan comenzado operaciones bajo la licencia 44 soliciten una licencia particular a fin de continuar con sus transacciones.

Desde que se flexibilizaron las sanciones el primer comprador de petróleo venezolano ha sido India a través de la empresa Reliance. De acuerdo con datos de Kpler en enero de este año India compró a Venezuela un promedio de 255 mil barriles diarios, una cantidad que representó la mitad de las exportaciones.

Esto implica que si Estados Unidos otorga una licencia especial a Reliance y a otras empresas de India, el impacto en la caja del gobierno sería menos relevante.

Síntesis Financiera considera que bajo este esquema de licencias individuales el gobierno dejará de recibir mil 800 millones de dólares por exportaciones petroleras este año.

La reducción de ingresos significaría menos recursos para vender dólares en el mercado cambiario y mantener el anclaje del tipo de cambio, la medida que junto a la precariedad del consumo y el recorte del gasto público, ha permitido desacelerar la inflación que en 2023 cerró en 189% y este año se espera que finalice por debajo de 100%.

Un aspecto a considerar es que el fin de la flexibilización de las sanciones afectará las importaciones de diluyentes desde Estados Unidos, un componente esencial para procesar el petróleo pesado de la Faja del Orinoco.

La producción

En 1999, al llegar el chavismo al poder, Venezuela producía 3,1 millones de barriles diarios de petróleo. La falta de inversión y la pésima gerencia tuvieron consecuencias y no solo no se cumplieron los planes de aumento de la producción sino que en 2018 se había reducido a un tercio.

Las sanciones profundizaron el colapso y la producción se redujo hasta 600 mil barriles diarios. En noviembre de 2022 Estados Unidos permitió a Chevron producir y exportar petróleo desde Venezuela con la licencia 41, gracias a la cual la producción ha aumentado lentamente desde entonces hasta 800 mil barriles diarios, una cantidad similar a la de 1945.

Asimismo hay acuerdos que permiten operaciones de Repsol, ENI y Maurel & Prom. Sin embargo las perspectivas son limitadas por la inestabilidad política, algo que se acrecienta con la no renovación de la licencia 44.

Las casas matrices de estas empresas, al igual que Chevron, no quieren aumentar el riesgo en Venezuela de manera significativa y las inversiones son reducidas.

Al tomar en cuenta este factor, junto a elementos estructurales que limitan las inversiones en petróleo como la excesiva carga tributaria, la obligatoriedad de asociarse con Pdvsa, la empresa del Estado; escasez de recurso humano y fallas en el servicio de electricidad, las perspectivas de la producción no son muy alentadoras.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB indica en su informe que “la tasa de expansión esperada del PIB se ha ido ajustando a la baja en la medida que hemos avanzado en el primer trimestre, producto de una progresiva corrección en las expectativas sobre el crecimiento en el sector petrolero”.

No obstante se espera que la producción aumente aunque a paso lento. El instituto espera que el promedio de la producción de este año se ubique en 862 mil barriles diarios, lo que se traduciría en un alza de 16% respecto al promedio de 2023.

Este aumento de la producción petrolera es el principal sustento del estimado de crecimiento de la economía para este año.

La demanda

A finales del año pasado se esperaba que el gobierno, por tratarse de un año de elecciones presidenciales, aumentara de manera importante el gasto público a través de incrementos relevantes en los bonos que reciben los trabajadores públicos y los pensionados.

Pero las elecciones se realizan el 28 de julio, no en diciembre, y hasta ahora el gobierno ha limitado la expansión del gasto a fin de no inyectar bolívares a la economía que se desplacen a la compra de dólares y acaben con el anclaje del tipo de cambio.

Si bien es previsible que haya un aumento en los bonos que reparte el gobierno hay que tomar en cuenta que el consumo es muy limitado: actualmente el salario mínimo en la administración pública equivale a menos de cuatro dólares y se complementa con bonos que solo suman el equivalente a cien dólares al mes, es decir, aunque se concrete algún aumento la capacidad de compra seguirá siendo bastante baja.

En el sector privado las remuneraciones son más altas que en el sector público pero siguen siendo ínfimas. Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, indica que al cierre de 2023 se ubicó en 196 dólares, una cifra enana en la región en un contexto en el que los precios son similares o superiores al resto de los países latinoamericanos.

El Observatorio Venezolano de Finanzas indica que al cierre del primer trimestre de este año la remuneración promedio en el comercio y los servicios del Área Metropolitana de Caracas es de 205 dólares para los obreros.

Las empresas producen bienes, como alimentos o textiles y servicios, como alquileres o consultas médicas. Al venderlos, obtienen ingresos que entre otras cosas sirven para pagar salarios. Por esta razón, cuando se produce poco hay menos holgura para aumentar las remuneraciones.

Los datos provenientes de la manufactura privada son elocuentes. Al cierre de 2023 las empresas de sectores como alimentos, textiles, químico, metales y plástico, entre otros, solo utilizaban en promedio 37,5% de su capacidad instalada, una magnitud bastante baja respecto a países como Colombia, Brasil, Argentina y Perú donde supera 60%.

La economía da vueltas en un círculo vicioso: la poca producción en las empresas y la caída de los ingresos del sector público conduce a remuneraciones muy bajas y a un consumo muy limitado que no permite un alza importante de la producción y la inversión.

Por ahora no hay señales de que este círculo pueda romperse, por lo tanto, el crecimiento que se espera del sector no petrolero es bajo. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB proyecta una modesta alza de 2,4% y Oikos Research considera que no tendrá crecimiento alguno.

En contexto

El colapso del socialismo del siglo XXI generó una larga recesión y un ciclón hiperinflacionario que pulverizó el PIB a la cuarta parte y convirtió a la economía venezolana en una enana respecto a países como Colombia o Perú.

Expertos coinciden en que el país necesita crecer a una tasa de al menos 7% por más de veinte años para regresar al PIB que tenía en 2013 y para ello es vital la inversión masiva en petróleo a fin de elevar la producción de manera significativa y financiamiento de los multilaterales, dos condiciones que no lucen posibles en lo inmediato.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB precisa que si se concreta su estimado de crecimiento el “tamaño de la economía este año sería similar a la que ya había alcanzado en 1969”.

¿A qué costo se está desacelerando la inflación?

Por: @vsalmeron

Gracias a un férreo ajuste la administración de Nicolás Maduro ha logrado restarle empuje al aumento de los precios. El Banco Central reporta que en el primer trimestre de este año la inflación acumulada es de 4,1%, un resultado que se traduce en una desaceleración notable respecto al 80% del mismo lapso de 2023.

Si bien es una buena noticia, hay que tomar en cuenta que la menor inflación obedece a un conjunto de medidas que frenan el crecimiento y limitan severamente el salario de los trabajadores públicos y las pensiones.

La estrategia del gobierno consiste en acabar con la volatilidad en la cotización del dólar a fin de transmitir estabilidad y aplacar las expectativas de aumentos de precios y para ello necesita reducir la cantidad de bolívares: sin bolívares no es posible adquirir dólares.

El Banco Central frenó la emisión de bolívares para financiar al gobierno y el gobierno, a su vez, aplicó un drástico recorte del gasto que se manifiesta en salarios y pensiones paupérrimas.

Además, para evitar que haya préstamos que financien la compra de dólares, se obliga a la banca a engavetar 73 de cada 100 bolívares en depósitos. Al mismo tiempo, el Banco Central ha aumentado la oferta de dólares en el mercado oficial.

De esta forma hay una contención de la demanda y mayor oferta de divisas, gracias a lo cual la cotización del dólar prácticamente no ha variado en los últimos cinco meses, ayudando a la desaceleración de la inflación en los meses previos a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

La economía venezolana es bimonetaria, junto a los bolívares circula el dólar que ha ganado espacio como moneda para los pagos, el cálculo de los precios y el ahorro. La dinámica de oferta y demanda se expresa en bolívares y en dólares.

Datos de la consultora Ecoanalítica indican que en los últimos doce meses los precios en dólares han aumentado 7%, la cifra más baja en tres años.

Sin impulso

La reducción del gasto público se traduce en trabajadores empobrecidos. El salario mínimo equivale a menos de cuatro dólares y se complementa con bonos que solo suman el equivalente a cien dólares al mes.

A esto se agrega la restricción al crédito que deja a las empresas y las familias con mínimo acceso al financiamiento. Además, las empresas se enfrentan a un entorno de alta carga tributaria, fallas en los servicios públicos y competencia de productos importados.

En este ambiente el sector privado produce poco y también paga bajos salarios. En la manufactura privada al cierre de 2023 el ingreso promedio mensual de los obreros, que incluye todo tipo de pago, se ubicó en 196 dólares, una cifra enana en la región.

 

La fragilidad

Un elemento a considerar es que, en el corto plazo, aumentará la presión sobre la cotización del dólar porque el gobierno incrementará el gasto a partir de mayo como parte de la campaña electoral, principalmente a través de bonos a los trabajadores púbicos.

Además en abril culminará el cobro de impuestos a las empresas, algo que ha ayudado a contener la cantidad de bolívares que se desplaza a la compra de dólares.

La consultora Síntesis Financiera explica en su reporte Briefing Financiero que “a partir de este mes de abril tendrá que cambiar la dinámica estabilizadora del BCV. La recaudación de impuestos ya no tendrá la misma capacidad de esterilización del gasto público. Y este último no amainará, al menos hasta agosto, debido al entorno electoral”.

Agrega que, en consecuencia, «la estabilidad cambiaria tendrá que recostarse más de la oferta de divisas” y añade que “una depreciación “moderada” del bolívar de 55% en el año requerirá que la oferta total de divisas en el mercado oficial llegue al menos a 500 millones de dólares mensuales”.

Sobre la oferta de divisas hay dos elementos que incidirán en el corto y mediano plazo: la renovación o no de las sanciones de Estados Unidos y el ínfimo nivel de las reservas internacionales del Banco Central.

Las sanciones

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 Maduro obtuvo una cerrada victoria y en 2018 se reeligió mediante elecciones cuestionadas por la Unión Europea, la mayoría de los gobiernos de América Latina y Estados Unidos, que además aplicó sanciones.

Tras la firma de un acuerdo que en teoría abría el camino a la realización de elecciones presidenciales competitivas, en octubre de 2023 Washington concedió una licencia por seis meses, la número 44, que permite inversiones de empresas estadunidenses y de otros países, así como la venta de petróleo a través del mercado formal.

El 18 de abril Estados Unidos deberá anunciar si renueva o no la licencia 44 en un entorno en el que María Corina Machado, la opositora que lidera los sondeos por amplio margen, fue inhabilitada y a la sucesora que designó, Corina Yoris, el sistema informático del Consejo Nacional Electoral le impidió la inscripción.

El principal impacto de la no renovación de la licencia 44 es que obligará a la administración de Maduro a retornar al esquema que aplicó para evadir las sanciones: la venta de petróleo a través de intermediarios con un descuento en el precio del barril.

El impacto

Síntesis Financiera calcula que, de no renovarse la licencia 44, este año dejarían de ingresar a las arcas del gobierno 2 mil 800 millones de dólares y el próximo año, suponiendo que Maduro continúe en el poder, otros 4 mil 900 millones de dólares.

La consecuencia sería menos dólares disponibles para mantener la oferta de divisas en momentos en que las reservas del Banco Central se ubican en el mínimo histórico. Además, el descenso de los ingresos obligaría a elevar la emisión de bolívares por parte del Banco Central para cubrir parte del gasto público, algo que aceleraría la inflación.

El no reconocimiento de Nicolás Maduro por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco de Inglaterra se traduce en que el país no puede utilizar 4 mil 900 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro y 31 toneladas de oro.

Por lo tanto, las reservas realmente disponibles por parte del Banco Central al cierre de febrero se ubicaron en tan solo 900 millones de dólares en efectivo y 1.894 millones en barras de oro.

Las proyecciones de Síntesis Financiera contemplan que de no renovarse la licencia 44 este año la inflación culminaría en 162%. Aun si Estados Unidos renueva la licencia, para el gobierno será muy difícil mantener el anclaje del dólar en un entorno de mayor gasto público y pocas reservas internacionales.

En caso de la renovación de la licencia Síntesis Financiera proyecta que la inflación cerraría este año en 90%, una magnitud que implicaría un descenso importante respecto al 189% de 2023, pero que seguiría siendo bastante elevada.

La alternativa

El ajuste que aplica Maduro desacelera lentamente la inflación sin crear las condiciones para un crecimiento fuerte y sostenido que recupere la calidad de vida. ¿Hay otra opción de política económica?

En febrero de 2021 el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello publicó la propuesta Lineamientos generales para un programa de estabilización macroeconómica para la transición elaborada por Leonardo Vera y Luis Zambrano Sequín, miembros de la Academia de Ciencias Económicas.

Este programa planteó acudir al financiamiento de organismos multilaterales para obtener préstamos a fin de estructurar un plan de apoyo social y de reconstrucción de las redes de salud y alimentación.
Además, los recursos se enfocarían en “ir levantando la destruida y precaria infraestructura en materia de servicios públicos” y en crear un “fondo de reservas internacionales líquidas” que ayudaría a estabilizar el tipo de cambio.

Otro aspecto importante es que este programa contemplaba una reestructuración de la deuda externa del país y acabar con la asfixia del crédito, entre otras cosas, evaluando la posibilidad de que la banca otorgue préstamos en dólares bajo una supervisión adecuada.

En general esta propuesta abría la posibilidad de alcanzar un quiebre significativo en la tasa de inflación sin congelar salarios, restringir el crédito y mantener a la economía en un equilibrio de poco o nulo crecimiento.
El problema es que aplicar este ajuste alternativo requiere de un gobierno reconocido que tenga acceso a los organismos multilaterales, que pueda reestructurar la deuda externa para que al país se le abra la puerta del financiamiento internacional y que además capte masivas inversiones para elevar la producción petrolera.

La reelección de Maduro en 2018, a través de elecciones no reconocidas por los organismos multilaterales y una larga lista de países, cerró esta posibilidad. ¿Ocurrirá lo mismo en 2024?

Impuestos absorben más de dos tercios de las ganancias de las empresas

En un entorno en el que los ingresos del gobierno se han desplomado la administración de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en el país con la mayor carga tributaria de América Latina, obligando a las empresas a pagar impuestos en cantidades que absorben buena parte de las ganancias.

De acuerdo con datos de Conindustria al cierre de 2022, último año para el que se pueden sumar todas las declaraciones de impuestos, las empresas venezolanas cancelaron tributos por un monto equivalente a 68,6% de las ganancias mientras que el promedio en América Latina es 40% y en el resto del mundo 46%.

La Asociación Venezolana de Derecho Tributario advierte en un comunicado divulgado esta semana que esta elevada proporción reduce “la posibilidad de ahorro e inversión” y agrega que “este porcentaje se incrementa aún más en ciertos sectores económicos, incididos por tributos especiales”.

Aparte de los impuestos clásicos como el IVA, el impuesto sobre la renta o los tributos de las alcaldías, las empresas cancelan un Impuesto a los grandes patrimonios y realizan aportes establecidos en distintas normas a organismos del Estado como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

Un factor relevante es que la carga tributaria viene acompañada de una larga lista de trámites. Ana Azevedo, contadora y quien trabaja en el área de impuestos para la firma de Consultoría PwC Venezuela, explica que las empresas catalogadas como contribuyentes especiales hacen al año, al menos, 193 declaraciones.

“Hablamos de 24 declaraciones de IVA y 24 anticipos del impuesto sobre la renta porque son quincenales. Cando agregas las que deben hacerse por el impuesto a las grandes transacciones financieras, retenciones del impuesto sobre la renta más otros trámites, llegas a ese número”, dice Ana Azevedo.

“Si se trata de empresas de sectores como telecomunicaciones aumenta el número de declaraciones al punto que hay empresas que hacen 220 declaraciones al año”, agrega Ana Azevedo.

Saúl Medina, socio de servicios tributarios de EY, indica que lo engorroso del sistema obliga a las empresas a buscar personal especializado en el tema tributario, que en estos momentos es escaso; a entrenarlo o a contratar un servicio externo.

Litsay Guerrero, economista, explica que los trámites burocráticos “inciden en los costos de las empresas en términos monetarios y del tiempo que destinan a cumplirlos, son costos de oportunidad para nuestro aparato productivo”.

“Necesitamos una mejora importante en las condiciones para el desarrollo de negocios, simplificar tramites. El resto de los países de la región está utilizando la tecnología de blockchain para mejorar sus procesos”, agrega.

Problemas de caja

El trasfondo de la alta carga tributaria es un gobierno que ha sufrido una fuerte reducción de sus ingresos. La producción petrolera, por ejemplo, es de 800 mil barriles diarios una cifra muy inferior a los 3,2 millones de barriles diarios que producía el país en 1999 cuando el chavismo llegó al poder.

A esto se agrega que la administración de Nicolás Maduro tiene cerrada la posibilidad de obtener financiamiento en el exterior porque el país está atrasado en el pago de sus compromisos desde 2017.

Litsay Guerrero afirma que es un Estado «con una necesidad de ingresos importantes que básicamente se ha volcado a obtener estos ingresos vía tributos porque no tiene posibilidades de endeudamiento”.

Un aspecto relevante es que tras la recesión 2014-2020 el tamaño de la economía venezolana se redujo a la cuarta parte, por lo tanto, la posibilidad de obtener ingresos vía impuestos se ve reducida.

A pesar de que las empresas pagan más de dos tercios de sus ganancias en impuestos la recaudación en Venezuela equivale a 6% del PIB mientras que en América Latina esta proporción es del 16%, de acuerdo con datos de Conindustria.

La explicación es que la recaudación en Venezuela recae sobre pocas empresas, porque el sector formal de la economía se achicó.

“Pareciera que en el país hay un acelerado proceso de informalización, por lo que urgen reformas impositivas que estimulen la formalidad y así incorporar más agentes económicos que paguen impuestos”, dice el informe de Conindustria.

Recaudar más

El pasado 15 de enero Nicolás Maduro precisó ante la Asamblea Nacional que la recaudación tributaria se ubicó en el equivalente a 5 mil 750 millones de dólares en 2023 y la meta es que este año se incremente hasta 10 mil millones de dólares.

Posteriormente el dos de febrero advirtió que “le digo a todo el que me quiera escuchar, se acabaron las excepciones tributarias”.

En una muestra de la urgencia por aumentar los ingresos, el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) publicó en la gaceta oficial del pasado 5 de febrero una resolución en la que estableció el registro y cobro de impuestos a las empresas que realizan entregas a domicilio (delivery) mediante plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales.

No obstante el camino para detectar nuevas oportunidades de renta no luce del todo despejado. Ante las fuertes críticas en el sentido de que el cobro del registro, impuestos y aporte especial al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan los costos y crean distorsiones, el gobierno retrocedió y dejó sin efecto la resolución.

Ampliar la base

Richard Obuchi, profesor del IESA, señala que en 2014 el sector formal de la economía -a través de la manufactura, construcción, servicios y comercios- empleaba a 25% de los trabajadores y actualmente solo 11%.

“Ya tenemos una carga fiscal muy elevada y aumentarla más va hacer que eventualmente cierren empresas y se agudice ese proceso en el que el sector privado cada vez emplea menos personas”, dice Richard Obuchi.

Agrega que esto “favorecería a una economía donde es mejor importar porque es menos riesgoso, sale menos caro y no tengo que invertir demasiado pero en ese proceso hay una enorme destrucción de capital social y económico”.

La Asociación Venezolana de Derecho Tributario recomienda en su comunicado que “en el corto plazo, una mayor recaudación pasa por ampliar la base de contribuyentes. La informalidad en la industria y en el comercio genera desinversión, pobreza y baja recaudación”.

“Creemos que los mayores esfuerzos de fiscalización deben recaer sobre aquellos que no cumplen sus deberes formales, los que no se inscriben en los registros respectivos, los que no facturan, los que no tienen contrataciones formales, los que traen productos de contrabando o pagan menos aranceles de los que corresponden”, señala la Asociación.

Agrega que “allí vemos un importante desaguadero fiscal que, de ser detenido, resultaría en una fuente más beneficiosa y eficiente para la administración y para la sociedad venezolana que continuar recargando a los contribuyentes que sí cumplen sus deberes y que sí mantienen inversiones productivas en el país”.

La estabilidad del dólar aumenta la presión en la banca
La calma del mercado cambiario merma los ingresos provenientes de los créditos que en su gran mayoría están indexados al dólar. La banca propuso al gobierno reducir el encaje y abrir la puerta de los préstamos en divisas

Por: @Vsalmeron

 

Desde septiembre del año pasado la administración de Nicolás Maduro ha logrado estabilizar la cotización del dólar y el mercado cambiario vive una calma que ayuda a desacelerar la inflación, pero en la banca no hay motivos para celebrar.

Desde 2019 los préstamos, excepto unos pocos rubros como las tarjetas de créditos, están indexados al dólar y los ingresos que obtienen los bancos cuando prestan, por el capital e intereses, aumentan en la medida en que la cotización del dólar sube en el mercado oficial.

La consecuencia es que la estabilidad del dólar implica menos ingresos por créditos en un entorno donde la mayoría de los beneficios, principalmente provenientes de comisiones por venta de divisas o transacciones, fluyen hacia un pequeño grupo de bancos.

En los primeros nueve meses de 2023 el precio del dólar aumentó 97% en el mercado oficial y en los últimos cinco meses solo se ha incrementado 5% y los bancos comienzan a sentir el impacto en los ingresos.

La propuesta

La meta del gobierno es mantener lo más estable posible la cotización del dólar porque de esta manera la economía recibe una señal de estabilidad que ayuda a frenar la inflación. Para estabilizar el dólar el gobierno frena el aumento de los bolívares que circulan en la economía. Sin bolívares, no es posible comprar divisas.

Entre otras medidas, para disminuir la cantidad de bolívares el gobierno restringe el crédito obligando a la banca a congelar 73% del dinero que gestiona y solo permitiendo el uso de 30% de las captaciones en dólares para otorgar créditos en bolívares, vendiendo las divisas previamente en el mercado cambiario.

Además la mayoría de los créditos están indexados al dólar para desestimular la posibilidad de que los fondos se utilicen para especular en el mercado cambiario.

La semana pasada los directivos de la Asociación Bancaria se reunieron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente del Banco Central, Calixto Ortega, para proponer una serie de medidas que ayuden al sistema financiero como disminuir el encaje, el término técnico para la porción de los depósitos que no se puede prestar.

Además los banqueros colocaron sobre la mesa la propuesta de que se les permita prestar directamente en dólares utilizando las captaciones en divisas que al cierre de enero suman 1.200 millones de dólares y representan 46% de las captaciones.

Las señales

Los representantes de la Asociación Bancaria argumentaron a favor de su propuesta que los factores que llevaron al gobierno a colocar una restricción tan severa del crédito ya no están presentes porque la inflación y la depreciación del bolívar se han desacelerado notablemente, por ejemplo, la inflación de enero de 1,7% de este año contrasta con la de 42% en enero de 2023.

En la reunión con la Asociación Bancaria el presidente del Banco Central, Calixto Ortega, argumentó que en realidad el encaje efectivo, al considerar su monto y el total de las captaciones, es menor a 73% y se ubica en torno a 59%, en una clara señal de que no se inclina por una rebaja.

Tesoreros indican que ciertamente ese es el porcentaje pero se explica porque en el monto del encaje aplican una serie de deducciones, por ejemplo, la porción de los depósitos que los clientes utilizan para comprar dólares no es tomada en cuenta para el cálculo.

El detalle, afirman, es que los fondos que se excluyen del cálculo no van al crédito por lo que en la práctica hay una severa restricción de los préstamos.

La propuesta de prestar directamente en dólares utilizando las captaciones en divisas choca con el objetivo del gobierno de impulsar el uso del bolívar en la economía y contener la dolarización de facto.

Banqueros consideran que ante estas circunstancias hay pocas posibilidades de que el gobierno se incline por rebajar el encaje o permitir la profundización de la dolarización en la economía.

La concentración

Un rasgo característico del mercado bancario es la concentración del negocio en pocos actores y el tamaño que ha adquirido el Banco de Venezuela, la principal entidad financiera del Estado.

En el rubro de las captaciones el Banco de Venezuela concentra al cierre de diciembre del año pasado 33,9% del total de los depósitos y Banesco, que ocupa el segundo lugar, 11%. Siguen en el ranking BNC, BBVA y Mercantil, de acuerdo con datos de Global Scope.

En total estos cinco bancos concentran 74,5% de las captaciones, lo que indica que una porción muy grande de la liquidez está en pocas manos. El resultado es que hay un grupo de bancos a los que se les dificulta cumplir con el encaje y continuamente son multados por el incumplimiento.

Las ganancias del sistema también están en pocas manos. El Banco de Venezuela concentró 59% de las ganancias del sistema en enero de este año, seguido del BBVA con 17,7%. El ranking continúa con BNC, Banesco y Mercantil. En total estos cinco bancos concentran 88% de las ganancias.

El Banco de Venezuela controla 24,5% de los créditos seguido de BBVA, Banesco, Mercantil y BNC. En total este grupo de bancos tiene en sus portafolios 75% de los créditos.

El impacto

Con poco acceso al crédito las familias consumen menos y las empresas tienen que trabajar con su propio dinero, algo que limita la producción y la inversión. Como el financiamiento es escaso, las empresas dependen de su flujo de caja para funcionar.

Macroconsultores precisa que entre 2008-2015 el portafolio de créditos de la banca equivalía a 20% del PIB y ahora a tan solo 1,4%.

Luigi Piscella, presidente de Conindustria el gremio que agrupa a la manufactura privada, explica que “el financiamiento es insuficiente, la cartera de créditos debería estar al menos entre 12-14% del PIB, diez veces el valor actual. Equivale a 1.400 millones de dólares y deberíamos estar hablando de unos 14 mil millones de dólares”.

Conindustria ha propuesto que el encaje disminuya progresivamente hasta 20% y de esta forma se liberarían progresivamente fondos equivalentes a 811 millones de dólares que impulsarían la producción en el sector privado.

“Para que un país crezca es necesario el financiamiento”, dice Luigi Piscella.

La importación

Un aspecto clave es que la estrategia del gobierno, centrada en mantener la cotización del dólar lo más estable posible mientras el resto de los precios en la economía aumentan a un mayor ritmo, crea la sobrevaluación de la moneda.

El dólar se convierte en un artículo barato y esto exacerba la demanda de divisas. Además, el tipo de cambio favorece el ingreso de productos importados más baratos que los elaborados en el país, algo que beneficia al consumo pero impacta a la producción.

“El año pasado, en promedio, los productos que elaboró la manufactura privada aumentaron de precio en 133% pero la depreciación de la moneda fue 105%, hay una apreciación de la moneda que nos hace ser menos competitivos”, dice Luigi Piscella.

Economistas como Daniel Cadenas, director de Oikos Research, consideran que en realidad el tipo de cambio ha perdido preponderancia en la economía venezolana porque los precios están fijados en dólares y al menos dos tercios de las transacciones son en divisas.

No obstante como los precios en Venezuela aumentan a un mayor ritmo que en el exterior por distintas razones que impactan la producción como falta de financiamiento, fallas de servicios públicos o altos impuestos que se trasladan al consumidor, los productos elaborados en Venezuela son más caros que los importados.

“Cuando los precios y los costos locales aumentan más rápidamente que en otros países los productos elaborados en el país son más caros en el mercado internacional y, por lo tanto, menos competitivos frente a las importaciones, aniquilando a la manufactura local”, dice Daniel Cadenas.

Por lo que ahora nada indica que la administración de Nicolás Maduro contemple un cambio en su política económica.

Regreso de las sanciones amenaza la caja de Maduro
De retornar las sanciones la administración de Nicolás Maduro tendrá menos caja y persistiría el escenario de estabilización en el foso con un crecimiento mínimo tras la debacle del PIB entre 2014-2021

Víctor Salmerón

Aunque la bola de cristal sufrió un duro revés en 2023 y la economía estuvo muy lejos de crecer como se esperaba -al contrario las cifras disponibles apuntan a una contracción- las expectativas para este año eran muy elevadas sobre la base de la flexibilización de las sanciones, pero todo cambió.

Ante la negativa de Nicolás Maduro de permitir unas elecciones presidenciales competitivas, donde la oposición participe con maría Corina Machado, la candidata escogida en sus primarias, voceros de Estados Unidos han señalado que Washington contempla imponer nuevamente las sanciones al petróleo a partir del próximo 18 de abril.

Maduro argumenta que Machado está inhabilitada a través de un procedimiento que la oposición y Estados Unidos consideran fraudulento. En este entorno el riesgo del regreso de las sanciones es elevado.

El retorno de las sanciones pondría en marcha una cadena donde un menor ingreso del gobierno se traduce en menos gasto público y en menos divisas para mantener estable el tipo de cambio, con lo que el consumo perdería estímulo y la economía, ya bastante débil y enana, tendría menos combustible.

La caja

El principal impacto de la flexibilización de las sanciones, vigente desde octubre de 2023, es que la administración de Nicolás Maduro puede vender petróleo a precios de mercado y no a través de intermediarios que aplican un descuento de entre 30% y 50%.

Gracias a esta facilidad en el último trimestre Venezuela comenzó a exportar petróleo a Estados Unidos e India a precios de mercado. Si retornan las sanciones lo previsible es que esta ventana se cierre nuevamente y el gobierno de Nicolás Maduro reciba menos ingresos.

Síntesis Financiera calcula que entre abril y diciembre de este año, en el escenario de que retornan las sanciones, la administración de Nicolás Maduro dejaría de recibir 2 mil 300 millones de dólares, una cifra que estaría en torno a 2% del PIB.

Expectativas limitadas

La mayoría de las consultoras y entidades financieras previó a principios de año que la economía saldrá este año del clima recesivo que la envolvió en 2023 gracias a que el mayor gasto del gobierno, en remuneraciones y transferencias, en un año de elecciones, impulsará el consumo.

Este escenario seguiría vigente aun de concretarse la aplicación severa de las sanciones, pero con menor intensidad. Ecoanalítica, por ejemplo, contempla 10% de crecimiento de mantenerse la flexibilización de las sanciones y 4% si se aplican nuevamente a partir de abril.

El problema es que la economía venezolana perdió tres cuartas partes de su tamaño entre 2014-2021, por lo tanto, se trataría de un crecimiento de 4% respecto a una base muy baja, concentrado en pocos sectores y focalizado en las principales ciudades del país.

Un factor a tomar en cuenta es que un gobierno con menos caja en dólares tendrá más inconvenientes para mantener la estabilidad del tipo de cambio, la medida que desde el segundo semestre de 2023 le ha permitido generar una señal de estabilidad y desacelerar la inflación.

Tras años de una inflación meteórica y devaluación constante, los venezolanos han perdido la fe en la moneda, por tanto, la inyección de bolívares a la economía a través del gasto del gobierno rápidamente se traduce en demanda de dólares.

Para mantener la estabilidad de tipo de cambio el Banco Central vende semanalmente alrededor de 80 millones de dólares, en un entorno de menos ingresos de divisas por el impacto de las sanciones, habrá menos holgura para mantener este flujo.

La campaña

Aunque no contempla ir a unas elecciones competitivas, Maduro necesita aumentar su aprobación y mejorar el paupérrimo ingreso de los trabajadores públicos, pensionados y jubilados.

La estrategia para comenzar a mejorar el ingreso de los trabajadores públicos es aumentar el monto de bonos que están indexados al tipo de cambio oficial. Por tratarse de bonos y no ser parte del salario no tienen impacto en el cálculo de vacaciones, prestaciones sociales y demás beneficios.

Síntesis Financiera afirma que “así moderará los saltos en el gasto público, el tipo de cambio y la inflación en los meses en los cuales se pagan beneficios laborales vinculados al salario”.

A partir del primero de febrero el ingreso que obtienen los trabajadores públicos, por el “bono de guerra económica” más el bono de alimentación aumentó desde el equivalente a 70 dólares hasta 100 dólares, un alza de 42,8%.

Nicolás Maduro dejó en claro que solo es el comienzo: “A buen entendedor pocas palabras, empezandito el año esto es un primer empuje”.

Los pensionados y jubilados recibieron un aumento más modesto pero todo apunta a que en lo que resta de año obtendrán nuevos incrementos.

Fuentes del Banco Central explican que si bien el retorno de las sanciones tendría un impacto en la caja, el gobierno acumuló recursos previendo ese escenario y tiene dinero para realizar al menos otro aumento en el monto de los bonos antes de que se realicen las elecciones presidenciales.

Además, habrá más presión para recaudar impuestos. La semana pasada Nicolás Maduro anunció que “se acabaron las exoneraciones tributarias. Y el que no paga completo los tributos vamos por él. A pagar cien por ciento de los tributos para poder impulsar los tributos internos que es el fortalecimiento del nuevo modelo”.

Los jóvenes también están en el foco de la campaña y principalmente se buscará que los que tengan planes para concretar emprendimientos reciban créditos a través del nuevo programa Gran Misión Venezuela Joven.

“Quinientos mil jóvenes con su crédito como meta de este primer semestre de arranque. Atención emprendedores jóvenes. Atención. Vamos por ustedes pues” dijo Maduro.

Agregó que “hay un plan de billetera digital de crédito y financiamiento para los jóvenes que van a quedar locos”.

 

A ras de piso

El limitado impulso al consumo del gasto público se traduciría en un crecimiento bajo para una economía que se hizo enana y que de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas cayó 1,2% en 2023.

“La no recuperación del poder de compra del ingreso de los hogares, subyace a la raíz de este mediocre desempeño económico”, dice el Observatorio.

El regreso de las sanciones y un nuevo período de un gobierno no reconocido, desde una mirada más amplia, implicaría un retroceso en el objetivo de que Venezuela salga de la estabilización en el foso.

El país necesita inversión a gran escala para recuperar el suministro de energía y combustible, dos variables sin las que no es posible plantearse un crecimiento sostenido de la economía. Además es vital recuperar el acceso al financiamiento externo y reestructurar la deuda externa.

El retorno de las sanciones y unas elecciones no creíbles alejarían nuevamente la posibilidad de alcanzar estos objetivos e iniciar una recuperación en serio de la economía venezolana.

 

Cae el empleo y la producción en el sector privado
Las cifras al cierre del tercer trimestre de 2023 evidencian que el principal motor de la economía se enfrió y está por verse si este año es capaz de abandonar la tendencia negativa

Por: @Vsalmeron

El estudio elaborado por Fedecámaras para evaluar la marcha del sector privado evidencia que en los tres primeros trimestres de 2023 la tendencia fue negativa y se contrajo la producción y el empleo.

Nada lleva a pensar que en el cuarto trimestre hubo un cambio radical por lo que todo apunta a que el año pasado fue de repliegue y retroceso en el sector privado que, dada la quiebra del Estado, es el principal motor de la economía.

Si bien la mayoría de los economistas contempla para este año un escenario base de crecimiento, soportado en supuestos como la continuidad de la flexibilización de las sanciones o el impulso que podría venir por parte del gasto público en un año electoral, lo cierto es que la radiografía del año pasado aconseja prudencia.

Fedecámaras recopiló y ponderó, de acuerdo a su peso en el PIB, la información suministrada por 93 gremios que se desenvuelven en áreas que representan dos tercios de la actividad del sector privado: manufactura, comercio, agricultura, construcción, turismo, comunicaciones, servicios inmobiliarios y otros servicios.

El resultado es que, al contrastar la producción de bienes y servicios en el sector privado, respecto al mismo trimestre de 2022, hay una caída de 7,3% en el primer trimestre, 8,8% en el segundo y 4,8% en el tercero.

Adán Celis, presidente de Fedecámaras, destacó que la caída perdió intensidad en el tercer trimestre: “Hay una tendencia a que el desempeño económico pueda haber mejorado dentro de lo negativo, es como que el submarino ha subido unos metros pero sigue estando por debajo de la superficie”.

Al colocar la lupa en los distintos sectores destaca que en el tercer trimestre de 2023 la manufactura se contrajo 2%, comercio 12,3%, agricultura 3,3% y construcción 28%.

El peso de estas áreas dentro del PIB explica el declive al evaluar al sector privado como un todo, pero hay sectores que se mantuvieron en la superficie como turismo, que tuvo un crecimiento de 1,9%, comunicaciones 2,5% y servicios inmobiliarios 1,9%.

Ingreso y trabajo

En un entorno de menor actividad, elevada capacidad ociosa y la emigración de un número importante de venezolanos, el número de personas empleadas en el sector privado cayó 2,5% en el primer trimestre del año pasado, 3,5% en el segundo y 3,7% en el tercero.

“Tenemos confianza de que en 2024 mejorarán las condiciones que propiciaron que un mayor número de venezolanos abandonasen sus puestos de trabajo, bien sea por decisión propia o por el cierre de algunas empresas”, confió Adán Celis.

Si bien el ingreso ha crecido en los dos últimos años, los obreros, profesionales y gerentes siguen muy lejos de recuperar lo perdido durante la hiperinflación que pulverizó la moneda entre 2018-2021.

Para el personal obrero el promedio del ingreso mínimo mensual, tomando en cuenta bonos y salario, equivale a 161 dólares, pero hay diferencias importantes al observar los distintos sectores y la clasificación de los trabajadores.

El ingreso mínimo más elevado está en la manufactura donde el personal obrero obtiene el equivalente a 217 dólares, los profesionales 469 dólares y los gerentes 973 dólares.

Sigue agricultura, donde el personal obrero recibe un ingreso mínimo equivalente a 200 dólares, los profesionales de 411 dólares y los gerentes de 667 dólares.

En lo más bajo se encuentra comercio, donde el personal obrero recibe un ingreso mínimo equivalente a 115 dólares, los profesionales 221 dólares y los gerentes 439 dólares.

“Estamos seguros de que en la medida en que el sector privado vaya recuperándose, podremos seguir apoyando a nuestro personal”, dijo Adán Celis.

El freno

Al evaluar las causas que explican la contracción en el sector privado destacan las fallas en el suministro de electricidad y combustible, dos servicios que han colapsado en manos del Estado y que para una recuperación relevante necesita cuantiosas inversiones que no lucen factible en el corto plazo.

Los sectores más afectados por las fallas en el suministro de combustible son agricultura, comercio, manufactura y turismo.

El 89% de los gremios consultados por Fedecámaras afirma que ha sido impactado por las fallas de electricidad que continuamente obliga a paralizar las plantas en la industria y a detener el ofrecimiento de servicios.

“Un país pudiera desarrollarse sin petróleo, sin gas, sin muchas otras cosas pero no puede desarrollarse sin energía. Hemos propuesto que vayamos a un modelo donde el sector privado pueda participar en el tema eléctrico, buscar un modelo entre el Estado y el sector privado”, explicó Adán Celis.

A esto se añade el poco crédito bancario para capital de trabajo. A fin de limitar la demanda de dólares el gobierno obliga a la banca a engavetar dos tercios del dinero que gestiona a fin de que no haya crédito para la compra de divisas, pero el resultado es una contracción del financiamiento en todas las áreas de la economía.

“Si queremos una economía más grande tenemos que resolver el tema del financiamiento, de lo contrario solo se puede trabajar con capital propio”, dijo Adán Celis.

Además, los empresarios mencionan entre las causas que impactan la producción al entorno macroeconómico, presión tributaria, inseguridad jurídica, contrabando y situación política.

En este entorno, el sector privado en gran medida produce muy por debajo de sus posibilidades. El ejemplo más claro es la manufactura donde el uso de la capacidad instalada es de 36% mientras que en Colombia, Brasil, Argentina y Perú supera 60%.

Los tres elementos clave en este momento para las empresas son el triángulo conformado por costos crecientes, una competencia feroz que incluye importaciones con precios más competitivos y un consumidor con poca capacidad de compra, muy sensible al precio.

Ante el descenso en las ventas la mayoría de las empresas comenzó a aplicar una estrategia de recorte de márgenes desacelerando el alza de los precios, pero se trata de una medida que no es sostenible en el mediano plazo salvo que haya una reducción de costos importante.

Los empresarios han pedido al gobierno que los libere del pago de aranceles por la compra de materia prima y que acabe con la exoneración de aranceles a productos importados.

Mandan las divisas

Tras años de elevada inflación y depreciación los venezolanos han perdido la confianza en el bolívar y el dólar lo ha desplazado como unidad de cuenta, mecanismo de ahorro y en buena parte de las transacciones.

El estudio de Fedecámaras indica que, en promedio, el 65% de las transacciones que realizan las empresas son en divisas. Al evaluar por sectores, el sector donde hay un mayor uso de las divisas es el de servicios inmobiliario con 88%, seguido de construcción con 77% y agricultura con 74%.

El sector con menor proporción en el uso de divisas en sus transacciones es manufactura con 58% al igual que el comercio.

Las expectativas

De mantenerse la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos, la economía venezolana recibirá un impulso extra en 2024 que la ayudará a salir del estancamiento.

El principal impacto de la flexibilización de las sanciones es que la administración de Nicolás Maduro puede vender petróleo a precios de mercado y no a través de intermediarios que aplican un severo descuento para colocarlo en Asia.

Este aumento del ingreso, en un año en que están previstas elecciones presidenciales, se traduciría en un aumento del gasto público que ayudaría a mover el consumo

Estados Unidos junto a una larga lista de países consideró fraudulentas las elecciones con las que Nicolás Maduro se reeligió en 2018 y aplicó sanciones, pero Washington dio un giro emitiendo licencias temporales.

Las licencias vencen el 18 de abril de 2024 y en teoría serán renovadas si Maduro da pasos concretos para permitir unas elecciones presidenciales competitivas.

La flexibilización disparó las expectativas de los empresarios y el sector privado se prepara para un crecimiento de su actividad de 10,6% en 2024.

“Los empresarios somos optimistas por naturaleza, y estoy convencido de que este año estaremos presenciando un repunte de la actividad productiva del país, que se traducirá en beneficios tangibles para los venezolanos”, dijo Adán Celis.

¿Qué tan sostenible es la contención del dólar?
Desde octubre el tipo de cambio oficial solo ha aumentado desde 34 hasta 36 bolívares. Analistas esperan que a lo largo de este año la moneda se deprecie a mayor velocidad, pero a un ritmo que permitirá segur desacelerando la inflación

Por: @vsalmeron

Derrochando optimismo Nicolás Maduro afirmó en su discurso de esta semana en la Asamblea Nacional que entre las metas cumplidas el año pasado destaca la “consolidación del equilibrio cambiario”, es decir, mayor estabilidad en la cotización del dólar.

Para reforzar la idea explicó que en 2023 «nuestro país reflejó el menor incremento del dólar desde que se crearon las mesas de cambio”. Inmediatamente, agregó que gracias a esto se desaceleró la inflación y “en enero de este año la proyección indica que vamos a tener la cifra mensual más baja en más de una década y media”.

Las cifras apuntan en esta dirección. Entre el ultimo trimestre de 2023 y las dos primeras semanas de este año el tipo de cambio oficial solo aumentó desde 34 hasta 36 bolívares y la inflación de diciembre de 2023 de 2,4% contrasta con la de 35% en diciembre de 2022.

El objetivo principal de la política económica de Nicolás Maduro es que el dólar se mantenga lo más estable posible porque de esa manera, consideran sus asesores, se estabilizan los precios y crece la confianza de los consumidores y las empresas.

Para estabilizar el dólar el gobierno frena el aumento de los bolívares que circulan en la economía. Sin bolívares, no es posible comprar divisas. La estrategia consiste en restringir el crédito y disminuir la expansión del gasto público.

Al mismo tiempo, aumenta la oferta de divisas a través de la venta de dólares que hace el Banco Central de Venezuela todas las semanas.

Gracias a esta estrategia la cotización del dólar, al contrario de lo que esperaba la mayoría de los analistas, se mantuvo estable en el último trimestre del año y el aumento de los precios perdió impulso.

Si se observa la inflación en una panorámica más amplia en 2023, de acuerdo con los datos del Banco Central, la inflación acumuló un alza de 189,8% versus 234,1% en 2022.

Un aspecto clave es que la inflación del año pasado refleja el impacto del salto de los precios en enero y febrero, cuando la oferta de divisas se esfumó por la corrupción en Pdvsa y los precios aumentaron 42% y 19%.

Después de este episodio y sobre todo en el último trimestre la inflación se desaceleró gracias a la estabilidad del tipo de cambio, la contención del gasto público y menos emisión de bolívares por parte del Banco Central para financiar al gobierno.

La campaña

Para mantener la estabilidad del dólar el gobierno necesita dosificar la inyección de bolívares, algo que ha hecho a través de medidas como la contención del salario de los trabajadores públicos a fin de reducir al mínimo los desembolsos por vacaciones, prestaciones sociales y demás beneficios laborales.

Pero por tratarse de un año electoral y en un entorno de enorme deterioro del ingreso, el gobierno comenzó a incrementar el gasto a través de bonos indexados, pagados en bolívares pero que conservan su valor en dólares al tipo de cambio oficial.

A partir del primero de febrero el ingreso que obtienen los trabajadores públicos, por el “bono de guerra económica” más el bono de alimentación aumentará desde el equivalente a 70 dólares hasta cien dólares, un alza de 42,8%.

“A buen entendedor pocas palabras, empezandito el año esto es un primer empuje”, dijo Nicolás Maduro dejando ver que la estrategia electoral contempla nuevos incrementos a través del ajuste de los bonos.

Los pensionados y jubilados recibieron un aumento más modesto pero todo apunta a que en lo que resta de año también recibirán nuevos incrementos a través de bonos indexados.

Los ingresos

La experiencia indica que rápidamente los trabajadores gastan los bonos que reciben y los comercios, tras años de una constate devaluación de la moneda, los cambian rápidamente a dólares y aumenta la demanda de divisas.

Para evitar un salto relevante del tipo de cambio oficial que rompa con el clima de mayor estabilidad el gobierno necesita ingresos en divisas a fin de que el Banco Central eleve la oferta de dólares.

Si se mantiene la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos, el gobierno contará con más dólares para ofertar en el mercado cambiario porque podrá vender el petróleo sin descuento.

Además, se espera que a través de una mayor inversión de empresas extranjeras como Chevron, ENI y Repsol la producción petrolera aumente en unos 120 mil barriles diarios en 2024 ubicándose en un promedio mensual de 900 mil barriles diarios.

La licencia otorgada por Washington que permite vender el petróleo en Estados Unidos y Europa a precios de mercado, sin recurrir a vías alternas para evadir las sanciones y colocarlo en Asia con un descuento de hasta 40% vence el próximo 18 de abril.

En teoría, Estados Unidos renovará o no la licencia dependiendo de si hay avances en las condiciones electorales para la elección presidencial de este año.

Si la licencia se renueva, Síntesis Financiera estima que con una producción promedio de 900 mil barriles diarios y un precio para el barril Brent de 90 dólares promedio en el año, el ingreso por exportaciones petroleras sería de 20 mil 400 millones de dólares, un alza de 7 mil 500 millones respecto al monto de 2023.

De este incremento Síntesis Financiera calcula que 3 mil 200 millones de dólares, el 43% de todo el incremento, ingresará por la venta de petróleo a precios de mercado en caso de que la licencia se renueve.

El resto del aumento en el ingreso por exportaciones petroleras obedece a incrementos de la producción, a la licencia que posee Chevron que le permite aumentar sus operaciones y en menor medida al aumento en el precio del crudo venezolano.

De no renovarse la licencia en abril o haber un descenso en los precios del petróleo por una mayor oferta de los países que no forman parte de la OPEP y un mayor enfriamiento de la demanda en China, el gobierno tendría menos caja para sostener la oferta de dólares.

Las proyecciones

La encuesta que realizó el Observatorio Venezolano de Finanzas a doce expertos en economía indica que contemplan que el gobierno deslice el tipo de cambio en el año, pero a un ritmo que le permitirá seguir desacelerando el alza de los precios.

Las proyecciones sobre el tipo de cambio de cierre para el año se ubican entre 62 bolívares por dólar y 80 bolívares por dólar y el promedio de todas las proyecciones es de 70 bolívares por dólar con una inflación anual de 127%.

Latin Focus agrupa las proyecciones de 15 consultoras y bancos de inversión como Moody’s Analytics y BancTrust. En promedio, las estimaciones apuntan a que el tipo de cambio oficial cierre en 93 bolívares por dólar y la inflación anual en 148%.

Pero no es descartable que el gobierno, de contar con suficientes ingresos y dosificar el gasto aun en año electoral, sea capaz de cerrar el año con una menor variación del tipo de cambio oficial y una inflación de dos dígitos.

“Venezuela consolidará su victoria definitiva este año contra la inflación retornando, con el favor de Dios, el trabajo productivo, la generación de riqueza, a una inflación anualizada de dos dígitos, es la meta que tenemos que cumplir este año”, dijo Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional.

Síntesis Financiera considera que es posible que el gobierno cumpla este objetivo, pero señala que es una meta muy exigente que “dependerá de la evolución de los precios del petróleo, el desempeño de la industria petrolera y las sanciones, y de la capacidad del gobierno de moderar el gasto en este año electoral”.

Productos y canales: el cambio que trae la nueva ley de seguros
Los microseguros y seguros inclusivos, así como las FinTech y los canales alternativos para la venta de pólizas desencadenarán un cambio relevante en el sector

Víctor Salmerón/  @vsalmeron

El próximo 29 de marzo entrará en vigencia la reforma a la Ley de la Actividad Aseguradora, un texto que introduce cambios que deberían traducirse en productos para sectores excluidos, canales no tradicionales para la venta de pólizas y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la atención a los asegurados y disminuir costos.

Al mismo tiempo, las nuevas exigencias de capital y reservas podrían desencadenar un proceso de fusiones en un sector donde pocas empresas controlan la mayor parte de un negocio que se redujo tras la hiperinflación y el colapso de la economía.

Si bien la Superintendencia de la Actividad Aseguradora debe publicar normas específicas durante los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley, fuentes explican que ya hay un trabajo previo y en el primer semestre de este año podrían entrar en vigencia buena parte de las transformaciones.

La base de la pirámide

La nueva ley introduce los microseguros, que básicamente deben enfocarse en el diseño de pólizas para la población que está excluida o como lo define el texto, “sectores socioeconómicos vulnerables”.

Los microseguros podrán ofrecer cobertura en áreas como salud, funerarios, accidentes personales, vida individual, vida colectivo, incendio, automóvil y “otras coberturas de daños para residencias o comercios”.

La ley también crea la figura de seguros inclusivos que deberán estar diseñados para sectores “excluidos o desatendidos” como jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad física o mental, microempresarios, emprendedores, artesanos y población rural, entre otros.

La clave para las empresas que decidan aumentar la base de clientes será el diseño de productos estandarizados que se amolden a la economía informal, con distribución rápida y masiva para ahorrar costos porque los márgenes son pequeños.

Nuevos canales

Aparte de las empresas de seguros y los corredores las pólizas, a fin de ampliar la penetración, podrán venderse a través de “canales alternativos” como la banca, empresas de servicios públicos y privados, establecimientos comerciales como farmacias, gremios y asociaciones.

Además, se amplía el espectro con la inclusión en la ley de las FinTech, empresas que utilizan nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas o el Blockchain para ampliar la penetración, disminuir costos y mejorar el servicio de las empresas de seguros y los canales alternativos.

Un aspecto clave es que, por ahora, los canales alternativos no podrán vender pólizas de salud. No obstante, María del Carmen Bouffard, presidenta ejecutiva de la Cámara de Seguros, explica que la Superintendencia puede ampliar el tipo de pólizas a ser vendidas a través de canales alternativos.

“El microseguro puede ser de salud pero no está contemplado en el canal alternativo y esto limita la posibilidad de que llegue a la mayor parte de la población”, dice María del Carmen Bouffard.

Mediante la figura de la asistencia financiera, donde el cliente recibe una suma de dinero que puede emplear para cualquier necesidad en caso de ocurrir alguno de los eventos previstos, ya hay experiencias en Venezuela en el mercado de bajos ingresos.

Por ejemplo, a través de sumas pequeñas como diez dólares al mes, una familia de hasta seis miembros pude estar cubierta con una asistencia de 50 dólares diarios por cinco días en caso de accidentes, hospitalización o cirugía.

Esas empresas utilizan canales digitales para que la distribución sea masiva. Una de las tecnologías más utilizadas en Latinoamérica es la de Paralife, una compañía suiza con una plataforma tecnológica que facilita la protección financiera en sectores desatendidos.

Menos tiempo

La Ley disminuye desde treinta hasta veinte días el plazo máximo que tienen las aseguradoras para pagarle a los asegurados. Los días comienzan a contarse una vez se haya entregado el último recaudo o del informe de ajuste de pérdidas, si fuese el caso.

En el caso de retardo el asegurado podrá reclamar “la corrección monetaria que acuerde la jurisdicción ordinaria”.
Pedro Raaz, abogado experto en seguros, considera que en la ley hay un vacío importante porque no se establece plazo alguno para que las aseguradoras paguen a las clínicas y esto abre la puerta para que algunas aseguradoras incurran en retrasos.

“La Ley debería observar el tema como un ecosistema en el que también debe protegerse a las clínicas porque son una pieza esencial en la cobertura de salud”, dice Pedro Raaz.

Sector exigido

El capital mínimo para operar aumenta porque de estar fijado en 290 mil unidades tributarias pasa a estar relacionado con el tipo de cambio de referencia que es el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor negociada en las mesas de cambio de la banca.

Para las empresas que aspiren a operar en ramos generales y ramos de vida simultáneamente el capital mínimo, en bolívares o títulos del estado indexados, debe ser equivalente a 590 mil veces el tipo de cambio de referencia.

Pedro Raaz resume que hay un entorno de mayor exigencia porque “hay nuevos controles y más atribuciones de supervisión para el órgano regulador, se crea una nueva reserva por insuficiencia de primas y se incrementan los capitales mínimos para constituir y operar en el sector”.

“Esto pudiera conducir a la desaparición o al redimensionamiento de muchos actores, quienes a la fecha han visto mermada su capacidad de colocación de negocios, debido a la compleja situación económica imperante en el país” agrega Pedro Raaz.

María del Carmen Bouffard explica que el sector va a plantear la posibilidad de que cada empresa de seguros presente un plan de ajuste a ser aprobado por la Superintendencia para adecuarse a las nuevas normas de capital.

El concentrado

Un termómetro para evaluar al sector asegurador es que el ingreso por las primas no es suficiente para cubrir el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores que captan clientes. Cuando esto ocurre, las compañías registran pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas.

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora registra que al cierre de octubre de 2023 las pérdidas técnicas suman 2 mil 735 millones de bolívares.

No obstante, gracias a los ingresos provenientes de la gestión del reaseguro, a las posiciones en dólares que impactan positivamente el balance cuando el Banco Central ajusta el tipo de cambio oficial y a la inversión de las reservas, el sector obtiene al final un resultado positivo por el orden de 341 millones de bolívares.

Una característica clave de los seguros en Venezuela es la concentración del negocio en pocos actores en momentos en que la torta a disputarse se ha reducido notablemente.

Las cifras de la Superintendencia indican que cinco empresas de seguros (Mercantil, Caracas, Pirámide, Internacional y Mapfre) controlan 66,8% del mercado y las 45 empresas restantes se reparten el resto.

El empobrecimiento y achicamiento del mercado queda claro al observar que 78% de las primas cobradas corresponden al ramo de salud y solo 5,9% a automóviles.